PGE 2013: Guerra a la ciudadanía

La pasada semana pasaron el primer trámite, esto es, el rechazo a las enmiendas de totalidad, lógicamente con la mayoría absoluta del PP, los Presupuestos Generales del Estado para el año próximo (en adelante, PGE 2013). Únicamente las formaciones Foro Asturias y Unión del Pueblo Navarro (UPN) no presentaron enmienda a la totalidad a dichos presupuestos, todas las demás fuerzas políticas del Parlamento lo hicieron, hasta un total de 11 (el Grupo Mixto presentó hasta 6 enmiendas). Digamos para ir entrando en materia, que los PGE 2013 representan toda una declaración de guerra a la ciudadanía, pues son unos presupuestos que garantizan únicamente el pago de la deuda a los bancos, y consagran una depresión de nuestra economía de la que costará mucho tiempo salir.

En efecto, son unos presupuestos falsos, pues parten de falsas premisas de los cuadros macroeconómicos, lo que seguramente provocará que tengan que ser corregidos sobre la marcha en más de una ocasión. Y lo que más nos sorprende es el cinismo con que el Ministro Montoro nos dice que "son los presupuestos más sociales de nuestra democracia". Y todo ello, según Montoro, porque dedican 63 de cada 100 euros de gasto público a gasto social. No sé lo que entenderá el señor Montoro por "presupuestos sociales", pero voy a desmontar su argumento usando un contraargumento esgrimido por el propio PP, quien se ha jactado muchas veces en afirmar que "la mejor política social es la que crea empleo". Pues bien, en estos presupuestos no se atisba ni la más mínima posibilidad de creación de empleo para 2013, aunque Montoro afirme con rotundidad sarcasmos como que "serán los presupuestos del último año de crisis", o que "vamos a asistir a finales de 2013 a la creación de empleo". Como vemos, se nos intenta tomar el pelo con absoluto descaro.

Pero lo que el señor Montoro no cuenta es que ese gasto social del que habla se va en su inmensa mayoría en abonar las ya depauperadas prestaciones por desempleo, para atender al ejército de parados/as que tenemos en nuestro país, gracias a sus políticas de hundimiento del consumo y de la economía. Y lo que tampoco dice el señor Montoro es que el mayor trozo de la tarta se va en pagar nuestra deuda, esa deuda ilegítima que hemos contraído gracias a las vergonzantes prácticas de nuestras entidades financieras, y que ahora tenemos que pagar entre todos. Son por tanto unos presupuestos que incidirán en un continuismo en la línea de la depresión de nuestra economía, generando niveles más altos de paro, pobreza, crisis y exclusión social, para beneficio de la banca y de los grandes empresarios. Consagran y aceptan la recesión, incluso presuponiendo unos niveles de caída del PIB (-0,5%) demasiado optimistas, niveles que han sido sobreestimados, como así lo apoyan todas las Instituciones de dentro y fuera de España (Banco de España, FUNCAS, FMI, Comisión Europea, OCDE, etc).

Son unos presupuestos crueles, desalmados, deshumanizados, sin rostro humano, con rostro de mercado, calcados a la medida de la CEOE y de la famosa Troika comunitaria, consagrando todos los esfuerzos a la reducción del déficit público, aún a costa de provocar una mayor caída y recesión económica. Son unos presupuestos claramente antisociales, pues caen todas las partidas dedicadas a los servicios públicos y a la protección social, salvo las que tienen que ver con desempleo y pensiones, pero simplemente porque aumenta el número de perceptores. Y en cuanto a las pensiones, ni siquiera se garantiza su revalorización con respecto al IPC, por lo cual los pensionistas seguirán perdiendo poder adquisitivo. Todo hace pensar que no habrá nueva prórroga del Plan PREPARA para los desempleados, cuando finalice febrero. Igualmente, se contempla una eliminación del actual subsidio especial para desempleados/as mayores de 45 años. Descienden también los recursos del Estado dedicados a la Dependencia, a la Sanidad y a la Educación. También baja la inversión en Cultura.

