Bien, después del repaso histórico a la influencia, presencia y poder de la Iglesia Católica en nuestro país, expuesto en los primeros artículos de esta serie, vamos a centrarnos en la cuestión económica, siguendo el Informe de referencia citado. Porque en nuestros días, podemos afirmar sin lugar a dudas que la Iglesia Católica no sufre la crisis (de hecho, en estos últimos Presupuestos Generales del Estado para 2016 vuelve a recibir la misma asignación pública), y de hecho disfruta de un verdadero paraíso fiscal en nuestro país. Situación absolutamente indignante, mientras para la inmensa mayoría social aumenta la pobreza, y se continúan privatizando los servicios públicos. Pero claro, siempre saldrán los defensores de turno del carácter social de la Iglesia, para contarnos la cantidad de personas a las que la Iglesia ayuda a través de sus Instituciones dedicadas a la caridad. No se acaban de enterar de que no queremos tanta caridad, y sí mayor justicia social.
A grandes rasgos, el Estado Español (Central y periférico) aporta a la Iglesia Católica, a través de subvenciones directas y todo tipo de exenciones tributarias, una cifra que supera los 11.000 millones de euros anuales, lo cual supone más del 1% del PIB de nuestro país. Ello significa que cada persona residente en España, sea o no católica, sea religiosa o atea, sea creyente o agnóstica, sea cristiana o musulmana, financia con una cuota o dádiva indirecta a la Iglesia Católica de unos 240 euros al año, o unos 20 euros al mes. Según estas cifras, podemos afirmar sin temor a exagerar que la Iglesia Católica española es tremendamente rica, ha salido indemne de la crisis, y además disfruta de un auténtico paraíso fiscal en casa (no le hace falta practicar la ingeniería fiscal de los grandes empresarios), al estar exenta de pagar impuestos como el IBI, obras, sociedades, etc. La inmensa mayoría de los bienes que están en su poder, así como sus cuentas, son totalmente opacas, situación que resulta a todas luces injusta, ilegítima y presuntamente ilegal, por mucho que se empeñen en justificarla, y ello ocurre (lleva ocurriendo desde la Transición) con la absoluta complicidad y consentimiento de los poderes públicos, bajo una política de continua discriminación positiva hacia la confesión católica, y con el incumplimiento tácito y expreso de la Constitución, que dispone literalmente que "ninguna confesión tendrá carácter estatal".
Pero veamos un resumen más detallado para comprobar de dónde procede la tremenda cifra de más de 11.000 millones de euros referida anteriormente, y procedente de aportaciones directas e indirectas del Estado (Gobierno Central y Comunidades Autónomas), o exenciones tributarias, tanto a la Iglesia como a sus organizaciones, fundaciones y asociaciones dependientes:
1.- Asignación aproximada vía IRPF (cifras de 2013), para financiación del culto y del clero: 250 mill.
2.- Asignación para fines sociales, ONG's y fundaciones de la Iglesia: cercano a los 100 mill.
3.- Exenciones y bonificaciones tributarias, tales como el IBI (estimado en 700 mill.), patrimonio, sociedades, obras, etc.: 2.000 mill.
4.- Financiación para la impartición de la religión católica en las escuelas: 600 mill.
5.- Financiación de centros privados concertados de ideario católico: 4.300 mill.
6.- Dotaciones para la obra social y asistencial de carácter caritativo: 2.000 mill.
7.- Financiación para los 57 complejos hospitalarios, que dependen de las respectivas CC.AA.: 900 mill.
8.- Financiación para el sueldo de funcionarios capellanes (del Ejército, cuarteles, cementerios, bases militares, hospitales, etc.): 50 mill.
9.- Mantenimiento del patrimonio en poder de la Iglesia: 600 mill.
10.- Subvenciones y gastos para todo tipo de eventos religiosos: 300 mill.
11.- Financiación para terceras entidades católicas, como la Obra Pía: 10 mill.
A todo ello hay que unirle los beneficios patrimoniales y financieros de los que disfruta la Iglesia, las donaciones de suelo público para la construcción de colegios, iglesias, capillas, lugares de culto y otros edificios, el cálculo procedente de los beneficios de las inmatriculaciones, etc., etc., todo lo cual resulta claramente imposible de cuantificar (de ahí la aproximación a las cifras indicadas, porque resulta ciertamente imposible concretar una cifra exacta). Como podemos concluir, ninguna otra empresa pública o privada, o asociación en nuestro país disfruta de tal variedad y cantidad de privilegios en cuanto a los ingresos públicos del Estado, procedentes de todos los contribuyentes. Porque los 250 millones de euros que cada año el Estado ingresa a la Iglesia Católica para financiar el culto, el clero y el proselitismo religioso de la Conferencia Episcopal Española, con los correspondientes adelantos mensuales a cuenta de varios millones de euros, como consecuencia del porcentaje de quienes señalan la casilla del IRPF, se detraen del monto total del Impuesto sobre la Renta.
Por tanto, somos todos los contribuyentes (católicos o no) los que abonamos esta especie de "canon obligatorio", que se detrae de las arcas públicas, y claramente, es un dinero que se deja de invertir en bienes, obras, asistencia y servicios públicos, a los que también todos tenemos derecho, seamos o no católicos. De ahí la situación de flagrante ilegalidad e injusticia. La conclusión está bien clara: la Iglesia Católica es financiada con la complicidad del Estado. Y podríamos preguntarnos: ¿es una opción o una obligación? Pues parece más bien lo primero, ya que la jerarquía católica, desde la firma de los Acuerdos Económicos en enero de 1979, se comprometió a lograr por sí misma los recursos suficientes para la atención y financiación de sus necesidades, es decir, se comprometió a su autofinanciación, cosa que no ocurre ni por asomo, después de más de 35 años. Y si la Iglesia Católica no ha cumplido su compromiso, en teoría el Estado podría verse liberado de cumplir con este Acuerdo. Sin embargo, lejos de ello, la realidad es que desde entonces se han ido aumentando las partidas destinadas a la financiación de la Conferencia Episcopal Española (dicho sea de paso, una retrógrada organización que se inmiscuye en la política social de los sucesivos Gobiernos), año tras año, adquiriéndose nuevos compromisos por parte del Estado desde el año 2007. Continuaremos en siguientes entregas.
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