Actualidad Política y Cultural - Blog de Rafael Silva

Continuando con el tema de la deuda pública y su importancia como obstáculo para poder revertir la desigualdad, veamos el caso español en cifras como ejemplo más cercano. En junio de 2016 la deuda pública española representaba el 100,9% del PIB y, del monto global (1,1 billones de euros), más de 938.000 millones de euros correspondían a la Administración estatal, más de 273.000 millones de euros correspondían a las Comunidades Autónomas, y sólo algo más de 35.000 millones de euros a los Ayuntamientos, según los datos del Banco de España. El informe "Análisis de la Deuda del Estado Español", de junio de 2015 (que puede consultarse y descargarse gratuitamente en el enlace http://www.cadtm-org/IMG/pdf/Analisis_Deuda_EE_PACD_Definitivo.pdf) arrojaba ya entonces conclusiones demoledoras. El Estado asumió como consecuencia del "rescate" bancario una deuda "indirecta" de más de 165.000 millones de euros, al ayudar y avalar a las entidades financieras (créditos fiscales, préstamos del BCE, avales del Estado a la emisión de deuda bancaria y a la deuda "senior" emitida por la SAREB o banco "malo"); y además una deuda "oculta" por valor de 1.069.941 euros (avales implícitos del Estado a los depósitos bancarios, garantías del FROB en los procesos de privatización o los esquemas de protección de activos). La suma de estas dos deudas, la "indirecta" y la "oculta" por las ayudas al sector bancario ascendía a 1,2 billones de euros, lo que equivalía al total de la deuda pública directa (a datos de diciembre de 2013). El problema de tener una deuda pública de más de un billón de euros es que la partida anual de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) se resiente en unos 30.000 millones de euros en pago de intereses. 

Lo explica perfectamente Eduardo Bayona en este reciente artículo para el medio Publico, donde destaca el dato de que, en menos de seis años, el Gobierno (el PP de Mariano Rajoy, en este caso) ha disparado la deuda en 370.000  millones de euros. Eso supone en intereses, y en el mismo plazo, la friolera de 170.000 millones de euros. Evidentemente, con una cantidad como esa inhabilitada anualmente de los PGE es prácticamente imposible llevar a cabo ciertos proyectos de enorme interés social, ya que necesitan ser financiados de forma masiva. Así es muy fácil argumentar que "no hay dinero" cada vez que cualquier fuerza política o asociación o colectivo ciudadano solicitan al Ejecutivo la puesta en marcha de alguna medida para paliar la enorme desigualdad social. Y así, se resienten fundamentalmente los principales servicios públicos que conforman el ya debilitado Estado del Bienestar, lo cual, unido a otro tipo de medidas para favorecer a los más ricos y poderosos (como la permisividad hacia la evasión fiscal y los paraísos fiscales, de los que ya hablaremos a fondo en el siguiente bloque temático), no hacen sino fortalecer la senda de la aberrante desigualdad social que padecemos. De esta forma, los Gobiernos como el nuestro se endeudan continuamente, ya que además esto es barato por los bajos tipos de interés que se derivan de la política "ultraexpansiva" (en expresión de Eduardo Garzón) del BCE (en nuestro contexto europeo). Mecanismos como las Letras del Tesoro, Bonos del Estado y Obligaciones, a diferentes plazos, se emiten de forma masiva y descontrolada. Todo ello además no son medidas aisladas, sino que se enmarcan en un conjunto de decisiones de política fiscal, económica y financiera que delimitan profundamente los posibles marcos de actuación. 

Todas las medidas (control del déficit, mecanismo de endeudamiento, etc.) forman lo que comúnmente se ha venido en denominar "Regla de Gasto", y que delimita una de las mayores tiranías en el campo económico que despliega el dogma neoliberal. Amparados en sus famosos y falaces mantras ("las deudas hay que pagarlas", "no se puede gastar más de lo que se tiene", etc.), diseñan todo un indecente sistema que acota las posibilidades de maniobra de cualquier Gobierno en beneficio del interés general de su población. Lo han explicado Isidro López y Raúl Camargo en este artículo para la revista Viento Sur, que seguimos a continuación. Básicamente, el tronco común de todas estas políticas que consagran la desigualdad consiste en elevar a rango de ley lo que ellos llaman "políticas de austeridad" (de nuevo, se trata de un uso incorrecto e interesado del lenguaje). La verdadera austeridad no les interesa en absoluto, sino que simplemente lo que buscan es el sometimiento del poder político al poder financiero. En palabras de los autores: "Los rescates no fueron sino la fase más agónica de esta lógica de sumisión de las economías y las sociedades europeas al poder de las finanzas mediante la prioridad absoluta del pago de la deuda". Y así, el blindaje legal del pago prioritario de la deuda, obliga a los Estados y a sus Administraciones Públicas en general a poner en segundo plano el gasto productivo o social que beneficia a las clases trabajadoras. Pero además este endiablado sistema-deuda cumple una segunda función muy importante, puesto que el blindaje del pago de la deuda obliga primero a las Administraciones a recortar en cualquier tipo de gasto que no sea el servicio de la deuda y sus desorbitados e insostenibles intereses, y luego, a privatizar o externalizar los mismos servicios públicos que el pago de la deuda ha convertido en inviables. 

