Actualidad Política y Cultural - Blog de Rafael Silva

Y es necesario volver a recordar, llegados a este punto, las formaciones políticas con las que podemos contar a la hora de combatir el TTIP, y la cuestión parece estar muy clara, pero volveremos a insistir en ello, porque, como ya nos tienen acostumbrados, los distintos partidos y bloques políticos (en relación al Parlamento Europeo) juegan al continuo despiste de cara a la ciudadanía, y  mientras se llenan la boca diciendo defender los derechos sociales y laborales, culturales y políticos, en definitiva los Derechos Humanos, la realidad es bien distinta, pues cuando llega la hora de votar, se alinean con las posturas más neoliberales de la Comisión Europea. No nos engañemos por tanto sobre este punto, ya que sólo existen dos bloques en relación al asunto de los TLC: la coalición de conservadores, socialdemócratas y liberales (representados en nuestro país por el tripartidismo PP-PSOE-C's, más el resto de fuerzas de carácter neoliberal, como PNV-CDC-CC...), y la coalición alineada con la Izquierda Verde Europea, representada en nuestro país por PODEMOS, IU-UP, y el resto de fuerzas de la izquierda, como EQUO, Compromís, CUP, EH-Bildu, etc.

Tengámoslo claro, por tanto, a la hora de prestar nuestro apoyo, y de dejarnos convencer o no, por los charlatanes que las representan, porque como decimos, se prestan a un peligroso juego a dos bandas, pues mientras sigilosamente ayudan a aprobar TLC's como el TTIP, en sus respectivos países dicen abogar por el fin de la austeridad y la defensa de los derechos humanos. Y debemos entender la protesta contra los TLC no en forma aislada, sino como un todo, pues las mismas fuerzas políticas que abogan en su contra, son las mismas que también están en contra de los paraísos fiscales, a favor de la banca pública, a favor de la auditoría de la deuda, de la renta básica, y de muchas otras medidas, que las fuerzas que abogan por los TLC's no apoyan. Los dos bandos están, por tanto, muy claros, por mucho que nos digan frases bonitas como que "no necesitamos frentes, sino destacar lo que nos une". Son puros eslóganes de cara a la galería, que no aclaran realmente nada, sino que a lo único que contribuyen es a intentar crear más confusión ideológica, y bajo la bandera de la conciliación, del pactismo y de la negociación, intentar llevarnos a su terreno. Y es un terreno terriblemente peligroso. 

Y ello porque, centrándonos en los servicios públicos (a los que ataca fundamentalmente el TISA), si los diversos TLC en liza se aprueban definitivamente, no existirá ninguna posibilidad de construir y mantener el tan ansiado Estado Social Europeo, del que forma parte nuestro Estado de Bienestar (tan atacado últimamente), si no se puede conservar una arquitectura pública, gratuita y universal para nuestros servicios públicos. Pero evidentemente, los TLC representan un ataque en toda la línea de flotación de estos principios, ya que sus adalides son los primeros que afirman que "lo gratuito no es sostenible". Y bajo ese mantra, intentan convencernos de las bondades de la gestión privada de nuestros servicios públicos, tarea en la que llevan inmersos varios años, intentando a varias bandas, y en varias oleadas privatizadoras, introducir el negocio privado y la lógica del beneficio en la arquitectura de nuestros servicios públicos. Y evidentemente, ello no es factible. Sólo la lógica de la rentabilidad social y de la inversión pública permite que disfrutemos de unos servicios completamente públicos, pues en caso contrario, si estos principos se rompen, si cambian los pilares de esta arquitectura, la extinción de estos servicios públicos estará, más pronto que tarde, asegurada. 

Y por supuesto, las grandes empresas transnacionales (y sus innumerables corporaciones filiales y asociadas) están obsesionadas por introducir sus modelos de negocio en los servicios públicos, para transformar el principio básico orientado a la rentabilidad social y al bien común, por el orientado a la rentabilidad económica y a la obtención de beneficios empresariales. Es otro punto sobre el cual no debemos dejarnos engañar, porque estos dos principios no casan, ni son compatibles entre sí. Y debemos rehuir de los experimentos en este sentido, pues lo único que pretenden es abordar la privatización poco a poco, de forma progresiva, de tal manera que el impacto sobre la ciudadanía sea sostenido, suave, pero al fin y al cabo, igualmente implacable. Y tomando las palabras de Fátima Aguado y Francis Cabezos, de la Federación de Servicios de CC.OO.: "Una sociedad moderna, igualitaria, que quiere construir una convivencia digna para que las personas puedan realizar sus proyectos vitales, es una sociedad en la que la redistribución de la riqueza es un punto básico de partida, unos cimientos sobre los que debe levantarse todo el edificio social que nos acoge como personas, y nos eleva a la categoría de propietarios de derechos de ciudadanía, de personas con futuro". Porque en efecto, los modelos de bienestar encarnan las señas de identidad de las sociedades más avanzadas, pero la corriente neoliberal más salvaje y conservadora está atropellando el derecho de la ciudadanía a unos servicios públicos de calidad. 

