Actualidad Política y Cultural - Blog de Rafael Silva

La pasada semana, después de muchos y frustrados intentos de que el Ministro Wert retirara su ilegítima Ley de Educación, y de que dimitiera de su cargo, la LOMCE fue finalmente aprobada en el Congreso de los Diputados, poniéndose de manifesto de nuevo el gran rechazo parlamentario que ha suscitado. Sólo vamos a dar un detalle: incluso el único diputado de UPN, el incombustible Carlos Salvador, fiel e histórico aliado del PP, se abstuvo en la votación final. Con eso creo que está todo dicho. Pero la Ley Wert al final fue aprobada, aunque vaya a ser una ley muerta, como afirmamos en el título. En realidad, las iniciales de la LOMCE no responden a Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad de la Educación, sino a Ley Orgánica Muerta Cadáver Enterrada. Todos los grupos políticos han expresado en la Cámara su intención de derogarla en cuanto cambie la actual mayoría parlamentaria, y de momento, de no aplicarla en sus respectivas Comunidades Autónomas, así como de recurrirla al Tribunal Constitucional.

Ya hemos hablado en muchos de nuestros artículos de la LOMCE, así que en éste, tomando las palabras de Enrique Javier Díez Gutiérrez, Profesor de Didáctica y Organización Escolar de la Universidad de León, y Coordinador del Área Federal de Educación de Izquierda Unida, vamos a resumir las maldades de la Ley en los siguientes quince puntos:

1. Es un proyecto de ley sin base científica pedagógica seria y contrastada. No se ha realizado una aproximación contrastada a las causas reales que provocan las deficiencias del sistema. Frente a ello, se parte de postulados ideológicos que se afirman sin datos concretos que los respalden científicamente.

2. Es un proyecto de ley impuesto sin debate ni consenso. Se ha impuesto de espaldas a la comunidad educativa y a los expertos y expertas en el campo de la educación, desde una mayoría absoluta cada vez más deslegitimada. El anunciado diálogo con los grupos parlamentarios y con las organizaciones representativas de la comunidad educativa se ha limitado a exponer los inamovibles principios de su reforma.

3. Esta es una ley con una filosofía mercantilista que se refleja a lo largo de su articulado. Concibe la Educación no como un derecho fundamental que debe ser garantizado por los poderes públicos mediante una red escolar de centros públicos, sino como “un bien” particular que deberá estar especialmente al servicio del sistema productivo, de la competitividad y de la empleabilidad. Hacer una reforma educativa con la idea de formar trabajadores competitivos en el mercado local y global, no es simplemente una forma estrecha de entender la educación, sino que es una inversión completa de los principios y valores en que se fundamenta nuestro sistema educativo: formarse como profesional es algo necesario pero subordinado a la prioridad fundamental de cualquier sistema educativo, formarse como persona y ciudadano o ciudadana crítica para aprender, desarrollarse y avanzar en la construcción de una sociedad más sabia, justa y cohesionada.

4. Esta es una ley profundamente privatizadora porque introduce una nueva definición del Sistema Educativo Español que supone la consagración de las corporaciones empresariales y los grupos religiosos como parte del Sistema Educativo, en pie de igualdad con el sector público educativo . Además suprime la obligación de las Administraciones educativas de garantizar plazas “públicas” suficientes. Al eliminar el término “públicas” de la redacción no sólo suprime la naturaleza pública de las plazas que se creen, sino que en consecuencia, abre la posibilidad de creación de centros privados con dinero público, estableciendo que las administraciones garantizarán la existencia de plazas en las zonas de nueva población, en función de la “demanda social”, que cada administración podrá interpretar de acuerdo con su orientación ideológica determinada.

En una novedosa concesión a la patronal de los centros privados introduce la “libertad de enseñanza” entre los principios y los fines de la educación que establece la ley. Además, con la excusa de “españolizar” a los estudiantes de Autonomías con lenguas propias, obliga a las Administraciones educativas a costear con dinero público los gastos de escolarización en centros privados. Es más, la enseñanza privada ha resultado altamente favorecida por esta reforma, no sólo porque les da garantías de recibir fondos sea cual sea su carácter y su ideario, sino porque además amplía los años de duración mínima de los conciertos dando tranquilidad a la empresa titular de los centros concertados ante la disminución de la población escolar.

5. Es una ley que potencia el adoctrinamiento católico en la escuela. Esta ley, tras eliminar la Educación para la Ciudadanía, aduciendo que dicha materia adoctrina ideológicamente, sigue manteniendo el auténtico adoctrinamiento ideológico de la Religión y la financiación de los centros católicos que ya dispuso la LOE, dando rol profesional de profesores a los catequistas designados por la jerarquía católica. Incluso introduce una alternativa con calificación a la asignatura de Religión para evitar la fuga del alumnado de religión.

6. Es una ley segregadora. Bajo el paraguas de la existencia de diferentes “talentos” en el alumnado, lo que se pretende realmente, mediante vías paralelas e itinerarios cerrados, es romper el actual tronco común en la escolaridad básica y obligatoria, desviando y segregando al alumnado con mayores dificultades hacía vías devaluadas e itinerarios segregadores.

