Actualidad Política y Cultural - Blog de Rafael Silva

Vamos a continuar con las propuestas enmarcadas en la Revolución para la Paz, cuyos principios generales ya abordamos en el artículo anterior, hablando sobre la Alianza Atlántica (OTAN) y las Bases Militares norteamericanas. Efectivamente, desde la Cumbre de Washington a la última de Lisboa, la OTAN mantiene un Concepto Estratégico que le permite actuar en cualquier parte del mundo sin la autorización del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en contra del Derecho Internacional. Pero aunque esta circunstancia, muy grave en sí misma, no se diera, es que la OTAN supone una amenaza para la paz.

Finalizaron los tiempos, derivados del período que se dio en llamar Guerra Fría, al término de la Segunda Guerra Mundial, en que podrían tener algún sentido los grandes Bloques Militares, asociados a las entonces grandes potencias mundiales, a saber, el bloque soviético de la antigua U.R.S.S. (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas), y el bloque americano con sus aliados, con USA evidentemente a la cabeza. 

Podrían tener cierto sentido histórico en aquél entonces, pues se trataba de garantizar la estabilidad del mundo en un período derivado de una guerra, de reconstrucción de los bloques y de los países en conflicto. Pero desde aquélla situación han pasado ya más de 60 años, y entendemos que las grandes Alianzas Militares, lejos de contribuir a pacificar la situación, contribuyen a la escalada de armamento, al hostigamiento de algunos países y a la reactivación de algunos conflictos.

Recientemente, la decisión del Presidente Zapatero de ceder la base aeronaval de Rota (Cádiz) para formar parte del Escudo Antimisiles de la OTAN convierte a España en uno de los países del mundo que apuestan por el rearme, con el consiguiente aumento del gasto militar como respuesta a la inseguridad mundial.

Desde Izquierda Unida consideramos que una decisión de esta envergadura corresponde tomarla democráticamente a las Cortes Generales, y debiera haber sido sometida a referéndum, para que sea la ciudadanía, la soberanía popular que tanto se está ignorando últimamente, la que decida si España debe jugar ese papel en la Comunidad Internacional.

La propia base de Rota, como la de Morón (Sevilla), así como todas las bases aeronavales norteamericanas desplegadas en todos los continentes, deben replegarse a territorio de los EE.UU., puesto que ahora cumplen una función pensada única y exclusivamente para el control y el dominio del imperialismo norteamericano.

Desde la izquierda abogamos por una nueva arquitectura de la seguridad mundial, que se base en la seguridad humana y en la seguridad compartida, teniendo como objetivo el pleno y total desarme mundial y el poner fin a la principal amenaza: el hambre y la enfermedad en los países empobrecidos, apostando por la prevención diplomática de los conflictos, así como por el control real del comercio de armas y material de doble uso. Basta ya de permitir el armamento como un negocio fomentado por los propios Gobiernos, así como la justificación de las intervenciones militares ante cualquier conflicto territorial, político o económico.

Para nosotros, España no debe convertirse en la punta de lanza de las operaciones militares de la OTAN. Sin lugar a dudas, con la instalación del escudo naval antimisiles, nuestro país envía un mensaje equivocado al resto de los países mediterráneos, a África y al resto del mundo.

Tanto su última actuación en Libia como la realizada sobre la antigua Yugoslavia, convierten a la OTAN en una organización criminal que actúa ignorando completamente el Derecho Internacional, sirviendo únicamente a los intereses del bloque americano, de sus aliados y del resto de los países miembros de la Alianza Atlántica.

Las bases aeronavales de los Estados Unidos de América desplegadas en todos los continentes cumplen una función vital de control, espionaje y avituallamiento de las fuerzas de intervención militar en cualquier parte del mundo. Pensamos que la democratización de las Instituciones Internacionales exige la inmediata disolución de la OTAN y el cierre de todas las bases militares estadounidenses en el mundo.

