Actualidad Política y Cultural - Blog de Rafael Silva

Como ya avanzábamos en la entrega anterior, el objeto de toda ley que pretenda la recuperación de la memoria histórica republicana ha de basarse en los siguientes fundamentos (enlace a la propuesta de ERC que estamos siguiendo):

1.- La aplicación de la doctrina de las Naciones Unidas sobre los Crímenes contra la Humanidad a los cometidos sistemáticamente por la dictadura franquista

2.- Reconocer el derecho inalienable a la verdad y el deber de recordar por parte del Estado establecidos por la ONU

3.- Reconocer jurídica y moralmente la condición de víctimas a todas las personas físicas y jurídicas que sufrieron persecución y muerte, y restituir moral y materialmente a todas las personas, colectivos, instituciones públicas, organizaciones y entidades de todo tipo que fueron perseguidas y represaliadas, y que hasta el momento no han obtenido su justo reconocimiento y reparación

4.- Reconocer a la II República Española como un Estado democrático y de derecho, precursor del presente sistema político

5.- Recuperar la memoria histórica de la II República y la represión franquista, que ha sido manipulada, silenciada, olvidada, o no estudiada y difundida en profundidad

Todos estos procesos y objetivos han de basarse a su vez en las decisiones políticas oportunas que permitan crear los marcos jurídicos y legales apropiados para desarrollar todos los puntos anteriores. Un punto esencial es derogar la Ley de Amnistía de 1977, entendida como ley de "punto final", que bajo la falacia de la "reconciliación nacional", perdonaba a todos los verdugos del régimen. En vez de dicha indecente ley, hemos de basarnos en los preceptos que Naciones Unidas divulga y reconoce como Crímenes contra la Humanidad. Porque desgraciadamente, la historia de todas las naciones y de la Humanidad entera está llena de períodos en los que gobiernos ilegítimos han establecido leyes y ordenamientos jurídicos y han organizado fuerzas armadas destinadas a cometer crímenes horribles contra la población a la que tenían que proteger. El fascismo y el nazismo llegaron a unos extremos inauditos de crueldad sistemática que conmovieron hondamente a las naciones civilizadas. Para condenar estos hechos sistemáticos, fruto de la acción y la organización de un Gobierno, que por su gravedad y amplitud ofenden la conciencia de la Humanidad entera, la comunidad de naciones civilizadas creó, después de la II Guerra Mundial, una legislación internacional específica que comenzó con los famosos Juicios de Nüremberg. Se creó entonces la figura jurídica de los "Crímenes contra la Humanidad", que complementa la noción de Crímenes de Guerra y de Crímenes contra la Paz. Todo ello con la intención de que estos crímenes se castigaran, y no se volvieran a reproducir. 

El régimen franquista se circunscribe de forma evidente a estos postulados, y una de las medidas instauradas por la doctrina de las NN.UU. con esta finalidad ha sido establecer que estos crímenes no puedan quedar impunes y que sean imprescriptibles. Por tanto, ninguna ley de punto final puede dictarse en relación a ellos, ni es legítima su aplicación cuando de un régimen fascista y genocida se trate. La Constitución de 1978, a pesar de haber sido redactada bajo las presiones de los renombrados "poderes fácticos", incardinó el Reino de España en la legalidad internacional sobre Derechos Humanos, al establecer que las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades públicas tenían que adecuarse a la Declaración Universal de Derechos Humanos y a los Tratados y Acuerdos Internacionales sobre estas materias ratificados por España. La extraña ambivalencia jurídica del período preconstitucional (1975-1978) se había acabado, y se estableció la doctrina internacional sobre Derechos Humanos que establece que los Crímenes contra la Humanidad no pueden quedar impunes. Durante aquél período preconstitucional, las víctimas de los crímenes del franquismo fueron ignoradas. De hecho, estaban tan aterrorizadas que se conformaban con sobrevivir, salir de las prisiones o regresar del exilio. Se establecieron algunas compensaciones económicas para algunos colectivos de represaliados. Sin embargo, nunca se reconoció su carácter de víctimas, ni nunca se calificaron jurídicamente en la legislación, los gobernantes que la habían impulsado y sus ejecutores de acuerdo con la legislación internacional sobre Derechos Humanos.

