Actualidad Política y Cultural - Blog de Rafael Silva

Continuando con las propuestas enmarcadas en la Revolución para los Servicios Públicos, vamos a abordar en este artículo las relativas a la Vivienda, entendida como un derecho de la ciudadanía, y las que tienen que ver con la reforma del actual Sistema Público de Pensiones, para que sea un sistema más justo.

En cuanto a la Vivienda, desde la izquierda reclamamos:

1.- Consideramos la vivienda como un derecho y exigimos desarrollar mediante Ley Orgánica el artículo 47 de la Constitución que garantiza este derecho.

2.- Proponemos que el Estado y las CC.AA. adquieran anualmente un paquete de viviendas construidas y terminadas proporcionales a la demanda de viviendas a precio de coste.

3.- Fomentar la autoconstrucción de viviendas.

4.- Todos los desahucios serán suspendidos en el caso de trabajadores y trabajadoras en paro con la finalidad de evitar la ejecución del lanzamiento de la vivienda. Se establecerá un sistema de mediación que permita que los afectados puedan continuar en su vivienda mediante un pago que en ningún caso superará el 30% de sus ingresos.

5.- Exigimos la dación en pago, que deja saldada la deuda hipotecaria con la entidad financiera mediante la entrega de la vivienda.

Y en cuanto a las pensiones, pensamos que no hace falta recortarlas, ni elevar la edad de jubilación, ni ampliar los años para calcular la pensión. Lo que hace falta es reforzar y consolidar el sistema.

Defendemos el Sistema Público de Pensiones como un mecanismo de redistribución de la riqueza y no como uno acumulativo, como en el caso de las pensiones privadas. Debemos defender, informar y concienciar de que este sistema de pensiones es sostenible económica y socialmente.

Estamos en contra de cualquier congelación de las pensiones, es más, creemos que es necesario revalorizarlas. Nos oponemos a cualquier modificación para el acceso y cálculo de las mismas, por ello proponemos:



1.- Eliminar los topes máximos de cotización y acercar la cotización a los salarios reales.



2.- Que no se aumente la edad de jubilación por encima de los 65 años.

3.- Que no se incremente el período de cómputo para calcular la pensión más allá de 15 años. Defendemos no aumentar los años necesarios de cotización, sino su disminución.

4.- Que las pensiones se revaloricen al menos lo mismo que aumenten los precios (IPC) y más aún para las pensiones más bajas. Ninguna pensión debería estar por debajo del Sueldo Mínimo Interprofesional (SMI).

5.- Flexibilizar la edad de jubilación de forma voluntaria en determinadas actividades profesionales, incentivando en ese caso la pensión.

6.- Exigimos la creación de una Ley Orgánica del régimen de pensiones de la Seguridad Social, que supere el Pacto de Toledo y que las garantice y mejore.

Continuando con las propuestas relativas a los Servicios Públicos, vamos a abordar en este artículo las que tienen que ver con el desarrollo de unos Servicios Sociales de calidad. Desde Izquierda Unida pensamos que debemos garantizar que los servicios sociales públicos sean la referencia para el desarrollo de la protección social, que no debe verse interferida por una privatización de servicios destructiva para la cobertura universal de las necesidades sociales.

Instamos a transformar los servicios sociales actualmente existentes, para que no sean un mecanismo funcional al sistema capitalista, que favorece la existencia de un ejército de reserva de excluidos sociales. Reivindicamos unos servicios sociales participativos y bien gestionados desde lo público.

Los servicios sociales deben luchar contra la pobreza y la desigualdad en cuatro dimensiones: la sociolaboral, la sociosanitaria, la socioeducativa y la sociocultural, contemplando además las perspectivas preventiva y de género. Las propuestas concretas podrían ser las siguientes:

1.- Para ello, la primera medida ha de ser la de aumento del gasto social, al menos hasta equipararlo a la media europea y hasta alcanzar el 7% del PIB.

2.- Elaboración de una Carta de Derechos Sociales junto con su correspondiente instrumentación jurídica, para que se definan los derechos exigibles subjetivamente por los ciudadanos.

