Actualidad Política y Cultural - Blog de Rafael Silva

Aportábamos datos, desde el artículo anterior, sobre la violencia estructural que se practica asiduamente en nuestra frontera sur, es decir, en la frontera hispano-marroquí, basados en el informe de las organizaciones Iridia, Novact y Fotomovimiento, y comentados por Enric Llopis en este artículo para el digital Rebelion. Como estas mismas organizaciones reconocen, su trabajo es tedioso, y presenta innumerables dificultades. Documentar lo que ocurre en nuestra Frontera Sur no resulta un trabajo fácil, cómodo ni sencillo. Los autores del informe afirman que su trabajo se encuentra continuamente con las trabas de las fuerzas de seguridad, tanto españolas como marroquíes. Parece ser que es algo común, ya que otras organizaciones, asociaciones y activistas también han denunciado en muchas ocasiones estas dificultades, debido a la represión policial. La conclusión lógica nos lleva a pensar que, desde los estamentos oficiales, no se ve con buenos ojos que lo que ocurre allí sea conocido y documentado, elevado a la opinión pública, y para ello recurren a todo tipo de injusticias y artimañas, amparados por una legalidad cómplice. Hoy día parece que los Estados tienen una extraña e indecente habilidad para dar la vuelta a la tortilla de los Derechos Humanos, y hacer aparecer como delincuentes a las personas que los reivindican y que luchan por ellos. Bomberos, activistas de ONG (Open Arms, por ejemplo), activistas que salvan vidas, aquéllos que luchan por sus derechos (como el caso de Helena Maleno, afortunadamente con final feliz), y otros muchos nos llevan a pensar en esta dirección. Otro ejemplo fue la multa de 1.500 euros impuesta a la Asociación Prodein, acusada de "actos vandálicos" y "concentración ilegal", cuando organizaron un acto con niños y niñas de la calle para despedirse de un compañero muerto en Melilla. El informe citado, cuyas conclusiones estamos presentando, incluye también el caso de la fotógrafa Ángela Ríos, detenida en marzo de 2015 cuando trabajaba en el entorno de la valla melillense. Fue acusada de un presunto delito de tráfico de inmigrantes. Un juez archivó posteriormente el caso. Podríamos poner cientos de ejemplos más, que están a la orden del día. ¿Es señal de comportamiento de una sociedad plenamente democrática? Nos parece que no. 

Nos parece más bien la actitud típica de un Estado hostil, de unas Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que no desean que sus verdaderas labores sean conocidas, que sus prácticas sean reveladas, y que para ello cuentan con la complicidad de todo un sistema represivo a su servicio. Pero en fin...¿qué vamos a esperar de un Estado donde aún posee vigencia la Ley Mordaza? Pero volviendo al tema que nos ocupa, que es la violencia estructural en nuestra frontera sur, el informe de referencia presenta también el conocido y triste caso de las porteadoras, ya que ellas también sufren acoso, violencia y abusos de forma sistemática. Las porteadoras son también protagonistas de la vida cotidiana en la Frontera Sur. En su inmensa mayoría mujeres y de nacionalidad marroquí, tienen edades comprendidas entre 35 y 60 años y muchas de ellas viven en las zonas de Tetuán y Nador. Estas porteadoras trabajan por su cuenta, o a cambio de una cierta comisión. Se trasladan a Ceuta y Melilla para recoger fardos que pueden pesar alrededor de 90 kilos, que después transportan a territorio marroquí. Entonces entregan el fardo con las mercancías al cliente (en caso de trabajar por una comisión pueden cobrar entre 3 y 5 euros por fardo). Uno de los mayores problemas para ellas radica en el propio diseño de los pasos fronterizos, que lleva invariablemente a las aglomeraciones y al hacinamiento. Además, desde la apertura de los pasos a las 6 de la mañana hasta el cierre, las porteadoras intentan atravesarlos el mayor número posible de veces, con el fin de aumentar sus escasos ingresos. En las zonas de Ceuta y Melilla donde trabajan estas mujeres, operan la Guardia Civil y las Unidades de Intervención Policial (UIP). El informe, citando como fuente a varias organizaciones sociales, señala que "uno de los puntos donde se produce mayor violencia policial es en los pasos desde territorio español a marroquí; los casos de violencia verbal son diarios y las agresiones físicas muy comunes". Como podemos comprobar, necesitamos una nueva Política de Fronteras que no se centre en los elementos, diseños y estructuras que generan violencia de forma estructural, salvaguardando y preservando los derechos humanos. 

Citado en algún artículo anterior de pasada, hemos de remarcar que uno de los episodios más trágicos de violencia ocurridos fue el de la playa de El Tarajal (Ceuta), el 6 de febrero de 2014. A aquél grupo de migrantes, a la orilla de esa playa, en territorio español, les esperaban en grotesco comité de bienvenida, personal de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, equipados con abundante material antidisturbios, pelotas de goma incluidas, a pocos metros de los náufragos. Existen imágenes de todo ello, así como de lanchas de salvamento marítimo que no pudieron llegar a tiempo para evitar aquélla inútil e injustificable masacre: la muerte de 15 personas, en su mayoría dentro del agua, en ese tramo de frontera que parece muy difícil de trazar. Los migrantes sin embargo lo trazan muy bien, porque para ellos significa la frontera entre el hambre y la ocasión de poder emprender un proyecto de vida digno. Pero al parecer, no se lo ponemos nada fácil. Este episodio ha sido relatado por diversas fuentes, nosotros hemos elegido el presentado por Antonio Martínez López, Profesor de Sociología de la Universidad de Granada, en sus reflexiones publicadas en el digital Rebelion, al mes siguiente de los tristes hechos. Se sucedieron un sinnúmero de declaraciones confusas, contradictorias, unas más presentables que otras. Los responsables institucionales no estuvieron a la altura, ofreciendo relatos, algunos de los cuales eran auténticamente surrealistas. Este macabro acontecimiento sirvió para prohibir el uso de pelotas de goma en las operaciones de control fronterizo y de salvamento de los migrantes náufragos. Antonio Martínez expresa lo siguiente, refiriéndose al entonces Ministro del Interior (PP), Jorge Fernández Díaz: "Para el Ministro son inmorales todos aquéllos ciudadanos que se atrevan a anteponer en su pensamiento la existencia de quince personas inocentes muertas a la intachable actuación desde siempre, ahora y para siempre de la Guardia Civil, que para él sólo responde ante Dios y la historia". En efecto, teníamos la desgracia en esas fechas de tener que soportar a un Ministro de Interior, digamos, muy especial, que alentaba, por ejemplo, a que todas las personas que discrepáramos de su política, les diéramos nuestra dirección y teléfono, para poder enviar los migrantes a nuestra casa. Toda una ocurrencia digna de su triste personalidad. 

