Actualidad Política y Cultural - Blog de Rafael Silva

Con ejemplos como el de EuroVegas, recientemente fracasado, se toma la referencia para la siguiente hornada de puestos de trabajo que parece quieren fomentar desde la derecha política y empresarial de este país, en connivencia y total complicidad con las políticas que desde la Unión Europea se ponen en marcha. Ello fomentado, además, por las recientes Reformas Laborales, que convierten el empleo en un caótico mercado, casi completamente desregulado, donde la fuerza de trabajo se convierte en una cada vez más degradada mercancía. Se pierden derechos económicos y sociales, se destruyen garantías, se eliminan conquistas históricas de la clase obrera, se abaratan los despidos, se reducen los salarios, aumenta la temporalidad, y desaparecen todas las normas que antes regulaban las relaciones laborales.

El sistema, bajo el mantra de que "Es lo que hay", va transformando derechos en privilegios, y difundiendo el mensaje de que nunca volveremos a disfrutar de los puestos de trabajo que teníamos con anterioridad al estallido de la crisis. Según recientes estudios de opinión, una mayoría de jóvenes estarían dispuestos a trabajar en cualquier sitio, haciendo cualquier trabajo, y cobrando cualquier sueldo. Frente a todo ello, desde la izquierda queremos insistir en la idea de que no todo puesto de trabajo nos sirve, de que no todo el empleo que se pueda ofrecer es válido, y de que, junto a la defensa de un nuevo modelo productivo, tenemos que encaminar nuestros esfuerzos en recuperar el concepto del trabajo digno. Pero, ¿qué significa trabajo digno? Pues básicamente un trabajo que responda a los principios recogidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en la Carta de la Tierra, y en la Carta Social Europea. Están recogidos también en la propuesta de Programa Electoral de la Izquierda Europea para las próximas Elecciones a la Eurocámara. Vamos a desgranarlos brevemente a continuación.

El trabajo humano es la principal fuerza productiva, junto con la propia naturaleza. El trabajo humano no puede ser considerado, por tanto, como una mercancía más. El sistema capitalista, en su empeño en introducir la filosofía mercantilista en todos los aspectos de la vida, ha prostituido el trabajo, lo ha desvirtuado, despojándolo de su función social. Ha de recuperarse una visión decente del trabajo humano. Desde este punto de vista, los puestos de trabajo que se creen deben ser caracterizados como decentes de acuerdo a los estándares de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Esto quiere decir que han de generar unos ingresos dignos, seguridad en el lugar de trabajo, protección social para las familias, perspectivas de desarrolllo personal e integración social, libertad para que las personas expresen sus opiniones, participación en las decisiones que afectan a sus vidas, e igualdad de oportunidad y trato para mujeres y hombres.

Se trata por tanto de eliminar, de descartar, todo el empleo de mala calidad, desprotegido y precario, que domina actualmente el mercado laboral, no sólo en España, sino también en todos los países de la periferia europea. La participación salarial tiene que crecer recuperando el peso perdido en los últimos años, en contraposición con la participación de los beneficios. Esto se puede conseguir coordinando políticas salariales, y entrando de lleno en la determinación salarial fortaleciendo la centralización de la negociación laboral. Apostamos por el desarrollo de una política de coordinación salarial que vincule el crecimiento salarial a la suma del crecimiento de la productividad y la inflación en los países con déficit comercial, y que establezca crecimientos salariales superiores a esa marca en los países con superávit comercial.

Abogamos por la instauración de topes salariales, tanto por arriba como por abajo, tanto en la empresa pública como en la privada. Debe actualizarse el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) a una cantidad digna (en torno a los 1.000 euros), así como luchar contra la economía sumergida y el fraude fiscal empresarial. La actividad productiva ha de estar orientada a la satisfacción de las necesidades colectivas y al mantenimiento de una sociedad cohesionada y equitativa, de tal forma que la riqueza nacional se redistribuya justamente, por lo cual se han de imponer topes salariales tanto en el sector público como en el sector privado, a fin de romper con la tendencia de desigualdad que conlleva la dinámica capitalista. Por su parte, el papel de la negociación colectiva es clave para facilitar las condiciones económicas justas para todos los trabajadores/as. Ello aseguraría, asímismo, un elemento sólido de demanda interna que fomente el consumo, y por tanto, el crecimiento económico. Además, hay que desarrollar normativa laboral para incrementar la participación de los trabajadores/as en la toma de decisiones de las empresas, introduciendo medidas de democracia económica. Esta participación asegurará un comportamiento más adecuado de las empresas a largo plazo, estableciendo además unas relaciones de identidad más sólidas con la actividad productiva.