Se optó por el olvido y la ignorancia histórica. Las instituciones y los poderes públicos dejaron que se instalaran y pervivieran en la sociedad española los rescoldos de aquél franquismo, en forma de una especie de "franquismo sociológico", que ya hemos explicado a fondo en entregas anteriores, y del que hemos expuesto multitud de ejemplos actuales. Esta peligrosa actitud ha tenido graves repercusiones en los estratos más profundos de la conciencia democrática de los pueblos del Estado Español: ha supuesto el triunfo del relativismo moral a la hora de juzgar a los gobernantes y ha minado los mínimos requisitos éticos exigibles en las relaciones entre los ciudadanos, la ley y los gobernantes. El franquismo no se ha estudiado de forma adecuada en las escuelas, y se ha tolerado una cierta dosis de "simpatía" con el régimen de Franco, algo absolutamente inaceptable bajo los mimbres de una sociedad que se autodenomina "democrática", pero que por ello mismo, no lo es. No se puede ser demócrata sin ser antifascista. Una sociedad plenamente democrática no se basa únicamente en el voto, sino en sus comportamientos, valores y actitudes, y el antifascismo militante es uno de ellos. Gran parte de la crisis de valores democráticos que padecemos en la actualidad se debe al olvido y a esa ignorancia histórica, patrocinados por un Estado que no ha colocado el pasado en sus justos términos. En ese sentido, una ley que pretenda recuperar la memoria histórica republicana ha de diseñar todo el conjunto de mecanismos para garantizar que migramos hacia dicho modelo de sociedad. Continuaremos en siguientes entregas.

En su Informe "Una economía para el 99%", correspondiente al año 2017, la ONG Oxfam Intermón (una de las más especializadas y prestigiosas cuando sobre desigualdad se hable) expone los siguientes datos: "Las grandes empresas también han optado por un modelo de maximización de sus beneficios a costa de tributar lo menos posible, utilizando paraísos fiscales, sacando provecho de tipos impositivos cada vez más bajos o logrando que los países compitan agresivamente entre sí para ofrecerles privilegios fiscales. La rebaja en los tipos nominales del impuesto de sociedades se está convirtiendo también en una tendencia generalizada, lo cual, unido a las técnicas de evasión y elusión fiscal tan extendidas, hace que muchas grandes empresas reduzcan su contribución fiscal a mínimos. Se estima, por ejemplo, que en 2014, Apple tributó por sus beneficios en Europa a un tipo efectivo del 0,005%. Los países en desarrollo pierden cada año al menos 100.000 millones de dólares como consecuencia de la elusión y evasión fiscal de grandes empresas a través de paraísos fiscales y dejan de ingresar miles de millones de dólares por ofrecer exenciones y exoneraciones fiscales improductivas e ineficientes. Esta sangría de recursos afecta sobre todo a los más pobres, que dependen en mayor medida de los servicios públicos en los que podrían invertirse todos estos recursos fugados. Kenia pierde 1.100 millones de dólares anuales en concepto de exenciones fiscales, una cifra que prácticamente duplica su presupuesto de inversión en salud, en un país donde la probabilidad de que las madres mueran durante el parto es de uno entre cuarenta". Creo que lo han dejado perfectamente claro. 

La complicidad entre Estados, gobiernos y empresas en la existencia de los paraísos fiscales es absolutamente evidente. La voluntad política presente en todos estos actores les lleva a que estos territorios especiales existan de forma palpable, otras veces encubierta, y a que su pasividad frente a los mismos acabe siendo absolutamente indecente. La influencia de las élites sobre el sistema fiscal mundial a la hora de mantener los paraísos fiscales es manifiesta, y la complicidad entre todas ellas es vergonzante. Porque en todos los países del mundo, los ingresos fiscales sirven para financiar los servicios públicos, las infraestructuras, el Estado del Bienestar, y otros bienes y servicios que mantienen el funcionamiento del Estado. Todo ello está muy bien si se apuesta por una sociedad justa, equitativa y redistributiva, pero el hecho es que esto no es así. De cara a la galería los mensajes de los líderes políticos y sociales nos hablan de este discurso de la solidaridad, pero lo cierto es que ni se cree ni se practica ese modelo social. Se sabe que un sistema fiscal justo es una pieza fundamental y parte esencial para financiar el correcto y eficaz funcionamiento de los Estados, así como para permitir que los Gobiernos cumplan con su obligación de garantizar al conjunto de la ciudadanía su derecho a contar con servicios públicos esenciales, tales como la sanidad o la educación. Especialmente en los países en desarrollo, donde existe una mayor necesidad de fortalecer los servicios sanitarios y educativos para los cientos de millones de personas que todavía se encuentran en situación de pobreza extrema, los ingresos fiscales constituyen un mecanismo sostenible de generación de ingresos. Además, un sistema fiscal progresivo y bien diseñado permite garantizar que quienes más tienen y más cobran (sueldos, riqueza, patrimonio, fortunas, bienes, etc.) aporten más al sistema.

