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22 octubre 2015 4 22 /10 /octubre /2015 23:00

Abordábamos ya en el artículo anterior de la serie el poder de la Iglesia en el ámbito educativo, citando su flanco fundamental, como son los centros concertados de ideario católico existentes en nuestro país, y dábamos las primeras cifras. Y el hecho es que España tiene la enseñanza privada más subvencionada por el Estado de toda la Unión Europea, y por el contrario, el gasto público por alumno más bajo. La conclusión está clara: los recursos económicos que se niegan a la enseñanza pública se derivan, mayoritariamente, a la privada, en sus diferentes ámbitos, y la privada concertada (católica) supone el capítulo más cuantioso. De ahí que en la actualidad, como nos señala Enrique Ruiz del Rosal con toda la razón, no tenga sentido, por más que a veces lo silencien las actuales reivindicaciones del sector educativo, luchar por la enseñanza pública sin denunciar a la enseñanza concertada, y especialmente la católica. Lo expresaremos más claramente: desde la izquierda transformadora, y para este aspecto, pensamos que ningún programa político que se precie puede ignorar el hecho de poner en cuestión (esto es, retirar progresivamente) los conciertos educativos con la escuela privada. Todo lo demás significará seguir alimentando este retrógrado e injusto sistema, que además se ampara en la falacia de la denominada "libertad de enseñanza", que es sólo un eufemismo para potenciar la escuela privada en detrimento de la pública, ya que el citado derecho o "libertad" ya está implícita en el resto de libertades de expresión, de opinión, de creencia, de reunión y de manifestación. 

 

Enrique Ruiz lo expresa en los siguientes términos: "Así pues, el hecho de que la jerarquía católica hable de que "ahorra" recursos al Estado no es producto de desconocimiento o ineptitud, sino de una simple estrategia publicitaria con que intoxica a través de todos los medios de difusión y persuasión, con objeto de crear, y mantener, un estado de opinión favorable a la enseñanza confesional y al mantenimiento de los cuantiosos privilegios económicos y simbólicos que la propia Iglesia Católica detenta en nuestro país". En cuanto a lo que la Memoria de 2013 denomina Actividad de Formación (estudios de nivel superior, tanto eclesiásticos como de cualquier otro tipo), desde la Memoria del año 2011 se declara la existencia de 14 Universidades, con más de 78.000 alumnos (en la Memoria de 2013 se declara además un incremento de los mismos en un 5,5%), y los centros aparecen subdivididos en Universidades católicas, pontificias, eclesiásticas o de inspiración católica. Éstas últimas representan la parte más significativa, donde se incluyen la Universidad de Navarra, de Deusto, Ramón Llull, Francisco de Vitoria, CEU San Pablo, Abat Oliba CEU, CEU Cardenal-Herrera y San Jorge. Entre todas ellas absorben el 59% del alumnado católico total. 

 

Por orden de importancia, el siguiente escalón lo ocupan las tres Universidades Católicas (de Ávila, de Murcia y de Valencia), que absorben el 26% del alumnado. Y a toda esta estructura universitaria eclesial hay que añadir 21 centros en Facultades eclesiásticas, con más de 5.000 alumnos, y más de 11.000 en estudios de grado o postgrado, y 78 Institutos Superiores, donde estudiaron casi 14.000 alumnos durante 2013, según la referida Memoria de la CEE. Se dedicaron un total de 5,7 millones de euros públicos a subvencionar toda esta megaestructura de centros superiores católicos, de donde saldrán los futuros profesionales de nuestro país. Y mientras, como sabemos, el Ministerio de Educación del PP, gran amigo de la Iglesia Católica, practicaba unos cuantos hachazos presupuestarios a las Universidades Públicas, reduciendo el profesorado, desmontando aulas y centros, implantando el sistema "3+2" (esto es, tres años de grado y dos de postgrado, lo cual encarece el itinerario educativo, y lo vuelve más inaccesible), y endureciendo los requisitos para la obtención de todo tipo de becas y ayudas al estudio. Si observamos la foto al completo (y no una foto fija, sino una foto dinámica, es decir, a lo largo del tiempo), comprenderemos a la perfección los intereses de este oscuro sistema. Los recortes superaron los 1.200 millones de euros desde 2010, con unas deudas a proveedores cercanas a los 1.100 millones, y más de 6.000 empleos públicos perdidos sólo durante 2012, de los cuales, más de 4.000 correspondían a docentes e investigadores.

 

A nuestros Ministros y cargos públicos electos les bastaba con iniciar unas cuantas campañas de desprestigio, lanzando los bulos de que nuestras Universidades públicas no estaban a la altura, que no estaban en no sé qué ranking mundial, que no estaban entre las 50 primeras, o entre las 300 mundiales, y más lindezas por el estilo, y que había que reformarlas, y mientras soltaban esta sarta de estupideces, apoyaban incesantemente con dinero público a las Universidades privadas, especialmente a las de inspiración católica. El resultado lo tenemos delante de nuestros ojos: cientos de miles de alumnos que han tenido que abandonar, o agarrarse a cualquier trabajo precario que los esclaviza para poder sufragar sus estudios, mientras los hijos de "papá y mamá" continúan estudiando en sus flamantes centros. Y por supuesto, mientras todo ello ocurre, han conseguido, con la inestimable ayuda del ya ex Ministro Wert y su espantosa LOMCE, volver a introducir la religión como asignatura evaluable en los currículos escolares de secundaria y bachillerato, y así, de paso, vuelven a reactivar el flujo de fondos públicos destinado a ello, así como la presencia de personal docente religioso en las aulas públicas. Ese es el peligroso cóctel actual con el que nos encontramos. Continuaremos en siguientes entregas.

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