3.- Queremos una Ley de Servicios Sociales Estatal, concibiendo los servicios sociales como un derecho instituido.

4.- Consideramos fundamental la existencia de sistemas de rentas mínimas de amplia cobertura y de relevante dotación presupuestaria. Proponemos la renta básica de ciudadanía o bien un salario social equiparable, justo, digno y universal.

5.- Exigimos financiación y gestión pública de la Ley de Dependencia, que toda persona afectada pueda elegir ser atendida en su domicilio por especialistas o en un centro adecuado a sus necesidades, y que el tiempo de espera no exceda de los seis meses. Queremos evitar la aplicación perversa que se está haciendo de la Ley de Dependencia, que promueve la “feminización de los cuidados” mediante la “prestación a la cuidadora”. Además, pensamos en este aspecto que el campo de la dependencia puede ser un estupendo nicho de empleo. 

6.- Las políticas de apoyo a la discapacidad deben implicar una apuesta radical por la promoción de la autonomía personal y por la igualdad de derechos.

Por último, señalar que desde IU,  en línea con todo nuestro ideario político, defendemos unos servicios sociales 100% públicos que redunden en beneficio de los usuarios, pero también en el de los profesionales, como trabajadores públicos con derechos y garantías, y no como trabajadores precarios de subcontratas privadas.

Nos encontramos en un momento crucial, en que muchos de nuestros derechos, incluso los que antes se consideraban incuestionables, están en grave riesgo. Las Elecciones Generales del 20 de Noviembre se presentan como una encrucijada, en que debemos elegir entre las políticas de PSOE y PP que se han aplicado hasta ahora, o poner en marcha una alternativa.

Queremos incidir en este aspecto, marcando la dicotomía entre nuestra alternativa y el bipartidismo, dicotomía adaptable a distintos temas y situaciones. Desde la izquierda representamos una concepción totalmente distinta de los actuales planteamientos, pero una concepción realista y posible, una idea de la política y de la sociedad que nos lleve a escenarios más justos e igualitarios, y que nos conduzca a un país más ilusionante.

Sí, un país donde por ejemplo los trabajadores no sean explotados, donde los jóvenes puedan encontrar empleo, donde la democracia sea una democracia completa, donde tengamos modelos energéticos sostenibles, donde se elimine la corrupción, donde las personas no desconfíen de la política, donde no se recorten los derechos sociales, donde todos los servicios públicos sean universales, gratuitos y de calidad, donde las personas en situación de desempleo sean cubiertas con protecciones dignas y adecuadas, donde la vivienda sea un derecho real y efectivo, donde los votos depositados en una urna cuenten por igual de cara a la representatividad, donde los grandes temas de transformación política sean consultados a la ciudadanía, donde se practique una política exterior pacifista o donde se eliminen del ámbito público las influencias religiosas.

El panorama que estoy dibujando no es de política-ficción, sino que puede conseguirse siempre que nos lo propongamos.Estos son algunos ejemplos de las dicotomías que pueden simbolizar perfectamente las alternativas que tenemos ante el 20-N, resumidas en la candidatura neoliberal (PP-PSOE) o la candidatura progresista (Izquierda Unida):

Recuperación o Crisis. Es decir, continuar con el creciente estado de degeneración económica, involución del empleo, y empobrecimiento de la sociedad, o bien apostar por la revolución económica, que nos lleve a un escenario de recuperación del empleo, estimulando el consumo y haciendo crecer la economía, dedicando recursos públicos e inyectando dinero en la economía real. 

Democracia o Mercado. Es decir, la devolución de la soberanía popular a los legítimos Gobiernos de los países, para recuperar la autonomía de la ciudadanía, o bien continuar con la imposición desde fuera de los dictados de la política neoliberal de los Mercados Financieros, suprimiendo derechos y recortando prestaciones sociales.

Renovables o Nucleares. Es decir, la evolución hacia modelos energéticos limpios y seguros, sostenibles medioambientalmente y que anulen nuestra dependencia energética de terceros países (dependiendo también de sus fluctuaciones económicas), o el continuismo de un modelo energético caduco, insostenible, caro e inseguro, ligado a la energía nuclear.

