Programa Autonómico de Izquierda Unida (XIII): Educación de calidad

Para IU el mejor modo de garantizar el ejercicio del derecho a la educación en condiciones de igualdad, pasa por defender a ultranza un sistema público de enseñanza que, a lo largo de toda la vida, esté al servicio de las necesidades sociales, de la igualdad de oportunidades y de los valores democráticos.

La mejora de la calidad de la enseñanza se ha convertido en un eslogan que utilizan todas las formaciones políticas y sindicales, así como múltiples organizaciones sociales, sean o no del ámbito educativo. Esta especie de muletilla es una expresión vacía si no se aclara qué se entiende por una educación de calidad.

Nosotros pensamos que la calidad de la enseñanza consiste en garantizar una educación pública y laica cuyo objetivo prioritario sea asegurar a todo el alumnado el logro de unos aprendizajes que les permitan formarse como personas capacitadas para participar autónoma y críticamente en el marco de una sociedad democrática cada vez más global. Se trata de una concepción de la calidad asociada ineludiblemente al principio de igualdad de oportunidades en el acceso, en el proceso y en los resultados; porque una educación de calidad, o sirve para que el conjunto de la población logre las capacidades básicas requeridas, o no es de calidad. En resumen, una educación de calidad es aquella que da respuesta a las diversas necesidades educativas del conjunto de la población para lograr su éxito escolar, mediante una efectiva igualdad de oportunidades que ofrezca oportunidades para la igualdad, y una gestión democrática, transparente y socialmente eficaz.

Nuestras propuestas programáticas se inspiran, por tanto, en una concepción de la calidad educativa que está indisolublemente unida al carácter público de la enseñanza como garante del ejercicio del derecho universal a la educación en condiciones de igualdad:

1.- Promulgación (donde proceda) de una Ley Autonómica de Educación, previa elaboración y amplio debate social del correspondiente Libro Blanco que aporte un diagnóstico riguroso de la situación del servicio público educativo. La Ley deberá concretar actuaciones y compromisos financieros al menos sobre: ampliación y adecuación de la red pública de centros, medidas específicas de atención a la diversidad y de compensación educativa, apoyo al profesorado y mejora de sus condiciones laborales, evaluación y control del sistema educativo, junto a vías y medios para fomentar la autonomía, la participación democrática y la apertura de los centros a su entorno.

2.- Puesta en marcha, en cada distrito escolar, de un Plan general de medidas para favorecer el éxito escolar de todo el alumnado en la educación obligatoria, que concrete actuaciones de apoyo a quienes presentan dificultades de aprendizaje desde el momento en que se detectan.

3.- Programas específicos de compensación educativa dirigidos a colectivos, centros o zonas que presenten mayores índices de fracaso o abandono escolar. Se revisarán periódicamente para asegurar su mayor rentabilidad social.

4.- Plan regional para la mejora de la convivencia escolar, a propuesta del Consejo Escolar Autonómico, en coordinación con los Consejos escolares de distrito o municipales, así como con otras áreas o servicios (Bienestar Social, Juventud, Salud…) que contribuyan a una intervención multiprofesional e integral: en centros y barrios, con familias y tutores, y con medidas de apoyo al profesorado (formación, recursos de aula, asistencia letrada gratuita, equipos de mediadores…). En ese marco, proponemos crear la figura del Juez de Paz Escolar y un Observatorio Regional, independiente de la administración, en el que participen todos los sectores de la comunidad educativa e instituciones implicadas.

5.- Programa de apertura de los centros a su entorno, que se concretaría en cada distrito educativo y/o en cada municipio. Se desarrollará en convenio con los Ayuntamientos y ofrecerá servicios y actividades (a concretar en los centros) como: biblioteca, estudio asistido, servicio de comedor y de apertura temprana, junto a actividades culturales y recreativas. Asímismo se promoverán convenios con las Universidades públicas para desarrollar un programa de becas orientado a estimular la colaboración de estudiantes universitarios en las actividades de estudio asistido u otras actuaciones acordes con su formación.

6.- Programa de fomento de la lectura y de utilización de las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación en todos los centros públicos, dentro del horario lectivo, que incluya dotaciones específicas y acciones formativas adecuadas para el profesorado.

7.- Creación, en cada Comunidad Autónoma, de un Instituto de Calidad y Evaluación del Sistema Educativo, cuyos planes de trabajo y líneas prioritarias de actuación deberán recibir la aprobación del Consejo Escolar Autonómico o, en su caso, del Consejo Interuniversitario. Dicho Instituto pondrá sus medios técnicos al servicio de la autoevaluación de los centros educativos, como unidades básicas de evaluación para la mejora de la calidad de la enseñanza.