Actualidad Política y Cultural - Blog de Rafael Silva

Porque resulta que, a raíz de tremendos escándalos como la reciente filtración de los llamados "Papeles de Panamá", el asunto de los secretos comerciales está también siendo mirado con lupa. Y así, Carlos Mier nos relataba hace pocos días en La Marea (artículo del cual obtenemos toda esta información) la aprobación de una nueva especie de "Ley Mordaza" europea para proteger a las corporaciones de las posibles filtraciones de la prensa, y de sus periodistas. Básicamente, esta nueva normativa, que será incorporada en su momento a la redacción final del TTIP (si es que no conseguimos impedirlo por la fuerza de la movilización popular), podría actuar como arma para demandar a periodistas o a cualquier persona que revele información considerada "secreta". En concreto, la Directiva "Trade Secrets" sobre la protección de conocimiento no revelado e información comercial (secretos industriales) podrá actuar contra toda adquisición, uso o revelación de la misma considerada ilegal. Y bajo la excusa de proteger a las empresas del famoso espionaje industrial, se abre un peligroso camino y un precedente que puede traer nefastas consecuencias. 

La cosa estuvo bastante reñida en el Parlamento Europeo, pero al final, como era previsible, fue aprobada con los votos de los Demócrata Cristianos (donde se integra el Partido Popular), los socialdemócratas (PSOE), y los liberales (Ciudadanos). En total, 503 votos a favor, frente a los 131 en contra procedentes de Los Verdes y el Bloque de Izquierdas (donde están los diputados de Podemos e IU). Más o menos como siempre. Y también como siempre, los abogados del lobby industrial de Bruselas han logrado que el texto final de la Directiva sea lo suficientemente ambiguo como para que la ley pueda ser usada también contra medios de comunicación, o empleados que revelen información considerada secreta. En contra de su aprobación ya se habían manifestado cientos de organizaciones civiles (tales como ATTAC, Corporate Europe Observatory, Lobbycontrol, Transparency International France, Tax Justice Network o Xnet), que además habían elaborado pocos días antes un llamamiento a los eurodiputados para frenar la aprobación de dicha Directiva, que consideran una amenaza para la libertad de expresión y para el control democrático del sector privado. 

¿Dónde está el problema fundamental en su aprobación? Pues básicamente, en que la definición de "secreto industrial" es muy vaga e imprecisa (obsérvese cómo es una táctica generalizada cuando las clases dominantes intentan imponer su voluntad, que consiste en utilizar el contexto normativo con total laxitud). Y así, las condiciones que se expresan en la citada Directiva son que la información no sea "conocimiento común o fácil de acceder para personas en los ámbitos donde se suele trabajar con información de este tipo", que "tenga valor comercial porque es secreta", y que la empresa en cuestión haya tomado "medidas razonables para mantenerla en secreto". Bajo esta definición, y sin ir más lejos, podría encuadrar perfectamente el fraude de las emisiones de Volkswagen, que básicamente se han filtrado mediante informes internos sobre abusos o malas prácticas de una compañía, pero que afectan al interés general. Como vemos, el precedente es tremendamente peligroso. Ante cualquier filtración, las empresas tendrán en principio el derecho a demandar a cualquiera que publique informaciones que ellas consideren como secreto industrial, y será un juez quien tendrá que ponderar entre este derecho económico y el derecho a la libertad de expresión y de información de los periodistas. 

Se dará de este modo una vuelta de tuerca más a la ya muy extendida práctica de acoso judicial que las empresas privadas e individuos poderosos llevan a cabo contra los medios de comunicación, porque entienden que se han vulnerado su derecho al honor o a la privacidad, extendido ahora a los secretos comerciales, que se convierte en un posible argumento adicional para estos procesos. Y por supuesto, en el lado estadounidense se está trabajando en alguna herramienta parecida, para que al final haya una convergencia por abajo, y se incorpore al futuro TTIP la normativa que más favorezca a las grandes empresas transnacionales. Al final, habrán conseguido otro paso más hacia su completa impunidad. Pero es que podemos extender este escenario hasta incluir los casos de organizaciones que llevan destapando desde hace años tremendas filtraciones sobre prácticas ilegales o ilícitas, tales como Wikileaks, o sus variantes Luxleaks, donde la consultora PriceWaterhouseCoopers (PWC) ha demandado a varios de sus empleados y a periodistas. En la práctica, por tanto, la Directiva extenderá la opacidad como una tela de araña, hasta el punto no sólo de obstaculizar la labor de los filtradores, sino de desprotegerlos ante el inmenso poderío legal de las transnacionales. 

Pero tal como nos cuenta en Público Carlos del Castillo, el blindaje que esta Directiva ofrece a las empresas es tal que incluso los propios conocimientos de sus trabajadores/as serán considerados "propiedad empresarial". Se extiende incluso a aquéllas personas que puedan revelar corrupción, malas prácticas o irregularidades de gobiernos o corporaciones. La desvergüenza de esta Unión Europea no tiene límites, porque mientras en España PSOE y C's proclaman firmemente su intención de apoyar a los denunciantes de casos de corrupción, en el Europarlamento votan a favor de estos disparates legislativos, de estas aberrantes normativas. Y es que el miedo que le tienen a las grandes corporaciones es atroz. Se convierte en una excepción la transparencia, ya que serán los propios filtradores los que tendrán que demostrar ante un juez el interés público de sus revelaciones. Se desincentivá la actividad de denunciar las prácticas irregulares, opacas o corruptas, que ya en nuestro país destroza la vida de sus protagonistas, personas anónimas que no sólo son despedidas de sus empresas o puestos públicos, sino que se ven envueltas en procesos de acoso laboral, judicial y económicos de dimensiones gigantescas. A nivel internacional tenemos los casos de Julian Assange, Edward Snowden o Chelsea Manning, y a nivel nacional, podemos mencionar a Ana Garrido (denunciante de Gürtel), o a Luis Gonzalo Segura (denunciante del Ejército). Continuaremos en siguientes entregas.