Actualidad Política y Cultural - Blog de Rafael Silva

"Cuando el gobierno viola los derechos del pueblo, la insurrección es para el pueblo, y para cada porción del pueblo, el más sagrado de sus derechos, y el más indispensable de sus deberes"

(Artículo 35 de la Declaración de los Derechos del Hombre, 1793)

"El empoderamiento político implica construir una democracia que no sea la de las élites, las corporaciones y el dictado de los mercados, sino la democracia de los ciudadanos, de la virtud cívica y de la preocupación por el bien común"

(Andrés H.)

Al hilo del nuevo modelo de sociedad que estamos proponiendo, basada en una plena democracia, es obvio que el sujeto político soberano, es decir, el pueblo, debe ser el agente transformador por excelencia, que lleve a buen puerto las transformaciones que la inmensa mayoría social está reclamando. Todo ello mediante un nuevo Proceso Constituyente, que devuelva el poder y la palabra a la sociedad, para que sea ésta en su conjunto la que pueda guiar el proceso. Bien, pero la pregunta que nos hacemos, llegados a este punto, es la siguiente: ¿realmente está el conjunto de la ciudadanía preparada para desempeñar tal papel? Lo cierto es que desde la Transición (por no remontarnos al franquismo) venimos desempeñando un rol completamente pasivo, acostumbrados no sólo a una escasa participación en los asuntos públicos, sino a reproducir en nuestros comportamientos y actitudes personales y colectivas los valores propios del capitalismo, inculcados durante décadas.

En nuestro imaginario colectivo aún persisten muchos miedos, muchos tópicos, muchas falsedades, muchos prejuicios y sectarismos, cierta inmadurez intelectual, bastante incultura política, y muy poca predisposición hacia la idea de ciudadanía activa, partipativa y reivindicativa que necesitamos. De ahí que aboguemos por un nuevo concepto de ciudadanía, que debe estar en absoluta consonancia con el concepto de democracia plena que propugnamos, pero además de ello, necesitamos una ciudadanía que se constituya en el auténtico eje de la vida social del país, y como consecuencia de todo ello, disfrutar de una clase política acostumbrada a respetar nuestros derechos, y también nuestros deberes. Todo ello implica, pues, una mayor concienciación ciudadana, unas elevadas dosis de civismo, una mayor organización del tejido social de este país, y un mayor nivel de empoderamiento popular del que ahora disfrutamos. El objetivo último es conseguir una dimensión de ciudadanía responsable, vigilante y celosa del cumplimiento de sus derechos, pero ávida de ejercer su cuota de participación en los asuntos públicos que les afecten.

Es fundamental, pues, defender el cultivo de una mayor conciencia cívica, porque la democracia la construyen los ciudadanos, la construimos entre todos. El mismo sentido ético que le pedimos a gobiernos, organismos y empresas debemos aplicarlo también al tejido social y ciudadano del país. Y esto implica respetar, para nosotros y para los demás, determinados valores universales, como los recogidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El concepto de ciudadanía al que tenemos que aspirar es un concepto universalista, surgido, exigible y compatible con el disfrute de una democracia real, que se identifica con los principios políticos de su comunidad. Tres ejes fundamentales caracterizarían al nuevo concepto de ciudadanía, ejes que pasarían respectivamente por la reclamación, garantía y consecución de todos nuestros derechos de ciudadanía, por el nivel de participación política y social de una ciudadanía responsable, y por la asunción de una nueva escala de valores, actitudes y comportamientos sociales en consonancia con los nuevos valores democráticos. Vamos a profundizar, a continuación, sobre los tres pilares en los que debería descansar ese concepto nuevo de ciudadanía que queremos alcanzar:

1.- PRIMER EJE: CARTA DE DERECHOS DE CIUDADANIA. Enmarcados bajo el auspicio de una serie de Organismos Internacionales que velan por la difusión y el cumplimiento de los Derechos Humanos (como puedan ser la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Carta Social de la ONU, el Pacto Internacional para los Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional para los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y los informes de UNESCO, ACNUR, OIT, OMS, UNICEF, PNUMA, Cruz Roja Internacional, Amnistía Internacional, Greenpeace, Liga Internacional de los Derechos Humanos, y otros), es evidente que lo primero que ha de tener garantizado el nuevo concepto de ciudadanía es el conjunto de derechos básicos y fundamentales, así como de libertades públicas mínimamente exigibles en el marco de una sociedad libre, democrática y avanzada.