La precariedad laboral ha de estar prohibida por ley. La flexibilidad laboral (o flexiseguridad, como ha sido denominada bajo otra nueva falacia) no ha de estar contemplada como instrumento de creación de empleo. Y en cuanto a la productividad, entendemos que la implantación de todas estas reformas y garantías, motivarían al mundo laboral, enriqueciendo las relaciones laborales, y contribuyendo a un aumento de la productividad. El tiempo, el reparto y las jornadas de trabajo también han de valorarse y transformarse. Pensamos que el avance de la productividad tiene que incidir positivamente en las condiciones de vida y de trabajo de los ciudadanos/as, y tiene que repercutir en una mejor conciliación de ambos aspectos. La economía ha de quedar subordinada a los principios sociales de sostenibilidad, trabajo decente, equidad y democracia. Actualmente, la cantidad de personas desempleadas, fruto de la implantación de políticas desreguladoras del mercado laboral, es mucho más elevada de lo que el sistema puede absorber a corto plazo a través de cualquier política de estímulo, por lo que procede repensar también lo referente a jornadas y repartos del trabajo.

En consecuencia, apostamos por la reducción de la jornada laboral, paralela al crecimiento de la productividad. Repartir y reorganizar el trabajo, para que podamos trabajar todos. Hay que acomodarse también a los límites del planeta, reduciendo el impacto del consumo material desmedido, y ajustando la capacidad de producción a los recursos existentes, fomentando un consumo responsable y un comercio justo. Es urgente poner la economía al servicio de las personas, de modo que un reparto del trabajo se vuelve imprescindible para aspirar al pleno empleo en el marco de un nuevo modelo de producción y consumo. Pero un reparto del trabajo que se haga sobre la base de un incremento de la participación salarial en la renta, es decir, manteniendo sueldos, y reduciendo los márgenes de beneficios y ganancias empresariales. Asímismo, los ERE y las deslocalizaciones empresariales han de quedar prohibidas para empresas que declaren beneficios.

Todo ello junto con la paulatina migración a un nuevo modelo productivo y de desarrollo económico, que se base en los pilares de una profunda reindustrialización sobre sectores sostenibles, la inversión pública en Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i), la inversión en Ciencia y Cultura, la recuperación para el sector público de todas las grandes empresas de los ámbitos estratégicos de la economía (telecomunicaciones, energía, agua, transporte, alimentación, banca, etc.), gestionadas democráticamente, la potenciación de todas las industrias y sectores ligados al Estado del Bienestar (Educación, Sanidad, Dependencia, etc.), y garantizar la titularidad pública en sectores como la Vivienda, las Infraestructuras, las Pensiones, y todos los servicios declarados de primera necesidad, que han de estar garantizados para toda la ciudadanía, independientemente de su situación. La especulación sobre tasas y precios públicos debe erradicarse, así como los sistemas de copago y repago.

Con todos estos mecanismos será posible transformar la lógica de la competencia y el ajuste, por la lógica de la cooperación, la complementariedad y la redistribución. Este es el tipo de trabajo al que tenemos que aspirar, un trabajo decente, con derechos, con protección social, estable, que permita llevar a cabo un proyecto de vida mínimamente digno. Un tipo de trabajo que además responda a otro modelo productivo, a otro modelo económico, a otro patrón de crecimiento, que sea respetuoso con el medio ambiente, y que contribuya a la sostenibilidad desde los puntos de vista humano, económico, social, ecológico y medioambiental. Y no debemos conformarnos con menos, porque sería entrar al juego sucio, a un juego cuyas reglas nos marcan las grandes empresas transnacionales, aquéllas que han contribuido al estallido de la crisis, las que nos han metido en ella, y que ahora continúan enriqueciéndose a nuestra costa, a costa de la riqueza del mundo del trabajo, de la riqueza colectiva, de la riqueza generada por los recursos y los servicios públicos.