Nosotros, la clase trabajadora, las clases populares, las clases más vulnerables, estamos en el otro bando, en el bando de la defensa de la justicia social, del empleo digno, estable, decente y con derechos, del Estado del Bienestar y de la soberanía popular, para que sean los Estados, de forma democrática, los que regulen las reglas del juego, y no las insaciables multinacionales, que sólo buscan la lógica del beneficio a toda costa, sin importarles, desde su cima, ningún otro criterio. Bajo la excusa de la libre competencia (ya reflejada en el Tratado de Lisboa de 2007), se pretende abrir totalmente el abanico de servicios liberalizados, ahondando en la desregulación de los mismos, abriéndolos a la competencia privada, y despojando al conjunto de la ciudadanía de sus derecho a los mismos. Y para conseguirlo, pretenden dar a estos acuerdos transnacionales una categoría supraconstitucional, que limita la capacidad reguladora de los Estados en todos los niveles de sus respectivas Administraciones Públicas, en lo referente a la normativa que regula dichos servicios. Y aún es mayor la amenaza, al pretender hacer esto con un país como socio (EE.UU.) que sigue sin ratificar (dejaremos para un artículo posterior de esta serie todo el conjunto de normativas sobre derechos humanos que incumple USA) más de 70 Convenios de la OIT (Organización Internacional del Trabajo). Mal socio, referente y compañero de viaje hemos buscado, pues. Continuaremos en siguientes entregas.

En el presente artículo vamos a intentar salir al paso de varias declaraciones realizadas de un tiempo acá por los dirigentes políticos (a veces también económicos) de las clases dominantes, y más concretamente del Partido Popular, en lo relativo a la naturaleza de la corrupción. Quizá una de las más argumentadas últimamente ha sido la pronunciada hace varios días por el Ministro de Justicia en funciones, Rafael Catalá, cuando al ser preguntado por esta cuestión, ha aseverado: "La corrupción se refiere a las personas, no a las organizaciones". Dichas declaraciones se enmarcan, como tantas otras, en el intento desesperado de defender al PP (como organización) sobre las acusaciones de corrupción en las que se está viendo envuelto, motivos por los cuales ya ha sido imputado (como organización). En realidad, es una afirmación más de tantas otras como se hacen en el intento de desviar el foco de atención, la responsabilidad y la gravedad sobre los casos de corrupción del Partido Popular, como cuando afirman que "corrupción existe en todas partes". 

Pero sin embargo, esta afirmación del Ministro Catalá (que tampoco ha sido original, ya fue proclamada por otros anteriormente) es especialmente significativa, así que vamos a tomar cartas en el asunto, para intentar rebatirla. Bien, parece ser que se parte de la idea de que no se puede tildar de "corrupta" a la propia organización, entidad, organismo o empresa (PP, en este caso), porque dicha cualidad sólo cabe asignarla a las personas. Desde ese punto de vista, parecería lógico, ya que tampoco las organizaciones son "bondadosas", "amables", "orgullosas", y un sinfín de características más de dimensión humana que atribuiríamos únicamente a las personas, y no a las organizaciones, al igual que si en una tienda familiar tres miembros de la familia son cojos, no diríamos que la tienda o el negocio es cojo, sino que son cojos sus dueños, o quienes lo gestionan. Perfecto hasta aquí. Impecable. Pero sin embargo, cuando afirmamos que el PP es corrupto, que es una organización criminal, pensada para delinquir, lo que estamos queriendo decir no es que determinadas personas concretas de dicha organización sean corruptas, sino que los propios procesos, sistemas, procedimientos y protocolos que dicha organización posee, o si se quiere, sus propios fundamentos de actuación, son corruptos. Es decir, es el propio sistema, formado, proyectado y creado por las propias personas que forman dicha organización, el que crea modos, formas, costumbres, usos y procedimientos corruptos, basados en métodos corruptos, y por tanto, donde no caben por definición procedimientos lícitos, éticos, morales y legales.

