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23 junio 2015 2 23 /06 /junio /2015 23:00

La participación es una dinámica mediante la cual los ciudadanos se involucran en forma consciente y voluntaria en todos los procesos que les afectan directa o indirectamente. La participación es el camino para la conformación de la ciudadanía. Al ejercer plenamente su ciudadanía, la gente recupera el verdadero significado de la democracia, tal como la definió Abraham Lincoln: "gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo". En ese sentido, la participación se convierte en una herramienta para derrotar la exclusión política y en una forma de crear un poder "contrahegemónico" capaz de sobrepasar y subvertir las formas tradicionales de las instituciones políticas representativas

Andrés H.

En muchos artículos de este Blog hemos mencionado que una característica fundamental que la nueva hornada de políticos procedentes de la ciudadanía (presentados a las Elecciones desde las Candidaturas de Unidad Popular) deberían cumplir se refería a los modos y formas de gobernar. Y lo resumíamos bajo el lema de "GOBERNAR OBEDECIENDO". Quizá sea la máxima más perfecta para reflejar la necesaria presencia de la democracia popular, directa y participativa, en los entes locales y autonómicos, incluso para los representantes del Congreso y el Senado. La plataforma Barcelona en Comú, presidida por Ada Colau, nueva y flamante alcaldesa de la ciudad condal, redactó en su momento un "Código de Ética Política" que todos sus cargos electos deberían cumplir, y que vamos a comentar y a resumir a continuación. 

 

Bien, la pregunta inicial debería ser: ¿A quiénes hay que obedecer? Y la respuesta parece estar bien clara: a los gobernados, esto es, al pueblo, a la sociedad civil, al tejido ciudadano. Debe tratarse de un continuo proceso de retroalimentación, donde las decisiones de los gobernantes no sólo sean coherentes con el programa electoral en cuestión bajo el que se presentaron a los comicios, sino que, sobre todo para las decisiones importantes para el conjunto de la ciudadanía, ésta sea consultada en todo momento, y sus decisiones populares sean vinculantes para los representantes públicos. Los políticos han de gobernar para el conjunto de la ciudadanía, poniendo las Instituciones a su servicio, rescatándolas para la gente, y desde ese punto de vista, existen ya muchos actores que representan segmentos muy variados del tejido de la sociedad civil, que deberían ser consultados: los sindicatos (sobre todo los auténticos sindicatos de clase, como el SAT, ELA, CO.Bas, CGT...), la PAH, las Mareas Ciudadanas (sanidad, educación, etc.), las asociaciones vecinales, las asociaciones profesionales y sectoriales (mujeres, parados, mayores, enfermos, etc.), las Marchas y Campamentos de la Dignidad, y muy especialmente, los colectivos afectados por ERE masivos de sus respectivas empresas (Coca-Cola, Telefónica, etc.). 

 

Hay que gobernar en continua actitud de representación de los más débiles, de los que tienen menos voz, de los colectivos más maltratados, y en última instancia, hay que gobernar obedeciendo al pueblo en toda su dimensión humana y social, o si se quiere, la propia sociedad civil organizada, potenciando el ejercicio (democrático y exigente) del derecho a constituir una ciudadanía responsable. En este sentido, necesitamos desarrollar mecanismos eficaces de transparencia en la financiación y rendición de cuentas, democráticos y populares, y con espacios reales de participación y decisión de la ciudadanía en los asuntos públicos. Necesitamos también acabar con los privilegios de los que, durante muchos años, ha disfrutado buena parte de la clase política, y que han provocado graves sentimientos de desafección ciudadana con respecto a la noble actividad política. Si tuviéramos que resumir en una la principal misión de nuestros representantes públicos, quizá ésta fuera la defensa de la aplicación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en los diferentes ámbitos de nuestra sociedad. 

