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25 abril 2013 4 25 /04 /abril /2013 23:00

Bloque VII. Campañas Electorales.

 

37.- Reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral con el fin de garantizar la representación de los electores en condiciones de auténtica proporcionalidad. Asímismo, limitar drásticamente los gastos de las candidaturas presentadas por los Partidos Políticos y Coaliciones en las campañas electorales, garantizando la igualdad de los electores y los partidos políticos en el proceso electoral y la pluralidad de las mismas a través de los medios públicos de comunicación.

 

Realización del mailing de todas las candidaturas de manera centralizada para reducir gastos innecesarios. Limitación del volumen de propaganda o publicidad directa e indirecta que se destina a promover el voto a las candidaturas. Igualmente, apostamos por la fijación de un tope máximo para la cantidad de gasto en campaña, de conocimiento público y ejecución efectiva de las sanciones por incumplimiento de la normativa de limitación de gastos de campaña.

 

Bloque VIII. Partidos Políticos.

 

38.- Reforma de la actual Ley de Financiación de los Partidos Políticos de 2007, con el fin de prohibir las donaciones a los partidos, fundaciones y asociaciones ligadas a éstos, por parte de empresas contratadas, en el momento de la donación o con anterioridad a la misma, por las Administraciones Públicas, Organismos y Empresas Públicas, especialmente aquéllas provenientes de las constructoras y promotoras. Todas las aportaciones económicas a los partidos deben ser públicas y de libre acceso a cualquier ciudadano/a. Asímismo, proponemos la incorporación de las recomendaciones 1 a 4 del Informe GRECO sobre Transparencia en la Financiación de Partidos en España de mayo de 2009. Se dará cuenta de cualquier modificación de las condiciones de deuda con las entidades financieras al Tribunal de Cuentas y al Banco de España. Si estas modificaciones comportasen la condonación de la deuda, estarán sujetas a informes previos del Tribunal de Cuentas, de sus equivalentes autonómicos y del Banco de España, con posterior información al Congreso de los Diputados y a los Parlamentos Autonómicos.

 

Los registros y archivos del Tribunal de Cuentas y sus equivalentes autonómicos, que acojan documentación contable que los partidos, federaciones, coaliciones o agrupaciones de electores hayan librado a los Tribunales, serán de acceso público. No se harán efectivas subvenciones públicas a las formaciones políticas que no hayan cumplido con los deberes de transparencia ante el Tribunal de Cuentas, a modo de sanción administrativa. Proponemos también la prohibición de las donaciones anónimas a partidos y sus fundaciones orgánicamente dependientes, con independencia de la cuantía económica. Asímismo, prohibición de que las fundaciones y entidades privadas sin ánimo de lucro que reciban subvenciones públicas puedan subvencionar o transferir directa o indirectamente recursos a partidos políticos y a sus fundaciones o entidades vinculadas. Prohibición de cualquier tipo de donaciones por parte de personas jurídicas. Creación de cuentas corrientes específicas para las subvenciones públicas y privadas de los partidos, debidamente identificadas para facilitar el control y fiscalización de su utilización. Creación de un registro único, público y de fácil acceso para el conjunto de los ingresos y gastos de los partidos.

 

39.- Establecimiento de un Código Ético del Cargo Público, suscrito por las formaciones políticas y de obligado cumplimiento, para su traslado a los respectivos Estatutos, comprometiéndose a:

 

a) Denunciar ante la Fiscalía y a colaborar con la Justicia ante cualquier dato de corrupción que conozcan en el ejercicio de sus responsabilidades como cargos públicos

 

b) Asumir las responsabilidades políticas a que hubiere lugar en casos de corrupción

 

c) Solicitar la dimisión cautelar o imponer la separación provisional de la organización y de las Instituciones de los cargos electos o los cargos de libre designación que tras su imputación por delitos vinculados a la corrupción estén inculpados o sean objeto de medidas judiciales cautelares. La separación será definitiva cuando sean condenados por dichos delitos. La dimisión cautelar no implica reconocimiento de responsabilidades penales, y tiene como objeto establecer un cordón sanitario entre la política y la peripecia judicial de los interesados

 

d) Abstenerse de movilizar a sus miembros en una solidaridad equívoca con los cargos públicos imputados. Dan muy poca confianza en el sistema las declaraciones del tipo: "Confiamos en la plena inocencia de fulanito", etc., al inicio del proceso. Estas convicciones deben mantenerse en el ámbito de lo privado, pero en el plano público se debe cumplir en todo caso el cógido ético que estamos proponiendo

 

e) Impulsar mecanismos de publicidad, control y participación democrática para garantizar la transparencia y el control de las Instituciones

 

Bloque IX. Medidas contra el Transfuguismo.

 

40.- Conversión en Ley del actual "Pacto contra el Transfuguismo", reforzándolo para que las fuerzas políticas se obliguen a:

 

a) Tomar medidas drásticas y automáticas de sanción contra los cargos electos infractores, como la suspensión cautelar de militancia, la exigencia de dimisión del cargo público, o la expulsión y la disolución de organizaciones locales del partido

 

b) No conformar gobiernos locales o autonómicos con aquéllos que hubiesen desertado de alguna de las formaciones políticas firmantes, o se encontraran imputados o procesados en firme por los Tribunales de Justicia, por delitos relacionados con la corrupción política o urbanística

 

c) Impedir que los tránsfugas puedan formar Grupo Parlamentario propio, o cobrar más de lo que percibían antes de abandonar su grupo

 

41.- Establecimiento por Ley de la obligación de los diputados tránsfugas de devolver su escaño a la candidatura en cuya representación fueron elegidos.

 

Bien, pues hasta aquí la propuesta que hacemos desde la izquierda sobre medidas urgentes y transversales para cubrir un ambicioso Plan de Choque contra la corrupción. Quiero resaltar para finalizar un par de aspectos en relación al mismo: en primer lugar, que sólo la completa y total voluntad política para llevarlo a cabo será garantía para, al menos, dificultar al máximo que se puedan ir dando nuevos escenarios de corrupción. Pero en segundo lugar y más importante, y tal como ya explicamos en nuestro artículo "Sobre corrupción y capitalismo", es crucial que entendamos que sólo un conjunto de medidas, por amplio que sea, no va a acabar jamás con la corrupción, porque ésta es un producto reflejo del sistema capitalista. Por tanto, sólo con la abolición del mismo será posible acabar de forma absoluta con cualquier rastro de corrupción, no sólo imponiendo normas al sistema de previsión, saneamiento y control, sino también proporcionando un sistema, unos valores y unos modos de vida que sean capaces de cambiar la mentalidad de las personas. Porque al final, la corrupción siempre es un fruto de la actividad de las personas que obedece a una escala de valores, a unos objetivos y a unos comportamientos fomentados desde el capitalismo. Esto es lo que tenemos que cambiar.

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24 abril 2013 3 24 /04 /abril /2013 23:00

No cesan los ataques a los avances ya conseguidos en torno a la igualdad de derechos para el mundo LGTBI, como se ha podido observar últimamente con las declaraciones del sector más reaccionario de la Iglesia Católica, en palabras del Presidente de la Conferencia Episcopal, Cardenal Rouco-Varela, o del Obispo de Alcalá, Juan Antonio Reig Plá, uno de los mayores exponentes de la beligerancia que el mundo oficial católico mantiene contra el mundo homosexual. Rouco-Varela arremetió de nuevo contra el matrimonio homosexual y contra el aborto, instando al Gobierno a que aborde la derogación de tales leyes. Por su parte, el Obispo de Alcalá de Henares, en la presentación del "Encuentro Internacional por la Vida", volvió a realizar declaraciones a su más puro estilo, es decir, profundamente homófobas y sexistas. Aseguró cosas como que "introducir ciertas ideologías en la enseñanza lleva al cuestionamiento, por parte de los niños/as, de su condición homosexual".

