Actualidad Política y Cultural - Blog de Rafael Silva

Abordaremos a continuación las medidas propuestas por las cinco principales ONG's ambientalistas en lo relativo a impulsar un modelo energético renovable, justo y democrático para la sociedad, pilar fundamental para respetar la naturaleza. Frente a los grandes retos del cambio climático, puestos de manifiesto en la reciente cumbre de la COP21 en París, la dependencia energética del exterior y la pobreza energética, cada vez es más urgente que las comunidades, países, pueblos y territorios contribuyan al fomento de un nuevo modelo energético 100% renovable, justo y democrático para la sociedad. En este sentido, es necesaria la adopción de políticas activas que permitan una rápida transición hacia una plena explotación de las energías renovables, en manos de la propia ciudadanía, así como la promoción y concienciación sobre el ahorro y la eficiencia energética. Con todo ello, las medidas propuestas serían las siguientes:

1.- Fomentar, a todos los niveles de la Administración (Central, Autonómica y Local), a través de las respectivas y pertinentes Agencias Públicas, la transición hacia el nuevo modelo energético mediante los respectivos Planes Integrales. Lo ideal y coherente es que dichos planes sólo sean una pieza del puzzle para la consecución de un nuevo modelo productivo, donde el modelo energético es elemento fundamental. 

2.- Generar energía limpia mediante renovables en los edificios, tanto públicos como privados (escuelas, bibliotecas, hospitales, bloques de viviendas, etc.), y en el mismo punto de consumo para las instalaciones públicas en municipios rurales, explotaciones agrarias y forestales. Progresivamente, sustituir todas las fuentes de energía fósil para calefacción, por nuevos sistemas renovables y eficientes. 

3.- Promover el autoconsumo, mediante una política incentivadora en vez de impositiva como la actual, así como la generación distribuida y comunitaria de energía fotovoltaica, eólica y la recuperación de pequeños saltos de agua. 

4.- Dotar del máximo apoyo institucional al conjunto de la ciudadanía, para conocer, promover y hacer posible las opciones de consumo renovable en el hogar. Todo ello mediante campañas informativas, y la puesta a disposición de comunidades de vecinos del conjunto de herramientas necesarias para tal fin. 

5.- Dotar del máximo apoyo institucional a las pequeñas y medianas empresas (PYMES), industria y comercio a nivel estatal, autonómico y local en materia de ahorro y eficiencia energética. 

6.- Incorporar las tecnologías más eficientes en los sistemas gestionados por cada nivel de la Administración, tales como el alumbrado público, la climatización de edificios públicos y los sistemas de abastecimiento y depuración de aguas. 

7.- Poner en marcha regulaciones para movilizar los fondos para el Plan Estatal de Fomento del Alquiler de Viviendas, la rehabilitación de edificios, la reforma de los mismos, y la reconversión de sus sistemas de alimentación, abastecimiento y control, así como la regeneración y renovación urbanas, que faciliten el acceso a dichos fondos para las Comunidades de Vecinos. Pensamos, además, que todo este proceso es fundamental para la creación de un nuevo nicho de empleo, que se utilice como reconversión profesional de muchos profesionales (sobre todo del mundo de la construcción) que están en desempleo desde el estallido de la crisis, y la explosión de la burbuja inmobiliaria. 

8.- Promover, desde todos los ámbitos de la Administración Pública, nuevos modelos de rehabilitación integral y profunda, que lleven progresivamente a una reducción de al menos el 70% del consumo energético de cada edificio. 

Por otra parte, pero muy en relación con lo que hablamos, está la necesidad de reducir nuestras necesidades de movilidad y sus impactos, pues constituyen hoy día un factor de consumo irracional de recursos, así como una pérdida de la calidad de vida para el conjunto de la ciudadanía. Durante las últimas décadas, los planes de desarrollo urbanístico únicamente han contemplado la extensión sin límites del territorio urbano y residencial, y su comunicación mediante infraestructuras viarias, lo cual ha contribuido a que una gran cantidad del tiempo invertido en nuestra vida diaria sea consumido por nuestras necesidades de transporte y movilidad, lo cual se traduce en impactos ambientales muy peligrosos para el medio ambiente. Así, nuestro modelo de movilidad genera actualmente graves impactos sobre el medio ambiente y sobre nuestra calidad de vida. De hecho, el transporte público y privado es el principal sector de emisiones de gases de efecto invernadero, provocando además graves problemas de salud, debidos fundamentalmente a la contaminación atmosférica y al ruido, que son dos problemáticas que hoy sufren prácticamente todas las grandes urbes a nivel mundial. 

Además, la construcción de infraestructuras conlleva un coste económico muy elevado, y a menudo también un fuerte impacto medioambiental. Por otro lado, el transporte y el volumen de mercancías que han de ser trasladadas a larga distancia crecen a ritmos desmesurados, hasta el punto de que cada día desplazamos más de 85 toneladas/kilómetro por habitante. Es imperiosamente necesario disminuir urgentemente este escandaloso ratio, para todo lo cual las ONG's de referencia sugieren las siguientes medidas:

1.- Promover Planes de Movilidad Sostenible a todos los niveles de la Administración, uno de cuyos fines principales debe ser la reducción significativa de la movilidad motorizada, de forma coordinada con la política urbanística (que depende de las Administraciones Locales).

2.- Implementar Planes de Fomento de Movilidad No Motorizada, y en el caso de la bicicleta, en combinación con el uso del transporte público. Asímismo, implementar planes de desplazamiento peatonal y de movilidad ciclista regionales y locales. 

3.- Decretar una moratoria para las grandes infraestructuras sin justificación por su limitada demanda (Trenes de Alta Velocidad, Autovías, etc.). Aquí es preciso poner en debate el claro conflicto de intereses del Estado por una parte, y de las grandes empresas constructoras por otra, ávidas de cerrar cuantiosos contratos con las Administraciones Públicas. Pero son éstas las que deben evaluar de forma equilibrada el grado de pertinencia en torno a la construcción de dicha infraestructura, así como los impactos sociales, económicos y medioambitales que se generarían. 

4.- Promover los medios de transporte más limpios y eficientes, y siempre ajustados a la demanda real, fomentando los sistemas integrados de transporte público metropolitano. Ello debe hacerse incidiendo sobre todo en el factor educacional, concienciando sobre la necesidad de cuidar nuestro medio ambiente, así como de potenciar los transportes públicos colectivos, baratos y menos contaminantes. Hay que potenciar los medios de mayor capacidad, como los ferroviarios (líneas de cercanía, talgos convencionales, etc.), cuando la densidad de población lo justifique.

5.- Incentivar el abandono sobre el uso del automóvil privado mediante la implantación de medidas fiscales, de reducción del viario urbano, así como de la prohibición expresa de que los vehículos privados puedan entrar en los cascos urbanos. Lógicamente, todo ello liga con el punto anterior, ya que no podrá realizarse si no existe una red de transporte público fuerte alternativo.

6.- Potenciar el coche eléctrico para el servicio público y municipal, y asegurar la existencia de puntos de recarga con energías limpias y autoconsumo. De hecho, durante un tiempo de transición la mejor alternativa es que sólo los vehículos eléctricos (no contaminantes) puedan entrar en los cascos urbanos. No debe perderse de vista el horizonte de que el vehículo eléctrico privado sustituya totalmente al turismo de diésel o gasolina tradicional. Continuaremos en próximas entregas.

Fuente principal de referencia: Documento "Un Programa por la Tierra"