Actualidad Política y Cultural - Blog de Rafael Silva

En la entrega anterior ya comenzamos a exponer los primeros cinco puntos del Decálogo de propuestas generales que Manolo Monereo proyectaba y explicaba en este artículo de referencia que estamos siguiendo. Continuaremos con el resto de los puntos:

6.- Un Estado Social y Democrático, fuerte y eficiente. Un Proceso Constituyente debe volver a fortalecer el Estado, sus roles y capacidades. La idea neoliberal de un Estado débil que lo único que busca es socializar las pérdidas y privatizar las ganancias, asumiendo los costes sociales, económicos y ecológicos de los monopolios privados, ha de ser abandonada. Lo hemos visto en los peligros de las sucesivas "crisis" que se generan, en quiénes las pagan, y en la utilización como excusa de las mismas para imponer las políticas de "austeridad" llevadas a cabo por los Gobiernos y las instituciones de la Unión Europea. Bajo el capitalismo actual globalizado, el enriquecimiento es siempre privado y oligárquico, con crisis económico-financieras que se desatan de forma cada vez más recurrente, y que son producto de las propias contradicciones del capitalismo, de la falta de control de las instituciones y organismos internacionales, y de la mercantilización creciente de los bienes y recursos públicos. ¿Cómo paramos toda esta debacle? Necesitamos recuperar un Estado Social y Democrático fuerte y eficiente, capaz de regular el mercado, de planificar y de intervenir en la economía, de asumir el rol de último garante del empleo, de redistribuir la riqueza desde los intereses de las mayorías sociales.

7.- Un Estado Federal, Laico, Solidario y Participativo. El Proceso Constituyente debe defender la idea de un Estado construido colectivamente por personas y pueblos, pero de forma solidaria y voluntaria. Un Estado Federal de corte participativo, donde los pueblos históricos que se remontan a muchos siglos antes de que existiera la idea de España puedan unirse si lo desean para seguir compartiendo una cultura y un destino comunes. Aquí y ahora, en la Unión Europea del capital, no existe más democracia ni más libertad ni derechos sociales que los que garantizan el Estado-nación. A las instituciones europeas no les interesa una subdivisión tendente hacia una Europea de los pueblos, ya que bajo el paradigma de la "defensa de la integridad territorial" de los Estados esconden en realidad un dominio territorial en pro del ideal del capitalismo globalizado. La oligarquía desea este modelo de Europa porque se ha convertido en la garantía última de su poder. Si los Estados se dividen, pueden perder su hegemonía política, social y cultural, algo no deseado ya que perderían su status quo. De ahí que tengan en el concepto supranacional de la Unión Europea su reserva estratégica, un poder real, efectivo, que protege sus intereses como clase y sus privilegios antidemocráticos.

Los pueblos de España, esa nación que los franquistas aseguraban que era la "reserva espiritual de Occidente" son una buena prueba de todo ello. La descentralización política, expresada en el llamado "Estado de las Autonomías" ha resultado a todas luces un modelo insuficiente y antidemocrático. Queremos construir mediante el Proceso Constituyente los moldes para un Estado Federal que democratice el poder económico, mediático y cultural, y que blinde todos los derechos sociales para alcanzar una democracia plena y madura, justo lo que no se consiguió tras el franquismo. Por esto, unimos la "cuestión social y de clase" con la llamada "cuestión nacional" (que no territorial) para construir un nuevo proyecto de país, una nueva sociedad, un nuevo Estado, una democracia participativa. En este sentido, el reconocimiento al ejercicio del derecho de autodeterminación de todos los pueblos que forman el Estado Español es un claro puntal de dicho modelo. Sólo desde un verdadero escenario democrático los pueblos se sentirán libres de unirse para participar de este proyecto común. 

8.- Una política económica al servicio de las personas. Así podríamos resumir el conjunto de transformaciones económicas que queremos emprender, la meta que queremos alcanzar, y el objetivo que el Proceso Constituyente debe proponerse. Tenemos el problema central de la profunda desigualdad existente, desigualdad que además ha llegado a asumirse por el pueblo de forma normalizada, cuando es una absoluta aberración. En la economía capitalista el trabajo es una derivada, una consecuencia, un objeto de mercantilización, y no un derecho, una forma de realización personal y una expresión fundamental de riqueza. Bajo el capitalismo un volumen razonable de desempleo sirve para disciplinar la fuerza de trabajo, abaratando los costos y contribuyendo a la expansión de la hegemonía empresarial. Los dogmas neoliberales fomentan la especulación y la búsqueda de dinero fácil, de ahí las ingentes privatizaciones que se suceden en todos los sectores y ámbitos laborales, así como en los propios servicios públicos, que dejan de sostener derechos humanos para convertirse también en objetos de mercancía. Se impulsan los bajos salarios, la precariedad, se deprime la demanda y se favorece la baja productividad del sistema. Los sistemas de protección social (desempleo, pensiones, etc.) caen, y se fomenta un sistema fiscal cada vez más injusto y con serias dificultades para poder financiar al Estado Social. 

Todo este perverso sistema provoca que el Estado tenga que emitir deuda pública para poder financiarse, y así, los mismos capitalistas anteriormente beneficiados por las rebajas fiscales emprendidas, compran deuda pública, es decir, siguen ganando dinero y a la vez chantajean al Estado, sometiendo la soberanía popular a sus intereses. Manolo Monereo concluye: "Así mandan los que deciden y no se presentan a las elecciones". El Proceso Constituyente debe abordar la salida de este círculo vicioso: una profunda transformación en nuestro modelo laboral y fiscal que ponga la economía al servicio de las personas, que favorezca el pleno empleo, la renta básica, los planes de trabajo garantizado, la contratación indefinida y los altos salarios, prohibiendo la precariedad, y haciendo factible un nuevo modelo de crecimiento sostenible social y ecológicamente, basado en el impulso de los salarios, la protección social y los derechos laborales, es decir, dando más poder a la fuerza de trabajo, a los recursos y necesidades colectivas y a los bienes comunes. Pero todo ello pasa también por deconstruir las falacias y falsedades de los dogmas neoliberales y capitalistas, es decir, pasa por una revolución intelectual, que debe afectar a los modos y maneras de pensar, de concebir un nuevo modelo de sociedad, de cambiar comportamientos, visiones y actitudes. Necesitamos, por tanto, y el Proceso Constituyente debe ayudar a ello, millones de revoluciones individuales en paralelo a la gran revolución social. 