 

diversidad_sexual51.jpgY es que todo esto ocurre por la falta de firmeza, de responsabilidad y de voluntad política que tanto los Gobiernos del PSOE, y sobre todo del PP, han tenido en torno a la revisión de las relaciones bilaterales entre el Estado y la Iglesia Católica, permitiendo que ésta siga conservando una posición de privilegio social que da alas y envalentona a los jerarcas católicos para creerse con derecho a cuestionar el reconocimiento de la igualdad de las diversas realidades afectivo-sexuales. El PSOE, al que no obstante hay que reconocerle impulsos en este sentido, no se ha dado cuenta de que de poco sirve avanzar socialmente en estos aspectos, si a la vez no debilitamos la fuerza del mundo religioso en la sociedad civil. Por ello, en esta entrega de esta serie de artículos vamos a abordar nuestras propuestas de cara a la Administración Pública. Desde la izquierda, pensamos que las instancias públicas son las que más capacidad de fuerza y presión tienen a la hora de cambiar la sociedad, sobre todo en parámetros y conductas tan delicadas como las que nos ocupan.

 

diversidad_sexual52.jpgLa gran meta para conseguir la igualdad real a la que aspiramos, no sólo sin injerencias de colectivos religiosos, sino con un mayoritario grado de aceptación social, es la concienciación y sensibilización plena y absoluta de la sociedad, en todas las materias que rodean al mundo LGTBI. No es algo que se consiga en una legislatura, como no lo es por ejemplo acabar con los crímenes machistas, pero es responsabilidad de las Administraciones Públicas poner toda la carne en el asador para alcanzar los objetivos propuestos. Mediante un continuo trabajo, una educación sensible desde la base, y una serie de medidas que cubran todos los ámbitos de la sociedad, donde las propias Administraciones deben ser las primeras con un comportamiento ejemplarizante, podremos llegar a una situación de pleno reconocimiento e igualdad para gays, lesbianas, bisexuales y transexuales. Para ello, se debe conseguir la plena normalización del colectivo LGTBI, y de visibilización de las diferentes realidades afectivo-sexuales, así como de modelos de familia. Nuestras propuestas en este sentido giran en torno a:

 

1.- La retirada de cualquier ayuda o subvención por parte de cualesquiera Administraciones Públicas a aquéllas entidades que por su ideología o actividad incurran en cualquier manifestación de LGTBIfobia. De esta manera, empresas, asociaciones o fundaciones cuyas líneas de comportamiento y actitud fomenten cualquier tipo de discriminación afectivo-sexual, no podrán tener apoyos ni ayudas públicas.

 

diversidad_sexual53.jpg2.- Apoyo institucional de Gobiernos autonómicos y locales, y del Gobierno Central, a la conmemoración del Día Internacional del Orgullo LGTBI, como día de celebración, memoria y reconocimiento de los avances conseguidos en el campo de la diversidad sexual, y la lucha en favor de los derechos humanos de las personas gays, lesbianas, transexuales, bisexuales e intersexuales.

 

3.- Compromiso público y cooperación para la defensa y promoción de los derechos del colectivo LGTBI en todos aquéllos Foros y Organismos, nacionales e internacionales, donde participen nuestras Administraciones Públicas o sus cargos o representantes.

 

4.- Creación de una Fiscalía contra la Discriminación Sexual para perseguir cualquier acto, entidad o campaña donde se fomente la LGTBIfobia.

 

5.- Creación de un Servicio Público para la promoción, defensa y atención de la igualdad del colectivo LGTBI.

 

6.- Dotación para las Bibliotecas Públicas de todo tipo de fondos bibliográficos y en cualquier formato, relacionados con el colectivo LGTBI, que difundan las actitudes de respeto y no discriminación hacia el mismo.

 

diversidad_sexual54.jpg7.- Realización y difusión de Campañas de Información que denuncien comportamientos LGTBIfóbicos en cualquier escala, y promuevan comportamientos y actitudes de comprensión, respeto e igualdad.

 

8.- Fomentar hasta alcanzar la completa supresión, en la documentación oficial, de requisitos, contenidos, menciones y signos discriminatorios hacia cualquier orientación sexual, o cualquier manifestación reflejo de la diversidad afectivo-sexual.

 

9.- Prohibir la inclusión de cualquier tipo de publicidad o anuncio de comunicación en aquéllos medios audiovisuales, incluido Internet, que no respeten los derechos del colectivo LGTBI, o sean ofensivos contra el mismo.

 

10.- Lanzar convocatorias específicas de líneas de ayuda a las entidades sin ánimo de lucro que trabajan en el campo del avance y reconocimiento de los derechos del colectivo LGTBI.

 

diversidad_sexual55.jpg11.- Difusión de campañas específicas de educación y sensibilidad en los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, y de las respectivas Administraciones Autonómicas y Locales, para evitar acosos, especialmente hacia las personas transexuales que se dediquen a la prostitución.

 

12.- Promoción de iniciativas de investigación científica (Cátedras, Seminarios, Charlas, Coloquios, Conferencias, Ponencias, etc.) sobre la realidad LGTBI desde todas las perspectivas posibles: la sociología, la antropología, la historia, la salud, la psicología, etc., incentivando la colaboración de las Universidades y demás Instituciones Científicas y Sociales.

 

De esta forma, consideramos que el impulso que desde el conjunto de las Administraciones Públicas se puede dar a este tema es crucial, marcando la pauta a seguir y difundiendo las conductas, mensajes y comportamientos que nos lleven a la visibilización, reconocimiento, respeto y dignidad del colectivo LGTBI. Continuaremos en siguientes entregas, extendiendo estas mismas estrategias a otros ámbitos sociales.

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23 abril 2013 2 23 /04 /abril /2013 23:00

Volvimos a comprobar hace pocos días, en una nueva reunión y rueda de prensa posterior del Comisario Olli Rehn, que la cruel insistencia en las mismas políticas de cara a los Estados miembros desde la UE no da tregua. Para el caso español, Bruselas criticó el pasado día 10 que nuestras reformas son aún "incompletas", que nuestro país mantiene todavía "excesivos desequilibrios macroeconómicos", que la recesión continuará durante 2014 (en clara contradicción con las previsiones del Gobierno), y que el paro llegará al 27%, por todo lo cual instan al Gobierno a endurecer y acelerar la entrada en vigor de las reformas ya planteadas, como la laboral. Por otra parte, una de las últimas medidas del Ejecutivo ha sido recortar en un 20% las ayudas a los transplantes, para todas las Comunidades Autónomas. Como vemos, más de lo mismo, en una espiral sin fin que no finalizará nunca, hasta que hayan desarmado socialmente a la clase trabajadora de forma completa.

 

proceso_constituyente31.jpgLa crisis del Modelo de Estado surgido de la transición, la pérdida de representatividad de las referencias políticas, las esclerosis de las Instituciones del Estado ligadas al clientelismo bipartidista, su profunda corrupción, la oligarquización política como consecuencia de la Ley Electoral, la quiebra del referente europeo como espacio de igualdad y libertades o la crisis de valores son manifestaciones de una crisis profunda de la política. Porque lo que hace aguas hoy son aspectos sustanciales del “Pacto de la Transición”: el ‘Estado Social de Derecho’ sufre recortes; las libertades políticas se restringen; la Ley Electoral es injusta; la España de los pueblos es hoy un modelo de Estado que no da salida a las aspiraciones de los mismos; la aconfesionalidad es letra muerta; el blindaje de la institución monárquica se resquebraja dejando en evidencia su inutilidad. La crisis económica y sus consecuencias en España han mostrado la insuficiencia del modelo de participación política. También ha puesto de manifiesto la debilidad de nuestros derechos conquistados, burlados por quienes no sólo nos han sumido en la miseria y la postración en que nos encontramos, sino que alardean de los beneficios que están obteniendo con el reparto de las privatizaciones y el desmantelamiento del Estado del Bienestar.

