Actualidad Política y Cultural - Blog de Rafael Silva

"La guerra, la venganza y la desigualdad son signos evidentes de irracionalidad y de primitivismo"

(E. Carbonell, Catedrático de Prehistoria y Codirector del Yacimiento de Atapuerca)

En la entrega anterior de esta serie, nos quedamos comentando un Informe sobre las bases militares estadounidenses extendidas por todo el planeta. Sin embargo, este Informe es aún limitado, pues no incluye las establecidas en Kosovo, Israel, Reino Unido, Kirguizistán, Uzbekistán, Okinawa (con diez nuevas bases), Pakistán (con cuatro bases), Afganistán e Irak, donde a partir de la Camp Anaconda que ocupa 25 Km2 y que puede acoger a más de 20.000 soldados, el Pentágono construye ya catorce bases permanentes para albergar a 114.000 soldados, como eslabones de la cadena establecida en el Golfo Pérsico, situada en las autocracias de Bahrein, Kuwait, Qatar, Omán y los Emiratos Árabes Unidos, contempladas en el plan para el control militar del Oriente Medio. Tampoco considera a las sedes de las nuevas bases militares en Europa Centro-Oriental: Rumanía, Polonia y Bulgaria; en Asia: Pakistán, India, Australia, Singapur, Malasia, Filipinas y Vietnam; en el Norte de África: Marruecos, Túnez y Argelia; en África Occidental: Senegal, Ghana, Mali y Sierra Leona.

¿Pero cuál es el último motivo, la razón última de esta estrategia imperialista de USA? De una parte, su tremenda y ancestral ignorancia e incultura, sumadas a su arrogancia extrema les lleva desde siempre a mantener una cruzada contra el socialismo y el comunismo internacionales, intentando eliminar de raíz todo atisbo de implantación en cualquier parte del mundo. Y bajo esta excusa, han emprendido las invasiones y las guerras más cruentas e inverosímiles contra muchos países del globo, como por ejemplo en el Chile de Salvador Allende, donde está clara su implicación en la caída del gobierno democrático, en la década de los setenta del siglo pasado. Bajo este prisma, su filosofía es bien simple, y ha sido enunciada por Noam Chomsky en su obra "Las intenciones del Tío Sam" de la siguiente forma: "Si se desea un sistema global subordinado a las necesidades de los inversores estadounidenses, no se pueden dejar partes del sistema al azar". Y según el Presidente Henry Kissinger, Chile era "un peligroso virus que podía afectar a toda la región". Un virus que, por tanto, había que eliminar, al igual que están intentando hacer, ahora, con Venezuela.

De otra parte, el propio capitalismo necesita a la guerra como continuación, como garantía de su expansión, como conexión y salida de sus negocios. Y en este sentido, la estrecha relación e interconexión de los dirigentes norteamericanos con el mundo empresarial se hace patente. En efecto, los gobernantes estadounidenses, de prácticamente todos los gabinetes presidenciales, han tenido grandes conexiones con el gran capital. En su obra "Elementos para entender la crisis mundial actual", los autores Víctor H. Palacio Muñoz, Miguel Ángel Lara Sánchez y Héctor M. Mora Zebadúa exponen textualmente refiriéndose al mandato de George W. Bush: "La promoción de la política guerrerista se entiende cuando vemos las relaciones del gabinete de Bush con las grandes multinacionales. El propio Bush es un magnate petrolero socio de Harken Energy y de General Electric, Duke Energy, ExxonMobil, Newmont Gold Mining Corporation, Pennzoil y Tom Brown Inc. Su Vicepresidente Dick Cheney es accionista de Halliburton (petrolera), Procter & Gamble, Union Pacific y Electronic Data Systems. Colin Powell, Secretario de Estado, es socio de AOL Time Warner, Gulfstream Aerospace y General Dyanamics. Donald Rumsfield, Secretario de Defensa, tiene acciones y perteneció a los Consejos de Administración de G.D. Searle/Pharmacia (farmacéutica), General Instrument/Motorola, Gulfstream Aerospace, General Dynamics y otras. Condolezza Rice, Consejera de Seguridad Nacional, es socia de Chevron (petrolera), Charles Schwab (Agencia de Inversiones en bolsa), y Transamerica Corp. (seguros)".