De nuevo, tirando de ironía, comenta Antonio Martínez: "Duele la muerte, pero puede doler más al ciudadano desarmado que subvenciona el gasto en municiones de las fuerzas del orden, que se produzcan estos derroches de recursos...en época de recortes. Duele mucho saber que los mismos guardianes de nuestra seguridad son los que están impulsando un código penal que podría llevarnos de nuevo a una edad de piedra con pelotas de goma, gases lacrimógenos, y escudos dispuestos en escuadrones de asalto al más puro estilo de la hollywoodiense Braveheart. Mal, muy mal asunto...la gente está muy asustada, y el miedo nunca es buen consejero de la democracia". Y concluye preguntándose: "¿Entendemos a día de hoy por derechos humanos, lo mismo que creo que entendían los que los pusieron en marcha y los centenares de miles de ONG's y movimientos sociales ciudadanos que les han dado cuerpo: un conjunto de derechos que tienen en su centro de gravedad el derecho a la vida de todos los seres humanos que existen en este triste, entristecido planeta?". Pues mucho nos tememos que no. Y no sólo que nuestra visión de los derechos humanos no es la misma, sino que además el escrupuloso respeto a los derechos fundamentales de todas las personas del mundo se viola constantemente, en aras a otros falaces eslóganes. Incluso son capaces (nuestros desalmados gobernantes, se entiende) de, en un ejercicio de cinismo sin límites, enarbolar la pancarta de la libertad, la justicia y la democracia, asentados sobre los pilares del desprecio a la vida humana en todas sus dimensiones. Es, por desgracia, el escenario al que actualmente asistimos. Y así, en el caso que nos ocupa del Tarajal, no solamente tuvimos que escuchar mil versiones distintas, falsas, incompletas y contradictorias entre sí, sino que además todo ello fue acompañado de una campaña mediática (de los medios de comunicación del régimen, cómo no) que se esforzaba en presentar (aún lo hacen) a las personas migrantes como auténticas hordas violentas. 

Este artículo publicado en el medio vasco Naiz ofrece un resumido rosario de todas ellas, en él nos basamos a continuación. La sucesión de vergonzosas declaraciones debió llevar a dimisiones inmediatas, pero no ocurrió así. Unos hechos y unas declaraciones sólo explicables por el afán de ocultar una realidad que, sin embargo, poco a poco fue aflorando a la superficie gracias a diversos testimonios, contradeclaraciones y vídeos grabados por algunas personas. A continuación los políticos y gobernantes se enzarzaron en la burda polémica sobre si los migrantes habían alcanzado suelo español o no. Los hechos confirmaron, en cualquier caso, la devolución de personas migrantes sin expediente administrativo alguno (lo que se ha dado en llamar "devoluciones en caliente"), prohibidas por la legalidad internacional, la normativa española y la europea. Todo un absurdo y macabro serial para intentar ocultar unos hechos absolutamente reprochables e intolerables, fruto de una sociedad violenta, desquiciada y fuera de lugar. Un esperpento que llevó al propio Ministro del Interior a contradecirse en una misma frase, cuando habló de la muerte de "15 personas en Ceuta, perdón, formalmente ha sido en Marruecos". ¿De verdad tiene mucha importancia donde hubiesen muerto esos migrantes pobres? ¿De verdad necesitamos ir a medir con una cinta métrica si ha sido en el lado español o marroquí donde han fallecido? ¿De verdad este señor no tenía más argumentos para justificar tal aberración? Paralelamente a las mil y una versiones ofrecidas por las autoridades españolas, nuestras autoridades de entonces (2014) fueron tejiendo un discurso donde la Guardia Civil pasaba de verdugo a víctima, sosteniendo que "el grupo de inmigrantes ha mostrado actitudes violentas". El propio Director de la Guardia Civil de dicho Gobierno, Arsenio Fernández de Mesa, lamentó que las ONG se preocupen solo por los migrantes y no de las condiciones en que trabajan los uniformados, en un intento de justificar lo injustificable. Es como si nos dijeran que siempre nos preocupamos de los palestinos, y no de las condiciones de vida de los israelíes. ¿Cabe mayor desvergüenza? Intentar difundir una equidistancia entre el oprimido y el opresor es de cobardes, en el mejor de los casos. Continuaremos en siguientes entregas.