Y bajo el argumento ya citado de la defensa a ultranza de los Derechos Humanos, continuaremos apoyando también el cierre total de Guantánamo.

Bien, pues entramos en la recta final de los artículos donde hemos querido exponer las 7 grandes revoluciones necesarias para nuestra sociedad, que proponemos desde la izquierda, y que inspiraron la confección del Programa Electoral con el que Izquierda Unida (en coalición con otras fuerzas políticas de izquierda) concurrió a las pasadas Elecciones Generales del 20-N, obtuviendo (recordémoslo) unos magníficos resultados, al multiplicar por 5 el número de votos y de escaños que teníamos anteriormente, aunque pudiéramos haber conseguido muchos más con una Ley Electoral justa, equitativa y proporcional. En fin, hablaremos en estos artículos finales sobre las propuestas enmarcadas en la séptima y última revolución, en la que pudiéramos llamar Revolución para la Paz, esa fantástica palabra tan deseada por toda la humanidad, pero nunca alcanzada.

Hablaremos por tanto sobre aspectos que tienen que ver con la Cooperación, la Solidaridad, la ONU, la OTAN, las bases militares norteamericanas en el mundo, el desarme internacional, nuestro internacionalismo, nuestra política exterior, y nuestra política internacional cercana, en relación a la Unión Europea. Aspectos todos que tienen que ver con la concepción y la aportación que desde la izquierda hacemos para un mundo en Paz, más justo y equilibrado, más racional y humano, desde nuestra plena convicción y apuesta por el pacifismo militante y exigente a todos los niveles.

Partimos de la base de que la dramática crisis que vive la Humanidad, esa crisis multifacética de la que tantas veces hemos hablado (financiera, energética, alimentaria), consecuencia del sistema capitalista implantado y globalizado, pero también del imperialismo norteamericano, ha acentuado los rasgos antidemocráticos de las Instituciones Internacionales: ha potenciado el uso de la fuerza contraviniendo el Derecho Internacional, el retraso en los cumplimientos de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, el aumento sustancial del gasto destinado a armamento y a la I+D en programas militares, y el uso, abuso y pretexto de la guerra para garantizar que los países dependientes cuenten con los canales de suministro de recursos energéticos.

La Carta Fundacional de las Naciones Unidas o el tan nombrado Derecho Internacional son burlados sistemáticamente, al no contarse actualmente con la existencia de lo que podríamos llamar un "gobierno democrático del mundo", con unas Naciones Unidas rediseñadas, reformuladas, que sean la auténtica expresión democrática del mundo del siglo XXI, que pueda por ejemplo implementar sin cortapisas ni limitaciones la Justicia Internacional, o que pueda impedir las situaciones de genocidios, guerras o hambrunas en algunas regiones del planeta.

Por tanto, en esta fase bárbara y criminal del capitalismo, no sólo se ataca el bienestar de las personas en los países desarrollados, haciéndonos retroceder 40 ó 50 años en derechos sociales, sino que también se multiplican las desigualdades respecto a los países subdesarrollados y empobrecidos, abandonando a millones de personas a su suerte, condenándolas a la pobreza extrema, al hambre, al éxodo masivo, a la desesperación, a la enfermedad, a la muerte y al exterminio por falta de medicación o por permitir situaciones de abuso del poder, de guerras tribales, de atentados, de golpes de Estado o de falta de ayuda humanitaria o de atención y cuidados médicos.

La concentración de la riqueza en muy pocas manos (la acumulación del capital impulsada por las políticas neoliberales del Consenso de Washington y Bruselas), no sólo se manifiesta depredadora de las conquistas sociales alcanzadas y conquistadas en el siglo XX, sino que también destruye el equilibrio natural, la biodiversidad, las fuentes de energía y la paz entre las naciones y los pueblos.