Pero aún hay más: "El Secretario de Energía, Spencer Abraham, es socio de General Motors, Ford Motor Company, Lear Corp. y Daimler Chrysler. Donald L. Evans, Secretario de Comercio, es accionista de Tom Brown Inc. (petróleo y gas) y TMBR/Sharp Drilling (perforación de pozos de petróleo y gas). Norman Y. Mineta, Secretario de Transporte, es accionista de Lockheed Martin, Norhwest Airlanes, Greyhound, United Airlines, Union Pacific y Boeing. Anthony Principi, Secretario de Asuntos sobre los Veteranos, es accionista de Lockheed Martin, tiene acciones en Microsoft, Schering-Plough, Ford y Qualcomm. Tommy G. Thompson, Secretario de Salud y Servicios Sociales, es socio de Amtrak, AOL Time Warner y General Electric. Y la lista de altos funcionarios asociados al gran capital internacional y armamentista sigue". Y lo mejor de todo, son las argucias argumentales mediante las que USA intenta vender su estrategia armamentista por todo el mundo. Las razones expuestas resultan ya insufribles, vergonzantes, cínicas, ridículas y bochornosas.

En este sentido, rescato a continuación las palabras de Manuel Pardo, Capitán de Navío en la Reserva, que nos dice lo siguiente: "Por otra parte, el enquistado conflicto en Oriente Medio se intenta mostrar como una amenaza a la seguridad de Occidente y un imperativo de defensa de los Derechos Humanos. A quienquiera que le preocupe el asunto y no quiera verse adormecido por la machacante propaganda oficial, le resulta evidente que una intervención de los EE.UU., con el apoyo activo o pasivo del Estado Español, no traerá otra cosa que más miseria, más destrucción y más muerte. Los Derechos Humanos no han sido nunca una preocupación para los EE.UU., como lo demuestra su negativa a firmar el Tratado de Roma y someterse al Tribunal Penal Internacional. Su absoluto desprecio por ellos ha quedado en evidencia en las numerosas intervenciones en las que ha participado, con o sin armas de destrucción masiva, en Vietnam, Panamá, Afganistán o Irak. En todos los casos, su actuación no ha hecho más que empeorar las condiciones de vida de sus sufridas poblaciones, alimentando un rencor planetario que hoy se manifiesta explosivo. En estas condiciones, ¿qué papel juegan los países "aliados"? ¿Y sus Fuerzas Armadas?".

Y por su parte, Víctor Arrogante se expresa en los siguientes términos: "La guerra saca a la luz lo peor del ser humano. Pese a lo que parece, las guerras han cambiado poco en la Historia, si acaso los instrumentos para la destrucción, el sufrimiento y la muerte. Hoy estamos en las guerras de "cuarta generación" (comprenden la guerra de guerrillas, la guerra asimétrica, la guerra de baja intensidad, la guerra sucia, el terrorismo de Estado u operaciones encubiertas). Los guerreros de EE.UU. no saben lo que inventar. En este tipo de guerras no hay enfrentamiento entre Ejércitos regulares ni forzosamente entre Estados. Usan "drones", aviones teledirigidos, y las víctimas (civiles, mujeres y niños inocentes) son llamados "daños colaterales". En efecto, estamos situados actualmente en la época de las guerras "preventivas" y "humanitarias" (con la flagrante contradicción que estos términos representan), en las guerras televisadas, y en la asunción social de los conflictos como algo duradero e inevitable.

Y Eric Fromm estaba convencido de que vivir bajo la amenaza permanente de la destrucción total causaba efectos psicológicos que se evidenciaban en la vida cotidiana de las personas mediante manifestaciones como el miedo, la hostilidad, el endurecimiento del corazón, la indiferencia por los valores, todo lo cual provoca que las personas se conviertan en bárbaros, y que corra serio peligro la convivencia en libertad. Fromm planteaba como necesarios una serie de pasos para garantizar el desarme y el entendimiento político que condujeran a una paz duradera, esos pasos consistían en primer lugar en establecer el desarme psicológico que pusiera fin al odio y la suspicacia, como segundo peldaño entendía imprescindible la ayuda económica a los países subdesarrollados, y para concluir, planteaba el fortalecimiento y la reorganización de las Naciones Unidas para que certifiquen el desarme y organicen la ayuda económica. Pensamos que el gran filósofo, escritor y pensador dio en el clavo con sus apreciaciones, que desde la izquierda suscribimos totalmente. Continuaremos en siguientes entregas.

