Actualidad Política y Cultural - Blog de Rafael Silva

En España, como en Grecia, Italia o Portugal, se están adoptando una serie de duros recortes presupuestarios. Estos afectan, sobre todo, a los servicios sociales, como la educación o la sanidad. Dichos recortes son presentados como medidas necesarias para salir de la crisis. Pero, en realidad, estas medidas tienen otros objetivos. Se nos dice que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades, y quienes lo dicen son un grupo de malnacidos que han estado cobrando y derrochando miles de millones de euros de dinero público, desviado a paraísos fiscales, proveniente de grandes empresas, que donaban al PP a cambio de jugosos contratos con la Administración. Según avanza la instrucción de los casos Gürtel y Bárcenas, los dos principales en relación a esta trama, nos damos cuenta de la podredumbre del partido político cuyos dirigentes acusan a la ciudadanía de haber vivido, poco menos, como jeques árabes. Éste es el retrato de una descomposición social.

En primer lugar, las entidades financieras no están dispuestas a asumir los costes de una crisis provocada por sus prácticas especulativas. Quieren hacerlos recaer sobre los trabajadores, los pensionistas, los estudiantes, los parados y los enfermos. En segundo lugar, se pretende desmantelar lo que queda del Estado Social. Aplicando las doctrinas expuestas por Hayek en los años sesenta, el estado debe limitarse a la beneficencia. Su intervención no debe tener efectos redistributivos de la renta. La sanidad pública debe ser una sanidad para los pobres que no puedan costearse la atención médica. De esa forma, la sociedad se fragmenta entre quienes pueden permitirse pagar una sanidad privada de calidad y los que tienen que acudir a hospitales públicos en busca de caridad. Vivimos en una democracia intervenida y tutelada, donde cada cierto tiempo nos visitan unos oscuros personajes provenientes de la llamada Troika, que vienen a supervisar los intereses de las entidades financieras que han de cobrarse sus deudas.

Desde la primera gran ofensiva de Zapatero en 2010, a los intereses de la clase trabajadora, las políticas implementadas sólo han servido para deteriorar cada día más las condiciones de vida de la mayoría social. Este capitalismo globalizado y cruel se muestra incompatible con la democracia, los poderes públicos se someten al poder privado, los intereses generales se convierten en los intereses de una selecta y mafiosa élite, que nos ahogan con el pago de la deuda, y con la reducción del déficit público. Los mercados financieros representan claramente una amenaza directa para las condiciones de vida de las personas, para la convivencia democrática, para los derechos sociales y laborales, y para la soberanía popular. Tal es la obsesión por la evolución y la reacción de los mercados, que conceptos como la prima de riesgo o los avatares de la bolsa se convierten en información cotidiana de interés preeminente. Se dice que los mercados nos envían señales, que castigan o premian las decisiones de los gobiernos, o que les inspiramos mayor o menor confianza.

Es la financiarización de la economía la que está presente en todas las esferas de la política, en todos los frentes. El pensamiento dominante, cada vez más ultraliberal, bendice con sus medidas las decisiones de los mercados, que son los que gobiernan en la sombra, y son los últimos responsables de la pauperización de la vida de las personas. Las medidas fanáticas y crueles cambian de nomenclatura, hacia una más suave, engañosa y eufemística, que esconde bajo los nombres de "ajuste" o "reforma estructural" lo que es una involución en toda regla del conjunto de políticas que delimitaban el Estado del Bienestar, y la protección social de los ciudadanos/as. Poco a poco va calando en el imaginario colectivo la necesidad de "controlar el gasto público", de "evitar el despilfarro", y de "acabar con las duplicidades", como si fueran los terribles mantras que nos hubieran conducido a esta situación, cuando lo que nos ha traído hasta aquí son las perversas prácticas de los banqueros, apoyados siempre por la casta política más aberrante que nos lleva gobernando desde la Transición.

A todo ello ayuda además el marco de la construcción europea, que bajo sus preceptos, permite que tengamos un Banco Central Europeo cuyos Estatutos prohíben que se financie directamente a los Estados miembros, aunque sí a la banca privada, para que ésta pueda enriquecerse comprando deuda pública de los Estados a un interés mucho mayor. Los defraudadores fiscales son perdonados, indultados o amnistiados, mientras la protesta social es acallada violentamente por los grupos antidisturbios, y con prisión preventiva. Los escándalos de la Monarquía y de la Familia Real ofrecen un grotesco espectáculo de bodevil, comprobándose cada vez más cómo se han llenado las manos de corrupción con sus sucios negocios, aunque parece ser que ellos no han vivido por encima de sus posibilidades. Entonces: ¿quién ha vivido por encima y de qué posibilidades? Los procesos especulativos en materia urbanística, inmobiliaria o financiera, los ingentes beneficios de las empresas transnacionales, las enormes remuneraciones y primas a directivos o el reparto de exorbitantes dividendos a accionistas de banca y grandes empresas, o el “rescate” de la banca con dinero público (y la complicidad de los poderes públicos con todo este proceso) sí son ejemplos de vivir por encima de las posibilidades. No así, la inversión pública que repercute directamente en la consecución de derechos sociales.

