Programa Autonómico de Izquierda Unida (XIV): Red de centros públicos

La enseñanza pública ha venido sufriendo agresiones continuadas por parte de ciertos gobiernos autonómicos, tanto en el plano de la financiación como en el deterioro de su imagen y de sus propias señas de identidad. Frente a ello, la patronal de la enseñanza privada (mayoritariamente confesional) ha logrado potenciar el papel de sus centros mediante la extensión de los conciertos y la selección de su alumnado, lo que conduce a la marginación de la educación pública, abocada a convertirse en numerosas zonas en una red educativa subsidiaria y asistencial.

IU se viene oponiendo desde hace años a las tendencias privatizadoras de la educación en sus diferentes niveles, y de manera especial a la abusiva política de conciertos que han fomentado algunos gobiernos autonómicos tanto del PP como del PSOE. La LOE, por su parte, no ha generado mejores expectativas al respecto; al contrario, llega a reconocer a la llamada "iniciativa social" su plena capacidad para prestar el servicio público educativo, "en igualdad de derechos", y no de deberes, que los centros de titularidad pública.

Frente a ello, nos pronunciamos abiertamente por potenciar una red suficiente de centros públicos, de titularidad y gestión pública, que garantice, en su extensión y oferta educativa, el derecho a la educación en todas las etapas educativas, tanto en las enseñanzas en régimen general como en las de régimen especial. Por tanto, nuestras propuestas programáticas en este sentido son las siguientes:

1.- Definición precisa de las necesidades educativas de cada distrito escolar, a corto y medio plazo, de modo que la oferta educativa permita atender las demandas de los diversos colectivos y no sólo las propias de la población "en edad escolar".

2.- En coherencia con lo anterior, definición de la red de centros públicos correspondiente, incluyendo las nuevas construcciones o remodelaciones, con el objetivo de cubrir, en cada distrito, las necesidades educativas previsibles a corto y medio plazo.

3.-  Plan cuatrienal de inversiones, pactado con los Ayuntamientos, acorde con la evolución demográfica y con los nuevos desarrollos urbanísticos. IU se opondrá frontalmente a la cesión de suelo público para la construcción de centros privados, concertados de antemano, bajo el pretexto de asegurar la "libre elección de centro".

4.- Gratuidad de los libros y materiales didácticos que deba utilizar el alumnado de las enseñanzas básicas. Para ello se dotará a los centros públicos de bibliotecas o recursos de aula, y se arbitrarán fórmulas para su cesión temporal al alumnado.

5.- Ampliación de la red pública de escuelas infantiles hasta cubrir, en un plan cuatrienal, toda la demanda de escolarización de 0 a 6 años, especialmente el ciclo de 0 a 3 años por la importante función social que desempeña. La oferta educativa para atender a los niños y niñas de esa edad se completará con Casas de Niños. 

6.- Plan Integral de Formación Profesional que, junto a la extensión en la red pública de los ciclos formativos de grado medio y superior más demandados, incluya y coordine la formación para el empleo y los programas de cualificación inicial en cada Comunidad Autónoma. Construcción de los centros de FP integrados que sean necesarios en cada CCAA para atender estas necesidades.

7.- Ampliación de la red de centros de Educación de Personas Adultas (E.P.A.) hasta cubrir la totalidad de la demanda en cada distrito escolar, en régimen de enseñanza presencial, complementada con la modalidad a distancia. Estos centros deberán adecuar su oferta y sus horarios a las características de su alumnado, con especial atención a quienes tienen que asumir en solitario (mujeres muy mayoritariamente) las responsabilidades familiares.

8.- Oferta pública suficiente de enseñanzas de régimen especial en cada distrito educativo, incluida la de Escuelas Municipales de Música.

9.- Análisis de la oferta y demanda de plazas de enseñanza post-secundaria

(universitaria y FP superior) en cada CC.AA, a fin de subsanar los déficits de plazas públicas en determinados sectores y titulaciones, que deberán ampliarse especialmente en los campos con mayor demanda de empleo. Hay que evitar que quede en manos de la iniciativa privada la oferta de plazas (para quien pueda pagárselas) en los sectores punteros o de mayor demanda profesional.

10.- Normativa sobre admisión de alumnado que contemple la creación de comisiones de escolarización centralizadas (por distritos educativos), una adecuada y equitativa escolarización del alumnado, la reserva de plaza durante todo el curso para alumnado con necesidades de compensación educativa, la prohibición del incremento de las ratios máximas, así como el seguimiento y control de la escolarización en todos los centros financiados con fondos públicos.

11.- Moratoria y reducción progresiva de los conciertos educativos, que tendrán carácter subsidiario y sólo se mantendrán cuando la red pública no permita atender la demanda de escolarización. En ningún caso se harán cesiones de suelo público

para centros privados concertados, ni se ampliará la red concertada cuando existan plazas escolares públicas suficientes. Asimismo propugnamos la puesta en marcha de un proceso que fomente y facilite la incorporación a la red pública de los centros privados concertados.

12.- Mientras tanto: Equiparación del funcionamiento de los centros privados concertados con los públicos en cuanto a admisión y permanencia del alumnado, horarios y jornada escolar, gestión democrática, control social de los fondos públicos, así como acceso y condiciones laborales del profesorado y resto del personal con cargo al concierto.

13.- Supresión del concierto a los centros que segreguen al alumnado por razón de sexo; que utilicen mecanismos encubiertos para seleccionar a su alumnado por razones económicas, ideológicas, de orientación sexual, etc.; o que impongan su ideario sin respetar el derecho a la libertad de conciencia del alumnado o del profesorado.

14.- Descentralización, autonomía y participación democrática: Entendemos la descentralización como un requisito al servicio de una mayor participación democrática en la gestión de los servicios públicos. Desde esta óptica, nuestras propuestas programáticas tienen esa doble vertiente: la distribución de competencias (Autonómicas, de Distrito Escolar, Municipales) unida a órganos de participación ciudadana que tengan capacidad reconocida para intervenir en la toma de decisiones en su ámbito.