Sin embargo, puede que los regímenes fiscales nacionales y la estructura fiscal internacional no sólo no cumplan con esta función, sino que además provoquen el efecto contrario y que la mayor carga tributaria recaiga sobre los más pobres. Cuando esto ocurre (y ocurre en la mayor parte de países del globo) los modelos sociales se pervierten, por mucho que existan votantes que democráticamente los hayan elegido. Se desvirtúan las funciones públicas, las arcas públicas dejan de recibir los ingresos necesarios para financiar los servicios, y las clases populares y trabajadoras se van distanciando de las élites. Y ahí tenemos la arquitectura de la desigualdad. No es por tanto una desigualdad natural, sino una proyección de la misma, una creación política y social ad hoc para que los ricos salgan beneficiados, y así romper la necesaria cohesión social imprescindible para garantizar una mínima igualdad. La actual arquitectura fiscal mundial también socava la capacidad de los Gobiernos para recaudar los impuestos que les corresponden, facilitando la evasión y la elusión fiscal transfronteriza y la ocultación de riqueza, especialmente a través de los paraísos fiscales. Estas jurisdicciones, que entre otras cosas se caracterizan por el secretismo y la baja o nula tributación, son una de las vías más obvias que pueden utilizar tanto individuos como empresas para eludir sus obligaciones fiscales. Hasta la fecha, los Gobiernos no han logrado acabar con la evasión y elusión fiscal a nivel mundial, ni tampoco con el entramado de paraísos fiscales asociado a dichas prácticas. Una maraña de intereses creados convierte esta tarea casi en un imposible, sobre todo para un solo país, por muy buena voluntad política que pueda desplegar. 

Por tanto, este es el vergonzoso esquema de trabajo que facilitan, entre otros, los profesionales de la gran banca privada y de inversión, y de los lujosos despachos de abogados o auditores, todos ellos muy bien remunerados, para aprovecharse de una economía mundial cada vez más globalizada y con menos trabas. Una economía al servicio del 1%, donde la desigualdad campa a sus anchas, y donde el poder de las clases populares es cada vez más reducido. En cambio, con un sistema fiscal progresivo, las empresas y personas más ricas serían los más grandes contribuyentes. Sin embargo, actualmente son quienes tienen mayores incentivos para hacer uso de este aberrante entramado fiscal con el objetivo de eludir el pago de los impuestos que les corresponden, además de ser quienes pueden permitirse contratar a este tipo de profesionales que facilitan la elusión y evasión fiscal. Recientemente, el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, colaborando en cada país con diversos medios, ha logrado sacar a la luz pública la existencia no sólo de estos despachos de profesionales, sino la práctica totalidad (se cuentan por miles) de clientes por todas partes del mundo. Y aunque los escándalos han sido mayúsculos, aún la sociedad no ha tomado conciencia de la gravedad del problema. Los llamados "Papeles de Panamá", los "Papeles de la Castellana", o los "Papeles del Paraíso" han sacado las vergüenzas (fiscales) a montones de políticos, artistas, empresarios, deportistas, etc., a los cuales se les ha descubierto su participación en empresas radicadas en estos oscuros territorios. 

Aprovechar los vacíos legales en materia impositiva para eludir impuestos son dos componentes fundamentales de las estrategias de maximización de beneficios para muchas empresas multinacionales. Y es que estas empresas pueden trasladar artificialmente la propiedad de activos o el coste real de sus transacciones a filiales llamadas "pantalla" en jurisdicciones fiscales de baja imposición o que no exijan la divulgación pública de información empresarial relevante. Así, las ganancias de estas empresas "desaparecen" de los países donde tiene lugar su "actividad económica real", para pasar a existir sólo en paraísos fiscales. Por ejemplo, en el año 2012, las empresas multinacionales estadounidenses declararon 80.000 millones de dólares de beneficios en las Islas Bermudas, una cantidad superior a los beneficios que declararon en Japón, China, Alemania y Francia juntas. Esta cantidad es tan grande (el 3,3% de los beneficios totales generados por estas empresas en todo el mundo) que claramente no refleja su actividad económica real en las Bermudas, donde generan sólo el 0,3% de sus ventas totales, y donde el número de empleados/as y los costes salariales asociados constituyen un ínfimo 0,01%-0,02% del total. Es solo un ejemplo, pero la casuística y sus datos asociados son absolutamente impresionantes. Empresas que declaran beneficios en sucursales donde no poseen empleados/as, territorios que poseen casi más empresas que habitantes, y secretos por doquier (secreto bancario, mercantil, judicial, comisiones rogatorias, etc.) marcan este perverso mundo de los paraísos fiscales, unas zonas económicas que podrían dejar de existir de un día para otro si realmente existiera voluntad de acabar con ellos. Continuaremos en siguientes entregas.

BLOQUE IV. PARAÍSOS FISCALES.

La protección gubernamental e institucional a los ricos, como ya explicábamos en el primer bloque temático de esta serie de artículos, es poderosa. De hecho, en el informe del muy oficial Instituto de Estudios de Seguridad de la Unión Europea correspondiente al año 2010, y titulado "¿Qué defensa europea tendremos en 2020?", cuya larga introducción fue escrita por Catherine Ashton (que era entonces la número 2 de la UE, es decir, la Alta Representante de la UE para los Asuntos Exteriores y la Política de Seguridad) se puede leer que la misión de la UE es: "Proteger a los ricos del mundo contra las tensiones y los problemas de los pobres. Dado que la proporción de la población mundial que vive en la miseria y la frustración continuará siendo muy elevada, y las tensiones entre este mundo y el mundo de los ricos seguirá acentuándose, con las consecuencias que ello comporta". La sola lectura de este indecente párrafo ya da idea de la perversión de la arquitectura de las instituciones europeas, que las vuelve indignas y contribuye de forma decisiva y abierta a la extensión de la desigualdad. A tenor de lo cual, el periodista griego Yorgos Mitralias, y uno de los fundadores del Comité sobre la Verdad de la Deuda griega, comentaba en su artículo "Grecia, la democracia desaparecida" lo siguiente: "La conclusión no es difícil y es sobre todo evidente: cuando los más altos dirigentes de la UE, su Presidente de la Comisión y su ministra de asuntos exteriores y de la defensa muestran tal cinismo confesando públicamente y sin ambages que a la UE le importa un comino la democracia porque se preocupa con toda prioridad de proteger a los ricos de la cólera de los pobres, entonces nadie puede decir que no ha estado avisado". Pues bien, uno de esos "mecanismos de defensa" son los famosos paraísos fiscales, que vamos a abordar en el presente cuarto bloque temático de la serie. 

