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25 marzo 2018 7 25 /03 /marzo /2018 23:00
Fuente Viñeta: http://www.elsalmoncontracorriente.es

Fuente Viñeta: http://www.elsalmoncontracorriente.es

Cuando salimos a la calle vemos comercios de todo tipo: supermercados, carnicerías, panaderías, tiendas de móviles, aseguradoras, sucursales bancarias… lugares que tendemos a englobar inconscientemente en la misma categoría, dado que comparten el mismo tipo de exposición en la calle, y la dinámica común de que son lugares en los que una persona entra a hacer algo. Son lugares que no son un misterio para nadie. No obstante, en el caso de las sucursales bancarias, mucha gente no tiene ni la más remota idea de lo que se mueve en la trastienda, detrás de los números y porcentajes

Vicente Soria

Continuando con la Banca Armada (ya citamos la génesis de esta expresión en entregas anteriores), vamos a tomar como referencia algunos datos e informaciones que nos deja Vicente Soria en este artículo para el medio "El Salmón Contracorriente", y que nos introduce en el alucinante mundo de las inversiones bancarias en el campo de las armas nucleares. Tanto la imagen como la cita de entradilla están tomados de dicho artículo. Y es que la gran banca privada (paradigma del más execrable negocio) hace negocio con todo y por todo el mundo, sin importarle ninguna consideración añadida. De ahí que de forma directa o indirecta, no hay entidad financiera (incluyendo aseguradoras, fondos de inversión y empresas relacionadas) que se resista a obtener algún mínimo rendimiento derivado de la participación en el sector del complejo militar-industrial, incluyendo a las empresas de armamento nuclear, en el mercado global. Algo de conciencia contraria a estas inversiones aberrantes se están viendo en las diversas reuniones de sus Juntas Generales de Accionistas, pero la fuerte objeción a este asunto por parte de quienes poseen alguna proporción en la propiedad bancaria está aún, por desgracia, en pañales. Desde el año 2010 el Centre Dèlas publica informes periódicos muy interesantes sobre toda esta problemática, y desde el año 2011 contamos también con diversas investigaciones en el ámbito del armamento nuclear. La organización PAX junto con otras organizaciones y la campaña internacional ICAN son quienes año tras año elaboran el informe titulado "Don't Bank on the Bomb", analizando y actualizando los vínculos entre el sistema financiero y las empresas fabricantes de armamento nuclear.

 

Ambas organizaciones y sus respectivas campañas se centran en señalar y denunciar el aspecto de la financiación, ya que sin ésta, obviamente, la industria armamentística tendría serias dificultades para seguir con su negocio. Vayamos a las cifras y a los protagonistas para las entidades españolas: a día de hoy, el BBVA sigue siendo el banco español más involucrado en este negocio con 2.820 millones de euros (hasta la fecha de redacción del informe). Concretamente, la entidad que preside Francisco González colabora en dos de los tres préstamos que se otorgaron a la empresa norteamericana Boeing, empresa que abastece, repara y realiza el mantenimiento, tanto en el ejército norteamericano como en el ejército británico, de misiles Trident II-D5, misiles balísticos intercontinentales para submarinos M51, siendo capaz, cada misil, de lanzar 12 cabezas nucleares a 12 objetivos distintos. Asímismo, el BBVA participa en la emisión de bonos de empresas como Aecom, parte activa en el mantenimiento de la infraestructura de Nevada National Security Site, un complejo clave en EE.UU. para la producción de armas nucleares. Al igual que con otras empresas como por ejemplo Airbus Group o Honeywell International, especializadas en la fabricación de submarinos-lanzadera M51, así como en los circuitos de los citados misiles Trident II. Al BBVA le sigue en este indecente ránking el Banco Santander, que mantiene la segunda posición desde hace varios años, con una inversión en el sector de 1.490 millones de euros. La entidad que dirige Ana Patricia Botín mantiene préstamos desde el año 2012 a varias empresas, tales como Safran, empresa francesa que desarrolla submarinos M51 para el transporte y el lanzamiento de misiles de cabezas nucleares.

 

El tercer lugar en cuanto a bancos españoles vinculados a empresas de armamento nuclear es para el Banco Sabadell, que con unos 26 millones de euros también saca tajada de este negocio. Concretamente, la entidad presidida por Josep Oliu participa con 17 y 12 millones de dólares en dos préstamos otorgados a la empresa Orbital ATK. Esta empresa estadounidense dedica parte de su actividad en la construcción de cohetes de propulsión para los misiles Trident II. En los tres casos expuestos (BBVA, Santander y Sabadell) el grueso de su implicación con dichas empresas armamentísticas se basa en la concesión de préstamos, pero también en la emisión de bonos y en la gestión de acciones de las mismas. Todo ello, es de justicia recordarlo, mientras mantenían cerrado el crédito para las pequeñas y medianas empresas de actividades diversas que enriquecen la economía real y productiva, lo que ha provocado el cierre de miles de ellas, y el subsiguiente paro masivo de sus correspondientes trabajadores/as. Todavía existe una gran carencia de información oficial de cara a la opinión pública en torno al uso, producción, comercialización y almacenamiento de armamento nuclear, así como de las inversiones existentes en las diversas empresas que producen este tipo de armamento. Vicente Soria finaliza su referido artículo en los siguientes términos, que suscribimos plenamente: "No podemos permanecer inertes frente a estas fechorías del sector financiero en general y de la banca en particular, y más cuando estas entidades nos rodean impunemente cuando caminamos por la calle, en nuestro día a día. La información referente a este tipo de informes debe ser difundida para que el público en general conozca dónde se invierte el dinero que depositan en sus cuentas bancarias (...). No podemos permitir que sigan jugando en bolsa --también-- con la posibilidad de obtener beneficios por la venta de armamento. No olvidemos que detrás de esas caras sonrientes con dientes blancos perfectamente alineados de los anuncios publicitarios, puede encontrarse un misil con capacidad para almacenar cabezas nucleares".

 

La realidad que tenemos que denunciar y a la que tenemos que enfrentarnos es que el lobby industrial-militar es ciertamente muy poderoso. ¿Quiénes lo forman? Pues siguiendo la definición de este artículo: "Con la denominación de lobby militar-industrial nos referimos al conjunto de organizaciones que rodean el militarismo entendido como la influencia de lo militar sobre lo político, es decir, las industrias de armas, los accionistas, las corporaciones financieras con fuertes intereses en ellas, los políticos que defienden esos intereses y que a su vez se encuentran vinculados a las industrias de guerra, los altos mandos de las fuerzas armadas, muchos de los cuales también tienen estrechos vínculos con las empresas de armas, las empresas de insumos y servicios que suministran a las fuerzas armadas, y finalmente, los organismos multilaterales militares donde también confluyen los intereses de todas las organizaciones anteriormente detalladas. Todos ellos son los beneficiarios directos de la inercia política que invade los países del mundo industrializado en favor de mantener un importante gasto militar para favorecer sus intereses particulares". Buena prueba de la potencia de este lobby lo constituyen los elevados gastos militares, la opacidad y ocultación con respecto a ellos, así como la práctica de las puertas giratorias. Por supuesto, nuestro país no es el único en padecer las nocivas influencias de este poderoso lobby, ya que es un fenómeno muy extendido por todo el mundo. La senda del pacifismo ha de acabar con dicha influencia, pues de lo contrario las políticas militaristas no cambiarán. Este lobby militar-industrial está detrás de las decisiones políticas en cuanto a Defensa, y en general, influye poderosamente en las directrices militares que se toman en el país.

 

Y uno de los ámbitos donde dicha influencia se manifiesta es el ámbito educativo. De hecho, la integración de la cultura militar en la educación viene experimentando un gran auge durante los últimos años. En palabras de Salvador Esteban, autor de este artículo para el medio Diagonal: "Los valores militares y la cultura de la defensa cada vez penetran más en la sociedad, auspiciados por una estrategia política que distintos colectivos califican como adoctrinamiento". Porque entonces, ¿cómo podríamos llamar a la inmersión que se hace a estos alumnos en los conceptos de patria, bandera, himno, Rey, etc., con los que ilustran sus clases? Bajo el objetivo de que los escolares conozcan cómo es el Ejército, diversas campañas institucionales están introduciendo estos contenidos en los planes de estudios de nuestros jóvenes. Y así, las fuerzas armadas se ofrecen a nuestros estudiantes como una alternativa laboral y educativa más, inculcando la cultura militar y haciendo comprender a la sociedad la necesidad de los Ejércitos para garantizar su protección ante las supuestas amenazas que nos acechan. Se intenta proyectar de esta forma un modelo de educación que asuma la guerra y la violencia como modo de vida. Se fomentan así una militarización del lenguaje, la justificación para la existencia de los Ejércitos, una construcción social del enemigo, etc., todo lo cual va forjando lo que Jordi Calvo Rufanges ha denominado como "la militarización de las mentes", en una acertada expresión, utilizada en la obra colectiva que intenta denunciar toda esta campaña. En vez de todo ello, lo que debiéramos fomentar en nuestros escolares es la cultura de la paz, de la fraternidad, de la empatía, de la cooperación y de la ayuda al desarrollo. Hace falta por tanto un proceso de desmilitarización de la educación, ya que la senda del pacifismo nos insta a formar a nuestros jóvenes justamente en los valores contrarios. Continuaremos en siguientes entregas.

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23 marzo 2018 5 23 /03 /marzo /2018 00:00
Viñeta: Dariusz Dabrowski

Viñeta: Dariusz Dabrowski

Los dueños del capital no tienen color de bandera: su único himno nacional es el billete de banco, que se tiñe de rojo (sangre) cuando alguien se les opone

Marcelo Colussi

Los grandes agentes empresariales también diseñan sus propios foros mundiales, donde se suelen reunir anualmente para intercambiar sus experiencias, planes y opiniones. Quizá el más famoso de todos sea el denominado "Foro de Davos" (por celebrarse anualmente en dicha ciudad suiza), considerado el gobierno mundial de los negocios. Como nos cuenta Alberto Acosta en este artículo para el medio digital Rebelion.org, este Foro Económico Mundial fue fundado en 1971 por Klaus M. Schwab (Profesor de Negocios Internacionales en Suiza). Este foro reúne en enero de cada año a diversos representantes de organismos internacionales (FMI, BM, OMC, OCDE...), diversas organizaciones políticas, económicas y sociales a nivel mundial, junto a diversos líderes empresariales, políticos, periodistas e intelectuales seleccionados por los propios organizadores del evento. Este Foro de Davos organiza charlas, talleres, mesas redondas, coloquios, presentaciones, discusiones y banquetes donde los más poderosos del mundo (y sus temibles voceros y vasallos) buscan "soluciones" a los problemas globales que ellos mismos van creando y diseñando. En palabras de Alberto Acosta: "Problemas a los cuales aplican viejas recetas, imposibilitando cualquier auténtica solución. Y luego de una parafernalia inútil, prometen volver el próximo año a seguir pensando y discutiendo sobre esas grandes soluciones que ocultan sus reales intenciones". Bien, la pregunta que podemos plantear es la siguiente: si comparamos los planteamientos y decisiones que se puedan adoptar en Davos con (por ejemplo) las que se puedan adoptar en las sesiones de la ONU...¿cuál de las dos creen los lectores y lectoras que pesarían más?