En nuestro contexto, la actual Unión Europea, la diseñada por y para los mercaderes, desde el Tratado de Maastricht al de Lisboa, pasando por las últimas modificaciones propuestas por Angela Merkel y Nicolas Sarkozy, no sólo no ha conseguido avanzar hacia una arquitectura más democrática del mundo, ni hacia un desarme progresivo, ni a exigir el cumplimiento del Derecho Internacional o el respeto de los Derechos Humanos. Muy al contrario, ha favorecido el mantenimiento del actual desorden internacional, las desigualdades, la guerra y la desprotección a los pueblos que demandan justicia social.

Desde la izquierda, y ante esta coyuntura agresiva para el conjunto de la Humanidad, defendemos la necesidad de acordar agendas comunes de actuación alternativa con las organizaciones políticas y sociales de carácter y vocación anticapitalistas de todos los continentes. Creemos firmemente que otro mundo es posible, otro equilibrio del capital, de las finanzas, de los recursos naturales, del uso de la energía, de la democracia participativa, valores que entre todos ellos también contribuirán al desarme internacional, y a poder alcanzar situaciones de mayor estabilidad y paz mundiales.

Hemos dado pasos hacia adelante, estrechando lazos con la izquierda de América Latina y El Caribe, o con organizaciones de la izquierda africana (acercamiento acentuado por los procesos revolucionarios en el Sáhara Occidental, Túnez, Egipto o Libia). Pero todavía debemos avanzar aún más para conseguir una mayor coordinación en la lucha común frente a las políticas neoliberales, que traen como consecuencia más crisis, más guerra y más hambre.

En el caso concreto de la ONU, queremos contribuir al rediseño y reconstrucción de la actual Organización de las Naciones Unidas, para que sus 193 Estados Miembros sean quienes decidan realmente el Gobierno del mundo, con una estructura mucho más participativa y democrática. Por ejemplo, la reciente experiencia del veto ejercido por Estados Unidos a la petición inmensamente mayoritaria de la Asamblea General de la ONU para el reconocimiento del Estado Palestino es el último botón de muestra para comprender la importancia de contar en el siglo XXI con un "gobierno democrático mundial". Para ello, desde IU pedimos la eliminación del Consejo de Seguridad de dicha organización.

Y hablando de la ONU, y de todas sus organizaciones dependientes (OIT, FAO, UNESCO, etc.), retomamos la paradójica situación de tener que denunciar que no se cumple, mejor dicho, que sigue sin cumplirse a nivel internacional la Declaración de los Derechos Humanos promulgada en 1948, y de denunciar abiertamente que la situación a la que estamos llegando, que la confluencia de todas las facetas de esta crisis que estamos sufriendo, se podrían resumir en una: CRISIS DE DERECHOS HUMANOS. Continuaremos en el siguiente artículo abordando propuestas en torno a la OTAN y las Bases Militares estadounidenses.

De nuevo a vueltas con las propuestas de los empresarios, porque entiendo que vamos por este camino de mal en peor, a tenor de lo último que hemos conocido a este respecto: por un lado, recuperación de la figura del contrato basura al más puro estilo (es decir, más basura que nunca), y por otro, propuestas en el sentido de adelgazar el Estado, eliminando personal público y despidiendo funcionarios.

Desde la izquierda nos parece tremendo el planteamiento de la CEOE, quien por boca de su Presidente, Juan Rosell, nos demuestran que nuestros empresarios vuelven a las andadas con unas propuestas cada vez más cargadas de precariedad laboral, y de destrucción de derechos laborales ya conquistados, para proceder a un paulatino desmontaje del actual marco de trabajo. Pero pasemos a examinar un poco más detenidamente dichas propuestas.

Por una parte, se recupera como decíamos lo que se ha venido en llamar los "MiniJobs", figura heredera de los clásicos "contratos basura" pioneros en Alemania, donde podrían estar más justificados, pues el empresariado alemán, a diferencia del español, cuando le vienen mal dadas, no recorta la fuerza laboral despidiendo a sus trabajadores, sino recortando el número de horas de la jornada laboral, con lo cual, aunque el poder adquisitivo baje, al menos conservan sus empleos y sus cotizaciones. Esa conducta no es propia, como decíamos, de los empresarios españoles, que ahora nos proponen la ampliación (es decir, la reprecarización) de este contrato, extensión de nuestro contrato basura de siempre, por el cual se abona un sueldo de algo más de 400 euros, sin derecho a vacaciones ni a desempleo, aunque manteniendo las cotizaciones a la Seguridad Social.

Se impone de esta forma, poco a poco, la filosofía de la precarización en todos los sentidos, pues si al miniempleo le añadimos el minisueldo, y también la minivivienda, y además seguimos recortando en otros aspectos del Estado del Bienestar, estaremos derivando a la sociedad a todo un desmontaje de su actual marco de relaciones laborales y de protección social, de forma que nos acercaremos cada vez más a contextos de esclavitud, mientras asistimos con total indignación a los inmensos beneficios de la Banca y de las empresas multinacionales...¿es justa una sociedad que somete a la juventud a este tipo de contrato, cuando el Grupo Inditex o el Banco de Santander declaran beneficios de miles de millones de euros?

Pero no se queda aquí la gran Patronal, que además entra de nuevo a intentar "mangonear" en la función pública, declarando que en base a unos estudios que ellos mismos han realizado, hay muchos ámbitos de la Administración Pública donde existen (siempre según ellos) demasiados funcionarios, a los que habría que recolocar, trasladar, reciclar, e incluso en última instancia, despedir. Es tal su patética obsesión por controlar al funcionariado que no tienen el menor pudor en realizar estas declaraciones, pero lo que no dicen es que los auténticos motivos de tal desprecio a la función pública es que pretenden hacer de algunos ámbitos de la misma una oportunidad de negocio, desnaturalizando su carácter público y sometiéndolo a las reglas del mundo de la empresa privada, donde únicamente prima la rentabilidad y el beneficio empresarial. 

Pocas esperanzas de acuerdo, dado el panorama, tenemos que albergar para una próxima Reforma Laboral, que el Gobierno del Partido Popular espera para Enero de 2012, pues difícilmente los sindicatos van a permitir un ataque tan flagrante a los derechos y a los intereses de la clase trabajadora. Pero lo peor de todo es que el Gobierno llevará a la práctica una propuesta de Reforma que irá en esa línea, por lo cual desde la izquierda no nos quedará más remedio que convocar, en línea y apoyo a la fuerza sindical, a la movilización de los trabajadores para intentar impedir que medidas de ese calibre se lleguen a imponer.

Por enésima vez nos encontramos con declaraciones de gente impresentable que se dedica a atacar a Andalucía, y concretamente a sus sectores más débiles, como son los jóvenes, los jornaleros, los parados, etc. Y esta vez proceden de un personaje muy singular, como es Cayetano Martínez de Irujo, hijo de la Duquesa de Alba, al cual ya le han llovido críticas de todos lados, desde el Presidente Griñán hasta un montón de medios, de periodistas y de fuerzas políticas. Efectivamente, Cayetano de Alba fue invitado a un programa de televisión de "La Sexta", y descargó a sus anchas sobre los jóvenes andaluces, sobre el sector agrario y sobre la actitud de Andalucía en general.

Se despachó a gusto a preguntas sobre el subsidio agrario, yendo incluso más lejos que Josep Antoni Durán i Lleida (a quien por cierto defendió), afirmando por ejemplo que "Andalucía es la comunidad donde más se ha invertido y menos ha progresado". Criticó también la actitud "sin ambición" de los jóvenes de esta tierra, a lo que habría que preguntarle en primer lugar a Cayetano qué entiende él por "progresar", y qué entiende él por "ambición", muy propio de personas que han nacido con su vida resuelta, y que ven a los de abajo desde arriba (literalmente hablando), es decir, "desde lo alto de un caballo", tal como se expresaba Pepe Griñán en el acto de entrega de los Premios Andalucía de Periodismo. Estamos ante típicas declaraciones de la derecha política, económica, sociológica y aristócrata, tal como se ha expresado algún otro medio de comunicación.