Hace pocos días, la UE ha hecho público un nuevo listado de paraísos fiscales reconocidos por la misma, donde aún se siguen quedando fuera muchos de los territorios que evidentemente lo son. En este sentido, GESTHA (sindicato de los Técnicos de Hacienda) reclama que se agilice la armonización europea que califique como paraíso fiscal cualquier país, territorio o centro offshore que permita una baja o nula tributación para los no residentes, y donde existan el secreto bancario, registral y mercantil. Derivado del hecho de que los ricos no suelen creer en la sociedad, sino en los individuos (tal como sostuviera Margaret Thatcher), como expresión típica del egoísmo y del individualismo que caracterizan a la filosofía política que subyace al neoliberalismo imperante, las prácticas derivadas en los llamados "paraísos fiscales" denotan exactamente eso: no queremos pagar, es decir, no queremos contribuir, es decir, no queremos construir Estado y sociedad con el resto de la gente, con la totalidad de las personas. Y amparado en este hecho empírico, se vienen planificando desde hace décadas terribles normativas que conceden "libertad" plena a la circulación de los capitales, para que los ricos y las grandes empresas puedan hacer circular su dinero más allá de los límites territoriales donde radica su actividad o reside su patrimonio. La libertad para los capitales, por sí misma, ya es un hecho que contribuye a una mayor desigualdad social, tal como relata el Catedrático de Economía Aplicada Juan Torres en este artículo, publicado en el medio Contextos, y que vamos a seguir a continuación. Como se verá en su momento, los llamados "paraísos fiscales" son simplemente una manifestación derivada de dicha "libertad" de circulación de los capitales, mientras generan crisis, desigualdad y pobreza para el resto. 

Y esto se ha demostrado matemáticamente. De hecho, un estudio publicado en octubre de 2016 por dos economistas del FMI ha demostrado que cuanto mayor es la libertad de movimientos para el capital más elevada es la desigualdad. Pero claro, a la inmensa mayoría de la población llegan los (falsos) mensajes contrarios, que básicamente afirman que la liberalización de los movimientos de capital es muy positiva porque genera crecimiento a largo plazo y mayor bienestar. Sin embargo, el estudio citado revela lo contrario, y ha sido realizado para muchos países (149) y para un período de tiempo muy largo (1970-2010). Los autores estudian tres vías por las que la mayor libertad de los movimientos de capital suele aumentar generalmente la desigualdad, tal y como ellos confirman en su investigación. En primer lugar, porque está asociada a sistemas financieros menos inclusivos que aumentan las tasas de pobreza. En segundo lugar, porque esa mayor libertad suele anticipar crisis financieras que generalmente terminan con efectos muy desiguales e injustos para la población, y finalmente, porque limita el poder de negociación de los trabajadores y eso provoca que caiga la participación de los salarios en la renta nacional. Pero además puede comprobarse históricamente, ya que existen períodos (1945-1970) donde prácticamente no hay ningún país que sufra crisis financieras, y es el mismo donde se da menos desigualdad (reflejada como una menor participación del 10% más rico en el total de la renta) y muy poca libertad de movimientos para el capital. Y al revés, también se comprueba históricamente que cuando existe mayor desigualdad y más crisis es justamente cuando hay más libertad de movimientos para el capital. 

Por su parte, como destaca Juan Torres en su artículo, otros estudios también han demostrado que la liberalización del capital no sólo no reduce la pobreza, como se empeña en afirmar sin ningún fundamento la sabiduría económica convencioinal (adscrita sin reservas al dogma neoliberal), sino que, por el contrario, está asociada a una menor participación de los más pobres en el ingreso (en el cómputo total de la renta nacional). La conclusión se nos ofrece nítida: esta coincidencia entre mayor libertad para el capital y mayor número de crisis, más pobreza y desigualdad más elevada no es ni mucho menos casual. La experiencia práctica demuestra que cuando se liberalizan, los capitales se expanden como un gas a la búsqueda de ganancia inmediata y fácil, y eso crea una gran inestabilidad financiera que se agrava, porque, además, la suma de esos dos fenómenos (menor rentabilidad en la parte productiva y mayor en la financiera) desatan el endeudamiento (ya tratado en el bloque temático anterior), aumentando la deuda pública y multiplicando la inversión especulativa. Y todo ello vuelve más ricos a los ya ricos, y más pobres a los pobres: volvemos a la desigualdad. La liberalización de los capitales contribuye, por tanto, a esta arquitectura social de la desigualdad. El edificio de la desigualdad se construye con muchas piezas, con muchos pisos, y cada uno de ellos realiza su función encaminado al mismo objetivo: construir modelos de sociedad más injustos, crueles y desiguales. Vivimos en un sistema tan perverso que concedemos al dinero y a sus grandes propietarios la libertad que negamos al conjunto de los seres humanos, y especialmente a los más vulnerables. Permitimos de esta forma que los grupos sociales más poderosos aumenten todavía más sus ingresos, sus privilegios y sus riquezas. 