Se intenta de este modo legitimar todo un acoso a las funciones y servicios públicos gratuitos y universales, pretextando para ello su insosteniblidad debido a su alto "coste" presupuestario, e instando a su derivación hacia el mundo de la iniciativa privada. Los autores del artículo de referencia concluyen de forma contundente: "La regla de gasto (...) es posiblemente una de las regulaciones económicas más brutales y contraproducentes de cuantas se inscriben en el de por sí irracional e injusto universo económico de la austeridad". En la práctica, cuanto más crecen los ingresos de una determinada Administración Pública y cuanto más alto es el superávit en sus cuentas, más dinero se destina para el pago de la deuda. Todo ello se calcula en relación a un modelo económico (ideológico en el fondo), que tiene por objeto inhabilitar de forma constante y en grado creciente cierto porcentaje de los recursos de las arcas públicas, precisamente para que las Administraciones no puedan dedicarlos a gasto social. En la práctica, esto significa que ninguna Administración (Estado Central, Ayuntamiento o Comunidad) puede realizar políticas económicas expansivas, y el intentar hacerlo puede costarle caro (que se lo digan, sin ir más lejos, al Ayuntamiento de Madrid de Manuela Carmena, que ha sido sancionado precisamente por esta causa). En Madrid, después de haber reducido gran parte de la deuda del Ayuntamiento, el Gobierno de Ahora Madrid ha intentado desarrollar políticas sociales hacia su población y revertir hacia el pueblo madrileño dicha situación de "bonanza" (relativa) económica, pero la tiranía del Ministerio de Hacienda de Cristóbal Montoro ha tirado para atrás dicho intento. 

El bienestar de las mayorías sociales se ve indefinidamente sacrificado en aras a un supuesto "saneamiento de las cuentas" que no es tal, sino simplemente una fijación u obsesión política para cumplir esa demencial e injusta "regla de gasto". Y así, las posibles inversiones sociales y productivas quedan interceptadas, los intentos de implementar políticas de justicia fiscal, social o económica quedan abortados, y las ansias de dedicar más recursos a los servicios públicos que disfrutan el conjunto de la ciudadanía quedan anuladas. Es una forma "legal" de consagrar la desigualdad, un mero mecanismo pseudoeconómico (pues se basa en puros preceptos ideológicos cuya veracidad nunca se ha demostrado) para atar los proyectos, objetivos e intenciones de cualquier Administración, Estado o Gobierno, para que nunca sea posible dedicar recursos públicos a reducir las tremendas desigualdades, y a diseñar políticas de justicia social. Necesitamos planificar una racionalidad económica y presupuestaria diferente, más eficiente, pero sobre todo más justa, que abandone de una vez por todas los mantras de una regla de gasto que en realidad obedece a serviles dogmas del neoliberalismo económico más fanático. Necesitamos enfrentarnos decididamente contra quienes, usando la deuda como un pretexto, aniquilan las posibilidades de disfrutar de servicios públicos gratuitos, universales y de calidad, para contribuir únicamente a la espiral de una deuda infinita que sólo beneficia a los más poderosos. La deuda ata de pies y manos a cualquier Administración que desde planteamientos políticos y sociales justos intente diseñar políticas y medidas que contribuyan a paliar y a reducir las desigualdades. Habrá desigualdad mientras no existan recursos, y no existirán recursos mientras el pago de las deudas y de sus intereses sigan copando una parte importante de los presupuestos públicos. Continuaremos en siguientes entregas. 

Y lejos de lo que podría parecer (en el sentido de sospechar que España posee un papel muy difuso y secundario dentro de las actividades de la OTAN), nuestro país participa hoy día de una forma muy activa en los diversos conflictos internacionales donde la OTAN decide y organiza. Aproximadamente (pues es una cuestión muy cambiante en el tiempo) estamos hablando de unos 14 escenarios bélicos a lo largo y ancho de todo el mundo, con unos 3.000 soldados aproximadamente desplazados a los lugares de conflicto. El total de fondos que el Estado Español dedica a estos conflictos (entre presupuesto de Defensa y aquéllos otros que están disfrazados, pero que también sirven al mismo objetivo) en torno a unos 32.000 millones de euros (¡cuánto bueno podríamos hacer con ese dinero!). Además de ello, poseemos varias bases militares instaladas en nuestro territorio, y en nuestra base de Rota se está construyendo un búnker para albergar a la plana mayor de la Alianza Atlántica. ¿Necesitamos más razones para concluir que nuestra pertenencia a la OTAN (en general la de cualquier país) no tiene absolutamente ningún sentido? ¿Cuántos argumentos más necesitamos para entender que la pertenencia a la OTAN es justo lo contrario a emprender una senda pacifista, o a que es absolutamente imprescindible abandonar dicha deriva de apoyo y soporte al belicismo más descarnado? Organizaciones como la OTAN son hoy día anomalías del pasado, por más que sus más beligerantes países, con Estados Unidos al frente, se empeñen en mantenerla. La senda pacifista no puede ser cómplice del mantenimiento de estas perversas organizaciones. 

