El fraude fiscal y la economía sumergida reducen de forma decisiva los recursos de nuestro sistema financiero. Limitan la financiación del conjunto de las Administraciones Públicas, la cobertura de las necesidades sociales y comprometen el futuro desarrollo económico y social del país. Por consiguiente, y al producir desigualdades en las aportaciones de los contribuyentes, rompen los principios de justicia, igualdad y progresividad del sistema.
El combate contra el fraude fiscal y la economía sumergida es un factor determinante en la corrección del déficit público por su importante potencial. El volumen de economía sumergida en nuestro país se sitúa actualmente entre el 23 y el 25% del PIB. Las consecuencias positivas para la recaudación fiscal de medidas enérgicas y eficaces son evidentes. Una disminución de esta lacra hacia el entorno de la media europea (12%) representaría una recaudación fiscal aproximada de unos 4 puntos del PIB en todo el Estado Español.
Siendo una competencia esencial del Estado, las CC. AA. deben implicarse también en estos objetivos, de acuerdo con el principio de corresponsabilidad fiscal.
Por ello, proponemos establecer el objetivo de reducción de la economía sumergida en 3 puntos anuales hasta 2012. La herramienta fundamental para conseguirlo es, en coordinación con la Agencia Tributaria, la puesta en marcha de Planes Autonómicos contra el fraude fiscal y la economía sumergida que refuercen la inspección y la denuncia de aquellas empresas que incumplen la ley.
De esta forma se obtendrían los recursos suficientes para la superación de nuestro déficit social y productivo, y por tanto, sentar las bases para alcanzar nuestro objetivo del pleno empleo, ya que se estima en al menos 800.000 el número de trabajadores y trabajadoras que no están dados de alta en la Seguridad Social.
Junto al incremento de la contribución fiscal de manera progresiva, también Izquierda Unida plantea toda una serie de iniciativas políticas para racionalizar el gasto público, y priorizar aquellos sectores económicos estratégicos que posibilitan un nuevo modelo productivo. Además la racionalidad en el gasto público nunca deberá ir en contra del conjunto de servicios públicos y derechos económicos y sociales del conjunto de la ciudadanía.
En materia de racionalidad y reordenación en el gasto público por parte de la Comunidad Autónoma, IU propone el diseño y desarrollo de planes de control interno del gasto público y de la calidad y eficiencia de la misma con los siguientes elementos:
1.- Centralización de los gastos de promoción, publicidad etc. a nivel de Consejería, Departamento, Organismos o empresas dependientes o vinculadas.
2.- Memoria anual justificativa, caso por caso, de todos los gastos de mantenimiento, reparaciones, energía, material fungible, viajes, dietas, etc.
3.- Limitación de los gastos de asesoría y consultoría, informes y estudios externos, artículos y publicaciones (excepto publicaciones de investigación y análisis).
4.- Creación en cada departamento, institución, organismo, empresa, entes, etc. de una Comisión de Control y Seguimiento del Gasto de la que deberán formar parte por lo menos dos representantes de los trabajadores y trabajadoras. Será competente para examinar y dictaminar sobre el control de la contratación pública, de la subcontratación de servicios y proyectos, gastos de promoción y publicidad, obras de reforma, servicios de mantenimiento, gastos en consultoría y asesoría y todos los otros gastos especificados en las propuestas anteriores. Sus dictámenes serán públicos.
5.- Creación de una Agencia Autonómica para el Control de la Calidad del Gasto.
6.- Control de la calidad y eficiencia de la Contratación pública, adoptando medidas para la trasparencia de concursos y licitaciones, y evitando el deslizamiento de los precios de los contratos públicos.
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