Como resume Juan Torres, "En aras de darle libertad a los capitales se hace esclavas a las personas". La evidencia empírica demuestra que esa libertad se traduce inevitablemente en crisis desastrosas que provocan tremendos (y en muchos casos irreversibles) daños a millones de personas, a los pueblos y a la naturaleza. Sabemos que sus costes sociales son mayores que sus beneficios, y sin embargo, seguimos creyendo a los que postulan tales medidas económicas (políticas, en el fondo). No existe ni la más mínima razón científica ni prueba evidente que demuestre que la liberalización de los capitales es mejor para las economías que su estricto control. Los paraísos fiscales son un claro ejemplo de lo que estamos contando. Los ricos argumentan que lo hacen porque "la ley lo permite", es decir, básicamente porque es legal, lo cual no quiere decir que sea bueno ni lícito. Pero es el sistema el que lo permite. Son los grandes agentes económicos los grandes implicados en el gran negocio de los paraísos fiscales. Son los políticos los mejores avalistas de la existencia de estos lugares offshore, son los grandes empresarios los grandes evasores, son los bancos los grandes partícipes e instigadores de su existencia, y son los pueblos, las clases populares y trabajadoras, las que asumen y sufren las consecuencias de la existencia de estos perversos sistemas de baja tributación. Toda una clara arquitectura de la desigualdad, planificada, proyectada y asumida por el conjunto de la sociedad. De tarde en tarde conocemos nombres de empresarios, aristócratas, grandes fortunas, deportistas, cantantes, actores y actrices, etc., que participan de este aberrante mundo. Protestamos durante algún tiempo. Después nos olvidamos. Así nos va. Continuaremos en siguientes entregas. 

Un total de 15.364 científicos de 184 países han publicado recientemente en la prestigiosa revista "BioScience" un Manifiesto de "Advertencia a la Humanidad" que ha sido replicado en diversos medios, y que a continuación nos vamos a hacer eco desde esta humilde tribuna. Se trata del segundo aviso mundial después del realizado el año 1992. Básicamente nos llaman la atención sobre la velocidad a la que avanzamos hacia el abismo, y que pronto será ya demasiado tarde para corregir el rumbo, y poder desviarnos de nuestra trayectoria. Una diabólica trayectoria condenada al fracaso, y que acabará con el concepto de vida tal cual hoy la entendemos.  Reproducimos a continuación el texto completo del Manifiesto:

Hace 25 años la asociación norteamericana Union of Concerned Scientists y más de 1.500 científicos independientes, incluyendo la mayoría de los Premios Nobel en Ciencias que vivían entonces, escribieron “La Advertencia de los Científicos del Mundo a la Humanidad”, 1992. Estos profesionales preocupados, reclamaron a la humanidad que frenase la destrucción ambiental y avisaron de que “sería necesario un gran cambio en nuestra forma de cuidar la Tierra y la vida sobre ella, si quería evitarse una enorme miseria humana...”. En su manifiesto, mostraban que los seres humanos estaban en rumbo de colisión con el mundo natural. Expresaron preocupación acerca de daños actuales, inminentes y potenciales sobre el planeta Tierra por: La destrucción de la capa de ozono, la disponibilidad de agua dulce, el colapso de la pesca marina, el incremento de zonas muertas en los océanos, la pérdida de masa forestal, la destrucción de biodiversidad, el cambio climático y el crecimiento continuado de la población. Proclamaron que cambios fundamentales eran urgentes y necesarios para evitar las consecuencias que nuestro actual rumbo podrían acarrearnos.

Los autores de la declaración de 1992 temían que la humanidad estaba empujando a los ecosistemas de la Tierra más allá de su capacidad de soportar la red de la vida. Describieron cuán rápido nos estábamos aproximando a muchos de los límites de lo que el planeta puede tolerar sin daños serios e irreversibles. Los científicos alegaron que deberíamos estabilizar la población, describiendo como la enorme cifra - que ha crecido en 2000 millones desde 1992, un incremento del 35 % - ejerce una presión sobre la Tierra que puede aplastar otros esfuerzos para conseguir un futuro sostenible (Crist et al. 2017). Imploraron que redujéramos las emisiones de gases efecto invernadero (en adelante, GEI) y eliminásemos los combustibles fósiles, redujéramos la deforestación y revirtiéramos la tendencia de extinción de la biodiversidad.