"Una idea, antes de hacerse realidad, tiene una extraña semejanza con la utopía"

(Jean Paul Sartre)   

Desde las bases, desde los simpatizantes, desde la gente que nos consideramos de izquierda, siempre hemos criticado el Acuerdo de Gobierno entre IU-CA y el PSOE en Andalucía, pero creemos que ya se han sobrepasado todos los límites. En estos días, estamos asistiendo a un lamentable y patético espectáculo por parte del PSOE andaluz, que a modo de padre que intenta corregir las malas prácticas de su hijo, o bien de profesor a su alumno, ha retirado las competencias en materia de Vivienda a la Consejería del mismo nombre del Gobierno andaluz, Consejería que estaba representando, con diferencia, savia nueva y fresca en las anquilosadas, fracasadas e injustas políticas que el PSOE había llevado a cabo en anteriores legislaturas, cuando poseía la mayoría absoluta. Pero relatemos en primer lugar someramente los hechos en torno a la Corrala Utopía, para tener un poco más de conocimiento de causa a la hora de poder emitir una opinión formada.

El Juzgado de Instrucción Número 3 de Sevilla emitió un auto el pasado 25 de febrero en el que mandataba a las Administraciones Públicas a "proveer lo necesario" para atender "a los menores y otras personas en riesgo de exclusión social" de dicho colectivo. Entonces, la Junta de Andalucía, a través de su Consejería de Fomento y Vivienda, y el Ayuntamiento de Sevilla, acordaron el pasado 5 de marzo la creación de una Comisión Técnica, con participación del Defensor del Pueblo Andaluz, para buscar una solución a dichas familias. En el marco de dicha Comisión, el Defensor del Pueblo pidió a las Administraciones el realojo para las 22 familias, por entender que se encontraban en dicha situación. Pero el Ayuntamiento sevillano se negó a poner ninguna de sus más de 500 viviendas vacías a disposición de la solución. La Consejería abrió entonces una negociación con Ibercaja para encontrar una solución al conflicto, pero el desalojo de la Corrala el pasado 6 de abril reventó dicha negociación.

Las familias se quedaron en la calle, por lo cual la Consejería propuso una solución de urgencia al Ayuntamiento de Sevilla, que éste rechazó. Ante tal situación, la Consejería asumió de forma unilateral, ante la ausencia de otras soluciones alternativas, el realojo de las familias desalojadas en cumplimiento del mandato judicial antes expresado. Ante este panorama, la Presidenta de la Junta, Susana Díaz, firma un Decreto retirando las competencias a la Consejería de Elena Cortés, lo que supone un revés y una desautorización en toda regla, además de un escarnio político del PSOE andaluz hacia la coalición de izquierdas. Por todo ello, entendemos, como decíamos al principio, que se han rebasado todos los límites, y que la única salida digna que cabe es la ruptura definitiva del Acuerdo de Gobierno entre IU-CA y el PSOE-A, y la dimisión de todos los cargos de IU-CA de la Junta. De hecho, se trata de un Acuerdo Programático que nunca debió desembocar en la presencia de la coalición de izquierdas en un Gobierno del PSOE-A, sino que únicamente debió servir para trazar una serie de puntos, de líneas de colaboración, para controlar, mediante el 12% escaso de voto que los andaluces concedieron a IU-CA, que desde el PSOE-A se ejecutara una auténtica política de izquierdas, dentro de las posibilidades. Muchos, en su momento, denunciamos que la entrada en el Gobierno andaluz era una maniobra errónea y peligrosa, que incidiría negativamente en la credibilidad de la organización de izquierdas, como de hecho, así ha sido.

Gran parte del electorado no puede comprender dicha complicidad, y no entiende cómo IU-CA se hace cómplice de las políticas económicas que abundan en los recortes sociales y laborales, así como en la identificación con el objetivo de reducción del déficit público, como máxima general, que anula cualquier otro objetivo social. Y algunas traiciones ha tenido que soportar IU-CA en el Parlamento andaluz, al ver que su fuerza coaligada votaba a veces contra lo pactado, como cuando el PSOE-A votó a favor de la aprobación en Andalucía de las prácticas de fracking. Pero precisamente, ha sido la Consejería de Vivienda la que ha comenzado a practicar, aún con muchos fallos e incongruencias, una política de función social de la vivienda, en contra de la especulación y del pelotazo del ladrillo, así como de complicidad con la banca, que era la que se venía desarrollando. Se ha hablado mucho sobre si se ha incumplido la legalidad al dar "preferencia" a las familias de la Corrala Utopía sobre otras que demandaban desde listas de espera la concesión de viviendas en alquiler social. Pero esto no es cierto, porque la Ley prevé mecanismos de excepcionalidad (entiéndase medidas de realojamiento transitorio) para familias en riesgo de exclusión social. La medida por tanto tiene un perfecto anclaje legal.

