Actualidad Política y Cultural - Blog de Rafael Silva

En el artículo anterior avanzamos los cuatro grandes grupos de medidas preventivas que podemos implementar de cara a evitar situaciones de pobreza energética. Las expondremos con más calma a continuación, siguiendo el documento de referencia:

1.- Mejoras en la eficiencia energética y en el aislamiento: Casi el 50% del consumo energético de un hogar tiene que ver con sus posibilidades de climatización (la calefacción en invierno, y el aire acondicionado en verano). Estos servicios proporcionan confort en el hogar cuando hay temperaturas extremas, hecho que se puede mejorar incidiendo en el aislamiento de la vivienda y los elementos pasivos de climatización en el hogar. Esto implica la rehabilitación de los hogares (aislamiento de ventanas, paredes, etc.), pero también se pueden llevar a cabo medidas de bajo coste con un impacto significativo, como la instalación de aparatos que permitan regular la temperatura y el caudal del agua para no malbaratarla, temporizadores, programadores, adición de burletes a las ventanas, etc. Por otra parte, el uso de electrodomésticos eficientes en los hogares de familias vulnerables también tiene un impacto en la energía consumida, y por tanto, en el importe final de la factura.

Finalmente, cuanto menos energía de la red necesite un hogar, menos vulnerable será a las subidas de los precios de ésta. Así pues, dotar los hogares de familias vulnerables con instalaciones propias de energías renovables representa una medida de prevención ya que las familias tendrán asegurados unos mínimos, gracias a la producción energética de sus instalaciones. La inmensa mayoría de nuevas edificaciones traen ya incorporadas todas estas mejoras, pero la tarea pendiente es proceder a la actualización, añadido, reforma, etc., en las edificaciones más antiguas que no posean estos sistemas. Por supuesto, son las Administraciones Públicas quienes deberían encargarse de este reciclaje y actualización de dichas viviendas, para conseguir tanto el ahorro tecnológico en el consumo, como la mayor eficiencia en la climatización. Las situaciones de pobreza energética se verían atajadas, al menos parcialmente, si los gobernantes proyectaran planes públicos en este sentido. 

2.- Promoción de un uso racional de la energía: El desconocimiento o la desinformación en relación al uso correcto y eficiente de la energía en el hogar es igualmente un factor que puede empujar a muchas familias hacia una situación de pobreza energética. En efecto, la inadecuación energética frente a las necesidades reales de un hogar concreto es una situación frecuente que encontramos en muchas familias. Necesidades energéticas y servicios suministrados se han de corresponder de la mejor forma posible, y unido a ello, el consumo real y eficiente que hagan las personas. En este sentido es especialmente importante promover desde las Administraciones Públicas el desarrollo de planes de educación ciudadana adaptados a perfiles diferentes, y hacer visibles los impactos negativos en la salud que tiene la falta de energía, que pueden ayudar a concienciar y a cambiar hábitos y costumbres incorrectas. Las consecuencias de la falta de agua o alimentos son mucho más evidentes porque tienen un impacto inmediato. En cambio, en el caso de la energía es más difícil ver esta relación causa-efecto, ya que muchas veces el impacto es progresivo y se nota a medio o largo plazo. Esta, por tanto, es otra tarea pendiente que las Administraciones Públicas debieran implementar para el conjunto de la ciudadanía, de forma universal y gratuita, tanto a nivel educativo-formativo, como a nivel de la revisión de las instalaciones y los contratos existentes. 

