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22 febrero 2016 1 22 /02 /febrero /2016 00:00

El individuo como categoría social al margen de la sociedad es una patraña ideológica que sirve para el desarrollo del capitalismo; sólo desde la mejora colectiva podremos proyectarnos individualmente en la sociedad

Josep Manel Busqueta

En esta sociedad alternativa al capitalismo cuyos mimbres estamos siquiera delimitando, nos hace falta, claro está, una metodología, un procedimiento, un método general que nos conduzca siempre por el buen camino, y que nos ilumine ante las posibles dudas que puedan surgir. Esta metodología no es otra que la propia democracia, de ahí la tremenda obstinación que hemos de tener en alcanzar una sociedad plenamente democrática, y no sólo mediante mecanismos de participación ciudadana, sino aboliendo buena parte de los puntales de nuestra sociedad donde descansan las limitaciones a la democracia, desde la Monarquía hasta la Ley Electoral. La democracia plena, completa y absoluta debe ser el marco de referencia para alcanzar y sostener el modelo de sociedad alternativo al capitalismo. Por ello, el socialismo aspira a socializar (esto es, democratizar, hacer extensivo a propiedad social) los medios de producción para poder redistribuir mejor la riqueza, para devolverle a la sociedad lo que de verdad es suyo, lo que en justicia le pertenece. El socialismo (y esto es otra falaz teoría que se vierte desde los detractores del mismo) no busca la erradicación de toda propiedad privada, ni la de los bienes particulares de las personas, sino sólo la de los grandes medios de producción, y sobre todo, de aquéllos que constituyen sectores básicos para la economía real, así como los relacionados con los Derechos Humanos. 

 

Se ha vertido la infantil falacia de que el auténtico socialismo (así como el comunismo), de instalarse en cualquier sociedad, pasará a despojar de todas sus propiedades a todos sus miembros, y claro está, el miedo social generado por estas falsas ideas se ha extendido, y la fiebre antisocialista (y anticomunista) ha corrido como la pólvora. Todavía siguen quedando muchas personas que piensan estas cosas, que las contemplan dentro de su imaginario colectivo, y es muy difícil desterrarlas de  los mismos. Pero como decimos, se trata de viles engaños que la clase dominante se ha encargado de verter sobre las conciencias y sobre las mentes de las clases explotadas, de las clases más vulnerables, y sobre el vulgo inculto (al que podía manipular mejor), con objeto de crear esta animadversión hacia cualquier sistema alternativo al capitalismo (y por tanto, contrario a sus intereses). Por tanto, es hora de poner las cosas en su sitio. El Socialismo sólo busca expropiar a los auténticos expropiadores, es decir, a los que acaparan la riqueza social tomando por la fuerza del capital los medios para generarla. Esto se refiere, lógicamente, a la expropiación únicamente para las grandes empresas de los sectores productivos básicos de la economía (expropiación de las empresas, que pasarán a propiedad social), a los grandes latifundistas y terratenientes (expropiación de sus terrenos, patrimonio, bienes y capitales), así como a las grandes fortunas (en este caso no se practicaría una expropiación, pues bastaría que mediante un sistema fiscal justo y progresivo, dichos titulares de estas grandes fortunas contribuyeran justamente al mantenimiento de su sociedad). 

 

Y con el rescate y devolución de todos estos medios y recursos a la sociedad, el socialismo practica la verdadera justicia social, que consiste en que cada individuo recibe de la sociedad lo acorde a su contribución, de acuerdo a su capacidad, y teniendo en cuenta sus necesidades. No es lo mismo una persona que ha elegido sólo hacer un trabajo doméstico o voluntario, que la persona discapacitada, que la persona que trabaja en dos ocupaciones, obteniendo una remuneración por cada una de ellas. La sociedad socialista manejará los recursos de todos, y a todos los devolverá según los parámetros de contribución, capacidad y necesidad. Por tanto, el Socialismo del siglo XXI debe buscar, fundamentalmente, pasar de una sociedad donde cada cual recibe en base a su propiedad, producto muchas veces de la suerte, y no tanto en base a su trabajo, a una sociedad donde cada cual recibe en base no sólo a lo que aporta, sino también a lo que necesita. El Socialismo liberará a las personas de la obligación de tener que vender su fuerza de trabajo a cambio de un mísero sustento, y además realizar un reparto del trabajo existente (que no es sólo el rentable económicamente para las empresas privadas, sino el rentable socialmente para el conjunto de la población, esto es, no sólo el que ofrece beneficios, sino también el que se necesita), y la jornada laboral podrá disminuirse, acabando con la explotación laboral asociada a jornadas interminables, horas extras que no se pagan, etc. Bajo el Socialismo, la suerte, uno de los pilares de la sociedad capitalista (manifestada en las herencias, los juegos de azar, la explotación sobre otros, etc.), dejará de protagonizar el destino de las personas.