7. Es una ley recentralizadora y controladora del curriculum. Las materias pasan a estar clasificadas en un ranking que establece su importancia. Las materiales troncales, la mayoría y más sustantivas, las fija el Gobierno, tanto en sus contenidos como en el horario mínimo, y las Administraciones educativas el resto. Lo cual significa que elimina la autonomía pedagógica de los centros y muestra una clara desconfianza en la capacidad profesional del profesorado y de las comunidades educativas. Además el Gobierno se reserva el derecho a fijar los “estándares y criterios de evaluación” que “ señalizarán de forma clara al conjunto de la comunidad educativa cuáles son los niveles de exigencia” .

8. Es una ley que recorta y reduce el currículum . Esta contrarreforma pretende concentrar la carga lectiva en unas asignaturas instrumentales, centradas en contenidos considerados “útiles” para el futuro laboral , reduciendo o suprimiendo enseñanzas artísticas, clásicas, de economía, geografía, tecnología o de humanidades que se consideran de segunda categoría o prescindibles. Se trata así de sacrificar áreas creativas e innovadoras del conocimiento, contenidos abiertos, globales y complejos, para centrarse en preparar futura mano de obra laboral, dotada con meros conocimientos instrumentales básicos.

9. Es una ley que devalúa la Formación Profesional. La selección temprana en la secundaria obligatoria devalúa la Formación Profesional volviendo a considerarse como opción para los que no son capaces de seguir. La aplicación del modelo de FP dual, sabiendo que las posibilidades de formación en el empleo dependen de la oferta laboral que, en nuestro país, es inexistente, puede convertirse en una nueva vía para deteriorar aún más nuestro mercado de trabajo, utilizando como mano de obra barata a los estudiantes de Formación Profesional.

10. Es una ley que introduce en el sistema educativo la competitividad darwinista estableciendo pruebas externas a nivel nacional, para ofrecer una clasificación de colegios según sus resultados en rankings públicos donde se ordenarán, como si de una liga de fútbol se tratara, en centros con buenos, regulares o malos resultados. Además, l a ley liga la propuesta de autonomía escolar a esta especialización competitiva de los centros y a los resultados académicos en función de los cuales llegarán recursos diferenciados. Es el llamado “pago por resultados” propio del mundo empresarial. Se darán incentivos a los centros, no en función de las necesidades de su alumnado, sino según puesto en el ranking.

Lógicamente, en este mercado competitivo las escuelas se harán más selectivas , tendiendo a rechazar al alumnado que presente mayores dificultades y que pueda hacer descender su posición en el ranking de centros. Los centros reaccionarán buscando estar en la parte más alta del ranking, dedicando el tiempo escolar a preparar las reválidas para que los resultados del alumnado les permitan estar en “primera división”.

11. Es una ley que convierte la educación en una carrera de obstáculos. El modelo de evaluación que contempla la LOMCE pivota sobre la profusión de pruebas individualizadas externas. Apuesta así por un modelo de enseñanza basado en la presión del examen , frente a un modelo educativo más centrado en las necesidades y motivaciones del alumnado. En vez de buscar estrategias y formas de motivar y entusiasmar al alumnado por el conocimiento y el aprendizaje. Quienes no aprueben las reválidas de secundaria serán expulsados del sistema educativo invalidando el trabajo hecho en años de escolarización .

Todas estas evaluaciones serán pruebas externas, aplicadas y evaluadas por profesorado o especialistas ajenos al centro, desconocedores del alumnado, de su realidad. Lo cual supone una merma de la autoridad del profesorado del propio centro respecto al alumnado y un menosprecio a su capacidad profesional para valorar su proceso educativo. Tras la reválida de 2º de Bachillerato, cada Universidad podrá hacer pruebas de acceso para seleccionar a su alumnado. Este sistema de evaluación selectiva de las Universidades supondrá la sustitución de un sistema de acceso objetivo e igualitario, por otro que permitirá la selección con criterios dispares, no homogéneos y propicios a todo tipo de disfunciones.

12. Es una ley profundamente antidemocrática. El Consejo Escolar queda relegado a funciones meramente consultivas y no decisorias , lo que conlleva arruinar la poca “democracia participativa” que quedaba en los centros de enseñanza, mientras que las funciones decisorias pasan a ser competencia de un director o directora, nombrado directamente por la Administración y no de forma democrática por su comunidad educativa. Este modelo rompe con la cultura de colaboración y participación necesarias con las familias y la comunidad educativa.

13. Es una ley que apuesta por la gestión privada de tipo empresarial en la educación pública. Propone gestionar los centros públicos según las recetas de la empresa privada , mediante una mayor autonomía financiera que requiera de fuentes de financiación privadas, ante la insuficiencia de la financiación pública. Financiación externa de patrocinadores que imponen sus logotipos y exigencias, introduciendo los intereses privados y mercantiles en la educación pública. A ello se añade la especialización de los centros para ofrecer una oferta competitiva y “diferenciada” a la clientela. Gestión jerarquizada de una dirección unipersonal y no colegiada, que podrá seleccionar al profesorado en los centros especializados, rompiendo los procedimientos de transparencia, mérito e igualdad en la conformación de las plantillas docentes.

14. Es una ley que retrocede en la igualdad. Da cobertura legal asegurando el concierto a los centros de educación diferenciada por sexos. Incluso el texto incumple la Ley Orgánica de Igualdad que determina que la Administración pública debe mantener en sus publicaciones un lenguaje que no discrimine por razón de sexo y que fomente y persiga la igualdad.