3.- Optimización de los servicios contratados: En la práctica es muy habitual encontrarse con familias que tienen contratados en sus hogares una serie de servicios absolutamente innecesarios. Esto se produce porque los consumidores no conocían el alcance de estos servicios, y las compañías comercializadoras no han informado correctamente a sus "clientes" de las posibilidades reales, ni han realizado un análisis de sus necesidades. Por ejemplo, muchos hogares tienen contratada una potencia energética superior a la que normalmente utilizan, situación que implica estar pagando más de lo que tendrían que pagar por la parte fija de la factura eléctrica. Es como si contrato los servicios de un hotel de lujo en su máximo confort, con una gama de 10 servicios, de los cuales voy a utilizar únicamente dos de ellos (aunque estoy pagando por los 10). En algunos casos se han contratado además servicios adicionales que el consumidor no necesita, como por ejemplo más servicios de mantenimiento de los que son obligatorios. Al convertirse una empresa pública en ente privado (como si fuera un banco, por ejemplo), su objetivo no es que los consumidores hagan un uso adecuado y eficiente de la energía, sino obtener cada vez más réditos económicos para sus accionistas. Finalmente, las tarifas contratadas pueden no ser las que más convengan al hogar en cuestión. Por tanto, sólo cambiando algunos de los servicios contratados (o directamente eliminándolos) ya se puede generar un ahorro en las facturas de una familia, sin tener que hacer una inversión. 

4.- Mejorar la transparencia y el acceso a la información para poder tomar decisiones informadas: Este cuarto bloque de medidas preventivas tiene que ver con mejorar la transparencia en el sector energético. La propia factura, sin ir más lejos, se vuelve cada vez más incomprensible para la mayoría de los ciudadanos. La opacidad en la información es frecuente, unido a la propia complejidad del mercado energético, y en muchos aspectos se requiere, para su comprensión, conocimientos técnicos especializados. A pesar de todo, como se trata de un bien básico y de un suministro fundamental, todos los consumidores deberíamos tener acceso a una información clara y completa sobre asuntos relacionados con los precios, el acceso al suministro, los servicios contratados, etc. En este ámbito de la transparencia y la información aún queda también mucho por hacer. Salvando las distancias y volviendo al sector bancario como ejemplo, es como si contratamos productos financieros de bastante complejidad, y nos dan únicamente una información resumida, imprecisa, insuficiente y desperdigada (de hecho, si las entidades financieras hubieran informado bien a sus clientes sobre el riesgo de muchos de sus productos, no se hubiesen producido tantas situaciones de estafa, y de pérdidas por parte de los afectados, así como la afloración de las correspondientes denuncias). En el mercado energético, además, el marco regulatorio cambia muy a menudo, el sistema de información de precios no es claro, y existe mucha confusión y desconocimiento por parte de los consumidores sobre qué posibilidades tienen, y de qué derechos gozan. 

De todo lo que venimos contando se deduce que la gestión de las situaciones de pobreza energética es muy compleja, porque se pueden y deben resolver combinando la propia dimensión energética con la dimensión social y económica del conjunto de la ciudadanía. Las Administraciones Públicas no sólo debieran pues intervenir en el mercado, impidiendo situaciones absurdas y ridículas que perjudican a los usuarios, sino también en las actividades de las propias empresas suministradoras y comercializadoras, para impedir situaciones de abuso, desinformación o uso incorrecto de los servicios. Hay que actuar, ya lo hemos visto, sobre varios parámetros a un tiempo: sobre la eficiencia energética en el hogar, sobre el soporte financiero a las familias, sobre la protección a los usuarios en situación de vulnerabilidad, sobre la desinformación y el uso irracional de la energía, sobre las actividades empresariales, sobre la naturaleza del mercado, sobre las puertas giratorias, etc. Amplios programas de subvenciones públicas debieran ponerse en marcha a diversos niveles (para la rehabilitación energética de edificios residenciales, para revisiones de las instalaciones y de los servicios contratados, para programas de mejora energética del Parque de Vivienda Social, etc.), además de intervenir el mercado y garantizar que los servicios energéticos no superan nunca determinado umbral sobre los ingresos familiares, desarrollar un programa de ayudas de urgencia social para los consumidores, promover un mejor sistema de tarifas sociales, etc., todo ello enfocado a lograr el concepto de "Garantía de Suministro Universal", que como su nombre indica, impediría el corte del suministro para cualquier hogar por falta de pago. En definitiva, las políticas energéticas no se pueden regir únicamente por criterios y consideraciones económicas, ignorando que la energía tiene una importante dimensión humana y social. Continuaremos en siguientes entregas.