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8 diciembre 2017 5 08 /12 /diciembre /2017 00:00
Arquitectura de la Desigualdad (67)

El sistema de las deudas ilegítimas es igualmente utilizado por el sistema capitalista para someter las políticas de los poderes públicos a los deseos del Gran Capital. Mientras que la deuda pública podría servir para financiar un vasto programa de transición ecológica… es utilizada para imponer políticas antisociales, políticas extractivistas, productivistas, políticas que favorecen la competición entre los pueblos

Eric Toussaint (Portavoz de CADTM Internacional y miembro del Consejo Científico de ATTAC Francia)

Está claro que si la banca privada es el mayor agente gestor e intermediario con la deuda pública de los países (además de los propios organismos internacionales garantes del orden neoliberal), hay que atacar a éstos si pretendemos reducir los niveles de desigualdad generados por el propio sistema-deuda. En este sentido, hay que socializar al sector bancario (es decir, hay que llevar a cabo una expropiación de las acciones privadas y transformar los bancos en un servicio público bajo control democrático y ciudadano), hay que tomar medidas estrictas sobre los flujos de capitales, recaudar un impuesto a la riqueza sobre el 1% más poderoso de la población, rechazar los préstamos condicionados a la adopción de medidas de austeridad y de privatizaciones, y rechazar (en cualquiera de sus múltiples formas) el pago de una deuda ampliamente ilegítima, ilegal, insostenible y odiosa (términos que comenzaremos a definir enseguida). Como avance (pues suponemos que volveremos a estos conceptos más adelante y en varias ocasiones) podemos ir dejando una clara y rápida definición de estos tipos o calificativos aplicables a la deuda pública:

 

1.- Deuda ilegítima: deuda contraída por los poderes públicos sin respetar el interés general o en favor del interés particular de una minoría privilegiada. Por ejemplo y para nuestro país, la generada por proyectos faraónicos o inútiles, como el aeropuerto de Castellón...¿hay que pagar estas deudas?

 

2.- Deuda ilegal: deuda contraída en violación del orden jurídico o constitucional aplicable. Por ejemplo, la originada en casos de corrupción de los que poseemos en nuestro país tan amplio catálogo ("Taula", "Punica", "Lezo", "Malaya"...)...¿hay que pagar estas deudas?

 

3.- Deuda odiosa: deuda contraída en base a créditos ligados a la implementación de políticas que violan los derechos sociales, económicos, culturales, civiles o políticos de las poblaciones afectadas por el pago de dicha deuda, con el conocimiento de los acreedores. Por ejemplo, la deuda contraída para rescatar a la banca española implementando a cambio políticas diseñadas por la Comisión Europea para imponer medidas de austeridad, violando derechos sociales y económicos de la ciudadanía...¿hay que pagar estas deudas?

 

4.- Deuda insostenible: deuda cuya devolución impide a los poderes públicos garantizar los derechos humanos fundamentales. Como hemos comentado en entregas anteriores, el pago de la deuda supone en la actualidad una de las mayores partidas de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), lo que impide destinar miles de millones de euros a servicios públicos básicos, algo que es absolutamente insostenible, ya que no se refiere a una situación coyuntural o excepcional, sino a una evolución permanente del sistema-deuda y su influencia sobre el destino de las arcas públicas...¿hay que pagar estas deudas?

 

Parece claro y justo que en cualquiera de las situaciones que acabamos de describir, los Estados en cuestión objeto de las mismas no se empeñen en el falso mantra de que "las deudas hay que pagarlas", sino que adopten medidas de realización e implementación de una auditoría integral, ciudadana, pública y democrática, a fin de determinar por qué motivos el endeudamiento aumentó de manera tan exagerada, alcanzando niveles tan aberrantes. Y sobre todo, y ligado a ello, desvelar posibles irregularidades, encuadrando el montante de la deuda (si es el caso) en alguna(s) de las modalidades descritas más arriba. Si los acreedores o el contexto legal o normativo referido a los Estados no lo permite, se deben adoptar estas medidas en cualquier caso, como medidas unilaterales de autodefensa frente a las imposiciones injustas de los organismos internacionales o de los países o instituciones acreedoras. Hay que desobedecer a los acreedores si queremos realmente salir de este demencial sistema-deuda que nos oprime, denunciando las posibles irregularidades que se puedan detectar, y fundando y argumentando tales medidas en la necesidad de justificar unos pagos que están impidiendo revertir a las arcas públicas los ingresos y la riqueza que proceden del propio país y del conjunto de su población. 