Y es que a este "señor" no hay por dónde cogerlo, pues continúa afirmando que "cuando ves que la gente joven no tiene el menor ánimo de progresar, eso es grave. Pero esto sólo pasa en Andalucía. Eso en el norte de España no pasa, en el centro tampoco. Ni tan siquiera en Extremadura". En apenas tres horas desde la publicación de sus críticas, las redes sociales estaballan en comentarios, y fue inmeditamente objeto de réplicas por parte de la clase política y los representantes sindicales.

Habría que recordarle también a este personaje que su madre es "Hija Predilecta de Andalucía" (título que quizá hubiera que revocarle a la Duquesa), y que en vez de criticar tanto a esta tierra, se marchara al Norte, renunciara a sus propiedades, y comenzara a "progresar" desde abajo, como intentamos hacer todos. Lo único que nos ocurre a los andaluces, Sr. Martínez de Irujo, es que desde hace siglos hemos estado machacados por terratenientes como su madre (que acumula más propiedades y títulos nobiliarios que nadie), que a propósito, es la que mayor cantidad de ayudas recibe de la Unión Europea por sus explotaciones agrarias (tres millones de euros por 25.000 hectáreas), ayudas que, por supuesto, su hijo justificó y defendió.

Le debo recordar al Duque de Salvatierra que Andalucía es la región más maltratada históricamente de toda España, la que tiene el mayor déficit social, pero también la que es líder en un montón de áreas y campos profesionales y de investigación (biomedicina, energías renovables,etc.), y que personajes como él son justamente son los que debieran estar rompiendo falsos tópicos acerca de nuestra tierra, y luchando y defendiendo nuestros valores y nuestra cultura. Pero la historia se repite, y seguimos viendo cómo los actuales "señoritos a caballo" nos siguen maltratando cada vez que pueden.

Pero lo más gracioso y coherente de sus declaraciones fue cuando dijo que "le hubiera gustado vivir en la Edad Media"...claro, yo lo interpreto, asociándolo a los personajes de la famosa serie "Águila Roja" de TVE1 (aunque ésta se ambiente en el siglo XVII, muy posterior) que le hubiera gustado ser como Nuño, y que su madre hubiera sido la famosa Marquesa de Santillana, concubina del Rey, y una de las mayores déspotas de la historia de la nobleza española. Sí, yo creo que en realidad Cayetano de Alba se identifica muy bien con este contexto histórico, donde Reyes y Nobles, con la inestimable ayuda de la Iglesia Católica, explotaban y masacraban al pueblo para vivir a sus anchas. No va a poder ser, Cayetano, te ha tocado vivir en otro tiempo.

Aunque puestos a desear tiempos pasados, a mi también me gustaría (lo confieso) regresar al siglo XIX, a la época de los bandoleros, sí, esos que se dedicaban a robar a los ricos para repartirlo entre los pobres, y formar parte de alguna de sus cuadrillas, por ejemplo la de José María "El Tempranillo", para organizar partidas que acosaran a los terranientes de la época, para ser el azote de aquéllos poderosos depredadores de la gente pobre, a la que humillaban, maltrataban y explotaban, para chuparles la sangre y vivir a su costa. Tampoco va a poder ser, qué lástima, ya no puede uno echarse al monte.

Continuando con las propuestas relativas a la Revolución por la Cultura, vamos a comentar aquí nuestra visión de un nuevo Modelo de Propiedad Intelectual, así como nuestras propuestas relativas a la libre distribución de la cultura. Vivimos en una época en la que los avances en las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) han democratizado y amplificado el acceso a la información y a la cultura. En algunos aspectos, también han democratizado el acceso a los medios de producción, provocando que en muchas profesiones (especialmente en los mundos editorial, audiovisual y musical) el trabajador, creador o artista tenga a su disposición medios a los que antes sólo tenían acceso grandes empresarios.