15. Es una ley que quiebra los principios de igualdad, mérito y capacidad en la selección del profesorado en la educación pública, introduciendo la posibilidad de contratar profesorado bilingüe o plurilingüe al margen de los procedimientos normativos establecidos.

Para los lectores que quieran profundizar más en ella, les recomiendo nuestra serie de artículos titulada "LOMCE: un enfoque crítico", así como otros muchos que hemos publicado en este mismo Blog donde hemos expuesto aspectos concretos de dicha Ley. Lo dicho: ojalá no tengamos que contemplar nunca en vigor esta monstruosa ley educativa. Nuestras propuestas alternativas las estamos desarrollando en la serie "Por una Educación Pública a todos los niveles", donde vamos a entrar ya en la recta final de sus artículos, abordando el mundo de la educación universitaria. A ella os emplazo.

Parece ser que es la última moda, el último grito en ex Presidentes, en ex políticos en general. Consiste en que, por lo visto, como cuando te retiran del cargo dispones de mucho tiempo libre y gran sueldo para poder dedicarte a la vida contemplativa, pues no se les ocurre otra cosa que ponerse a escribir sus memorias. Incluso hay algunos que tienen tantas memorias que tienen que editar varios volúmenes, como el ex Presidente Aznar. No me guía para nada la intención de hacerles publicidad de sus libros en el presente artículo, sino más bien poner sobre la palestra algunas inquietudes que tengo sobre los mismos, y sobre los actos de presentación de los mismos. Tengo que confesar que no he leido (ni tengo intención de hacerlo) ninguno de ellos, pero ello no obsta para plantear aquí los siguientes comentarios.

Para empezar, tenemos donde elegir, pues son ya varios los volúmenes presentados. Una cosa que me llama la atención es la exquisitez de sus títulos y subtítulos, porque algunos no tienen desperdicio. José Bono por ejemplo nos dice "Les voy a contar" (las batallitas y chascarrillos de este hombre son interminables, es el abuelo cebolleta de la política), Pedro Solbes subtitula "40 años de servicio público" (será para que no dudemos de que se puede jubilar con la pensión completa), José María Aznar en su segundo volumen subtitula con el rimbombante "El compromiso del poder" (el egocentrismo y la soberbia de este hombre no tienen límites), y José Luis Rodríguez Zapatero titula "El Dilema" (más bien parecería una novela de intriga), y para que no tengamos ninguna duda subtitula "600 días de vértigo" (donde parecería más bien que relata su secuestro, en vez de su presidencia del gobierno). Como vemos, pues, hay donde elegir.

Los actos de presentación, como decíamos, tampoco tienen desperdicio. Sobre todo, por los acompañantes que los protagonistas invitan al acto. Por ejemplo, en el acto de presentación del segundo volumen de las Memorias de Aznar (las del solemne "compromiso del poder") estuvo en la mesa el ex dirigente de Comisiones Obreras, José María Fidalgo. Sí, como lo han leído, no es ningún error ni distracción. José María Fidalgo, quien fuera líder del sindicato de "izquierdas" CC.OO., sentado junto a su tocayo el ex Presidente Aznar. Por lo visto, son muy amigos, lo cual da idea del nivel de nuestro sindicalismo "de clase". O por ejemplo en el acto de presentación del libro de José Luis Rodríguez Zapatero, estuvo nada más y nada menos que ¡Tony Blair! En efecto, el ex líder laborista británico, aquél de la foto de las Azores, en los tiempos de la guerra de Iraq, junto al ex Presidente norteamericano George W. Bush y el ex Presidente Aznar. Por si no lo recuerdan, formaban la alianza de los que estaban "convencidos" de que Saddam Hussein poseía grandes arsenales de armas de destrucción masiva. Las únicas armas de destrucción masiva eran ellos tres. Con este deleznable camaraderío, nos explicamos perfectamente cómo es que la política y los políticos en general sufran tanto descrédito, desconfianza y apatía por parte de toda la ciudadanía.

Bueno, pues vayamos a los contenidos. Como digo, no he leído los libros, pero albergo algunas esperanzas de poder entender ciertas cosas, aunque algo dentro de mi (creo que se llama sentido común) me dice que fracasaré en el intento. Sí, porque claro, pretendo entender muchas cosas que ocurrieron en el pasado, durantes sus respectivos Gobiernos, que no están muy claras. Por ejemplo, pretendo comprender cómo Aznar nos decía que España iba bien, cuando se estaba gestando la mayor burbuja inmobiliaria de la historia, gracias a sus políticas de liberalización del suelo público, y de sus permisivas políticas hacia el negocio hipotecario de los bancos. O pretendo entender cómo entonces había que ser generoso con la política penitenciaria con respecto a los etarras, mientras que ahora se pone el grito en el cielo porque los jueces suelten a estos presos, en un acto de simple obediencia a la sentencia del Tribunal de Estrasburgo. En el caso de Felipe González, entre otras muchas cosas, pretendo que nos explique la traicionera campaña para nuestra entrada en la OTAN, o la firma del Tratado de Maastricht, que nos puso en bandeja la aceptación de la política neoliberal que nos ha conducido hasta esta situación. Pero también supongo que nos explicará en su libro los entresijos de la guerra sucia contra ETA, los tremendos escándalos de corrupción en su partido, y la traición a los postulados del movimiento obrero, que tanto habían defendido.