Por su parte, las Comunidades Autónomas estarán obligadas a practicar nuevos recortes por valor de más de 6.000 millones de euros, para poder alcanzar el 0,7% de déficit impuesto por el Gobierno Central. Todas las previsiones indican que se alcanzará una tasa de paro superior al 25%, lo que incidirá en más desigualdad social, pobreza y exclusión. El panorama dibuja un año con más conflicitividad social, al verse la ciudadanía despojada de sus bienes y derechos fundamentales, así como de todos los recursos para garantizar su subsistencia. Aumentarán como consecuencia de ello los albergues sociales, la pobreza infantil, la dependencia económica de las familias con respecto a sus mayores, abuelos y abuelas, y las enfermedades psicosomáticas derivadas de una situación social insostenible (depresión, fatiga, insomnio, ansiedad), así como los fenómenos migratorios y los índices de suicidio. Nos acercamos a Grecia a pasos de gigante, y más aún si se materializa el rescate que los mercados financieros están esperando. Son unos presupuestos que sacrifican la inversión, paralizan todos los estímulos a la actividad económica, y renuncian a una política de recaudación de ingresos justa para el Estado y la población (como ejemplo de ello, el presupuesto de la Agencia Tributaria desciende un 7,7%).

Las inversiones reales del Estado descienden en un 15%, y el gasto corriente en bienes y servicios en un 5,8%. Esto se traducirá en que las empresas que licitan obras, bienes y servicios con el Estado verán disminuida su demanda, con la consiguiente repercusión sobre la actividad, el consumo y el empleo. Por su parte, la inversión real del Estado en las Comunidades Autónomas desciende en un 16,18%. El recorte afecta a todas las partidas ministeriales, pero nada a la Iglesia Católica, y sólo un modesto 4% a la Casa Real. Frente a todo ello, el pago de los intereses de la deuda representa la friolera de 38.000 millones de euros, y los intereses de las grandes fortunas, de las grandes empresas y de los bancos permanecen intocables. Pero sabemos que hay alternativas. La enmienda a la totalidad presentada por el Grupo Parlamentario de La Izquierda Plural centra su orientación en rescatar recursos de donde los hay, comenzando por auditar nuestra deuda, y repudiar la parte considerada ilegítima de la misma. Y ello ha de ir complementado con un conjunto de medidas fiscales que permitan asegurar el principio de suficiencia de los ingresos públicos, así como la justicia y progresividad del sistema fiscal.

Para ello, el escenario fundamental es la lucha contra el fraude, y contra la economía sumergida. Desde la izquierda proponemos también la elevación hasta el 35% del Impuesto de Sociedades para las grandes empresas (consideradas a este efecto como aquéllas que obtienen un beneficio superior a un millón de euros), y que la suma de desgravaciones, subvenciones y ayudas (los llamados en conjunto beneficios fiscales) no pueda ser superior al 25% de la base imponible. Los ingresos estimados por esta vía son del orden de 20.000 millones de euros. Otras medidas, como el ITF (Impuesto a las Transacciones Financieras), un nuevo Impuesto sobre la Riqueza que sustituya al actual Impuesto sobre el Patrimonio, la modificación del sistema de módulos, la legislación sobre las SICAV y la prohibición de las operaciones en corto sobre la deuda pública, generarían también ingresos superiores a los 11.000 millones de euros.

Y todo ello podría ir a políticas de creación de empleo y reactivación de la economía productiva, consiguiendo limitar el déficit sin recurrir a más deuda. La decisión es, por tanto y como siempre, política. Según Montoro, aplicar todo esto nos situaría fuera de Europa, pero sabemos que no es así. Según los medios de comunicación afines a la clase dominante, nuestras propuestas son "política de Twitter", política de grandes frases populistas. Sabemos que no es así. Sabemos que hay alternativas, y está demostrado que se puede hacer. Nos enfrentamos a un año venidero aún más difícil que el presente, si no logramos evitarlo con la presión ciudadana. Asistiremos a escenarios de nuevas huelgas generales, conflictos laborales, despidos y ERE's masivos, manifestaciones, concentraciones, movilizaciones, protestas, nuevas convocatorias para rodear el Congreso, etc., pero no nos dejan otra alternativa. Es el único camino posible para revertir esta desesperante situación.