Y de ello tenemos infinidad de pruebas. Quizá la más evidente es que, cuando se han encontrado en el seno del partido (o en sus asesores o colaboradores) a personas que no querían seguir dichos procedimientos, el partido (las personas, pero también la propia organización) los han despedido, apartado, marginado o expulsado. Y a este nivel, es propio comparar al PP, por ejemplo, con una organización mafiosa, es decir, cuyo objeto es el diseño de una organización criminal. Y en este sentido, cuando por ejemplo hablamos de la mafia calabresa, no decimos que "sus miembros" sean los corruptos, sino que la propia organización lo es, pues está pensada para ello. Armando B. Ginés lo ha explicado en los siguientes términos: "Se quiere dar a entender que la corrupción no es estructural en el régimen capitalista, sino que presenta casos aislados e individuales, pasajeros y puntuales. Sin embargo, la corrupción del capitalismo es inherente al sistema. El capitalismo se basa en la corrupción ideológica, ética, política y económica. Su sustento, con añagazas legales o sin ellas, descansa sobre un dato objetivo: la explotación laboral y el robo institucional de una parte considerable del trabajo ajeno. A partir de esta premisa se construye un edificio jurídico, mítico y de valores que sostienen la ficción democrática bajo los conceptos estrella de libertad, igualdad y participación sociopolítica". 

Y al ser corrupto el propio sistema, podemos colegir que la organización es corrupta en sí misma. Podemos poner múltiples ejemplos, en otros órdenes, que compartirían una filosofía similar, y que podrían ayudarnos a entenderlo. Por ejemplo, no es lo mismo, hay que distinguir, entre la injusticia concreta que se pueda cometer contra un trabajador, y la injusticia que pervive en el propio sistema que permite que exista dicho trabajador. Una cosa es que sea injusto lo que un empresario pueda hacer, y otra cosa bien distinta es que es injusto el propio sistema que permite que dicho empresario pueda actuar de esa forma. Es una diferencia de dimensiones, entre el mundo de los árboles y del bosque, de las manzanas y del cesto, de los hechos y de las estructuras. El capitalismo es por tanto estructuralmente corrupto, y más allá de la lucha contra las injusticias concretas cometidas por él, es relevante la lucha contra el capitalismo en sí mismo, que permite que se den dichas situaciones. Podemos tomar como referencia también las palabras de Manolo Monereo y Héctor Illueca, que han dejado escrito lo siguiente: "Aunque a alguno se le erice el pelo, la actual forma del Estado no es la de un régimen democrático salpicado por casos de corrupción, sino la de un régimen oligárquico atravesado por la corrupción, y apenas disimulado por instituciones aparentemente democráticas". 

Esperamos que, después de estas reflexiones, quede acreditado, razonado y aclarado qué queremos decir cuando nos referimos al Partido Popular como organización corrupta en sí misma, y por tanto, pensamos que no es correcto dejarlo, como hizo recientemente el Ministro de Justicia, sólo en el ámbito de las personas. Nos cuentan esto para intentar que no veamos el bosque de la podredumbre de su formación política, con casos de corrupción sangrantes, innumerables y estructurales, con formas de actuar corruptas, con fines corruptos en sí mismos, que les han llevado desde el pago de las reformas de su sede central de C/. Génova pagada con dinero negro, hasta la cúpula del PP valenciano imputada al completo (han tenido que nombrar una Gestora provisional que dirija el partido allí), pasando por la Caja B y los sobresueldos de los dirigentes, los papeles de Bárcenas, o el expolio ingente de recursos y fondos públicos que hay detrás de los casos Gürtel, Púnica, Noos, Fabra, Camps, Matas, Granados, y un largo etcétera que hunde en el fango a esta organización, y que demuestra hasta qué nivel de ponzoña hemos albergado en nuestras instituciones. 

PS. Aún estamos esperando que Rajoy asuma responsabilidades políticas por los "...Te quiero, Alfonso, coño, te quiero..." y otras lindezas vertidas en los mítines del PP valenciano.

Continuando con todo el tema hídrico ya comenzado en el artículo anterior de esta serie (donde hablamos de nuestros mares y costas), continuaremos aquí abordando el tema de nuestros ríos, donde es imprescindible mantenerlos vivos, así como fomentar un ahorro efectivo de agua. Desde el advenimiento de los grandes procesos de industrialización, se dan continuamente casos de fábricas y empresas que vierten sus residuos (de forma controlada o accidental) al curso de nuestros ríos, provocando graves casos de contaminación del agua, y de muerte masiva de las especies que los habitan. Ante tales casos, la desidia de nuestras Administraciones Públicas para paliar los efectos de dichas situaciones, así como para impedir que vuelvan a ocurrir, ha sido pasmosa. La transición definitiva de la política de aguas en nuestro país para cumplir con los principios de sostenibilidad y la normativa europea queda en gran parte en manos de nuestras Comunidades Autónomas, ya que ellas, en sus respectivos Estatutos de Autonomía, quedan definidas como las Administraciones competentes para dichos asuntos. 