En el 25º aniversario de su llamada de atención, miramos hacia atrás a su alarma y evaluamos la respuesta humana, analizando la evolución en el tiempo de los indicadores disponibles. Desde 1992, con la excepción de que se ha estabilizado la capa de ozono, la humanidad ha fracasado en hacer suficientes progresos para resolver esos retos ambientales previstos y, de manera muy alarmante, en la mayoría de ellos, estamos mucho peor que entonces. Especialmente preocupante es la trayectoria actual del catastrófico cambio climático de origen humano debido a las crecientes emisiones de GEI procedentes de la quema de combustibles fósiles (Hansen et al. 2013), la deforestación (Keenan et al. 2015) y la producción agrícola - principalmente por la ganadería de rumiantes y el consumo de carne (Ripple et al. 2014). Además, hemos desatado un evento de extinción masiva de especies, la sexta en unos 540 millones de años, mediante la cual muchos de las actuales formas de vida podrían ser aniquiladas o, como poco, comprometidas a la extinción hacia el final de este siglo.

Por la presente, damos un Segundo Aviso a la Humanidad (...). Estamos poniendo en peligro nuestro futuro por nuestro desproporcionado consumo material y por no darnos cuenta de que el alocado crecimiento de la población mundial es el principal impulsor detrás de la mayoría de amenazas ecológicas e, incluso, societales (Crist et al. 2017). Con su fracaso en limitar adecuadamente el crecimiento de la población, en reevaluar el papel de una economía enraizada en el crecimiento permanente, en reducir la emisión de GEI, en incentivar la energía renovable, en proteger el hábitat, en restaurar los ecosistemas, en parar la extinción de fauna, en frenar las especies invasivas, la humanidad no está tomando los pasos urgentes que necesitamos para salvaguardar nuestra muy amenazada biosfera.

Puesto que la mayoría de líderes políticos responde a la presión, los científicos, los medios de comunicación y los ciudadanos deben insistir en que sus gobiernos pasen a la acción inmediata, como un imperativo moral hacia las actuales y futuras generaciones, humanas y de otras formas de vida. Con una marejada de esfuerzos desde organizaciones surgidas desde el pueblo, la obstinada oposición puede ser superada y los líderes políticos se verán obligados a hacer lo correcto. Es también el momento de reexaminar y modificar nuestros comportamientos individuales, incluyendo nuestra propia reproducción (idealmente, al nivel de reemplazo, 2 hijos por mujer, como máximo) y reducir drásticamente nuestro nivel de consumo per-cápita de combustibles fósiles, carne y otros recursos.

La rápida reducción mundial de las sustancias que destruían la capa de ozono nos muestra que podemos hacer cambios positivos cuando actuamos de manera decidida. También hemos hecho avances importantes para reducir la pobreza extrema y el hambre (www.worldbank.org). Otros progresos notables incluyen: rápida reducción de las tasas de fertilidad en muchas regiones mediante políticas educativas entre mujeres y jóvenes (www.un.org/esa/population), la prometedora reducción de la tasa de deforestación en algunas regiones y el rápido despliegue de energías renovables. Hemos aprendido mucho desde 1992, pero el progreso de los cambios necesarios y urgentes en políticas ambientales, comportamiento humano y reducción de las inequidades globales está, todavía, lejos de ser suficiente.

Las transiciones hacia la sostenibilidad se pueden producir de diferentes maneras, pero todas requieren presión de la sociedad civil y argumentaciones basadas en evidencias, liderazgo político, políticas adecuadas, mercados y otras consideraciones. Ejemplos de acciones diferentes y efectivas que la humanidad puede tomar para la transición a la sostenibilidad incluyen (sin presumir orden de importancia o urgencia):

 

Priorizando la promulgación de grandes reservas protegidas de una proporción significativa de los hábitats terrestres, marinos, de agua dulce y aéreos de todo el mundo;

 

Mantenimiento de los servicios ecosistémicos de la naturaleza parando la conversión de selvas, bosques, pastizales y otros hábitats naturales;

 

Restaurar comunidades con plantas autóctonas a gran escala, principalmente, bosques;

 

Devolver a la naturaleza salvaje zonas con especies nativas, especialmente con depredadores ápice, para recuperar procesos y dinámicas ecológicos;

 

Implementar políticas adecuadas para remediar la extinción de especies animales, la caza furtiva y la explotación y comercio de especies amenazadas;

 

Reducir el desperdicio de alimentos mediante educación y mejores infraestructuras;

 

Promover un cambio hacia dietas más vegetales y menos animales;

 

Promover la reducción adicional de los índices de fertilidad procurando que mujeres y hombres tengan acceso a la educación reproductiva y a los servicios voluntarios de planificación familiar, especialmente, en lugares donde falten tales recursos;

 

Aumentar la educación ambiental para niños y fomentar un mayor aprecio por la naturaleza por parte de la sociedad.