Augusto Zamora, Profesor de Relaciones Internacionales y autor del sugerente texto "Política y geopolítica para rebeldes, irreverentes y escépticos" (Ed. Akal, 2016), en este artículo para el medio Rebelion, nos explica sobre la OTAN lo siguiente: "La OTAN carece de sentido. Su existencia se basa en una premisa que no resiste el más básico análisis: defender Europa de una agresión rusa. Los hechos indican lo contrario: es Rusia la que debe defenderse de la OTAN que, desde 1999, no cesa de ampliarse (este 2017 ingresará Montenegro) y de acumular contingentes y medios militares del Báltico al Mar Negro. El peligro y sinsentido de esta política tardo-imperialista queda desnudo con una simple y elemental pregunta: Si la Unión Soviética en la cúspide de su poder, cuando contaba con el Pacto de Varsovia y un crecimiento económico potente, no invadió Europa Occidental ¿Por qué habría de hacerlo ahora Rusia, que tiene menos territorio, menos población y menos recursos militares que la URSS en su apogeo? Las guerras se hacen, decía Tucídides, por "el honor, el temor y el interés". ¿Qué ganaría Rusia con una guerra, cuando su mayor objetivo es el desarrollo económico? ¿Qué beneficio obtendría de invadir una región en declive que es, además, su mayor mercado energético? Como ha señalado Vladimir Putin, Rusia tiene 140 millones de habitantes y la OTAN 700 millones. ¿Quién debe temer a quién? Tal desigualdad lleva a una conclusión elemental: Rusia, por sí misma, no podría sostener una guerra regular sin ser derrotada, lo que la obligaría --en caso de conflicto-- a recurrir a su arsenal nuclear, lo que llevaría a la desaparición en horas de Europa y a poner fin a todos los debates". Parece que el análisis de Augusto Zamora desmonta a la perfección todas las maldades que se le atribuyen a Rusia, que no son en realidad más que pretextos para continuar engordando el tamaño y presupuesto de una OTAN cada vez más determinada a emprender una agresión bélica. 

Los intereses económicos del complejo militar-industrial funcionan igual que cualquier otro, y no se detienen ante nada para conseguir sus terribles objetivos, lo que convierte a la OTAN en una peligrosa amenaza para la paz mundial. Al igual que otros sectores, no dudan en publicar informes y datos falsos para justificar sus hostiles campañas, mediante las cuales intentan crear situaciones de un cierto riesgo, que en realidad no existe, para de esa forma legitimar sus acciones bélicas. Circulan en los ambientes del sector un montón de falsas amenazas, de situaciones infundadas, dirigidas a crear alarmas para justificar la existencia de la OTAN, el gasto militar, la militarización de Europa y la omnipresencia de Estados Unidos. Las medidas de cerco militar sobre Rusia se llevan desarrollando desde hace décadas, y se han recrudecido durante los últimos años. La crisis de Ucrania elevó el conflicto hasta cotas insospechadas, y bajo ese pretexto y la rebeldía de las regiones de Crimea, Donestk y Lugansk, la OTAN ha emprendido acciones aún más ofensivas y temerarias. Pero antes, desde los años 90, ya se estaban creando las diversas situaciones para apoyar todo este tinglado. Con la guerra de Yugoslavia se aseguraron el control de la Europa del Este (con el ingreso de Polonia, Hungría y Chequia en la OTAN) y la sumisión de la Unión Europea, que abandonó sus proyectos de autonomía militar y de defensa (como la creación de un Euroejército o de una política exterior propia) para plegarse a los intereses de EE.UU. De hecho, la complicidad europea con el gigante norteamericano en los diversos escenarios internacionales es total, aunque a veces exista alguna voz divergente. En 2004 ingresan también a la OTAN Bulgaria, Rumanía, Eslovaquia y las ex Repúblicas Bálticas (Estonia, Lituania y Letonia). 

Y al ir aplicando todas estas políticas, y generando todos esos conflictos, no han dejado de crearse nuevas bases militares y dependencias estadounidenses, desde Rota a Estonia, cubriendo el Viejo Continente de un extremo a otro. Pero en el sudeste asiático la evolución no ha sido muy distinta. Seguimos de nuevo al Profesor Augusto Zamora en este artículo, donde nos cuenta que Estados Unidos ha promovido el rearme de Japón, reabierto la base Clark en Filipinas, aumentando su presencia naval y firmando un acuerdo con Corea del Sur para el establecimiento, en este país, de una base más del Escudo Antimisiles, bajo las advertencias en contra de China y Rusia. Estas otras dos potencias, evidentemente, no se han quedado de brazos cruzados, y también han emprendido una peligrosa escalada armamentista, en respuesta a la amenaza del gigante estadounidense. En el caso de Rusia, desde 2002 ha emprendido un poderoso proceso de modernización de su ejército, armada, aviación, misiles y poder nuclear, que estará concluido en 2020. Y China, por su parte, lleva 20 años realizando multimillonarias inversiones en la modernización de sus capacidades militares, preparando lo que muchos analistas en China consideran una inevitable confrontación con Estados Unidos por el control del Mar de China, los estrechos malacos y el Mar de Japón. Y además, conscientes de que comparten un adversario común, Rusia y China mantienen, desde hace tres lustros, un acelerado proceso de cooperación al más alto nivel y en diferentes facetas, que abarca desde el campo alimentario hasta la colaboración espacial. Recientemente se han firmado multitud de acuerdos dirigidos a multiplicar el poder y desarrollo económico, comercial, energético, militar y estratégico entre ambos países. En palabras de Augusto Zamora: "Una alianza que junta los inmensos recursos económicos y comerciales chinos con la enorme capacidad científico-técnica y los recursos materiales y humanos de Rusia. Hablamos (...) de países que, juntos, suman 35 millones de Km2, 1.500 millones de habitantes y que se extienden desde el Mar Báltico hasta el Extremo Oriente". 

