Acabamos de asistir hace poco tiempo a la aprobación definitiva por parte del Congreso de los Diputados del llamado "pensionazo", esto es, un recorte del actual Sistema Público de Pensiones, que entre otras varias modificaciones, alarga la edad legal de jubilación dos años más, hasta situarla en los 67 años. Desde Izquierda Unida siempre hemos pensado que dicha Reforma era injusta (de nuevo pagan los trabajadores), innecesaria (pues el sistema era totalmente sostenible) y regresiva para los intereses de los trabajadores, desmontando otra de las grandes conquistas del Estado del Bienestar, como es la jubilación a una edad en la que todavía se pueda disfrutar de la cultura del ocio.
Efectivamente, y tras 25 años de subida garantizada, el Gobierno anuncia que en 2011 no se revalorizan la mayoría de las pensiones. Nos enfrentamos además a otros peligros inmediatos: menos creación de residencias para mayores, y en el campo sanitario, a la hora de extender las recetas, la nueva "adecuación" de envases se convierta en una trampa para rebajar los tratamientos.
Pero el objetivo más importante de estas "reformas" es favorecer a los Bancos facilitando las pensiones privadas. Los verdaderos beneficiados de ello son los Bancos y las gestoras. Nuestros ahorros les reportan enormes beneficios. Es por eso que los bancos y las cajas publican periódicamente informes anunciando el colapso de las pensiones en un plazo de diez años: La Caixa (1998), el BBVA (2005 y 2007), el Banco Santander (1992 y 1999), el Banco de España (1995, 1999, 2002 y 2009). El objetivo: crear alarma social sobre el futuro de las pensiones públicas. Con ello pretenden mandar una señal a los grandes inversores de capital a costa de los pensionistas.
El Sistema Público de Pensiones es fuerte y está consolidado. Los argumentos alarmistas del Gobierno son engañosos y carecen de rigor, por lo que tienen que recurrir a dos mitos falsos sobre las pensiones:
1.- El principal es el aumento de la esperanza de vida. Es incorrecto. Este se debe a que ha descendido la mortalidad infantil y ha mejorado la salud de la población. El Gobierno hace previsiones demográficas sin rigor: no se pueden hacer cálculos serios más allá de 10 años. Además, lo decisivo en un sistema de pensiones de reparto no es el número de jóvenes y adultos que hay por cada pensionista, sino el número de cotizantes y el importe de la cotización por cada uno de ellos.
2.- Dicen que el incremento del gasto en pensiones será excesivo en el futuro. Tampoco es cierto. Puede verse que en 2030 la cifra disponible para factores que no son pensiones será casi 750.000 millones de euros más que en 2010 y en 2060 más del doble.
No hace falta recortar las pensiones (en Italia representan el 14% del PIB), ni elevar la edad de jubilación (Francia la tiene a los 60 años), ni ampliar el número de años para calcular la pensión. Lo que hace falta es reforzar y consolidar el sistema. Nuestro Sistema de Pensiones no corre ningún riesgo. Consideramos que la magnitud alcanzada por este Fondo de Reserva debe utilizarse para garantizar una pensión contributiva mínima de 900 €, una pensión de viudedad no menor del 85% (765 €) y una pensión no contributiva no menor del 75% (675 €).
Estamos en contra de cualquier congelación de las pensiones, y de cualquier modificación para el acceso y cálculo de las mismas, todo lo contrario, por ello proponemos:
1.- Eliminar los topes máximos de cotización y acercar la cotización a los salarios reales.
2.- Que no se aumente la edad de jubilación por encima de los 65 años.
3.- Que no se incremente el período de cómputo para el cálculo de la pensión más allá de los 15 años.
4.- Que las pensiones se revaloricen al menos en el mismo porcentaje del IPC, y más aún para las pensiones más bajas.
5.- Flexibilizar la edad de jubilación de forma voluntaria en determinadas actividades profesionales, incentivando en ese caso la pensión.
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