Y frente a ello, se nos dice que el único camino posible es la continuación de lo que ya están haciendo: “la austeridad del Estado es el único camino para salir de la crisis”. En un contexto de recesión cercano a la depresión, aplicar el recetario de la Troika (Estado mínimo, políticas de desregulación, liberalización y privatización, etc.) conduce a profundizar la descomposición social. Ejemplos de ello son el impacto negativo que están teniendo las “políticas de austeridad” sobre el empleo (OIT, 2012) o sobre las rentas más bajas. Una “austeridad” que lleva a lo que Paul Krugman llamó “círculo vicioso de reducción de las posibilidades” (Krugman, 2012). Es decir, en un sentido contrario a este relato, la “austeridad” supone un agravamiento de la crisis social, como afirma Rodrigo Fernández Miranda en AlbaSud. La involución, la descomposición y el deterioro social son evidentes, lo cual llevará más temprano que tarde a un estallido de dimensiones gigantescas, porque no se puede sostener esta situación durante mucho más tiempo. El paro, la pobreza, la indigencia, las desigualdades, la pérdida de derechos sociales y laborales, los deshaucios, la precaridad en el empleo, la eliminación de las prestaciones, la ausencia de una renta básica de ciudadanía, la exclusión social, dan al traste con todo el entramado que nos garantizaba un mínimo bienestar en etapas anteriores.

Llevamos dos reformas laborales en los últimos tres años, bajo el engañoso paradigma de la "flexibilización" del mercado laboral, que además quieren atacar ahora bajo el paraguas del contrato único. Las clases populares y trabajadoras están siendo vilmente atacadas, sin piedad, bajo su total indefensión, están siendo desarmadas, utilizándonos como coballas de laboratorio, sometidas a un execrable proyecto de desintegración. Están rompiendo todos los anclajes donde descansaba la mínima cohesión social, en aras de proteger y empoderar a los ricos y poderosos, a la banca, a las empresas transnacionales, a las grandes fortunas. En el Índice de Gini, coeficiente que mide las desigualdades, el Estado español se encuentra tercero por la cola en la UE. El valor de la desigualdad en el país en 2011 llegó a 34 puntos, 4 puntos por encima de la media europea. Según Eurostat, la desigualdad en la sociedad española es actualmente la más elevada desde que ésta se calcula. Mientras que más gente sufre la pobreza, en paralelo las grandes fortunas siguen incrementándose. Por ejemplo, las Sociedades de Inversión de Capital Variable (SICAV) crecieron más del 10% en el primer semestre del año, la venta de coches de lujo creció un 80%, (mientras que la venta de coches en general descendió un 20%) y la industria del lujo creció un 20% en 2011 y un 14% en 2012 (ABC, 2012).

El suicidio se ha convertido en la primera causa de muerte violenta en el país, según datos del Instituto Nacional de Estadística, con un aumento considerable desde 2011. Los motivos principales han sido, precisamente, el desempleo, la pobreza o el desahucio (Pérez Navarro, 2012). La crisis también está agudizando las actitudes y conductas xenófobas en el territorio: según un informe de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) se está potenciando la imagen de la migración como un “excedente indeseable del que convendría deshacerse”. Además, entre 2007 y 2010 el porcentaje de la población que estaba a favor de la expulsión de los inmigrantes pasó del 12 al 20%, y quienes consideraban que los que llevaran mucho tiempo desempleados deberían abandonar el país pasó del 39% al 43% (OIM, 2012).

Se va despertando una creciente conciencia colectiva crítica que asume como idea clave que no existen soluciones desde el capitalismo, ni innovaciones posibles que permitan que desde el propio sistema surja una alternativa a sí mismo. Lo que se necesita es una nueva forma de organización social, política y económica que ponga la vida en el centro, un nuevo tipo de relación entre sujetos económicos e institucionales, entre capital y trabajo, en el marco de unas relaciones de género equitativas, que garanticen la sostenibilidad. No se trata de cambiar, se trata de empezar a hacer las cosas de nuevo, y desde abajo. Por lo tanto, mientras la aplicación de los dogmas ultraliberales y sus consecuencias socioambientales avanzan, también lo hace paralelamente esta renovada resistencia social. Dos realidades cada vez más distantes. Por una parte, la democracia tutelada por el poder financiero y sin autonomía decisoria que atraviesa una crisis de legitimidad (la clase política se encuentra desde 2012 como la tercera preocupación, y el Gobierno y las formaciones políticas entre los 10 principales problemas de la población española (CIS, 2012)); y también de representatividad (en las últimas elecciones autonómicas en Galicia la participación fue menor al 55% del censo, un 10% menos que hace 4 años). Por otra parte, en las calles son convocadas decenas de manifestaciones y asambleas cada día, con una media en 2012 de 8 manifestaciones diarias, el doble que en 2011.

En definitiva, y citando textualmente a Rodrigo Fernández Miranda en el artículo referido: "Los mismos mercados que causaron esta estafa llamada “crisis financiera” imponen su ley sobre la democracia, la sociedad y sus derechos, para promover una mayor desigualdad, la explotación de las personas y la naturaleza para devolver una deuda ilegítima: para seguir ganando mientras todos los demás pierden. Una parte creciente de las clases medias comienza a despertarse entre sobresaltos de este sueño de “progreso” que ha mutado en pesadilla ultraliberal. Los mercados, antes vistos como fuente de la satisfacción de prácticamente todo, comienzan a percibirse como una amenaza para la satisfacción de las necesidades básicas, la sostenibilidad ambiental y los derechos fundamentales de cada vez más personas. Mientras, el Estado ha abandonado el papel de equilibrador que le concedía el sistema". Este es el retrato social de este país. Caminamos, si no somos capaces de revertir el proceso, hacia la total y completa descomposición social.