En fin, que el panorama es ciertamente preocupante. Una escalada hostil de ambas potencias frente a Estados Unidos destruiría el planeta en cuestión de segundos, debido a la potencia nuclear de todas ellas. Pero es que además Rusia y China no están solos, sino que son los adalides más potentes de la Organización de Cooperación de Shangai (OCS), creada en 2002 con el objetivo de que los Estados de la región resolvieran por sí mismos sus conflictos, sin injerencias externas de ningún tipo. La OCS es, posiblemente, la organización más importante jamás creada en Asia, a la que se incorporarán, en este año 2017, India y Pakistán. Irán será el siguiente miembro de esta lista. Estados Unidos ha intentado en vano cooptar a India para su política contra China, pero India es aliada de Rusia desde los años 50, y Pakistán de China. De hecho, ambas ingresarán en la OCS como fruto de la creciente concordia entre ambas potencias. Augusto Zamora concluye de una forma muy gráfica: "Al lado de esas alianzas, la OTAN es un pigmeo envejecido y reumático, sin posibilidad alguna de triunfar en ningún frente". Y entre tanto, nuestra Europa, lejos de emanciparse de cualquier bloque militar y ejercer una valiente y decidida política pacifista en el escenario internacional, es un socio inquebrantable de Estados Unidos y lleva el fango hasta las rodillas, y la vergüenza por los suelos. La obsesión europea por sostener el delirio estadounidense de dominio mundial puede que nos cueste muy cara. La única decisión aceptable en esta perversa contienda es la de apostar por la erradicación de todo imperialismo, así como la desaparición de cualquier bloque militar o geoestratégico. Continuaremos en siguientes entregas.

Nos encontramos ya en la recta final de esta serie de artículos, aunque aún nos queda lo fundamental. Sí, porque hemos intentado revisar todos los aspectos principales derivados de nuestro pasado franquista, que aún se manifiestan en nuestra actual sociedad. Seguramente se nos habrán quedado otros muchos aspectos en el tintero, pero hemos intentado ser lo más exhaustivos posible, dedicando especial atención a los temas que hemos considerado de vital comprensión y explicación. Hemos contado con detenimiento en qué consistió el franquismo, cómo se manifestó y evolucionó, y hasta qué punto nuestro modelo de sociedad del siglo XXI aún sigue arrastrando muchas facetas del pasado siglo XX. Y decimos que nos queda lo fundamental, que son las propuestas definitivas. Es decir, después de explicar todo lo relativo al franquismo, y de reflexionar en cada aspecto que nos queda por superar como sociedad, hemos de proponer alternativas concretas, reflejadas en proyectos de ley que nos introduzcan a nuevos modelos sociales superadores del franquismo sociológico que aún padecemos. Ello por tanto se plasmará en propuestas finales que iremos desgranando en esta serie de artículos, como colofón final, y que están basadas en profundas propuestas que determinados partidos, grupos y coaliciones políticas han expuesto en los foros oportunos. En esta entrega vamos a comenzar revisando la propuesta andaluza, ya en vigor, de Ley de Memoria Histórica, llamada en Andalucía de Memoria Democrática, y que puede considerarse un buen referente en este sentido. Fue aprobada hace pocos meses por el Parlamento Andaluz, es bastante completa en todos sus aspectos, y recoge las principales demandas de los grupos políticos y de los principales foros memorialistas. 

Nos basaremos para su exposición en este magnífico artículo de Olivia Carballar para el medio La Marea, que recoge los aspectos fundamentales de la reciente ley andaluza. Esta norma fue impulsada por Izquierda Unida y fraguada durante el gobierno de coalición con el PSOE, experiencia fallida en sentido general, pero que dejó algunas buenas experiencias. Como era de esperar, el PP y Ciudadanos se abstuvieron en la votación final. Es una ley mucho más avanzada que la estatal (que recordemos se aprobó en 2007 bajo el gobierno del PSOE de José Luis Rodríguez Zapatero), y gira en torno a tres cuestiones clave. La primera se refiere a la obligación del Estado de dar a conocer la verdad, hacer justicia y reparar a las personas que fueron represaliadas por el franquismo. Es decir, la ley reconoce al Estado (en este caso la Junta de Andalucía) la responsabilidad de asumir y ejercer las políticas públicas en relación a la recuperación de la memoria, y en concreto, las exhumaciones, tal como venían reclamando el colectivo memorialista, el derecho internacional y la ONU. La segunda cuestión clave se refiere a la aceptación de esa parte de la historia (silenciada, ninguneada e incluso negada con insistencia durante los últimos años) a través de una especie de Comisión de la Verdad, incluida a propuesta de Podemos. Y el tercer aspecto fundamental que la norma andaluza recoge tiene que ver con la extensión de ese relato a las aulas. En su preámbulo el texto legal expresa el cuestionamiento a la Ley de Amnistía de 1977, tal y como nosotros y otros muchos autores hemos expresado en nuestros artículos. La ley andaluza parte de la base de que los crímenes franquistas son imprescriptibles y debe asegurarse, en consecuencia, su persecución universal. 

Un apartado interesante lo constituyen las víctimas. La ley andaluza va más allá en el tiempo y en la propia definición de víctimas que la ley estatal. Temporalmente abarca desde la Segunda República (14 de abril de 1931) hasta la entrada en vigor del primer Estatuto de Andalucía (11 de enero de 1982). La ley reconoce que "El Estado democrático tiene una deuda con quienes fueron víctimas de violencia y represión a causa de su compromiso con la libertad. Esta deuda se extiende al conjunto de la ciudadanía, que ostenta el derecho a la verdad, en relación con el largo historial de persecución llevado a cabo por el franquismo, así como sobre los valores y los actos de resistencia democrática que representan las víctimas". La ley andaluza reconoce como víctimas, además de los familiares directos, a las personas que se exiliaron, a las que sufrieron la confinación, las torturas, y en muchos casos, la muerte en los campos de exterminio nazis, a los familiares de niños robados, a la guerrilla antifranquista, a las personas represaliadas por su orientación sexual, a aquéllos grupos o sectores sociales o profesionales que sufrieron una específica represión colectiva, a los partidos políticos, sindicatos, minorías étnicas, logias masónicas, movimientos feministas y agrupaciones culturales represaliados durante la guerra civil y la dictadura. También a las personas que ejercieron cargos y empleos públicos de la Administración republicana que fueron represaliadas, a aquéllas que sufrieron privación de libertad por su defensa de la República o por su resistencia al régimen franquista dirigida al restablecimiento de un régimen democrático. El texto incluye igualmente la creación de una comisión que, sin consecuencias jurídicas, permita conocer el relato de lo que sucedió. 