 

proceso_constituyente32.jpgEn el abismo entre el discurso de las élites políticas y la realidad de millones de personas, la Troika excluye de derechos sociales y de ciudadanía a cada vez más sectores. En esta fase del desarrollo neoliberal, los poderosos no necesitan de la democracia. Pero no es menos democracia lo que se precisa sino más. Queremos pues un Proceso Constituyente para ampliar aún más la democracia, para conseguir que todos los cargos electos, incluido el Jefe del Estado, sean elegidos por el pueblo, para que los derechos de las personas no sean potenciales sino imperativos, para concluir la actual descentralización en un Estado Federal, para que en las cuentas generales las prioridades sean la creación de empleo, la protección social y los servicios públicos. Para conseguir todo ello, hablamos de la necesidad de un nuevo ‘Proceso Constituyente’ que dé paso a un nuevo proyecto de país. Hablamos de la construcción de un nuevo sistema constitucional, de una nueva legitimidad que el soberano -el pueblo- otorga a las nuevas Instituciones del nuevo Estado, necesaria y evidentemente una República: democratizando la economía y la vida pública, con un sistema electoral justo, con medidas de regeneración de la vida democrática y contra la corrupción, fomentando la participación directa de los ciudadanos en un Estado Federal, laico y solidario.

 

proceso_constituyente33.jpgPero atención, porque cualquier Proceso Constituyente no nos sirve, si no es completamente democrático. Retomo las palabras de Diego González, que lo explica muy bien en su artículo: "Frente a los recelos que sensatamente se generan conviene afinar. Cuando algunos nos referimos a la necesidad de apertura de un Proceso Constituyente entendemos que debe tratarse de un proceso radicalmente democrático: de abajo a arriba, con mecanismos de participación directa a fin de que la Asamblea Constituyente esté en dialogo permanente con la sociedad, retroalimentándose dialécticamente organizaciones, movimientos sociales y ciudadanos con los constituyentes, dando uso, como en Islandia , de las nuevas tecnologías como vía complementaria de transparencia y participación. O lo que es lo mismo, propiciando la activación del poder constituyente, entendido como medio para la transformación, sujeto de la misma y bandera aglutinadora. Esto es, el poder constituyente es, per se: 1) un poder original, no dependiente de ningún poder anterior; 2) inicial, pues su impulso no depende más que de él mismo; 3) fundador, al suponer una ruptura con el anterior ordenamiento jurídico-político; 4) incondicionado, ilimitado, soberano y en consecuencia prejurídico; 5) únicamente fundamentado en la legitimidad democrática; 6) correlato del derecho de resistencia, una impugnación general al sistema encarnada por las mayorías que se traduce en un proceso de acumulación de fuerzas populares con voluntad de transformación y ruptura".

 

proceso_constituyente34.jpgLuego por tanto, sólo la legitimidad del pueblo y la radicalidad democrática del proceso darán a buen puerto con la experiencia. Una Asamblea Constituyente que sea capaz de combinar en un documento de propuesta un programa de mínimos, compartido de forma común por la inmensa mayoría social, donde dejados de lado y en principio los diversos matices, exprese ampliamente las opciones de la izquierda transformadora. Y que conste que bajo esta propuesta de mínimos no estamos queriendo ocultar nuestro deseo de acabar con el capitalismo, que tanto criticamos en nuestros artículos, sino intentando no plantear opciones maximalistas, que al final puedan, por miedo u otras razones, hacernos continuar en el inmovilismo social. Estamos hablando por tanto de un primer paso, pero inmenso a la vez, que nos permita valientemente romper con el actual régimen, y sentar las bases de un nuevo orden político y social donde el pueblo tome la palabra y el control sobre el desarrollo del mismo. En última instancia, el Proceso Constituyente podría ser entendido como el alzamiento popular, el enfrentamiento del pueblo contra el sistema, o el freno de emergencia contra la actual correlación de fuerzas. Un paso de gigante. Continuaremos en siguientes entregas.

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22 abril 2013 1 22 /04 /abril /2013 23:00

Puede sonar muy fuerte la pregunta que nos hacemos en el título de este artículo, pero vamos a poder comprobar que está completamente justificada. Este artículo bien puede ser considerado como una continuación a un artículo anterior, recientemente publicado, que se planteaba en el título "¿Para cuándo la Renta Básica de Inserción?", y al que remito a todos los lectores, para que tengamos dicho punto de partida. Allí volvimos a formular la exigencia de la implantación de la Renta Básica de Ciudadanía como mecanismo último y finalista que garantice la supervivencia de las personas y de las familias que no tengan recursos. Planteamos allí todo lo relativo a la necesidad y la urgencia social de implantar esta medida, los movimientos sociales que la están demandando, las acciones de protesta que están implicando, las motivaciones de dicha propuesta, los derechos asociados a la misma, las posibles cuantías que se pudieran aplicar, etc.

 

Bien, pues tomando dicho artículo como referencia, volvamos a la idea principal del mismo: las tres características de la Renta Básica de Inserción Social deben ser la universalidad, la individualidad y la incondicionalidad. Según la primera, todo el mundo tiene derecho a la prestación. Según la segunda, ésta se concede a personas individuales, independientemente de que constituyan junto a otras personas, cualquier tipo de unidad familiar. Y según la tercera característica, la prestación se concede sin la exigencia del cumplimiento de otros requisitos de carácter social, tales como la realización de itinerarios formativos, o la realización de trabajos de interés colectivo. Pero vamos en el presente artículo a dar un paso más allá, y a plantearnos si dicha medida debería aplicarse no en ausencia o sustitución de ninguna otra, sino de forma absoluta, como si de una "tarifa plana social" se tratara.

 

Y dicho esto, se nos plantea ya la pregunta del millón: ¿Incluso aunque no se quiera trabajar? Respuesta: SI. Es decir, desde la izquierda (al menos, desde el sector más crítico de la misma) apostamos y entendemos que en una sociedad justa también debe existir el DERECHO A NO TRABAJAR. Vamos a explicarlo con más calma: el capitalismo, en su desarrollo durante tantas décadas, nos conduce a la asunción de una serie de axiomas sociales casi indiscutibles, pero que lejos de aceptarlos tal cual, debemos someter a debate: uno de ellos es que las personas deben desarrollar un trabajo socialmente útil y remunerado. Y claro, todos lo vemos como algo muy lógico y normal. Sin embargo, pensamos que no es así. A poco que reflexionemos con calma, nos surgen muchas preguntas: ¿qué es un trabajo socialmente útil? ¿Quién dice que lo es o no lo es? ¿Todos los trabajos socialmente útiles son remunerados? ¿Todos los trabajos remunerados son socialmente útiles? ¿En función a qué intereses establecemos dicha remuneración? Insto a mis lectores a una profunda reflexión sobre todos estos aspectos, aunque no se llegue de momento a conclusiones, simplemente para comprobar que la cuestión no es tan fácil como se nos quiere hacer ver.

 

La sociedad capitalista es injusta, voraz, criminal. Nos relega cada vez más a la aceptación de un trabajo según sus esquemas sociales, y sus escalas de valores. Y todo lo que no entre en dicha lógica perversa es considerado socialmente inútil, y por tanto despojado de su posible valor. Desde este punto de vista, lo que estamos denominando como el "DERECHO A NO TRABAJAR" puede ser entendido como el derecho a no realizar ninguno de los trabajos considerados socialmente útiles por el sistema capitalista, y por tanto, aptos o candidatos a su posible remuneración, y por lo tanto dignos de su dedicación. Hemos de desterrar el falso concepto de que dicho derecho nos lleva a defender la vagancia o el parasitismo social, puesto que está demostrado psicológica y sociológicamente que las personas siempre tendemos a cultivar las actividades que nos gustan, y esto lo hacemos en nuestro trabajo "oficial" (los más afortunados) o en el "no oficial", lo cual nos lleva al terreno del trabajo voluntario, no remunerado, o bien al terreno de las pasiones, de los hobbies, de las aficiones, etc.

