Continuamos en esta sexta entrega con los temas relativos al SPP (Sistema Público de Pensiones), contextualizando en primer lugar el conocido como "Pacto de Toledo", que tantas veces se refiere al hablar de estos temas. Se suele remitir dicho pacto como el referente para el consenso político sobre los posibles cambios en el SPP, pero, ¿qué fue realmente el Pacto de Toledo? Firmado en la época del último Gobierno del PSOE de Felipe González, y suscrito por todos los grupos parlamentarios (incluida Izquierda Unida), con el apoyo de los dos sindicatos mayoritarios (CC.OO. y UGT), fue aprobado en el Parlamento en el año 1995. Formalmente, se trataba de un supuesto compromiso mayoritario para reforzar, consolidar y comprometer la viabilidad futura del SPP.
En el Pacto se establecían tres "modalidades de protección": una eran las pensiones contributivas, vinculadas a la cotización, que fueron definidas como el "núcleo esencial del sistema". La segunda eran las pensiones no contributivas, que iban "dirigidas a compensar la ausencia de rentas en los ciudadanos/as que se encuentren en situación de necesidad". Y la tercera eran las "prestaciones complementarias de naturaleza libre y gestión privada", que debían servir para "completar las pensiones del sistema público", es decir, los "fondos privados de pensiones". Por tanto, desde ese momento se daba importancia institucional a la posibilidad de que el SPP fuera "complementado" mediante los planes privados de pensiones, obsesión que llega hasta nuestros días. El Pacto de Toledo dio legitimidad a este modelo "mixto" que el capital financiero buscaba implantar desde hacía dos décadas: pensiones públicas escasas y "planes privados complementarios", junto a una cierta ayuda de beneficencia para los más pobres (las pensiones no contributivas) que limara las posibles tensiones sociales.
Al mismo tiempo, desvincularon también el sistema de pensiones de los impuestos, y lo vincularon directamente a las cotizaciones sociales de empresarios y trabajadores, por lo cual siempre se argumenta (correctamente) que son los trabajadores de hoy los que sostienen a los actuales pensionistas, y que nuestras pensiones del mañana serán cubiertas por los futuros cotizantes. Estas bases de funcionamiento no se han tocado desde entonces, pero bien pudieran ser transformadas en algunos aspectos, por ejemplo, ligando también la financiación del SPP por la vía de los impuestos. Pero el Pacto de Toledo solo fue el principio. Después de tres Gobiernos del PSOE, la base de cálculo de las pensiones pasó de 2 a 25 años (el cómputo de años de la recta final de la vida laboral que sirven para calcular la cuantía de la pensión), el número de años de cotización mínimos (para poder cobrar la pensión completa) pasó de 35 a 38,5, y la edad legal de jubilación pasó de los 65 a los 67 años, independientemente de que existan otras edades, como la edad de jubilación real, los casos de prejubilaciones, jubilaciones anticipadas por enfermedad, por ERE empresariales, etc.
Y en la nueva reforma propuesta por la Ministra Báñez, a las órdenes de la Troika (que para eso el tándem PP-PSOE son muy diligentes), quiere redondear y culminar el proceso, convirtiendo las pensiones públicas en pensiones de supervivencia, el SPP en un sistema poco menos que de beneficencia, en un sistema subsidiado (el cálculo de los expertos nos dice que para el año 2050 podremos estar cobrando pensiones de 500 euros), y todo ello para hacer de los sistemas privados de pensiones el negocio del siglo para bancos y aseguradoras. Todo ello, eso sí, vestido a la más limpia y vieja usanza del engaño masivo y del más exacerbado cinismo, difundiendo el mensaje de que su reforma va a garantizar las pensiones futuras. Y es que como estamos pudiendo comprobar desde la primera entrega de esta serie de artículos, el montón de mentiras y falacias que nos cuentan sobre este tema es abrumador. Siguiente mentira: destacar, para ver el sinsentido global de la reforma, que el porcentaje que nuestro país dedica a las pensiones, en una situación de economía sufriendo una larga depresión, esto es, con un PIB muy por debajo de lo que podría ser, es del 10% del PIB, dos puntos por debajo de la media de la UE. Este es el nudo de la cuestión y el error fundamental de la política del gobierno: se planea y proyecta a largo plazo el futuro de las pensiones cuando lo que hay que resolver es el futuro del empleo, o lo que es lo mismo, como se sale de la crisis.
Lo expresaron muy bien Juan Torres y Vicenç Navarro cuando argumentaron: "¿No están, pues, las pensiones públicas en peligro? Lo están desde luego, como lo están también muchos otros derechos sociales. Lo que ocurre es que la amenaza no se deriva de las razones a las que apuntan los neoliberales, sino que justamente existe porque se aplican las políticas que ellos proponen. Lo que hace peligrar el disfrute de los derechos sociales es la falta de empleo, el empleo precario, los salarios bajos, la desigualdad, la baja participación laboral de las mujeres, la especulación financiera, el reducido gasto social…, es decir, todo lo que han provocado las políticas que se vienen realizando en los últimos decenios”. Es decir, el problema existe, pero existe por la implantación de sus políticas, y de ello se deduce siguiendo la lógica más elemental, que no pueden ser ellos los que vengan a sugerirnos las posibles soluciones.
Y vamos a finalizar de momento con las palabras de otro gran economista de izquierdas, como es Pedro Montes, que se refiere a este asunto en los siguientes términos: "Hay una lucha despiadada por el excedente económico, la plusvalía marxista, que abarca y recorre todos los entresijos sociales. Ningún derecho de los trabajadores está salvaguardado, y es así como vemos la caída de los salarios directos, los salarios indirectos, o sea los gastos en servicios sociales, y los salarios diferidos, es decir, las pensiones. Nada está a salvo en esta época de ofensiva salvaje de la burguesía en la lucha de clases. Y para obtener ventajas económicas sustanciales, hay que previa o simultáneamente reducir el poder político de los trabajadores y la inmensa mayoría de los ciudadanos. De ahí la reforma laboral, el acoso a los sindicatos, la reforma de las pensiones, la represión contra las protestas: cuanto más inseguridad y miedo sientan las personas mejor se les explota". Continuaremos en siguientes entregas.
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