Arquitectura de la Desigualdad (153)

Además de todos los factores que determinan la pobreza energética, ya comentados en artículos anteriores, resulta que nuestra factura eléctrica es más cara que la media europea, incluso separando las tres partes que forman el recibo de la luz, y considerándolas de forma aislada. Tomo datos a continuación del artículo de Javier Ginsanz que ya referimos en la entrega anterior: "Recapitulando, vemos que en las tres partes del recibo de la luz pagamos costes de más: en el 35% que se paga por el precio de producir la electricidad (un mercado mal regulado y muy volátil), en el 40% de los peajes (lleno de "extracostes" que deberían quitarse o pasarse al Presupuesto) y en el 25% de impuestos (mayores que en Europa). Así no debería extrañarnos que la luz en España sea de las más caras de Europa. Para el usuario doméstico, el precio medio en junio de 2017 era de 0,1805 euros/kilowatio (sin impuestos), un 37% más cara que la media europea (0,1315 euros/kilowatio) y la tercera luz más cara de Europa, sólo por detrás de Bélgica e Irlanda (una isla) y un 65% más cara que en Francia (0,1089 euros/kilowatio), y un 30% más costosa que en Italia (0,1332 euros/kilowatio), Reino Unido (0,1344 euros/kilowatio) o Alemania (0,1389 euros/kilowatio), según Eurostat. Y las empresas pagan en España 0,086 euros/kilowatio (sin impuestos), un 28,3% más que las alemanas (0,067 euros/kilowatio) y un 30,3% más que las francesas (0,066 euros/kilowatio), según datos de Industria (2016)". Este absurdo, alocado e injusto sistema eléctrico está claramente a favor de los intereses de las grandes transnacionales energéticas, y provoca subidas continuadas de la factura eléctrica, nada menos que de un 52% de 2008 a 2014, cuando en Europa el incremento fue de un 34% (también desbocado, aunque menos que en nuestro país). La pobreza energética es la consecuencia directa de la existencia de este sector eléctrico tan caótico, pero con tanto poder en nuestro país. Un desmesurado poder económico, político y mediático, que hasta ahora ningún gobierno se ha atrevido a enfrentar. Así las cosas, está claro que el modelo energético español no funciona. Está en manos poderosas de grandes empresas privadas con negocios repartidos por todo el mundo, que además actúan como un oligopolio impidiendo la competencia real, encareciendo los precios de la electricidad y asegurando su poder mediante las puertas giratorias. 

El paso a propiedad social del sector estratégico de la energía, como servicio y derecho básico y fundamental, es una asignatura pendiente en nuestro país. Tenemos pruebas evidentes de diversas experiencias llevadas a cabo en varios municipios y países europeos, donde se ha producido una remunicipalización del servicio o bien la existencia de una o varias compañías de titularidad estatal, donde se funciona mejor que en nuestro país. España está necesitada de un Plan Nacional de Transición Energética (tenemos un Ministerio que lleva dicho nombre, pero que ha hecho bien poco hasta ahora), que sirva para ahorrar energía rehabilitando edificios y apostando por las fuentes de energía limpias y renovables. Eso implicaría lógicamente una inversión estatal (del orden de unos 15.000 millones de euros al año), que crearía unos 400.000 empleos de calidad, según estimaciones de formaciones políticas y ecologistas de izquierda. Además, se fortalecería el tejido industrial propio, y se contribuiría a aumentar nuestra soberanía energética (o lo que es lo mismo, reducir nuestra dependencia energética externa). Como afirmábamos en nuestra serie de artículos "Por otra política y cultura energéticas", necesitamos cambiar el irracional modelo actual por otra forma sostenible y democrática de cultura energética, ya que el actual modelo, basado en la explotación intensiva e irresponsable de las fuentes de energía contaminantes, ha hecho posible la arquitectura de la desigualdad energética, el desarrollo capitalista de un derecho fundamental, y todo ello llega a su fin por el agotamiento de los recursos energéticos fósiles, la brutal competencia por el acceso a los mismos, su mayor coste y los nefastos efectos ambientales provocados por un sistema ecológicamente insostenible y socialmente injusto. Es apremiante la instalación y migración hacia una nueva cultura energética, que permita asociado a ella la construcción de un nuevo modelo productivo, y una alternativa sostenible basada en las energías renovables y en la consideración de la energía como derecho humano fundamental. Pero hoy día, el acoso del gran oligopolio eléctrico (que actúa muchas veces como un auténtico cártel criminal) al mundo de las energías renovables es feroz, y tienen de su lado a su lacayo, el poder político, que les prepara muy bien el terreno.