Y luego tenemos el caso de Zapatero, que tampoco se queda atrás. Por lo visto ha declarado que se hizo el valiente con Merkel, rechazando hasta en tres ocasiones el rescate a nuestro país, aunque lo que también supongo que contará es cómo al final se bajó los pantalones ante la Canciller alemana (según dice él tenía que elegir entre eso o la imposición de un Gobierno tecnocrático), e implementó las famosas medidas de recorte de Mayo de 2010, que sentaron precedente para todas las demás que vinieron luego. Sí, esas medidas relatadas en aquél discurso que terminaba diciendo: "Las vamos a tomar cueste lo que cueste, y me cueste lo que me cueste". Y en efecto, le costó. Le costó (a su partido) perder las Elecciones Generales de Noviembre de 2011, y le costó que su partido entrara definitivamente en caída libre, de la cual no se va a recuperar en mucho tiempo, si es que alguna vez se recupera. Demostró ser una vez más un Presidente mediocre, con poca valentía y firmeza en la defensa de sus ideales y de su pueblo, y demostró definitivamente que no se puede confiar en el PSOE. Por supuesto, hay que reconocerle a su Gobierno algunas tímidas medidas en la buena dirección, como por ejemplo la ley del matrimonio homosexual, la retirada de las tropas de Iraq, o la ley de la dependencia. Pero el balance general fue tremendamente negativo. Porque si a todo ello le unimos, entre otras cosas, el proceso de fusión y bancarización de las antiguas Cajas de Ahorros (proceso encubierto para conceder todo el poder a los grandes bancos), el acuerdo con la OTAN para la instalación del escudo antimisiles, y sobre todo el acuerdo con el PP para modificar el artículo 135 de nuestra Constitución, en aras a definir el pago de la deuda como prioridad sobre la inversión y el gasto social, unido todo ello a los recortes practicados en la última etapa de su Gobierno, el panorama es desolador.

Bueno, pues ya puestos, y como a Rajoy (esperémoslo) sólo le quedan dos años al frente del Gobierno, me pregunto si tendremos también la "suerte" de que nos obsequie no dentro de mucho con un libro sobre sus memorias. Y supongo que entonces nos explicará el gran sentido del honor y de la responsabilidad que está ejerciendo, renunciando al cumplimiento de su Programa Electoral, para cumplir con su "deber" de sacar a España de la crisis, y nos explicará también la razón de muchas de sus decisiones, tales como rescatar a los bancos, hundir el consumo, empobrecer a los pensionistas, elevar el paro, conseguir que nuestros jóvenes tengan que irse de su país, desmantelar la sanidad pública, privatizar todos los organismos públicos, permitir que se cierre la televisión valenciana, retrotraernos a la educación franquista, reprimir las manifestaciones populares, poner precio a la justicia, dar cancha y protección a los evasores fiscales, o hundir la ciencia y la cultura, entre otros muchos. Sí, la verdad es que tengo curiosidad por ver cómo lo explica. Yo le puedo proponer un subtítulo para su libro: MARIANO RAJOY. CAMINA O REVIENTA.

Y otras memorias que también han de ser muy interesantes son las de ese personaje de sonrisa falsa, inglés grotesco y torpes argumentos, incapaz de hilar un simple discurso, para más señas Alcaldesa de Madrid, de nombre Ana Botella, esposa del ex Presidente Aznar, esa misma que se jacta, por ejemplo, de que el reciente acuerdo que puso fin a la huelga de basuras en Madrid se haya conseguido sin despidos, gracias a la reforma laboral del actual Gobierno. Sí, tengo mucho interés en sus memorias, a ver si nos explica cómo es que su ideología, según ella, ha sido la que ha traído el mayor progreso durante toda la Historia de la Humanidad. Eso sí que habrá que leerlo. Y al igual que para Rajoy, podemos proponerle a la señora Botella un título para sus memorias: AYUNTAMIENTO DE MADRID: MEDALLERO OLÍMPICO DE LA BASURA.

"España se encuentra en el camino a una dictadura. Cierto, no ha habido ningún golpe de Estado y el Parlamento todavía existe, pero éste ya no defiende los derechos de los ciudadanos"

(Reiner Wandler)

Creo que esas palabras resumen muy bien la situación que estamos sufriendo. Después de barrabasadas múltiples contra la población por parte de todos los Ministerios, ahora le ha tocado el turno al del Interior, que bien pudiera llamarse "Ministerio de Represión". El panorama es bien sencillo y de todo punto lógico: la población ha llegado a tal grado de hartazgo, que el nivel de disturbios, movilizaciones, protestas, huelgas, etc., ha llegado a un nivel preocupante. ¿Y qué pasa si los trabajadores se organizan masivamente y pelean por sus derechos? Pues que, para este Gobierno, se convierten automáticamente en vándalos, violentos y terroristas en potencia, y de ahí la necesidad de diseñar una Ley (maquillada bajo el eufemismo de "Seguridad Ciudadana") para reprimir toda esta ola social de rebeldía ante sus injustas políticas. Y en efecto, la futura Ley se nos presenta como una actualización de las prácticas que antes constituían faltas, que pasan a ser delitos leves o graves, y que se multan con exageradas cantidades, con una estrategia parecida a la que el Ministro Gallardón ha implementado para la Justicia y sus tasas.