Transparencia o corrupción. Es decir, continuar con el actual modelo que soporta la corrupción, la tolera y permite las compatibilidades de los cargos públicos, frente a un modelo más controlado y riguroso, donde se aceche a los corruptos y se instaure un sistema rígido de incompatibilidades públicas que no deje resquicio a sus actividades.

Derechos Sociales o Recortes. Es decir, continuar con las políticas de recortes que se han llevado a cabo por los anteriores Gobiernos, tanto de PP como de PSOE (que las siguen aplicando en las CC.AA. donde gobiernan), anulando conquistas sociales que costaron décadas y siglos conseguir, o bien estimular la economía real y el consumo, potenciando el Empleo Público, y permitiendo que el Estado intervenga en la economía, nacionalizando empresas e Instituciones públicas.

Empleo con derechos o precariedad laboral. Es decir, continuar la escalada del modelo actual de relaciones laborales, que evoluciona cada vez más hacia bajos salarios, poca protección social y constante temporalidad, o bien dar un cambio de rumbo hacia una reforma empresarial que nos conduzca a una mayor protección y estabilidad laboral, aumento de los salarios (lo que estimulará el consumo) y contratación indefinida segura.

Impuestos justos o regalos fiscales. Es decir, evolucionar hacia un modelo justo y solidario, que redistribuya mejor la riqueza y que se base en que pague más quien más tiene y quien más gana, recuperando tipos impositivos sobre las grandes fortunas y con una reforma fiscal progresiva, o bien mantener el actual modelo, que grava más a las clases bajas y medias y a las rentas del trabajo, y mantiene las exenciones y rebajas fiscales a los más ricos y a las grandes empresas.

Reforma Electoral o bipartidismo. Es decir, continuar con el actual modelo bipartidista, que anula las demás voces políticas (sobre todo si son discordantes) y centra las opciones en los dos grandes partidos (que no representan alternativa), penando además con un sistema de reparto de escaños injusto, o bien implantar una reforma de la Ley Electoral que imponga una valoración igual de todos los votos, haciendo pesar por igual a todas las formaciones políticas.

Servicios públicos o privatizados. Es decir, continuar con la tendencia actual que nos lleva a privatizar cada vez más empresas públicas, e incluso servicios públicos básicos como la Sanidad o la Educación (o establecer un copago para ellos), o bien recuperar la magnitud y el peso que le corresponde al Estado, recuperando empresas públicas, nacionalizando otras (como la Banca) y recuperando el carácter universal, gratuito y de calidad de nuestros servicios públicos.

Referéndums o Reformazos. Es decir, continuar con los actuales ataques a la soberanía popular llevados a cabo para anular las consultas a la ciudadanía ante temas de calado importante y proyección internacional (como la Reforma de la Constitución o la instalación del Escudo Antimisiles de la OTAN), o bien recuperar la soberanía popular emanada de la Constitución, y someter a Referéndum toda transformación importante de nuestra sociedad, o bien que implique cambios constitucionales.

Resignación o Rebeldía. Es decir, continuar con el actual estado apático y denigrante que sufrimos la ciudadanía y la clase trabajadora, asumiendo que no hay otra salida y que ninguna otra política es posible, o bien rebelarse contra el sistema, transformarlo por uno más justo, que haga pagar la crisis a sus verdaderos culpables, la Banca, las grandes empresas multinacionales, los mercados financieros y los Gobiernos que les apoyan con sus políticas.

Y así podríamos continuar casi hasta el infinito, pues son multitud los aspectos que hay que cambiar de la política que se ha venido practicando hasta ahora, incluyendo a las personas: ¿Rubalcaba/Rajoy o Cayo Lara? ¿Celia Villalobos/Trinidad Jiménez o Alberto Garzón? Ya es hora de que elijamos a personas que van a dar un auténtico giro a la política, y abandonar a las personas que nos han llevado a la actual situación, y que por tanto no tienen ninguna credibilidad para sacarnos de ella. Pero más allá de las personas, las políticas son lo que de verdad importa, y las urnas todavía están vacías, y las movilizaciones no son suficientes, y los votos en blanco o nulos tampoco...¡¡llenemos las urnas el 20-N de votos de rebeldía, de ilusión, de incorformismo, de revolución!! Llenemos las urnas de votos para Izquierda Unida.