Por tanto, es falso que estas medidas supongan agravio alguno contra los 12.000 sevillanos que están esperando una vivienda en alquiler social. El único agravio lo constituye el hecho de que el Ayuntamiento de la localidad hispalense disponga de más de 500 viviendas vacías, y que sea incapaz de darles el uso social correspondiente. No se trata por tanto de un realojo definitivo, sino de un alojamiento transitorio en respuesta a una situación temporal, perfectamente justificada. Y en cuanto al PP, que rápidamente recomendó a la Presidenta que cesara a la Consejera de IU, y que se le ve frotarse las  manos ante este conflicto, habría que decirle que en todas las Comunidades donde gobierna, las viviendas vacías (incluso las de la SAREB, el "banco malo" creado por su Gobierno), en vez de ser utilizadas para alquier social, están siendo vendidas a terceras empresas privadas, los llamados "fondos buitre", que sólo tienen intención de continuar especulando con el derecho humano a la vivienda. La desfachatez del PP es supina, y queda totalmente desautorizado por sus indecentes prácticas en estas cuestiones. Pero como decimos, la reacción del PSOE-A y de la Presidenta de la Junta, en vez de apoyar a su Consejera, ha sido la de retirarle sus competencias, lo cual entendemos que ha colmado el vaso de la mínima lealtad exigible entre las dos formaciones. Ahora se constata que la entrada en el Gobierno andaluz de IU nunca debió producirse, pues ha perjudicado más que beneficiado a la izquierda real. Sólo queda una opción, si es que a IU-CA le queda aún algo de dignidad política: romper todos los acuerdos, negociaciones y pactos con el PSOE-A, y dimitir de todos los cargos en la Junta.

Aunque estamos utilizando los vocablos "izquierda" y "derecha" para distinguir a unos partidos políticos de otros, por ser términos de uso cotidiano, es conveniente, antes de continuar, abordar esta cuestión de orden nominal para poder entender, en adelante, quiénes son los que abusando del prestigio y significado histórico de unas siglas o del término "izquierda", engañan y estafan a la ciudadanía para beneficio propio, y para perpetuarse en el poder. Sin ir más lejos, la líder del PSOE y candidata a las Elecciones Europeas, Elena Valenciano, hacía referencia, de forma engañosa, a este término, arrogándose las conquistas de la "izquierda" que, según ella, representaba su partido. Es necesario desde este momento preguntarse: ¿es apropiado seguir hablando en la actualidad de izquierda y derecha como verdaderas propuestas políticas opuestas en sus principios y en su desarrollo político? ¿No sería más conveniente utilizar otro binomio más clarificador, dada la mala utilización y el abuso de los citados términos? Si no fuera así, será necesario recuperar el verdadero significado político de la palabra "izquierda" para ubicar en ella actualmente a las fuerzas tildadas de "antisistema", y situar en la derecha a todos aquéllos partidos integrados en el sistema que participan en mayor o menor medida en este juego, y defienden los intereses de la clase dominante.

Por tanto, creemos que para utilizar el término "izquierda" de forma legítima, hemos de replantear una ruptura con el sistema socioeconómico actual, esto es, con el capitalismo. Sin embargo y en la práctica, la confusión promovida por las fuerzas del bipartidismo (PP-PSOE) en torno a estos términos sólo está en función de garantizar la alternancia en el poder, que no la alternativa, porque si de verdad existiera una izquierda real (sólo parte de ella se encuentra en IU, Izquierda Anticapitalista, y otros grupos), nos propondrían un cambio radical en el sistema económico actual, y esto sí que representaría una "alternativa" a lo que tenemos actualmente. Recurramos a las palabras de Antonio José Gil Padilla: "Los grupos políticos que se alternan responden de igual manera a los mismos dictámenes que les marcan los poderosos. Unos pueden pintarse de azul, otros de rojo, pero ambos cumplen la misma función: defender los intereses del poder económico. Por lo tanto, cuando las distintas opciones políticas no ofrecen modelos sociales y económicos claramente diferentes, no constituyen alternativas válidas. Cuando esas opciones, abierta o subrepticiamente, asumen el mismo sistema económico y la misma organización social, y se soportan sobre ellos, se burlan de los ciudadanos, abusan de su ignorancia (generada intencionadamente), vacían de contenido cualquier atisbo de auténtica democracia, y convierten la política en un simple mercado".