Pues en esa misma línea, pero aún bastante más desproporcionado, el Ministro Fernández Díaz, ese que adapta su agenda a los horarios de misa, nos quiere llevar más derechos que una vela, en lo tocante a las protestas sociales. Porque en efecto, han ido recogiendo en una especie de catálogo todos los tipos "modernos" de manifestaciones y protestas, para intentar reprimirlas todas, y que cualquiera de ellas, pase de ser un legítimo ejercicio del derecho a la reunión, o manifestación, a ser un delito. Es un auténtico ataque frontal al libre ejercicio de los derechos de protesta social pacífica, que al igual que la Reforma Laboral para el ámbito del trabajo, ésta intenta liquidarlo y criminalizarlo. Se pretenden evitar además ciertas situaciones, como los escraches, el uso y distribución de imágenes de policías, o las escaladas a edificios públicos para colocar carteles (consideradas infracciones muy graves, y multadas entre 30.000 y 600.000 euros). El Estado quiere de esta forma garantizar la impunidad de los que, teniendo que velar por sus derechos, abusan de su posición de fuerza, e intimidan y maltratan a la ciudadanía que ose protestar contra las Instituciones o el Gobierno. Prácticas propias de un Estado cada vez más totalitario. Lo ha expresado muy bien Arturo Borra: "No les basta borrar las huellas del crimen perpetrado; también se proponen invertirlo, imputando a las víctimas y desplegando un aparato de control que incumple las normas jurídicas que aplica a los otros".

Hay que romper también con un mito que nos han hecho circular desde hace un tiempo acá, consistente en proclamar que las manifestaciones han de ser previamente comunicadas y/o autorizadas. No es cierto. El derecho de manifestación es completamente libre, y no está sujeto a ninguna comunicación ni autorización previas por parte de las autoridades. La perturbación del orden público en espectáculos, acontecimientos deportivos u oficios religiosos y demás actos públicos también se considerará "muy grave", así como las manifestaciones sin autorización en torno a las consideradas infraestructuras críticas como, por ejemplo, una central nuclear --objetivo muchas veces de movimientos ecologistas-- o un aeropuerto. En el apartado del orden público, pero ya dentro de la infracciones graves, se contempla la participación en disturbios con capuchas, gorros, pañuelos o máscaras a efectos de dificultar la identificación por parte de las Fuerzas de Seguridad del Estado. Levantar barricadas también será considerada una infracción "grave". En el apartado de las infracciones graves (multadas con entre 1.000 y 30.000 euros) se encuentran también la prostitución callejera, el cultivo de estupefacientes, el botellón, los daños a mobiliario urbano, o la quema de neumáticos.

Voy a retomar las palabras de Pedro L. Angosto: "Por el contrario, tal como estamos viendo con las leyes que se aprueban en nuestro país y en otros de nuestro entorno, se está produciendo ante nuestra mirada difusa, un drástico endurecimiento de las leyes que restringen nuestros derechos. Sin ir más lejos el próximo viernes el Consejo de Ministros aprobará la Ley de Seguridad Ciudadana, una ley que recuerda a las existentes antes de la Constitución de 1978, una ley que criminaliza los escraches -modo de protesta pacífica que sirvió en Argentina para acabar con la ley de punto final-, que llena de obstáculos el ejercicio libre de los irrenunciables derechos de manifestación, reunión y huelga, que castiga la pobreza y cercena la libertad de expresión, dando un paso de gigante hacia un Estado de Excepción con carácter no excepcional. Leyes contra el derecho de las mujeres a interrumpir libremente el embarazo no deseado, leyes que amparan las conductas antidemocráticas de las distintas policías, que permiten que seamos cacheados y ultrajados antes de tomar un avión, que auspician las detenciones ilegales, que permiten a los bancos lanzar a miles de personas de sus casas sin ofrecerles alternativa alguna, que legalizan la exclusión social y penalizan al excluido, leyes cuya única finalidad es proteger el nuevo orden establecido a costa de la libertad y los derechos de los ciudadanos. Incapaces de crear, de inventar, de solventar, los gobiernos de toda Europa, pero especialmente el español, que por genética tiene mucha más experiencia en asuntos de represión, están dando los pasos legales necesarios para pasar de una democracia a un régimen autoritario, antesala de la dictadura con la que tanto sueñan. Es lo que sucede cuando se es tolerante con quienes por crianza y por convicciones son esencialmente intolerantes. Ha pasado muchas veces a lo largo de la historia, pero parece que no aprendemos".

Como se ve, estamos ante una Ley de carácter represor y coactivo, que esconde claramente la ilegitimidad de un Gobierno que se desangra ante tanta injusticia social. Ante el desproporcionado sistema de multas propuesto, también dirán desde el Gobierno que se trata de un "mecanismo disuasorio", al igual que argumentan para las cuchillas de la valla de Melilla. Entramos de esta forma en un Estado de Excepción, que degrada la democracia hasta extremos inadmisibles, más propio de regímenes del pasado. Estos mismos señores que fomentan las amnistías y los indultos hacia los más grandes delincuentes, que amparan a torturadores franquistas, que recortan derechos y que vacían el Estado del Bienestar, nos quieren además callados, sumisos, soportando estoicamente todas sus fechorías. Conscientes de que sus medidas crean en la población un clima de rechazo social cada vez más intenso, buscan su represión y ocultación mediante tácticas de criminalización de los colectivos que se atrevan a denunciarlas públicamente. Y así, más que nunca, el Estado se convierte en una máquina de violencia, en el más firme protector de las élites dominantes. Estamos ante la institucionalización del Estado Policial, de un Estado recaudador, represor, violento, penal, criminal.