Este artículo es continuación del anterior (El Plan de Empleo desde la izquierda (I)), donde comenzamos a relatar nuestra propuesta de Plan Trienal de Empleo 2012-2014, incluido en el Programa Electoral de la coalición de partidos donde se encuentra Izquierda Unida para las próximas Elecciones Generales del 20 de Noviembre.

Relatamos en la primera parte todo lo concerniente al enmarque y objetivos generales del Plan, y los diferentes ámbitos donde se realizarían las pertinentes inversiones en puestos de trabajo, cuantificando tanto el número de puestos de trabajo como la inversión estimada. Pues bien, vamos a entrar en esta segunda parte en lo relativo a la financiación del Plan, y a los dos Planes de Ampliación del Plan de Choque inicial para el primer año de la legislatura (2012).

I.- Financiación: 

A la hora de considerar la financiación del Plan de Choque, tenemos en cuenta que de los 4 puntos del PIB que representa la inversión planificada, hay una repercusión real sobre el déficit sólo de 2 puntos, puesto que los retornos pueden estimarse, como mínimo en unos 20.000 millones de euros.

Esto es así, porque de los salarios se produce un retorno vía cotizaciones a la Seguridad Social de, al menos, un 38% del salario bruto. Vía IRPF se puede considerar un retorno medio del 20% y, del incremento del consumo generado, un retorno medio del 15% por IVA. Por otra parte, del incremento de las compras de bienes y servicios generadas, por estímulos directos al  consumo, se puede considerar un retorno medio del 15%.

Dado que el contenido del Plan incide esencialmente sobre el volumen de empleo, los retornos son altos. De ellos, no obstante, habría que descontar el importe de la subvención de las cotizaciones a la Seguridad Social del programa de ayuda a las PYMES.

Por tanto, las necesidades de financiación quedarían reducidas a 2 puntos de PIB, cuya composición sería la siguiente:

1.- Reducción en el año 2012 del fraude de las grandes empresas en un 10%, lo que incrementa la recaudación en 0,4 puntos de PIB.

2.- Afloramiento de un 10% de la economía sumergida, lo que incrementaría la recaudación en un 0,6% del PIB.

3.- Restauración efectiva del Impuesto de Patrimonio, lo que redundaría en un aumento de ingresos del 0,2% del PIB.

4.- Aplicación de un Impuesto a las Entidades Financieras (IEF), lo que podría representar, al menos, 0,5% puntos de aumento de la recaudación.

5.- Reconsideración a la baja de las exenciones, subvenciones y otros gastos fiscales de los impuestos españoles, principalmente IRPF, Sociedades e IVA, lo que podría representar, al menos, un 0,3% de incremento de la recaudación.

Estos objetivos son extraordinariamente moderados, por lo que su consideración con la necesaria voluntad política permitiría una financiación sobrada del Plan y atender otras exigencias de limitación del déficit público.

II.- Plan de Ampliación por el Empleo 2013

a) Prórroga de los Programas de Plan de Choque que no hubieran podido cumplir sus objetivos por razón de tiempo:

Inversión máxima: 10.000 millones € (serían fondos no utilizados en el 2012).

b) Programas de Empleo Público:

i. Mantenimiento forestal: 2.000 millones € y 70.000 empleos.

ii. Rehabilitación sostenible de viviendas: 3.000 millones € y 200.000 empleos.

iii. Plan de empleos sociales: 2.000 millones € y 50.000 empleos.

c) Plan Formación/Empleo: 2.500 millones € y 150.000 empleos.

d) Apoyo a las PYMES para la contratación: 8.000 millones € y 400.000 empleos.

e) Servicios básicos: 20.000 empleos.

f) Infraestructuras de proximidad: 2.500 millones € y 30.000 empleos.

Total invertido: 20.000 millones €.

Puestos de trabajo: 920.000.

