¿Pero el rescate no era para la Banca?

Pues no, parece ser que era para los banqueros, o para las "entidades", como se les suele llamar de forma obtusa. Entendiendo por "la banca" el conjunto de empresas que se dedican a ello, con sus directivos, sus empleados y sus clientes, resulta que a los únicos que se salva es a los primeros. Vamos a explicarnos. Hace pocos días comparecía en Bruselas el Comisario Almunia para anunciar las "condiciones" impuestas a la Banca, a cambio de hacerles llegar el "rescate" de aproximadamente 37.000 millones de euros. Como recordarán los lectores, esta historia tiene ya algún tiempo, desde que se tomó la decisión por parte de la UE, pasando por las diversas auditorías llevadas a cabo por empresas privadas extranjeras, que evaluaron las necesidades de capital de nuestro sector financiero.

Bien, pues una vez aprobado dicho "crédito", sólo quedaba hacer pública la "condicionalidad" de dicho "rescate", y aquí viene la sorpresa. En efecto, y aunque ya lo intuíamos, no podemos por menos que quedarnos estupefactos al comprobar cómo a quien se rescata no es a "la banca", sino únicamente a los banqueros, esto es, a sus presidentes, consejeros y directivos, a pesar de ser reconocidos por Bruselas como los "responsables" del tremendo desaguisado. Como decimos, las condiciones impuestas no van en la línea de dejar caer a las entidades, ni de investigar y procesar a los culpables de su gestión, ni de indemnizar a sus engañados clientes, ni siquiera de imponerles nuevas formas de proceder, prohibiéndoles continuar con sus prácticas especulativas. Nada de esto se propone. Lo que se propone es reducir el ámbito de su negocio, la territorialidad del mismo, su número de oficinas, y sobre todo, su número de empleados, además de hacer perder sus ahorros a los clientes estafados. Así de claro. Ole por el rescate.

Pero vamos a concretar: la cantidad de 37.000 millones de euros se dedicará a recapitalizar los bancos "nacionalizados" (creo que mis lectores entienden el abuso de las comillas), tales como Bankia, Cataluña Caixa, Novagalicia Banco y Banco de Valencia, cuyos planes de "reestructuración" se dieron a conocer por el Comisario Almunia. Junto a ello, otros 2.500 millones irán a la Sociedad de Gestión de Activos Inmobiliarios (SAREB, el llamado popularmente "banco malo"). Toda esta financiación vendrá del MEDE, se canalizará a través del FROB, y según Luis de Guindos, el interés estará por debajo del 1%. Bien, pero como "contrapartida", y aquí viene lo bueno, la Comisión Europea impone que los bancos nacionalizados reduzcan su tamaño en más de un 60%, que por tanto implica el cierre de centenares de oficinas y miles de despidos de sus trabajadores/as. Por su parte, los afectados por ser tenedores de participaciones preferentes (la inmensa mayoría de ellos personas mayores, engañadas vilmente por sus entidades) y deuda subordinada tendrán que asumir pérdidas de entre un 30% y un 70%. Ahí es nada. Y más teniendo en cuenta que hay miles de afectados por estos productos financieros de elevado riesgo, ya que las entidades colocaron por esta vía varios miles de millones de euros.

Según estos planes, Bankia (el mayor de estos escandalosos casos) tendrá que prescindir de 6.000 trabajadores, un 28% de su plantilla. Se cerrarán en total 1.100 oficinas. Por su parte, Novagalicia Banco reducirá su plantilla en 2.500 empleados, y sus oficinas pasarán de 667 a 454. La solución que da Bankia con respecto a sus tenedores de participaciones preferentes, consiste en su canje por acciones, asumiendo la quita (pérdida) de un 40% de su valor inicial. Las protestas no se han hecho esperar, porque si no hemos entendido mal, y esto es lo auténticamente sangrante, es que después de toda la inmensa estafa bancaria, causante de llevar al país prácticamente a la asfixia financiera y a la bancarrota, lo que Bruselas ofrece son PRÉSTAMOS A CAMBIO DE DESPIDOS. Es así de claro, y constituye un chantaje intolerable que no debiéramos permitir como sociedad. Cuanto más sabiendo que los auténticos responsables de estos desmanes se van de rositas, pues lo más que se ha hecho con ellos es limitarles el sueldo a 300.000 euros anuales (es decir, permitir que sigan cobrando casi 300 veces más que el salario medio de este país). Es vergonzante, intolerable, indignante.

Es decir, la Comisión Europea nos obliga a este inmoral chantaje social, y se queda tan pancha, además con la tranquilidad de que detrás de las entidades rescatadas se encuentra el erario público, y por tanto, el dinero de todos los contribuyentes, que somos quienes vamos a tener que responder de su devolución. Y desde la izquierda nos seguimos preguntando, ¿porqué estas entidades tienen que ser rescatadas, en vez de haber permitido su quiebra, y que fueran los accionistas y acreedores quienes cargaran con los costes de su mala gestión? Pues no, parece que el coste va a recaer sobre sus empleados y sobre sus clientes a corto plazo, y sobre el conjunto de la ciudadanía, a largo plazo (pues los préstamos de hoy serán los recortes del mañana). Se legitima, como decíamos más arriba, que las empresas privadas, llevadas al desastre por sus propios gestores, puedan volver a obtener beneficios por la vía de la destrucción del empleo, haciendo pagar la crisis del sector y de toda la sociedad a la parte más débil. Si hacemos las cuentas para el caso de Bankia, como nos propone Alberto Montero Soler en su artículo, resulta que por cada despido, Bankia recibirá de Bruselas 3 millones de euros.

Claro que podemos consolarnos con las palabras de Goirigolzarri, uno de los más indecentes banqueros, quien ha declarado pocos menos que este sacrificio de los trabajadores no será baldío, porque sus despidos se harán en aras de un bien superior, esto es, una auténtica refundación del banco. El actual capitalismo ha llegado a tal grado de grosería, obscenidad e inmoralidad, apoyadas por un total descaro, que roza con lo delictivo. En una sociedad sana, todo este montaje daría en la cárcel con los responsables de aquí y de Bruselas. Pero como se ve, estamos a años luz de una sociedad así. Estamos pagando las consecuencias de un poder desmesurado de los banqueros durante décadas, con la connivencia de nuestros cobardes políticos, que preferían no saber, o mirar para otro lado.

Lo único que se ha impuesto a los Bancos rescatados es disminuir geográficamente su ámbito de negocio, pero como afirma José Antonio García Rubio, Secretario Federal de Economía y Trabajo de IU, no se trata de limitar la cantidad de actividad que puedan tener los bancos, sino la calidad de la misma, así como sus posibilidades de incurrir en actividades delictivas o fraudulentas, prohibiendo las prácticas especulativas, y aquéllas ligadas a los paraísos fiscales. Pero eso debe asegurarlo una gestión pública que controle su dominio y su capacidad, que controle su poder, que vigile sus actividades, que les obligue a que las mismas estén orientadas al interés colectivo y a proporcionar los créditos que son imprescindibles para asegurar el impulso de la economía real y el consumo razonable de las familias. Y esto debe ser responsabilidad fundamental de los gestores de las entidades, y responsabilidad política de los gobernantes. Mucho nos queda para llegar a un escenario así. Mientras, más parados a las estadísticas.