Un Estado que se convierte en fiel guardián de la economía política del sacrificio, donde a la vez que se amplía de forma permanente su radio de acción hacia los más desfavorecidos, se protege y blinda a sus artífices. Otra forma más de hacer patente la lucha de clases. Está claro, pues, que el objetivo de la próxima Ley no es la seguridad ciudadana, que seguramente no les importará mucho, sino restablecer y hacer prevalecer el mandato de la obediencia civil. No exagera José Manuel Rambla, cuando afirma: "El Presidente del Gobierno nos anuncia la luz al final del túnel. Pero Rajoy no nos aclare de qué túnel salimos. Visto lo visto, todo parece indicar que se trata del túnel del tiempo que nos retrotrae irremediablemente a la Ley de Vagos y Maleantes y, al paso que vamos, tal vez incluso hasta a la Ley de Fugas". Es tiempo de resistir, de ser más fuertes y más inteligentes que ellos. Nuestros antepasados conquistaron los derechos que ahora nos quieren desmantelar con su sangre, y no podemos defraudarles. Parece que ya el miedo comienza a cambiar de bando, aunque el poder lo sigan aún detentando los mismos de siempre. Ataquemos nosotros, siguiendo aquélla máxima del Zen que dice: "El que ataca debe vencer. El que se defiende debe apenas sobrevivir". Lucharemos y venceremos.

¿Somos republicanos? Sí, lo somos. Pero, ¿en qué consiste la República? ¿Sólo con que se convocara un referéndum, fuese ganado por los partidarios de la República, tuviera que exiliarse o reconvertirse a la actual Familia Real, y se votase a un Presidente de la República cada cuatro o cinco años ya hubiésemos cumplido nuestro objetivo? NO. Por supuesto que no. La República no es sólo eso, o mejor dicho, es mucho más que eso. La República no es sólo un Modelo de Estado, no es sólo lo opuesto a la Monarquía, sino que ha de ser el Modelo de Estado que nunca hemos tenido en nuestro país, porque no nos han dejado. Unas veces por estúpidas y anacrónicas Monarquías, como la actual, y otras veces por Golpes de Estado, guerras civiles y dictaduras, lo cierto es que no hemos podido disfrutar jamás del Estado Republicano (y Federal) que deseamos.

Porque como decimos, la República es mucho más que eso. Hay que dotar a la III República de contenidos, porque como expresa Manuel Navarrete: "La reivindicación republicana burguesa en sí misma, si no va ligada a un proyecto político transformador, a la creación de una República Popular en la senda de la construcción socialista, es una auténtica estafa y una burla cruel a las necesidades acuciantes de la gente, a quienes pasan hambre, a quienes son desahuciados, a quienes emigran y a quienes sufren la represión policial". Vamos, en esta breve serie de artículos, a recoger al menos lo fundamental de lo que desde la izquierda transformadora de este país pretendemos que sea la República, siguiendo sobre todo algunos aspectos propuestos en el Documento Político-Organizativo de la última Asamblea (la XIX) de Izquierda Unida-Los Verdes-Convocatoria por Andalucia (IU-LV-CA).

El actual fenómeno, cada vez más creciente, del descrédito de los políticos (y de la política en general) puede llevarnos a dos escenarios diferentes: uno indeseable, pero verosímil, es el auge de las ideas antidemocráticas, la búsqueda de un líder carismático en quien depositar la confianza mayoritaria, y de una forma autoritaria de conducir la política, primando el principio del orden público y de la actuación represiva contra "el enemigo" (expresión que usó un mando policial para referirse al pueblo), o contra los inmigrantes a los que se culpa del paro o de la delincuencia. Otro escenario es perseverar en la profundización del sistema democrático, ahondar en sus capacidades, buscar su extensión, ampliando sus límites desde los valores de la participación, la igualdad y la justicia meramente formales, como tenemos hoy día, hasta la completa democracia, real, participativa e igualitaria. En Grecia, como consecuencia de la crisis económica y del conflicto social explosivo al que se está dando lugar (por cierto, la Comisión Europea vuelve estos días a apretar las clavijas sobre el país heleno), se está produciendo un ejemplo claro de esta polarización política: la desconfianza en los dos grandes partidos del sistema (ND, PASOK) ha dado lugar al enorme crecimiento de una izquierda transformadora y consecuente como es Syriza, pero también al crecimiento (con presencia parlamentaria incluida) de un partido neofascista como es Amanecer Dorado, afortunadamente con resultados minoritarios (al menos, por ahora), sobre todo a raíz de las recientes detenciones de algunos de sus dirigentes.

