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6 septiembre 2016 2 06 /09 /septiembre /2016 23:00
Escuela Pública y Religión: Incompatibles (III)

La educación pública española, a consecuencia de los compromisos de los sucesivos gobiernos con la iglesia católica y con la patronal de la enseñanza, nunca ha llegado a romper del todo con las tres principales herencias del franquismo: segregación clasista, confesionalidad y un amplísimo sector privado costeado con fondos públicos

Enrique J. Díez

Continuando con la exposición de la estructura básica de los conciertos educativos en nuestro país, diremos que la escuela privada-concertada ofrece básicamente no sólo la selección del alumnado, sino también del ideario religioso para quien le interese. Y volviendo al tema que ya discutimos en el primer artículo de esta serie, hemos de volver a recordar que eso de la "libertad" de los padres para educar a sus hijos (manifiestada en esa "libertad de elección de centro"), no es ni lo justa ni lo equilibrada que sería de desear. Ni justa porque no es cierto que todos los padres puedan "elegir", ni equilibrada porque, por esa misma regla de tres, también tendría que haber colegios musulmanes, colegios judíos, etc., para que todos los idearios religiosos quedaran cubiertos...¿o es que la supuesta "libertad" de los padres católicos debe ser mayor o estar mejor atendida que la "libertad" de los padres musulmanes? De nuevo, la falacia es absolutamente evidente. Pero lo más escandaloso de todo, como también hemos resaltado en anteriores entregas, es que esta escuela concertada la estamos pagando TODOS los padres y madres con nuestros impuestos. Agustín Moreno, en el artículo de referencia que estamos siguiendo, ofrece un símil muy ilustrativo: "Es como si pudiendo ir gratis a un precioso parque público como El Retiro, algunos se empeñasen en que les paguemos entre todos el club de golf porque no se quieren juntar con sus conciudadanos". Y nosotros añadimos lo siguiente: y encima, reclamaran su "derecho a la libertad" de ir al parque público que quisieran como argumento. 

 

Frente a este modelo de concierto educativo público-privado, con las negativas características que ya hemos comentado, la escuela pública, pensada por todos y para todos, debe asegurar la gratuidad, la coeducación, la ausencia de todo ideario religioso (desde el escrupuloso respeto a los puntales de un Estado Laico, que debe separar la esfera religiosa de la esfera pública civil, social y administrativa, respetando todas las opciones religiosas pero sin apoyar oficialmente a ninguna), un profesorado bien seleccionado, remunerado y formado continuamente, un funcionamiento democrático, y una participación abierta a todos los sectores de la comunidad educativa. En definitiva, una escuela pública universal, gratuita, de calidad, laica, democrática, inclusiva y participativa. Una escuela pública que atiende y respeta la diversidad, que no segrega ni construye guetos educativos, y que no se adscribe a ninguna ideología, sino que pretende formar a personas cultas, libres y críticas. Ese es el modelo de escuela pública que queremos. Pero volvemos a insistir: no se pretende derribar la escuela privada, que se financia exclusivamente con las aportaciones de los padres y de sus organizaciones propietarias. Respetamos absolutamente la libertad de los padres de educar a sus hijos en dichos colegios. Pero los conciertos educativos sí necesitan ser progresivamente eliminados, porque representan una farsa, un engaño a la ciudadanía, un fraude tanto al sistema público como al privado. Pues vendiendo a la sociedad ese modelo "mixto", en realidad lo que se pretende es continuar financiando de forma pública los centros que practican el ideario de los privados. Y eso no lo podemos consentir. 