La pobreza infantil se incuba en hogares lógicamente atravesados por la incertidumbre económica, que tienen que decidir continuamente a qué dedican sus limitados recursos. Ello provoca un estrés que pasa factura no solo a los padres, sino también a los hijos e hijas de la unidad familiar. Son típicos los hogares donde no se puede mantener una temperatura adecuada, que poseen humedades, o poca luz natural. Hogares pertenecientes a barrios inseguros, mal iluminados por la noche, con pocos y malos servicios, más peligrosos, más contaminados, situados en los extrarradios de las ciudades...Todo ello afecta al desarrollo psicosocial de los individuos desde su infancia, que se proyectará luego en su etapa adulta. El tiempo libre, la capacidad de juego, las relaciones sociales, etc., han de ser cultivados desde las edades más tempranas, pues son actividades fundamentales para el desarrollo integral del niño. ¿Cómo se puede atajar todo esto? Como decíamos al comienzo de este bloque temático, la mejor forma es atajando directamente la pobreza y la desigualdad, y no hay otro modo de hacerlo que proyectando políticas públicas que transformen dichos objetivos en sus prioridades. Hoy día, los presupuestos para acabar con estas situaciones son limitados y escasos, y las Administraciones Públicas no muestran realmente interés en acabar con estas terribles situaciones. De entrada, habría que partir de una prestación universal por hijo a cargo con una dotación económica digna. Y si existen condiciones de vulnerabilidad dicha prestación debería incrementarse exponencialmente. Pero aquí ocurre tres cuartos de lo mismo (en cuanto a argumentos en contra se refiere) que con la Renta Básica Universal. Tomamos como referencia el artículo de Sarah Babiker comentado en la entrega anterior. 

Veamos: existen quienes argumentan que por qué deben ellos pagar una ayuda por el hijo (por ejemplo) de Cristiano Ronaldo ("Si el sistema funciona, Ronaldo paga por 80 niños y niñas a través de los impuestos"). Bien, ante este argumento, tenemos que decir que los hijos, desde este punto de vista, no pertenecen a los padres, sino que son sujetos de pleno derecho e independientes de sus progenitores, teniendo derecho a ese mínimo vital. Y como siempre, el otro argumento típico de los detractores de la prestación universal por hijo a cargo sospecha de las propias familias ("¡A ver en qué se lo iban a gastar!"). La verdad es que nos tiene que dar igual en qué se lo gasten, puesto que hay que verlo únicamente como un mecanismo de redistribución, es decir, como una manera de destinar recursos donde no los hay. Pero al igual que con la RBU, nos cuesta mucho esfuerzo hacer que estos argumentos sean comprendidos y asumidos por los padres y madres. Necesitamos una visión más amplia de los derechos, y necesitamos anular de nuestras mentes los prejuicios reaccionarios, que nos impiden ver las cosas como son. Los niños y niñas pobres se enfrentan también a otros muchos aspectos indeseables: la violencia, el rechazo de sus iguales, una educación deficiente, una participación insuficiente, y todo ello además de forma multiplicada cuando se trata de menores migrantes (los MENA). Hace falta combatir la discriminación en la infancia y la adolescencia, avanzar en la promulgación de una ley integral contra la violencia hacia la infancia, fortalecer el apoyo a las familias, mejorar la dotación presupuestaria para planes transversales por los derechos de los niños y niñas, mejorar la coordinación entre las diversas instituciones y ONG que abordan los problemas de la infancia, y facilitar los procesos de asilo a los MENA, favoreciendo su plena inserción social. 

Es muy triste que hoy día, a 30 años de la promulgación de la Convención Internacional de los Derechos del Niño y de la Niña, no se conozcan prácticamente los derechos políticos y sociales de la infancia, y mucho menos se pongan en práctica de una forma garantista. Nuestras sociedades continúan practicando y asumiendo un adultocentrismo generalizado, que consiste en pensar que los niños y niñas no son sujetos en sí mismos, sino que pertenecen a su madre o a su padre, o al tutor o tutora de referencia, o a la institución de referencia. Por su parte, la escuela pública también se ha convertido en un espacio segregador. Según un estudio de reciente publicación de la OCDE, la mitad de los estudiantes españoles de clases pobres se concentran en escuelas en condiciones depauperadas. Si además de proyectar la desigualdad en sus familias las proyectamos en sus colegios, ya tenemos todas las piezas del puzzle para condenar a dichos niños y niñas en su posterior etapa adulta. Esto explica también que nuestra tasa de abandono escolar temprano sea una de las más altas de la Unión Europea. En este sentido, como afirma José Carlos García Fajardo (Profesor Emérito de la UCM y y Director del Centro de Colaboraciones Solidarias) en su artículo "No es país para niños pobres", la educación es la herramienta más poderosa para romper el ciclo de transmisión de la pobreza de padres a hijos. La escuela debe ser el estamento universal donde todos los niños y niñas puedan ser incluidos, con plenas garantías de proporcionales una educación de máxima calidad, que pueda colocarlos, a su vez, en la mejor rampa de lanzamiento para conseguir que lleguen a adultos con plenas posibilidades y oportunidades. Una sociedad justa debe garantizar que todos los niños y niñas puedan ser todo lo que quieran ser. Pero desgraciadamente, el pleno desarrollo de la infancia no es una prioridad política en casi ningún país del mundo. 

Pero si supuestamente disfrutamos de un Estado de Bienestar...¿por qué ocurre esto? Pues porque, como explica García Fajardo, el ADN de nuestro Estado de Bienestar es la protección de los trabajadores, no del conjunto de los ciudadanos sin tener en cuenta su situación laboral. Incluso cuando se han desarrollado leyes y normativas de protección a la familia, hemos carecido de auténticas prestaciones que erradiquen la pobreza infantil. Ni las políticas públicas de protección social ni el sistema fiscal están diseñados para reducir la desigualdad y acabar con la pobreza. Únicamente se ponen parches. Es la política de la herida: sangra, pues ponle un parche. Vuelve a sangrar por aquí, pues ponle otro parche. Y así sucesivamente. Evitamos que se vea la sangre, pero no curamos la herida. Y la herida ya es profunda y estructural. Ya no sirven los parches. Si pretendemos mantener una generación que no se convierta en una generación pobre, debemos actuar en los adultos, pero también y sobre todo en la infancia. Pero como decimos, también hay que atacar la pobreza y la desigualdad en los adultos (los padres y madres de estos niños pobres) para atajar la pobreza infantil. Y ello porque como afirmamos al comienzo de este bloque temático, la pobreza infantil está fuertemente relacionada con la precariedad laboral, los bajos salarios y la inestabilidad en el empleo de los adultos, para concluir con el proceso de deterioro de las condiciones laborales de los padres, sin políticas sociales correctoras, como afirma Amaia Otaegui en el informe "El efecto de la crisis en el aumento de la pobreza infantil", publicado por la Fundación Primero de Mayo. En el desarrollo del Estado de Bienestar español, los menores no han logrado liberarse de su adscripción como dependientes, y como receptores de transferencias sociales a través de sus padres. 