En lo relativo a las exhumaciones, y según la normativa recientemente aprobada, la localización de las personas desaparecidas será política prioritaria para la Junta de Andalucía, que actuará de oficio (aunque ya lo viene haciendo en determinadas fosas) y determinará sus actuaciones en un Plan Andaluz de la Memoria Democrática cada cuatro años, con informe anual. La Consejería correspondiente será la responsable del seguimiento de la realización de los trabajos de indagación, búsqueda, localización, y en su caso, exhumación e identificación, que serán supervisados por un Comité Técnico, del que formarán parte los y las expertas necesarias que garanticen el suficiente rigor científico. El estado de las exhumaciones en Andalucía es el siguiente: de las más de 600 fosas en total, ya se han exhumado más de un centenar, y se han recuperado alrededor de 3.800 restos, según datos de la Dirección General de Memoria Democrática. En este sentido, lo más importante es que la ley quede dotada presupuestariamente de acuerdo a las actividades planificadas y al ritmo previsto. La Junta asegura que hará todo lo posible para aumentar los recursos destinados a este fin, y evitar los obstáculos que hasta ahora han impedido o dificultado a muchos familiares las tareas de exhumación de sus antepasados. Una de las novedades que contempla la ley es la posibilidad de expropiar temporalmente el uso de terrenos de propiedad privada en caso de que su titular se oponga a la intervención, como ha ocurrido ya por desgracia en algún caso concreto. La ley prevé igualmente la creación de un banco de ADN en colaboración con las Universidades Públicas de Andalucía, que ya se ha conseguido, en el que se registrarán tanto los datos de los restos óseos exhumados como el ADN de personas voluntarias que acrediten su condición de ser familiares de las víctimas. 

En lo tocante a la reparación de las víctimas, la ley prevé declarar el 14 de junio de cada año como día de recuerdo y homenaje a las víctimas del Golpe de Estado y de la posterior dictadura. El motivo de esa fecha es el de la primera exhumación que se completó de manera pública en Andalucía, durante el verano de 2003, en la localidad granadina de Lecrín. La ley no contempla la concesión de indemnizaciones, pero sí la voluntad de "hacer copartícipes de las medidas de reconocimiento y resarcimiento a las organizaciones que pudieron utilizar los trabajos forzados en su beneficio". En cuanto a la retirada de símbolos franquistas, la ley andaluza corrige los artículos más "descafeinados" (en expresión de Olivia Carballar) de la ley estatal. Según la ley, la Junta dará un plazo de 12 meses para que sean retirados (también en los edificios privados con proyección a un espacio o uso público) y eliminará las razones artísticas que la Ley estatal admitía para mantenerlos, en estos tres casos: cuando estén sobre lugares o edificios históricos, desmerezcan la legalidad republicana o aludan a los "participantes, instigadores y/o legitimadores de la sublevación militar de 1936 y de la dictadura". Además, la Junta no concederá ningún tipo de subvención o ayuda a las personas físicas o entidades públicas o privadas que hayan sido sancionadas por mantener estos símbolos o por cualquier circunstancia que atente, fomente o tolere prácticas en contra de la memoria democrática. Si los titulares se niegan a retirarlos, la Junta podrá retirarlos de manera subsidiaria. Los símbolos pasarán a formar parte del Instituto de Memoria Democrática, organismo igualmente previsto por la ley. En cuanto a la nulidad de las sentencias del franquismo, el texto no aporta nada nuevo al respecto. Traslada al Gobierno central la necesidad de adoptar medidas para hacer efectiva la reparación y reconocimiento personal para quienes "padecieron condenas o sanciones de carácter personal por tribunales, jurados o cualesquiera otros órganos penales o administrativos, civiles o militares, como las sentencias de los Consejos de Guerra (...) por causa de la lucha en defensa de los derechos y libertades del pueblo andaluz". Continuaremos con el repaso a la ley andaluza en la próxima entrega.

En entregas anteriores ya hemos realizado una semblanza introductoria al problema de la deuda, para que pueda comprenderse de entrada la complejidad que dicho sistema-deuda representa. En realidad, el sistema-deuda ha existido mucho antes que el propio sistema capitalista, pero se ha mantenido e incluso reforzado con el advenimiento de éste. Si nos remontamos a tiempos pretéritos, veremos que el endeudamiento privado se ha utilizado desde hace milenios como un mecanismo de desposesión: a los campesinos de sus tierras, a los artesanos de sus herramientas, etc. La esclavitud por deudas ha causado estragos en el mundo antiguo durante siglos, como nos recuerda Eric Toussaint en este artículo, que estamos siguiendo en esta exposición. ¿Existe por tanto una deuda privada ilegítima? Existe, y este sistema pasa generalmente por la imposición de ciertas condiciones de préstamos y de reembolso que lo hacen imposible. ¿Las deudas hay que pagarlas? Nos lo preguntábamos al comienzo de este bloque temático...Ya parece que vamos intuyendo la respuesta. La deuda aplicada a los pueblos ha tenido también sus graves repercusiones. De hecho, en el pasado, han tenido lugar múltiples revueltas para liberarse de las deudas privadas ilegítimas, ya sea durante la antigua Grecia o en la Europa del Norte durante la Edad Media. Y esta lucha por las deudas privadas ilegítimas llega hasta nuestros días, en casos como el de los campesinos en su lucha por la anulación de sus deudas en India, la de las mujeres contra los microcréditos en Marruecos, la de los estudiantes contra sus deudas por estudios en Estados Unidos, Chile, Canadá o Reino Unido, o la de las familias víctimas de los créditos hipotecarios abusivos y de los desahucios en España, en Estados Unidos, en Grecia o en Irlanda.