Porque la alternativa es algo muy diferente a la alternancia. Una organización política o movimiento social sólo puede convertirse en alternativa real si rompe, en parte o en todo, con el sistema socioeconómico vigente, teniendo como referente los valores de igualdad y solidaridad. Cualquier otra cosa es, cuando menos, un engaño social masivo. En algún tiempo, entre la especialización, las ideas y la terminología política, existía un evidente y correcto acomodo, clasificándose todas estas dimensiones en expresiones diferenciales, simétricas y antagónicas: izquierda y derecha. A raíz de las revoluciones de finales del siglo XVIII, la verdadera izquierda se ha caracterizado por protagonizar los cambios acaecidos, y la derecha por conservar el estado de cosas existentes. Por esta razón, la izquierda real ha sido siempre (y deberá seguir siendo para mantener el epíteto de "real") revolucionaria, y la derecha contrarrevolucionaria por su oposición a las profundas transformaciones económicas y sociales que puedan plantearse. La principal misión de la izquierda en esta época debe ser "la superación del capitalismo y el avance hacia una sociedad sin explotación y sin alienación, hacia un socialismo concebido como la plena realización de los Derechos Humanos y la profundización de la democracia" (IU, 1999), haciéndola, añadimos nosotros, más real, completa y participativa.

Es claro y manifiesto que hoy día, tanto la izquierda como la derecha parlamentarias, forman parte de una misma estrategia antirrevolucionaria, ya que admiten el mismo modelo económico y la misma forma social (o antisocial) establecida en clases de ricos y pobres. Es notorio que la práctica política ha vaciado de contenido el término "izquierda", engañando al electorado y haciéndole creer que se trata de una fuerza contraria a la opción antirrevolucionaria. Desgraciadamente, ni el PSOE ni IU (aunque existen otras fuerzas políticas menos conocidas) pueden ser calificadas de izquierdas (sobre todo con maniobras como la entrada conjunta de ambas en el Gobierno andaluz), en el sentido auténtico y genuino de la expresión, entrando en flagrante contradicción entre su autoubicación y su práctica. No obstante y en honor a la verdad, hemos de afirmar que el ideario de IU es mucho más radical y profundo que el del PSOE, con la abismal diferencia añadida de que IU jamás ha gobernado España. Por tanto, para poder hacer más justa nuestra crítica, debemos al menos dejarle dicha oportunidad. Y lo mismo ocurre con los partidos parlamentarios análogos del resto de los países de nuestro entorno. El riesgo más grave que se corre con estos fenómenos es el avance de las fuerzas políticas de corte populista, racista y de extrema derecha, esto es, el avance del fascismo, que es justo lo que está ocurriendo en estos momentos por toda Europa.

Retomo las palabras de José López en su obra "La causa republicana", cuando explica: "Así pues en nuestras democracias, las diferencias entre la izquierda oficial y la derecha oficial se limitan a pequeñas discrepancias sobre cómo alcanzar los mismos objetivos declarados. Ambos partidos que sustentan el bipartidismo, la partitocracia disfrazada de democracia, defienden los intereses de la derecha, del gran capital, pero adoptan un discurso oficial más o menos izquierdista. Lo curioso de nuestras actuales "democracias" es que los partidos aparentan cierto izquierdismo, por lo menos en cuanto a los objetivos básicos de la izquierda (una sociedad más justa y libre), pero practican un claro derechismo. Ésta es la gran contradicción de nuestras actuales "democracias". Tenemos una ciudadanía con tendencias izquierdistas (como no podía ser de otra manera), gobernada por partidos más o menos de derechas. Esta contradicción delata que algo no cuadra en nuestras "democracias". Tenemos democracias de derechas que consiguen engañar al pueblo, que es por definición de izquierdas. La auténtica izquierda debe combatir la hipocresía de tales "democracias", poniendo en evidencia a los lobos (la derecha oficial) y a los lobos vestidos de ovejas (la izquierda oficial). Debe hacer contrastar al pueblo entre la teoría y la práctica, entre las etiquetas y los contenidos, entre las palabras y los hechos, para llegar a la verdad. A la verdad de que los dos partidos principales defienden los intereses de la derecha, de que son de derechas".