Padecemos los efectos de un mercado energético distorsionado y opaco, que oculta mecanismos perversos de ayudas encubiertas (a través del precio de la factura, sobre todo) a las grandes eléctricas y a los grandes consumidores. Pero se han encargado de hacer creer a la opinión pública una serie de engañosos mantras, con los que difunden sus campañas de desprestigio hacia las energías renovables, para mantener sus grotescos privilegios. Las grandes corporaciones, agrupadas en la Patronal UNESA, han desplegado todo su poderío e influencias para expulsar a la competencia del mercado, y para hacer la vida imposible a los autoconsumidores, y verter a la opinión pública todo tipo de infundios sobre el mundo de las energías limpias y sostenibles. De hecho, la pobreza energética es el efecto principal (y más sangrante) de este modelo energético, basado en resguardar los intereses privados de estas grandes corporaciones, reacias no sólo al cambio del modelo productivo, sino a un abaratamiento de los servicios, para hacerlos accesibles al conjunto de la población. Pero renunciar al actual modelo energético implicaría que estas grandes empresas irían perdiendo bastante poder, cosa que, evidentemente, no les interesa. Están en juego las inversiones millonarias en centrales de gas que construyeron las grandes eléctricas sobre todo desde el año 2005. La única solución es ir acabando progresivamente con la inmensa influencia que estas grandes compañías proyectan sobre el poder político, para ir migrando a otro modelo, a otra política y a otra cultura energéticas. Sólo entonces podremos erradicar totalmente la pobreza energética de nuestro país. Necesitamos una política energética al servicio de las personas, no del poder transnacional. Una política energética sensible a las necesidades, y sensible al deterioro del planeta. Mediante la aplicación de estos principios, no sólo conseguiremos romper el oligopolio energético en nuestro país (fuente de todos nuestros males en el sector de la energía), sino también contribuir a atenuar los efectos del cambio climático, a desarrollar otros patrones de consumo más racionales, y a utilizar las fuentes de energía limpias y renovables. La erradicación de la pobreza energética será un efecto inmediato de estas políticas, en cuanto se implementen. En última instancia, es un problema de vulneración de los derechos humanos. 

Cuando la Lex Mercatoria se impone a los derechos humanos, es decir, cuando las lógicas de mercado llegan a alcanzar mayor poderío que la satisfacción de las necesidades humanas más elementales, entonces se comienza a obedecer a la diabólica lógica de las grandes empresas transnacionales, unas corporaciones que llegan a poseer más poder e influencia que los propios Estados (porque además actúan por todo el mundo), y a las que les importa bien poco todo lo que no sea aumentar constantemente sus cuentas de resultados. Alcanzan un poder de lobby que se inmiscuye en los asuntos nacionales, que destruyen la soberanía de los países, que interceptan las garantías de los derechos humanos, y que imponen sus lógicas de beneficios a través de sus medios de comunicación, hasta tal punto que el conjunto de la ciudadanía comienza también a entenderlo así. Hoy día, su lógica de mercado se impone a través de los mal llamados Tratados de Libre Comercio, que les conceden impunidad para instalar sus mercados donde deseen, para eliminar todas las legislaciones que les estorben, y para eliminar las garantías a los derechos humanos fundamentales. La pobreza energética, ya lo decíamos al comienzo de este bloque temático que ahora finalizamos, es una consecuencia más, una modalidad más, una categoría más, una variante más de la pobreza tomada en sentido general, y por tanto, obedece a la misma arquitectura de la desigualdad que consagra este poderío y esta impunidad de las grandes corporaciones. Una lógica que no se enfrente abiertamente a su poderío y a su control, que no afronte claramente soluciones radicales, no garantizará tampoco que la pobreza energética no sea erradicada. Sólo la fuerza de la ciudadanía organizada, de las movilizaciones sociales, del refuerzo del tejido social, de las organizaciones de consumidores y usuarios, de los sindicatos, de los movimientos sociales, de las organizaciones de afectados, y en definitiva del conjunto de la población, contra este deleznable poderío de las grandes empresas, será capaz de revertir todo este peligroso escenario. Comenzaremos nuevo bloque temático en la siguiente entrega.