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14 julio 2016 4 14 /07 /julio /2016 23:00
Autor: Ismael Muñoz

Autor: Ismael Muñoz

Continuando con el conjunto de MMSS que velan por el respeto a los Derechos Humanos, hemos de destacar también a la Coordinadora para la Prevención y Denuncia de la Tortura, problema que, aunque continuamente escondido, ignorado y silenciado por nuestros Gobiernos bipartidistas, continúa existiendo en nuestro país. Esta Coordinadora es una plataforma integrada por decenas de organizaciones de lucha contra la tortura y la defensa de los derechos humanos, agrupadas con el objetivo principal de velar por la aplicación y el seguimiento de los mecanismos internacionales de prevención de la tortura en el Estado Español, de manera especial el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes de las Naciones Unidas. Y así, entidades como la Asociación Apoyo, Asociación EXIL, Asociación Libre de Abogados, Asociación para la Defensa de los Derechos de la Infancia, Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, Centro de Asesoría y Estudios Sociales, Centro de Documentación de la Tortura, Coordinadora de Barrios, Coordinadora Estatal de Solidaridad con las Personas Presas, Federación Enlace, Grupo 17 de Marzo, Justicia y Paz, entre otras muchas, están adheridas a esta Coordinadora Estatal. 

 

Igualmente, todas las organizaciones adheridas a la Coordinadora hacen suyas las conclusiones y recomendaciones surgidas como fruto del debate de las Jornadas celebradas a nivel nacional, y se comprometen a trabajar por su aplicación total como expresión máxima de la erradicación de la tortura en el Estado Español. La Coordinadora elabora también anualmente su Informe sobre la Tortura en el Estado Español (aquí podemos descargar el último relativo al año 2015), que presenta un análisis extenso y pormenorizado de las denuncias presentadas durante el año en cuestión, con distribución por territorios, por denunciantes y por denunciados, análisis estadístico de las sentencias dictadas al respecto, así como una selección de los artículos más interesantes publicados en torno a la tortura en nuestro país. Recomendamos también la lectura de nuestro artículo en torno a la publicación del Manifiesto Contra la Tortura de junio de 2013, que resume las recomendaciones que todos los foros internacionales realizaron a nuestros gobernantes en relación a todos los asuntos de tortura, malos tratos, internamiento ilegal, respeto a las personas detenidas o incomunicadas, y otros derechos que se vulneran continuamente en nuestro país. Porque frente a todo pronóstico lógico y sensato para un país democrático, en España no solamente se cometen torturas durante las manifestaciones, en los centros de internamiento y en las dependencias policiales, sino que además son protegidas y silenciadas sistemáticamente por nuestros Gobiernos

 

En efecto, como nos cuenta en el artículo de referencia Marta Borraz desde eldiario.es, todas las organizaciones de derechos humanos aseguran que las Instituciones españolas niegan sistemáticamente el problema de los malos tratos, y no asumen las recomendaciones que realizan los organismos internacionales con competencias en este ámbito. La tortura existe en España. Es un hecho lamentable pero cierto, en un país que presume de democrático y avanzado, pero donde nunca se desmontaron las estructuras de poder procedentes de la época franquista. Y tenemos muchas pruebas al respecto. El pasado abril, nuestro deplorable Ministro del Interior en funciones, Jorge Fernández Díaz, pidió al Poder Judicial que actuara contra un juez de la Audiencia Nacional porque admitió que "la tortura se ha producido de manera clara". Los hechos y los datos cantan por sí mismos: entre los años 2004 y 2014, la Coordinadora ha recogido y documentado 7.500 casos de personas que han denunciado ser víctimas de maltrato policial. La última reprimenda internacional la situamos a comienzos del pasado junio, cuando el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo condenó a España por no investigar suficientemente las denuncias de torturas interpuestas por un denunciante detenido por la Guardia Civil en 2011. 

 

¿Es un caso aislado? No. Se trata de la sexta condena de este tipo a nuestro país desde el año 2010, y la octava desde que suscribió el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Y a pesar de todo, la respuesta sistemática de todos los Gobiernos de nuestra etapa "democrática" es negar rotundamente la práctica de la tortura en nuestro país. Absolutamente vergonzante y bochornoso. Sólo en 2015, 232 personas denunciaron haber sufrido torturas y malos tratos en nuestro país. Y lógicamente, ante esta falta de responsabilidad y de respuesta institucional, y ante este escandaloso silencio, son las organizaciones y movimientos de la sociedad civil los que tienen que ocuparse del asunto, y denunciar la existencia de tortura y malos tratos. Recientemente, el trabajo documental catalán "Ciutat Morta" (cuyos autores fueron premiados por las propias instituciones catalanas) puso sobre la mesa la realidad de los excesos policiales llevados a cabo contra personas detenidas, denunciando valientemente cómo varios de los detenidos en el Caso 4F interpusieron denuncias de tortura durante el interrogatorio en Comisaría contra algunos de los policías, que fueron archivadas por la jueza. Años más tarde, dos de esos mismos agentes fueron condenados por otro caso de torturas. En esta ocasión, la víctima era un ciudadano de Trinidad y Tobago al que, según el juez, los policías vejaron, golperon, humillaron, le apagaron un cigarrillo en el hombro, le restregaron una fregona por la cara y le amenazaron con una pistola. Contemplando estos casos, parece que no haya pasado mucho tiempo desde el famoso "Crimen de Cuenca" de comienzos del siglo pasado, que fue llevado al cine con gran éxito por Pilar Miró. 

 

El tupido velo lo pone la escandalosa falta de voluntad política para acabar con estos aberrantes casos en España, y en este sentido, Amnistía Internacional ha lamentado que "la falta de investigaciones adecuadas fomenta un clima de impunidad" en torno a este asunto, y lleva años mostrando su preocupación por innumerables casos de tortura infligidos por funcionarios en el cumplimiento de su deber. Los organismos de la Unión Europea, así como los de ámbito internacional, han recomendado a las autoridades españolas la adopción de una serie de medidas, tales como la abolición del régimen de incomunicación o la instalación de videocámaras para grabar en todas las dependencias policiales, medidas que han sido hasta ahora ignoradas por nuestros gobernantes. Igualmente, se echa en falta la implementación de todas las medidas instadas por el Protocolo de Estambul, un conjunto de reglas para documentar la tortura y sus consecuencias, adoptado por la ONU en el año 2000. Recientemente, el caso más mediático ha sido el de Esther Quintana, al que la policía catalana le reventó un ojo por el disparo de una pelota de goma. El juez terminó por absolver a los agentes implicados, ante la falta de pruebas definitivas que los inculparan. El Comité Contra la Tortura informa que, entre los años 2009 a 2012, se iniciaron procedimientos penales contra 4.200 funcionarios acusados de torturas, de los cuales sólo 29 acabaron condenados. La última mala noticia al respecto ha sido la luz verde a los Mossos d'Escuadra por parte del Parlament catalán para utilizar pistolas eléctricas (las famosas Pistolas Taser), a sabiendas de que son armas que pueden provocar graves riesgos contra las personas, y de las recomendaciones en contra del Comité contra la Tortura de la ONU y del Consejo de Europa. Vamos por un camino muy peligroso. Continuaremos en siguientes entregas.

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Published by Rafael Silva - en Política
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