 

Pero como también hemos afirmado en entregas anteriores, la deuda pública externa del sur no debería considerarse sólo como un problema financiero y económico, aunque por supuesto lo es, sino más bien como una herramienta política que ha sustituido ampliamente durante las últimas décadas al antiguo colonialismo y al imperialismo. Y ello porque la deuda es una estrategia mucho más útil que el colonialismo o el imperialismo, puesto que éstos requieren todo un ejército y una costosa administración que acaba además provocando ciertos niveles de resistencia política y social. La deuda, por el contrario, es el mecanismo que hace que los países del sur se comporten de forma obediente, y se avengan a aplicar las medidas y políticas neoliberales que salvaguardan los intereses de los países del norte. La globalización capitalista ha llegado de esta forma a tal grado de sofistifación que ha conseguido que los países (y sus poblaciones) hagan suyos sus propios preceptos de manera natural, colonizando el pensamiento en vez de los territorios, y expoliando los recursos públicos para de esta forma saquearlos y ponerlos a disposición de las clases dominantes por todas partes del mundo. Ello ha dado lugar, por ejemplo, a que un rico de Miami tenga más en común con un rico de Amsterdam o de Bangladesh, ya que se ha globalizado el pensamiento neoliberal, y con él la defensa de los intereses de esta élite dominante. Y la deuda, como pieza esencial, se ha convertido en un sangrante mecanismo de bombeo de parte de la renta de los asalariados y pequeños productores del sur hacia los capitalistas del norte y del sur. 

 

Pero el sistema-deuda se diversifica desde sus fuentes para adquirir cada vez mayor versatilidad y potencia. Así, la deuda externa tiene muchos componentes y se divide o disecciona de varias formas: en relación a los acreedores, el 11% es multilateral (deuda que se debe a las instituciones financieras internacionales, o IFI), el 8% es bilateral (deuda que se debe a los Estados), y el 80% restante es deuda privada (deuda que se debe a la banca internacional). En la composición de los deudores, el 40% es deuda pública (negociada y adquirida por los poderes públicos), y el 60% restante es deuda privada (deuda de familias y empresas). La deuda también es muy dispar por regiones planetarias. En cualquier caso, la deuda externa es uno de los factores que mejor explica cómo la globalización neoliberal y capitalista ha acentuado la pobreza y la desigualdad en el mundo. Las cifras de todos los estudios en este sentido así lo avalan, y explican hasta qué punto la progresión y escalada de la deuda constituye pieza fundamental de tan perverso sistema proyectado para perpetuar esta arquitectura de la desigualdad. El discurso dominante se empeña no obstante en avalar y justificar el pago incondicional de la deuda, aún a costa de causar enormes daños a las arcas públicas de los Estados, y en última instancia, a las mayorías sociales que son las más afectadas. Las clases populares y trabajadoras son las principales beneficiadas por el conjunto de las políticas sociales adoptadas por los países, pero ello se impide si un mecanismo como el de la deuda se coloca interceptando el destino de dichos recursos. En los casos más graves, como el de España, el pago de la deuda a nuestros acreedores se eleva hasta el marco legal más alto, es decir, la Constitución, y así, la CE de 1978 fue modificada en 2011 para introducir la referencia al pago inexcusable de la deuda por encima de cualquier otro gasto social, por imperativo de la Unión Europea. Continuaremos en siguientes entregas. 

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6 diciembre 2017 3 06 /12 /diciembre /2017 00:00
Fuente Viñeta: http://www.ecorepublicano.es/

Fuente Viñeta: http://www.ecorepublicano.es/

Cuando el PP se manifiesta radicalmente contrario a la aplicación de la Ley de Memoria Histórica, rehúsan cambiar nombres dedicados a calles franquistas, reconocimientos meritorios a los golpistas, dificultan las exhumaciones de los asesinados por el franquismo o persiguen a jueces que buscan justicia, no hacen sino responder a sus auténticos orígenes ideológicos

Luis Egea

Nos encontramos ya en la recta final de esta serie de artículos, aunque aún nos queda lo fundamental. Sí, porque hemos intentado revisar todos los aspectos principales derivados de nuestro pasado franquista, que aún se manifiestan en nuestra actual sociedad. Seguramente se nos habrán quedado otros muchos aspectos en el tintero, pero hemos intentado ser lo más exhaustivos posible, dedicando especial atención a los temas que hemos considerado de vital comprensión y explicación. Hemos contado con detenimiento en qué consistió el franquismo, cómo se manifestó y evolucionó, y hasta qué punto nuestro modelo de sociedad del siglo XXI aún sigue arrastrando muchas facetas del pasado siglo XX. Y decimos que nos queda lo fundamental, que son las propuestas definitivas. Es decir, después de explicar todo lo relativo al franquismo, y de reflexionar en cada aspecto que nos queda por superar como sociedad, hemos de proponer alternativas concretas, reflejadas en proyectos de ley que nos introduzcan a nuevos modelos sociales superadores del franquismo sociológico que aún padecemos. Ello por tanto se plasmará en propuestas finales que iremos desgranando en esta serie de artículos, como colofón final, y que están basadas en profundas propuestas que determinados partidos, grupos y coaliciones políticas han expuesto en los foros oportunos. En esta entrega vamos a comenzar revisando la propuesta andaluza, ya en vigor, de Ley de Memoria Histórica, llamada en Andalucía de Memoria Democrática, y que puede considerarse un buen referente en este sentido. Fue aprobada hace pocos meses por el Parlamento Andaluz, es bastante completa en todos sus aspectos, y recoge las principales demandas de los grupos políticos y de los principales foros memorialistas. 