 

Espero que a estas alturas del artículo, los lectores comiencen a comprender que no estamos planteando ninguna barbaridad. En última instancia, por tanto, lo que tenemos que reconocer a las personas es su capacidad de aceptar o elegir libremente cualquier trabajo o actividad, sea o no considerada "socialmente útil", y por tanto, sea o no sea remunerada, o bien a rechazarla. Pero para eso hay que romper con el capitalismo, que es quien nos ata a nuestros complejos sociales, y nos inculca e impone unos modos de vida que nos obligan a tener que recurrir (y a no renunciar) a una serie de trabajos, empleos u ocupaciones. Por tanto, defendamos el derecho a romper con esa dinámica, defendamos el derecho "a no trabajar", y defendamos, sobre todo, el DERECHO A EXISTIR, A SUBSISTIR. Y aquí es donde entroncamos con la Renta Básica de Inserción, y con sus características de individualidad, de universalidad y de incondicionalidad. La Renta Básica ha de concederse incluso aunque no se trabaje, para que el Estado sea garante del derecho a la subsistencia básica de todos sus ciudadanos.

 

Nuestra sociedad va fomentando poco a poco los nuevos esclavos del trabajo asalariado, incluso crece el número de pobres que trabajan, entendido como aquéllas personas que aún teniendo un salario, no pueden hacer frente a su situación vital, porque sus ingresos no les dan para vivir dignamente. El sistema capitalista degrada la fuerza del trabajo, la desvirtúa y la prostituye, la vende a la fuerza del capital, la subasta al mejor postor, y por tanto la despoja de cualquier garantía de representar para la clase trabajadora un medio asegurado de subsistencia. El sistema fomenta la elección de trabajos obligados, forzosos, aunque no sean los que queremos desarrollar, aunque ni siquiera representen unos ingresos de subsistencia, pero como sirven al esquema de valores capitalista, se defienden por los ricos y poderosos. Pero frente a ello, desde la izquierda debemos defender el derecho al trabajo opcional, al trabajo voluntario, al trabajo no remunerado, como una vertiente de desarrollo personal, que al final, seguro que es socialmente útil.

 

Y para los que argumenten que de esta forma se fomentaría el parasitismo social, les debemos recordar e interrogar a ver cuánto trabajan los más ricos y poderosos, cuánto trabajan los Directores Generales y Presidentes de muchas organizaciones, de muchas empresas, cuánto trabajan los Directivos y Consejeros de las grandes empresas del IBEX-35, cuánto trabajan los grandes terratenientes, los grandes propietarios, los grandes latifundistas...¿no son ellos los grandes parásitos sociales, que viven de chupar la sangre a la clase trabajadora? Basta ya de tanto cinismo social, de tanta demagogia injusta y barata, y de tanta pleitesía para los más fuertes. Reivindiquemos el derecho objetivo a la subsistencia, a la existencia misma, a renunciar a cualquier trabajo que nos quieran imponer, a tener que aceptar los mismos raseros sociales que nos obligan a respetar ciertos trabajos y a no respetar a otros, a debatir y a plantear otras acepciones a los trabajos remunerados o aceptados socialmente, y sobre todo, a entender que el Estado, que somos todos, siempre debe ser el que garantice el cumplimiento de todos los derechos fundamentales, incluido el empleo, y de todos los servicios públicos.

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21 abril 2013 7 21 /04 /abril /2013 23:00

Pocas veces ocurre que nos encontramos con que una norma legal nueva viene a modificar sustancialmente, para mejor, la vida cotidiana de la gente. El pasado día 9 ocurrió. Y ocurrió, afortunadamente, en el Gobierno andaluz. Nuestra joven Consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés, de Izquierda Unida, presentó el nuevo Decreto-Ley para la Funcion Social de la Vivienda, que viene a decretar, por fin, un gesto de política para las personas. Gracias a él, volvemos a recuperar la esperanza de que es posible avanzar hacia una sociedad más justa y equitativa, más humana y racional. Aunque llega ciertamente tarde, y continúa siendo por sí misma una medida insuficiente, como luego comentaremos, los andaluces y andaluzas por fin podemos contemplar cómo nuestro Gobierno reacciona ante un crimen social de primer orden, como son los deshaucios.

 

elena_cortes.jpgSe sientan las bases para realizar políticas más adecuadas para la sociedad, que sitúen la Vivienda como un Derecho Humano Fundamental, y prohíban o dificulten su vertiente de negocio. Una situación de 45 ejecuciones hipotecarias diarias en nuestra tierra (más de 85.000 desde 2007) era realmente insostenible. La Vivienda entendida como objeto de especulación tiene sus días contados en Andalucía. Se establece la expropiación temporal (por un máximo de 3 años) del uso de las viviendas ante la inminencia de un deshaucio, en casos de riesgo de exclusión social, o amenaza para la salud física o psíquica de las personas. Establece también la creación por primera vez de un Registro Oficial de Viviendas Deshabitadas, contribuyendo a arrojar luz oficial sobre las manipuladas estadísticas que de dichos datos hace el sector bancario.

 

elena_cortes2.jpgEl anclaje jurídico de la medida está completamente documentado, por mucho que desde la derecha política y mediática de este país se haya tardado bien poco en anunciar su recurso a los Tribunales, si la medida se ponía en marcha. Desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Sociales y Culturales, pasando por la Constitución Española, y el artículo 33 de la misma, que establece la Función Social del Derecho a la Propiedad, que queda supeditado al interés general, en casos como el que nos ocupa. El Decreto se dirige y carga sobre todo contra las personas jurídicas que mantengan viviendas vacías, tales como los Bancos, las Inmobiliarias, y las Sociedades Promotoras y Constructoras, con sanciones de hasta 9.000 euros.

 

decreto_vivienda.jpgY en cuanto a las personas físicas que vayan a ser deshauciadas, podrán acogerse a esta medida siempre que la vivienda sea la habitual, que el préstamo hipotecario corresponda a dicha vivienda, que no existan miembros de la unidad familiar a desalojar que posean otras viviendas, que el lanzamiento pueda generar una situación de exclusión social, que exista menoscabo de las condiciones económicas que provocaron dicha situación sobrevenida, que el coste de la hipoteca suponga más de un tercio de los ingresos familiares, o bien que el esfuerzo de dicho pago se haya incrementado en un factor de un punto y medio. El precio de la expropiación forzosa se establece por parte de la Junta mediante el pago del 2% del justiprecio de dicha vivienda. Dicho todo lo cual, tenemos que insistir en que, aunque se trata de una medida justa y enmarcada plenamente en nuestro ideario de izquierda, valiente y transformadora, se queda a todas luces insuficiente, si no va acompañada, no sólo en el ámbito de la Vivienda, sino en el resto de políticas sociales y económicas, de un paquete superior de medidas que reorienten las mismas y provoquen un clima que permita revertir la actual situación, hacia una mayor protección social de las personas.

 

decreto_vivienda2.jpgY como era lógico esperar, y no podía ser de otra manera, el nuevo Decreto-Ley ha levantado ampollas en la derecha política y mediática de este país. Enseguida que se anunció, los voceros del neoliberalismo se aliaron para criticarla con fuerza, no sin grandes dosis de demagogia, incluso de ridiculez, por lo cual se les ve el plumero a leguas de distancia. El sector bancario y de las empresas promotoras ha puesto el grito en el cielo, prometiendo recurrir la medida en cuanto entrara en vigor, hecho que ya se ha producido, pues además ya se han beneficiado de la misma las primeras familias. Por lo demás, vamos a dejar que los perros sigan ladrando, porque será señal de que les estamos haciendo daño donde más les duele, en este caso en su sagrado concepto de la propiedad privada. Dudas como por ejemplo en lo referente a su encaje legal y constitucional, argumentos sobre la posible incompetencia de la Junta para llevarla a cabo, y los más aguerridos conservadores, clamando porque se trata de "una medida comunista y bolivariana". No les hagamos caso, todo esto es señal de que estamos en el buen camino.