Y Santiago Alba Rico, gran filósofo, escritor y pensador de nuestro tiempo, en su reciente obra "¿Podemos seguir siendo de izquierdas?", también recalca la confusión sobre los términos, las conductas y los hechos, de la siguiente forma: "La izquierda no ha sabido defender el programa anticapitalista de la mayoría, mientras la derecha capitalista, que lo traiciona y lo hace imposible, se apropia siempre sus votos. Hay gente que se cree de izquierdas y que es derechas, y gente que se cree de derechas y que es de izquierdas. Esta es la mayor parte de la gente. El problema es que votamos con lo que creemos que somos, y no con lo que somos realmente". No cabe duda de que cuando en adelante utilicemos el término "izquierda" lo haremos con absoluta propiedad, y con él nos estaremos refiriendo a una fuerza o a un conjunto de fuerzas políticas y/o sociales transformadoras y revolucionarias, cuyo objetivo sea el derrocamiento del actual sistema en el marco de un modelo democrático que poco tiene que ver con el actual. Por esta razón, la izquierda tiene que ser, además, antisistema, y la derecha, por su naturaleza, deberá estar a favor del actual sistema clasista e irracional. Teniendo estas pocas ideas claras, será muy difícil que puedan seguir dándonos "gato por liebre". Finalizamos aquí esta breve serie de artículos, donde hemos pretendido, desde nuestros puntos de vista, denunciar las falacias de este mercado en que se ha convertido la política en nuestros días. Ojalá haya servido, al menos, para hacer reflexionar profundamente a muchos de nuestros lectores.

"Afirmo, pues, que no siendo la soberanía sino el ejercicio de la voluntad general, jamás deberá enajenarse, y que el soberano, que no es más que un ser colectivo, no puede ser representado sino por él mismo: el poder se transmite, pero no la voluntad (...)Si, pues, el pueblo promete simplemente obedecer, pierde su condición de tal y se disuelve por el mismo acto: desde el instante en que tiene un dueño, desaparece el soberano y queda destruido el cuerpo político"

(Jean Jacques Rousseau, "El Contrato Social")

En la última entrega de esta serie, nos habiamos quedado explicando el alcance de la unión monetaria expresada en el Euro, para que se comprenda su auténtica dimensión. El euro unifica radicalmente el lenguaje en el que se expresan las relaciones económicas y sociales capitalistas. Antes de su existencia, las distintas monedas de los países europeos, mantenían la capacidad de variar sus proporciones relativas mediante depreciaciones, para favorecer la competitividad de sus exportaciones, y equilibrar distintos índices de inflación, tipos de interés o fiscalidad. El euro impide dicho escenario, y deja como único mecanismo posible para la competitividad de los distintos países la propia devaluación de su fuerza de trabajo, es decir, la rebaja de los salarios y de los costes de sus trabajadores. El proceso constituyente del capital europeo exigía acabar con las distorsiones producidas por las diferencias en estructura productiva, tecnología, riqueza, recursos naturales y nivel de vida. Pero, sobre todo, acabar con la inestabilidad de los precios, incluido, en primer lugar, el precio del dinero.

Sin embargo, como afirma Agustín Morán en el artículo de referencia, unificar la moneda es unificar un signo, pero no lo designado. Y de este modo, las enormes diferencias materiales entre los Estados incluidos en el euro no se disuelven, sino que se acrecientan. Cuando se entrega el protagonismo económico al beneficio de las empresas, en lugar de a los Derechos Humanos y a la conservación de la vida, financiar el déficit mediante impuestos progresivos y luchar contra el fraude fiscal, no es políticamente correcto ni posible, porque ahuyenta a los inversores. Por tanto, la única vía para reducir el déficit del Estado es reducir los gastos, aunque eso suponga abandonar a su suerte a jóvenes, precarios, parados, jubilados, mujeres, dependientes, etc. De esta forma, los países más débiles, necesitados de más recursos públicos para superar sus deficiencias, son castigados con sanciones económicas que les hacen aún más débiles. Lo que les pasa a Grecia, Portugal e Irlanda desde 2011 ya estaba escrito en los Acuerdos de la Unión Europea desde hace veinte años. Para que nos pasara a nosotros, el gobierno español del PSOE de Zapatero, con la inestimable complicidad del PP, ratificó la entrega ilegal de nuestra soberanía al gran capital europeo, mediante la modificación del Artículo 135 de la Constitución. Esta modificación subordina las políticas económicas para resolver problemas como el empleo, la vivienda o la salud, a la satisfacción de los intereses de la deuda pública española frente a los acreedores extranjeros.

