Actualidad Política y Cultural - Blog de Rafael Silva

No exagera el Secretario de ELA en dicha cita, pues ojalá todo esto fuera ciencia-ficción, o el resultado de un mal sueño, de una tremenda pesadilla. Pero si no lo evitamos, el TTIP gobernará nuestras vidas en poco tiempo. Sus aberrantes cláusulas nos dejarán a los pies de los caballos (las grandes transnacionales) ante prácticamente todos los aspectos ligados al consumo, la propiedad intelectual, los derechos laborales, los servicios públicos, etc. De hecho, ya existen precedentes de lo que hablamos, en casi todos los aspectos que cubre el Tratado. Por ejemplo, en cuanto a los Tribunales de Arbitraje, podríamos poner también algunos ejemplos recientes. La multinacional estadounidense de la industria del tabaco Philip-Morris demandó a Uruguay por 2.000 millones de dólares por haber consignado dicho país alertas sanitarias en sus cajetillas de tabaco. O bien la empresa Vatenfall, que demandó a Alemania por 3.700 millones de dólares, por haber apagado sus centrales nucleares. Otra como Lone Pina ha demandado a Canadá por 250 millones de dólares canadienses por la moratoria de fracking que aprobó el Gobierno de Quebec. Y podríamos poner múltiples ejemplos más de la indefensión que sufren los Gobiernos con respecto a las grandes empresas, cuando éstas consideran que sus decisiones les afectan negativamente en sus beneficios, actuales o futuros. 

Ecuador, por ejemplo, fue sentenciado a pagar 2.300 millones de dólares a la petrolera Occidental Petroleum por abandonar la construcción de un pozo de petróleo en el Amazonas. E Incluso Libia tuvo que pagar 900 millones de dólares en concepto de "beneficios perdidos" por un proyecto turístico en el que sólo se habían invertido 5 millones de dólares. En la inmensa mayoría de las denuncias, las empresas argumentan que las decisiones de los respectivos Gobiernos les han quitado expectativas sobre previsibles beneficios futuros. Es decir, se trata de un concepto que se extiende hasta las supuestas ganancias perdidas a causa de la adopción de determinadas políticas, en una surrealista evolución del concepto de "seguridad jurídica", del que lógicamente abusan las empresas y reflejan en los correspondientes Tratados. No estamos en contra de dicho concepto, pero es lógico que en aras de dicha seguridad jurídica, los actuales y futuros Gobiernos de los países, donde reside la soberanía nacional de sus cuidadanos (siempre que se trate de gobiernos supuestamente democráticos) no pueden actuar de forma limitada, coartada o hipotecada. 

Los Gobiernos entran claramente entonces en una situación de clara indefensión, porque su comportamiento cambia en la medida en que existe una amenaza permanente, una especie de Espada de Damocles, de demandas multimillonarias por parte de las grandes multinacionales. Por ejemplo, Alberto Garzón y Desiderio Cansino, en su documento sobre 50 preguntas y respuestas sobre el TTIP (del que estamos extrayendo gran cantidad de información), nos ponen un clarísimo ejemplo referido al Ministro de Salud de Nueva Zelanda, que anunció el retraso de la aprobación de cierto pack sanitario hasta que se conociese el resultado de la sentencia de la tabaquera Philip-Morris contra Australia. Por tanto, si cambia el Gobierno en un determinado país suscriptor del TTIP (o de cualquier otro TLC que contemple dichas cláusulas) y quiere aplicar otra política, resultado de su programa votado por la propia ciudadanía, resultaría que se convertiría en rehén de todas las multinacionales que crean que los cambios propuestos afectan a sus beneficios presentes o futuros. El caso paradigmático es Argentina, que tras la crisis que sufrió en el año 2001 cambió radicalmente de política económica, para intentar proteger a sus ciudadanos y garantizar un crecimiento sostenible de su economía, y desde entonces ha recibido más de 40 denuncias por parte de las multinacionales, además de la exigencia de pagar partes de su deuda a determinados fondos bruitre que la habían adquirido. 

La situación es pues ciertamente preocupante, pues cada vez es más fuerte (y los TLC son la última herramienta a su disposición) la presión que el capitalismo globalizado ejerce sobre los legítimos Gobiernos democráticos de los países, limitando sus medidas, y chantajeando a sus gobernantes bajo presión de la adopción de medidas como la deslocalización de empresas, las fugas de capitales, o los "corralitos" bancarios. Todo ello nos ofrece un claro retrato y una evidente conclusión: el capitalismo acabará con la democracia, si no ponemos todas las medidas para evitarlo, y además estas medidas no se extienden al resto de los países del globo. Hoy día ya es complicado establecer el socialismo en un determinado país, pues la globalización capitalista intentará evitar por todos los medios su implantación, chantajeando a los gobiernos y desencadenando procesos de sabotaje, desabastecimiento, acoso y estallido social. Los Tratados de Libre Comercio se nos presentan, pues, como la guinda del pastel que asegurará que las grandes empresas transnacionales tienen siempre la sartén por el mango, pues dotan a las mismas de todas las garantías legales para que su hegemonía jamás pueda ser amenazada. 

De hecho, la presencia de bufetes privados de abogados a nivel internacional, especializados en estos temas, es un negocio creciente. Debido a la proliferación de los TLC y a la necesidad de especialización en este ámbito (nos referimos a los Tribunales de Arbitraje), los bufetes internacionales se han ido dedicando cada vez más a estos asuntos, viendo claramente la oportunidad de negocio que se abría. Así que hoy día estos grandes bufetes especializados en demandar a los Estados están dispuestos a litigar por cualquier concepto, por cruel o ridículo que pueda parecer, pero que crean que puede servir para sacarle dinero a los Estados, desviándose como consecuencia grandes cantidades de recursos y fondos públicos hacia las grandes empresas, en lugar de poder dedicarse a satisfacer y aumentar las capacidades de los servicios públicos que necesita la ciudadanía. Deja de importar la satisfacción de la vida digna de las personas, para trabajar en pro del enriquecimiento de las grandes empresas, o lo que es lo mismo, de sus altos directivos. El paranoma al que tendemos se percibe bien claro: una inmensa mayoría social de la población a nivel mundial sumida en la precariedad más absoluta, mientras una élite internacional, dirigente del poderío privado de las grandes empresas, hace gala de la riqueza y del lujo más insultante. Los Tratados de Libre Comercio, mediante todas sus herramientas, vienen sin duda a contribuir a dicho retrato. Continuaremos en siguientes entregas.