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17 abril 2013 3 17 /04 /abril /2013 23:00

Educar en la diversidad afectivo-sexual, como estamos comprobando, es todavía una asignatura pendiente en el Estado Español, donde no hemos tenido conciencia, ni desde el ámbito público ni desde el privado, de la necesidad de educar desde la base en el respeto hacia dicha diversidad, el reconocimiento de la misma, y la igualdad de oportunidades. Aquí entroncamos con el propio sistema educativo público, que actualmente continúa padeciendo graves déficits desde la perspectiva de la educación en el ámbito LGTBI: las y los profesionales de la educación en nuestro país no cuentan con los debidos recursos o herramientas que les ayuden a identificar, mediar o resolver los conflictos y la violencia derivados de un entorno de incomprensión e intolerancia hacia la diversidad afectivo-sexual. La experiencia nos indica que en la educación tradicional, a la finalización de la misma, las personas llevan invisibilizado el mundo LGTBI, y en los peores casos, lo consideran una perversión. 

 

diversidad_sexual41.jpgExisten muy pocos libros de texto, de lectura, de consulta, etc., que reflejen la realidad LGTBI, que cuenten con ella, que sean inclusivos respecto a ella, que la traten con naturalidad y visibilidad, y que sean respetuosos hacia la igualdad de derechos y oportunidades. En definitiva, que permitan la completa integración de personas del colectivo LGTBI desde el propio sistema educativo, y que permitan visibilizar y comprender la existencia de otras perspectivas y realidades sociales. Esto lo podemos también extrapolar al concepto de familia, donde llevamos mucho tiempo intentando romper con el manido concepto de familia tradicional (padres, hijos, nietos y abuelos) para extenderlo al resto de modalidades que se dan hoy en día (familias monoparentales, de gays, lesbianas, adopciones, etc.). El actual Anteproyecto de la LOMCE (Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa), propuesta por el PP, y que estamos analizando en esta serie de artículos, no avanza nada en este ámbito, como era de esperar, sino que retrocede aún más, al volver a incorporar de forma obligatoria la religión en las aulas, incorporando por tanto toda su ideología retrógrada con respecto a este tema.

 

diversidad_sexual42.jpgPero aún con todas esas deficiencias, lo más alarmante y trágico sigue siendo que los y las adolescentes LGTBI continúan sufriendo, en su mayoría, verdaderas situaciones de aislamiento, incomprensión y violencia por el mero hecho de su condición sexual. Es responsabilidad de un sistema educativo justo procurar concienciar a las personas para la comprensión, aceptación, inclusión e integración de todos los colectivos, sin atender a condiciones de tipo afectivo-sexual. Parece que incluso aún cuando vamos asumiendo este principio de convivencia respetando la no discriminación en otros ámbitos (raza, religión, etc.) todavía nos cuesta en lo relativo a la condición u opción sexual. Hemos de enseñar a respetar la sexualidad, que ha de ser vivida plenamente, de acuerdo a la íntima identidad y sentimientos de cada persona, con pleno respecto a su posible dimensión LGTBI.

 

Desde la izquierda pensamos por tanto que es fundamental educar en la diversidad afectivo-sexual, sin complejos, en toda su dimensión, y desde los primeros años de la enseñanza. Las principales medidas que deberíamos asegurar al respecto pueden ser las siguientes, sin ánimo de presentar un catálogo exhaustivo:

 

diversidad_sexual43.jpg1.- La inclusión en el currículum educativo, tanto de forma transversal como específica, de contenidos relevantes sobre educación afectivo-sexual, sobre la diversidad de modelos familiares, sobre valores de tolerancia, integración, respeto, aceptación, inclusión, pluralidad, etc.

 

2.- La creación de unos contenidos mínimos de educación afectivo-sexual para introducirlos en los planes de estudio del Máster de Formación del profesorado.

 

3.- La elaboración de materiales específicos en relación a la diversidad sexual, complementarios a la formación formal (contando con la participación conjunta en su elaboración de colectivos LGTBI) así como la creación de programas de colaboración con los distintos centros educativos y los colectivos LGTBI.

 

diversidad_sexual44.jpg4.- Garantizar que en todos los centros públicos de enseñanza haya un servicio psicopedagógico llevado a cabo con la colaboración de los colectivos LGTBI, que tenga conocimientos sobre diversidad afectivo-sexual, y que pueda atender a los estudiantes, y mediar en los posibles conflictos que puedan surgir en los centros.

 

5.- Elaborar programas de formación específicos en educación afectivo-sexual para las y los profesores, en los que participen también colectivos LGTBI.

 

6.- Elaborar estudios e informes sobre la situación de acoso y violencia (bullying) para poder conocer la auténtica realidad de nuestros centros educativos en lo tocante a este tema, y articular una serie de medidas que puedan atajar la grave situación que sufren los y las adolescentes LGTBI.

 

Continuaremos en siguientes entregas, introduciéndonos en el mundo de las Administraciones Públicas, y su relación y comportamiento ante el mundo LGTBI, proponiendo mejoras en este sentido.

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16 abril 2013 2 16 /04 /abril /2013 23:00

No cabe duda de que la Monarquía española está viviendo sus peores momentos, algo completamente lógico si se parte de la base de las carencias legales, democráticas e institucionales que posee desde su propia concepción, o si se quiere, desde su última implantación en nuestro país, a raíz de la Transición, período histórico que cubrió desde la muerte del dictador (1975), hasta la completa normalización de nuestra democracia (principios de los años 80). El Rey Juan Carlos fue un monarca impuesto por el anterior régimen, y además de ello, el bipartidismo gobernante durante todo este tiempo no ha sabido ni ha querido abordar los temas y los procesos que la Constitución de 1978 dejaba abiertos, en lo tocante a la Corona.

 

juan_carlos.jpgComo consecuencia de todo ello, estamos sufriendo desde entonces un sistema político de Monarquía Parlamentaria, donde supuestamente el Rey reina pero no gobierna, pero al ser constitucionalmente la Corona una Institución inviolable, y declarar la Constitución la figura del Rey como irresponsable a todos los efectos, la Institución nació ya de por sí con naturaleza opaca, algo que no se ha ido corrigiendo con el tiempo, pues ni siquiera los aspectos que la Constitución dejaba al desarrollo de leyes posteriores, no se abordaron nunca por los partidos en el Gobierno, el tándem PP-PSOE. Como partidos dinásticos, no se han preocupado jamás de modernizar esta Institución, de hacer a la figura del Rey y de la Familia Real más transparentes, de controlar parlamentariamente su actividad, de regular los aspectos relativos a la sucesión, abdicación, etc., lo cual contribuye a que ahora nos encontremos en un panorama de clara imprevisión y vacío legal.

 

En nuestro entorno europeo, Monarquías como las de Bélgica, Holanda, Suecia o Gran Bretaña, aún con los anacronismos que representan en la actualidad, son Instituciones mucho más controladas que la nuestra, pues su desarrollo normativo está completo, las posibles situaciones están previstas, y además su actividad está mucho más controlada por el Gobierno y por el Parlamento, como por ejemplo en lo que tiene que ver con viajes privados de la Familia Real, actividades de sus miembros, bodas reales, etc. Si a todo ello le unimos las crisis y los escándalos protagonizados por la Familia Real española durante los últimos años/meses, nos encontramos con un panorama de auténtica involución y degeneración de esta Institución, asistiendo a todo un ocaso y declive de la misma. Ciñéndonos a los últimos escándalos, recordemos la famosa cacería de elefantes del Rey en Botwsuana, junto a su "fraternal amiga" la Princesa alemana Corinna, y por supuesto, lo que más daño está haciendo, los casos de corrupción y actividades ilícitas del Instituto Nóos, que afectan a Iñaki Urdangarín y a la Infanta Cristina.