En nuestro país, el panorama es convulso y cambiante. Mientras Susana Díaz se consolida como la líder del PSOE en Andalucía, y es considerada un gran referente a nivel nacional, surgen plataformas como la liderada por el catalán Albert Rivera, de Ciutadans, que por cierto sube en las encuestas, con la intención de abordar también la política nacional. Y mientras los dos partidos mayoritarios caen estrepitosamente en las encuestas de intención de voto, la coalición Izquierda Unida avanza bastante, configurándose como el tercer gran actor de la política a nivel del Estado, pero avanza también la opción liderada por Rosa Díez, del partido Unión, Progreso y Democracia (UPyD). Pero en España, afortunadamente, tenemos la posibilidad de ir avanzando hacia el sistema de profundización en la democracia real, mediante el cambio desde el carácter monárquico de la forma de Estado, hacia el avance del ideario republicano. Porque la primera insuficiencia de la democracia española es la que supone que la Jefatura del Estado sea hereditaria, que el primer servidor público no sea elegido por el pueblo, sino por la línea sucesoria de una familia. Y esta falla del sistema democrático no es casual, sino que deriva del carácter otorgado o consentido con el que las oligarquías preconstitucionales, los fascistas reconvertidos en demócratas a la muerte del dictador, impusieron las reglas de juego de la democracia española en la llamada Transición. La Monarquía, la bandera, el olvido, fueron las condiciones que pusieron encima de la mesa para negociar con las fuerzas antifascistas, democráticas, la instauración de la Constitución Española de 1978.

Recomiendo a los lectores el artículo "¿Qué fue de verdad la Transición Democrática?" publicado recientemente en este mismo Blog, donde examinamos en profundidad el auténtico sentido de aquél período histórico. Hoy día, agotado ya el crédito de aquél marco constitucional, roto el pacto de forma unilateral por la oligarquía político-financiera encarnada por la derecha española tan claramente como lo está haciendo el actual Gobierno del PP con sus privatizaciones, recortes de derechos sociales y laborales, y giros recentralizadores, la izquierda debe sentirse con plena libertad para plantear su programa de máximos, a través de un bloque social alternativo, de carácter federal, republicano, social y participativo, negociado, consensuado y pactado con el pueblo, a través de sus organizaciones, plataformas, asociaciones, y todas las fuerzas políticas y sociales democráticas, la recomposición de un nuevo Pacto Democrático basado en los valores del republicanismo, el federalismo y la solidaridad. Pero no queremos abundar aquí en esta tarea, en su exposición de motivos, en su necesidad, en su organización, porque ya le estamos dedicando la serie de artículos titulada "Por un Proceso Constituyente", que ya va por su decimoquinta entrega.

Tenemos claro por tanto que la izquierda alternativa y transformadora tiene que construir sociedad republicana, fomentar el republicanismo como valor social mayoritario, creando y renovando nuevas formas de intervención ciudadana en política solidaria. Porque el republicanismo es ante todo un valor que sitúa el autogobierno de los ciudadanos/as, a través de la democracia participativa. Frente al salvaje y despiadado capitalismo que reduce a las personas a meros consumidores, meros clientes, meros electores, y elimina los lazos sociales grupales, fomentando el egoísmo individualista, es preciso ampliar el concepto de ciudadanía como sujeto político directo, pleno de derechos, fomentando y recuperando el valor de lo público, de lo colectivo, de lo de todos. No en vano, el republicanismo tiene una gran tradición política en España, pues ya se han producido dos experiencias republicanas en nuestro país, y la última, la de la II República, se produjo gracias a la eclosión popular generada por un conflicto social de similares características a las actuales, salvando las distancias, pues estamos hablando de los años 30 del siglo pasado. Pero aunque ha llovido mucho desde entonces, los valores se mantienen en la distancia, y la fórmula republicana, puede, en estos momentos, volver a prender en la conciencia colectiva de nuestro pueblo, conectando de nuevo con los sentimientos que está generando este ya largo período de crisis. Continuaremos en siguientes entregas.

A vueltas en este artículo con el tema del aborto, para denunciar la tremenda hipocresía y las flagrantes contradicciones que se advierten claramente en los planteamientos de esta rancia derecha que nos gobierna, y de todos sus partidarios. Hace pocos días convocaron otra manifestación en Madrid, bajo el lema "En defensa de la vida", y según palabras textuales de algunos de sus participantes: "Nosotros no estamos contra nadie, estamos por el derecho a la vida". Son los mismos que jalean permanentemente al Gobierno en sus medidas más duras y reaccionarias, por lo cual habría que preguntarse si responden a un movimiento pro-vida o pro-muerte. Porque si se defiende la vida, ¿no debería defenderse en todas sus dimensiones y con toda su extensión? ¿No debería defenderse la vida real más y mejor que la vida en potencia? ¿No deberíamos proteger más la vida presente que la vida futura? Al fin y al cabo, la segunda depende de la primera.

Su concepto de la vida no puede ser más filosófico, moral o religioso: se basa en el instante en que una célula es fecundada, y desde ahí, según ellos, aparece la vida. Y parece ser que desde ahí, esa vida merece más atención, cobertura y protección que la vida de su madre (y de su padre), personas humanas reales, no personas en potencia, a las que sí que hay que proteger, cuidar y blindar sus derechos. Pues no. Para los padres, en general para las personas reales, de carne y hueso, insertadas en la sociedad, se le van negando cada vez más los derechos básicos y fundamentales. Protección a las grandes empresas que destruyen el medio ambiente y causan muertes, a las petroleras, a las farmacéuticas, a las energéticas, rescate a bancos que niegan los derechos fundamentales a las personas (como la vivienda), reformas laborales que facilitan los despidos, los ERE's, las bajadas de salarios, que aumentan el paro, que instalan la precariedad constante en la vida de las personas, que aumentan las jornadas laborales, que acrecientan las enfermedades laborales, que aumentan la pobreza, la exclusión social, las desigualdades, que provocan deshaucios, suicidios y desgracias familiares...¿se defiende así la vida?

