Actualidad Política y Cultural - Blog de Rafael Silva

Habíamos comentado en el artículo anterior de la serie el concepto de "Fiscalidad Sostenible", y vamos a hacer referencia a él a continuación, con un poco más de profundidad. A pesar de la existencia de numerosos instrumentos económicos y fiscales reconocidos por las diversas Instituciones y los expertos como herramientas eficaces de política ambiental, éstos no han sido aplicados ampliamente. Es urgente, pues, desarrollar un modelo de fiscalidad verde que desplace la presión fiscal sobre el trabajo hacia el consumo de recursos naturales y el deterioro del medio ambiente. Asímismo, es necesario penalizar la contaminación y primar los comportamientos ambientalmente adecuados. Se trata, en suma, de condenar socialmente las prácticas depredadoras de la naturaleza, para que deje de salir gratis la ejecución de dichas políticas y de dichos comportamientos. Básicamente, las medidas podrían ser las siguientes:

1.- Promover beneficios fiscales a la gestión y cerfificación forestal, agraria y pesquera. 

2.- Implantar un Impuesto de Matriculación sobre la base de las emisiones de los vehículos, así como un Impuesto de Circulación configurado sobre la base de las emisiones contaminantes.

3.- Implantar un Impuesto sobre el Cambio de Uso del Suelo. 

4.- Implantar un Impuesto para el Servicio de Gestión de Residuos, definiendo las tasas sobre la base de criterios ambientalistas. 

5.- Implantar un Impuesto Sobre el Vertido y la Incineración.

6.- Readaptar el Impuesto sobre Bienes Inmuebles de forma modular, en función de la certificación energética de la vivienda. 

7.- Penalizar las viviendas vacías con un incremento del IBI, tanto a la banca privada como a los grandes propietarios. 

Y así, llegamos al gran concepto, también mencionado de pasada en el artículo anterior, de lo que podríamos denominar como "Democracia Ambiental". Se trata por tanto de articular un sistema, una sociedad donde la justicia ambiental cobre su auténtico protagonismo y significado, porque sólo de esta forma tendremos una sociedad realmente consciente de la gravedad de los problemas ambientales, y su imperiosa necesidad de impedirlos. Hay que llevar a cabo las reformas necesarias en nuestras Instituciones Públicas para dar un salto cualitativo en la gobernanza ambiental en nuestro país, entendido como un proyecto de renovación y maduración democrática de varias legislaturas. Es prioritario corregir el incumplimiento repetido de la normativa ambiental, con frecuencia procedentes de Directivas Europeas que son competencia de las Comunidades Autónomas, que perjudica la imagen del país, el bienestar humano, el progreso y la economía. Además de la corrupción y del mal uso de fondos públicos, se detectan otros problemas graves asociados a la transparencia, la participación pública y la justicia, que se deberían reconocer y debatir antes de implantar soluciones consensuadas. Bien, a tenor de todo ello, las principales medidas para implementar un sistema de democracia ambiental podrían ser, entre otras muchas, las siguientes:

1.- Definir organigramas y procesos en los gobiernos ejecutivos y parlamentos que faciliten la coordinación y la coherencia entre las políticas ambientales y demás políticas, y entre las Instituciones autonómicas y estatales. 

2.- Publicar un Memorándum Ambiental para acompañar los presupuestos anuales de la Comunidad Autónoma y los Proyectos de Ley más significativos. 

3.- Disponer de información actualizada y fácilmente accesible, en registros públicos e informes anuales de recopilación, sobre el estado actual y las tendencias del medio ambiente, las causas de mejora o declive, y las medidas tomadas para estudiar, mantener y mejorar la calidad ambiental. 

4.- Establecer planes transparentes de cumplimiento de la normativa ambiental, con objetivos, presupuestos, medidas, responsabilidades y rendición de cuentas periódicamente a la ciudadanía. 

5.- Publicar las actas de todas las reuniones de órganos de debate y toma de decisiones con implicaciones para el medio ambiente. 

6.- Fomentar la participación pública activa en los debates y la toma de decisiones con relevancia ambiental. 

7.- Garantizar la presencia de organizaciones de defensa ambiental en los órganos de participación relacionados con el medio ambiente.

Finalizaremos esta serie de artículos en su próxima entrega. 

Fuente principal de referencia: Documento "Un Programa por la Tierra"