Actualidad Política y Cultural - Blog de Rafael Silva

"Se justifica y difunde la idea de que la inversión pública en los sistemas universitarios es un gasto improductivo e incluso contraproducente, lanzándola a la búsqueda y demostración, imposible en muchos saberes, de que puede producir valor añadido al mundo empresarial y financiero. En otras palabras, parece que la Universidad tiene que estar demostrando permanentemente su utilidad para el mundo de la empresa"

(Enrique Díez)

Desandemos por tanto el camino que estamos recorriendo en la actualidad, si es que queremos volver a una Universidad Pública que realmente se dedique a formar a futuros profesionales independientes, cultos, críticos y libres. Comenzando por liberarla de su actual asfixia económica, porque, por citar sólo dos ejemplos, la Universidad Politécnica de Cataluña y la Complutense de Madrid acumulan deudas de 111 y 160 millones de euros respectivamente. En España, de hecho, desde 2010, el presupuesto público universitario se ha recortado en más de 1.200 millones de euros, y los datos oficiales dicen que el Estado Español sólo dedica el 1,1% de su PIB a la educación superior, mientras que Estados Unidos alcanza el 3%, y la media de la UE-15 supera el 2%. Estamos por tanto, también en este tema, a la cola de Europa.

¡Pero si no hay dinero! Nos respondería por ejemplo el Ministro Montoro, ¿cómo vamos a hacerlo? No nos dejemos engañar más por estas mentiras y falacias de gobiernos neoliberales y conservadores, que prefieren dedicar los recursos públicos al gasto militar, a la Casa Real, a la financiación de la Iglesia Católica, o al rescate de la banca, además de permitir que los ricos paguen al fisco cada vez menos, mientras se exprime a la clase trabajadora, que es precisamente la que desean expulsar de la Universidad Pública. Eliminando la gigantesca inversión en obra pública innecesaria, los gastos suntuosos, los privilegios de la clase política, en último término, redistribuyendo mejor la riqueza entre toda la sociedad. Sin duda tendríamos entonces no sólo financiación para la Universidad Pública, sino para la sanidad, para la educación, para los servicios sociales, para la dependencia, para las escuelas infantiles, para la renta básica, para la cooperación al desarrollo, y un largo etcétera.

Y en el campo universitario, como decimos, recuperar toda la inversión pública que se ha retraído de todos los ámbitos, aumentando la inversión pública para becas y ayudas al estudio, en contratación de profesorado, en recuperación de aulas y bibliotecas, en establecer becas-salario, o en aprobar la liquidación total de la deuda de las Comunidades Autónomas con las universidades. Por su parte, bajar el importe de los precios públicos de tasas y matrículas (tendiendo hacia su gratuidad total), eliminar progresivamente la financiación de las Universidades privadas con fondos públicos, y prohibir la adscripción de centros privados por parte de las Universidades Públicas. Y otro punto importante a eliminar es el patrocinio o mecenazgo de ciertos estudios de posgrado por parte del mundo empresarial privado, sobre todo de las entidades financieras, las primeras interesadas en convertir, también, el mundo universitario público en cliente suyo, mediante el instrumento de las becas-préstamo. Con todo ello podríamos llegar a alcanzar el auténtico objetivo, que no es otro que situar el nivel de la Educación Superior como un servicio público más, gratuito, universal y de calidad, sufragado por los impuestos de toda la ciudadanía.

¿Queremos algo inasumible? Pues para ser inasumible, no sólo consta en la Declaración Universal de los Derechos Humanos ("el acceso a los estudios superiores será igual para todos"), sino también en el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC, Art. 13, Aptdo. a.16). No parece por tanto que sea muy utópico. Sólo hace falta, como siempre, voluntad política para alcanzarlo. Voluntad política para conseguir de facto que la autonomía científica y pedagógica de la Universidad Pública se asiente únicamente en la suficiencia financiera del Estado, y los posibles mecenas que puedan surgir, que realicen sus aportes al Estado. Una Universidad al servicio de la sociedad, de su interés general y del bien común, sólo puede estar financiada por los impuestos del conjunto de los ciudadanos, porque si depende de financiación privada, de mecenas y grandes empresas, éstos acabarán imponiendo sus intereses a los intereses de la educación superior como servicio público. Por tanto, ningún tipo de mercantilización debe ser permitida en la Educación Superior de ámbito público. No precisamos ningún tipo de "capitalismo académico".

Y las tendencias actuales hacia el mercantilismo universitario también se manifiestan, al igual que lo hace la LOMCE en los centros educativos públicos, a los propios órganos de gobierno de la Universidad Pública. Se insta en primer lugar a la supresión de los máximos órganos de gobierno democráticamente elegidos por la comunidad universitaria (el Consejo Social y el Consejo de Gobierno), sustituyéndolos por un nuevo órgano (el llamado Consejo de la Universidad) que ejercería las funciones de gobierno de la misma, incluso la del nombramiento de un Rector con poderes reforzados, acaparando un poder discrecional (como los Directores de Centros educativos en la LOMCE) no sometido a control democrático alguno. Éste órgano sería el encargado de nombrar a dicho Rector-Gestor, aprobar los presupuestos, definir la estrategia de la Universidad, controlar la gestión del Rector-Gestor, los Decanos y otros gestores, y obtener financiación externa, por supuesto cuanto más privada, mejor. Esto se resume en la vuelta de un modelo autoritario y jerárquico para gestionar el funcionamiento de esta "Universidad-Empresa".

Por su parte, este nuevo Rector-Gestor nombraría al resto de cargos universitarios, como los Vicerrectores de cada área universitaria, la Secretaría General, los Decanos y Vicedecanos de todas las Facultades y los Directores de los Departamentos universitarios. En palabras de Enrique Díez: "La excusa para implantar esta pirámide plutocrática y suprimir los actuales sistemas de representación y gobierno democrático interno de las Universidades es, una vez más, introducir  plenamente el estilo de gestión empresarial en el funcionamiento de la Universidad Pública. Sin embargo, el mandato constitucional de respeto a la autonomía universitaria, obligaría justamente a todo lo contrario: más democracia y participación real y plena de toda la comunidad universitaria en la gestión y funcionamiento de la institución de educación superior". Simplemente, a este capitalismo académico le estorban todos los órganos democráticos de gobierno de la Universidad, a los cuales consideran un estorbo para la rápida consecución de sus fines y objetivos.  Frente a ello, hemos de recuperar la auténtica dimensión social del mundo universitario, esto es, el compromiso social de la Universidad con la sociedad a la que sirve, con el entorno al que se debe. De nada sirve aprender, si lo que se aprende no sirve para mejorar el mundo que nos ha tocado vivir, y para contribuir a alcanzar una sociedad más justa, libre y democrática. Continuaremos en siguientes entregas.