Por otra parte, este avance ha hecho que entre en crisis irreversible el modelo de industria clásico en muchos campos. Éstos se basaban en la necesidad de un soporte físico para transmitir obras e ideas, así como en la necesidad de crear una red de distribución para que pudieran llegar al consumidor/ciudadano. Pero hoy en día, Internet ha convertido este modelo en obsoleto, eliminando básicamente a los intermediarios (editores y distribuidores) y facilitando el contacto directo entre el creador y el consumidor de su obra. De entrada, nos felicitamos de que la famosa Ley Sinde haya quedado en suspenso, hasta su posterior revisión por el nuevo Gobierno, y por los agentes sociales implicados.

A los lectores interesados en formarse en un más completo conocimiento sobre estos temas, les recomiendo este sitio web, donde está publicada la Tesis Doctoral de María Jesús Lamarca, que aborda "El nuevo concepto de documento en la cultura de la imagen", tratando temas como Fundamentos, Metodologías y Aplicaciones de las Tecnologías Documentales al Procesamiento de la Información, así como un detallado estudio sobre la Web, su arquitectura y funcionamiento. Creo que sólo después de un profundo acercamiento a estas tecnologías se comprenderá mejor la gran revolución que aportan los actuales medios tecnológicos en estos campos. Pues bien, nuestras primeras propuestas en este sentido son las siguientes:

1.- Apostamos por la democratización de la comunicación y de la cultura, por gestionar de forma pública los derechos de autor, por el software libre y por una política cultural que apoye a los creadores desde la base y difunda las artes entre todos los niveles de la población, pero muy especialmente entre los colectivos y territorios menos favorecidos económica y socialmente.

2.- Proponemos cambiar profundamente el modelo vigente de Propiedad Intelectual, puesto que el vigente, concebido en un principio para proteger el trabajo del creador individual, se ha convertido principalmente en un instrumento de maximalización del beneficio de grandes empresas de carácter multinacional, y dificulta el acceso al conocimiento.

3.- En este sentido, pensamos que la vigente Ley de Propiedad Intelectual queda desubicada y obsoleta por tres razones fundamentales:

3.1.- La ley actual reconoce cuáles son los derechos de los autores y deja en manos de entidades privadas la recaudación de los mismos. En la práctica se da un oligopolio de facto en el que sólo unas pocas empresas tienen capacidad para recaudar eficientemente estos derechos (SGAE y CEDRO). Esta situación privilegiada hace que sean ellas las que deciden las reglas de juego. No hay funcionamiento democrático ni transparente en estas empresas, y su naturaleza privada les obliga a tener como objetivo principal el buscar el máximo beneficio económico, por encima del interés y la voluntad de unos autores, la mayoría de los cuales ni siquiera llega a ver el dinero de los derechos que se han recaudado en su nombre.

3.2.- Los derechos de autor que marca la ley tienen la naturaleza y el carácter de irrenunciables. Pero hoy en día muchos autores abogan por la libre distribución de sus obras gracias a Internet y a las TIC, puesto que consideran que es la mejor forma de que su obra y sus ideas lleguen a su público. Se han construido movimientos sociales (como el del Software Libre) y alternativas legales (como las licencias Creative Commons) que buscan la colaboración comunitaria y la libre circulación de obras e ideas como forma de que puedan ganar tanto los autores como los consumidores. Los únicos que no ganan en esta situación son los obsoletos intermediarios. Pero la irrenunciabilidad de los derechos provoca que sean las entidades de gestión de los mismos las que tomen realmente las decisiones sobre las obras de un autor. De tal manera que en la práctica, se dan situaciones como que, por ejemplo, los organizadores de conciertos benéficos ven cómo la SGAE les exige el pago de los derechos de autor del músico que vaya a actuar, sea cual sea la forma de dicha actuación. O bien que los gestores de centros culturales ven cómo se les pretende cobrar por artistas que son activistas de Creative Commons y otras licencias de distribución libres, etc.