 

Conviene recordar que España, como también hemos destacado en anteriores entregas, es una anomalía en Europa (como en otros muchos aspectos) en cuanto a la existencia de estos centros concertados. Somos el tercer país de Europa en este tipo de centros, detrás de Bélgica y Malta. Y el gasto privado en educación (0,6% del PIB) es el doble que el promedio de la UE (0,36% del PIB). En todos los demás países (en Francia, en Alemania, en la católica Italia, o en la envidiada y multirreferida Finlandia, entre otros), el sistema educativo es inmensamente público (89,2% en la educación primaria y 83% en secundaria en la UE-28, frente a un 68% de España), además de no existir (o ser ínfimos) estos conciertos educativos que se dan en nuestro país. Y el hecho de que los hijos de padres y madres de diferentes estamentos, estratos o clases sociales asistan juntos a las mismas escuelas, es sin duda un factor de cohesión social y de calidad y madurez democrática. Y tampoco vale el supuesto argumento del menor coste de la escuela concertada con respecto a la pública. Se ha recurrido a él en multitud de ocasiones, manipulando los datos, pero es una conclusión absolutamente errónea. El Observatorio por la Educación Pública de 2014 lo dejó claro en su Informe "El coste de la plaza escolar en la escuela pública y la concertada" (cuyo resumen y descarga puede realizarse desde esta página), donde se ha demostrado que no existe tal diferencia, y que los costos son similares. Y eso, teniendo en cuenta que en la educación pública, dada su función inclusiva, se incluyen las 4/5 partes del alumnado con mayores necesidades educativas (integración, origen extranjero, Formación Profesional Básica, diversificación curricular, etc.). 

 

Ante todas estas evidencias, la estrategia del Estado (a través de los sucesivos gobiernos bipartidistas PP-PSOE que han apoyado la escuela concertada) parece estar bien clara: la financiación pública de una doble red de centros con estas características conduce en último extremo al desmantelamiento del modelo de escuela pública para dejar de atender al derecho humano fundamental a la educación, y abandonar el proyecto solidario de cohesión y vertebración social. No es compatible la existencia y el mantenimiento de un sistema público de calidad con el constante crecimiento de la red de centros concertados, por un evidente motivo de racionalización y equilibrio. Pero dicho lo cual, volvemos a insistir, para que no haya ningún malentendido: a ningún empresario se le puede prohibir construir centros privados, ni a ninguna familia llevar allí a sus hijos a estudiar, pero nunca mediante financiación pública de forma total o parcial. El dinero público no debe financiar un sistema educativo segregador, elitista, sectario, ni que fomente las desigualdades. Los contribuyentes, como es de todo punto lógico y justo, no deben sufragar una educación separada para que los padres que quieran, lleven a estudiar a sus hijos para "darle la educación que ellos quieren". Lo justo es que si vivimos en sociedad (lo que ocurre en el fondo es que algunos no creen ni siquiera en la sociedad), la financiación pública se dedique a la mejora de los recursos de todos, y no a la satisfacción del deseo de unos padres y madres que quieren que sus hijos se eduquen de otra forma. 

 

Ante el panorama descrito hasta aquí, y antes de entrar en materia en cuanto al estudio de la religión (que comenzaremos a partir de la siguiente entrega), lo que nosotros proponemos como conclusión es que hay que tender hacia la supresión progresiva (sin prisa, puesto que hay que derivar los actuales recursos humanos y materiales desde la escuela concertada hacia la pública, incluso hacia la privada en aquéllos centros que lo deseen) de la financiación pública de los centros privados concertados. Evidentemente, no es tarea que se pueda ni se deba hacer de un año para otro, ni siquiera completar en una legislatura, pero sí es importante comenzar a caminar en dicha dirección. Y así, la apuesta debe ser por una red única de centros de plena titularidad y gestión pública (esta diferenciación también es importante, para eliminar las posibles tentaciones de externalizar o privatizar determinados servicios educativos o escolares) que, progresivamente y de manera voluntaria y negociada, integre los centros concertados en la red de escuelas públicas. Mientras tanto, por supuesto, no debe haber ni un sólo concierto educativo más, y debe suprimirse de inmediato la financiación a todo tipo de centros que practiquen cualquier tipo de discriminación o no aseguren la gratuidad. El acuerdo social,  político y territorial que necesita el sistema educativo en nuestro país debe abordar, ya es hora, la existencia de esta perversa anomalía de los centros concertados, que tienen como función principal el negocio económico (se han descubierto últimamente incluso nichos de corrupción en este asunto), así como el adoctrinamiento ideológico, que abordaremos enseguida. Continuaremos en siguientes entregas.

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Published by Rafael Silva - en Educación
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