 

No creo que ningún lector o lectora haya sido tan ingenuo/a como para pensar que pesan más las de la ONU. Porque la triste realidad es que Davos influye más en los destinos del mundo que muchas cumbres de Naciones Unidas, incluyendo sus Asambleas anuales, lo cual demuestra hasta qué punto los intereses del capital mundial pesan más que los intereses de los Estados, naciones y países del mundo. Y al igual que Davos, muchos otros foros internacionales se celebran en diversos sitios del mundo, donde los más poderosos del globo se reúnen para proteger sus privilegios y asegurar la acumulación de sus capitales, buscando siempre nuevos espacios de enriquecimiento, nuevos modos extractivistas para atentar contra la naturaleza, nuevos nichos de negocio, nuevas formas cada vez más sofisticadas para exprimir a los mercados, y nuevos dogmas neoliberales que exploten a los trabajadores y trabajadoras, creando más desigualdad entre ricos y pobres. Y mientras pergeñan sus malvados planes de "austeridad" (un eufemismo que esconde el proyectado empobrecimiento de las mayorías sociales) para las poblaciones de los países, ellos (los dirigentes de estos foros y sus asistentes y representantes y voceros) estudian cómo incrementar sus ingresos, y beneficiarse de cada vez más ventajas económicas, fiscales y presupuestarias. Sigo a continuación algunos datos aportados por Hedelberto López Blanch en este artículo para el medio digital Rebelion.org: El FMI, punta de lanza de los macro ajustes a nivel mundial, se caracteriza también por pagar abultados salarios a sus directivos. Según su memoria anual de 2013, el Fondo contaba con un presupuesto de 740 millones de euros y el 80% estaba destinado al pago de su plantilla de 2.400 empleados y el 10% para gastos de viajes. 

 

La actual Directora Gerente del FMI, la francesa Christine Lagarde, ostenta el sueldo más elevado de todos los personajes que dominan el mundo. Controla el dinero que los países aportan a la institución y determina quiénes, cómo y cuándo lo recibirán. Esta mujer lleva años predicando la reducción salarial de los trabajadores, pero desde que llegó al cargo, se incrementó el sueldo en un 11% (que hoy supera los 450.000 euros anuales), mientras los supervisores y gerentes reciben más de 300.000 euros y los directores ejecutivos unos 180.000 euros. A su elevado sueldo se suman algunas ventajas adicionales, pues al ser francesa y presidir un organismo internacional con sede en Estados Unidos, no tiene necesidad de declarar impuestos en ningún país, y dispone de un suplemento para gastos de representación que era (hace 6 años) de 58.000 euros exentos de tributación. El FMI reserva para los gastos personales de su Presidente/a un fondo que asciende a unos 65.000 euros al año, destinado a que mantenga un nivel de vida "apropiado" a su posición. Siempre debe viajar en primera clase y tiene derecho a una pensión vitalicia del 60% del sueldo cobrado, que además aumenta en función del tiempo ocupado en el cargo. Concretamente, desde el 2011 (cuando llegó a la dirección) ha recibido más de 2,2 millones de euros. Otro de los cargos más potentes es el del Presidente del Banco Central Europeo (BCE). Cuando comenzó la crisis en 2007, el cargo tuvo un incremento salarial del 2,6% y fue subiendo paulatinamente en 1,9% en 2008, 2,5% en 2009, 2% en 2010 y 0,8% en 2011 y 2012, mientras predicaban por tierra, mar y aire la austeridad más férrea para la clase obrera y los sectores más vulnerables de las poblaciones. Desigualdad obscena, pero además proclamada y descarada. Desigualdad abierta y sin tapujos. 

 

En la actualidad, el ex Presidente del BCE, Jean Claude Trichet, recibe un sueldo anual de 367.800 euros libres de impuestos. Por su parte, el Vicepresidente del BCE de entonces, Víctor Constancio, recibió en 2013 un salario de 324.214 euros, y Mario Draghi, al frente del BCE, ganó alrededor de 389.000 en 2016, un 1% más que en 2015. Las mejoras también se han aplicado a los sueldos del resto de los miembros del Consejo Ejecutivo del BCE, que vieron incrementarse sus salarios a 270.168 euros anuales. La estructura salarial del Banco Central Europeo prevé que sus ejecutivos perciban prestaciones por residencia y representación. El Presidente dispone de una residencia oficial propiedad del BCE para su uso particular, a la par que los miembros del Consejo Ejecutivo cuentan con derecho a representaciones tanto por residencia como para educación de sus hijos/as, así como deducciones fiscales para sus planes privados de pensiones y seguros médicos. Los salarios de todos los empleados del BCE han continuado subiendo durante todos estos años de crisis-estafa, durante los cuales el BCE era, al igual que todos los demás organismos e instituciones, otra correa de transmisión para la imposición del neoliberalismo más descarnado en todos los países europeos, en detrimento de las clases populares, y para el apoyo, rescate y enriquecimiento de las grandes empresas y de los más ricos y poderosos. Desigualdad explícita y declarada. Desigualdad institucional. Desigualdad escrita negro sobre blanco en los Tratados europeos que vinculan y limitan las funciones y responsabilidades de todos estos organismos, para que hagan exactamente lo que tienen que hacer en pro de legitimar, aumentar y perpetuar esta criminal desigualdad. 

 

López Blanch finaliza su artículo en los siguientes términos: "De esta forma se demuestra la incoherencia entre las drásticas medidas de austeridad que imponen esas instituciones y organismos financieros a los gobiernos y trabajadores del mundo mientras sus empleados y funcionarios incrementan anualmente sus salarios". Escudándose en viejos dogmas del neoliberalismo más atroz, cuyos fracasos han sido demostrados por activa y por pasiva cientos de veces, y cuyas recetas económicas han sido ampliamente superadas en diversos estudios de economistas mundiales de prestigio (incluyendo a varios Premios Nobel de Economía), estos guardianes del capitalismo globalizado, expresado en los Foros Económicos y en estas perversas instituciones, diseñan de forma macabra toda una serie de planes enfocados maliciosamente a proyectar las desigualdades, a destruir el poder de las clases obreras en todos los países del mundo, y a instalar las desigualdades sin posibilidad de retorno. Se aseguran mediante múltiples mecanismos de chantaje que sus vasallos gobernantes obedecerán sus órdenes, y como mucho, cada cierto tiempo publican informes donde reconocen ciertos "errores" de planteamiento, mientras continúan recomendando la salvaje "austeridad" que conduce al empobrecimiento masivo. Es hora ya de plantar cara a estas abyectas instituciones, es hora de rebelarse ante sus dictados y sus normas, de desobedecer los tratados europeos, y de no asumir los planes y recetas económicas diseñadas por los más poderosos, esos que mientras recomiendan leyes de austeridad (incluso a niveles constitucionales), gozan y disfrutan de vidas lujosas y de ingresos desorbitados plenamente garantizados de por vida. ¿Puede existir mayor vergüenza? Continuaremos en siguientes entregas.

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21 marzo 2018 3 21 /03 /marzo /2018 00:00
Viñeta: Artsenal

Viñeta: Artsenal

Queremos votar un nuevo país con separación de poderes, independencia informativa, control a las élites, redistribución de la riqueza, protección de los desfavorecidos, futuro para los jóvenes, servicios sociales accesibles y públicos, plurinacionalidad y democracia más representativa y participativa en la que decidamos también el modelo de Estado: monarquía o república. Queremos votarlo todo y queremos votarlo ahora

Javier Gallego

Otro asunto de suma importancia que deberá abordar el Proceso Constituyente (y reflejar en la nueva Constitución que de él surja) será el del absoluto y total blindaje de los derechos humanos (entendiendo por éstos el conjunto de los derechos políticos, civiles, sociales, económicos, culturales y medioambientales, incluidos los nuevos derechos emergentes, a los que les dedicaremos próximamente una serie de artículos separada). Y ello porque en la actual Constitución de 1978, los derechos humanos fundamentales no están lo suficientemente protegidos. Lo afirman, entre otros muchos, Héctor Illueca y Manolo Monereo en su libro "España. Un proyecto de liberación", algunos de cuyos pasajes seguiremos a continuación. Estos autores afirman que mientras los derechos individuales se encuentran plenamente positivizados en la CE 78 y gozan del máximo nivel de protección jurídica, la mayoría de los derechos sociales se consideran como simples principios programáticos, cuya eficacia práctica dependerá de lo que establezcan las leyes que los desarrollen. En este sentido, se permite cierto arbitrio a los legisladores para delimitar el alcance exacto de la aplicación de estos derechos, y es debido a ello el enorme retroceso que estamos experimentando en los mismos. Ello ocurre porque en la CE 78 se plasman como una opción legislativa basada en supuestos ideológicos más que en criterios jurídicos, que se impuso irremediablemente durante el transcurso de un período de transición política hegemonizada por las fuerzas más conservadoras vinculadas con la dictadura franquista. 

 

En base a ello, el reconocimiento de los derechos sociales se plasma en un garantismo jurídico débil que resta fuerza normativa a la Constitución y otorga al legislador un amplio margen de discrecionalidad para delimitar y regular las condiciones de su ejercicio. Pero vayamos por partes, haciendo un somero repaso al planteamiento constitucional vigente. La CE 78 distribuye el conjunto de los derechos sociales contemplados en tres grandes categorías, atendiendo al nivel de protección y eficacia jurídica dispensado en cada caso. El primer grupo está constituido por un reducido elenco de derechos sociales que la actual Carta Magna eleva a la categoría de fundamentales: el derecho a la educación (Art. 27.1 CE), el derecho a la libertad sindical (Art. 28.1 CE), y el derecho de huelga (Art. 28.2 CE). En caso de vulneración de los mismos, el legislador rodea estos derechos del máximo nivel de protección y garantías constitucionales, habilitando un procedimiento preferente y sumario ante los tribunales ordinarios, así como la posibilidad de interponer recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional (Art. 53.2 CE). Además, en este ámbito rige una estricta reserva de ley orgánica, cuya aprobación exige el pronunciamiento favorable de la mayoría absoluta del Congreso (Art. 81 CE). Por último, la (posible) reforma constitucional en torno a estos preceptos se canaliza a través del procedimiento extraordinario establecido en el artículo 168 CE, que, entre otros preceptos, exige una mayoría de dos tercios de ambas Cámaras y su ratificación mediante referéndum, para poder llevarlas a cabo. Como estamos viendo, por tanto, su nivel garantista es ciertamente elevado. 

 

Pero frente a la protección extraordinaria que nuestra Constitución otorga a dichos derechos fundamentales, existe un segundo grupo de derechos que reciben un nivel de protección ordinario o intermedio, relevante y significativo desde un punto de vista jurídico, pero mucho menos eficaz y garantista que el expuesto anteriormente. Tal es el caso del derecho al trabajo (Art. 35.1 CE), el derecho a la negociación colectiva (Art. 37.1) y el derecho a adoptar medidas de conflicto colectivo (Art. 38.2). De acuerdo al Art. 53.1 CE, estos derechos vinculan a los poderes públicos y se encuentran sometidos al principio de reserva de ley ordinaria, que en todo caso debe respetar el contenido esencial de los mismos so pena de inconstitucionalidad. Para este caso, la (posible) reforma constitucional sigue el procedimiento ordinario estipulado en el Art. 167 CE, lo que significa que, en última instancia, podrá ser aprobada por mayoría de dos tercios del Congreso de los Diputados y mayoría absoluta del Senado, debiendo someterse a referéndum cuando así lo soliciten al menos una décima parte de los miembros de cualquiera de las Cámaras. Finalmente, junto a los derechos fundamentales y a los derechos de los ciudadanos (como estamos viendo expresados en un catálogo muy breve), nuestra actual Carta Magna añade un último grupo de derechos específicamente sociales que apenas gozan de protección jurídica, y se encuentran incluidos en el Capítulo III del Título I, bajo el epígrafe "Principios rectores de la política social y económica". Es evidente que el Proceso Constituyente deberá consensuar las transformaciones necesarias para que una nueva Constitución refleje el conjunto de derechos sociales, económicos, políticos, civiles, laborales, culturales y medioambientales de forma más estricta, garantista, completa y coherente. 

 

En lo que sigue, y tomando como referencia a los autores citados, pero aportando también nuestra visión, vamos a anotar a título ejemplificativo los principales derechos sociales incluidos en dicho Capítulo de nuestra Carta Magna, reparando sobre todo en la flexibilidad de la fórmula empleada por el legislador constitucional que, salvo excepciones, recurre a mandatos de carácter programático y encomienda a los poderes públicos el establecimiento y desarrollo de las condiciones que deben regir su ejecicio:

 

1.- Los poderes públicos "aseguran la protección social, económica y jurídica de la familia" (Art. 39.1 CE). Frente a ello, la protección social familiar es cada vez más escasa, y la económica no se garantiza en absoluto. Los cómputos de las "unidades familiares" sólo se tienen en cuenta en este sentido para asignar indecentes cuotas de ingresos que conducen a la miseria y a la pobreza a millones de familias. Por otra parte, las condiciones económicas negativas también están conduciendo a niveles bajos de natalidad, con lo cual evolucionamos hacia pirámides sociales muy peligrosas. Todo ello sin citar la conservadora visión de los modelos de familia aún imperantes, dominados todavía por la enorme influencia (negativa) de la Iglesia Católica. 

 

2.- Corresponde a los mismos velar "por la seguridad e higiene en el trabajo" y garantizar "el descanso necesario, mediante la limitación de la jornada laboral, las vacaciones periódicas retribuidas y la promoción de centros adecuados" (Art. 40.2 CE). Sin embargo, la realidad nos informa de que los accidentes laborales son cada vez mayores en número y en gravedad, de que la siniestralidad laboral va en aumento, y de que las empresas continúan violando los preceptos de la seguridad laboral. Y si hablamos de descansos, vacaciones y conciliación, las cifras son aún más deprimentes, pues la enorme e imparable precariedad laboral lo inunda todo, y contribuye a que los sueldos sean más bajos, la protección social más escasa, la temporalidad más alta, y las cotizaciones más limitadas. El resultado final es un peligroso cóctel explosivo de cara al mantenimiento de una mínima estabilidad y paz social, y de que el trabajo siga siendo un vehículo de realización y felicidad humana, así como un aporte al mejoramiento de la comunidad. 

 

3.- Los poderes públicos "mantendrán un régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente en caso de desempleo" (Art. 41 CE). Abundando en el punto anterior, las situaciones de desempleo cada vez están menos cubiertas, han aumentado las edades mínimas para poder percibir subsidios indefinidos, los períodos de desempleo son cada vez mayores, y las condiciones que se necesitan para consolidarlos son cada vez más exigentes. 

 

4.- Se reconoce y ampara "el derecho a la protección de la salud" (Art. 43.1 CE). No obstante, compete a los poderes públicos "organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios" (Art. 43.2 CE). Pero sin embargo, el sistema sanitario público está sufriendo una peligrosa escalada de acoso y derribo, mediante un ataque combinado a base de privatizaciones, recortes materiales y humanos, disminución presupuestaria, y endurecimiento de las posibilidades de acceso a un sistema universal de salud, absolutamente público y gratuito. 

 

5.- Los poderes públicos "promoverán y tutelarán el acceso a la cultura" (Art. 44.1 CE). El frente de la cultura ha sido también atacado, no sólo mediante recortes encubiertos y explícitos a la libertad de expresión (la ley mordaza a la que hace referencia la imagen de entradilla es un buen ejemplo de ello, y afecta también al arte y a la cultura en general), sino también en cuanto a reducciones presupuestarias para asuntos culturales, y elevación de los impuestos (como el IVA cultural) que se aplican a determinados espectáculos. Por su parte, los medios de comunicación públicos no realizan una tarea cultural adecuada de cara a la posible audiencia.

 

6.- Se reconoce el derecho a disfrutar de "un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona" (Art. 45.1 CE), correspondiendo a los poderes públicos velar "por la utilización racional de todos los recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de vida y defender y restaurar el medio ambiente" (Art. 45.2 CE). Pero la realidad nos muestra que la deriva de las últimas décadas nos conduce a peligrosos derroteros donde la contaminación, las emisiones de gases, y sobre todo, el poco (o nulo) respeto que se infunde a la naturaleza (abanderado por las aberrantes prácticas empresariales) y a los animales, protagonizan el escenario diario de nuestro medio ambiente. 

 

7.- Se reconoce y proclama el derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada, encomendándose a los poderes públicos la misión de promover "las condiciones necesarias y [...] las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho" (Art. 47 CE). Pero en cambio, la evolución de los últimos años ha sido la de considerar la vivienda como un lujo al alcance de unos pocos, promoviendo la mercantilización de lo que es un derecho humano fundamental, para el enriquecimiento de los bancos, y de las empresas constructoras e inmobiliarias. Miles de desahucios continúan produciéndose cada día, mientras no se fomentan las verdaderas viviendas de alquiler social, accesibles al conjunto de la población de una forma estable. 

 

8.- Los poderes públicos "garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad" (Art. 50 CE). Pues precisamente en el momento de escribir esta entrega, tenemos a los pensionistas de todo tipo y lugares del país protagonizando masivas manifestaciones, porque sus pensiones precarias los están empobreciendo a marchas forzadas. No se lleva a cabo una justa revalorización, ni se garantizan unas pensiones mínimamente dignas para estas personas, que son otro de los colectivos más atacados por la ofensiva neoliberal disfrazada de "crisis económica". 

 

Como vemos, el Proceso Constituyente necesitará completar, reorganizar, ampliar, consensuar, garantizar, expresar, recoger y matizar de forma más concreta todo el conjunto de derechos recogidos en el presente artículo (y muchos otros que iremos comentando), para poder ofrecer una nueva Constitución mejorada en todos estos aspectos. Es absolutamente necesario el blindaje constitucional de todo el rango de derechos humanos, catalogados en sus diferentes especialidades, para poder garantizar que ningún Gobierno pueda atentar contra ellos. Continuaremos en siguientes entregas.

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19 marzo 2018 1 19 /03 /marzo /2018 00:00
Viñeta: Mary Zins

Viñeta: Mary Zins

Los EE.UU. y la U.E. practican la “guerra total” desde los cielos, sin perdonar ningún ámbito de la vida civil cotidiana. Bombardean barrios, mercados, infraestructuras vitales, fábricas, escuelas y centros sanitarios. La consecuencia de sus bombardeos diarios y “normales” es la eliminación total de las propias estructuras necesarias para la existencia civil, provocando la desposesión masiva y la migración forzosa de millones de personas que buscan su seguridad

James Petras

En efecto, nada de eso les importa si consiguen alimentar al negocio de la guerra, si consiguen explotar los recursos naturales de los países devastados, si consiguen que crezca el complejo militar-industrial. Y no les importa, por supuesto, la enorme deuda militar generada por los desorbitados gastos en Defensa, una deuda a todas luces ilegítima y odiosa. Y la opinión pública tan contenta, bajo el difundido mantra de que son gastos necesarios para nuestra defensa. Ajena al conjunto de opacidades, ocultaciones, mentiras y subterfugios que contienen los presupuestos, muchos de los cuales ya hemos contado en anteriores entregas, la opinión pública sigue asumiendo que los gastos en defensa son absolutamente necesarios, mientras continúa sufriendo en sus propias carnes los indecentes recortes de gasto en muchas otras partidas sociales. Y mientras en las ruedas de prensa los portavoces minimizan estos gastos aparentando austeridad, se acaba gastando anualmente, desde hace más de una década, en torno a un 16% más de lo oficialmente presupuestado, lo que genera un constante sobreendeudamiento al Estado. En resumidas cuentas, mientras nos aleccionan para que comprendamos que la crisis la hemos generado nosotros, y que por tanto debe reinar la "austeridad" en las diversas partidas de gasto social, recortando en educación, sanidad, servicios sociales, desempleo, pensiones, dependencia, etc., siempre hay más dinero para armas. Pero lo hacen por la puerta de atrás, es decir, aprueban cada año un presupuesto militar insuficiente, para después durante el ejercicio aprobar créditos y otras artimañas contables (traspasos e ingresos suplementarios) para incrementar el gasto del Ministerio de Defensa. 

 

Y en el centro mismo de todas estas inversiones, en el corazón de todas ellas, nos encontramos con el gran actor económico por excelencia: la banca. Ya hemos adelantado algo sobre esta cuestión en anteriores entregas, pero lo contaremos a partir de aquí con más profundidad. Parece ser que banca y armas son un matrimonio muy bien avenido. De hecho, al complejo militar-industrial se le podría añadir un tercer elemento: bancario. Durante los últimos años las inversiones en armas de la banca española (y de la extranjera con sucursales en el Estado Español) ha experimentado un extraordinario aumento, según los sucesivos informes publicados por diversas asociaciones antimilitaristas y especializadas en el tema, como el Centre Délas, el Colectivo Utopía Contagiosa, el CADTM, Ecologistas en Acción o el Colectivo Tortuga. Se da además una circunstancia muy curiosa, como es el hecho de que precisamente los bancos que más aumentan sus inversiones en armas son aquéllos que afirman tener las mejores normativas y políticas al respecto. Parece ser que la mentira y el cinismo van de suyo. No cabría esperar otra cosa. Entre dichos bancos, nombres como el BBVA, Santander, Bankia, Banca March, Liberbank, Caixabank, Banco Sabadell o Banco Popular, sólo por citar los más conocidos. En cuanto a los bancos extranjeros, destacan los nombres de BNP Paribas, Citibank, Deutsche Bank, Barclays Bank, HSBC, Allianz, ING Bank, AXA, AIG y Bankinter, entre otros muchos. Bien, pero vayamos por partes. Hemos de comenzar por hablar del ciclo armamentista, tal como nos expone el investigador Jordi Calvo en este artículo, que seguiremos a continuación. 

 

El ciclo armamentista explica el proceso de militarización y armamentismo de las sociedades desde la propia identificación y asunción de la necesidad de las armas (por parte de la propia ciudadanía) hasta su utilización final como cualquier otra mercancía, sujeta a un determinado mercado, por muy execrable que sea éste. La necesidad surge de las supuestas amenazas a la seguridad (ya hemos discutido las falacias que se esconden detrás de ellas en numerosas entregas anteriores). Éstas a su vez sirven para justificar el gasto público militar, la producción de la industria armamentística, el comercio de armamento y la financiación de todos ellos. En primer lugar, es importante destacar que el gasto militar es financiado por los presupuestos estatales (los famosos PGE, una herramienta engañosa donde las haya), mediante los cuales ya estamos financiando toda una estructura militar humana y material capaz de utilizar la fuerza armada cuando se precise. Es decir, en primer lugar somos los propios contribuyentes los que dedicamos un porcentaje de nuestros ingresos a su mantenimiento, y esto lo hacemos sin oponernos a las directrices políticas que lo llevan a cabo (de ahí el concepto de "objeción fiscal militar", del que hablaremos en su momento). En el caso español, y siguiendo las cifras que ofrece Jordi Calvo en su artículo de referencia, hemos dedicado más de 16.500 millones de euros sólo durante el pasado año 2014, concretamente el 4% de los Presupuestos Generales del Estado, lo que supone 45 millones de euros diarios. Una parte del presupuesto militar va dedicado a ayudar a las empresas que fabrican armamento y municiones, mediante créditos públicos blandos se financia la I+D militar que sirve para fabricar las armas que acaba comprando nuestro Ejército. Sólo en España se han concedido más de 23.000 millones de euros en créditos a la I+D militar, la mayor parte de ellos provenientes del Ministerio de Industria. 

 

Pero la industria militar necesita más dinero y lo consigue, como cualquier otra empresa que se dedique a cualquier otra actividad, del mercado. ¿Y qué ofrece el mercado financiero a las empresas de armas? Pues todos los productos y servicios que ofrecerían a cualquier otra empresa, que eminentemente son: créditos, préstamos, pólizas de crédito, emisión de bonos y pagarés, ampliaciones de capital emitiendo acciones, la gestión necesaria para la compraventa de acciones en el mercado secundario, fondos de inversión que incluyen acciones de empresas de armas, e incluso asegurar y financiar las exportaciones de las mismas a otros países u organizaciones. Pues bien; quienes ofrecen tales servicios a las empresas que fabrican armas son los bancos privados. Pero todo esto lo hacen suponiendo una ayuda formidable para el mantenimiento y expansión de tales empresas. Cabe decir que las empresas que fabrican y comercializan armamento no podrían mantener el mismo nivel de negocio de no ser por la inestimable ayuda de los bancos. Solo teniendo en cuenta las empresas de armas españolas, tras analizar más de 200 industrias militares, el ratio de endeudamiento medio de las mismas llegaba ya en el año 2010 al 73%. Es decir, sin financiación bancaria las empresas de armas a lo sumo alcanzarían una cuarta parte de su producción. Si este dato fuera extrapolable a nivel mundial, podríamos concluir que habría cuatro veces menos armamento en el mundo del que realmente existe. La ecuación es lógica y sencilla: cuantas menos armas, menor posibilidad de recurrir a la violencia armada, menos víctimas y muy probablemente menos conflictos armados a nivel mundial. Pero claro, expliquémosle esto a los gobernantes y políticos estadounidenses (por poner el ejemplo más paradigmático) para comprender hasta qué punto llega su imbecilidad y su ignorancia. 

 

Banca Armada es la denominación utilizada popularmente para definir, identificar e incluir a los bancos y demás entidades financieras o de seguros que colaboran activamente con el complejo militar-industrial, que por tanto ayudan a que los niveles de armamentismo sean tan elevados, y que, en consecuencia, existan un mayor número y más destructivos conflictos armados en el mundo. La Banca Armada invierte en el negocio de las armas como en el negocio de las pipas (suponiendo que éste último fuera un buen negocio para ellos). No poseen por tanto la mínima ética necesaria para distinguir cuando un determinado nicho de inversión es de todo punto execrable como el de las armas, ni hemos diseñado un modelo social que controle hacia qué tipo de inversiones mueven los bancos su dinero. El resultado es una sociedad salvaje, incontrolada, militarizada, violenta, devastadora, agresiva y cruel, donde el dinero de la comunidad no se utiliza para que los bienes sociales se extiendan por toda la población, sino para invertirlos en los más detestables negocios, con tal de que generen grandes beneficios a sus balances contables. La Banca Armada es ciertamente muy peligrosa. Constituye un elemento clave en el entramado militar industrial. Nos demuestran que en los negocios no existe la moral. Jordi Calvo finaliza su artículo con las siguientes palabras: "Las empresas de armas hacen caja, los bancos cobran intereses por financiarlas y las víctimas las ponen, como siempre, quienes menos culpa tienen. El complejo militar-industrial es un monstruo, por tamaño y horripilante, al que es difícil enfrentarse. Si además sus tentáculos llegan al gobierno, es cuando llegamos a comprender que puede que haya guerras porque hay siempre quien se beneficia de ellas". Continuaremos en siguientes entregas.

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16 marzo 2018 5 16 /03 /marzo /2018 00:00
Viñeta: ENEKO

Viñeta: ENEKO

Desde el 2008, el conjunto de empresas españolas ha reducido en 9.800 millones de euros su contribución al PIB, soporta 32.200 millones de euros menos en costes laborales y distribuye unos 20.900 millones de euros más en dividendos

Lina Gálvez

Como estamos viendo en este bloque temático, que apenas hemos introducido, regular a las empresas se ha convertido en un desafío global para poder revertir la arquitectura de la desigualdad, y defender de esta forma los derechos humanos. La tendencia hacia la que nos lleva esta arquitectura de la desigualdad laboral es hacia una mayor desregulación de los mercados, y una aberrante mercantilización del trabajo humano, que ahora se ha convertido en "empleo", al cual se le ha despojado de todas las características propias que le conferían una mínima dignidad. La tendencia es hacia la precarización absoluta del mundo laboral, lo cual se manifiesta en bajos salarios, escasa o nula protección social, muy alta temporalidad, y una inestabilidad general que imposibilita cualquier proyecto de vida mínimamente digno. Mientras, los beneficios empresariales crecen de forma exponencial, y las normas que regulan sus actividades se vuelven cada vez más laxas. La única solución a esta peligrosa deriva es poner fin (o al menos recortar) el enorme poder corporativo, desmantelar su inmenso grado de influencia, y diseñar mecanismos para intentar establecer marcos normativos que las empresas tengan que obedecer globalmente. Básicamente, de lo que se trata es de crear normas que obliguen a las empresas a respetar los derechos humanos de forma íntegra. La lucha es difícil en este ámbito, ya que durante los últimos 40 años, en el seno de las Naciones Unidas, no han dejado de proponerse mecanismos legales para que este organismo apruebe normas internacionales de carácter vinculante para las grandes corporaciones. 

 

Como nos cuentan Erika González, Pedro Ramiro y Juan Hernández Zubizarreta en este reciente artículo, el primer intento en dicha línea se presentó en la década de los años 70 del siglo pasado, con el encargo de elaborar un código de conducta obligatorio para estas compañías, y la creación de instancias que tenían por objeto el seguimiento de sus actividades. Veinte años después no había ni código ni instancias. Todo fue desmantelado por las presiones y la oposición de las potencias económicas y los lobbies empresariales más potentes, como la Cámara Internacional de Comercio o la Organización Internacional de Empleadores. En su lugar, la ONU creó el Global Compact, basados en códigos voluntarios de conducta. En cuanto a países concretos, destaca la negativa permanente de Estados Unidos, que se ha negado sistemáticamente a reconocer cualquier votación que aprobara mecanismos para el control de las actividades empresariales. Y por supuesto, los países de la Unión Europea tampoco están por la labor. Los autores del artículo de referencia vislumbran un duro camino, aunque dibujan la senda de las alternativas y posibilidades: "La apuesta, entonces, puede dirigirse a seguir potenciando lógicas contrahegemónicas en lo local, regional, nacional y global. Algunos buenos ejemplos en este sentido son las alianzas frente a los acuerdos y tratados de comercio e inversiones, frente a las privatizaciones y por la remunicipalización de los servicios públicos, el apoyo a la huelga global de las mujeres y la lucha contra la Organización Mundial del Comercio. Todo ello, sin renunciar a la aprobación de normas internacionales de carácter obligatorio". 

 

Hay que fortalecer el potencial del Derecho Internacional sobre los Derechos Humanos, poner límites al enriquecimiento de las élites económicas (esto requiere a su vez actuar en varios frentes alternativos), y resquebrajar el poder de la aplicación de los tratados de libre comercio, y demás normas de comercio e inversiones. Pero frente a todo ello, frente a cualquier avance en este sentido, nos encontramos siempre con el enorme poderío de las grandes empresas transnacionales, muchas de las cuales manejan unos beneficios superiores al PIB de algunos Estados. Una idea fuerza que puede dar muy buen resultado es introducir cláusulas de control en los contratos que las empresas firmen con las Administraciones Públicas (a cualquier nivel), obligando en cierta forma a que éstas den garantías de un trato respetuoso con los derechos laborales, con el medio ambiente, incluso previendo la posible cancelación de los contratos cuando las compañías vulneren dicho comportamiento. La senda es fortalecer el discurso social, difundirlo por todas las vías posibles, canalizar por la vía institucional el recorte del poder empresarial, y crear leyes, convenios, normas y acuerdos a través de los cuales podamos controlar con más garantías el perverso funcionamiento de las grandes empresas. En una palabra: acabar con el nuevo imperialismo que representan estas élites económicas, a las que parece que nadie detiene. Ambos conceptos van de la mano, pues es un hecho demostrado que cuanta más riqueza se posee, más poder se necesita para su protección, defensa y ampliación. Recomiendo a los lectores y lectoras que no la hayan seguido, la consulta al primer bloque temático de esta serie (los primeros artículos de la misma), donde hablamos extensa y profundamente sobre los ricos y su poder. 

 

Jesús González Pazos lo ha explicado brillantemente en este artículo para el medio digital Rebelion.org: "...lo que señalan muchos indicadores es que la hegemonía y el control del poder ya no necesariamente se basan en el dominio territorial directo según el modelo tradicional. Al contrario, el eje central hoy sería la acumulación y concentración de poder en manos de quienes ya disponen de una insultante acumulación de capital, es decir, en las élites económicas, y esto indistintamente de su adscripción estatal, nacional o identitaria". Y así, lo importante hoy día es la concentración de riqueza en manos de poderosas empresas transnacionales de toda índole (bancarias, financieras, extractivas, de seguros, de construcción, farmacéuticas, químicas, etc.) que, desde sus respectivos Consejos de Administración (sus élites), definirán las políticas, las directrices económicas, los intereses de desarrollo, las reformas legales preferidas, etc., hasta condicionar la vida de millones de personas por todo el mundo, además de la del propio planeta en que habitamos. Es quizá la forma más extrema e insultante de la arquitectura de la desigualdad. Por todos es sabido hasta qué punto un número muy reducido de empresas transnacionales controlan hoy día la economía mundial, dictan sus prioridades y evolución, diseñan y protagonizan los más grandes foros económicos, y están presentes en los principales centros de decisión y de poder. Y por supuesto, estas mismas empresas son las que explotan y precarizan más a sus trabajadores y trabajadoras, las que más violan las leyes internacionales, las que más desprecian los derechos humanos, las que más destruyen el medio ambiente, y las que más crímenes económicos cometen. ¿Alguien da más? Desigualdad en estado puro. 

 

Y por otra parte, no nos engañemos: es innegable el paralelismo que se viene dando desde los últimos años acá entre la pérdida de soberanía de los Estados (es decir, el deterioro de la democracia) y el aumento del poder de estas grandes corporaciones. Tomando de nuevo las palabras de González Pazos: "Así hoy las grandes decisiones que se necesitan y urge tomar, como acuerdos contra el cambio climático o garantías sobre la sostenibilidad de la vida, pasando por el devenir de las guerras o los procesos de empobrecimiento de millones de personas, deben atravesar primero por el tamiz oculto de los Consejos de Administración de las grandes empresas que deciden hasta dónde se puede llegar en las principales leyes nacionales o en los acuerdos y tratados internacionales sin poner en grave riesgo sus objetivos, principios y beneficios". Para conseguir este fin, otra valiosa estrategia que utilizan estos gigantes económicos es poner de su lado a los serviles gobernantes, que en lugar de representar a sus pueblos y al conjunto de su sociedad civil, se convierten en auténticos vasallos al servicio de estas corporaciones. De esta forma, lo típico actualmente es encontrarse con políticos que dicen defender y proclamar el interés general en sus elocuentes discursos públicos, mientras a la hora de la verdad se alinean con los intereses de sus grandes empresas. Y una manifestación palpable de todo ello son los continuos procesos de privatización de servicios y bienes públicos que estos gobernantes ponen en marcha, para favorecer los intereses de sus grandes aliados empresariales. Por último, este nuevo imperialismo de las élites económicas también está detrás de las deudas de los Estados, de los Golpes de Estado llamados "blandos" (como los ocurridos en diversas variantes en Honduras, Paraguay, Brasil, etc.), y de la destrucción de los recursos naturales que destrozan la vida de comunidades indígenas, o que destruyen la sostenibilidad de los ecosistemas naturales. Continuaremos en siguientes entregas.

