Blog de Rafael Silva. Presenta artículos de opinión basados en la actualidad política, cultural y social.
Hace pocos días nos enteramos por fin del veredicto que el jurado popular emitió en el caso del juicio por los trajes a Francisco Camps y Ricardo Costa, y la verdad es que el resultado fue de lo más sorprendente. Ya sabemos que es totalmente lícito en los casos en que existan dudas razonables exculpar a los acusados en un proceso, lo que me pregunto es cómo podrían caberles dudas razonables a este jurado, después de las pruebas aportadas durante el juicio, sobre todo despues de la escucha de las diversas conversaciones telefónicas entre los acusados y los implicados en la trama de corrupción.
Me causa una tremenda vergüenza ajena, el contemplar hasta qué punto de bajeza moral pueden llegar unos gobernantes al más alto nivel, implicados en supuestos negocios con gente tan indeseable, y la camadería con la que se trataban, y los tipos de comentarios que hacían, para que después de oir todo eso, el jurado emita una valoración donde diga que lo único que quedó probado fue la "relación comercial" entre ambas partes. Me causaba auténtico estupor el escuchar el grado de chulería y prepotencia de que hacían gala por ambas partes, lo cual demostraba qué grado de corrupción y de ilícitas influencias existía en dicha trama.
Pero lo más gracioso de todo, es cuando sale Dolores de Cospedal, el hada madrina del PP, y declara que "ahora quien rehabilita la imagen pública de dos ciudadanos españoles de bien", declaraciones que todavían me asquean más que el propio juicio. Pues tengo que contestarle, señora De Cospedal, que no los rehabilita nadie, simplemente porque no pueden rehabilitarse. Camps y Costa son (o deberían ser) dos auténticos cadáveres políticos, porque aunque puedan librarse de la vía penal por jurados que sólo ven "relaciones comerciales" entre ellos y la trama corrupta del Gürtel, la verdad es que la responsabilidad política está ahí, y no se pueden ni se podrán nunca librar de ella.
Tomando las palabras de Marga Sanz, Coordinadora General de EUPV, "no se puede confundir la responsabilidad penal con la política. Camps está inhabilitado políticamente desde hace mucho tiempo, no sólo por los casos de supuesta corrupción en los cuales se ha visto salpicado, sino también por la desastrosa gestión que ha conducido a la ruina al País Valencià, y por eso seguiremos pidiendo su dimisión como cargo público una y mil veces”. Suscribimos una y mil veces sus palabras, pero no ya sólo la gente de izquierdas, oposición al régimen populista de Camps, sino todo ciudadano de bien, señora De Cospedal, debería repudiar a este señor y a toda esta trama, e inhabilitarlo para cargo público en los próximos 170 años.
Efectivamente, una cosa es que su conducta pueda no ser castigable penalmente (opinión con la que difiero, pero que evidentemente hay que respetar), y otra cosa muy distinta es que no sea despreciable política y éticamente. Y este es el auténtico fondo de la cuestión, al margen de que la justicia absuelva a Camps de un delito de cohecho pasivo impropio. El juicio, para toda persona de bien, Señora De Cospedal, ha evidenciado la existencia de una red de favores corrupta en favor de una camarilla de impresentables que se lucraban y que presuntamente financiaban al PP valenciano. Y esto es lo importante.
Desde la izquierda nos preocupa la terrible deriva que estamos sufriendo en nuestra actual sociedad en la elevación del listón con respecto a la tolerancia a la corrupción, la valoración social que se hace de la misma, nos preocupa la distancia entre la ética, la justicia y la política, nos preocupa que se conviertan en algo "normal" conductas de este tipo, nos preocupa que dichos comportamientos se justifiquen, se comprendan, se amparen y hasta se alienten, y que el modelo implantado de la corrupción se vea considerado como lícito entre la ciudadanía. Nos preocupa mucho, aunque ya sé que a usted no, Señora De Cospedal.