Por el endeudamiento privado de las personas se perpetúan las relaciones de semiesclavitud, ya que la gente comienza su emancipación o su relación laboral muy endeudados, es decir, bajo una relación de dependencia total. Pero de entrada, hay que aclarar que el endeudamiento público no sería negativo en sí mismo, si fuese una herramienta finalista destinada a cubrir ciertos aspectos del desarrollo de una sociedad. Es más, el sistema de endeudamiento público es el mejor sistema que los Estados poseen para financiar los proyectos sociales que necesiten para sus respectivos países, y el conjunto de su ciudadanía. Así, los poderes públicos podrían recurrir al préstamo para financiar, por ejemplo, un vasto programa de transición ecológica, y así reemplazar progresivamente las energías fósiles por energías renovables respetuosas con el medio ambiente. El sistema-deuda público puede y debe ser, pues, legítimo si se hace al servicio de proyectos legítimos y que atiendan al verdadero interés general, y si quienes contribuyen al préstamo lo hacen también de manera legítima. Pero desgraciadamente, esto es exactamente lo contrario de lo que ocurre realmente, ya que los Estados y las Administraciones Públicas se endeudan para financiar, la mayoría de las veces, políticas y proyectos ilegítimos, tales como financiar gastos en armamento, financiar proyectos de energía nuclear, financiar el reembolso de anteriores deudas ilegítimas, o financiar rescates bancarios. ¿Estas deudas habría que pagarlas? Dejo al lector o lectora la pertinente respuesta. Pero asímismo, la manera de financiar el reembolso de la deuda es igualmente ilegítima. Las grandes empresas y los hogares más ricos pagan muy pocos impuestos (o ninguno), mientras son las clases populares quienes deben apretarse el cinturón para pagar la deuda.

Los bancos privados, como ya hemos denunciado en entregas anteriores, prestan a los Estados a tasas lucrativas para ellos, mientras solicitan dinero al Banco Central Europeo (BCE) a interés cero. Debemos concluir en justicia que si alguno de los eslabones de la cadena del préstamo que formalizará la deuda pública es ilegítimo, dicha deuda se convierte igualmente en ilegítima, y debe eximirse su pago. Pero aunque afirmábamos anteriormente que el sistema-deuda era anterior al capitalismo, es evidente que se revela como un instrumento privilegiado de éste. Porque la deuda, como estamos exponiendo desde diversos puntos de vista, no es sólo un instrumento económico, sino también un arma política. El sistema-deuda es quizá hoy día la principal herramienta de la globalización, que desorienta la economía y permite las exportaciones y el extractivismo. Es el instrumento definitivo para socializar las pérdidas y privatizar las ganancias, creando un empobrecimiento masivo y fomentando las desigualdades sociales. El sistema-deuda, al pesar como una losa sobre las economías locales, desmoviliza y no genera una resistencia general fuerte en contra de ella. Y ello es así porque el sistema-deuda oculta la propia explotación de las personas, de los recursos y de la naturaleza. El hecho indiscutible es que, tanto en el norte como en el sur, el sistema-deuda es concebido como una forma de control sobre las poblaciones. Bien, llegados a este punto, está claro que el sistema-deuda debe ser abolido, para así contribuir a la concepción de un modelo de sociedad más igualitaria. Pero, quizá en este caso más que en ningún otro, nos encontramos con la poderosa oposición de los propios acreedores, que no son más que los representantes de la clase capitalista. Todo Gobierno que pretenda poner en marcha acciones, medidas y políticas de justicia social, fiscal, económica y medioambiental tendrá que enfrentarse, más temprano que tarde, al sistema-deuda. 

El problema es que cuando una coalición electoral o un determinado partido político llegan al Gobierno, no obtienen de hecho el poder real, porque el poder económico (que depende de la posesión y el control de los grupos financieros e industriales, de los grandes medios de comunicación privados, del gran comercio, etc.) permanece en manos de la clase capitalista, es decir, de ese 1% aproximado de la población. Además, esa clase capitalista es también la que controla al Estado, el poder judicial, los Ministerios de Economía (o Finanzas) y Hacienda, el Banco Central del país en cuestión, etc. De ahí que cualquier Gobierno decidido a emprender transformaciones radicales en las estructuras económicas deberá entrar en conflicto con el poder económico real para debilitarlo, reducir su influencia y su poder, expropiar sus posesiones, y así acabar con el control de la clase capitalista sobre los grandes medios de producción, de servicios, de comunicación, y del aparato del Estado. Sólo así los paradigmas que gobiernan el sistema-deuda podrán ser atacados. Sólo así los dogmas neoliberales podrán ser denunciados. Sería absolutamente ingenuo e ilusorio pensar que se puede convencer a las autoridades económicas y monetarias de la bondad de nuestros planteamientos, y de la propia maldad y perversión del sistema-deuda. Ellos lo defenderán siempre, ya que les permite mantener su status quo, como herramienta pensada para fomentar la desigualdad. Quienes desde los púlpitos electorales pretendan difundir el mensaje de que persuadirán a las patronales y a las grandes empresas de que lo mejor es reestructurar la deuda, ejecutar una auditoría o cancelar una parte de la misma, o es un inocente empedernido, o es un redomado embustero. Por tanto, no es bueno hacer caso ni de unos ni de otros. 