Y en primer lugar, necesitamos concienciar a la población y a nuestras Administraciones del grave problema hídrico que padecemos, derivado (de hecho, supone una de sus facetas principales) de la evolución experimentada por nuestros ecosistemas por efecto del cambio climático. De hecho, las aportaciones de agua que llegan de nuestros ríos ha descendido bruscamente durante las últimas décadas, y según todos los organismos responsables, esta tendencia continuará durante los próximos años. En este magnífico artículo del que extraemos parte de esta información, Edmundo Fayanás nos informa de que para el conjunto de España, y durante los últimos 25 años, se han reducido en un 20% el total de los recursos hídricos disponibles. En algunos casos, ha sido especialmente dramático, como en la cuenca del río Segura, cuya disminución hídrica ha sido de un 40% durante los últimos 20 años. Con todo ello, nuestro país padecerá un déficit hídrico estructural que afectará a más de la mitad de la Península, destacando sobre todo las cuencas del Júcar, Segura, Guadiana, Guadalquivir, todo el arco mediterráneo, así como la cuenca del Ebro, especialmente afectada. Con estos datos, la conclusión está clara, sin pretender ser apocalípticos: avanzamos sin remedio hacia un colapso hídrico y medioambiental, como consecuencia de la inacción de nuestros políticos, de la labor depredadora del capitalismo, y de la falta de concienciación ciudadana sobre estos asuntos. Dicho en otras palabras: nos estamos quedando sin agua. 

Los ríos y afluentes secos, o con un caudal inferior al nivel ecológico mínimo no podrán, si no tomamos medidas que lo impidan, garantizar la supervivencia de sus respectivos ecosistemas. Con unos niveles de lluvia y nieve inferiores a lo esperado, es previsible un descenso muy acusado del caudal medio de los principales ríos, lo cual supondrá un caos hídrico de imprevisibles y dramáticas consecuencias. El déficit hídrico ya es preocupante, y con los efectos del cambio climático es de suponer que se acentúe. Hemos de tomar conciencia imperiosamente sobre la importancia de este hecho. Los deltas de algunos ríos desaparecerán, debido principalmente al crecimiento del nivel de los mares, y a la débil aportación de agua de sus respectivos ríos. Por otra parte, fuertes inundaciones y períodos prolongados de sequía también desequilibrarán los ecosistemas, y provocarán graves alteraciones de los mismos, siendo también fuente de la aparición y repetición de fenómenos climáticos adversos. Por tanto, toda la ciudadanía ha de ser consciente de la importancia del tema del agua, y exigir a los partidos políticos y movimientos sociales que luchen por la implantación de medidas racionales, que sirvan para paliar estos graves efectos y sus terribles consecuencias. 

Para garantizar el buen estado de las masas de agua (ríos, acuíferos, humedales, pantanos, etc.) es necesario que las políticas sectoriales (competencia de nuestras CC.AA.) minimicen el consumo de agua, garanticen caudales ambientales parecidos al régimen natural, y aseguren la calidad del agua disponible. Las Administraciones Públicas encargadas de agricultura, urbanismo, turismo e industria deben respetar el Dominio Público Hidráulico, las llanuras de inundación, y evitar la contaminación difusa o los usos excesivos. Asímismo, debe procederse a planes de limpieza del caudal de todos nuestros ríos, para evitar en lo posible riesgos de desbordamiento excesivo ante la ocurrencia de lluvias torrenciales, que suponen un grave peligro para determinados núcleos de población. Por otra parte, en vez de más embalses, hay que promover el ahorro y la depuración del agua, y garantizar la gestión pública de un bien público, desechando todas las posibles iniciativas gubernamentales o empresariales dirigidas a la privatización parcial o total de cualquier proceso de gestión del agua. Las medidas concretas que se proponen son las siguientes:

1.- Asegurar el ahorro real de agua para los usos agrícola, doméstico e industrial, a través de la modernización de infraestructuras y sistemas obsoletos de riego y distribución, asegurando que dicho ahorro contribuya al buen estado de nuestras masas de agua. 

2.- Renunciar a las políticas de trasvases, así como a la creación de nuevos embalses. 

3.- Establecer caudales ambientales en todos los tramos de los ríos, que garanticen la permanencia de la vegetación de ribera y de la fauna piscícola autóctona con unos niveles de población adecuados. 

4.- Reducir la contaminación de ríos y humedales, promoviendo buenas prácticas de fertilización, manejo de suelos y depuración de aguas y reduciendo el uso de plaguicidas, mediante el fomento del control natural de plagas. 

5.- Depurar las aguas residuales mediante la construcción de depuradoras de agua en pequeños núcleos de población, basadas en humedales artificiales. Mantener, ampliar y modernizar las depuradoras con la recuperación de los costes del agua. 

6.- Reconocer explícitamente el agua como bien público y promover el control público del uso del agua, evitando excesos en las extracciones e incentivando el uso responsable y la recuperación de los costes económicos, ambientales y sociales. Garantizar el derecho humano al agua, sobre todo a hogares con pocos recursos. Evitar cualquier proceso total o parcial de privatización de la gestión del agua. 

