Muchas veces hemos comentado, al hilo de otros artículos, el deterioro social al que nos están llevando las políticas neoliberales, así como la deriva privatizadora que están sufriendo muchos servicios públicos en nuestro país, y cómo había que invertir dicha tendencia, hasta conseguir volver a la senda del carácter público, universal y gratuito de nuestros servicios, así como a la garantía de satisfacción de los derechos básicos, fundamentales y subjetivos recogidos en la Constitución. A ver si somos capaces de poner un poco de orden en este tema, y recoger en el presente artículo y en el siguiente una exposición, una propuesta, de cuál podría ser el escenario donde deberíamos llegar. Vamos a dividir el tema, por su extensión, en dos partes, en la primera abordaremos los Derechos Fundamentales, y en la segunda los Servicios Públicos, aunque evidentemente, son aspectos complementarios y por tanto, muy relacionados entre sí.
Efectivamente, derechos y servicios públicos forman un tándem casi inseparable en la consecución de una sociedad libre, sana, justa y avanzada, todo eso de lo que estamos tan faltos. Pero curiosamente, cuando se habla de Servicios Públicos, y en principio, la ciudadanía suele pensar únicamente en Sanidad y Educación, pero se olvida (quizá por nuestra cultura tan poco democrática) de otros tan importantes, como pueden ser la Justicia, la Banca, el Transporte, las Comunicaciones o la Energía. Y hablando de derechos subjetivos, pasa tres cuartos de lo mismo: Trabajo y Vivienda suelen ser los más claros y los primeros en aparecer, pero otros, como la Igualdad o la Cultura, son igualmente interesantes, y completamente necesarios en una sociedad libre, justa, avanzada e igualitaria. De esta forma y como premisa general, el objetivo expresado por "un derecho, un servicio público" puede recoger perfectamente el ideal a conseguir. Vayamos por partes:
A) DERECHOS FUNDAMENTALES
1.- Subsistencia. En primer lugar, el Derecho a la Subsistencia es fundamental, pues es el que provee a toda persona los ingresos mínimos necesarios para poder subsistir de una manera digna. Desde posiciones políticas conservadoras, se tiende a criticar desde siempre la política de subsidios, pero hay que entender que es elemental para poder dignificar la vida de las personas que no puedan trabajar. Personalmente, me adhiero a la postura que reivindica que el Estado debe garantizar unos ingresos dignos mínimos a toda persona adulta (lo que llamamos Renta Básica de Inclusión Social), durante todo el período de desempleo, que sea equivalente al SMI (Sueldo Mínimo Interprofesional) y a la mínima pensión pública vigente.
2.- Educación. ¿Qué vamos a decir a estas alturas de la Educación, que no hayamos dicho ya? Para no alargarme mucho, pues es un tema que tratamos en profundidad en otros muchos artículos (precisamente estamos publicando la serie "Por una Educación Pública a todos los niveles"), sólo diremos aquí que la Educación es el gran valor supremo donde descansan y se asientan los valores y las capacidades de las presentes y futuras generaciones de un país, y que por tanto, debe ser, además de un Derecho Fundamental, un Servicio Público gratuito, universal, laico, incluyente, y garantizado por el Estado durante todas sus fases, desde la más temprana Educación Infantil (guarderías públicas de 0 a 3 años) hasta la más alta Titulación Universitaria (Másters Especializados).
3.- Sanidad. Igual decimos de la Sanidad Pública, que también se están encargando de eliminar poco a poco, abordando todos sus frentes, desde el co-pago farmacéutico hasta la propia gestión hospitalaria. La Sanidad debe garantizarse y financiarse por parte del Estado, y constituir un Derecho asociado a un Servicio Público en sus múltiples facetas de Atención Primaria, Urgencias, Medicina de Familia, Especialidades, Hospitalización, Farmacia, etc. Desde la izquierda, añadimos a todo esto, porque pensamos que son aspectos que también deben estar cubiertos por la Sanidad Pública, la interrupción voluntaria y libre del embarazo, la salud bucodental, las enfermedades raras, los cambios de sexo, la salud mental y un largo etcétera. Renunciamos a todo tipo de co-pagos o re-pagos, y apostamos por la fórmula de una Sanidad abierta, universal, gratuita, avanzada, socialmente sensible y de calidad.
4.- Trabajo. Ni qué decir tiene que el Derecho al Trabajo es fundamental. Recogido en nuestra Constitución, no sólo no viene siendo garantizado desde ningún Gobierno democrático en estos últimos años, sino que además los índices de paro general, de paro de larga duración, de paro femenino y de paro juvenil son dramáticos y alarmantes en la actualidad. Todo ello debido a que nuestros gobernantes, alineados con las posturas e ideologías capitalistas más salvajes, no adoptan medidas de reactivación de la economía, crecimiento del consumo y la demanda, y políticas públicas de empleo, que son las que posibilitarían un crecimiento económico, y garantizarían puestos de trabajo de calidad. Si a todo ello le unimos la última Contrarreforma Laboral del PP, tenemos servido en bandeja el conjunto de políticas contrarias a toda garantía laboral de las personas. Con una fuerza laboral importante tampoco habría problemas para garantizar la sostenibilidad del Sistema Público de Pensiones, que también se está poniendo en revisión últimamente.