La conclusión que se impone, como afirman Eric Toussaint y Fátima Martín en este artículo para el medio Publico que estamos tomando como referencia, es que no habrá un camino fácil para poner en marcha un programa económico y social que rompa con la austeridad y las privatizaciones, así como que se enfrente radicalmente a continuar con la perversión del sistema-deuda. La única solución para conseguir todo ello será desobedecer a los acreedores, a las instituciones y organismos internacionales que los amparan, y a cualesquiera otras organizaciones, gobiernos o entidades que los financien. Y así, el rechazo a pagar una parte sustancial de la deuda constituirá un elemento clave en la estrategia de todo Gobierno socialista que se precie, así como las decisiones para revertir las privatizaciones llevadas a cabo (devolviendo al control público las entidades privatizadas) y restablecer plenamente los derechos sociales, laborales, económicos y políticos recortados. Es evidente que para paliar los efectos terribles de la desigualdad necesitamos recursos económicos, y para ello (entre otras cosas) necesitamos reducir radicalmente el stock de la deuda y aliviar de manera drástica la parte del presupuesto público dedicado al pago de la misma. Todo ello es una condición sine qua non para poder aumentar masivamente los gastos sociales y garantizar las inversiones necesarias para financiar determinados proyectos públicos de gran alcance, tales como la creación de Planes de Empleo Garantizado (PEG), o la Renta Básica Universal (RBU), dos de las principales herramientas para sacar de la pobreza a la práctica totalidad de la población. Nada de esto puede llevarse a cabo sin renunciar, al menos parcialmente, al pago de la deuda, y esa es precisamente la razón que aluden los que argumentan que es "imposible" financiar dichos proyectos públicos. No nos dejemos engañar. En el fondo es sólo una falacia más. Continuaremos en siguientes entregas.

Nuestra entrada en la OTAN es un caso paradigmático de la evolución que sufren los países que ingresan en la Alianza. La incorporación de España a la OTAN (que se produjo como consecuencia del intento de Golpe de Estado de 1981), tuvo sin duda una razón de peso, como fue impedir que el Estado Español se situara fuera del bloque occidental capitalista. Y es que después del franquismo, los intereses del capitalismo transnacional y del imperialismo norteamericano deseaban una España integrada a todos los efectos en dicho bloque. Existía también la necesidad de transformar las propias Fuerzas Armadas en dos sentidos: el primero, modernizar los diferentes cuerpos militares, especialmente sus altos mandos, la mayoría de los cuales procedían de la etapa de la dictadura franquista, y hacerlos compatibles con el respeto a la Constitución; el segundo, que es el que aquí y ahora nos ocupa, el destinado a renovar el armamento para que las Fuerzas Armadas pudieran ser compatibles con las de otros países socios de la OTAN y así poder participar en igualdad de condiciones en las intervenciones militares en el exterior. Esto se llevó a cabo mediante un fuerte incremento en el gasto militar. Como demuestran los autores del documento de referencia, el gasto en defensa a partir de 1982 aumentó rápidamente durante los primeros años, y ya en 1985 se había incrementado un 18,6%. Posteriormente, a partir de 1996, con la adquisición de los grandes programas de armamentos llevados a cabo para fortalecer la presencia de las FAS españolas en la OTAN, el aumento aún fue mayor hasta alcanzar la cifra de más de 20.000 millones de euros, lo que supone un incremento del 32,3%. 

Estos programas tuvieron su expansión más importante durante la primera legislatura del PP de José María Aznar, bajo la denominación de Programas Especiales de Armamento (PEA). Se trataba de grandes programas para hacer compatibles las estructuras y medios de las FAS españolas con las de la Alianza Atlántica, es decir, con el resto de Ejércitos de los países miembros de la OTAN. Algunos de estos programas estaban enmarcados en proyectos europeos de fabricación conjunta de armamento entre varios países. Estos PEA siguen aún hoy día vigentes, pero con un coste muy superior, debido al alargamiento de plazos, y a las cantidades adeudadas a las empresas e industrias militares. Actualmente, Estados Unidos sigue presionando a sus socios europeos para que aumenten sus presupuestos para gastos militares, como por ejemplo se acordó en la Cumbre de la OTAN celebrada en 2014 en Gales, donde se alcanzó el acuerdo (la barbaridad más bien, podríamos decir) de dedicar el 2% del PIB para el año 2023. Para nuestro país representaría sobrepasar los 20.000 millones de euros anuales en gasto militar. Toda una indecencia cuando a la vez se practican recortes sociales de gran envergadura, no se atacan las fuentes del fraude fiscal, se ha de hacer frente a una enorme deuda pública, y sobre todo, representa un alejamiento a las tesis pacifistas y antimilitaristas. No cabe duda por tanto de que la pertenencia a la OTAN representa (entre otros gravísimos inconvenientes) un enorme gasto adicional para el erario público, que lógicamente va en detrimento del desarrollo de la economía productiva y de la satisfacción de las necesidades reales de la población. Pero como sabemos, todo ello se rodea de un discurso en torno a la peligrosidad de las "amenazas" a las que estamos expuestos, cuando en realidad nuestras amenazas vienen derivadas de nuestra pertenencia a la OTAN y de nuestra complicidad con las actividades ligadas al imperialismo norteamericano. 