 

monarquia1No vamos a insistir en dichas actividades, conocidas por todos los lectores, sino a proyectar su gravedad dentro del contexto de la Casa Real, de su legitimidad para continuar al frente de la Jefatura del Estado, pues si España fuese una República, por escándalos bastante menores, ya le hubiéramos exigido, y con razón, la dimisión al Presidente de la misma. Pero claro, nos encontramos con que al ser una Monarquía, y encontrarse completamente blindada y protegida por la Constitución, sin que ni siquiera leyes ulteriores hayan delimitado las posibles responsabilidades, y sus cauces y conductos legales, asistimos a una situación de vacío legal, ante la imprevisibilidad y los giros y desenlaces que puedan tomar los asuntos desplegados, por no hablar de la perplejidad e indignación de la ciudadanía, que tiene que soportar en plena crisis, cuando es objeto de la imposición de tremendos sacrificios e injusticias, cómo durante estos años la Casa Real española ha vivido a todo tren, y ha sido objeto de las prácticas más reprochables.

 

principe felipeY a estas alturas, continúan sin ayudar en nada los dos partidos mayoritarios, que siguen apoyando sin fisuras a la Corona, que incluso es vista por el PP (en palabras textuales de su portavoz parlamentario, Alfonso Alonso) como una Institución que está "por encima de las demás, porque es el símbolo de permanencia", palabras que nos dejan bien claro que nos continúan viendo como súbditos, en vez de como ciudadanos, por lo cual parece que poco habríamos avanzado en ese terreno desde la época de los Reyes Católicos. "La justicia es igual para todos", afirmaba el Rey en uno de sus últimos discursos navideños, pero lo que parece que no es igual para todos son los medios, pues para defender a su hija acaba de contratar al bufete de Miquel Roca, que cuenta con uno de los más reputados abogados penalistas de España. Entendida como una élite, y concebida así por la Constitución y por los dos partidos borbónicos, la Monarquía sigue representando el abuso de los poderosos sobre el pueblo, una Institución que supone una auténtica ruina nacional.

 

Y para lavar su imagen deprisa y corriendo, intentando que el declive no sea demasiado acelerado, se nos informa de que la Casa Real ha solicitado estar incluída en la futura Ley de Transparencia, que está tramitando el Gobierno con el resto de grupos, que incluso afirma estar "negociando" con la Casa del Rey el posible rango de afectación. Nos bastaría con que la figura del Rey fuese apeada de su trono de impunidad penal y de completa inviolabilidad. Que pasara a ser una figura terrenal, "de carne y hueso", en vez de representar en pleno siglo XXI casi a un Emperador al estilo chino o romano. El problema es que ya no nos creemos nada, pues tiene toda la pinta de que dicha información se divulga para ayudar a que la tempestad amaine un poco, y todo pueda ir volviendo a la normalidad. Porque hasta el momento de la difusión de dicha noticia por la propia Casa Real, el Gobierno y el PP se habían negado a debatir dicha posibilidad. Llueve sobre mojado, en una Institución que se ha caracterizado por su opacidad, su falta de transparencia y de control democrático, y sus prácticas poco ejemplares.

 

urdangarin.jpgEl creciente descrédito que padece la Corona, que va en constante aumento, va extendiendo la percepción de cara a la ciudadanía de que representa una Institución medieval, frívola, antidemocrática, opaca y corrupta, dibujando un escenario insostenible, necesitado de un recambio y una sustitución por un modelo más democrático y transparente. Algunos políticos, como Pere Navarro, del PSC, han planteado abiertamente la necesidad de que el Rey Juan Carlos abdique en el Príncipe Felipe, pero es evidente que el recambio de una persona mayor por otra joven no va a significar ningún cambio en la Institución, que seguirá representando a una Jefatura del Estado por derechos de herencia, en vez de por mecanismos democráticos.

 

Lo que necesitamos para sanear el sistema es, en primer lugar, que los oscuros negocios de Cristina de Borbón y su esposo salgan a la luz, sean juzgados y condenados, y en segundo lugar, un Proceso Constituyente que redacte una nueva Constitución que defina España como una República Federal, aboliendo de una vez por todas la Institución anacrónica y obsoleta de la Monarquía, dotándonos de un Presidente elegido democráticamente por el pueblo, al que le podamos pedir, si llega el caso, responsabilidades de todo tipo, en vez de representar la figura todopoderosa y omnipotente del Rey. Necesitamos mayor democracia, mayor control parlamentario, mayor transparencia, lo que redundará no sólo en el avance de los cauces de participación ciudadana, sino también en una disminuación de los casos de corrupción a todos los niveles. En defintiva, necesitamos la III República.

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15 abril 2013 1 15 /04 /abril /2013 23:00

Se cumple por estas fechas el primer año de Gobierno conjunto en la Junta de Andalucía, cuyo supuesto eje rector se redactó en un documento de Acuerdo Programático entre las dos fuerzas políticas gobernantes, el PSOE Andaluz (PSOE-A) e Izquierda Unida-Convocatoria por Andalucía (IU-CA). El balance de este primer año de Gobierno, a mi juicio, es tremendamente negativo. Y esto en dos vertientes: una en lo tocante al programa de gobierno en sí, que ya comentamos en la serie de artículos titulada "Acuerdo Programático para Andalucía", un acuerdo bajo mínimos, con una renuncia expresa a muchos puntos del Programa Electoral de IU-CA (como no podía ser de otra manera, al estar en clara minoría), y otra en lo tocante a la propia credibilidad de IU-CA como alternativa real de gobierno, tanto a nivel andaluz como nacional, que se está viendo muy resentida con este pacto.

 

En efecto, ya lo hemos venido denunciando en muchos artículos, una gran parte de la izquierda andaluza y nacional se ha mostrado crítica con este acuerdo, un conjunto muy amplio de las bases de IU-CA, que incluso crearon la Plataforma "IU por la Base", con un montón de Asambleas Locales de IU repartidas por toda la geografía andaluza. Y es que el susodicho pacto de gobierno está siendo lesivo para la izquierda en general, para los intereses de la clase trabajadora, y para la credibilidad de Izquierda Unida como organización política y social que aspira a representar una alternativa real de gobierno. Se nos vendió la idea de que con "mando en plaza" (en expresión literal de Diego Valderas) la ejecución del programa de gobierno iba a estar más controlada, pero ha supuesto como decimos un grave error, pues bajo la falacia de que aceptamos los recortes "por imperativo legal" (de nuevo en expresión de Valderas) estamos dejando a muy baja altura nuestro lema de campaña, el famoso "¡Rebélate!", que ha quedado muy desacreditado.

 

valderas_aniversario_junta.jpgLejos de representar en Andalucía un baluarte de la rebelión contra las actuales políticas del capital, de la austeridad, de la obsesión por el déficit público, por el desmantelamiento de los servicios públicos y del Estado del Bienestar y por la privatización de dichos servicios, lejos de representar una oposición clara a todo ello, en Andalucía se continúan practicando dichas políticas, sólo que con un poco más de suavidad. Se siguen despidiendo profesores, médicos, enfermeros, investigadores, interinos, se privatiza en la sombra, se aplica en última instancia la misma política, bajo la excusa del imperativo legal y de los recortes impuestos por Madrid y Bruselas. Después de la clara pantomima que representó la Comisión de Investigación de los ERE fraudulentos, ahora tenemos una cúpula del Gobierno andaluz y del PSOE-A en clara sospecha por su responsabilidad política en todo aquél asunto. Y la izquierda supuestamente real y transformadora, es decir, IU-CA, prestando su apoyo a dicho Gobierno.

