Continuando con el tema de la financiación de los centros de ideario católico en nuestro país, hemos de decir que los centros católicos representan un 65% (aproximadamente) del total, pero a ellos asiste, actualmente, en cifras estimadas, un 75% del alumnado. Y de esta forma, los aproximadamente 4.000 centros privados concertados existentes, a los que asisten unos 2 millones de escolares, según los últimos datos del año 2012, representan un coste para el Estado Central y Autonómico, de unos 5.780 millones de euros. Y además es previsible que según se vayan desarrollando los preceptos de la LOMCE, la retrógrada Ley educativa del Partido Popular, con su carga añadida de privatización de la enseñanza, aumentará muy considerablemente el coste de su financiación. Y luego nos vendrán a argumentar el consabido derecho a la "libertad de enseñanza", claro eufemismo para ocultar exactamente esto, es decir, la implantación de colegios concertados de ideario católico con financiación pública.
Hemos de referirnos también en el capítulo de enseñanza a la Universidad. Nos referimos aquí evidentemente a las Universidades Católicas (privadas) y a sus respectivas Fundaciones, que también reciben apoyos directos o indirectos del Estado, para la financiación de capillas, capellanes y de profesorado que imparte teología, derecho canónico, etc., en las Universidades públicas. Y en este apartado, es muy importante también tener en cuenta el enorme coste de las becas para el alumnado que asiste a este tipo de Universidades. Nos consta que de los más de 1.000 millones que el Estado dedica anualmente a becas universitarias, una buena parte es concedida al alumnado que asiste a este tipo de centros, o bien hace cursos de postgrado (másteres, etc.) en Universidades Católicas. Por otra parte, hay que contabilizar también las propiedades universitarias de la Iglesia, que están exentas de impuestos, y que reciben ayudas varias de Ayuntamientos y Comunidades Autónomas. En este sentido, la tendencia general desde hace varios años acá es el abandono de nuestras Universidades Públicas (mediante sibilinos y engañosos mensajes en cuanto a su calidad) para potenciar la creación y al apoyo a las Universidades privadas.
Y así, varias organizaciones de la Iglesia Católica son propietarias de varias Universidades (Deusto, de los jesuitas; Navarra, del Opus Dei; CEU, de la Asociación de Propagandistas; Pontificias de Comillas y Salamanca; Diocesanas de Murcia y Ávila) y de 15 Facultades eclesiásticas, 41 centros teológicos, 11 Colegios Universitarios, 55 Escuelas Universitarias y 72 Institutos Superiores...¿alguien da más? Pero no acabamos aún el capítulo de la enseñanza, ya que hay que contabilizar también las cuantiosas donaciones que diversos estamentos públicos, como Ayuntamientos, CC.AA., etc., hacen a fundaciones universitarias privadas católicas y otras entidades educativas de la Iglesia. También las organizaciones de la Iglesia y la Conferencia Episcopal Española reciben diversas subvenciones y donaciones de apoyo por parte del Estado, para sus propias editoriales y medios de comunicación.
Bien, otra partida muy interesante es la relativa a lo que pudiéramos llamar la "actividad social" de la Iglesia Católica, que además de su labor de caridad, la utiliza para hacer proselitismo y propaganda católica, y que se lleva a cabo a través de centenares de asociaciones, organizaciones, fundaciones, congregaciones religiosas vinculadas a la Iglesia mediante sus más de 60 delegaciones diocesanas locales y de las delegaciones autonómicas, tales como Cáritas o Manos Unidas, y los más de 3.000 centros y casas de caridad, dispensarios, casas de ancianos, discapacitados, orfanatos, guarderías, centros especiales de reeducación, centros de drogodependientes, etc., a través de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados o las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl y otras múltiples asociaciones, pertenecientes a diversas congregaciones religiosas, que reciben dinero vía subvenciones, conciertos y donaciones directas del Estado (Central, Autonómico y Local). Llegados a este punto, son necesarias varias reflexiones en torno a la existencia de este tipo de organizaciones, y su relativa utilidad social. De entrada, recomiendo a los lectores nuestro artículo "¿Caridad, Solidaridad o Justicia Social?", donde desarrollamos a fondo nuestra opinión al respecto.
De entrada, no es aceptable que en un contexto de continuos recortes a las ayudas y prestaciones sociales, donde las personas en riesgo de exclusión social aumentan en porcentaje cada año, sea la caridad la principal herramienta de auxilio para estas personas. Un Estado no puede simplemente sustituir los mecanismos que proporcionen la justicia social por otros dedicados a la caridad, ni puede ejercer únicamente la solidaridad a través de fomentar la ayuda entre las propias personas y familias de la comunidad. La justicia social es responsabilidad del Estado, y no puede ser eludida, independientemente de que puedan existir terceras organizaciones que se dediquen a este ámbito. En nuestro artículo lo exponemos así: "De esta forma, el Estado va abandonando su función primordial de garante de la cohesión social, y va dejando esta tarea en manos de lo que pudiéramos llamar "caridad oficialista" (Cáritas, Cruz Roja) y no oficialista, que se va desarrollando cada vez más (Bancos de Alimentos, Comedores Sociales, etc.), y resto de iniciativas y movimientos solidarios...". Y cómo no, en el Patronato de las Fundaciones de Bancos de Alimentos tenemos presencia de grandes empresas, de la Iglesia Católica y de la Administración Pública. Y así, va calando de forma subliminal el mensaje de que la gente pobre ha de acudir a la beneficencia, como si el hecho de que existieran ricos y pobres fuese una ley divina. En el fondo, todas estas organizaciones, están de un modo u otro legitimando esta situación de miseria social, y eximiendo al Estado del cumplimiento de su deber. Continuaremos en siguientes entregas.
Fuente Principal de Referencia: Europa Laica
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