En este sentido, España posee varios acuerdos bilaterales con Estados Unidos, ya que los acuerdos hispano-norteamericanos de 1953 englobaban tres acuerdos: el primero se refería al suministro de material militar estadounidense a España, el segundo hacía referencia a la ayuda económica, y el tercero a la instalación de varias bases navales y terrestres en territorio español. La firma de estos acuerdos supuso para la dictadura de Franco una legitimación y un reconocimiento internacional al régimen, que apuntaló su internacionalización a través del propio alcance de los mismos. Dichos acuerdos estuvieron vigentes entre 1953 y 1970 y tenían una cláusula secreta, que no se conoció hasta años después, que permitía a los Estados Unidos poder activar y utilizar las bases frente a cualquier amenaza o agresión comunista, sin tener la obligación de informar al Gobierno español de los propósitos que tenían, y sin ninguna obligación de ayuda estadounidense en caso de conflicto propio español. Más tarde, estos acuerdos de 1953 fueron sustituidos por el Convenio de Amistad y Cooperación de 1970, cuyo elemento más significativo fue que las bases estadounidenses, que hasta entonces eran de utilización conjunta pero bajo control exclusivo norteamericano, pasaron a ser bases de propiedad española y se autorizó su uso por parte de los americanos mediante una serie de acuerdos complementarios. En 1976, ya muerto Franco, los acuerdos bilaterales pasaron a engrosar dicho Tratado de Amistad y Cooperación, que representaron esta vez un impulso a la monarquía de Juan Carlos I. El Tratado de 1976 fue seguido de un nuevo acuerdo bilateral en 1982, del cual se puede destacar el convenio de cooperación en materia de defensa que recoge la necesidad de modernizar las fuerzas armadas españolas. 

En este marco, Estados Unidos se comprometía a vender material militar sobrante y excedente al Ejército español. El acuerdo recoge igualmente la necesidad de cooperar en materia de industria militar. Y de ahí saltamos al año 1988, cuando se firman los últimos Acuerdos Bilaterales, que reflejarían la nueva situación internacional y de política interior española. Estos acuerdos recogieron los cimientos para el cierre de las bases aéreas de Torrejón y Zaragoza y supedita nuevamente la instalación, almacenamiento o introducción de armamento nuclear en territorio español al acuerdo del Gobierno. Además prohíbe sobrevolar el espacio aéreo español con material nuclear a bordo. Pero sin embargo este convenio eximía tanto a buques como a aeronaves de ser inspeccionados, lo que equivale en la práctica a permitir la introducción o tránsito de armamento nuclear en territorio español. Estos acuerdos bilaterales de 1988 han sido posteriormente modificados a través de los Protocolos de Enmienda al Convenio en 2002, 2012 y 2015. La modificación de 2002 reduce casi en un 47% la presencia de personal militar y civil estadounidense en territorio español. El objetivo de la modificación de 2012 fue la contribución española al sistema de defensa antimisiles de la OTAN (el Escudo Antimisiles fue instalado durante la segunda legislatura del PSOE de José Luis Rodríguez Zapatero), autorizando, con esta finalidad, a que Estados Unidos pueda operar con sus fragatas y destructores en la base de Rota. Por último, con la modificación del año 2015 Morón se convirtió en la base permanente de las fuerzas de reacción rápida para África (AFRICOM) de la OTAN, permitiendo incrementar, como ya aludíamos en la entrega anterior, el número de militares y dotaciones de dicha base. 

Nuestras relaciones con los Estados Unidos a través de la OTAN han sido, pues, de un absoluto entreguismo, sin calibrar realmente el peligroso alcance de dichas decisiones. Así, nuestra colaboración con la primera potencia belicista y militar del mundo ha sido intensa y servil, poniéndonos en el ojo del huracán de los conflictos internacionales. Todo ello tuvo su máxima expresión en 2003, como conocerán todos mis lectores/as, con nuestra indecente colaboración con la Administración de George W. Bush (junto con el Reino Unido de Tony Blair), durante la segunda legislatura del PP de José María Aznar, en la guerra de invasión de Irak, para derrocar a Sadam Hussein, bajo el engañoso pretexto de su colaboración con Al Qaeda, y su posesión de armas de destrucción masiva. Armas que nunca aparecieron, y por lo cual los dirigentes norteamericano y británico han pedido públicamente disculpas, pero no así nuestro ex Presidente Aznar, que aún se jacta de aquélla inmoral colaboración, que sólo trajo destrucción, devastación, desplazamientos forzados, y millones de muertos y heridos. Evidentemente, esta no es la senda del pacifismo que propugnamos. La famosa foto del trío de las Azores nos hizo entrar en una diabólica espiral. Ella nos ha conducido, junto a nuestra colaboración con la coalición internacional que ha instigado las guerras de Libia y Siria, a padecer en nuestro territorio una serie de brutales atentados terroristas que han dejado cientos de muertos y heridos, y que aún nos continúan situando como punto de mira de la actividad terrorista internacional. Nuestra colaboración con la OTAN debe cesar. Todo gobierno pacifista que se precie de serlo ha de impedir continuar por esta senda de guerra, sangre, odio y destrucción, cuya bandera internacional es la de la OTAN, cuya razón de ser es el agresivo imperialismo, y cuyo adalid son los Estados Unidos y su estado de guerra permanente, tanto interno como externo. Continuaremos en siguientes entregas.