 

¿Cómo se lleva a cabo todo ello? Durante las entregas anteriores dedicadas al Socialismo de este siglo XXI, a nuestras aportaciones y puntos de vista, ya hemos venido insistiendo en las transformaciones necesarias para ello. Remito a los lectores a las entregas anteriores de esta serie para un detalle y explicaciones más exhaustivas. Concretamente, habría que comenzar nacionalizando las 35 empresas más grandes del país agrupadas en el IBEX-35 (las 35 compañías con mayor volumen de cotización en la Bolsa de Madrid), e ir completándolo progresivamente hasta alcanzar la nacionalización de las 100 grandes empresas que cotizan en Bolsa, y que en conjunto suponen más del 70% de toda la actividad económica en el Estado Español. Hay que decir, además, que muchas de estas empresas monopólicas eran hasta hace apenas 10, 15 ó 20 años, empresas públicas muy rentables, que los sucesivos Gobiernos bipartidistas (PP-PSOE) comenzaron progresivamente a privatizar, introduciendo el capital privado en diferentes grados. Pero estas empresas eran empresas del pueblo, levantadas durante años por varias generaciones de trabajadores, y que les habían proporcionado trabajos de calidad, y prosperidad a sus respectivas familias. Gracias a los Gobiernos neoliberales de nuestra etapa "democrática", dichas empresas terminaron apropiadas y saqueadas por los amigos del poder, es decir, por la oligarquía española, que fue comprándolas a precio de saldo, mientras practicaba sucesivas oleadas de despidos, "externalizaciones", subcontratas, ERE's y deslocalizaciones. 

 

Tales empresas son, entre otras, Endesa, Telefónica, Repsol, Argentaria (unida luego a BBV para formar BBVA), Iberia, la antigua siderúrgica Ensidesa (ahora en el grupo Arcelor-Mittal), Seat (en manos de Volskwagen), Tabacalea (hoy Altadis, de la cual se están despidiendo actualmente muchos  trabajadores), y un largo etcétera. Pero como hemos dicho, las grandes palacas del Estado, las auténticas joyas de la corona, empresas que desarrollan y proveen bienes y servicios fundamentales para la ciudadanía, deben regresar al ámbito público, pasando a manos del Estado, y éste controlado por la clase trabajadora (como hemos explicado en otros artículos, si sólo nos quedáramos en la propiedad estatal, únicamente migraríamos hacia un capitalismo de Estado, que desarrollaría una oligarquía estatal y continuaría promoviendo la corrupción, como ocurre por ejemplo en China). Pero aún tenemos muchos sectores que trabajan con bienes y servicios ligados a los propios Derechos Humanos más elementales. Por ejemplo, bancos y promotoras inmobiliarias poseen miles de viviendas vacías, mientras tenemos un número creciente de personas sin hogar. Debemos conseguir que las viviendas vacías se entreguen a las personas sin hogar. Por su parte, la introducción inmediata de una jornada laboral de 35 horas semanales nos permitiría movilizar a millones de trabajadores/as desempleados/as para construir casas, escuelas, carreteras, u hospitales, para satisfacer las necesidades de la población. Esto es, repartir el trabajo existente, trabajar menos para poder  trabajar todos, encargar de nuevo al Estado que genere planes de empleo público y planes de trabajo garantizado, y todo ello, con salarios dignos y puestos estables, es decir, mediante trabajo decente. Continuaremos en siguientes entregas.

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