Actualidad Política y Cultural - Blog de Rafael Silva

Escuchábamos al Presidente del Gobierno hace un par de semanas jactarse en Bruselas junto a su homólogo finlandés de que su Reforma Laboral le costaría una Huelga General, y pocos días después, en un tono y en una escena verdaderamente patéticos, las confidencias del Ministro Guindos al Comisario de Asuntos Económicos de la UE, en una de las reuniones del ECOFIN, declarando, entre otras cosas, que la Reforma Laboral que se aprobaría sería "extremadamente agresiva"...No hace falta preguntarle al Ministro para quién es agresiva, porque está claro (como era lógico y natural viniendo de este Gobierno) que lo es para los intereses de los trabajadores.

De entrada, es una Reforma no orientada a la contratación sino al despido, que se vuelve más barato (y libre en algunas condiciones, que después comentaremos), legalizando el trabajo precario (por ejemplo, aumentando el período de prueba a un año), acabando con la negociación colectiva (pues permite los descuelgues y da prioridad a los convenios de empresa frente a los sectoriales), y convirtiendo a los parados con prestación en "voluntarios forzados" (en expresión de Cayo Lara).

El tema de las causas del despido es realmente importante, pues además de hacerlo más fácil y más barato (los 45 días por año trabajado de indemnización pasan a 33 en los despidos improcedentes), resulta que ahora las empresas que declaren pérdidas durante los últimos dos trimestres, o bien que las prevean, podrán despedir, PERO INCLUSO LAS QUE DECLAREN O PREVEAN DISMINUCIÓN DE SU ACTIVIDAD, lo cual deja a los trabajadores en la más absoluta desprotección, y al despido como única herramienta en poder del empresario. Detallando por tanto las razones objetivas del despido procedente, la herramienta del despido se generaliza e institucionaliza en nuestro marco normativo laboral.

Igual de grave es la eliminación dentro de la Reforma aprobada de la autorización administrativa (imprescindible hasta ahora) para llevar a cabo los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE), aunque a posteriori se puedan exigir por la Administración Laboral. Y respecto a la Negociación Colectiva, herramienta fundamental en nuestro marco laboral hasta ahora, para proceder al acuerdo de las condiciones laborales a gran escala (sectorial o territorial), con la nueva Reforma se deja fuera de la misma a más del 85% de los trabajadores que están en las pequeñas y medianas empresas, donde en un porcentaje altísimo no hay representación sindical, por lo que quedan en manos de lo que se decida en cada empresa o cada lugar. Los trabajadores quedan más indefensos ante la propia empresa.

Se declara también que las empresas privadas de empleo temporal  (ETT) podrán funcionar como Agencias de Empleo, medida que supone también privatizar aún más el servicio público de empleo, en lugar de dedicar más inversión y más recursos para potenciarlo. Y respecto a que los parados que cobren prestaciones tengan que dedicar sus esfuerzos en tareas públicas de carácter social, en línea con lo propuesto hace poco por la Alcaldesa de Madrid, Ana Botella, se pretende, como decíamos al comienzo, penalizar de alguna forma la situación de desempleo, convirtiendo a los parados en los "voluntarios forzosos" de la Comunidad.

Muchas otras medidas incluye la nueva y catastrófica Reforma Laboral, pero he querido dejar para el final el tema del salario, del que tanto hemos hablado en nuestra serie de artículos sobre "Filosofía y Política del Trabajo", ya que la nueva norma, por resumirlo rápidamente, permite a los empresarios bajar fácilmente el sueldo de sus trabajadores. El artículo 12 del Real Decreto-Ley publicado dice textualmente que un empresario podrá reducir el salario de sus empleados "cuando existan probadas razones económicas, técnicas, organizativas, o de producción, siempre y cuando estén relacionadas con la competitividad, la productividad o la organización técnica del trabajo en la empresa". Ahí es nada.

Ello supone eliminar de un plumazo todas las garantías salariales que existían en la actualidad, pues darán igual las condiciones de los trabajadores en su contrato, en acuerdos con la empresa o en pactos colectivos. Si la empresa va mal económicamente (cosa muy etérea y fácil de argumentar por parte de los empresarios) o se considera que el  empleado no rinde lo suficiente, es posible que su sueldo se vea afectado. El texto del Decreto también incorpora la posibilidad de que el empresario pueda bajar los salarios de sus empleados en bloque, en conjunto o en masa (expresado en número o en porcentaje de la plantilla), aunque en estos supuestos lo tendría un poco más complicado, pues tendría que negociarlo con los representantes sindicales de los trabajadores.

Y por si todo ello fuera poco, se recoge también que el empresario podrá alterar también otros aspectos de las condiciones de trabajo, tales como la duración de la jornada, así como el horario y la distribución de la misma, los turnos e incluso algunas funciones que desempeñen los empleados, cuya negativa comportaría la misma posibilidad de rescindir el contrato con una indemnización (de 20 días). En fin, todo un corolario de medidas del más puro y rancio sabor reaccionario y conservador, que parece firmado por las plumas de la CEOE, del FMI y del BCE.

Ante este panorama, los servicios jurídicos de Izquierda Unida están ya estudiando la posibilidad de presentar un Recurso de Inconstitucionalidad a esta Reforma Laboral, para lo que se necesitaría como mínimo la firma de 50 diputados del Congreso, a ver si es posible parar legalmente este "Golpe de Estado" a los derechos de los trabajadores/as, con un retroceso en sus condiciones, y un apoyo explícito al empresariado, que se ve reforzado con este cúmulo de medidas de amplio calado.

Desde la izquierda entendemos que la respuesta de la clase trabajadora a esta Reforma Laboral también tiene que ser extremadamente agresiva, y por tanto, hacemos un llamamiento a la movilización, para responder en la calle a este nuevo ataque a los derechos laborales. Personalmente iría a más, ya que creo que la movilización no es suficiente, y aunque la convocatoria de huelga depende de las Organizaciones Sindicales, a las cuales hay que remitirse, creo que una sucesión de Huelgas Generales Salvajes (HGS), encadenadas en el tiempo, bien apoyadas por la inmensa mayoría de los trabajadores, de todos los sectores, que paralizaran verdaderamente al país, podría hacer retroceder las drásticas y demoledoras medidas de este ultraliberal gobierno. Esperemos conseguirlo.