Nuestros Derechos Humanos fundamentales, y aquéllos reconocidos expresamente por nuestra Constitución (la nueva Constitución surgida del Proceso Constituyente) han de ser garantizados de forma expresa, tanto en la Carta Magna como en el subsiguiente desarrollo normativo que le afecte, blindando completamente los derechos básicos y libertades fundamentales de la ciudadanía. Como norma general, y para su respectivo cumplimiento, cada derecho fundamental deberá estar cubierto por un servicio público que lo garantice. Porque en efecto, derechos y servicios públicos forman un tándem casi inseparable en la consecución de una sociedad libre, sana, justa y avanzada, todo eso de lo que estamos tan faltos. Pero curiosamente, cuando se habla de Servicios Públicos, y en principio, la ciudadanía suele pensar únicamente en Sanidad y Educación, pero se olvida (quizá por nuestra cultura tan poco democrática) de otros tan importantes, como pueden ser la Justicia, la Banca, el Transporte, las Comunicaciones o la Energía. Y hablando de derechos subjetivos, pasa tres cuartos de lo mismo: Trabajo y Vivienda suelen ser los más claros y los primeros en aparecer, pero otros, como la Igualdad o la Cultura, son igualmente interesantes, y completamente necesarios para una sociedad libre, justa, avanzada e igualitaria.

Sin querer publicar un exhaustivo catálogo, los derechos fundamentales expresados en dicha Carta Social de Ciudadanía podrían recoger el derecho a la subsistencia (que incluiría el derecho a una renta básica), el derecho a la educación (pública, universal, gratuita, laica, inclusiva), el derecho a la sanidad (universal, pública, gratuita), el derecho al trabajo (trabajo digno y decente, estable y con derechos, no empleos precarios), el derecho a la vivienda (como mínimo, el derecho a una vivienda del parque público de alquier social), el derecho a la igualdad (en los aspectos de sexo, raza, creencia, opinión, religión, opción afectivo-sexual, y sobre todo, igualdad entre hombre y mujer), el derecho a la cultura (el acceso al arte y a la cultura en todas sus manifestaciones, ha de quedar completamente garantizado en su totalidad por los poderes públicos), el derecho a la justicia (en realidad, el derecho a la tutela judicial efectiva, garantizando igualmente su universalidad y gratuidad), el derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo (mediante la regulación de una ley de plazos que garantice un aborto libre, público, seguro y gratuito), el derecho a la muerte digna (regulando la posibilidad de ejercer la eutanasia activa y/o el suicidio asistido, así como el testamento vital del paciente), o el derecho a la libertad de expresión (reunión, asociación, manifestación, y otras variantes).

Y como hemos dicho, la consecución de estos y otros derechos fundamentales deberán estar en íntima relación con el desarrollo y la garantía de prestación y cobertura de una serie de Servicios Públicos básicos, gestionados por sus correspondientes Agencias Públicas. Las fundamentales podrían ser las Agencias Públicas de Alimentos (integrando la labor social que realizan actualmente varias ONG's, Bancos de Alimentos y Asociaciones de carácter religioso, como Cáritas o Cruz Roja), la Red Asistencial de Servicios Sociales (para asistencia tutelada de menores, residencias de ancianos/as, centros para discapacitados, centros para recuperación de drogodependientes, fundaciones sociales para la ayuda a enfermos mentales, etc.), las Agencias Públicas de Ayuda a la Dependencia, las Agencias Públicas de Atención al Medio Ambiente, o los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad Pública (integrando a los servicios médicos de urgencia, bomberos, protección civil, policía a diferentes ámbitos territoriales, servicios de seguridad vial, incluso unidades "militares" de emergencia, sin que ninguno de ellos tenga carácter u organización militar).

Incluiríamos aquí también al Sistema de Banca Pública (proveniente de la nacionalización de las entidades rescatadas y de las antiguas Cajas de Ahorros, destinado a depositar los ahorros de la inmensa mayoría social, y por tanto, sin capacidad de ejecutar operaciones especulativas, ni operar mediante paraísos fiscales), la Agencia Pública de Medios Audiovisuales (que integraría las funciones del actual servicio de la Radio Televisión Pública, y todos sus medios dependientes, garantizando una programación de calidad, así como una información imparcial, profesional, veraz y objetiva, y también la Agencia Pública de Telecomunicaciones, garantizando el acceso a Internet de forma gratuita y universal), la Agencia Pública de Transportes (integrando la red pública de carreteras, y velando por la difusión de una red de transporte público, potenciando los transportes colectivos y no contaminantes, como el metro, el autobús y el ferrocarril básico), la Agencia Pública de Energía (proveniente de la nacionalización del actual oligopolio eléctrico, para acabar con los abusos de estas grandes compañías y el grado de pobreza energética creciente en nuestro país, así como para abandonar las energías fósiles y cultivar las energías renovables), y la Agencia Pública del Agua (que gestionara desde el ámbito público todo lo que tiene que ver con el origen, extracción, purificación, conservación, transmisión, abastecimiento, gestión, almacenaje, envasado, consumo, depuración, etc., de este recurso humano natural y universal). Finalizaremos en la próxima entrega.