Actualidad Política y Cultural - Blog de Rafael Silva

Una vez enumerados los cinco niveles donde habría que repartir la financiación, comentados en el artículo anterior, vamos a profundizar un poco más en ellos, así como en el propio sistema de financiación del Estado Federal. Tomaremos como referencia algunos sistemas ya existentes y también comentados, tales como el sistema foral de concierto, presente en la CAV, o el sistema de Pacto Fiscal propuesto por CIU para Cataluña, o la propuesta más antigua del anterior gobierno (llamado despectivamente "tripartito") catalán. Comencemos por el nivel de los Ayuntamientos, primordial en nuestra visión del Estado Federal, y que con la nueva reforma del PP sobre las Administraciones Públicas, lejos de ser potenciados, se les quiere vaciar de competencias, y abrirle, a través de las Diputaciones Provinciales, la puerta a la privatización de sus servicios.

La importancia estratégica que nosotros le atribuimos a los Ayuntamientos en nuestra propuesta debe reflejarse en la estructura de la financiación. De hecho, proponemos que los Ayuntamientos asuman el mayor número de competencias. El porcentaje concreto de los recursos públicos gestionados por las Haciendas Locales tiene que ser suficiente para asegurar la gestión y la administración de estas competencias y servicios en condiciones de calidad, eficiencia y participación ciudadana. Sus competencias económicas y financieras tienen que quedar expresamente recogidas en la Constitución Federal, como parte integrante de su organización territorial y con personalidad jurídica reconocida. El ente local, por cercanía con los ciudadanos/as, ha de ser el primer escalón donde se piense a la hora de prestar los servicios públicos, y si se trata de localidades con poca población, la unión de varios de ellos en Mancomunidades realizará las tareas de coordinación entre los Ayuntamietnos mancomunados. Como ya hemos dicho, desaparecerían las Diputaciones Provinciales, entes anacrónicos procedentes del franquismo, que ni siquiera aparecen en la Constitución de 1978.

Por su parte, el nivel de financiación más polémico es el del pueblo federado, territorio o Comunidad Autónoma (si se quiere seguir usando el nombre actual). Actualmente coexisten dos modelos de financiación para las Comunidades Autónomas: el modelo común (extendido a la inmensa mayoría de ellas) y el modelo foral (sólo aplicado en la CAV y Navarra). Una peculiaridad del modelo común, no obstante, es el régimen fiscal de Canarias, resultado de la consideración política de las Islas como región ultraperiférica dentro de la Unión Europea. Pues bien, en la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña, que fue desestimada en sus puntos críticos por el Tribunal Constitucional, sus promotores (el Gobierno tripartito de la Generalitat del que formaban parte nuestros socios de ICV) consideraron, con razón, la financiación como la cuestión clave de la reforma. Los aspectos esenciales de esta reforma, algunos de los cuales aparecían también en la propuesta de Pacto Fiscal que Artur Mas presentó al Presidente Rajoy, eran los siguientes:

1.- La capacidad de gestión y recaudación fiscal quedaría en manos de una Agencia Tributaria Catalana.

2.- La Generalitat de Cataluña aportaría al Estado Español un máximo del 50% de la recaudación fiscal realizada en el territorio catalán.

3.- Se establecía un plazo de 15 años para alcanzar un sistema de financiación semejante al modelo foral (o modelo de concierto, basado en un cupo de aportación).

4.- La base para el establecimiento de la aportación partiría del equilibrio de la balanza fiscal.

5.- La negociación del modelo sería bilateral, es decir, únicamente entre el Estado Español y la Generalitat de Cataluña.

Ya sabemos que esta propuesta fue desechada tanto en el Estatuto de Cataluña como en la reciente propuesta de Pacto Fiscal de Artur Mas, y siempre ha desatado un debate político muy importante, tanto entre las diversas fuerzas políticas como en el interior de las mismas, pues existen corrientes que siguen abogando por ella. Un debate en muchos casos hasta incoherente, porque fuerzas políticas como el PP que presentan el Pacto Fiscal como la desintegración o la ruptura del Estado, introducen por ejemplo en el Estatuto del País Valenciano mecanismos muy semejantes a los que contiene la propuesta catalana. Esto es coherente con sus planteamientos neoliberales y su reducción de los territorios y de las Comunidades Autónomas a espacios que compiten entre sí para atraer inversiones y recursos. Por su parte, la respuesta política del PSOE (y de su partido hermano PSC, aunque aquí se manfiestan también otras corrientes) enlaza con criterios de agravio comparativo entre territorios, similares a los de los nacionalistas, y con una notable falta de visión y de modelo global y estratégico.

Y con respecto al sistema foral de concierto, que se aplica al País Vasco y Navarra (donde las competencias fiscales corresponden a las Diputaciones Forales, por razones históricas), ha generado una seria discriminación fiscal. Por motivos políticos, y como consecuencia del cálculo a la baja del coste de las competencias del Estado Central, la financiación territorial por habitante es muy superior en estas dos Comunidades Autónomas que en el resto. Según algunos autores, tomando el período de referencia entre 1990 y 1997, si la media de España es 100, el País Vasco habría recibido una financiación pública per cápita de 140,9 y Navarra de 137, con una distancia de hasta 60 puntos sobre las Comunidades que menos habrían recibido (Baleares y Valencia). A ello hay que añadir que la propia idea del concierto, tal y como se aplica actualmente, deja a un lado cualquier criterio de solidaridad interterritorial explícita.

Por tanto, y según nuestras premisas, resulta evidente que este modelo de concierto no es justo, conveniente ni extrapolable a nuestro modelo de Estado Federal. Por tanto, desde la izquierda lo rechazamos tajantemente. Hasta ahora ha quedado fuera del debate político estatal, pero las cosas están cambiando debido al fuerte debate generado a raíz de las pretensiones soberanistas en Cataluña, y la vuelta al poder del PNV en el País Vasco. Todo este escenario está generando nuevas dinámicas, que al estar fuertemente influidas por el discurso nacionalista (siempre victimista en este sentido) y por el enfrentamiento interterritorial por acaparar unos recursos escasos, beneficia sólo a aquéllas fuerzas políticas comprometidas con soluciones basadas en formas de solidaridad excluyente. Una vez realizado el análisis de las diversas propuestas de financiación existentes, en el próximo artículo de esta serie concretaremos la nuestra, y en el último, a modo de epílogo, realizaremos el resumen final de Estado Federal que proponemos.