Y es que como afirmábamos anteriormente, nuestro sistema deja fuera a la infancia del concepto de ciudadano, y se le desconsidera como colectivo sujeto de derechos, que tanto distingue a las sociedades democráticas modernas. Es llamativa su invisibilidad en el discurso político y mediático, y de las políticas de redistribución de la riqueza. Hay que entender a la infancia como un colectivo con entidad propia destinatario de una política social específica, más allá de los compromisos puntuales que el resto de políticas públicas puedan proyectar o incidir. Amaia Otaegui explica en el referido informe: "Si la infancia no es un sujeto central desde la perspectiva de los poderes y las políticas, desde donde se les concibe como "una carga o un peso", no ocurre lo mismo si lo observamos desde la perspectiva del consumo, en donde desde que nacen, los niños son considerados como grupo prioritario o "grupo precioso". Es por ello que los ideales de justicia social e igualdad de oportunidades, la idea de que no es inevitable ser pobre, ni serlo para toda la vida porque la pobreza no es un camino sin retorno, necesita para su materialización que se visibilice este fenómeno". Necesitamos definir políticas públicas orientadas a la protección específica a la infancia, desligando por tanto el resto de protecciones a los individuos o a las familias en general, de aquéllas que se dirigen concretamente a los niños y niñas de nuestra sociedad. La capacidad redistributiva del Estado no se ha utilizado para la infancia, a quien se ha considerado desde una política meramente instrumental, y en su caso, de carácter electoralista. Y es que más allá de las prestaciones de la Seguridad Social en forma de permisos y prestaciones por maternidad y paternidad, beneficios a las "familias numerosas", ayudas limitadas por hijos a cargo, ayuda por hijo discapacitado o pensiones por orfandad, la intervención directa y exclusiva sobre la infancia es casi inexistente. Continuaremos en siguientes entregas.

Como ya avanzamos al final de la entrega anterior, vamos a detenernos un poco más (con ayuda de este breve documento) en la exposición de una corriente de pensamiento muy influyente en el Buen Vivir, como es el Desarrollo a Escala Humana, cuyos pioneros fueron Manfred Max-Neef, Antonio Elizalde y Martín Hopenhayn. Ellos propugnan un nuevo concepto del desarrollo que se concentra y sustenta en la satisfacción de las necesidades humanas fundamentales, en la generación de niveles crecientes de auto dependencia y en la articulación orgánica de los seres humanos con la naturaleza y la tecnología, de los procesos globales con los comportamientos locales, de lo personal con lo social, de la planificación con la autonomía y de la sociedad civil con el Estado. El Desarrollo a Escala Humana descansa en una base que se construye a partir del protagonismo real de las personas, y para ello apunta hacia una necesaria profundización democrática. Al facilitar una práctica democrática más directa y participativa puede contribuir a revertir el rol tradicionalmente semi-paternalista del Estado, y convertirlo en rol estimulador de soluciones creativas que emanen desde abajo hacia arriba, y resulten por tanto más congruentes con las aspiraciones reales de las personas. El epicentro del desarrollo se centra sobre el ser humano, diferente por tanto al desarrollismo actual, centrado en los mercados. Cambiamos entonces el prisma de lo que significa una "sociedad desarrollada" como una sociedad donde sus miembros alcanzan la plenitud de su desarrollo, no donde las economías crecen bajo ciertos absurdos indicadores. Para ello, el Desarrollo a Escala Humana exige un nuevo modo de interpretar la realidad. Nos obliga a ver y a evaluar el mundo, las personas y sus procesos, de una manera distinta a la convencional. El desafío consiste entonces en que seamos capaces de manejar el enfoque de las necesidades humanas para orientar nuestras acciones, aspiraciones, objetivos, valores y comportamientos. 

Teniendo claro por tanto que el Desarrollo se refiere a las personas y no a los productos, la siguiente pregunta sería: ¿Cuál podría ser el indicador del crecimiento de los seres humanos? Está claro que el mejor proceso de desarrollo será aquel que permita elevar más la calidad de vida de las personas. Bien, pero...¿qué determina la calidad de vida de las personas? Los autores citados entienden que la calidad de vida dependerá de las posibilidades que tengan las personas de satisfacer adecuadamente sus necesidades humanas fundamentales. ¿Y cuáles son éstas? ¿Y quién decide cuáles son? Veamos: tradicionalmente se ha pensado que las necesidades humanas tienden a ser infinitas, que están constantemente cambiando, que varían de una cultura a otra y que son diferentes en cada período histórico. Para el Desarrollo a Escala Humana estas suposiciones son incorrectas, puesto que son producto de un error conceptual. Este error consiste en no explicitar la diferencia fundamental entre lo que son propiamente necesidades y lo que son satisfactores para dichas necesidades. Y es indispensable hacer una distinción entre ambos conceptos. Cada persona es un ser con necesidades múltiples e interdependientes. Por ello, las necesidades humanas deben entenderse como un sistema en el que las mismas se interrelacionan e interactúan. Simultaneidades, complementariedades y compensaciones son características de la dinámica del proceso de satisfacción de las necesidades. Estas necesidades pueden desagregarse conforme a múltiples criterios, y los autores citados apuestan por una combinación de dos criterios posibles de desagregación: según categorías existenciales y según categorías axiológicas. Esta combinación permite operar con una clasificación que incluye, por una parte, las necesidades del Ser, Tener, Hacer y Estar, y por la otra, las necesidades de Subsistencia, Protección, Afecto, Entendimiento, Participación, Ocio, Creación, Identidad y Libertad. 