 

Nos basaremos para su exposición en este magnífico artículo de Olivia Carballar para el medio La Marea, que recoge los aspectos fundamentales de la reciente ley andaluza. Esta norma fue impulsada por Izquierda Unida y fraguada durante el gobierno de coalición con el PSOE, experiencia fallida en sentido general, pero que dejó algunas buenas experiencias. Como era de esperar, el PP y Ciudadanos se abstuvieron en la votación final. Es una ley mucho más avanzada que la estatal (que recordemos se aprobó en 2007 bajo el gobierno del PSOE de José Luis Rodríguez Zapatero), y gira en torno a tres cuestiones clave. La primera se refiere a la obligación del Estado de dar a conocer la verdad, hacer justicia y reparar a las personas que fueron represaliadas por el franquismo. Es decir, la ley reconoce al Estado (en este caso la Junta de Andalucía) la responsabilidad de asumir y ejercer las políticas públicas en relación a la recuperación de la memoria, y en concreto, las exhumaciones, tal como venían reclamando el colectivo memorialista, el derecho internacional y la ONU. La segunda cuestión clave se refiere a la aceptación de esa parte de la historia (silenciada, ninguneada e incluso negada con insistencia durante los últimos años) a través de una especie de Comisión de la Verdad, incluida a propuesta de Podemos. Y el tercer aspecto fundamental que la norma andaluza recoge tiene que ver con la extensión de ese relato a las aulas. En su preámbulo el texto legal expresa el cuestionamiento a la Ley de Amnistía de 1977, tal y como nosotros y otros muchos autores hemos expresado en nuestros artículos. La ley andaluza parte de la base de que los crímenes franquistas son imprescriptibles y debe asegurarse, en consecuencia, su persecución universal. 

 

Un apartado interesante lo constituyen las víctimas. La ley andaluza va más allá en el tiempo y en la propia definición de víctimas que la ley estatal. Temporalmente abarca desde la Segunda República (14 de abril de 1931) hasta la entrada en vigor del primer Estatuto de Andalucía (11 de enero de 1982). La ley reconoce que "El Estado democrático tiene una deuda con quienes fueron víctimas de violencia y represión a causa de su compromiso con la libertad. Esta deuda se extiende al conjunto de la ciudadanía, que ostenta el derecho a la verdad, en relación con el largo historial de persecución llevado a cabo por el franquismo, así como sobre los valores y los actos de resistencia democrática que representan las víctimas". La ley andaluza reconoce como víctimas, además de los familiares directos, a las personas que se exiliaron, a las que sufrieron la confinación, las torturas, y en muchos casos, la muerte en los campos de exterminio nazis, a los familiares de niños robados, a la guerrilla antifranquista, a las personas represaliadas por su orientación sexual, a aquéllos grupos o sectores sociales o profesionales que sufrieron una específica represión colectiva, a los partidos políticos, sindicatos, minorías étnicas, logias masónicas, movimientos feministas y agrupaciones culturales represaliados durante la guerra civil y la dictadura. También a las personas que ejercieron cargos y empleos públicos de la Administración republicana que fueron represaliadas, a aquéllas que sufrieron privación de libertad por su defensa de la República o por su resistencia al régimen franquista dirigida al restablecimiento de un régimen democrático. El texto incluye igualmente la creación de una comisión que, sin consecuencias jurídicas, permita conocer el relato de lo que sucedió. 

 