9.- Una política de paz y seguridad colectiva que garantice la solidaridad y el derecho al desarrollo. En nuestra serie de artículos "Por la senda del Pacifismo", que sigue publicándose actualmente y cuyas entregas suelen aparecer los lunes de cada semana, los lectores y lectoras de este Blog podrán encontrar amplios análisis de los planteamientos pacifistas que necesitamos en nuestras sociedades actuales. El Pacifismo debe romper la inercia de violencia, devastación y horror que sufrimos, y a la cual contribuimos con nuestras políticas exteriores. Participando en misiones en el extranjero, sirviendo recursos militares desde nuestras bases norteamericanas en nuestro país, contribuyendo a las perversas decisiones de la OTAN, y haciendo política servil y seguidista del belicismo de los Estados Unidos no vamos en la dirección correcta. Hemos de parar y reflexionar. Hemos de romper con ciertos planteamientos militaristas instalados en nuestra sociedad, y ello pasa también por disminuir paulatinamente los presupuestos de Defensa, por dejar de contribuir al desarrollo del complejo militar-industrial, y por romper ciertos imaginarios colectivos que contribuyen a instalar conceptos y decisiones equivocadas. Básicamente, todo esto se consigue enfrentándonos a todo tipo de imperialismo, especialmente ahora que estamos pasando de un mundo unipolar a un mundo multipolar, mediante una gigantesca redistribución del poder mundial, lo cual no ha podido conseguirse anteriormente sin guerras. 

Pero precisamente por ello, el Proceso Constituyente debe debatir en este sentido, y acabar instalando una verdadera visión pacifista de los conflictos, entendiendo que se trata de un proceso largo, que no se conseguirá de un día para otro. Pero hay que estar convencidos de oponernos al predominio de una política basada en la fuerza de las armas, en la continuación de las guerras para reforzar al capitalismo, y en contribuir al crecimiento de los bloques militares y de la industria militar. Hay que entender la Paz, así con mayúsculas, como un verdadero derecho humano fundamental, y exigirlo y requerirlo en todo momento y lugar. En este sentido, nuestra posición como país debe ser fundamental en conflictos como el del Sáhara Occidental, el conflicto entre Palestina e Israel, y los diversos conflictos que el imperialismo estadounidense ha exportado a Oriente Medio, así como el cerco que la OTAN lleva practicando sobre la Federación Rusa desde hace ya varios años. Una política internacionalista, pacifista, de cooperación, de solidaridad y de ayuda al desarrollo, antiimperialista, antimilitarista, y basada en la no violencia, que respete y haga respetar los Derechos Humanos a nivel universal. La salida de la OTAN, la retirada de las bases militares estadounidenses de nuestro territorio, la retirada de todas nuestras tropas de zonas en guerra, y una activa negociación en pro de la solución pacífica de todos los conflictos son básicamente las líneas maestras que el Proceso Constituyente debería abordar en este ámbito. 

10.- Democratización de los medios de comunicación. Los grandes medios convencionales de comunicación de masas son hoy día propiedad de gigantescos conglomerados empresariales que se mueven, como todas las demás, por la obtención del máximo beneficio, y en este sentido, están igualmente interesadas en que todo el orden nacional e internacional no cambie. Todo lo que ataque al capitalismo globalizado es puesto en cuestión por estos medios, que son los grandes voceros de la derecha internacional. No existe democracia sin plena libertad de expresión. Pero la libertad de expresión está secuestrada por estos grandes medios y por los dueños de los mismos, al servicio del sistema y del pensamiento dominante. El Proceso Constituyente debe debatir y defender un espacio político y social donde quepa la libre deliberación plural, la exposición de todas las ideas por los mismos canales, en igualdad de oportunidades, el libre debate de ideas, propuestas y proyectos, y el derecho de la ciudadanía al acceso a una información plural, libre y transparente. En cambio, lo que hoy tenemos es una libertad de empresa que ahoga la verdadera libertad de expresión, secuestrando los planteamientos alternativos, y practicando un acoso y derribo a todas las opiniones disidentes. Debemos romper con todo este endiablado panorama, que sólo nos conduce a una dictadura del pensamiento dominante, y a la tiranía de los poderes fácticos que los defienden. Todo ello puede conseguirse democratizando los medios de comunicación, tanto públicos como privados. 

Finalizado este decálogo de objetivos fundamentales que el Proceso Constituyente debería abordar y poner sobre la mesa, continuaremos en siguientes entregas.

¿Cómo podemos entonces revertir la arquitectura de la desigualdad en lo que se refiere al enorme poder de las grandes empresas transnacionales? Su poder, como decimos, gracias al capital globalizado, es ciertamente inmenso. Pero existe una línea de trabajo que podemos emprender desde los movimientos sociales, colectivos afectados y fuerzas políticas de izquierda, que consiste en delimitar y hacer respetar la frontera entre el poder de las empresas y la garantía de los derechos humanos. Si conseguimos (y el mercado y el ámbito laborales están muy relacionados evidentemente con todo esto) que el conjunto de la ciudadanía entienda que son dos ámbitos en conflicto (cosa que aún no se acaba de comprender, gracias a la ideología y al pensamiento dominante) habremos dado un paso de gigante, pues podremos comenzar a abrir camino hacia las garantías laborales, y de ese modo acabar con la precariedad. Dejémoslo claro por tanto: bajo la actual arquitectura de la desigualdad, las empresas transnacionales están enfrentadas a los derechos humanos. Esto es algo que hemos de aceptar de forma clara y rotunda. Quien vea fisuras en esta afirmación es que aún no es consciente del tremendo poder de estos grandes agentes del capitalismo, por lo cual le recomendamos que relea las entregas anteriores de esta serie. Bien, si aceptamos por tanto la afirmación realizada, está claro que hemos de poner límites a la impunidad jurídica de las corporaciones, cortar el vínculo entre el poder económico y la democracia, desprivatizar ciertos aspectos relativos a los servicios y bienes públicos actualmente mercantilizados, e impedir el continuo saqueo practicado con la naturaleza. 

Pero llevar a cabo todas estas acciones será muy difícil bajo un marco regulatorio internacional favorable a las empresas transnacionales, lo cual no significa que desde los ámbitos locales no se pueda actuar para revertir estos procesos. Diversas medidas, tácticas y estrategias pueden ponerse en marcha para que los efectos de la globalización capitalista hagan el menor daño posible a nuestros mercados laborales, legislando contra la precariedad, favoreciendo a las empresas que se comporten de forma socialmente responsables, y sobre todo, volviendo a recuperar para el ámbito público bienes, suministros, actividades y servicios que ya se encuentran dentro del ámbito privado. Con todo ello habremos dado pasos de gigante en favor de la igualdad. En un segundo estadío, la meta es ampliar el marco normativo del derecho internacional sobre los derechos humanos, para extenderlo también a los animales y a la naturaleza por sí misma. Al ser reconocidos como sujetos de derechos, podremos legislar y prohibir su continua explotación por parte de las empresas, y evitar los graves efectos derivados de estas execrables prácticas, tales como una mayor conciencia animalista y el freno a las diversas prácticas que están disparando el cambio climático a marchas forzadas. El estadío final es alcanzar un nivel de gobernanza democrática de tal forma que pongamos fin al libre albedrío y a la impunidad de la que gozan las grandes corporaciones, y evitemos los nocivos efectos que proyectan sobre los trabajadores y las trabajadoras en todo el mundo, y la degradación de los ecosistemas naturales. La prevalencia de los derechos humanos (en este caso, aplicados a un mercado laboral más racional y regulado) ha de ser total. No podemos consentir por más tiempo la salvaje situación que padecemos, que deja en manos del gran capital el destino de millones de seres humanos, que se convierten en simples piezas a su servicio. 

Por su parte, hay que deconstruir los grandes monopolios u oligopolios corporativos, hay que recuperar la soberanía alimentaria de los pueblos, hay que reivindicar los derechos campesinos, hay que impedir el constante abuso corporativo sobre la propiedad intelectual, hay que establecer entornos legales que primen la atención a las personas de forma universal sobre los beneficios empresariales (por ejemplo, para el sector de la salud), y hay que intentar cerrar todos los huecos y vacíos legales de tipo jurídico en el derecho internacional en todo lo relativo a las grandes empresas transnacionales. Hay que reconceptualizar el significado (hoy día absolutamente manipulado y magnificado) de la seguridad jurídica, y hay que crear instancias y tribunales internacionales donde los pueblos, las personas y los Estados puedan dirigirse a la hora de litigar con ciertas garantías contra estas megaempresas. Pero sobre todo, en lo que aquí nos ocupa (que es todo lo relativo a su poder en el mercado laboral, y sus injusticias derivadas), hay que revolucionar las relaciones entre las empresas multinacionales y las normas del trabajo, derogando leyes regresivas o contrarreformas, y volviendo a diseñar para este siglo XXI una herramienta universal como el Estatuto de los Trabajadores (al lado de organismos internacionales, como la OIT) que ofrezca plenas garantías de derechos, protecciones y coberturas. Pero dicho todo esto, quizá el mayor escudo de las empresas transnacionales sea el perverso régimen de comercio e inversión vigente, y auspiciado por organismos tan peligrosos como la OMC (Organización Mundial del Comercio) y los Tratados de Libre Comercio de última generación (TPP, TTIP, TISA, CETA...), a los cuales les hemos dedicado recientemente toda una serie de artículos, que recomiendo a los lectores y lectoras que no la hayan seguido. Seguiremos a continuación datos, opiniones e informaciones que nos proporciona Raffaele Morgantini en este artículo aparecido en uno de los números de la revista América Latina en Movimiento (ALAINET), y difundido también por el medio digital Rebelion.org.

La desigualdad laboral viene enmarcada en un proceso de desmantelamiento de los históricos derechos laborales conquistados por la clase obrera al gran capital. La globalización neoliberal ha contribuido a ello, y se enmarca en el fondo en la misma dinámica que niega el derecho a decidir de los pueblos, y la propia soberanía de los Estados. La globalización pretende imponer su visión del mundo, y por tanto, se opone a cualquier réplica que desde estas instancias se pueda lanzar. Se impone una nueva lógica corporativa desde las élites económicas mundiales, y los altos directivos de las organizaciones internacionales guardianas del nuevo orden neoliberal, y en este sentido, la prevalencia de los derechos comerciales de las grandes empresas tienen absoluta prioridad. Todo comenzó con los procesos de privatización de las grandes empresas públicas, la desregulación sistemática de los aparatos económico-industriales nacionales, y de los derechos laborales, sociales y ambientales. Aunque parezca que cada cosa va por su lado, hay que verlo todo en un solo paquete, pues todo forma parte de una misma estrategia conjunta, que responde a un mismo fin y objetivo compartido, que no es otro que estas grandes empresas transnacionales se impongan en los sectores estratégicos de la economía. Recetas como la internacionalización de las empresas, sus deslocalizaciones, la apertura de mercados en países del Sur (donde se podían imponer bajos salarios y nulas protecciones sociales), la liberalización del comercio y la aceptación de la posición dominante de las grandes empresas, respondieron a este macabro objetivo. Pero lo cierto es que desde el principio, la actividad de todas estas grandes empresas estuvo asociada a las más sangrantes violaciones de los derechos humanos, y al constante expolio de la naturaleza. 

Pero lógicamente, para proteger este entorno y proporcionar legitimidad y respaldo legal a la actividad de las empresas, era necesario desarrollar un nuevo marco jurídico-normativo donde insertar "legalmente" sus mafiosas actividades. Y así, la nueva estructura económica internacional sitúa en el epicentro de la misma al poder corporativo transnacional. La deriva ha consistido no sólo en que estas grandes empresas han acaparado cada vez mayor número de actividades, sino que lo han hecho prácticamente sin fronteras, sin límites a la naturaleza de tales actividades, y pisoteando los marcos laborales nacionales e internacionales. La arquitectura de la desigualdad está, también aquí, servida. Se abrió la puerta a un nuevo Derecho Internacional Privado, dominado y erigido a propósito para el ilimitado poder corporativo. Un nuevo orden internacional que desafía a la propia democracia, a los derechos humanos y a todo cuanto se interpone en su demencial camino. El derecho corporativo prevalece hoy día sobre el derecho internacional de los derechos humanos, sobre el derecho laboral internacional y sobre las normas medioambientales. Los marcos legales y normativos han sido instrumentalizados en favor de las empresas y en contra de las personas, los pueblos y la naturaleza. El panorama surgido de tales aberraciones está claro, y lo sufrimos diariamente: abusos de poder empresarial, estafas económicas masivas, generalización de la precariedad laboral, ausencia de protección social, existencia de puertas giratorias, influencia cultural en los paradigmas de pensamiento, existencia de un consumismo alienante y compulsivo, desarrollo de peligrosos procesos extractivistas, negación del derecho al trabajo y a la seguridad social, acoso y derribo al sindicalismo, aprobación de contrarreformas laborales, desnaturalización y desvirtuación del trabajo humano, desprecio a las normas medioambientales, conversión de derechos y servicios públicos en objetos de mercantilización, etc. Todo ello lo podemos resumir en la palabra sagrada: Desigualdad. Continuaremos en siguientes entregas.

¿En qué situación estamos actualmente en cuanto a armamento nuclear? ¿Son fundadas las sospechas de su existencia? Pues veamos: según este reciente artículo publicado en el medio Tiempo Argentino, existen en el mundo más de 17.000 armas nucleares, repartidas entre nueve países, 2.000 de ellas situadas en estado de "Alerta Alta". Tomaremos como referencia algunos de sus datos e informaciones. El estado de "Alta Alerta" implica su preparación para poder ser usadas en cuestión de segundos, y con un poder de destrucción muy superior (ya lo comentamos en la entrega anterior, cuando comenzábamos este bloque temático) al de las arrojadas por los Estados Unidos en las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki en 1945. Sólo entre Rusia y Estados Unidos, suman el 92% del total, con 8.500 y 7.700 respectivamente, según un informe de la Campaña Internacional para la Abolición de las Armas (ICAN), la organización que fue galardonada en octubre del pasado año con el Premio Nobel de la Paz por su labor a favor del desarme. Además de esos dos países, que forman como decimos la peligrosa punta de lanza, Francia (con 300), Reino Unido (con 275), China (con 250), Pakistán (entre 100 y 120), India (entre 90 y 110), Israel (80), y Corea del Norte (entre 10 y 60) poseen también armas nucleares, pero curiosamente, solo los primeros cinco lo hacen de forma "legal", en virtud del Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares (NPT, por sus siglas en inglés), firmado en 1968.

Bien, una duda nos asalta antes de continuar. Mejor dicho, dos dudas. La primera es de todo punto lógica: ¿se firma un tratado internacional de "no proliferación" de armas para permitir que algunos países las posean y otros no? ¿Algún lector o lectora entiende la lógica de este tratado? Sin más comentarios. Segunda duda, o mejor dicho, reflexión: ¿no es extremadamente curioso que aún apareciendo Corea del Norte como el último de la lista de los países poseedores de armas nucleares, sea el más peligroso de todos según nuestros medios de comunicación? Dejo dichas reflexiones a la interpretación de los lectores y lectoras. El Tratado de No Proliferación antes referido, firmado por 190 Estados, estableció la prohibición del desarrollo nuclear a todos los firmantes, excepto a los llamados "Estados Nuclearmente Armados", que eran los que, al momento de la firma del tratado, ya habían realizado un ensayo nuclear. Bien, lógico hasta aquí...Pero si el tratado es de no proliferación...¿Por qué a dichos países se les permite seguir proliferando y al resto no? Vamos a expresarlo de otra forma: ¿Por qué es un escándalo que Irán realice una serie de experimentos con uranio empobrecido pero no lo es que Donald Trump afirme que "posee el botón nuclear más gordo"? ¿No parece más bien que nos guiamos por una doble vara de medir? ¿La no proliferación es sólo para los países escogidos o para todo el mundo? ¿Quiénes deciden quién puede proliferar y quién no? Como vemos, todo es un absoluto despropósito. Concretamente, India, Pakistán, Israel y Corea del Norte, que se encuentran fuera del acuerdo, lo han criticado argumentando (con mucha razón, por lo que estamos viendo) que crea un club de países "nuclearmente ricos" y un grupo de países "nuclearmente pobres", sin explicar bajo qué motivos o fundamentos éticos se realiza esta irracional distinción. 

Durante los últimos años, Irán, pero sobre todo el programa nuclear de Corea del Norte (enemigo histórico de USA desde la masacre a la que fue sometido durante la guerra de 1950-53) es el que más tensión ha generado en el mundo, instalando la idea de que una guerra nuclear es posible, y concitando todo tipo de tensiones entre sus defensores (únicamente China) y sus detractores (el resto, con Estados Unidos a la cabeza). Rusia se mantiene en este aspecto neutral a simple vista, pero también lleva sus propios intereses. La senda del Pacifismo no puede justificar en absoluto ninguna escalada armamentística, y mucho menos nuclear, pero dicho esto, hay que comprender la actitud histórica de Corea del Norte, que entiende que sólo una actitud belicista fehaciente tendrá como resultado el "respeto" de Estados Unidos. Porque lo cierto es que USA jamás ha consentido cualquier tipo de negociación con Corea del Norte, que hubiera contribuido a aliviar la tensión histórica entre ambos países. Muy al contrario, siempre ha alentado (como es su estilo) la provocación. Pero nuestros medios de comunicación occidentales, todos ellos pertenecientes a serviles aliados estadounidenses, siempre nos han dado la visión equivocada de la realidad, presentando a Corea del Norte como los provocadores, y a Estados Unidos como el gendarme que tiene que controlarla. Otro absurdo histórico en lo que a pacifismo se refiere. La única solución es la de siempre: negociar, presionar y respetar. Presionar, respetar y negociar. No existen más soluciones. Hay que alcanzar acuerdos mundiales para el desarme nuclear, pero que afecten a TODOS los países, sin excepciones. 

Corea del Norte era parte del NPT hasta 2003, pero a partir de ahí comenzó a desarrollar su programa nuclear, pensamos que como herramienta de disuasión ante Estados Unidos, para poder entablar negociaciones de igual a igual, cosa que ningún inquilino de la Casa Blanca ha tenido a bien hasta ahora. Según ICAN, Corea del Norte posee 10 cabezas nucleares, una cifra que fue elevada a 60 en un informe de inteligencia del Departamento de Defensa de Estados Unidos publicado en julio de 2017 por el medio The Washington Post. No obstante y afortunadamente, parece ser que soplan vientos de paz y reconciliación durante estas últimas semanas, ya que ambas Coreas han firmado acuerdos de colaboración, y el dirigente norcoreano ha mostrado su firme propósito de comenzar a desnuclearizarse sin condiciones si se respetan los acuerdos. Otro caso importante es el Irán, que constituye igualmente un foco de conflicto permanente, incluso con su más tolerante y aperturista presidente Hassan Rouhani. El caso es que Irán intentó durante muchos años desarrollar un programa nuclear propio que le costó innumerables sanciones por parte de la ONU, que llegaron incluso a hundir al país islámico en una grave crisis económica. Al final, bajo el segundo mandato de Barack Obama, se alcanzó por fin un acuerdo internacional con Irán, que levantaba las sanciones a cambio de la interrupción de su programa nuclear. No obstante, el actual inquilino de la Casa Blanca, el ignorante y temerario magnate Donald Trump, ha manifestado su intención de no respetar dicho acuerdo. 

El caso de Estados Unidos, como estamos viendo a lo largo de toda esta serie de artículos (ya lo vimos también en nuestra serie "USA: Estado de Guerra Permanente", publicado hace algún tiempo en nuestro Blog) es ciertamente paradigmático. Posee el nada honorífico ránking de haber sido el primer país en desarrollar armas nucleares, el único que las ha usado en una guerra (Japón, 1945, Segunda Guerra Mundial) y es el que más gasta en el mantenimiento e investigación de su arsenal nuclear (de hecho, gasta más que todos los demás países juntos). Le sigue la Federación Rusa, que posee el arsenal nuclear más grande del mundo (heredado de la antigua U.R.S.S.) y está invirtiendo en la modernización de sus cabezas nucleares y en sus sistemas de lanzamiento. Por su parte, China posee un arsenal nuclear mucho más pequeño que Estados Unidos y Rusia, y no parece estar aumentando su tamaño, a diferencia de la India, que rompiendo sus compromisos con el NPT, comenzó a incrementar de forma constante el tamaño de su arsenal nuclear y de su capacidad de lanzamiento. Asímismo, Pakistán aumentó su arsenal y mejoró sustancialmente su infraestructura nuclear durante los últimos años. En el caso de Israel, que se cree que cuenta con 80 cabezas nucleares, existe bastante secretismo en cuanto a su programa, y además sus autoridades siempre han sido muy ambiguas en relación a este asunto, sobre el cual nunca han confirmado ni negado su existencia. Además de esos nueve países, Alemania, Bélgica, Italia, Holanda y Turquía poseen armas nucleares fabricadas por otros países, como parte de una política de disuasión de la OTAN que implica que todos los miembros de la alianza militar deben poseer armas de este tipo. Este es el panorama internacional a día de hoy. Continuaremos en siguientes entregas.

Porque la libertad de expresión, al igual que otras libertades básicas y derechos fundamentales, está siendo vapuleada por este régimen. En este sentido, debemos aspirar a conseguir todas las demandas democráticas estructurales que continúan pendientes desde la dictadura franquista, pues aquél famoso período de la Transición, y los años siguientes, no sirvieron a dicho fin. Por ejemplo, la efectiva separación entre la Iglesia y el Estado (ya hemos hablado largo y tendido sobre el Estado Laico en entregas anteriores, por lo que no insistiremos más en el asunto, sólo recordar que dicha meta se consigue acabando con toda financiación pública para la Iglesia Católica o cualquier otra confesión, la devolución de todo el patrimonio expoliado por la misma durante décadas, y el fin de los conciertos educativos, entre otros objetivos), el fin de la Monarquía, la salida de la OTAN, el fin de las perversas leyes de extranjería (incluyendo los CIE's y la apertura de las fronteras), la retirada de todas las tropas españolas de lugares en conflicto, la lucha por el derecho a la autodeterminación de todos los pueblos, la lucha por la renta básica (universal, incondicional e individual), un programa contra el desempleo masivo (prohibiendo por ley las situaciones de precariedad laboral, el reparto de las horas de trabajo sin reducción salarial o los Planes de Trabajo Garantizado), y la apuesta porque toda fábrica o empresa que cierre o despida sea nacionalizada y puesta bajo el control democrático de sus trabajadores/as. Un Proceso Constituyente que aborde la problemática de la vivienda bajo un punto de vista social y como derecho humano fundamental, impidiendo los desahucios, y decretando la expropiación de todos los pisos vacíos en manos de la banca y de los especuladores financieros, fondos buitre y demás ralea por el estilo. 

En el horizonte, la construcción y mantenimiento de un Parque Público de Viviendas de Alquiler Social, en el cual toda persona o familia vea consagrado su derecho a una vivienda digna cuyo alquiler no supere el 15% de los ingresos familiares (o individuales). Un debate que vuelva a situar al conjunto de los servicios públicos gratuitos, universales y de calidad, asociándolos con un derecho fundamental, y garantizando su blindaje dentro de un fortalecimiento de los pilares del Estado del Bienestar. Pero para todo ello, será necesario tomar medidas elementales de cara a su financiación sostenible, tales como la auditoría ciudadana de la deuda pública (para proceder al repudio de aquélla parte de la misma que sea considerada ilegítima, odiosa, ilegal o insostenible), la nacionalización de todo el sistema financiero, de los sectores económicos estratégicos, y de la aplicación de fuertes impuestos a las grandes fortunas, además de eliminar la financiación a la Iglesia Católica, y a la Casa Real (que, evidentemente, ya no existirá). Junto a todos estos fondos, tenemos que reseñar también los procedentes de la eliminación paulatina de los presupuestos de Defensa, pues el Proceso Constituyente debe abordar desde sus cimientos la implantación de una política pacifista en todas sus dimensiones. Con todas estas medidas puestas en marcha, es evidente que habrá dinero para financiar la totalidad de los servicios públicos, pero no sólo ello, sino también la implantación de una Renta Básica Universal, así como la asunción por parte del Estado de todas las tareas de exhumación de los cadáveres enterrados en fosas comunes o en el Valle de los Caídos, procedentes de la Guerra Civil o de la posterior dictadura. Este demencial monumento habrá de ser demolido, o bien transformado en un museo de la Memoria Histórica Democrática. 

Y como venimos comentando, un programa de estas características no cabe dentro de los estrechos márgenes del régimen del 78. No cabe por tanto reforma alguna, pues las posibles reformas propuestas y aceptadas por la derecha política, social y mediática sólo servirán para maquillar algunos aspectos de nuestro modelo, para aparentar ciertos cambios que sólo persiguen apuntalar los cimientos del régimen, que como sabemos apuntalan las desigualdades y las injusticias sociales. Pero igualmente, estas transformaciones que estamos proponiendo tampoco caben en los límites de la Unión Europea del gran capital, del Euro y de los tratados europeos, que habrá que desobedecer, y salirse de su radio de acción. Habrá que ser libres para no estar sometidos a los indecentes dictados de la Troika, del FMI, de la OCDE, de la OMC, del BM y demás instituciones y organismos internacionales consagrados al dominio del dogma neoliberal. Desengañémonos: una democracia completa y plena no es algo que sea conquistable dentro del régimen político heredero de la dictadura franquista. Hay que romper con ello, hay que intentar hacer lo que no pudimos hacer en 1978, tras pocos años de la muerte del dictador. Ahora ya han pasado más de 40, y sin embargo todo continúa "atado y bien atado". El Proceso Constituyente es la única forma en que se podrá conquistar todo este modelo social, y además de forma libre y soberana. ¿Será una tarea fácil? Muy ingenuos seríamos si lo afirmáramos. La tarea del verdadero Proceso Constituyente será tremendamente complicada, no porque lo sea en sí mismo, sino porque la clase dominante y capitalista, y todos los medios a su servicio, intentarán de todas las maneras posibles abortarlo, hacerlo descarrillar, llevarlo al fracaso. La clase capitalista no se dejará perder sus privilegios por las buenas, aceptando sin más lo que las diversas Asambleas nacionales del Proceso Constituyente vayan decidiendo. 

Por tanto, es lógico pensar (como ya ocurrió en el pasado en otros contextos históricos) que levantar y llevar a cabo un programa de estas características, con verdaderas medidas de redistribución de la riqueza y de justicia social, implica necesariamente la concienciación, la movilización y la autoorganización de todos aquéllos sectores que somos víctimas y que estamos padeciendo las consecuencias de estas políticas enmarcadas en esta estafa llamada "crisis", en realidad una clara ofensiva sin paliativos del gran capital. En realidad el Proceso Constituyente sólo tendrá éxito si genera un contrapoder dirigido desde abajo, inserto en los centros de trabajo y de estudio, en los barrios y en los pueblos, en las fábricas y en las oficinas, apoyado por estudiantes, obreros, profesionales, jubilados, parados, mujeres, sindicatos, mareas, y todos aquéllos colectivos que entiendan que este infernal sistema sólo favorece a unos pocos. La vía no es la negociación con las instituciones europeas, la vía no es la "tercera vía", la vía no es la rebaja del programa hasta hacerlo minimalista, la vía no es la claudicación ante pequeñas migajas...La única vía posible es la movilización para la transformación social. La vía es la revolución que el mismo Proceso Constituyente representa. La vía es la unión de los intereses de todos los colectivos afectados, de todas las clases vulnerables, indefensas, desprotegidas, precarias. Solamente desde la movilización y la lucha podremos cambiar nuestras condiciones de vida. Sólo desde un frente colectivo anticapitalista y de clase podremos conseguir las transformaciones a las que aspiramos. Una movilización de todos los sectores populares, cuya fuerza imparable consiga superar todos los ataques y chantajes que intenten imponernos. 

Y así, sólo los que producimos día a día las riquezas, sólo la suma de los colectivos afectados, todos a una, somos quienes podremos poner contra las cuerdas a los capitalistas y a sus serviles representantes políticos, y avanzar en construir un nuevo proyecto de país donde los medios de producción pasen a las manos de las grandes mayorías sociales, y se coloquen a su servicio, a nuestro servicio. El Proceso Constituyente es en realidad un frente para la movilización y para levantar una alternativa política y social al tímido reformismo imperante. Las conquistas propuestas nunca serán alcanzadas sin dejar de someterse a las lógicas capitalistas, al imperio del dogma neoliberal. Nunca será posible mejorar de verdad las condiciones de vida de los de abajo sin enfrentarse a los designios del capital, sin rebelarse ante sus normas, sin cuestionar la acumulación de riquezas por parte de una minoría privilegiada. Ellos lucharán con uñas y dientes por no perder dichos privilegios, su estatus quo. Nosotros debemos organizarnos en la lucha para poder implantar un sistema justo, racional, avanzado, libre y democrático. Y sólo la movilización sostenida mediante huelgas, manifestaciones, concentraciones, etc., podrá reconstruir la conciencia política de los sectores más desfavorecidos, más explotados, más saqueados, más injustamente tratados. El Proceso Constituyente debe estar ahí, codo con codo con todas estas luchas, con todas esas manifestaciones, con todas esas reivindicaciones de los sectores más duramente afectados. El Proceso Constituyente deberá atender sus demandas, deberá alojar sus debates y conversaciones, deberá incluir sus objetivos, deberá recuperar sus conquistas, o alcanzarlas por primera vez si no lo fueron nunca. El Proceso Constituyente es un crisol de voces que desean superar las injusticias de un sistema viciado de facto, podrido y corrupto. Continuaremos en siguientes entregas. 

Como venimos comentando, el mercado laboral es la expresión más salvaje de la desigualdad, y se manifiesta crecientemente en múltiples facetas. En este sentido, hasta la misma filosofía y concepto del trabajo humano ha sido prostituido, y ha dejado de representar lo que históricamente ha representado. Sobre todo jóvenes, mujeres, mayores de 50 años y autónomos sufren especialmente la precariedad laboral, que anula las tradicionales funciones del trabajo, resumidas en seguridad, bienestar, dignidad, salud, participación y realización. Nuestro país se ha convertido además en un auténtico paraíso de trabajadores pobres, ya que las últimas contrarreformas han dejado el panorama laboral absolutamente destruido. Los jóvenes trabajan hoy en condiciones de absoluta flexibilidad, sin poder llevar a cabo cualquier mínimo proyecto vital digno, sin poder emanciparse, sin poder formar una familia, sin poder atenerse a un futuro más allá de un mes o dos vista. Los derechos laborales que hace una década considerábamos absolutamente consagrados están siendo triturados a marchas forzadas en un agresivo proceso de desregulación de las condiciones de trabajo. La precarización no es un estadío intermedio, sino que es un fin. La precarización laboral es hoy día el único destino posible. La crisis-estafa ha servido como perfecta excusa para implantar una calculada estrategia que delimite una nueva reconversión del mundo laboral, un nuevo paradigma donde los derechos y la estabilidad no existen. Se han instalado los dogmas del empleo de baja calidad y de la precariedad normalizada. 

Y la cara más extrema de todo este fenómeno, como nos cuenta José A. Llosa en este artículo para el medio CTX, se encuentra en los trabajadores pobres, un nuevo concepto surgido a la luz de las nuevas contrarreformas laborales. Esta masa laboral la forma un segmento de población ocupada que vive por debajo del umbral de la pobreza. Personas que, pese a contar con "empleos" (la degradación de este concepto es ya harto evidente), sufren una situación económica extrema, no pudiendo desarrollar tampoco un proyecto de vida digno. La ocupación laboral en los mayores de 45 años se torna extremadamente dificultosa, pues la filosofía empresarial consiste en lanzar ERE masivos de trabajadores/as veteranos (que ya contaban con derechos consolidados), para albergar en su lugar a trabajadores/as jóvenes, a los cuales someten a las prácticas precarias que ya hemos comentado. ¿Y qué ocurre con las vidas de estas personas que superan la cincuentena? Pues veamos: al mermar considerablemente la posibilidad de nuevas oportunidades laborales a partir de dichas edades, y especialmente por encima de los 55 años, la salida tras el agotamiento de las insuficientes prestaciones por desempleo pasa por el acceso a las pensiones no contributivas, lo que penaliza sustancialmente la cuantía de la jubilación, condicionando el resto de la trayectoria vital de la vejez. En efecto, actualmente el subsidio indefinido hasta la jubilación se ha elevado desde los 52 años hasta los 55, ha bajado su cuantía hasta los mínimos vitales, y se ha endurecido el acceso al mismo. En nuestro país, más del 50% de los parados y paradas supera los 40 años, lo cual da lugar a una situación dramática, pues son personas que normalmente soportan cargas familiares, y a las cuales, como decimos, el sistema no sólo no provee de renta mínima digna, sino que además son castigadas por el propio sistema de relaciones laborales, que busca sobre todo personal joven para someterlo a la universal precariedad. 

La obsesión por parte de las grandes empresas de reconvertir su personal veterano en personal joven es absolutamente irracional. Existen casos absolutamente paradigmáticos, como el de la empresa Ericsson, a la cual dedica Jairo Vargas este artículo en el medio Publico, resumiendo que ha llevado a cabo cinco ERE's en diez años, y que sigue teniendo el mismo número de trabajadores que cuando comenzó dicho proceso. Increíble, ¿verdad? Porque la lógica más elemental nos indica que si una empresa implanta un Expediente de Regulación de Empleo es porque no necesita (por razones organizativas o de producción) el número de trabajadores actual, y necesita quedarse con menos personal. Pero como estamos viendo, esta elemental lógica no casa con las mafiosas e indecentes prácticas empresariales. Los sindicatos con representación en la multinacional sueca de telecomunicaciones denuncian una clara estrategia para precarizar las condiciones laborales de la plantilla, al echar a empleados con salarios consolidados para contratar a jóvenes más baratos, mientras los directivos de la compañía aumentan sus retribuciones. Básicamente, la cantidad de trabajadores/as no ha variado, y se mantiene en el entorno de las 3.000 personas. Y mientras todo esto ocurre, la empresa continúa ofreciendo beneficios. ¿Será desigualdad? Creemos que sí. ¿Será una arquitectura laboral que la permite? Creemos que sí. Y creemos que todas estas prácticas tienen un nombre: Terrorismo Empresarial (una de las modalidades que ya definimos en nuestro célebre artículo, uno de los más seguidos de nuestro Blog). Porque en efecto, estas medidas indiscriminadas e injustificadas generan en el grueso de las plantillas un estrés y un terror muy difíciles de soportar sin que afecte a las vidas íntimas y personales de los/as empleados/as.

Malestar, incertidumbre y desmotivación son otros efectos que se provocan en el personal, lo que a su vez incide en la productividad laboral y en la felicidad de los empleados y empleadas de la compañía. Todas ellas también son manifestaciones de esa precariedad vital de la que hablamos. Todo este terrorismo empresarial, sus variantes y manifestaciones son perfectamente estudiadas en el libro "La empresa criminal", de los autores Steve Tombs y David Whyte, que agregan además el sugestivo título "Por qué las corporaciones deben ser abolidas". Una estupenda reseña de dicha obra fue realizada por Pedro López, Profesor de la UCM, y publicada en el medio Crónica Popular, artículo del que tomaremos referencias a continuación. La obra repasa el historial criminal de muchas empresas y corporaciones emblemáticas. Pedro López relata textualmente: "La lista de empresas que se beneficiaron del trabajo esclavo en el nazismo y en el franquismo es extensa: entre las más conocidas, Siemens, Daimler-Benz, Deustche Bank, Siemens-Schuckertwerke, Volkswagen, Bayer, BMW, Krupp, Shell o Ford lo utilizaron en los campos de concentración alemanes; en la España franquista, constructoras como Dragados y Construcciones, Banús, Hermanos Nicolás Gómez, Construcciones ABC y otras, así como empresas de otros sectores como Los Certales (muebles), Compañía de Autobuses de Barcelona, Babcock & Wilcox (estadounidense dedicada a la electricidad), Minas de Almadén y Arrayanes, Astilleros de Cádiz, La Torrassa (fábrica de cristal) y un largo etcétera. Por otro lado, la eficaz colaboración de la estadounidense IBM con los nazis para identificar y llevar al exterminio a los judíos, de la General Motors para fabricar tanques alemanas, de la ITT para dirigir las telecomunicaciones nazis a cambio de una futura recompensa después de la guerra, o la colaboración de bancos suizos (Credit Suisse, Union Bank of Switzeland, Swiss Bank Corporation) en el robo de las propiedades de estos, casos citados en este libro, muestran que el capitalismo colaboró de manera entusiasta con las dictaduras más extremas".

Y es que el capitalismo, máximo adalid de la desigualdad, nunca se implantó democráticamente, sino que se impuso en principio a sangre y fuego, y después ha ido envolviendo su oscura capa con diferentes disfraces. Y poco a poco nos ha ido imponiendo su propia visión de la vida y del mundo, inculcando falaces mantras como el de la eficiencia empresarial, el valor de la emprendeduría, la autonomía del mercado, la autorregulación corporativa, la seguridad jurídica, la responsabilidad social, la regulación estatal o la protección pública del interés general. Conceptos que pueden quedar muy bien en un seminario teórico, pero que en la práctica se comprueba diariamente que sólo sirven para proteger los intereses de las grandes corporaciones, su obtención máxima de beneficio, y la protección de sus directivos y accionistas. Hasta el lenguaje concede a las corporaciones una mayor benevolencia, ya que por ejemplo mientras al individuo se le imputa intención, a las empresas como mucho se les imputa negligencia o imprudencia, categorías mucho más leves de condena social y legal. Pedro López indica textualmente: "Al referirse a actividades criminales corporativas, el lenguaje de los medios y del poder suaviza los matices; lenguaje anestésico lo llaman Tombs y Whyte: hablamos de escándalos en vez de crímenes, de venta abusiva en vez de robo o fraude, de accidentes en vez de homicidios o lesiones. Todo ello contribuye a formar un velo corporativo que aparta a los responsables criminales de toda responsabilidad penal". Y mientras las empresas no tienen patria (su patria no es donde reside su sede social, sino que suele ser donde más intereses poseen), se asocia ingenua y equivocadamente la "nacionalidad" (española, francesa, italiana, etc.) a las empresas, y se difunde en el imaginario colectivo que defender a dichas empresas es defender a tu país. Craso error. Continuaremos en siguientes entregas.