De la clasificación propuesta se desprende que, por ejemplo, alimentación y abrigo no deben considerarse como necesidades, sino como satisfactores de la necesidad fundamental de Subsistencia. Del mismo modo, la educación, el estudio, la investigación, la meditación, la reflexión, etc., son satisfactores de la necesidad fundamental de Entendimiento. Por su parte, los sistemas curativos, la prevención y los sistemas de salud, en general, son satisfactores de la necesidad de Protección. Un satisfactor puede contribuir simultáneamente a la satisfacción de diversas necesidades, o a la inversa, una necesidad puede requerir de diversos satisfactores para ser satisfecha. Ni siquiera estas relaciones son fijas, sino que pueden variar según tiempo, lugar y circunstancia. Habiendo diferenciado los conceptos de necesidad y de satisfactor, es posible formular dos postulados adicionales. Primero: Las necesidades humanas fundamentales son finitas, pocas y clasificables. Segundo: Las necesidades humanas fundamentales son las mismas en todas las culturas y en todos los períodos históricos. Lo que cambia, a través del tiempo y de las civilizaciones, es la manera o los medios utilizados para satisfacer dichas necesidades. Ello nos permite centrar toda nuestra atención y nuestras energías en ellas, olvidando todas las necesidades "creadas" ad-hoc dentro de la sociedad capitalista, es decir, fabricadas por los propios mercados para la obtención de beneficios. Cada sistema económico, social y político adopta diferentes estilos para la satisfacción de las mismas necesidades humanas fundamentales. Y en cada sistema estas necesidades humanas fundamentales se satisfacen (o no) a través de la generación (o no) de diferentes tipos de satisfactores. Diríamos entonces que las necesidades son las pulsaciones primarias que los seres humanos emitimos (por ello son las mismas en todas las culturas), mientras que los satisfactores son las formas concretas de plasmar o cubrir dichas necesidades. 

Uno de los aspectos que define una cultura determinada es, precisamente, su elección concreta de los satisfactores. Las necesidades humanas fundamentales de un cierto individuo que pertenece a una sociedad consumista son las mismas de aquel que pertenece a otro tipo de sociedad. Lo que cambia es la elección de los satisfactores concretos, su cantidad y su calidad, y/o las posibilidades de tener acceso a los satisfactores requeridos. Por tanto, lo que está culturalmente determinado no son las necesidades humanas fundamentales (que ya hemos dicho que son universales y atemporales), sino los satisfactores pensados para ellas. El cambio cultural es, entre otras cosas, consecuencia de abandonar determinados satisfactores tradicionales para reemplazarlos por otros satisfactores nuevos y diferentes. Veamos un simple ejemplo: el trabajo humano (los puestos de trabajo, o los empleos como ahora se les llama) no son, al contrario de lo que pudiéramos pensar, una necesidad fundamental. Las culturas antiguas no tenían entre sus miembros la "necesidad de trabajar" para poder vivir. Es la sociedad capitalista la que (como muy bien explicó Marx en sus tratados) crea dicha necesidad, instando al individuo a trabajar para obtener (tras la consiguiente explotación del empleador por medio de la plusvalía) un salario mediante el cual podrá "satisfacer" sus necesidades. El trabajo humano, desde este punto de vista que aquí analizamos, es simplemente un satisfactor, pero ni siquiera un satisfactor de primer nivel (los que satisfacen directamente las necesidades), sino de segundo nivel, pues trabajamos para obtener un salario, y es éste el que nos permite adquirir bienes, servicios o productos que satisfarán directamente las necesidades de dicho individuo en la sociedad consumista y capitalista. En realidad, por ejemplo, dicho individuo necesita alimentarse, y el salario obtenido con su trabajo es el que le permite obtener dichos alimentos. 

Cabe agregar que cada necesidad puede satisfacerse a niveles diferentes y con distintas intensidades. Concretamente, se pueden satisfacer en tres contextos distintos: 1) En relación con uno mismo (Eigenwelt). 2) En relación con el grupo social al que pertenece (Mitwelt). 3) En relación con el medio ambiente (Unwelt). La calidad e intensidad de satisfacción tanto en los niveles como en los contextos dependerá de tiempo, lugar y circunstancia. La obligación de buscar para alcanzar este Desarrollo a Escala Humana no es un deber solamente individual, como si se pudiera conseguir con los esfuerzos aislados de cada uno. El Buen Vivir apunta a la comunidad, a la vecindad, al pueblo en definitiva, como grupo social determinado (organizado políticamente como se desee) la responsabilidad de alcanzar de forma conjunta e interdependiente la satisfacción de las necesidades de todos sus miembros. De esta forma, es un imperativo para todos y cada uno de los hombres y las mujeres que forman la comunidad, para las sociedades y para las naciones. En este sentido, la búsqueda del desarrollo integral del ser humano es cuestión de todos, independientemente de cualquier condición. En efecto, la cooperación para el desarrollo de todo individuo y de cada individuo es un deber de todos para con todos. Los pueblos y las naciones también tienen derecho a su desarrollo pleno, que si bien implica, como se ha dicho, los aspectos económicos y sociales, debe comprender también su identidad cultural y la apertura a lo trascendente. Ni siquiera la necesidad del desarrollo puede tomarse como un pretexto para imponer a los demás el propio modo de vivir o la propia fe religiosa. No sería verdaderamente digno un tipo de desarrollo que no respete y promueva los Derechos Humanos en todos los ámbitos, personales, sociales, económicos, políticos y culturales, incluidos los propios derechos de los pueblos y de las naciones. Continuaremos en siguientes entregas.