 

Comenzando por las primeras reuniones de toma de contacto con otras fuerzas políticas y sociales, que deben hacerse públicas (incluso filmadas en directo para todas las personas interesadas en seguirlas), la transparencia nos lleva a publicar las diferentes agendas de nuestros representantes, para hacer visible con quiénes se reúnen y los temas que tratan. Se deben hacer públicas sus fechas, los colectivos implicados, los demás actores que intervengan, y el orden del día propuesto. Se deben facilitar todos los ingresos, bienes y rendimientos patrimoniales de todos nuestros cargos públicos, así como los posibles conflictos de intereses en diferentes sectores profesionales de donde provengan nuestros representantes. Hay que hacer públicos también los criterios de contratación de los posibles cargos de libre designación, intentando minimizar el número de éstos. Y por supuesto, todos los cargos políticos han de rendir cuentas de sus actuaciones ante la ciudadanía, mediante instrumentos presenciales y virtuales, en formatos open data, asamblearios, democráticos y abiertos a todo el público, y en los diferentes ámbitos de la Administración Pública afectados por su gestión. 

 

Hay que instalar mecanismos de democracia revocatoria para todos nuestros cargos electos, a cualquier nivel de la Administración, bien por su mala gestión, o bien por el incumplimiento flagrante del programa electoral. Las justificaciones ante dichos incumplimientos (aunque es la ciudadanía la que debe decidirlo) no deben estar permitidas, pues la única salida digna ante dicha situación es la dimisión del cargo público en cuestión. Para que todo ello sea posible, se deben establecer mecanismos de garantía, auditoría y evaluación de la gestión de los cargos públicos, y la ciudadanía tendrá el derecho y el deber de participar activamente en el control y seguimiento de la labor de nuestros representantes políticos. Asímismo, debemos erradicar el fenómeno de las puertas giratorias, auténtico cáncer de nuestra democracia, consistente en el traspaso de personal procedente de empresas privadas a la Admnistración Pública y viceversa, para hacer prevalecer los espúreos y ocultos intereses privados sobre los intereses del conjunto de la ciudadanía. Quizá el mejor modo posible para ello sea ampliar los plazos mínimos obligatorios de inhibición entre el ejercicio de cargos públicos y privados. Se deben definir, asímismo, cauces de participación directa de la ciudadanía que sean vehículos de su representación, y permitan elevar las quejas, protestas, iniciativas, proyectos y necesidades que les afecten.

 

La financiación de las candidaturas políticas (sean éstas partidos, coaliciones, movimientos, o cualquier mezcla o fusión de ellas) también es un asunto importante. El dopaje económico de los partidos ha sido quizá la mayor causa de corrupción política de los últimos tiempos, por lo que, lo más recomendable, es no adquirir deudas con cualesquiera instituciones financieras (salvando quizá las procedentes de la banca ética), sino hacerlo a través de procesos de financiación popular (crowfunding) o mediante entidades procedentes de la economía social y solidaria. De este modo, las candidaturas políticas no serán nunca rehenes de la banca privada, quedando liberadas de la posibilidad de tener que incorporar sus peticiones, objetivos y deseos. Hay que poner topes a las donaciones privadas (para no coartar la independencia política de la candidatura), limitar drásticamente los gastos de campañas electorales, fomentar el micromecenazgo finalista (esto es, destinado a propuestas y acciones concretas), y desligar la actividad política de las candidaturas de posibles fundaciones o entidades jurídicas afines (que imposibiliten financiarse con recursos o mecanismos poco transparentes).

 

También son interesantes las formas, los usos y costumbres de hacer política, de tal modo que se erradiquen ciertas prácticas, cuando menos, indeseables, de la actividad política cotidiana: se debe renunciar a todo tipo de dádivas, reconocimientos, regalos y privilegios que se les puedan ofrecer a los cargos públicos, y que puedan significar cualquier trato de favor. No se deben acumular retribuciones públicas, ni cobrar dietas o remuneraciones extra por asistencia a reuniones. Se deben establecer topes a los sueldos y retribuciones públicas, del orden de un máximo de hasta tres veces el SMI (Salario Mínimo Interprofesional), limitando el mandato de cualquier cargo político a dos legislaturas consecutivas, comprometiéndose a renunciar al cargo ante cualquier imputación por parte de la judicatura por delitos relacionados con la corrupción política, por delitos contra los derechos humanos o contra las personas trabajadoras. Para los lectores interesados en explorar el tema más a fondo, remito a la lectura de la serie de artículos "Objetivo: Democracia", donde hicimos un recorrido por las características que, a nuestro juicio, debemos alcanzar para conseguir tal objetivo. 

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Published by Rafael Silva - en Política
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