3.3.- Se utiliza al creador como escudo humano de los intereses de estas empresas que han quedado obsoletas. El interés del autor siempre fue y siempre es el de llegar a su público, no el de ser parte de una industria y una red de distribución. Máxime cuando esta red de distribución y gestión de sus derechos resulta ser una red mafiosa y corrupta, como se ha destapado la actual SGAE, con un poder absoluto de su presidente y una red de empresas subsidiarias dedicadas a desviar los fondos a otros proyectos.

Por todo ello, partiendo de que queremos un sistema que proteja los derechos de los autores/as, que son quienes crean las obras de música, literatura, cine, teatro, artes plásticas, etc., pero que al mismo tiempo, incorpore las mayores facilidades posibles para que esas obras puedan llegar a la ciudadanía, desde la izquierda realizamos las siguientes propuestas en torno a estos temas:

1.- Impulsar la derogación de la actual Ley de Propiedad Intelectual y la elaboración, de manera participativa con todos los agentes implicados, de una nueva Ley que:

1.1.- Derogue el actual modelo de recaudación de derechos mediante entidades de gestión privadas. Creación de una Entidad Pública de Gestión, con presencia en todo el Estado, cuyo objetivo sea el de dar el servicio adecuado, y no el lucro.

1.2.- Asegure la adecuada contribución de los operadores de telecomunicaciones y de las industrias de las TIC a la justa remuneración de los creadores, para que ésta no se base en un sistema como el actual canon digital, que penaliza indiscriminadamente a los ciudadanos, independientemente del uso que éstos den a los soportes y dispositivos digitales y electrónicos.

1.3.- Reconozca las alternativas al "copyright" tradicional, como las licencias Creative Commons, y deje en manos del autor la cantidad de derechos sobre los que quiere licenciar su obra, así como la capacidad del autor de renunciar a estos derechos.

2.- Garantizar la libertad y la neutralidad de la red frente a los intentos del lobby de la SGAE y de sus aliados políticos por coartarlas. En este sentido, exigimos la derogación de la llamada "Ley Sinde", anteriormente referida.

3.- Favorecer la difusión del libro electrónico, reduciendo su precio y fomentando que se digitalicen las obras literarias y científicas que sean de dominio público. En ese sentido, pensamos que las Administraciones Públicas deben apoyar iniciativas similares al Proyecto Gutenberg, con obras escritas en todas las lenguas oficiales del Estado, y las empresas editoriales hacer lo propio con obras descatalogadas.

4.- Apoyo total al movimiento del Software Libre (open source software). Establecer como obligatorio el uso del software libre (en su mayoría gratuito) en todos los ordenadores y medios informáticos oficiales de todas las Administraciones Públicas. Creemos que urge la presencia obligada de software libre en todos los ordenadores y medios de uso escolar: no queremos que se eduque a nuestros escolares para ser clientes de Microsoft o Apple, ni nos parece de recibo que se sigan pagando costosas licencias con dinero público cuando tenemos mejores alternativas gratuitas al alcance. Fomentar también una oposición total del Estado Español, en la Unión Europea, a los intentos por impulsar patentes de software cerradas, que favorecen el mantenimiento de los monopolios e impiden compartir los beneficios de la investigación.

5.- Proponemos la reforma de la Ley General de Telecomunicaciones de 2003 para garantizar el acceso a Internet de forma libre, universal y gratuita como un derecho de toda la ciudadanía, derogando asímismo la exclusividad de las empresas privadas de telecomunicaciones para proporcionar acceso a Internet, y facilitando la creación de empresas públicas (por ejemplo de carácter municipal que permitan el acceso inalámbrico a la red a todos sus vecinos/as).

6.- Por último, proponemos una Ley General de la Comunicación Audiovisual que garantice el reparto de las licencias entre el servicio público, las iniciativas sociales y los negocios audiovisuales, de manera que los tres sectores puedan disponer de radios y televisiones de cobertura municipal, autonómica y estatal.