Continuando con la exposición de la vergonzante realidad que suponen los CIE, anómalos y terribles establecimientos consagrados a la política del encierro, al tratamiento de personas consideradas "ilegales" como si estuvieran en un campo de concentración, y que son la punta de lanza de todo el entramado vergonzoso que rodea a nuestra Política de Fronteras. Como afirma Arturo Borra en el artículo de referencia: "No hay ningún azar tras estas realidades: son producto de una política del encierro que produce maltratos físicos y psíquicos por parte de quienes detentan el monopolio de la ley y la violencia". Podemos afirmar, sin temor a equivocarnos, que el maltrato institucional, el clasismo, la xenofobia y el racismo se han convertido en política de Estado. Y cuando por fin estas personas, después de su terrible estancia en el CIE, son "liberadas", la mayoría de las veces lo son para ser expulsadas, lo que equivale a vetarles toda posibilidad de integración, al impedirles acceder a una posterior regularización, o a la obtención de un permiso de trabajo. Los CIE representan la forma más visible y palpable del desprecio que le profesamos como sociedad a las vidas de las personas que no nos interesan. Su estructura jurídica de excepción da pie a que lo excepcional sea en este caso la regla: vejaciones, insultos, abusos de autoridad, maltrato institucional, indiferencia y desprecio social. Estas personas son reducidas a cuerpos regulados a través de una violencia crónica, normalizada y proyectada, y ejercida discrecionalmente por un poder policial soberano. ¿Cómo es posible que una persona que no ha cometido ningún delito pueda ser encerrada en nombre de un supuesto "Estado de Derecho"? ¿Qué clase de abyecto racismo y xenofobia institucional pueden permitir que algunos seres humanos puedan ser tratados de esa forma por una falta administrativa? ¿Qué estado de degradación moral puede llegar a poseer una sociedad que admite estos centros? 

Los CIE, de esta forma, son la expresión más corrupta y brutal del desprecio al pobre, al diferente, al vulnerable, al desposeído. Paradójicamente, como señala Arturo Borra, nuestro ordenamiento  jurídico permite que unos imputados por delitos graves estén en libertad si tienen poder para pagar su fianza, mientras que otros que sólo han cometido faltas administrativas estén encerrados y sufriendo penurias por no tener recursos económicos suficientes para su defensa. ¿No es ésta la mejor radiografía de nuestra clasista política de fronteras? Es la perversión de un sistema que es blando con los poderosos, y fuerte con los débiles. Parece que hemos legitimado (ignorando el conjunto del derecho internacional) un perverso sistema en el que los derechos humanos son terriblemente violados en cuanto el ser humano no es ciudadano, sobre todo cuando la obtención de esa condición de "ciudadanía" depende del poder económico que se tenga. Un círculo vicioso tenebroso se nos vislumbra, cuando al reconocimiento de los derechos de ciudadanía se le superpone una denegación de tales derechos a los no-ciudadanos. Fabricamos de esta forma con estos extranjeros pobres seres humanos de tercera categoría, que no llegan ni siquiera al grado de ciudadanía, al grado del derecho a existir. Le negamos su propia existencia, los maltratamos por no ser nadie, por intentar existir en un mundo cruel donde sólo el que demuestra cierto poder puede obtener los derechos mínimos de existencia. Son únicamente seres "irregulares", "ilegales", objetos de persecución, carne de encierro. Los CIE señalan, sin ninguna duda, el grado de patologización de las estructuras sociales e institucionales que padecemos. Creemos que tras este sombrío diagnóstico, queda perfectamente que con los CIE sólo cabe una medida digna: cerrarlos. Es la única decisión decente que podría tomar cualquier Gobierno. En ese sentido, la presión social ciudadana debe mantenerse e incrementarse, hasta que consigamos esta realidad, que los CIE dejen de existir, que la política del encierro finalice. 

Los CIE se sitúan más allá de la frontera de lo humano, representan lugares que son la expresión prototípica de todo un engranaje político y social racista que es la antesala de las expulsiones y las devoluciones de migrantes, toda una maquinaria cruel y despótica, salvaje y brutal, que impone la violencia en la vida de miles de personas al año, y su existencia busca legitimar un sistema excluyente, xenófobo y desgarrador. Sólo cabe cerrarlos. La estancia en los CIE se alarga en la mayoría de las ocasiones, y se aplica igualmente para personas que poseen ya un elevado nivel de arraigo en su residencia. Los CIE también contribuyen al desarraigo, ya que son parte de la misma maquinaria que permite que una persona sea detenida en un territorio para ser encerrada en un CIE de otro territorio, alejándola de su familia, de sus amistades y de sus posibles redes de apoyo. Se ha demostrado que esto tiene un impacto psicosocial muy elevado en las personas que se encuentran encerradas, ya que aumentan aún más el aislamiento que el CIE les genera. ¿De verdad hay que llegar a tanta crueldad? ¿Es necesaria tanta insensibilidad? Es una política de fronteras únicamente centrada en la protección de las mismas, y en la detención y expulsión de cuerpos migrantes, que mientras son encerrados en estos tenebrosos lugares son víctimas de los más humillantes maltratos. Precisamente, las personas con más arraigo son tanto las más encerradas como las más expulsadas. El encierro en los CIE supone arrancar a estas personas de su cotidianidad, desalojarlas de sus vivencias y de sus posibilidades de integración, devolverlas a las más terribles experiencias. Si el internamiento es prolongado, puede suponer también la pérdida de sus trabajos u ocupaciones, en definitiva, una exclusión total. Pero no piensen los lectores y lectoras que esta situación se da en inmigrantes recién llegados o que llevan poco tiempo entre nosotros. Este artículo de Youssef Ouled para el medio EsRacismo.com, del cual tomamos gran parte de los datos que en esta entrega relatamos, nos cuenta la historia de Badara, un senegalés de 42 años, que llegó a España en 1992, contando tan solo 16 años. Lo hizo mediante Visado Schengen, pero después experimentó la estancia en un CIE. 

