¿Qué República queremos? (XI)

"La República no debe ser sólo la negación de la Monarquía, sino que debe ser un modelo alternativo perfectamente definido"

(José López)

Y la definición y propuesta de dicho modelo alternativo, sus propios contenidos, es lo que estamos intentando hacer en la presente serie de artículos. Y continuando desde el artículo anterior, entendemos que, como mínimo, habría que introducir las siguientes reformas constitucionales para garantizar la pervivencia del Estado del Bienestar:

1.- Efectividad y carácter ejecutivo de los derechos reconocidos en la nueva Constitución Republicana, reclamables incluso ante los tribunales ordinarios. En la actual Constitución de 1978, los derechos económicos, sociales y culturales son considerados como "principios rectores de la política social y económica". Pero esos principios carecen de la protección reforzada de que gozan los derechos fundamentales, es decir, no son derechos subjetivos ni requieren desarrollo legal. Esto implica, y puede constatarse diariamente, que son derechos fundamentales sobre el papel, pero que las políticas implementadas por los distintos Gobiernos pueden no sólo dejarlos en papel mojado, sino que incluso pueden generar retrocesos históricos como los que estamos viviendo en estos momentos con las políticas de austeridad. Lo que tenemos que hacer es reconocer a estos principios como derechos, y dotarlos de una garantía reforzada. Estamos hablando del derecho a la vivienda, la seguridad social, la protección de la dependencia, el derecho al trabajo y el derecho al medio ambiente, al menos.

2.- Debe introducirse un nuevo derecho a la percepción de unos ingresos mínimos, o una renta básica suficiente como para poder atender las necesidades vitales fundamentales. Sin dicha renta básica, el derecho a la vida es una pura falacia. Los poderes públicos deben quedar obligados constitucionalmente a garantizar una renta básica a las personas que no dispongan de ninguna otra renta o patrimonio, que en cualquier caso será un mínimo exento fiscalmente. En realidad, esto es una primera etapa, porque la meta es garantizar un derecho a la renta básica universal, individual e incondicional. Como es un tema que hemos tratado en otros muchos artículos, no insistiremos más aquí, pero recomiendo a los lectores el acceso a dichos artículos de este Blog, y de otros sitios de Internet que también tratan el tema.

3.- El derecho al trabajo es también papel mojado, si no se obliga a los poderes públicos a garantizar el acceso a un puesto de trabajo. Además, debería incorporarse como contenido esencial del derecho al trabajo el principio de la estabilidad en el empleo, y el principio de la causalidad en el despido. Frente al actual paradigma, volcado sobre la supuesta "función social" del empresariado a la hora de crear empleo, y que desacredita el empleo público, la Tercera República deberá restablecer por ley la primacía de las Administraciones y empresas públicas a la hora de crear y mantener puestos de trabajo, todo ello ligado a un aumento del tamaño del ámbito público, en relación a los servicios públicos que garantizan el Estado del Bienestar. También este tema, la filosofía y el derecho al trabajo han sido extensamente tratados en diferentes artículos del presente Blog, a los que remito a los lectores interesados en obtener más información.

4.- Deberá constitucionalizarse también, abundando en el punto anterior, el carácter normativo del Convenio Colectivo, así como la obligatoriedad de garantizar al trabajador/a la actualización de su salario en función del aumento de precios al consumo, y la obligación de los poderes públicos de garantizar un Salario Mínimo Interprofesional (SMI) actualizable anualmente según el IPC.

5.- La Constitución Republicana y su desarrollo normativo posterior deberán también introducir y recoger el derecho al crédito en igualdad de condiciones para todos los ciudadanos/as, y como correlato, la consideración de las entidades bancarias como un servicio público, garantizando en consecuencia mediante la acción eficaz del Banco de España el correcto funcionamiento de estas instituciones financieras. Se deberá establecer también la necesidad del mantenimiento de un sistema o polo de Banca Pública como garantía de la efectividad del derecho al crédito. Se devolverán las Cajas de Ahorros al sector público, potenciando su adscripción territorial y su obra social, así como la desconcentración del poder financiero. También para esto punto remito a los lectores a los diferentes artículos que hemos confeccionado sobre el tema de la Banca Pública.

6.- Asímismo, la República deberá definir y reconocer expresamente un sistema de democracia económica, que será perfectamente perfilado en leyes ulteriores. También deberá garantizarse el equilibrio de poder en las empresas, garantizando el ejercicio del poder sindical en su seno, así como el reconocimiento constitucional de la necesaria intervención de los sindicatos más representativos y las organizaciones empresariales en la configuración de la política económica, mediante la negociación con el Gobierno de acuerdos o conciertos tripartitos, como un elemento importante del principio de la obligación de planificación económica por parte de los poderes públicos. En relación a todo ello, recomiendo la lectura del artículo "Apuntes para una Reforma Empresarial", que publicamos también aquí. Continuaremos en siguientes entregas.