 

Desinvertir en inversiones monetarias e invertir en iniciativas que promuevan cambio ambiental

 

Idear y promover tecnologías no contaminantes y adoptar masivamente energías renovables y, simultéaneamente, eliminar subvenciones a la producción de energía con combustibles fósiles.

 

Revisar nuestra economía para reducir desigualdades y asegurarse que precios, impuestos y sistemas de incentivos tengan en cuenta los costes reales que nuestro patrón de consumo imponen en nuestro medio ambiente; y

 

Evaluar de manera científica el tamaño de población humana sostenible a largo plazo y pedir a las naciones y a sus líderes que apoyen ese objetivo vital.

Para prevenir pérdidas catastróficas de biodiversidad y un deterioro generalizado de las condiciones de vida humana, la humanidad debe poner en práctica una forma de vida más sostenible ambientalmente que la actual (“business as usual”). Esta receta ya fue bien articulada hace 25 años por los científicos del mundo, pero en la mayoría de los temas, no hemos escuchado su llamada de atención.

Pronto será demasiado tarde para cambiar el rumbo de la actual trayectoria que nos lleva al fracaso y nos estamos quedando sin tiempo. Debemos reconocer, en nuestras vidas diarias y en nuestras instituciones de gobierno, que la Tierra con toda su vida es nuestro único hogar.

Continuando con el tema de la deuda pública y su importancia como obstáculo para poder revertir la desigualdad, veamos el caso español en cifras como ejemplo más cercano. En junio de 2016 la deuda pública española representaba el 100,9% del PIB y, del monto global (1,1 billones de euros), más de 938.000 millones de euros correspondían a la Administración estatal, más de 273.000 millones de euros correspondían a las Comunidades Autónomas, y sólo algo más de 35.000 millones de euros a los Ayuntamientos, según los datos del Banco de España. El informe "Análisis de la Deuda del Estado Español", de junio de 2015 (que puede consultarse y descargarse gratuitamente en el enlace http://www.cadtm-org/IMG/pdf/Analisis_Deuda_EE_PACD_Definitivo.pdf) arrojaba ya entonces conclusiones demoledoras. El Estado asumió como consecuencia del "rescate" bancario una deuda "indirecta" de más de 165.000 millones de euros, al ayudar y avalar a las entidades financieras (créditos fiscales, préstamos del BCE, avales del Estado a la emisión de deuda bancaria y a la deuda "senior" emitida por la SAREB o banco "malo"); y además una deuda "oculta" por valor de 1.069.941 euros (avales implícitos del Estado a los depósitos bancarios, garantías del FROB en los procesos de privatización o los esquemas de protección de activos). La suma de estas dos deudas, la "indirecta" y la "oculta" por las ayudas al sector bancario ascendía a 1,2 billones de euros, lo que equivalía al total de la deuda pública directa (a datos de diciembre de 2013). El problema de tener una deuda pública de más de un billón de euros es que la partida anual de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) se resiente en unos 30.000 millones de euros en pago de intereses. 

Lo explica perfectamente Eduardo Bayona en este reciente artículo para el medio Publico, donde destaca el dato de que, en menos de seis años, el Gobierno (el PP de Mariano Rajoy, en este caso) ha disparado la deuda en 370.000  millones de euros. Eso supone en intereses, y en el mismo plazo, la friolera de 170.000 millones de euros. Evidentemente, con una cantidad como esa inhabilitada anualmente de los PGE es prácticamente imposible llevar a cabo ciertos proyectos de enorme interés social, ya que necesitan ser financiados de forma masiva. Así es muy fácil argumentar que "no hay dinero" cada vez que cualquier fuerza política o asociación o colectivo ciudadano solicitan al Ejecutivo la puesta en marcha de alguna medida para paliar la enorme desigualdad social. Y así, se resienten fundamentalmente los principales servicios públicos que conforman el ya debilitado Estado del Bienestar, lo cual, unido a otro tipo de medidas para favorecer a los más ricos y poderosos (como la permisividad hacia la evasión fiscal y los paraísos fiscales, de los que ya hablaremos a fondo en el siguiente bloque temático), no hacen sino fortalecer la senda de la aberrante desigualdad social que padecemos. De esta forma, los Gobiernos como el nuestro se endeudan continuamente, ya que además esto es barato por los bajos tipos de interés que se derivan de la política "ultraexpansiva" (en expresión de Eduardo Garzón) del BCE (en nuestro contexto europeo). Mecanismos como las Letras del Tesoro, Bonos del Estado y Obligaciones, a diferentes plazos, se emiten de forma masiva y descontrolada. Todo ello además no son medidas aisladas, sino que se enmarcan en un conjunto de decisiones de política fiscal, económica y financiera que delimitan profundamente los posibles marcos de actuación. 