5.- Vivienda. El Derecho a la Vivienda también es básico y fundamental, y de un tiempo a esta parte es uno de los derechos más sujetos a polémica, debido a las prácticas inmorales, perversas e indecentes de que ha sido objeto por parte de las entidades financieras. Los Bancos han especulado con la Vivienda como si fuera un bien de consumo, estafando a sus clientes hipotecarios, y sometiendo el mercado inmobiliario a una suerte de burbuja que ha acabado explotando, como no podía ser de otra manera, y dejando miles de deshaucios al año, así como un número intolerable de viviendas vacías, derivadas de dicho mercadeo. Nosotros pensamos que este Derecho a la Vivienda puede ser garantizado mediante la puesta en Alquiler Social (a precios baratos) de todo ese parque inmobiliario de las entidades financieras, así como apostando por una política de protección del suelo y de habilitación/adaptación de las viviendas existentes a las nuevas energías alternativas.
6.- Igualdad. El tema de la Igualdad es tan extenso y tiene tantos flecos y manifestaciones, que podríamos dedicar un artículo separado sólo a ella. Lo podemos referir, evidentemente, a la garantía de igualdad (y por tanto, no discriminación) en los aspectos de sexo, raza, creencia, opinión, religión, o cualquier otra circunstancia personal o social, como reza en el articulado de nuestra Constitución. Y tenemos que denunciar, evidentemente, que no se cumplen en la actualidad. Los dos aspectos más sangrantes y por tanto, los retos más interesantes a conseguir, son la integración racial (en general, las personas migrantes), y la igualdad entre los dos sexos, es decir, la igualdad entre mujeres y hombres. Desgraciadamente, y aunque en épocas anteriores hemos dado pasos importantes en estas materias, no sólo estamos muy lejos de llegar a los escenarios ideales, sino que además, los objetivos previamente alcanzados se han puesto de nuevo en crisis con el Gobierno del derechista y retrógrado Partido Popular. Así que de nuevo hoy en día los derechos de las mujeres son pisoteados (se pretende involucionar en la Ley del aborto, por ejemplo), los niveles de desigualdad se manifiestan más claramente que nunca, se acrecienta la discriminación de la mujer sobre el hombre, se dedican menos recursos a las políticas de Igualdad, y la marginación de las personas migrantes alcanza cotas inesperadas (por ejemplo, se acaba de aprobar que los inmigrantes irregulares no tengan derecho a la Atención Sanitaria, excepto la de urgencia, si no pagan una cuota anual). Y también en este capítulo podemos citar los onmipresentes privilegios de la Iglesia Católica sobre el resto de confesiones religiosas, lo cual, además de ser discriminatorio, va en contra de la arquitectura y el funcionamiento de un Estado Laico, tal y como pretendemos alcanzar.
7.- Cultura. Nos referiremos aquí a la Cultura y a las Artes (donde podemos también incluir la práctica del Deporte, como manifestación de la salud y el bienestar físico y mental de los ciudadanos). El Estado debe velar por una política de apoyo, promoción y difusión cultural para toda la ciudadanía que tenga las mismas características que ya hemos mencionado para el resto de Derechos, es decir, pública, abierta, gratuita, general, inclusiva, de calidad, universal. El acceso a la cultura y a las artes debe quedar completamente garantizado en su totalidad por los poderes públicos, de tal forma que todas las manifestaciones culturales y artísticas (cine, música, literatura, poesía, teatro, arquitectura, pintura, etc.) y todos los autores/creadores/artistas (escritores, actores, pensadores, músicos, escultores, poetas, pintores, cineastas, etc.) se sientan amparados por el Estado. Sólo de esta forma se conseguirá una sociedad de personas realmente libres, maduras y con actitud crítica, en contra del panorama que tenemos actualmente, donde predomina el pensamiento único y la difusión de los dogmas ligados a una escala de valores donde prima el negocio asociado a las manifestaciones culturales y a la propia difusión de la cultura.
8.- Libertad de expresión. Por fin, y para terminar con el gran capítulo de los Derechos Fundamentales, vamos a referirnos a un derecho que también está sujeto a polémica últimamente, como es el de la libertad de expresión, reunión, asociación, manifestación, y otras variantes. Efectivamente, este Gobierno ultraconservador que tenemos no tolera que desde la ciudadanía hagamos frente a sus decisiones haciendo valer nuestra fuerza, que no es otra que el derecho a la protesta, a la denuncia, a la rebeldía, a la movilización, por lo cual está preparando actualmente una serie de modificaciones al Código Penal, para endurecer las penas preventivas y catalogar como delitos toda serie de actos que induzcan a dichos comportamientos. Claro síntoma de gobiernos totalitarios, pues sólo aquéllos que no aceptan las críticas son los más firmes defensores de todo tipo de represión ciudadana. No sólo caminamos hacia un Estado minúsculo, contable e insensible, sino también socialmente represor. Por tanto, se debe caminar en la dirección contraria, no sólo fomentando la completa y absoluta libertad de expresión, sino también garantizando (esto lo comentaremos mejor en el siguiente artículo) unos Servicios Públicos de información totalmente plurales, críticos y abiertos. Continuaremos en la segunda parte, donde trataremos el tema de los Servicios Públicos que desde el Estado se deben garantizar, muchos de ellos ligados a los Derechos que hemos tratado aquí.
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