III.- Plan de Ampliación por el Empleo 2014

a) Programas de Empleo Público:

i. Mantenimiento forestal: 2.000 millones € y 50.000 empleos.

ii. Plan de empleos sociales: 2.000 millones € y 50.000 empleos.

b) Plan Formación/Empleo: 2.500 millones € y 150.000 empleos.

c) Apoyo a las PYMES para la contratación: 4.000 millones € y 200.000 empleos.

d) Infraestructuras de proximidad: 5.500 millones € y 130.000 empleos.

Total invertido: 16.000 millones €.

Puestos de trabajo: 580.000.

Pues aquí finaliza la exposición del Plan Trienal de Empleo que proponemos desde la izquierda política de este país, que como ya advertíamos en el primer artículo, es completamente realista, objetiva, cuantificada y documentada, en cuanto a sus medios y en cuanto a sus fines, y entendemos que es el mejor plan posible para crear empleo de calidad y sostenible, en este momento de crisis económica que nos envuelve. Sólo hace falta que la ciudadanía también apueste por él en las urnas.

Siguiendo con la tercera gran Revolución (Ambiental), proponemos en este artículo las medidas relativas a un nuevo Modelo Energético, que también es pilar del nuevo modelo productivo en el que pretendemos basar nuestra economía.

Debemos potenciar la generación distribuida, la producción cerca del consumo, las redes inteligentes de distribución y las microrredes de ámbito municipal y comarcal. Debemos planificar a largo plazo con líneas estratégicas de sustitución de combustibles fósiles y uranio por fuentes renovables.

Empezando por sustituir las centrales nucleares, las centrales térmicas de carbón, petróleo y gas, y el transporte en vehículos de baja capacidad y motores de combustión interna. Debemos impulsar la energía fotovoltaica en techo, la energía solar térmica para climatización y agua sanitaria, la energía minieólica y la geotérmica, la eólica marina, la solar termoeléctrica con posibilidad de cogeneración, la geotérmica, la undimotriz y la mareomotriz. Aumentando en 10.000 MW la generación de electricidad a partir de energías renovables se puede prescindir en España, en 2020, de las centrales nucleares y de las térmicas de petróleo y carbón.

La energía fotovoltaica en tejado permite la autoproducción con instalaciones de escasa potencia eléctrica, como si fueran un electrodoméstico. Se debe facilitar la conexión a red de pequeñas instalaciones de energía fotovoltaica sobre tejado, que también incluya la minieólica y la microgeneración, favoreciendo en la microgeneración la de biomasa, “motor stirling” o célula de combustible con hidrogeno producido por electrolisis a partir de energías renovables.

No deben existir cupos que limiten el número de instalaciones fotovoltaicas. No son energías renovables los combustibles sólidos recuperados, CSR, que fomentan la incineración de basuras y residuos sólidos urbanos que contaminan la atmósfera. Bajo una gestión adecuada, podrían ser reutilizados o reciclados.

La energía es un bien público universal y no una mercancía. Se debe fomentar la generación de electricidad a partir de renovables con aplicación de tarifas progresivas, con fijación de precios máximos y servicios mínimos. Debe establecerse el programa de cierre de las centrales nucleares por los altos riesgos que implica su funcionamiento y los residuos radiactivos que generan.

Entendemos que la energía nuclear es insegura y peligrosa por naturaleza, y por tanto apostamos por su progresiva eliminación, sin demoras en los períodos de su vida útil, como se está haciendo actualmente. Evidentemente, proponemos planes alternativos de empleo para el reciclaje/reubicación del personal laboral de dichas instalaciones nucleares.

La participación de las centrales nucleares en el modelo energético mundial es muy pequeña. La industria atómica no ha sido capaz de encontrar una solución ni a los problemas de seguridad ni a los problemas que supone generar residuos radiactivos. Los residuos radiactivos son la prueba más clara de la insostenibilidad de la energía nuclear. Además, el uranio es, como el petróleo, un recurso finito y con pocas reservas.

Con todos estos cambios, por fin, no sólo habremos migrado a un modelo energético más limpio, seguro y sostenible, sino que además conseguiremos mayor independencia respecto a terceros países en cuanto al suministro de energía.