Programa Autonómico de Izquierda Unida (X): Renta básica y Salario social

Creemos que los Estados deben garantizar a sus ciudadanos una serie de derechos básicos y fundamentales (vivienda, empleo, etc.), y que entre ellos está el derecho subjetivo de subsistencia. Actualmente, los sistemas de protección por desempleo, aunque han avanzado en porcentaje de su cobertura con respecto a otras épocas, es decir, ha aumentado el porcentaje de personas desempleadas que se ven cubiertas con esta protección, pero sin embargo, seguimos adoleciendo de tres problemas principales:

1.- El importe de estas prestaciones sigue siendo demasiado bajo, sobre todo el del subsidio de desempleo, pues con unos ingresos de 400 euros mensuales no puede subsistir nadie hoy en día.

2.- La cantidad de tiempo que cubre la prestación también es limitada, por lo cual seguimos sometiendo a estos ciudadanos/as a un tremendo grado de ansiedad a medida que se acaban los períodos de cobertura, y siguen sin tener más opciones laborales.

3.- Al estar inmersos en un proceso de cambio de Modelo Productivo, al ponerse en crisis el anterior, la cualificación y capacitación profesional de las personas también se pone en crisis, por lo cual aumentan significativamente tanto los períodos de nueva capacitación profesional, como los períodos de reincorporación al mercado laboral. 

La virulencia de la actual crisis está poniendo a prueba la resistencia incluso de los dispositivos de protección al desempleo, lo que nos plantea la imperiosa urgencia de contar con sistemas de rentas mínimas de amplia cobertura y de relevante dotación presupuestaria. Desde Izquierda Unida pensamos que esto debe conducir a una nueva regulación de una Renta Básica o Salario Social Básico, cifrado en un 60 por ciento de la media salarial, para afrontar los signos más punzantes de la crisis, de cara a una mayor protección a las familias y a las personas en grave situación o riesgo de exclusión social. Sería por tanto una medida de transición hasta llegar a una sociedad de pleno empleo, y al pleno desarrollo de los servicios públicos universales.

Conocedores de las dificultades de inclusión laboral, y con la finalidad de garantizar la cobertura de necesidades básicas, garantizaremos el salario social a quien no tenga otros ingresos, mediante programas específicos que faciliten la integración social de estas personas, como medida compensatoria de redistribución de la renta, para posibilitar la subsistencia de las personas paradas en edad de trabajar, que por no haber cotizado a la Seguridad Social o haber agotado la prestación por desocupación, no reciban ésta y no hayan conseguido ninguna ocupación en el mercado de trabajo. Como contraprestación, estas personas deberían realizar labores socialmente útiles, bien con la realización directa de servicios sociales comunitarios, bien formándose para adquirir habilidades socialmente útiles, o perfeccionando su carrerra laboral o profesional.