Actualidad Política y Cultural - Blog de Rafael Silva

En recientes declaraciones procedentes de fuentes del Ministerio del Interior, hemos asistido a sus intenciones de limitar, recortar o prohibir directamente las acampadas del movimiento 15M en Madrid (Puerta del Sol), y en otro sitios de la geografía española. Tales intenciones y declaraciones nos demuestran que estamos ante un nuevo intento por parte de nuestros gobernantes de silenciar a la opinión pública, de prohibir la acción de la sociedad civil organizada, y de criminalizar la protesta de los movimientos sociales y políticos en nuestro país. Ante movimientos pacíficos de protesta, la represión policial no es la solución.

Hay graves antecedentes directos que nos han puesto en situación de alerta, tales como la intención que tiene la CEOE de volver a regular el Derecho de Huelga de la clase trabajadora, que es una de las pocas cosas que todavía no se han tocado del Estatuto de los Trabajadores. Pero ya sabemos que la Gran Patronal lleva muy mal que los trabajadores se manifiesten, protesten, se organicen, se rebelen y expresen su indignación ante el sistema, un sistema que no los representa, que los maltrata, que los ignora, que los engaña permanentemente, y que los utiliza para explotarlos cada vez más, en pro de engordar las rentas de banqueros, políticos y grandes empresarios.

Pero en el fondo, lo que tenemos es un problema de democracia. La situación provocada por la crisis económica y la injusta salida de la misma que se ha practicado hasta ahora, haciendo recaer los recortes sobre las capas más débiles de la sociedad, ha puesto en evidencia que nuestra democracia está gobernanda por los mercados, por los poderes financieros y por las organizaciones e Instituciones Internacionales que les sirven (no elegidas por nadie, por tanto sirviendo únicamente a sus propios intereses privados), y no por la soberanía de los pueblos, expresada en sus instituciones parlamentarias y sus respectivos gobiernos. Ello, como no puede ser de otra manera, está provocando una tremenda indignación social, una gran desconfianza política y un gran desapego significativo y más que justificado, hacia una democracia participativa secuestrada por los mercados y por los partidos políticos que les apoyan.

Ante esta situación, la movilización de la ciudadanía crítica es fundamental, porque representa la expresión sentida de ese desapego, de esa rebeldía frente a los mercados, los banqueros, los gobiernos, las instituciones y los partidos que se alinean con sus tesis. Es necesario, pues, construir una democracia real, avanzada y participativa, pero para ello se necesita una sociedad civil fuerte y vertebrada, potente y organizada, con voluntad de representar y de ser representada, con voluntad de acción, de agrupación y de significación en la práctica política diaria. Una sociedad civil en la que las organizaciones y colectivos sociales, desde diferentes experiencias y propuestas, contribuyan con un necesario protagonismo a la democratización y transformación de la sociedad.

Desde la izquierda entendemos que, al margen de la lógica autonomía y responsabilidad de los diversos agentes sociales, las fuerzas políticas deben apostar sin ambages por el reconocimiento y el fortalecimiento de la participación social. Frente al clientelismo y a la burocracia partidista, consideramos necesario pasar de la actual democracia representativa (que ya de por sí dista mucho de ser justa, con la actual Ley Electoral) a la participativa, en la que cada ciudadano/a sea elemento activo y directo en la toma de decisiones.

En concreto, nosotros defendemos lo que podemos llamar el Estado Social Participativo, como un nivel o una organización de la sociedad que supera al actual Estado Asistencial, en el que el Bienestar Social no sólo no se ha completado nunca, sino que además los servicios públicos se están cuestionando a favor de superar el déficit público, y sanear y equilibrar las cuentas públicas, como un supremo mandamiento de toda la política, como el epicentro de toda la acción de gobierno. Se reduce de esta forma la política a una mera contabilidad de la Administración, entendiendo los servicios públicos únicamente con un fin económico al que tienen que responder, y no con una finalidad humana y social en sí misma.

Nosotros nos enfrentamos a este modelo, queremos cambiarlo, prentendemos evolucionar hacia un modelo distinto, donde la democracia debe caracterizarse por el mantenimiento de la centralidad de lo público, primar el protagonismo de lo público, recuperar su importancia y su auténtica dimensión, como elemento capaz de promover el interés colectivo, la igualdad y la solidaridad, donde todas las decisiones sean tomadas desde la gestión compartida y consensuada con la ciudadanía, y todo esto de la forma más directa posible.

Por todo ello, nos oponemos frontalmente al recorte de derechos civiles, sociales y políticos, y manifestamos nuestro más firme rechazo a los intentos de limitación del derecho de manifestación que viene practicando este Gobierno, y más concretamente con el movimiento 15M, movimiento pacífico desde su base, que intenta denunciar al sistema, exponer sus protestas y conseguir una evolución de nuestra sociedad hacia un nivel participativo de sus ciudadanos mucho mayor que el que tenemos hoy en día. Intentos gubernamentales de controlar y criminalizar dichos movimientos solo traerán consigo mayor indignación y rebeldía por parte de la sociedad.