Pues bien, Badara llevaba en España 23 años, y se había dedicado a la mecánica y a la construcción, carecía todavía de una situación administrativa regular, una situación que le impedía acceder a sus derechos más básicos, a pesar del tiempo que llevaba en territorio español. ¿Cómo son posibles estos casos? SOS Racismo contabilizó hasta un total de 15 huelgas de hambre en señal de protesta por el internamiento y sus penosas condiciones, además de la posible deportación. Durante la época en que las ONG tenían vetado su acceso a los CIE (hasta 2010), hubo al menos dos huelgas de hambre. A todo ello se suma un sistema de absoluta indefensión judicial, donde muchos abogados ni aparecen por las instalaciones, o un encierro que supera el máximo de días estipulados. Desde SOS Racismo Madrid señalan, además, los intentos desesperados de los internos por ser escuchados, y decisiones arriesgadas ante el sufrimiento extremo, tales como los 7 intentos de suicidio y los 11 intentos de fuga. También sabemos que algunas personas han informado haber sufrido malos tratos, pero temiendo represalias, no han querido formalizar la denuncia. El panorama, como vemos, es incierto, macabro y desolador. Toda esta violencia no solo genera sufrimiento, sino también muerte. Recordamos los casos de Osamuyi Aikpitanyi de Nigeria (2007), Jonathan Sizalima de Ecuador (2009), Mohamed Abagui de Marruecos (2010), Samba Martine de Congo (2011, quizá el más mediático de todos), Idrissa Diallo de Guinea-Conakry (2012), Aramis Malukyan de Armenia (2013), y Mohammed Bouderbala de Argelia (2017). Osamuyi, de 23 años, moría asfixiado en pleno vuelo en un avión de la compañía Iberia, esposado y amordazado mientras se ejecutaba su deportación. Su muerte sacó a la luz las expulsiones con uso de medios de contención mecánica y protocolos de sedación con fármacos psiquiátricos en el traslado desde el CIE al aeropuerto.

De haber recibido la asistencia médica recogida por la normativa de los CIE, Samba Martine, procedente de República Democrática del Congo y registrada con el número 3106 en el CIE de Aluche, no habría fallecido aquél 19 de diciembre de 2011. La joven congoleña no fue atendida ni diagnosticada a tiempo, hasta que finalmente murió en el hospital. Y en el caso de Badara, sufría depresión y ansiedad, pero tampoco fue atendido correctamente. Les pidió que le llevaran al hospital para hacerle pruebas médicas, pero se limitaban a proporcionarle fármacos. Y en lo que se refiere a las deportaciones, hemos de señalar varios aspectos: en primer lugar, el trauma que supone una expulsión a una persona con arraigo en nuestro país. En segundo lugar, el indudable negocio que supone para determinadas compañías. Y en tercer lugar, y el más grave de todos, el hecho manifiesto (recogido en diversos informes de las ONG) de que no todas las personas son expulsables. Una persona puede ser expulsada en el momento en que exista un acuerdo de readmisión entre España y su país de origen. Los acuerdos en materia migratoria a menudo aparecen camuflados bajo la lógica de cooperación entre Estados y están dotados de gran opacidad y controversia, produciéndose éstos con terceros Estados, pero también entre Estados miembro de la propia Unión Europea. Existe también la práctica de la deportación exprés, una modalidad que permite ejecutar expulsiones en menos de 72 horas, sin apenas tiempo de formalizar recursos jurídicos, dado que en el plazo de 3 días deben aportar la documentación. Como puede deducirse, la opacidad en cuanto a esta modalidad de expulsión dificulta el acceso a los propios datos sobre las mismas. Al propio trauma que supone la deportación, se le unen todos estos inconvenientes, delimitando un proceso tercermundista, insolidario, indigno, indecente y alejado del mínimo respeto a los derechos humanos que se merecen estas personas. Continuaremos en siguientes entregas.

Y entre esos que tienen poco o nada, el mundo infantil es especialmente preocupante. En casi todas las regiones del mundo, la pobreza afecta a los niños de manera desproporcionada, ya que ellos/as tienen el doble de probabilidades que los adultos de vivir en pobreza extrema. Dada su extrema vulnerabilidad y dependencia, los niños no pueden hacer nada para salir de su situación de pobreza, de ahí que deban ser especialmente protegidos por cualquier gobierno que se precie de ser justo y sensible, democrático y avanzado. El interés superior de la infancia, como ocurre en tantos otros aspectos (niños migrantes, separación de sus progenitores, derecho penal...) debe primar, y obligar a considerar la pobreza infantil como una prioridad absoluta en la lucha general contra la pobreza a nivel mundial, en todas sus dimensiones. La Convención Internacional sobre los Derechos del Niño de 1989 nos insta a ello, pero pocos son los países que en el planeta llevan a cabo políticas de protección completas para el mundo infantil. La pobreza en la infancia, como ya señalábamos en el artículo anterior, tiene también repercusiones en otros ámbitos, ya que ralentiza el crecimiento y dificulta el aprendizaje. Como recoge el medio Contrainformación en este artículo de Xan Pereira, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) alertan de que si no lo impedimos, para el año 2030 contaremos con 167 millones de niños y niñas viviendo en situación de pobreza extrema en el mundo, y 60 millones de menores que no podrán acceder a la educación, suponiendo todo ello la quiebra futura de sus vidas, su imposibilidad de inserción y su descuelgue de las necesidades vitales y expectativas. 