Todas las medidas (control del déficit, mecanismo de endeudamiento, etc.) forman lo que comúnmente se ha venido en denominar "Regla de Gasto", y que delimita una de las mayores tiranías en el campo económico que despliega el dogma neoliberal. Amparados en sus famosos y falaces mantras ("las deudas hay que pagarlas", "no se puede gastar más de lo que se tiene", etc.), diseñan todo un indecente sistema que acota las posibilidades de maniobra de cualquier Gobierno en beneficio del interés general de su población. Lo han explicado Isidro López y Raúl Camargo en este artículo para la revista Viento Sur, que seguimos a continuación. Básicamente, el tronco común de todas estas políticas que consagran la desigualdad consiste en elevar a rango de ley lo que ellos llaman "políticas de austeridad" (de nuevo, se trata de un uso incorrecto e interesado del lenguaje). La verdadera austeridad no les interesa en absoluto, sino que simplemente lo que buscan es el sometimiento del poder político al poder financiero. En palabras de los autores: "Los rescates no fueron sino la fase más agónica de esta lógica de sumisión de las economías y las sociedades europeas al poder de las finanzas mediante la prioridad absoluta del pago de la deuda". Y así, el blindaje legal del pago prioritario de la deuda, obliga a los Estados y a sus Administraciones Públicas en general a poner en segundo plano el gasto productivo o social que beneficia a las clases trabajadoras. Pero además este endiablado sistema-deuda cumple una segunda función muy importante, puesto que el blindaje del pago de la deuda obliga primero a las Administraciones a recortar en cualquier tipo de gasto que no sea el servicio de la deuda y sus desorbitados e insostenibles intereses, y luego, a privatizar o externalizar los mismos servicios públicos que el pago de la deuda ha convertido en inviables. 

Se intenta de este modo legitimar todo un acoso a las funciones y servicios públicos gratuitos y universales, pretextando para ello su insosteniblidad debido a su alto "coste" presupuestario, e instando a su derivación hacia el mundo de la iniciativa privada. Los autores del artículo de referencia concluyen de forma contundente: "La regla de gasto (...) es posiblemente una de las regulaciones económicas más brutales y contraproducentes de cuantas se inscriben en el de por sí irracional e injusto universo económico de la austeridad". En la práctica, cuanto más crecen los ingresos de una determinada Administración Pública y cuanto más alto es el superávit en sus cuentas, más dinero se destina para el pago de la deuda. Todo ello se calcula en relación a un modelo económico (ideológico en el fondo), que tiene por objeto inhabilitar de forma constante y en grado creciente cierto porcentaje de los recursos de las arcas públicas, precisamente para que las Administraciones no puedan dedicarlos a gasto social. En la práctica, esto significa que ninguna Administración (Estado Central, Ayuntamiento o Comunidad) puede realizar políticas económicas expansivas, y el intentar hacerlo puede costarle caro (que se lo digan, sin ir más lejos, al Ayuntamiento de Madrid de Manuela Carmena, que ha sido sancionado precisamente por esta causa). En Madrid, después de haber reducido gran parte de la deuda del Ayuntamiento, el Gobierno de Ahora Madrid ha intentado desarrollar políticas sociales hacia su población y revertir hacia el pueblo madrileño dicha situación de "bonanza" (relativa) económica, pero la tiranía del Ministerio de Hacienda de Cristóbal Montoro ha tirado para atrás dicho intento. 

El bienestar de las mayorías sociales se ve indefinidamente sacrificado en aras a un supuesto "saneamiento de las cuentas" que no es tal, sino simplemente una fijación u obsesión política para cumplir esa demencial e injusta "regla de gasto". Y así, las posibles inversiones sociales y productivas quedan interceptadas, los intentos de implementar políticas de justicia fiscal, social o económica quedan abortados, y las ansias de dedicar más recursos a los servicios públicos que disfrutan el conjunto de la ciudadanía quedan anuladas. Es una forma "legal" de consagrar la desigualdad, un mero mecanismo pseudoeconómico (pues se basa en puros preceptos ideológicos cuya veracidad nunca se ha demostrado) para atar los proyectos, objetivos e intenciones de cualquier Administración, Estado o Gobierno, para que nunca sea posible dedicar recursos públicos a reducir las tremendas desigualdades, y a diseñar políticas de justicia social. Necesitamos planificar una racionalidad económica y presupuestaria diferente, más eficiente, pero sobre todo más justa, que abandone de una vez por todas los mantras de una regla de gasto que en realidad obedece a serviles dogmas del neoliberalismo económico más fanático. Necesitamos enfrentarnos decididamente contra quienes, usando la deuda como un pretexto, aniquilan las posibilidades de disfrutar de servicios públicos gratuitos, universales y de calidad, para contribuir únicamente a la espiral de una deuda infinita que sólo beneficia a los más poderosos. La deuda ata de pies y manos a cualquier Administración que desde planteamientos políticos y sociales justos intente diseñar políticas y medidas que contribuyan a paliar y a reducir las desigualdades. Habrá desigualdad mientras no existan recursos, y no existirán recursos mientras el pago de las deudas y de sus intereses sigan copando una parte importante de los presupuestos públicos. Continuaremos en siguientes entregas.