7.- Promover la gestión de la demanda del agua y el consumo responsable en las ciudades, redactando ordenanzas que obliguen a la instalación de sistemas ahorradores en viviendas, instituciones y edificios públicos y privados, e industrias, así como limitar el uso del agua para labores de jardinería. 

8.- Reducir significativamente la superficie (número de hectáreas) dedicada a la agricultura de regadío, promoviendo que ésta haga un uso eficiente del agua. Debemos ser conscientes de que el 80% del consumo nacional de agua se deriva a la agricultura. 

9.- Realizar una amplia reformulación de la planificación urbanística actual, teniendo en cuenta esta deriva de escasez de agua, así como de otras fuentes de energía. El desarrollo turístico de toda la costa mediterránea está depredando los pocos recursos hídricos que van quedando. Tengamos en cuenta que el consumo hídrico de un turista es cinco veces superior al de un/a ciudadano/a autóctono/a. Desde este punto de vista, el denominado "turismo sostenible" también es un objetivo a conseguir.

10.- Por último, debemos mejorar la gestión de los territorios fluviales. Sirva como ejemplo, como nos recuerda Edmundo Fayanás en su referido artículo, que aún en España existen 2 millones de pozos ilegales, y ningún gobierno ha sido capaz de controlar este fenómeno. Las Administraciones Públicas están respondiendo a estos problemas hídricos construyendo más presas, embalses y encauzamientos, pero ya hemos comentado que ésta no es la solución, sino que ella pasa por establecer una política racional de oferta y demanda, que parta de la base de que el agua es un bien público al servicio de la mayoría, y no un bien a mercantilizar en defensa de los intereses de las grandes empresas constructoras y multinacionales. Debemos por tanto mejorar y recuperar los humedales como auténticos pulmones de depuración natural del agua, cuidar y mimar los agotados acuíferos esquilmados por los pozos ilegales, e implantar sistemas de drenaje sostenibles en nuestras ciudades. 

Pero lo principal, como decíamos más arriba, es la conciencia ciudadana sobre el terrible problema hídrico que sufrimos, problema que irá avanzando según avance también la intensidad de los efectos del cambio climático. Todo ello agravará las tensiones por la gestión del agua entre los diversos territorios, desatando y agravando los actuales conflictos por las disputas en cuanto a su compartición, uso y responsabilidad. Debemos tomar importantes medidas en relación al tema, si no queremos que estas "guerras por el agua" entre los distintos pueblos se acrecienten, y pasen a representar auténticos conflictos territoriales. Finalizado el tema hídrico, continuaremos en siguientes entregas.

Fuente principal de referencia: Documento "Un Programa por la Tierra"

En el artículo anterior de la serie comenzábamos a hablar sobre la actual crisis que sufre Puerto Rico, bajo su estatus de ELA (Estado Libre Asociado) a USA, aunque más bien lo calificaríamos de poco libre, asociado a la fuerza, y en bancarrota. Y además, cuando corresponde definir quién pagará el desastre económico generado en la perla caribeña, desde Estados Unidos se alega que, como todo ello viene de décadas de malas administraciones puertorriqueñas, sus costes deben recaer sobre el pueblo del ELA. Otro caso más de fracaso de la gestión neoliberal, que siguió las pautas de nuestros PIGS europeos (Portugal, Italia, Grecia, España, etc.), endeudándose de forma ilegítima para rescatar a los grandes capitales financieros, y cuando estalla la burbuja, las únicas recetas son las de la consabida "austeridad", que paga el pueblo en sus servicios públicos, en su patrimonio y en su protección social por parte del Estado puertorriqueño. Como vemos, más de lo mismo, nada nuevo bajo el horizonte neoliberal. Si en el Viejo Continente nos lo exige la Comisión Europea, al pueblo boricua se lo exige EE.UU.

Así que el pueblo de Puerto Rico lleva décadas de precarización del empleo, de bajar salarios, de reducir pensiones, de privatizar los servicios públicos, y de elevar impuestos. Las mismas recetas de siempre, a favor de los de siempre, en contra de los de siempre. Pero todo ello no castiga a quiénes fueron responsables de dicho desastre económico, a quiénes se endeudaron ilegítima e ilegalmente, generando deudas insostenibles para el Estado, ni a quiénes practicaron el salvaje e indecente despilfarro, sino al pueblo llano puertorriqueño, que se limitó a servir de conejillo de indias, como tantos otros pueblos, de la ideología neoliberal más salvaje. En el caso de Puerto Rico estamos además ante un ataque colonial, ejercido en toda regla por parte de la potencia dominadora, contra un indefenso pueblo que sólo pretende vivir. La situación de guerra permanente contra los pueblos administrados por el imperialismo estadounidense continúa, no cesa, es implacable. En este caso, además, se omite que durante más de un siglo, Puerto Rico estuvo completamente al servicio de surtir y satisfacer las necesidades económicas norteamericanas, actuando, nunca mejor dicho, como un auténtico patio trasero, amoldándose a las necesidades de la economía estadounidense, incluso a costa de su propia subsistencia. 