 

Pero más allá de todo ello, nos estamos convirtiendo en Andalucía en cómplices de la política del PSOE, una política fallida y traicionera a los intereses de los trabajadores/as. En lugar de conceder un apoyo más o menos puntual desde la oposición, condicionado a las políticas concretas que se fueran aplicando, hemos cometido el error de aceptar la trampa socialdemócrata, que podríamos resumir en el lema: "mejor practicamos nosotros los recortes, que dejarlos en manos del PP". Con ello todo nuestro trabajo como fuerza de oposición y de alternativa de gobierno se va al garete, pues no podemos dar gato por liebre, ni aplicar las mismas políticas bajo un paraguas de mayor "sensibilidad social" con los afectados por la crisis. Tal como afirmamos en nuestro discurso federal, debemos hacer que paguen la crisis sus auténticos culpables, y para ello debemos demostrar la valentía y el coraje necesarios para enfrentarnos a los poderosos, en vez de aliarnos con el PSOE en la aplicación de los recortes "a la andaluza".

 

No podemos engañar de este modo a una ciudadanía que confía en nosotros, porque lo vamos a pagar muy caro, ya que esta política de complicidad con el PSOE puede provocar que nos arrastre en su caída. De las muchas contradicciones que nos atrapan, por dar un ejemplo claro, tenemos lo sucedido con la huelga de las limpiadoras de Centros de Estudio en Jerez. La Junta de Andalucía procedió ¡a aumentar los servicios mínimos! para “garantizar el derecho a la educación”. Los mismos argumentos del PP, sólo eso bastaría para abandonar el gobierno, si fuésemos consecuentes con la defensa de los intereses de nuestra clase. Pero además, y es muy grave, compromete nuestra política de futuro. ¿Cuál es la alternativa de IU Federal al gobierno del PP? ¿La de Andalucía? ¿Un gobierno de IU en coalición con el PSOE con Rubalcaba de Presidente, cumpliendo los recortes impuestos por Bruselas por imperativo legal? Ello constituiría, como está ocurriendo en Andalucía, todo un fraude a nuestros votantes y simpatizantes, a nuestro electorado, y a las esperanzas de la clase trabajadora de este país.

 

Estamos dando una imagen de estar más preocupados en tocar poder y en ocupar cargos en el Gobierno y en las Instituciones que en conseguir esa fuerza alternativa, pergeñada desde y con la ciudadanía, para representar ese contrapoder que sea capaz de hacerle frente a las fuerzas neoliberales y del capital, que son las que nos gobiernan. Aún no le vemos color a un montón de promesas estrella de IU-CA, tales como la reforma agraria, la renta básica, la banca pública, el aumento de la economía social, el cambio de modelo productivo, etc. Las medidas que se toman a iniciativa de los cargos de IU son muy tímidas, casi ridículas e imperceptibles en todo el maremágnum de recortes que tenemos que soportar. Tenemos una excepción que mencionar, a la que, por su importancia, dedicaremos un artículo separado próximamente. Se trata de la reciente medida de la Consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés, de expropiar temporalmente viviendas a los bancos, para que no sean deshauciadas aquéllas familias que puedan caer en riesgo de exclusión social. Es, como decimos, una importante medida, que comentaremos más a fondo en su momento. 

 

Por lo demás, todo pretende ser arreglado mediante la interposición de recursos al Tribunal Constitucional, mientras la población se desangra diariamente por el empobrecimiento masivo, el paro y los recortes. Y a estas alturas, la Junta de Andalucía continúa debiendo a sus proveedores, agobiada por la exigencia del Ministro Montoro en cuanto al cumplimiento de los objetivos de déficit. Parece que la "rebelión" a que llamaban a sus votantes era puro eslógan vacío y mojado. El desempleo en Andalucía continúa siendo de los más altos, superando con creces la media nacional, y el resto de políticas públicas se ejecutan por la Junta con total seguidismo del Gobierno Central, por mucho que Rubalcaba ponga al Gobierno de Griñán como continuo ejemplo de cómo se pueden hacer las cosas de otra forma. Desde el sector crítico de la izquierda nos seguimos preguntado ¿Qué hace IU-LV-CA en la Junta? ¿Aplicar su programa, ser fiel a su ideario, o gestionar las migajas que le conceden PP y PSOE? Exigimos por enésima vez la retirada del gobierno de la Junta de Andalucía de todos los Consejeros y altos cargos de IU, para recuperar la credibilidad perdida y poder hacer frente a las políticas neoliberales con la cabeza bien alta, y representando de verdad a los de abajo. De otro modo, traspasaremos una frontera muy difícil de recuperar.

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14 abril 2013 7 14 /04 /abril /2013 23:00

Para el próximo 25 de Abril, tenemos convocada una nueva protesta del movimiento del 25-S, aglutinados bajo la Plataforma ¡En Pie!, para rodear de nuevo el Congreso de los Diputados, hasta conseguir la dimisión en bloque del actual Gobierno. Como sabemos, es un movimiento social que pide la apertura de un nuevo Proceso Constituyente, que demanda más democracia, auténtica, completa y real, y que rechaza el capitalismo en todos sus aspectos. Y es que un número cada vez más elevado de personas está reaccionando en contra de la flagrante injusticia que representa el orden existente: el desempleo masivo, que condena a millones de personas a la inactividad forzada; la desigualdad tan elevada, que concentra la riqueza a niveles obscenos sobre unos pocos, y empobrece a la inmensa mayoría; y el deterioro permanente de nuestros derechos sociales, civiles, políticos y laborales, que nos están condenando al abismo y a la barbarie social.

 

proceso_constituyente21.jpgLa lucha de clases se vuelve más cruenta que nunca: el repugnante espectáculo de los banqueros escapando impunemente de la crisis con miles de millones de euros de dinero público, mientras que otros tantos millones de hipotecas no van a poder ser pagadas, y los desempleados, con ridículas prestaciones e incluso sin ningún tipo de ingresos, esperan en largas colas de distribución de los Bancos de Alimentos, o de varias ONG's que se dedican a ayudar a los más necesitados. Personas jóvenes y de mediana edad, con o sin familia, perfectamente formados y cualificados, contemplan con impotencia cómo su vida se trunca, y prácticamente se esfuman todas sus posibilidades de llevar a cabo un proyecto de vida digna. Se alimenta el fuego de la indignación generalizada. El caldo de cultivo para una revolución está siendo abonado. El estallido social está servido.

 

proceso_constituyente22.jpgEl Proceso Constituyente supone esa revolución. Una revolución del pueblo y para el pueblo, capaz de desarmar el actual engranaje del Estado en todas sus vertientes, y de recuperar el control del mismo para la clase trabajadora. Y los motores se van calentando cada vez más. Muchas personas que hasta el momento tuvieron poco o nada que ver con el activismo social o político, incluso que nunca habían participado en manifestaciones, se unen al clamor popular en contra de este despótico sistema que los hunde cada vez más en la miseria. Luchan por la abolición de este orden social y político que se ha vuelto a todas luces intolerable. Por mucho que los dos grandes partidos luchen por conservarla, la degeneración de la Monarquía es palpable, necesitamos una regeneración democrática, que sólo la III República puede venir a conformar. Y el vendaval de corrupción que asola el resto de las Instituciones del Estado, así como al bipartidismo, es de tal magnitud que los mismos que han causado este orden social no pueden venir ahora a ofrecer soluciones.