Se estima, además, que si no se toman las medidas adecuadas, unos 69 millones de niños y niñas menores de 5 años morirán a causa de la pobreza, en un lapso de unos 15 años vista. Nuestro país tan solo invierte el 1,3% de su PIB en protección social a la familia y la infancia, lo cual está lejos de la media europea del 2,4%, y muy lejos de la inversión de países como Francia, que dedica un 2,5% de su PIB o Dinamarca, que reserva un 3,5%. En este sentido, el Comité de los Derechos del Niño denunció que los recursos para combatir la pobreza infantil en nuestro país han sido inadecuados. Estos niños y niñas de la fría estadística de la pobreza son candidatos a muchas cosas, todas ellas negativas: son candidatos a no disfrutar de oportunidades, candidatos a la brecha digital, candidatos a la pobreza energética, candidatos al abandono escolar, candidatos a la malnutrición, candidatos a sufrir bullying (acoso escolar), candidatos a la soledad, candidatos a reproducir patrones negativos, candidatos, en definitiva, a no tener futuro. Nuestra sociedad les arrebata el futuro en todas sus posibles dimensiones y facetas a estos niños y niñas de ahora, condenándolos a entrar y a no poder salir de un trágico círculo vicioso. La ONG Ayuda en Acción, a través de esta página, concreta las tres peticiones que debemos formular a nuestros gobernantes, para impedir que robemos el futuro a estos niños y niñas del presente:

1.- Impulsar un Pacto de Estado por la Infancia, donde se acuerden políticas y acciones que eliminen los riesgos de pobreza y exclusión a través de esta herramienta, para que de este modo, y a través del consenso generado en todas las fuerzas políticas, se eleve a la categoría de asunto de Estado el hecho de prevenir la pobreza infantil, combatirla y erradicarla. La mayoría de ONG y demás asociaciones que trabajan por la infancia están de acuerdo en dicha solicitud. 

2.- Evitar una desigual inversión en la infancia, promoviendo que se elaboren políticas para acabar con la desigual inversión que existe en España, a lo largo y ancho de sus Comunidades, y que provoca que la infancia tenga acceso a una menor o mayor protección, dependiendo del lugar donde residan. 

3.- Garantizar el acceso a las mismas oportunidades, garantizando que se asegure el acceso a una educación de calidad, equitativa e inclusiva, que permita que todos los niños y niñas en nuestro país tengan acceso a las mismas oportunidades. Ello no sólo tendrá como consecuencia una inclusión social de la infancia en su conjunto, sino que cuando lleguen a la edad adulta puedan llevar a cabo cualquier proyecto de vida digno que deseen, en igualdad de condiciones con cualquier otra persona. 

Salvador López Arnal recoge algunos datos y comparativas adicionales en este reciente artículo, que tomamos como referencia: la nutrición deficiente causa la muerte del 45% de los niños menores de 5 años en el mundo: 3,1 millones de niños mueren anualmente por esta causa (8.500 al día); 66 millones de niños asisten a clase con hambre en los países subdesarrollados. Según Unicef, se necesitan 3,2 mil millones de dólares para solucionar el problema (un poco menos de lo que cuesta un destructor de los 64 que posee la Armada de los Estados Unidos). Según Unicef y la OMS, 264 millones de niños no asisten a la escuela. Todo lo cual nos lleva a proporcionar un dato escalofriante y estremecedor: en el mundo hay alrededor de 350 millones de personas que literalmente "no existen", es decir, que no tienen ningún tipo de registro de su vida, que no son sujeto de estadísticas, que no figuran en ningún estudio, que no son objeto de preocupación, que no son dignos de atención por el resto del mundo. Hemos llegado a este grado de perversión moral. No nos lo podemos permitir. Menos aún con la infancia. Según este artículo del medio digital El Captor, España lidera el ránking de pobreza infantil de toda la Zona Euro, y ostenta el tercer puesto en el ránking mundial de pobreza infantil de los países de la OCDE. Lo hemos expresado en el gráfico adjunto, tomado de su propia elaboración. Los datos de este ránking, surgidos de un informe de finales de 2016, ubican a Turquía, Israel y España como los tres países de la OCDE cuya tasa de pobreza infantil es más alta, concretamente del 25,3%, 24,3% y 23,4%, respectivamente. Por encima del 20% solo se encuentran dos países más, Chile y Estados Unidos, con tasas respectivas del 22,5% y 20,2%, siendo un total de siete los países que sin llegar al 20% superan el ratio del 15%: México, Grecia, Portugal, Italia, Canadá, Japón y Letonia. 

Por debajo del 15% y sin descender de un ratio del 10% se sitúan doce países: Estonia, Eslovaquia, Polonia, Australia, Nueva Zelanda, Bélgica, Luxemburgo, Hungría, Francia, Holanda, República Checa y Austria, quedando los restantes 11 países (de los incluidos en la OCDE) con una tasa de pobreza infantil inferior al 10%. No podemos estar orgullosos de estos datos, sino que al contrario, hemos de promover todos los esfuerzos por dejar de ocupar tan indignante e indecente estadística. Finlandia y Dinamarca son los dos países con una menor tasa de pobreza infantil del mundo, con un 3,6% y un 2,7% respectivamente. Como en muchos otros asuntos, los países nórdicos son un referente a seguir. Lógicamente, no podemos entender estas tasas de pobreza infantil en modo aislado, pues son consecuencia lógica del resultado de la aplicación de perversas políticas neoliberales, que son las mismas que han ido desmantelando los servicios públicos del Estado del Bienestar, privatizando las empresas públicas, precarizando el trabajo, disminuyendo los ratios y mecanismos de protección social, creando trabajadores y trabajadoras pobres, desprotegiendo a las mujeres, e infrafinanciando los servicios básicos que toda sociedad necesita. Nuestro país es puntero en todo ello. De ahí que la situación de pobreza infantil sea solo una consecuencia directa del conjunto de políticas económicas, laborales, fiscales, sociales y culturales que se promueven. De una sociedad a todas luces injusta no podemos esperar situaciones justas, sino que los datos que la retratan han de ser, como es lógico suponer, equiparables y deducibles de las políticas que se practican. Si se fortalece la arquitectura de la desigualdad, es lógico que ésta se extienda y ocupe cada vez más facetas, más ámbitos y más sectores. Lo raro sería lo contrario. Continuaremos en siguientes entregas.