Nils Castro lo explica en los siguientes términos: "Cuando Estados Unidos necesitó azúcar, se cañaveralizó a la isla arrasando los demás cultivos y la seguridad alimentaria, hasta que los agricultores norteamericanos la surtieron con azúcar de remolacha. Entonces se impuso la industria de derivados del petróleo hasta que la crisis de 1973 encareció el suministro y dañó el negocio. Luego, el Congreso estadounidense favoreció con exoneraciones la instalación de industrias ligera y farmacéutica en la isla, hasta que éstas la abandonaron cuando los atractivos asiáticos y los TLC con México y Centroamérica les ofrecieron mayores ventajas. E invariablemente esas empresas repatriaron enormes ganancias sin reinvertir en Puerto Rico, y cada una de esas experiencias le restó sostenibilidad a la economía del país, cuya gente nunca las ideó ni fueron sus beneficiarios. Y cada una dejó una crisis humana --y demográfica-- por la cual millares de puertorriqueños no tuvieron más remedio que dejar su patria". Es la lamentable historia de esta preciosa isla. 

Puerto Rico es un ilustrativo ejemplo de curiosa respuesta a la clásica pregunta: ¿quién debe a quién? Porque está claro que el auténtico deudor es Estados Unidos, que ha utilizado el territorio y los recursos económicos y naturales de Puerto Rico absolutamente a su servicio. La crisis en Puerto Rico subsistirá mientras no se deje a los puertorriqueños escoger libremente sus propias alternativas, y usar de forma soberana sus propios recursos, instalando los modelos económicos que sus propios gobernantes elijan de forma democrática. Pero como sabemos, Estados Unidos es absolutamente incapaz de comprender esto, y mucho menos de tolerarlo. Y el otro ejemplo de nación que ya avanzamos en el artículo anterior fue el de Haití, protagonista de cien años de ocupación y de resistencia, como explica Henri Boisrolin (Coordinador del Comité Democrático de Haití) en este artículo para el medio Brecha publicado en Rebelion, del que tomamos gran parte de la información. Nos tenemos que remontar a 1915, cuando las tropas de Estados Unidos entraban en Haití para evitar la conformación de un Gobierno contrario a sus intereses (¿nos suena de algo esta historia? ¿no es la misma de siempre para el gigante norteamericano?). Permanecerían allí durante casi 20 años, gobernando a sangre y fuego, implantando un sistema cercano al esclavismo.

Las tropas norteamericanas que desembarcaron en Puerto Príncipe ocuparon en pocos días las ciudades más importantes del país, y establecieron un control militar de sus aduanas que duraría hasta 1934. Por aquéllas calendas, la situación política de Haití era absolutamente caótica, produciéndose levantamientos populares, asesinatos políticos, exilios forzados, cambios continuos en la Presidencia del país, Golpes de Estado, etc. Estados Unidos decidió entonces invadir, ante el advenimiento de nuevos líderes que pusieran en jaque sus intereses. Establecieron el Convenio haitiano-estadounidense en 1916, redactaron una nueva Constitución en 1918 e impusieron reformas económicas en función de sus propios intereses, así como un trato racista en todos los ámbitos y facetas de la vida en la isla. Y así, la vida de millones de ciudadanos haitianos fue destruida durante varias generaciones. Estamos ante otro caso de neocolonialismo ejercido por el salvaje imperialismo estadounidense, construido mediante un largo proceso de destrucción (practicando una violencia inusitada contra la población) de las estructuras económicas y productivas del país caribeño. 

Haití se convirtió rápidamente, y aún continúa, disfrazado bajo otras formas, en el principal productor de mano de obra barata para las empresas norteamericanas instaladas allí. Ésta es la razón principal que explica el progresivo empobrecimiento del pueblo haitiano, la destrucción de su economía rural, el hambre, el desempleo, los éxodos masivos de población, y en una palabra, el exterminio de todas las posibilidades autóctonas de sobrevivir. Toda una masacre humanitaria, llevada a cabo durante implacables décadas de dominio imperialista. Varios historiadores haitianos fijan la cifra de víctimas de la ocupación estadounidense en más de 15.000, perpetradas durante masacres de campesinos, la imposición de duros e injustos sistemas de trabajo, y el terrorismo empleado por USA para vencer a la resistencia guerrillera haitiana. Es imprescindible, en ambos ejemplos que hemos puesto (Haití y Puerto Rico) continuar la lucha política y social para recuperar la soberanía de dichos pueblos, y su derecho a la autodeterminación, acabando con el vasallaje y el bárbaro colonialismo que se viene practicando desde el imperialismo estadounidense. Continuaremos en siguientes entregas.

La Fundación "España Constitucional" es un foro creado en junio de 2014 y presentado en Valencia por 34 exministros de los Gobiernos de la "democracia" española, pertenecientes al bipartidismo (PP y PSOE, pero también a la antigua UCD), que se definen como un foro de debate leal a la Constitución de 1978, y al Rey. Por tanto y básicamente, la Fundación la integra parte de esa "casta" política que nos ha venido gobernando desde la Transición, y que ha convertido nuestras relaciones laborales, nuestro sistema de protección social y nuestro sistema democrático en papel mojado. Por supuesto, están convencidos de que el marco constitucional nos ha traído la democracia y el "progreso", así como los mejores años de nuestra reciente historia. Y lógicamente, en los tiempos convulsos que vivimos, donde lo viejo no termina de morir y lo nuevo no termina de nacer (parafraseando a los clásicos marxistas), este engendro de la casta vuelve a la carga, preocupados por asuntos como la irrupción de PODEMOS en el Congreso, o el pulso soberanista catalán. 

La Fundación se propone actuar como foro de consenso por encima de los intereses partidistas, que es una forma fina y elegante de decirnos que velarán porque las actuales correlaciones de poder, y todo el engranaje político, social y mediático que nos gobierna, no se altere, o lo haga lo mínimo posible. Y así, la defensa de "nuestros valores constitucionales" es una de las banderas de la Fundación, así como las consabidas llamadas a la "unidad de España", la defensa "de la igualdad de los españoles ante la ley", y de la "soberanía nacional" están bien salvaguardadas por este foro. Nos quieren transmitir estos conceptos falaces y vacíos, cuando sabemos perfectamente que detrás de ellos lo único que se respalda es la consagración y supervivencia de la Corona, de un sistema de leyes injusto y reaccionario, que perpetúan y acrecientan la desigualdad social, y la pervivencia y supremacía de los mismos poderes fácticos que nos llevan gobernando desde el franquismo (léase la banca, los poderes económicos y financieros, la Iglesia Católica, las Fuerzas Armadas, y los grandes empresarios, todos ellos protegidos y blindados por una suerte de políticos nefastos, corruptos y mediocres a su completo servicio).

La Fundación ha rendido tributo al Rey Emérito Juan Carlos I, así como al fallecido Adolfo Suárez, y los han definido como los auténticos paladines de nuestra Constitución y acérrimos defensores de nuestro deficiente sistema democrático. Para más pistas, la Fundación fue promovida por los ex Ministros Eduardo Zaplana (PP) y José Bono (PP, perdón, PSOE, o más bien PPSOE, porque catalogar a Bono como "socialista" es una auténtica perversión). ¿Quiénes forman la Fundación "España Constitucional"? Pues nos da muy buenas referencias de ella esta página del sitio web "Quién Manda", donde podemos comprobar que además de Cristina Garmendia (Presidenta) y de Rodolfo Martín Villa (Vicepresidente), se encuentran nombres como Pío Cabanillas (también Vicepresidente), Beatriz Corredor, Abel Matutes, Ángel Acebes, Ángeles González-Sinde, Carmen Calvo, César Antonio Molina, Eduardo Serra, Elena Salgado, Marcelino Oreja, María Antonia Trujillo, Jaime Lamo de Espinosa, Jordi Sevilla, Rafael Arias Salgado y Miguel Sebastián, entre otros. Como puede comprobarse, todo lo más granado del bipartidismo de los últimos 35 años, junto a algunos dinosaurios aún vivos de la UCD, forman este foro "del consenso", representando la mejor expresión de la casta política que nos ha gobernado, y que aún mantiene las riendas del poder en nuestro país. 

Creo que ninguno forma parte del movimiento 15M, ni de las mareas de colores, ni de las Marchas de la Dignidad, porque no están en esa órbita. Además, creo que ninguno está cobrando ningún subsidio del Servicio Público Estatal de Empleo, y los que tienen la edad para estar jubilados, creo que tampoco están cobrando la pensión mínima. Seguro que no les van a deshauciar de sus casas, ni les cortarán la luz, el agua o el gas por falta de pago. Básicamente, éste es el perfil de las "personalidades" pertenecientes a este foro. Y claro, desde esa poltrona, es muy fácil pronunciar discursos huecos y vacíos, y llenarse la boca apelando a "períodos de estabilidad y de prosperidad" que, según ellos, nos ha traído la Constitución. Carga Magna, dicho sea de paso, que no se niegan a reformar, pero siempre bajo un gran consenso, que es lo mismo que decir nunca, ya que el tan cacareado consenso, mientras la Constitución, la Ley Electoral y las instituciones (así como el resto de agentes políticos, económicos y sociales) continúen favoreciendo al bipartidismo, dicho consenso nunca será posible. En septiembre de 2015, después de la más multitudinaria diada catalana por la celebración de un referéndum popular para decidir el encaje de Cataluña en el Estado Español, esta Fundación emitió una declaración haciendo un llamamiento "a la reflexión y a la concordia" ante las entonces próximas elecciones del 27S, que dieron la actual correlación de fuerzas en el Parlament de Catalunya. 

Y ahora, como decíamos más arriba, ante el nuevo panorama político que se avecina, cuando por fin ha llegado al Parlamento para quedarse una formación política nueva, joven, fresca y distinta, compuesta por gente de la calle, procedentes de los movimientos sociales, y que plantea y pone en cuestión los dogmas neoliberales y las correlaciones de poder que nos han gobernado durante todos estos años, y pretende promover auténticas medidas de justicia social, esta Fundación ha emitido un nuevo Comunicado donde reclaman, como no podía ser de otra manera, un "Gobierno de amplio respaldo" que nos de la "estabilidad política" necesaria para consumar nuestra recuperación económica, un Gobierno que ha de estar "por encima de ambiciones personales", debiendo garantizar, según el documento hecho público, "la unidad de España, el progreso económico, el desarrollo social y la regeneración democrática", y por lo visto, todo ello pretenden llevarlo a cabo mediante un Gobierno de gran coalición entre el PP, el PSOE y CIUDADANOS (en realidad, en su comunicado se refieren a "dos o más partidos constitucionalistas"). Curiosamente, hay otros personajes que plantean cosas aún más aberrantes, como Felipe González, que apuesta por un gobierno del PP y CIUDADANOS, con la abstención del PSOE (¿pero este indecente personaje, defensor del golpista venezolano Leopoldo López, no era "socialista"?). 

Proponen en su documento la negociación de un programa político para al menos media legislatura (es decir, dos años), que incluiría básicamente una reforma constitucional (pero no la que propone PODEMOS, que según los firmantes, no es "constitucionalista"), medidas anticrisis (para que los ricos continúen siendo más ricos y los pobres más pobres, como lleva ocurriendo durante los últimos años), un nuevo sistema de financiación autonómica (ahora que le han visto las orejas al lobo, con el ultimátum catalán) y enviar "una señal inequívoca a los independentistas de que su aventura fracasará". Y al igual que los grandes empresarios de la CEOE (que también presionan mediante sus advertencias de fuga de inversiones en nuestro país), piden un Gobierno que acometa su proyecto en el marco de la Constitución y de la Unión Europea (que por cierto, también ha llamado a la formación del próximo Gobierno "lo antes posible", para continuar marcándole el paso). Según el referido Comunicado, las políticas de este Gobierno de gran coalición se concentrarían en la lucha contra el paro, el fomento de la inversión pública y privada, la puesta en marcha de políticas sociales contra la pobreza, la lucha contra la violencia de género, la actualización de las pensiones, y la negociación de Pactos de Estado por la educación, la ciencia, la cultura, y contra la corrupción. Todo ello está muy bien adornado, pero viniendo de quiénes vienen, y sin abandonar los patrones neoliberales, estas propuestas carecen de toda credibilidad. 

El Comunicado de la Fundación "España Constitucional" representa otro ataque más, en toda regla, a la posibilidad de que en nuestro país se forme un auténtico Gobierno de izquierdas durante la próxima legislatura, mediante un pacto entre el PSOE, PODEMOS, IU-UP y terceras fuerzas políticas que abogan, al menos, por el respeto a la plurinacionalidad del Estado Español. Se suma al resto de iniciativas del frente antiPODEMOS que están intentando relegar y discriminar a dicha fuerza política, tales como los agresivos ataques mediáticos de la prensa del régimen, con campañas de manipulación y falsificación de datos e informaciones, la negativa a la conformación de los cuatro grupos parlamentarios en el Congreso que en justicia le pertenecerían, la reubicación de sus diputados en el gallinero del Congreso, o la presión de los barones del PSOE para impedir una negociación y un  acuerdo con la formación de Pablo Iglesias. Todo ello debe servir para reafirmar aún más nuestro compromiso, nuestras convicciones y nuestra firme determinación en apoyar, desde todos los frentes, a las fuerzas políticas que propongan cambios desde la izquierda transformadora, para revertir todas nuestras deficiencias democráticas, nuestras injusticias sociales, para acabar con la corrupción política y empresarial, para encauzar los retos plurinacionales, y para llevar a cabo los urgentes rescates ciudadanos que necesitamos.