 

proceso_constituyente23.jpgDicha solución ha de provenir sólo del pueblo, entendido en su más ambiciosa concepción. El enriquecimiento ilícito de los personajes de las élites del régimen contrasta violentamente con el creciente empobrecimiento de la clase trabajadora, que ve con total impotencia cómo los de arriba se forran a su costa, ésos que tanto pregonan la austeridad, y todo ello conduce a una extraña mezcla de sensaciones que van desde la indignación hasta la desafección más absoluta, contemplando este corrupto régimen incapaz de regenerarse. Una situación que se ceba especialmente en la juventud, esa juventud que tildan despectivamente como ni-ni, y que sin esperanzas, futuro ni perspectivas, bate todos los récords de paro juvenil de la UE, sobrepasando el 50%, con uno de los porcentajes más elevados de fracaso escolar, y con los únicos horizontes de la emigración, la dependencia de los padres, o la semi-esclavitud laboral. A estas alturas no se deciden siquiera a implantar una Renta Básica Universal, ni a modificar la Ley Electoral, ni algunos aspectos de la ninguneada Constitución.

 

proceso_constituyente24.jpgAsí que el escenario es asqueante y desolador. La confluencia de todas las facetas de la ya larga crisis que padecemos (económica, política, territorial, social, institucional, ecológica, alimentaria, etc.) está tensando al máximo las riendas de la Monarquía Parlamentaria, y está dejando ver la agonía de un sistema quebrado, injusto, antisocial y corrupto. No hay tiempo que perder para organizar la alternativa democrática ciudadana, para canalizar el estado de máxima rebeldía popular, para dirigir la indignación de la gente de a pie, de los colectivos víctimas de la crisis, hacia un nuevo Proceso Constituyente que dé un completo giro a la situación actual. No hay componendas ni atajos a esta situación. Todo aquéllo que no sea volver a articular un sistema nacido de las cenizas del actual no tendrá legitimidad como poder ciudadano, ni podrá suponer una solución completa a todas las carencias que padecemos actualmente. Adelante. No tenemos ya nada que perder, pero sí todo por ganar.

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11 abril 2013 4 11 /04 /abril /2013 23:00

Ya hemos afirmado muchas veces que el trasfondo ideológico es tal en la LOMCE (en general las Leyes educativas se prestan mucho a las visiones ideológicas de sus ponentes, representando quizá el mejor escaparate de ellas), y sus contradicciones tan flagrantes, que es fácil verlas repartidas por todo el texto. En un artículo separado que dedicamos hace algún tiempo a la propuesta de desaparición de la asignatura de Eduación para la Ciudadanía ya lo referimos, pues es un buen ejemplo de todo ello. Acusándola de adoctrinar ideológicamente, la LOMCE la sustituye por una que representa el auténtico adoctrinamiento ideológico, como es la Religión en la escuela, y la política de financiación de centros católicos a través del régimen de conciertos, del que ya hemos hablado en artículos anteriores de esta serie, conservando las Disposiciones Adicionales 2ª y 3ª de la LOE, que potenciaban la religión en la escuela pública, y otorgaban relevancia profesional al papel de las personas designadas por los respectivos Obispados.

 

lomce121.jpgEs más, desaparece la asignatura de Ética Cívica de 4º de la ESO, es decir, anulan la única asignatura que en la Enseñanza Secundaria servía para dotar al alumnado de la capacidad de reflexión ética sin moral religiosa. A cambio se introduce (Art. 24) la nueva asignatura de Educación Cívica y Constitucional, en 2º de la ESO, y se establece que "el emprendimiento y la educación cívica y constitucional se trabajarán en todas las áreas de la ESO". Es decir, que van a aleccionar muy bien a los futuros alumnos para que se hagan empresarios de mayores. Todo un consuelo. No es más que la consecuencia en la escala educativa del resto de políticas que están llevando a cabo en otros niveles y departamentos. Han situado el emprendimiento como el nuevo paradigma para la creación de empleo y el servicio a la sociedad, y no quieren ni oír hablar del empleo asalariado, y sobre todo del empleo público. La Educación Pública, según la LOMCE, se orientará convenientemente en este sentido.

 

lomce122.jpgUna "educación cívica" que incluirá temas como la defensa de la iniciativa económica privada en la generación de la riqueza (como no podía ser de otra manera de acuerdo a sus postulados), así como el fomento del espíritu emprendedor (a ver si se hacen de mayores como Luis Bárcenas, que seguro situarán como el modelo a seguir), la defensa de la propiedad intelectual, la alusión constante a la simbología del Estado Nacional (ya dijo el Ministro Wert que querían españolizar a los alumnos catalanes), o cuestiones especialmente controvertidas, como la moralidad humana en su vertiente y acepción religiosa (darse golpes de pecho en la Iglesia después de hacer un ERE en tu empresa y dejar por ejemplo a 500 trabajadores en el paro), o bien el respeto a la vida ligado a los postulados de los grupos pro-vida y de la Iglesia Católica (demonizar y criminalizar el aborto, para a continuación retirar las ayudas a la Dependencia, todo muy coherente, como se puede apreciar).

 

lomce123.jpgComo podemos constatar, lo peor del actual Anteproyecto de la LOMCE es que no construye la Escuela Pública del futuro, sino que restaura la mala escuela del pasado (y aquí la palabra escuela adopta una dimensión superior, queriendo significar también herencia y memoria colectiva). Parámetros obsoletos, rancios e injustos, tales como recentralización, segregación temprana, eliminación progresiva de la comprensividad, aceptación de la concertación de la educación diferenciada por sexos, reválidas y evaluaciones censales concebidos como instrumentos de selección y exclusión y no de mejora, supresión de los cauces democráticos de participación de la comunidad educativa, vuelta atrás hacia un currículum controlado por la Administración educativa, vuelta a una pegagogía tradicional, a la inculcación de valores rancios y obsoletos, reaccionarios y conservadores, además de a una visión mercantilista de los objetivos de la enseñanza y del aprendizaje, dibujan un panorama de auténtico retroceso real en décadas en el campo educativo.

 

lomce124.jpgEn el fondo, esta contrarreforma pretende formar a una ciudadanía disciplinada y obediente, con poca o nula capacidad crítica, que represente únicamente una mano de obra barata, que pueda asumir la ausencia de sus derechos, y donde la Escuela Pública deje de ser garante de una educación para todos/as. A la LOMCE no le interesa la gente culta y bien formada. No le interesa formar a ciudadanos pensantes, con capacidad de reflexión. No le interesa el fracaso escolar, no ofrece medidas concretas para reducir la tasa de abandono educativo temprano, ni mejorar la tasa de población que alcanza el mínimo nivel de la ESO, sino que las medidas que propone van justamente en sentido contrario: la multiplicación de reválidas al término de cada etapa, aplicadas y calificadas por agentes externos, o la segregación basada en incipientes y tempranos itinerarios son buenos ejemplos de ello. Pero además, el adoctrinamiento y aleccionamiento moral se practican por otras vías, inculcando a los futuros alumnos su modelo de sociedad elitista, excluyente, injusta y desigual.

 

educacion_deuda.jpgNo es una reforma ideada para llevar a la inmensa mayoría de la población al éxito escolar, sino para garantizar el fracaso de una gran parte de la misma. Y es así porque parten de la base de culpar (como en todo buen sistema neoliberal) de las dificultades y problemas exclusivamente al alumnado y eventualmente a los centros, porque como advierte el Anteproyecto, "el principal objetivo de esta reforma es mejorar la calidad educativa partiendo de la premisa de que ésta debe medirse en función del 'output' (resultados) y no del 'input' (niveles de inversión, número de profesores, número de centros, etc.)". La Administración, responsable de todos estos "inputs", dedicaciones, inversiones y entradas al sistema educativo, en este modelo se lava las manos, rehúye sus responsabilidades y analiza friamente los resultados como un actor externo. Este es el enfoque de la LOMCE, que demuestra claramente no creer en ninguno de los agentes de la comunidad educativa, y por tanto, retira la confianza puesta en ellos. Continuaremos en siguientes entregas con el fin de la crítica y el comienzo, en subsiguientes artículos, de nuestras propuestas desde la izquierda.

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