Estamos queriendo motivar, por tanto, la necesidad de un nuevo Proceso Constituyente para poder recuperar nuestra soberanía, la soberanía monetaria en primer lugar, que también abriría la puerta a otras soberanías (presupuestaria, fiscal, alimentaria, energética, etc.) igualmente necesarias. Porque evidentemente, las políticas que ahora se practican, contrarias a los derechos económicos, civiles, políticos, sociales y culturales, son claramente incompatibles con la democracia. Y el objetivo del Proceso Constituyente es, ante todo y sobre todo, la recuperación de la democracia. La instauración de una democracia plena e integral, que garantice a la ciudadanía todos los derechos que el sistema actual no garantiza. La política económica actual, de la cual derivan las demás por imposición pragmática, sólo atiende a los verbos precarizar, privatizar, desregular, externalizar y deslocalizar. Ignorando los Derechos Humanos, hemos llegado a un punto donde todo el bienestar social de la población está supeditado al funcionamiento de los mercados. Y los mercados no entienden de soberanía, de democracia ni de derechos humanos. Ellos representan únicamente los intereses de los más poderosos.

Para el extremismo neoliberal, la globalización económica y la moneda única son buenas, no porque integren a toda la población, sino porque expresan la máxima eficiencia económica, identificada con el máximo beneficio del capital, unida a la naturaleza humana egoísta y despiadada. Para este pensamiento fanático, las diferentes crisis sólo significan que la sociedad todavía no se ha puesto completamente de rodillas ante las salvajes leyes de la economía de mercado. De aquí se deriva que, para superar las crisis, hay que aumentar la fuerza de las políticas que la producen y la sumisión de sus víctimas. Esta es la explicación de las continuas recomendaciones de la Comisión Europea a seguir por la senda de las "reformas" y de la "austeridad" (aun conociendo perfectamente sus terribles consecuencias), y de que se presenten a las mareas sociales contra la desigualdad, la pobreza, el hambre, el machismo y la violencia como radicales y antidemocráticas. El dogma neoliberal representa el auténtico fascismo económico. Según ellos, pretender que la gente tenga casa y condiciones de vida y trabajo dignas, es una quimera antieconómica e insostenible.

Por tanto, no hay salida dentro del actual régimen. Desde el horizonte político de la moneda única, la competitividad y la globalización, es imposible hacer otra cosa que no sea gestionar la degradación paulatina de los derechos y libertades de las mayorías sociales. Los problemas del paro, de la precariedad, de las pensiones, del nivel de vida digno, no tienen solución. Cuando el capital se convierte en el verdadero sujeto de la democracia, pierden su sentido la sobernía, la dignidad, y los derechos humanos. Simplemente, no tienen cabida. Son mundos antagónicos, incompatibles. De ahí que no debamos contemplar reformas para intentar edulcorar el sistema, parchearlo, hacerlo más humano, sino para derrocarlo, para abatirlo. El Proceso Constituyente es imprescindible si queremos vislumbrar un horizonte de regreso al mundo de los derechos y las libertades, de la razón y del progreso. Es imprescindible si queremos retornar del empleo precario al trabajo decente, del despilfarro consumista al consumo racional y responsable, y de la posesión de bienes fundamentados en la sagrada propiedad privada, al bienestar personal, social y colectivo, fundamentado en la solidaridad y la cooperación. No tenemos otra alternativa que un Proceso Constituyente hacia un nuevo escenario político y social. Continuaremos en siguientes entregas.

El pasado 26 de marzo, diversas organizaciones sociales y sindicales entregaron la carta que a continuación se reproduce en la sede de la Comisión Europea en Madrid y Barcelona destinada a Francisco Fonseca, Director de la Representación Permanente. Con este documento, nos sumamos a la campaña internacional que se opone a las negociaciones comerciales que sobre el TTIP están teniendo lugar de forma antidemocrática, y a espaldas de la sociedad. Reproducimos a continuación dicho documento al completo: