Actualidad Política y Cultural - Blog de Rafael Silva

Y es que, por "libre comercio" vienen colocando, durante las últimas décadas, una serie de instrumentos políticos y económicos que en nada cuadran con dicha definición, sino que están pensados para conseguir los objetivos que ya hemos mencionado en entregas anteriores, que no son otros que el empoderamiento de las grandes empresas transnacionales, y el sometimiento de Estados, pueblos y países a su poderío. De entrada, la doctrina del libre comercio no acepta, por definición, que terceras partes queden excluídas (pues entonces ya no sería "libre"), tal como ocurre con el TTIP. En segundo lugar, se da la aberración de que ya no sólo es que los Estados estén situados (en cuanto a protección jurídica) al mismo nivel que las empresas (cosa que sería harto preocupante), sino que incluso la seguridad jurídica otorgada a las empresas es mucho mayor, y se plasma en su máxima expresión en los tribunales privados de arbitraje, o ISDS, ya referidos en entregas anteriores. Y lo cierto es que (no nos cansaremos de repetirlo), los países que se someten a este indecente mecanismo se exponen a gravísimos riesgos que afectan a su soberanía. 

Mediante este mecanismo, los Gobiernos permiten que los inversores extranjeros los demanden ante un panel de tres abogados privados guiados por su propio lucro, y no por jueces independientes. Al dirimir los respectivos asuntos, los árbitros sólo tienen en cuenta las repercusiones que hayan tenido las decisiones de los Gobiernos sobre los beneficios de las empresas demandantes. Por lo general, pasan por alto si las medidas que fueron adoptadas por los Gobiernos perseguían proteger los intereses de sus ciudadanos, blindar sus derechos fundamentales, equilibrar su economía, o si eran necesarias para hacer frente a una situación de crisis. Y así, estos Tribunales de Arbitraje privados pueden invalidar prácticamente cualquier decisión gubernamental si llegan a la conclusión de que ésta perjudica los intereses de los inversores. Normalmente así sucede, y su decisión es inapelable. Y por si algunos lectores ingenuos están pensando que las denuncias mediante ISDS suponen algo excepcional, les diremos que han de verlo como la extensión lógica de la fuerza del capital transnacional, que persigue la ausencia total de fronteras, prohibiciones y limitaciones a sus actividades, las cuales no respetan ni los Derechos Humanos, ni los pueblos que arrasan, ni la naturaleza que destruyen. Precisamente, todos los asesinatos que se están produciendo en los países más pobres de América Latina (como Honduras, donde aún resuenan los ecos del cruel asesinato de Berta Cáceres) son fruto y consecuencia de la tremenda hostilidad que el gran capital despliega hacia quienes se oponen a su poderío. 

Como nos cuentan Cecilia Olivet y Hilde van der Pas en su artículo, actualmente existen en el mundo más de 600 casos conocidos de arbitraje comercial internacional. Los inversores extranjeros han podido interponer demandas judiciales para revocar leyes en áreas clave de la economía, tales como normas que aseguran la prestación de servicios públicos fundamentales (agua, electricidad, etc.), reglas que protegen los derechos laborales, normativas en materia de salud pública, políticas fiscales o de protección de ciertos modelos de negocio ("nichos" económicos), regulaciones para proteger el medio ambiente (prohibición de productos químicos nocivos, prohibición de actividades mineras, incentivos a las energías renovables, etc.), regular las políticas extractivistas de recursos naturales...Pero además, el perverso mecanismo de los ISDS provee a las empresas de otra ventaja fundamental, que consiste en que los inversores pueden externalizar los costes de los riesgos que asumen al hacer negocios en el extranjero. Estos costes se traspasarían en último término al conjunto de la ciudadanía del país destino de la inversión, que sería quien pagaría al final la cuenta de todos los posibles desmanes llevados a cabo por la empresa en cuestión. En el mejor de los casos, el Gobierno tendría que pagar a los árbitros y abogados defensores, a un coste promedio de cuatro millones de dólares por demanda. Y en el peor de los casos, cuando el Tribunal de Arbitraje falle a favor de los inversores, el Gobierno además deberá compensarlos por la cantidad que sea determinada por el tribunal. 

Tanto rechazo popular ha suscitado la inclusión del citado mecanismo ISDS en las negociaciones del TTIP, que la Comisión Europea puso en marcha una consulta pública sobre el tema, que recibió más de 150.000 respuestas, el 97% de las cuales se mostraron contrarias a la inclusión de este mecanismo en el futuro TTIP. Ante esta contundente respuesta, la CE ha propuesto una serie de mejoras y reformas del mecanismo original, con las que pretende "modernizar" y mejorar el controvertido sistema. Sin embargo, las propuestas son muy tenues, y no abordan la radicalidad del mismo, manteniendo un sistema paralelo de justicia al que sólo pueden acceder los inversores extranjeros, que al final consolida más o menos el planteamiento original. La politica que subyace a estos TLC está clara: mientras que a los especuladores que se dedican a las inversiones de riesgo se les protege, las personas no gozan de esa misma protección, sino que se ven sometidas a crueles planes de "austeridad" con las que se les está despojando de sus derechos sociales básicos. La tan cacareada "seguridad jurídica" es otro bulo que prentende colarnos el capitalismo transnacional. Y así, los países han sido demandados, durantes estas últimas décadas, por tomar medidas para reactivar su sistema financiero, o por congelar las tarifas de sus servicios públicos. Los ataques de estos grandes monstruos empresariales son implacables. 

La base para tan escandalosas prácticas hay que situarla en una supervaloración de la propiedad privada, en una sobreprotección de la misma (utilizando además variados eufemismos, como el "trato justo y equitativo" o la "protección ante la expropiación indirecta"), que además el pensamiento dominante se ha encargado muy bien de difundir, ya que sólo hay que ver la reacción de la mayoría de la ciudadanía española, cuando se puso a defender a REPSOL ante la nacionalización de YPF por el Gobierno argentino de Cristina Kichner. Y por supuesto, los inversores corporativos cuentan entre sus plantillas o en sus Consejos de Administración con el apoyo de abogados de inversión muy bien remunerados (muchos de ellos son Abogados del Estado en excedencia, como contamos en este artículo), que se dedican a identificar constante y activamente nuevas posibilidades de litigio. Es un colectivo que bien pudiera definirse como un propio lobby empresarial en sí mismo, ya que los abogados de inversión y las corporaciones están usando la amenaza de estas demandas legales para intentar modificar ciertas políticas públicas, o bien evitar que se adopten normas que puedan perjudicar sus ganancias, sus mercados o sus proyecciones. Todas estas macabras experiencias deberían funcionar como serias advertencias para que entendamos que es imperiosamente necesario limitar los derechos de las corporaciones, y priorizar los derechos de las personas, de los pueblos y de la naturaleza. Continuaremos en siguientes entregas.