Actualidad Política y Cultural - Blog de Rafael Silva

Bien, nos quedaban pendientes de explicación algunos aspectos de la nueva Contrarreforma Laboral, que vamos a abordar en este último artículo de la serie. Ya hemos tratado en anteriores artículos muchos temas relativos a ella, tales como el despido, la desprotección de los trabajadores, el ataque a los sindicatos, los nuevos tipos abusivos de contratación, la concesión de todo el poder a los empresarios, el ataque a los Convenios Colectivos, la apertura de dichas medidas también al sector público, la eliminación de autorizaciones administrativas para los ERE, la modificación unilateral de las condiciones de trabajo, el tema de la ultraactividad de los Convenios, y los temas relacionados con el absentismo y las bajas laborales, en su posible incidencia en los despidos.

Los parados/as que estén cobrando la prestación por desempleo podrán ser requeridos para llevar a cabo tareas de interés general en beneficio de la Comunidad, además de formarse y buscar empleo. Todo ello responde a la lógica diabólica que subyace a la Reforma, que podemos resumir en que el propio trabajador es culpable/responsable de no tener empleo. Y a partir de ahí, entramos en una dinámica donde los parados se han de justificar al máximo, para poder argumentar y demostrar al sistema que deben ser beneficiarios de las prestaciones. Como ya hemos dicho en otros artículos, esta Contrarreforma enfrenta a unos colectivos con otros, y esto es un buen ejemplo de ello.

Otro gran asunto que el nuevo Decreto-Ley transforma es lo relativo a los Servicios Públicos de Empleo, sus capacidades, su gestión y sus objetivos. Hasta ahora eran ellos (con sus limitaciones) los responsables oficiales de canalizar las ofertas de empleo y hacerlas llegar a sus destinatarios. Esta tarea ya se hacía mal desde muchísimo tiempo atrás, pero ahora el PP ha terminado con ella de forma total. Se autoriza a las Empresas de Trabajo Temporal (las famosas ETT) a ser Agencias Privadas de Colocación, volviendo a relegar al sector público a un desmantelamiento y retirada de sus funciones, para justificar más tarde su privatización. Ello supondrá que empresas que tienen como finalidad el lucro y el beneficio personal de sus gestores, intervengan en los puestos de trabajo de miles de personas. Otra aberrración más del sistema.

Se eliminan las bonificaciones mensuales de las cuotas empresariales a la Seguridad Social para los contratos indefinidos de las mujeres que regresan a su puesto de trabajo tras la maternidad o una excedencia por cuidado de hijos, durante "los 4 años siguientes a la reincorporación efectiva de la mujer al trabajo", lo cual supone un flagrante retroceso en la igualdad, pues los empresarios volverán a justificar la no contratación de mujeres con la excusa de la maternidad. De nuevo, un varapalo a los parámetros y al estatus conseguido en torno a la igualdad hombre-mujer en el mundo laboral, por si fuera poco el panorama que tenemos en otros aspectos ligados a este tema.

Se abre la vía del contrato de aprendizaje y formativo con formación en la propia empresa y sin limitación hasta los 30-33 años si la actividad laboral es distinta con unas retribuciones de 481,05 euros. Anteriormente este contrato contaba con una limitación de tres años, pero ahora se podrán hacer tantos contratos como actividades laborales distintas en las que se trabaje, por lo cual se convierte en posibilidad real prestar servicios desde los 16 años hasta los 33 con un salario equivalente al 75% del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Se crean de esta forma las condiciones para poder condenar definitivamente a los jóvenes al desempleo y al infraempleo constante, a través de estos "minijobs" o "infrajobs". En fin, una Contrarreforma Laboral que no tiene desperdicio, se mire por donde se mire.

Pero el tema de la formación no termina aquí, pues además de fomentar el lucro de las Agencias Privadas de Colocación, cuyos beneficios residen en la sobreexplotación de los trabajadores/as, sus funciones (donde han metido también a la Iglesia) van mucho más allá de lo que tiene que ver con la intermediación laboral, sino que se amplían con el desarrollo de las políticas activas de empleo: información y orientación profesional, y también la necesaria Formación Ocupacional (o Formación para el Empleo). Pero además de todo ello, el Gobierno considera la Formación del trabajador como un derecho individual, creando una cuenta de formación para cada trabajador/a, que se mide en horas. Se reconoce a los trabajadores en riesgo de perder su puesto de trabajo por "falta de adaptación a las modificaciones técnicas", y el derecho al reciclaje profesional mediante un período de formación retribuida durante al menos dos meses, y si tienen más de un año de antigüedad en su empleo, tendrán un permiso retribuido de 20 horas de formación al año, pudiéndose acumular las horas de hasta 3 años, pagado por su empresa, y vinculado al puesto de trabajo.

Podemos afirmar con rotundidad que este Decreto-Ley de Reforma Laboral del PP sólo servirá para que los trabajadores/as de este país pierdan más derechos, y se destruya más empleo. De hecho, de las 52 Reformas Laborales que se han hecho al Estatuto de los Trabajadores desde el año 1980, ni una sola ha creado empleo, ni ha servido para mejorar las condiciones laborales. Se conoce, igual que ocurrió en otros muchos aspectos, que pudimos conseguir algo que gustaba bien poco a los poderes fácticos de la derecha, y que se están encargando de destruir poco a poco, aunque ha sido la reforma del PP la que lo ha llevado a cabo con más descaro, pues ha desmontado de un plumazo todo el entramado de relaciones laborales que teníamos en vigor, desequilibrando totalmente el sistema, y haciendo caer a la clase trabajadora en la desprotección más amplia que se había conocido hasta ahora.

Se trata, como hemos indicado desde la izquierda, de un Golpe de Estado contra los derechos de los trabajadores. Es la mejor reforma para los empresarios, incluso más completa que lo que ellos podían esperar, y el mayor despliegue de recortes de derechos laborales de la historia de la democracia en nuestro país. Nos tendríamos que preguntar qué habrían hecho ellos si el Golpe de Estado hubiera sido a la inversa: esto es, por ejemplo, que un Gobierno hubiera decretado la nacionalización de todas las fortunas superiores a los 50 millones de euros mediante Decreto-Ley. Desde la izquierda volvemos una y otra vez a llamar a la movilización, a la rebeldía, a la insumisión, a la protesta constante, pacífica pero incesante de la clase trabajadora, porque es la única forma que tenemos de conseguir que estos abusos y estos escenarios de injusticia social a los que nos quieren llevar se corrijan, y consigamos enderezarlos, que rectifiquen, que negocien con los sindicatos, y que consigamos nivelar un poco la balanza.