Blog de Rafael Silva. Presenta artículos de opinión basados en la actualidad política, cultural y social.
En España el 20% de la población (unas diez millones de personas) se hallan ya en la pobreza. De ellos, 1,5 millones sufren pobreza severa. Con casos particularmente indignantes como el de los hijos de extracomunitarios (más de la mitad de ellos viven en la indigencia), y el de las 30.000 "personas sin hogar", nivel máximo de exclusión social.
¿Quiénes son esos pobres de hoy? Parejas con hijos viviendo con un único sueldo, jubilados aislados, mujeres solas con hijos, jóvenes con empleos basura, campesinos explotados por las grandes distribuidoras y, obviamente, la gran cohorte de activos que la crisis acaba de dejar sin empleo. Lo peor es que la violencia del desempleo golpea sobre todo a los menores de 25 años. En materia de paro juvenil, España ostenta la tasa más catastrófica de Europa: 44,5%. En 2011, la crisis provocará más de 100.000 embargos hipotecarios.
Las estrategias de liberalización y mercantilización diseñadas han venido desarrollando de una nueva política "social" que, al tiempo que impone un nuevo "modelo de gestión y negocio", desmantela el ya frágil "medio estado" de bienestar en el área de servicios sociales, afectando especialmente a los sectores mas vulnerables y frágiles de la ciudadanía. Dicha estrategia tiene su expresión en:
1.- Entender los servicios sociales como nuevo espacio para el mercado: El proceso de externalización y privatización de servicios.
2.- El ninguneo en la aplicación de la ley para el desarrollo de la autonomía personal y dependencia.
3.- La ausencia de una estructura comarcalizada y mancomunada de servicios especializados con una baja dotación de los mismos.
4.- La escasa coordinación y distribución de competencias entre administración local y autonómica.
Es indispensable garantizar que los sistemas públicos de servicios sociales sean la referencia fundamental para el desarrollo de la protección social. Pare ello, desde IU proponemos tres ideas sobre las que trabajar el desarrollo de los servicios sociales:
1.- Supresión del proceso de privatización de los servicios públicos y externalizaciones a terceros mediante una normativa autonómica que determine bases, incompatibilidades y condiciones de servicios prestados.
2.- Garantía de un servicios sociales públicos, universales y descentralizados de responsabilidad pública, relacionados entre sí, que contribuyan a atender las necesidades sociales de la población, así como a prevenir y eliminar las causas que conducen a la exclusión social. La elaboración de una Carta de Derechos Sociales y su instrumentación jurídica para que se definan los derechos exigibles subjetivamente por los ciudadanos.
3.- La necesidad de coordinación e interdisciplina. La estructura básica de servicios sociales es un instrumento más en la lucha contra la desigualdad social que ha de complementarse y coordinarse con otras iniciativas (empleo, fiscalidad, vivienda, cultura). Es necesario que haya en cada Comunidad Autónoma un plan de ordenación territorial de servicios generales y especializados atendiendo a la comarcalización y servicios mancomunados.
Para avanzar en esta dirección, realizamos las siguientes propuestas:
1.- Aumento del gasto social, al menos hasta equipararlo a la media europea y hasta alcanzar el 7% del PIB en todo el Estado.
2.- Reforzar y mejorar la estructura pública de la red de servicios sociales generales y especializados, zonificación y dotación de centros sociales de base, establecimiento de un plan de financiación (plan concertado comarcal – autonómico) de servicios sociales municipales atendiendo a los ratios recomendados por población y demanda.
3.- Creación de un plan de ordenación de servicios especializados por áreas y población específica que atienda a los criterios de comarcalización y municipalización. Creación de un mapa social de recursos y necesidades.
4.- Apoyo a la iniciativa social sin ánimo de lucro, incluyendo su cooperación en convenios de colaboración con la red pública, apoyo al asociacionismo social y refuerzo de su implicación local y autonómica.