Las 7 revoluciones necesarias (IX)

Continuamos con nuestra serie de propuestas ligadas a la segunda revolución (Democrática), abordando en este artículo las propuestas encaminadas a acabar con la corrupción.

Efectivamente, la corrupción política es el mayor cáncer que conduce al descrédito de la clase política, y al desapego ciudadano con respecto a ella. Una buena limpieza en cuanto a los modos, formas y maneras de actuar en política, unidos a una mayor regulación sobre las prácticas, limitaciones e incompatibilidades de los cargos públicos, pueden ayudar a controlar este panorama. Para los lectores interesados, les remito a mis artículos sobre "La imagen de la clase política" publicados en este mismo Blog.

Creemos que la corrupción, como práctica moral degenerativa, no podemos soslayarla totalmente, pues depende de la propia naturaleza humana, pero sí que podemos combatirla desde el ámbito educativo, y desde un marco normativo completamente estricto, donde los potenciales corruptos no dispongan de ningún resquicio para el cultivo de sus actividades. Y no ya sólo estamos hablando de las prácticas de Falsedad Documental, Estafa en Documento Público, Tráfico de Influencias, etc., que son los delitos más típicos, sino que el marco normativo nos ha de llevar a un escenario donde las incompatibilidades en lo público sean mucho más exigentes de lo que son en la actualidad.

Por ejemplo, se acaba de aprobar en el Parlamento Andaluz que los alcaldes no puedan presentarse para diputados autonómicos, y lo mismo debiera extrapolarse para el resto de las cámaras, para que no se pueda dar la situación actual, donde nuestro Alcalde de Málaga va también en las listas para el Senado por el PP, igual que Alberto Ruíz Gallardón lo hace para el Congreso. Y no hablemos ya de casos como el de María Dolores de Cospedal, que acumula hasta tres cargos simultáneamente, pues comparte la Presidencia de Castilla-La Mancha con las responsabilidades en su partido.

Desde la izquierda pensamos que la regeneración de la vida democrática sólo será posible:

1.- Reformando las formas de hacer política.

2.- Recuperando su concepción de debate de alternativas ante los grandes problemas.

3.- Frenando la tendencia a la autonomía de la denominada “clase política”.

4.- Reforzando las relaciones representantes-representados.

5.- Acercando el poder y la capacidad de decisión a los ciudadanos.

6.- Desarrollando los distintos sujetos sociales de la sociedad civil.

7.- Democratizando los aparatos e Instituciones del Estado.

8.- Anteponiendo la legitimidad y la razón jurídica a la razón de Estado y la corrupción.

9.- Dignificando la actividad pública.

Esta regeneración no será posible sólo con cambios legales o institucionales, deberá acompañarse de un cambio cultural y de una autorreforma de los propios partidos políticos. La corrupción es un cáncer para la democracia y causa de desprestigio de la política y lo público. Es un fenómeno estructural del capitalismo. La corrupción no es sólo un problema moral sino estructural con raíces económicas y sociales. La tolerancia social frente a la corrupción tiene que cambiar. Para ello proponemos las siguientes medidas:

1.- Medidas para asegurar el comportamiento ético de los cargos públicos: regulación estricta de incompatibilidades, medidas contra el transfuguismo, declarar los bienes patrimoniales, ley expropiatoria de bienes adquiridos mediante prácticas corruptas, etc. Los cargos públicos deben ser revocables.

2.- Reforma del sistema de elección de los órganos de gobierno de las Instituciones

en cuya determinación intervienen las Cortes Generales o los Parlamentos Autonómicos (p.e. el Consejo General del Poder Judicial, el Defensor del Pueblo, el Tribunal Constitucional, el Consejo de Administración de RTVE, el Consejo de Seguridad Nacional, etc.) a fin de evitar las cuotas de partido y su permanente politización.

3.- Democratización del funcionamiento de las Cortes Generales, de los Parlamentos Autonómicos y de los Plenos Municipales, a fin de asegurar la transparencia en la toma de decisiones, la participación de las minorías y el control de las actividades del poder ejecutivo y la participación de la sociedad en los mismos.