Por otra parte, el derecho a la vida no acaba cuando viene al mundo el neonato, sino que ha continuar y extenderse a lo largo de toda su vida, pues es la sociedad y el Estado quien debe encargarse de proteger y velar por sus derechos, desde su nacimiento hasta su ancianidad. En ese sentido, las políticas impuestas a sangre y fuego, la reducción de todo tipo de ayudas personales, que impiden estudiar a los más jóvenes, o la eliminación paultina de las ayudas a la Dependencia, están dejando en la estacada, y abandonadas a su suerte, a este colectivo y a sus familias, o a las víctimas de enfermedades raras. Recortes en la Sanidad pública, que muestran su lado más dramático en la muerte de las personas más vulnerables, o reforma del sistema público de pensiones, que traerá como consecuencia una pérdida de poder adquisitivo, y un empobrecimiento progresivo de nuestros pensionistas.

Recortes también a las ayudas para las políticas sociales y de igualdad, que han disparado de nuevo los casos de víctimas por violencia de sexo. Y nos volvemos a preguntar: ¿se defiende así la vida? ¿Tiene cabida en este contexto el hipócrita eslógan de "promover la vida"? Parece que no. Porque defender la vida es otra cosa. Defender la vida tiene que ver con restar poder al capitalismo y a sus empresas bandera. Tiene que ver con impedir los crímenes laborales, los crímenes sociales a los que este sistema nos aboca sin remedio. Defender la vida es un concepto con una dimensión integral, no puede aparecer sesgado y únicamente ligado a la defensa de los derechos de un ser no nacido. Defender la vida implica no restar derechos, sino protegerlos y consolidarlos. Tiene que ver con la protección integral de la infancia, del derecho al trabajo, a la vivienda, a la salud, a la educación, y al resto de derechos fundamentales. Tiene que ver con las políticas que permitan la conciliación de la vida laboral y familiar, y que fomenten el reparto del trabajo y de unas condiciones de vida dignas.  

Si sólo lo restringimos a la capacidad de nacer, de llevar a buen puerto a una célula fecundada, ¿qué haremos con ese "ser social" que asoma a nuestras vidas? ¿Cómo lo alimentamos, lo vestimos, le procuramos cuidados? ¿Cómo lo educamos, y le garantizamos su inserción adecuada en la sociedad? ¿Cómo le protegemos de sus posibles enfermedades? ¿Cómo, en definitiva, velamos por su felicidad? Pero no. A este salvaje capitalismo con tintes religiosos no le importa nada de eso. La contradicción no puede estar más patente. El mejor paradigma que podemos encontrar está en la propia Iglesia. Frente a la defensa más enraizada de la vida del no nacido, frente al más enconado fervor por penalizar el aborto y estigmatizar a las que defienden el derecho a poder practicarlo cuando entiendan que no van a poder procurarle esa vida, se encuentra también el mayor silencio, la mayor complicidad, la mayor colaboración y la mayor insensibilidad moral a la hora de alinearse y de defender las políticas capitalistas y neoliberales, ésas que atacan al auténtico derecho a la vida.

Pero aún observamos más contradicciones en torno a los grupos pro-vida y a la doctrina fundamentalista de la Iglesia Católica, pues también se muestran en contra de la manipulación de los óvulos para crear células madre que luego podrán salvar vidas humanas. Por tanto, ¿estamos por la vida en toda su dimensión, o somos rehenes de un integrismo religioso? Las conclusiones y los planteamientos no pueden estar más claros. Que cada cual se sitúe en el bando que quiera. Pero que no intenten darnos gato por liebre, e inculcarnos una sesgada y ciega fe en un supuesto derecho a la vida sólo mientras somos un conjunto de células en división constante, mientras se nos niega cuando ya somos personas, seres sociales, con personalidad jurídica. El sentido de la próxima reforma de la Ley del Aborto no es éste, sino el de volver a situar a la mujer en el contexto clásico del patriarcado.

Es así de simple: con un panorama de servicios sociales y sanitarios públicos cada vez más precario, recortado e insuficiente, las mujeres deben volver a recuperar el rol clásico de cuidadoras del hogar, de los hijos, de los mayores y de los dependientes, según nuestros machistas y retrógrados gobernantes. Éste es el auténtico sentido del cambio de la ley. De esta forma, las responsabilidades públicas y colectivas se devuelven de nuevo al ámbito privado, individual y familiar. El Estado deja de proteger a sus súbditos. En última instancia, persiguen la vuelta al modelo de familia tradicional, reaccionario y patriarcal, donde las mujeres se convierten en esclavas del hogar. Rompamos con la tremenda hipocresía de los que se alzan en paladines del "derecho a la vida", pues no son más que voceros del cruel y feroz sistema capitalista que ataca a la vida, a todas las formas de vida, de forma continua y despiadada.