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14 marzo 2018 3 14 /03 /marzo /2018 00:00
Por un Proceso Constituyente (24)

Ayer, como hoy, la República se presenta como una propuesta política, único régimen político plenamente democrático capaz de conseguir un Estado en el que la ciudadanía y los pueblos podamos ser capaces de convivir en igualdad y solidaridad

Paco Jiménez y Javier De Miguel (Junta Republicana de Izquierdas de Navarra)

Finalizaremos en esta entrega los aspectos laicistas donde hemos querido insistir para que se tengan en cuenta en el futuro Proceso Constituyente al que aspiramos. En la última entrega expusimos a fondo, para que no hubiera dudas al respecto, los posibles conflictos entre los diferentes ámbitos (el espacio privado y los espacios públicos formal e informal) donde el laicismo se pudiera expresar, y también citamos las diferencias con la secularización. Pero aclaremos, tal como también recoge el Profesor Andrés Carmona en su artículo de referencia, que la secularización no es un objetivo laicista, ya que al laicismo sólo le preocupa la manifestación del Estado y sus instituciones. Creo por tanto que en el artículo anterior ya dejamos claras algunas cuestiones polémicas, como por ejemplo, si las calles son públicas, ¿puede haber procesiones? Sí, porque las calles pertenecen al espacio público informal. ¿Debe haber crucifijos en un Ayuntamiento o en un Ministerio? No, porque pertenecen al ámbito público formal. Al igual que una escuela pública, que también representa al Estado (concretamente al modelo educativo por el que el Estado apuesta para sus ciudadanos), y también se sitúa en el ámbito público formal, y por tanto no cabe manifestación religiosa alguna. En un Estado laico no sólo se permiten las procesiones, sino que se protege y se garantiza el derecho a realizarlas. Obviamente, sometidas a la regulación propia en las mismas condiciones que cualquier otro uso de algo público por parte de la sociedad civil, al igual que si se tratara de una manifestación ciudadana por cualquier otro motivo, sea ésta o no de carácter religioso. 

 

No obstante, y siguiendo con el ejemplo de la escuela pública, hay otras situaciones que sí pueden someterse a debate, porque los límites no están tan claros. De hecho, existen autores que apuestan por unas conclusiones y otros por otras. Por ejemplo: ¿Debería poder llevar un profesor o profesora algún signo religioso al aula? En principio y según lo expuesto no debería, por el principio de neutralidad de un funcionario público que pertenece al ámbito público formal, al igual que un diputado, un juez o un policía. Pero, ¿y el alumnado? Esto es más difícil, porque del alumnado no puede esperarse la misma neutralidad. Podríamos entonces concluir que el profesorado (y el propio edificio, y el currículo escolar, etc.) es espacio público formal, pero el alumnado es espacio público informal. De esta forma, sería inaceptable que una profesora por ejemplo llevara velo en clase, pero sí se debería permitir para una alumna. No obstante, como decimos, el asunto es debatible, y en este sentido el Profesor Carmona Campo da referencias de algunos autores a favor y en contra de esta posición. En cualquier caso, el objetivo del laicismo es impedir que las religiones lleguen a las instituciones públicas (es decir, al ámbito público formal), que los cargos públicos participen en actos religiosos, que existan asignaturas de religión en los centros públicos de enseñanza, o que existan convenios de colaboración entre cualquier Iglesia y el Estado. Bien, entendemos que este asunto ha quedado bastante claro, y es la postura que debemos defender en cuanto a la dimensión laica del Estado bajo el Proceso Constituyente que queremos poner en marcha, y como resultado, su reflejo en la nueva Constitución resultante del mismo. 

 

Hablemos también de la participación popular en dicho Proceso Constituyente, que es también asunto de suma importancia. Evidentemente, si queremos una Constitución popular, que recoja las aspiraciones del pueblo, no podemos seleccionar a una élite política (como se hizo para la Constitución de 1978, redactada por los siete magníficos) que se encargue de dicha tarea. Pero es más: el Proceso Constituyente debe asegurarse de que todos los colectivos ciudadanos, y todas las organizaciones de la sociedad civil tengan cabida y participación en ella. No pueden participar sólo los banqueros, los economistas o abogados del Estado, los políticos, los juristas, etc., sino que deben estar representados todos los colectivos del tejido social: inmigrantes, obreros, campesinos, nacionalistas, anarquistas, comunistas, objetores de conciencia, presos políticos, asociaciones de parados, de amas de casa, de jubilados, de estudiantes...pero también afectados y afectadas por las hipotecas, por las violencias machistas, y por cualesquiera representantes de los colectivos populares. La participación popular en el Proceso Constituyente y en la futura Constitución ha de ser masiva y completa, pues en caso contrario, tendremos asegurado el fracaso del proceso. Y todo ello porque el proceso ha de ser radicalmente democrático, si pretende asentarse con garantías de futuro en la población. Un proceso que aborde y corrija las graves injusticias económicas y sociales de nuestro tiempo, derivadas de un sistema capitalista injusto y depredador, y de un sistema heteropatriarcal no menos injusto y discriminatorio. Porque la democracia "representativa" y constitucional de 1978 es una democracia capitalista, y por tanto, no es una verdadera democracia. 

 

Y aunque una Carta Magna surgida de un Proceso Constituyente no es algo que se haga con vistas a ser modificada cada dos por tres, sí es importante señalar que tampoco puede ser vista como una momia petrificada, como un santo grial, o como un texto sagrado al cual haya que obedecer por ley divina. Una Constitución ha de actualizarse cada cierto tiempo, y volver a ser refrendada por el pueblo, por la sencilla razón de que la población de un país en un momento dado es distinta a la población que existe 20, 30 ó 40 años después. Van naciendo nuevas generaciones que no votaron la Constitución, sino que es la Constitución de sus padres y de sus abuelos, y la política, aunque parezca lo contrario, avanza muy rápidamente cuando se trata de adecuarse a las nuevas evoluciones del pensamiento, y a la propia evolución de la sensibilidad y del conocimiento de nuestras realidades, de las realidades del mundo en que vivimos. En el caso actual de la Constitución de 1978, las personas nacidas después de 1960 no pudieron votarla. Ni entonces, ni nunca, puesto que nunca más se ha sometido a refrendo popular. Las pocas modificaciones que se han realizado se han llevado a cabo a instancias de la Unión Europea (para su adecuación al contexto supranacional europeo), o bien mediante negociaciones y acuerdos internos de los dos grandes partidos políticos que nos han gobernado desde entonces (el famoso bipartidismo PP-PSOE), por ejemplo con la aberrante modificación del Artículo 135 en el año 2011, durante la segunda legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero. La Constitución surgida del Proceso Constituyente deberá definir mecanismos para evitar convertirse en un texto cerrado, férreo o inamovible. Una Constitución no puede ser intocable, sino el texto de referencia donde se encuentre recogido el alma de una sociedad. 

 

Y por supuesto, pretendemos garantizar que dicho Proceso Constituyente aborde todos los asuntos de calado que la Constitución de 1978 no abordó, algunos porque no existían y otros porque "se dieron por sabidos". El proceso deberá debatir sobre la vigencia del capitalismo, sobre el modelo federalista, sobre las bases de la Tercera República, sobre el papel y el modelo para las Fuerzas Armadas, sobre la integración en la Unión Europea, sobre nuestra pertenencia a la OTAN, sobre nuestro apoyo a la globalización, sobre el derecho de autodeterminación de los pueblos que forman el Estado Español, y un largo etcétera de temas que los diferentes participantes, grupos y comisiones tendrán que abordar, y que lógicamente se extenderán durante meses (incluso años, no tenemos prisa, aunque sea un tema urgente). El Proceso Constituyente deberá definir nuestro país de la forma más inteligente, completa y democrática posible, porque todo ello, como decimos, deberá reflejarse en la nueva Constitución y extenderse en las ulteriores leyes y normativas que la desarrollen. Sobre todo, pensamos que la Constitución debe poner el foco en el manido, tópico y equivocado concepto de "Patria" que aún se vende en el discurso de la derecha política, social y mediática. La patria no es un ente sentimental ni abstracto (porque además eso queda para los sentimientos privados de cada cual), sino el reconocimiento del espacio común donde se comparte la convivencia de los diferentes pueblos, es decir, la patria es la gente. Y la patria debe cuidar a su gente. "Patria es Humanidad" dijo el colosal José Martí, libertador del pueblo cubano, y a dicho ideal debemos responder en nuestra nueva Constitución. Ello implica, sobre todo, que los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y medioambientales de la población no sólo deben quedar protegidos, sino que además deben quedar blindados, para que ninguna circunstancia o poder pueda anularlos o interrumpirlos. Continuaremos en siguientes entregas.

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13 marzo 2018 2 13 /03 /marzo /2018 00:00
Viñeta: Cecilia Zamudio

Viñeta: Cecilia Zamudio

Para quienes creemos que un modelo que destruye el planeta atenta directamente contra las personas, preguntarse si la huelga feminista del próximo 8 de marzo es ideológico, político u otros adjetivos más que vienen aplicándole algunas organizaciones a este movimiento internacional imparable y necesario, es sencillamente absurdo. Yo me pregunto, ¿cómo no va a ser ideológico y político?. ¿Quiénes han consolidado y mantenido en el tiempo un modelo heteropatriarcal, machista, jerárquico, insostenible, implacable, agresivo, individualista, competitivo, violento, que fomenta la desigualdad, la injusticia social, la invisibilización de las mujeres, el consumo incontrolado y la apropiación en manos de unos pocos de los recursos naturales de los territorios para hacer caja?

Isabel Brito

El feminismo es una enmienda a la totalidad hacia una forma de organización social, económica y política que aplica contra las mujeres una injusticia distributiva y una injusticia de reconocimiento

Tania Verge (Profesora de Ciencia Política y Directora del Departamento de Igualdad de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona)

Pues si entendemos "movimiento transversal" identificándolo con la superación de las ideologías, la respuesta a mi juicio es que no. Ocurren básicamente dos fenómenos que interfieren en que el feminismo pueda entenderse en su completa dimensión, y por tanto como parte de una ideología que aspira a un mundo igualitario con mayor justicia social. De un lado, vivimos en sociedades alienadas y alienantes, donde la madurez política e intelectual de la mayoría de las personas deja mucho que desear, precisamente porque todavía nos colea un pasado político caracterizado por la represión en todos los órdenes de la vida. Y por tanto, multitud de pensamientos, ideas, clichés, proclamas y falacias gobiernan la mentalidad de una gran parte de la población. En este sentido, y los sondeos que realizan cada cierto tiempo las agencias y medios de comunicación lo ponen de manifiesto, no existe una idea clara y completa sobre lo que implica el feminismo. Los datos son abrumadores en demostrar que se posee por parte de muchas personas una idea equivocada, incompleta o errónea del feminismo, o incluso que no se tiene absolutamente ni idea de en qué consiste. Se asocia por ejemplo con posturas supremacistas, discriminatorias hacia el hombre, e incluso si introducimos también la perversa influencia de la Iglesia Católica (véanse las recientes declaraciones del Obispo de San Sebastián), que descalifica lo que ellos llaman la "ideología de género", o de las organizaciones de ultraderecha, el caos está servido. La idea básica es que el feminismo persigue la igualdad entre hombres y mujeres. Punto. Parecería que a esta idea se pueden unir tanto mujeres (y hombres) de izquierdas como de derechas, pero como vamos a ver a continuación, la cosa no es tan simple. 

 

Por otro lado, la derecha en nuestro país (supongo que este fenómeno es extrapolable al resto de países) actúa con un cinismo impresionante, que desborda todas las expectativas. La derecha política, social y mediática jamás ha creído en el feminismo (una de las leyes más recortadas en los PGE de Rajoy ha sido la Ley de Violencia de Género de la época de Zapatero), pero cuando se ven desbordados por un tsunami social que desborda las calles, las plazas, los centros de trabajo, las Universidades, etc., entonces intentan adherirse de forma cínica a dicha causa, simplemente para no perder, digamos, el tren de la actualidad. Y de ahí que un argumento falaz y recurrente haya sido el alegar eso de que "el feminismo es un movimiento transversal", para apuntarse el tanto de que ellos y ellas, la derecha de este país, también están por la causa. Pero nada más lejos de la realidad. Es cierto, como muchas mujeres de diferentes pensamientos han expresado, que para estar en la pasada Huelga del 8-M (que ha sido todo un éxito, dicho sea de paso) no era imprescindible estar de acuerdo con todos los puntos expresados en el Manifiesto que las asociaciones feministas habían publicado, pero una cosa es esa, y otra cosa muy distinta es concluir que el feminismo no implica ninguna ideología concreta. Lo expresaremos de otra forma: toda mujer, cualquier mujer, ha podido apoyar y asistir a dicha huelga porque estaba de acuerdo con determinados aspectos de las reivindicaciones feministas (erradicación de la brecha salarial, acabar con el trabajo precario, etc.), pero una cosa es esa, y otra cosa es ser feminista en toda su dimensión, comprender y asimilar el feminismo como lo que es: una lucha por la igualdad entre hombres y mujeres, a partir de la abolición de los dos sistemas que explotan a la mujer: el capitalismo como sistema de dominación económica, y el patriarcado como sistema de dominación cultural. 

 

Y ello, evidentemente, no puede sostenerse desde posturas ideológicas ligadas al neoliberalismo o al conservadurismo, es decir, el feminismo entendido de forma integral requiere un compromiso ideológico con la erradicación tanto del capitalismo como del patriarcado, y por tanto, es absolutamente incompatible proclamar el feminismo sin proclamar el anticapitalismo y la abolición del patriarcado. Lo repetiremos: algunas mujeres (y hombres, por supuesto) podrán apoyar ciertas medidas concretas que la Huelga del 8-M reivindicaba, pero otra cosa muy distinta es apoyar el feminismo en toda su dimensión, lo cual, como estamos afirmando, requiere un compromiso ideológico más ambicioso. Porque el feminismo pretende erradicar la violencia machista (quizá la manifestación más violenta del patriarcado), pero también es un movimiento contra el sistema económico capitalista que discrimina, explota y precariza a la mujer. El feminismo pretende abolir la brecha salarial, pero también preconiza el control de la mujer sobre su propio cuerpo, y defiende los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Tania Verge lo ha explicado en los siguientes términos: "Por un lado, el capitalismo produce formas específicas de desigualdad para las mujeres, como una mayor precariedad laboral, la feminización de la pobreza, la división entre trabajo productivo y reproductivo, la segregación vertical y horizontal del mercado laboral o la brecha salarial. Por otro lado, la ideología patriarcal basada en la construcción social del género lo impregna todo de jerarquías de estatus y poder. Estas jerarquías son, a su vez, la base de las violencias machistas". El feminismo persigue un empoderamiento de las mujeres para poder superar ambos sistemas de dominación. 

 

El feminismo persigue las posibilidades de conciliación de mujeres (y hombres) entre sus vidas laborales y personales, pero también acabar con la división sexual del trabajo que relega los trabajos de cuidados mayoritariamente a las mujeres, así como con la feminización de la pobreza. El feminismo persigue la abolición de la prostitución, pero también el final de las escuelas que segregan por sexos. El feminismo busca acabar con todos los tipos de agresiones machistas, no sólo con las más peligrosas que terminan en feminicidios. El feminismo busca acabar con el acoso sexual, con el acoso laboral, y con los micromachismos que inundan el comportamiento cotidiano de millones de hombres. En última instancia, el feminismo persigue que ninguna mujer vea restringidos sus derechos políticos, civiles o sociales. El feminismo persigue también erradicar los roles de género desde la infancia, y esto también implica cambiar los modelos educativos vigentes, donde se fomenta en los niños y en las niñas la reproducción de los moldes para su comportamiento futuro. El feminismo tiene que ver con reducir la desigualdad, pero también con respetar la diversidad cultural, sexual, funcional, religiosa, etc. El feminismo es un movimiento que cuestiona todos los modos productivos y reproductivos, y en ese sentido, abre el camino para transformar el mundo. Ello implica medidas de carácter social, pero también medidas y políticas centradas en la educación, en el mercado de trabajo, en el mundo de los cuidados y la dependencia, y también medidas y políticas fiscales, institucionales y de carácter macroeconómico. Todo ello enfocado a erradicar los arraigados estereotipos de género, que se manifiestan desde la escuela, pasando por los modelos de familia, hasta llegar a los más altos ámbitos de la toma de decisiones públicas y privadas.

 

El feminismo engarza con las líneas ideológicas que vienen complementando el marxismo clásico (o el socialismo, si se quiere) desde mediados del pasado siglo, que básicamente son el pacifismo (expresado en las organizaciones antimilitaristas y los foros contra las guerras) y el ecologismo (que engloba también los movimientos naturalistas y los movimientos en defensa de los derechos de los animales). El feminismo integral se une a dichos movimientos, casa perfectamente con ellos, converge en sus mismos ideales, se organiza en torno a una visión común del mundo, del planeta en el que vivimos, y de los modelos de sociedad a los que queremos migrar, basados en alcanzar mayores cotas de equidad y de justicia social, natural y ambiental. El feminismo también persigue otros modos de participar, así como otros modos de producir, de educar, de cuidar, de relacionarnos, de consumir y de reciclar: de vivir en una palabra. Y sobre todo de redistribuir: los roles, los trabajos, las responsabilidades, las riquezas. No nos dejemos engañar, por tanto: el feminismo no es un movimiento transversal, es un movimiento de la izquierda social y política, en toda su dimensión, y se sitúa al lado de otros para alcanzar un pleno desarrollo de sociedades igualitarias, justas y avanzadas. Definitivamente, el feminismo es política y es ideología. No tiene nada de movimiento transversal. Obedece a una concepción del mundo muy diferente a la que tienen los que ahora, después del éxito de la Huelga del 8-M, quieren colgarse las medallas. No permitamos que la derecha nos confunda, ni pretenda apuntarse a causas absolutamente incompatibles con su ideario. 

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12 marzo 2018 1 12 /03 /marzo /2018 00:00
Por la senda del Pacifismo (92)

Asistimos a la consolidación del militarismo que agrede a las sociedades, detrae sus recursos, las empobrece, erosiona sus derechos e impone, en el mundo global, la lógica de la violencia y la dominación y una geopolítica inadmisible. Para eso es para lo que EE.UU quiere un gasto militar abrumador. Para eso, para garantizar, con sus socios, su hegemonía, para hacer negocio de la guerra, de la paz, y de la venta de armas

Colectivo "Utopía Contagiosa"

Y ese es precisamente el motivo (en referencia a nuestra cita de entradilla) por el cual los Estados Unidos y todos sus "socios" y "aliados" occidentales no aplican ni por asomo la tan cacareada austeridad en los gastos militares, sino todo lo contrario, instan al crecimiento continuo de la escalada militarista. Frente a todas las demás partidas de gasto social, que merman continuamente de un año a otro, o como mucho se mantienen, los gastos militares sufren continuos aumentos, que incluso los Gobiernos se ven obligados a disfrazar, como ya hemos explicado en anteriores entregas. Y esto que ocurre en nuestro país puede extrapolarse (como siempre salvo en contadas excepciones) para el resto de países del globo: en el Informe del SIPRI (Instituto de Investigación para la Paz Internacional de Estocolmo) correspondiente al año 2015, se observa el aumento del presupuesto militar a nivel mundial en un 1% respecto al año 2014. Ya alcanzaba entonces la cifra de 1,7 billones de dólares (1,5 billones de euros). ¿Puede creerse alguien que un presupuesto militar tan desorbitado insiste en la senda del pacifismo? ¿Alguien puede ser tan ingenuo como para interpretar que los incrementos de estos presupuestos militares obedecen a un esfuerzo por conseguir la paz mundial y el final de los conflictos armados? No obstante, este incremento a nivel mundial no se distribuye por igual, ya que frente a los cuatro años anteriores de descenso, dicho aumento está marcado fundamentalmente por el incremento del gasto en países de Oriente Próximo, Asia y Europa Central.

 

Respecto a esta última zona del mundo, la cifra alcanza según el SIPRI una subida del 13%, distribuida sobre todo en los países del Este europeo fronterizos con Rusia y Ucrania, debido a la proximidad del conflicto ucraniano. Y por supuesto, lo más peligroso de todo es el incremento registrado durante estos últimos años por las tres grandes potencias mundiales (Estados Unidos, Rusia y China), cuya escalada militarista parece imparable y desquiciada. Tomo a continuación datos del Informe SIPRI 2015, que por supuesto nos sirven hoy día a título orientativo, porque las cantidades serán ligeramente distintas, pero para que se puedan tomar como referencia. Por supuesto, Estados Unidos, el país más belicista y agresivo del globo, es el que lidera el podio mundial del gasto militar con 596.000 millones de dólares (un 3,3% de su PIB) aunque mantuvo un descenso continuo desde el año 2009. El informe muestra además un aumento del gasto militar en China, segundo país del mundo que más dinero destina a armamento: su presupuesto subió un 7,4%, hasta alcanzar los 215.000 millones de dólares. Por debajo, pero cerca, se encuentra Arabia Saudí con un 5,7%, que pasa del cuarto al tercer puesto tras duplicar su gasto militar desde el año 2006 hasta el 2015. Y Rusia, cuarto país en gasto militar, contabilizaba para el año 2015 un aumento del 7,5%, hasta los 66.400 millones de dólares. La radiografía mundial es ciertamente desoladora. No es comprensible cómo en un mundo tan socialmente desigual y desestructurado las principales inversiones no se dediquen a Ayuda al Desarrollo y a cohesión social, en vez de a una escalada armamentista que sólo conduce a los conflictos, a la devastación, al odio y a la barbarie, tan sólo por alcanzar una mayor influencia geopolítica, un mayor control sobre los recursos naturales, y unos desorbitados beneficios del complejo militar-industrial. 

 

Decididamente, esta tendencia tiene que cambiar. No es sostenible desde ningún punto de vista una comunidad internacional preocupada sobre todo (a tenor de estas cifras) por mantener una escalada de gasto militar tan aberrante. Y una de las principales actividades ligada a esta escalada armamentista está relacionada con las exportaciones de armas. En el caso español, tal como recoge este artículo del medio eldiario.es, diversas ONG's denuncian que un tercio de las armas españolas exportadas va a parar a la peligrosa coalición liderada por Arabia Saudí, principal responsable de la cruel matanza que se está produciendo en Yemen. Nuestro país exportó durante el primer semestre de 2015 armas por valor de 560 millones de euros a dicha coalición, y Amnistía Internacional, FundiPau, Greenpeace y Oxfam Intermón alertan de que dichas exportaciones superaron los 1.800 millones de euros, un 15,8% más que la media de los tres últimos años. Parte de estas armas fabricadas en España se podrían estar usando para cometer crímenes de guerra en conflictos como el de Yemen (uno de los más silenciados por la comunidad internacional), en Colombia, en Egipto, en Israel, en Pakistán o en Irak. Otro asunto de importancia capital relacionado con el gasto militar es la insoportable deuda militar relacionada con el mismo. Es decir, debemos tener en cuenta los recursos que consume el gasto militar que generan deuda, y por tanto, intereses de la deuda pública. Según cálculos del Centre Delàs cada año se destinan más de mil millones de euros a pagar los intereses de la deuda pública generada por el gasto militar. 

 

A ello hay que añadir el apoyo financiero de la banca española (le dedicaremos una exposición con más calma en sucesivas entregas), que contribuye al desarrollo y expansión de la industria militar mediante la concesión de créditos, emisión de bonos y pagarés, participaciones accionariales, gestión de fondos de inversión y financiación de exportaciones. Y todo ello se lleva a cabo en un contexto donde el crédito a las PYMES está fuertemente restringido, con lo cual la decisión de destinar el dinero de un banco a apoyar a la industria militar, afecta indudablemente a la disponibilidad de estos recursos para la economía productiva. Es absolutamente intolerable que mientras miles de pequeñas y medianas empresas hayan tenido que echar el cierre durante estos últimos años (en detrimento del empleo, del consumo y de la propia economía real), los bancos hayan dedicado parte de sus beneficios e inversiones a una industria criminal como la del armamento. Según esta institución catalana, al menos 30 empresas de armamento españolas recibieron apoyo financiero de 42 grandes bancos (españoles y extranjeros), entidades de tamaño medio y reducido, cajas de ahorros ahora convertidas en bancos, con algunos grupos de cooperativas de créditos, con empresas de seguros y con intermediarias financieras. Los apoyos se complementan a través de grandes empresas transnacionales, empresas de capital riesgo, inversiones particulares, entidades financieras diversas y algunas SICAV. Desde el año 2007 (comienzo de la crisis) y hasta 2011, el apoyo financiero que ha recibido el complejo militar-industrial supera los 2.300 millones de euros, como se recoge en este artículo de Jordi Calvo.

 

Por su parte, los bancos que han participado en el negocio armamentístico con mayor volumen de negocios (según la fuente citada) y mayor presencia en empresas de armas españolas durante el período 2007-2011 son, por orden de importancia: Bankia y Liberbank (cuya estimación según este informe en la industria militar es de más de 300 millones de euros para Bankia y de cerca de 90 millones de euros para Liberbank, debido principalmente a sus elevadas participaciones en Indra). A continuación aparece el Banco Santander, Caixabank, BBVA y Cataluña Caixa (cuya actividad dedicada en los últimos años a la industria militar española se puede estimar entre los 30 y los 40 millones de euros), seguidos por Banco Popular, Banco Sabadell, Ibercaja y Bankinter (que se encontrarían en la horquilla entre 20 y 30 millones de euros en armamento español). Así que no hay dinero (según nuestros gobernantes) para sanidad, educación, cultura, pensiones, desempleo, dependencia, y otros gastos sociales que necesita el conjunto de la ciudadanía, pero nuestros bancos (donde residen los depósitos de dicha ciudadanía) se dedican a invertir en armas. Un jugoso e ilustrativo ejemplo de la alienante y demencial sociedad donde vivimos. Por otra parte, las empresas de armamento deben miles de millones de euros al propio Estado en concepto de crédito para I+D (créditos blandos a interés prácticamente cero), con lo cual la conclusión está bien clara: el estamento militar en su conjunto y la industria del armamento reciben un trato especial por parte del Gobierno y de las entidades financieras públicas y privadas. Miles de millones de euros son desviados cada año en detrimento de la necesaria inversión social para dedicarlos al gasto militar y a la producción de armas. Continuaremos en siguientes entregas.

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9 marzo 2018 5 09 /03 /marzo /2018 00:00
Viñeta: Malagón

Viñeta: Malagón

El poder mundial realmente existente está en gran parte en manos de gigantes que nadie eligió, y sobre los cuales cada vez hay menos control. Son billones de dólares en manos de grupos privados cuyo campo de acción es el planeta, mientras que las capacidades de regulación global van a gatas. Investigaciones recientes muestran que 147 grupos controlan el 40% del sistema corporativo mundial, siendo el 75% de ellos, bancos. Cada uno de los 29 gigantes financieros genera un promedio de 1,8 billones de dólares, más que el PIB de Brasil, octava potencia económica mundial. El poder ahora se ha desplazado radicalmente

Ladislau Dowbor

En la última entrega habíamos comenzado, siguiendo este artículo de los expertos Juan Hernández Zubizarreta y Pedro Ramiro, a exponer lo que según ellos pueden ser las diez grandes claves para entender la "Lex Mercatoria" o ley del mercado, que hacen suya las grandes empresas transnacionales, y la hacen grabar a sangre y fuego en todo tipo de tratados, acuerdos, convenios y demás normativas a las que se adscriben. Continuaremos a partir de ahí. Habíamos comenzado dichas claves enunciando que los derechos de las empresas transnacionales se protegen por un ordenamiento jurídico global basado en reglas de comercio e inversiones, también de carácter internacional, que obedecen al paradigma de la globalización capitalista. Pues bien, mientras esto funciona así para los derechos, no lo hace de esta forma para las obligaciones de estas entidades. Más bien al contrario, las obligaciones de estas grandes empresas transnacionales se reenvían a legislaciones nacionales sometidas a las políticas neoliberales de desregulación, privatización y reducción de la capacidad de intervención del Estado (esto último en lo que se refiere a las políticas públicas, no así en el fortalecimiento de los aparatos militares y de control social). Es decir, se construyen legislaciones ad hoc para la defensa de los intereses de las multinacionales. ¿Y qué ocurre en los casos donde existen comunidades indígenas o nativas? Pues como los autores afirman, en ese caso el aparato del Estado (en connivencia con todo tipo de mafias y con las propias transnacionales) explota, expulsa e incluso elimina físicamente a todas las personas y pueblos que se opongan a los planes del capital. Esto está ocurriendo de forma muy palpable en México o en Honduras, por ejemplo.

 

La tercera característica donde se apoya la lex mercatoria descansa en que el Derecho Internacional de los Derechos Humanos presenta una manifiesta fragilidad a la hora de proteger los derechos de las mayorías sociales y de controlar a las corporaciones transnacionales. Y así, frente al rigor y la dureza de las normas sobre comercio e inversiones, persiste la suavidad y la poca exigencia de riguroso cumplimiento para las normas internacionales sobre Derechos Humanos. Los autores ponen un ejemplo muy ilustrativo: "Las sentencias favorables a los fondos buitre especulativos contra el gobierno argentino (en la judicatura de EE.UU.) no tienen punto de comparación, por su eficacia y ejecutividad, con las "represalias morales" que el Comité de Libertad Sindical de la OIT ha impuesto a Colombia por los miles de asesinatos de sindicalistas en los últimos años. Mientras al gobierno colombiano no le ocurre nada por incumplir la "sentencia", el argentino ve cómo se bloquea su economía". Ello ocurre a su vez porque las bases legales donde descansan ambos tipos de normas tienen diferente status, y mientras a unas se les supone de frágil cumplimiento, otras tienen un rango de plena exigibilidad. La cuarta característica de la lex mercatoria se refiere a que la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) y los códigos de conducta (o de buenas prácticas) son fórmulas de Derecho blando (esto es, normas voluntarias, unilaterales y sin mecanismos reales de exigibilidad) para poder contener el enorme poder de las empresas transnacionales. Por tanto, son normas de carácter orientativo, nunca normas de obligado cumplimiento y vigilancia. Las empresas suelen proteger férreamente sus derechos y remiten sus obligaciones a sus memorias anuales y a la "ética empresarial". 

 

Frente a ello, la responsabilidad social de las empresas privadas debería ser asunto de mayor calado, a tenor del gran daño que provocan, tanto en la vida laboral de las personas, como en el desprecio a la naturaleza, al medio ambiente y al resto de animales. La legislación societaria debería ser en este sentido mucho más estricta y poderosa, y los estatutos de las propias sociedades mercantiles deberían recoger ampliamente los límites en cuanto a dicha responsabilidad. La quinta característica de la lex mercatoria recogida por los autores de referencia se refiere a que el Derecho Internacional de los Derechos Humanos sólo les resulta aplicable a las empresas transnacionales a través de la acción estatal. Es el propio derecho nacional (interno) de cada país el que se constituye en eje sobre el que bascula la responsabilidad jurídica de estos grandes agentes del capitalismo. De hecho, a día de hoy únicamente pueden aplicarse a cada sociedad las disposiciones legales concretas del país en que se encuentre localizada. Por ejemplo, la filial de Repsol en Colombia sólo cumple (cuando lo hace) las normas colombianas. Cometa el delito que cometa, las normas internacionales sobre derechos humanos y las leyes del país de la empresa matriz no le incumben. Así que para defender mejor sus derechos, y ampliar su rango de posibilidades, las empresas transnacionales pueden cambiar su domicilio sin dificultad. Pero para el cumplimiento de sus obligaciones, el domicilio es un elemento sustancial e inalterable. En su momento insistiremos también en el fenómeno de la deslocalización como un nuevo apoyo para mantener el poder empresarial, y por tanto, seguir consagrando la arquitectura de la desigualdad. 

 

La sexta característica que recogen Zubizarreta y Ramiro se refiere a que el concepto de "seguridad jurídica" únicamente hace referencia a una serie de normas y acuerdos bilaterales, multilaterales y regionales promovidos desde la OMC, el FMI y el Banco Mundial (instituciones internacionales guardianas del neoliberalismo globalizado), cuyo único fundamento es la protección de los contratos y la defensa de los intereses comerciales de las compañías multinacionales. En opinión de estos autores: "Se olvida, por tanto, la verdadera seguridad jurídica: aquélla que sitúa al Derecho Internacional de los Derechos Humanos por encima del nuevo Derecho Corporativo Global. Es decir, la que antepone los intereses de las mayorías sociales a los de las minorías que controlan el poder económico". No sólo nos venden una versión manipulada de esta "seguridad jurídica", sino que además la potencian como un mantra universal e irrenunciable, al lado del cual el resto de derechos se quedan en papel mojado. La séptima característica pone la pelota en el tejado de los Estados, ya que muy pocos de ellos han sido los que han expresado la suficiente valentía como para aprobar instrumentos legales para poder exigir responsabilidades en el país sede de la empresa matriz. Como referíamos anteriormente, la complicidad de los Gobiernos en este asunto se sitúa claramente del lado de las empresas. Los autores vuelven a darnos otro buen ejemplo: "¿Por qué no se admite que ante crímenes internacionales el pueblo mapuche pueda demandar a Repsol ante tribunales españoles?". Parece por tanto que en su estrecha concepción de la "seguridad jurídica", los principios de la justicia universal no existen, o simplemente no son aplicables. Mientras por ejemplo la justicia española puede buscar y perseguir a un grupo de delincuentes a nivel internacional, esto no se aplica para las empresas. 

 

La octava característica recogida por los autores se refiere a que las empresas transnacionales subcontratan y deslocalizan su actividad en el ámbito global sin atenerse a ninguna norma. Es más, cuando ha existido una propuesta de convenio internacional sobre la regulación de la subcontratación en el seno de la OIT, todas las grandes empresas se han opuesto radicalmente. ¿Ocurre lo mismo para los trabajadores? ¿Puede un trabajador congoleño "deslocalizarse" a España? ¿Puede un trabajador bangladesí "deslocalizarse" a Francia? Pues parece que no, o al menos, digamos que no tan fácilmente como las empresas cierran y abren filiales, franquicias o subcontratas en cualquier sitio del mundo en cuestión de días (incluso de horas). Y es que las empresas prefieren hablar de la responsabilidad ética en la cadena de subcontratación antes que aceptar controles internacionales. Claro, saben que la primera es mucho más fácil de vulnerar (sin que ocurra nada) que los segundos. Y así nos va. La arquitectura de la desigualdad va creciendo y estos gigantes empresariales disfrutan hoy día de una plena arquitectura de la impunidad, provocando todo tipo de "crímenes legales", esto es, amparados en su "libertad" y en su aberrante "seguridad jurídica". La novena característica de la lex mercatoria se refiere a los tribunales (privados) internacionales de arbitraje, que al igual que el resto de mecanismos ya expuestos, también se sustentan en la idea-fuerza de dotar de plena seguridad jurídica a las inversiones realizadas por las multinacionales frente a los Estados receptores. En este sentido, también constituyen normas de obligado cumplimiento. Por último, la décima característica se refiere a la fuerte negativa por parte de las empresas transnacionales para aprobar un código externo de carácter vinculante en el seno de Naciones Unidas o un tribunal internacional para el control de sus operaciones. así como la firme oposición a que pueda crearse un centro u organismo que fiscalice sus peligrosas prácticas, inspeccione sus incumplimientos y formule las correspondientes denuncias. Conclusión: la arquitectura de la desigualdad está absolutamente proyectada en las leyes del mercado. Continuaremos en siguientes entregas.

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7 marzo 2018 3 07 /03 /marzo /2018 00:00
Por un Proceso Constituyente (23)

España puede volver a ser una República. Hay que decirlo más. No hay que tener miedo a proponer un Proceso Constituyente que impida el proceso restituyente que las élites han puesto en marcha justo cuando estaban más debilitadas

Javier Gallego

Continuaremos en esta entrega profundizando en los conceptos de un Estado Laico, que es una de las características principales de la nueva Constitución que queremos crear como resultado del Proceso Constituyente. En concreto, una República Democrática, Federal, Laica y Socialista. Es decir, una República solidaria y participativa. Una República al servicio de las personas. Y el laicismo, como ya estamos comentando desde anteriores entregas, es un principio fundamental. Vamos a profundizar en él con ayuda de este magnífico artículo de Andrés Carmona Campo, Licenciado en Filosofía y Antropología Social y Cultural, que ejerce como Profesor de Filosofía en un Instituto de Enseñanza Secundaria. El artículo que vamos a seguir fue publicado en el medio Filosofía en la Red, y nos ayudará a aclarar algunos conceptos de cara a las posibles discusiones sobre el verdadero alcance del laicismo. Andrés Carmona comienza afirmando que pese a las controversias que suscita el término, existe consenso en definir el laicismo en base a cuatro principios fundamentales: libertad de conciencia, igualdad, separación y neutralidad. Ya hemos insistido sobre los mismos en anteriores artículos, así que nos centraremos en el posible debate sobre el laicismo expresado en los espacios públicos "formal" e "informal". Lo que fundamentalmente está en juego es el papel de la religión en el ámbito público. De los cuatro principios anteriores, el principio de separación viene a distinguir tajantemente entre dos ámbitos: el público (la res publica) y el privado (la res privata). El primero es el ámbito de lo universal, de lo político, de lo que es de todos sin exclusión, y remite al "laos" o pueblo indiferenciado (de ahí la génesis de "laicidad") donde las pertenencias comunitarias, identitarias o religiosas son irrelevantes. El segundo es el ámbito de lo particular, de lo íntimo y privado, de las creencias, de las identidades personales o comunitarias. 

 

Este principio de separación implica la mutua independencia y autonomía de cada ámbito, sin permitir injerencias de uno en el otro. Así se garantiza la universalidad en el ámbito público y la máxima libertad en el ámbito privado. Por otra parte, el cuarto principio (el de neutralidad) impide identificaciones del público con el privado. La idea principal es que todo el mundo, cualquiera (pertenezca a mayorías o a minorías) se sienta incluido en el ámbito público y representado por los cargos públicos. Esto no estaría garantizado si el ámbito público o sus representantes se identificaran con una opción de conciencia (o religiosa) determinada. Por esta razón, la laicidad impide que los cargos públicos participen como tales en actos religiosos, por ejemplo. En palabras de la STC 24/1982 del Tribunal Constitucional: "El Estado se prohíbe a sí mismo cualquier concurrencia, junto a los ciudadanos, en calidad de sujeto de actos o de actitudes de signo religioso". Pero no obstante, pueden surgir dudas con respecto a otras cuestiones mucho más concretas. Por ejemplo, una procesión, de claro carácter religioso, tiene lugar en la calle, que es un espacio público. ¿Vulneraría el desfile procesional la laicidad? A primera vista podría parecer que sí, pero expongámoslo con más calma. De hecho, desde el clericalismo se hace caricatura del laicismo para intentar "demostrar" que los laicistas quieren hacer cosas como esa: prohibir las procesiones o cualquier otra manifestación pública de la fe particular. De acuerdo a esta falacia, el principio de separación "encierra" a la religión en el ámbito privado de la conciencia y prohíbe todas sus formas de manifestación pública, por ejemplo las procesiones. Dicha falacia les sirve para contraponer maliciosamente el "laicismo" a la "laicidad": el laicismo se expresaría en esa caricatura que hemos ejemplificado, y otra cosa sería la laicidad, que sí permitiría cualquier manifestación pública de la fe. 

 

Por tanto, pongamos las cosas en claro: ni es cierto que el laicismo se identifique con esa caricatura, ni hace falta una laicidad "abierta" o de otro tipo para evitarlo. El laicismo tal cual, bien entendido, se basta. Y bien entendido significa que el principio de separación, que a efectos de divulgación se explica con trazo grueso, a nivel de detalle y concreción hay que matizarlo mucho más, para que no haya lugar a dudas, equívocos o malas interpretaciones. No es que en realidad el asunto se preste a confusión, sino que debido a la inmensa influencia de la religión en nuestra sociedad (por una parte), y a la intencionalidad manifiestamente perniciosa de los que quieren crear confusión, la cosa se ha complicado bastante. Concretamente, la separación público-privado hay que trazarla con pincel fino en el ámbito público para subdividirlo en dos: el primero, público-formal. El segundo, público-informal. El ámbito privado no requiere mayor nivel de subdivisión, porque es el ámbito propio de la conciencia: es un ámbito totalmente protegido frente al Estado, para garantizar la plena libertad de conciencia. El Estado no puede entrar a legislar este ámbito, ni dictar lo que la ciudadanía debe o no debe creer. Es el espacio íntimo (personal, familiar, comunitario) donde se puede cultivar cualquier creencia o religión. Pero como decíamos, el ámbito público se subdivide en dos nuevos espacios: el ámbito público-formal es el propio del Estado, sus instituciones y sus cargos públicos: Parlamento, Gobierno, Presidente, Ministros, Ejército, hospitales, escuelas, etc. En este ámbito la exigencia del principio de neutralidad es máxima. Aquí no caben símbolos o creencias particulares. Sería inconcebible, por ejemplo, que un juez, al dictar sentencia, tuviera en cuenta sus creencias religiosas (o de otro tipo) para hacerlo. Por lo mismo, no caben crucifijos o medias lunas en Ayuntamientos, ni procede que los Concejales, en su calidad de tales, asistan a actos religiosos. Sería impensable, como acaba de ocurrir con el Rey Felipe VI hace pocos días, que el Presidente de la República asistiera en calidad de tal al besapiés del Cristo de Medinaceli, por poner un ejemplo concreto. 

 

Pero también tenemos, como ya hemos avanzado, el ámbito público-informal. Este ámbito es aquél que es público (porque no es privado y está regulado también desde instancias públicas), pero para el cual su publicidad deriva de que es un ámbito abierto a cualquiera, y por supuesto, ese cualquiera vendrá con sus propias creencias, religiones o aspectos de conciencia determinados. Un buen ejemplo de este ámbito son las calles y plazas públicas, en las que la ciudadanía puede expresar libremente sus ideas. En este ámbito no sería de recibo exigir, atendiendo al principio de separación, que se cumpliera también aquí el mismo grado de estricta neutralidad que en el ámbito público-formal. De un juez o un diputado exigimos que no tenga en cuenta para nada sus propias creencias religiosas a la hora de juzgar o legislar (ámbito público-formal), pero de unos manifestantes en la calle, procedentes de tal o cual colectivo, con su propia idiosincrasia, educación y características, no podemos esperar que no expresen con total libertad sus opiniones o creencias particulares, sino que más bien al contrario, debemos garantizarles absolutamente que puedan hacerlo. Y es que en este ámbito público-informal, aunque es público, participa la sociedad civil como tal. Incluimos a continuación una imagen que muestra gráficamente el espacio de los tres ámbitos señalados.

Fuente: Filosofía en la Red (http://www.filosofiaenlared.com/2016/06/laicismo-espacio-publico-formal-e.html)

Fuente: Filosofía en la Red (http://www.filosofiaenlared.com/2016/06/laicismo-espacio-publico-formal-e.html)

El Profesor Carmona Campo añade además que para entender correctamente lo anterior debemos tener en cuenta otra distinción, la que se expresa entre "laicidad" y "secularidad", porque muchas veces pueden llevarnos a engaño o confusión añadida. La laicidad se predica desde el Estado y sus instituciones, pero no desde la sociedad. En este sentido, la sociedad no es laica, si acaso será secular, que es distinto. El término "secular" alude a la pérdida progresiva de importancia de la religión en la sociedad. Y así, mientras que la laicidad es un concepto político, una aspiración o característica del Estado, la secularidad es un término sociológico, que expresa el grado de inmersión de las religiones en una sociedad determinada. Tanto la laicidad como la secularidad se miden en grados, no en valores absolutos. Si mezclamos los dos conceptos en sus diferentes grados, tendríamos cuatro posibilidades, dependiendo de Estados más laicos (con sociedades más o menos secularizadas) o Estados menos laicos (con sociedades más o menos secularizadas). Es decir, Estados más o menos laicos, con poblaciones más o menos religiosas. De hecho, podemos poner ejemplos de Estados que mezclan estos dos conceptos de forma diametralmente opuesta, incluso antagónica, pues pueden declarar la laicidad del Estado, pero poseer sociedades fuertemente religiosas. Por ejemplo, Francia posee una Ley de Separación Estado-Iglesia desde 1905, y el principio de laicidad recogido en el Art. 1 de su Constitución. O por ejemplo Estados Unidos, uno de los países más religiosos del mundo, donde la Primera Enmienda de su Constitución establece el principio de separación Iglesia-Estado. Tenemos variantes de todos los tipos. Continuaremos en siguientes entregas.

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