En lo relativo a las exhumaciones, y según la normativa recientemente aprobada, la localización de las personas desaparecidas será política prioritaria para la Junta de Andalucía, que actuará de oficio (aunque ya lo viene haciendo en determinadas fosas) y determinará sus actuaciones en un Plan Andaluz de la Memoria Democrática cada cuatro años, con informe anual. La Consejería correspondiente será la responsable del seguimiento de la realización de los trabajos de indagación, búsqueda, localización, y en su caso, exhumación e identificación, que serán supervisados por un Comité Técnico, del que formarán parte los y las expertas necesarias que garanticen el suficiente rigor científico. El estado de las exhumaciones en Andalucía es el siguiente: de las más de 600 fosas en total, ya se han exhumado más de un centenar, y se han recuperado alrededor de 3.800 restos, según datos de la Dirección General de Memoria Democrática. En este sentido, lo más importante es que la ley quede dotada presupuestariamente de acuerdo a las actividades planificadas y al ritmo previsto. La Junta asegura que hará todo lo posible para aumentar los recursos destinados a este fin, y evitar los obstáculos que hasta ahora han impedido o dificultado a muchos familiares las tareas de exhumación de sus antepasados. Una de las novedades que contempla la ley es la posibilidad de expropiar temporalmente el uso de terrenos de propiedad privada en caso de que su titular se oponga a la intervención, como ha ocurrido ya por desgracia en algún caso concreto. La ley prevé igualmente la creación de un banco de ADN en colaboración con las Universidades Públicas de Andalucía, que ya se ha conseguido, en el que se registrarán tanto los datos de los restos óseos exhumados como el ADN de personas voluntarias que acrediten su condición de ser familiares de las víctimas. 

 

En lo tocante a la reparación de las víctimas, la ley prevé declarar el 14 de junio de cada año como día de recuerdo y homenaje a las víctimas del Golpe de Estado y de la posterior dictadura. El motivo de esa fecha es el de la primera exhumación que se completó de manera pública en Andalucía, durante el verano de 2003, en la localidad granadina de Lecrín. La ley no contempla la concesión de indemnizaciones, pero sí la voluntad de "hacer copartícipes de las medidas de reconocimiento y resarcimiento a las organizaciones que pudieron utilizar los trabajos forzados en su beneficio". En cuanto a la retirada de símbolos franquistas, la ley andaluza corrige los artículos más "descafeinados" (en expresión de Olivia Carballar) de la ley estatal. Según la ley, la Junta dará un plazo de 12 meses para que sean retirados (también en los edificios privados con proyección a un espacio o uso público) y eliminará las razones artísticas que la Ley estatal admitía para mantenerlos, en estos tres casos: cuando estén sobre lugares o edificios históricos, desmerezcan la legalidad republicana o aludan a los "participantes, instigadores y/o legitimadores de la sublevación militar de 1936 y de la dictadura". Además, la Junta no concederá ningún tipo de subvención o ayuda a las personas físicas o entidades públicas o privadas que hayan sido sancionadas por mantener estos símbolos o por cualquier circunstancia que atente, fomente o tolere prácticas en contra de la memoria democrática. Si los titulares se niegan a retirarlos, la Junta podrá retirarlos de manera subsidiaria. Los símbolos pasarán a formar parte del Instituto de Memoria Democrática, organismo igualmente previsto por la ley. En cuanto a la nulidad de las sentencias del franquismo, el texto no aporta nada nuevo al respecto. Traslada al Gobierno central la necesidad de adoptar medidas para hacer efectiva la reparación y reconocimiento personal para quienes "padecieron condenas o sanciones de carácter personal por tribunales, jurados o cualesquiera otros órganos penales o administrativos, civiles o militares, como las sentencias de los Consejos de Guerra (...) por causa de la lucha en defensa de los derechos y libertades del pueblo andaluz". Continuaremos con el repaso a la ley andaluza en la próxima entrega.

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4 diciembre 2017 1 04 /12 /diciembre /2017 00:00
Por la senda del Pacifismo (79)

A la OTAN le gusta creerse una comunidad internacional. En realidad es el club militar intervencionista y expansionista de los Estados más ricos del mundo y sus satélites, que se usa para respaldar los intereses económicos y estratégicos occidentales

Seumas Milne

Llegados a este punto de este bloque temático dedicado a la OTAN y al imperialismo norteamericano como elementos globales desestabilizadores de la paz mundial, quizá convendría preguntarse y aclarar cuáles son las bases militares de la OTAN en el Estado Español. Basándonos en el mismo documento de referencia del Centro de Estudios por la Paz, diremos de antemano que las bases militares son un elemento esencial para llevar a cabo una determinada misión bélica. La existencia de bases militares en un determinado territorio no puede considerarse, por tanto, una actitud pacifista. Su sentido y objetivo es preparar al territorio como punta de lanza para desplegar acciones ofensivas. Por ejemplo, la invasión de Irak o Afganistán no se podrían haber llevado a cabo sin la existencia de las bases militares de Turquía, Alemania o Arabia Saudí, por citar algunos ejemplos. Las bases también son utilizadas como plataformas de lanzamiento para maniobras militares, como centros de coordinación de misiones de inteligencia, como espacios de entrenamiento o para operaciones conjuntas de adiestramiento. Las bases militares se adaptan a los cambios en los campos de batalla. La tendencia actual es la de crear nuevas bases para escenarios internacionales en Asia Central, Oriente Medio o África, y bases más reducidas o centros más pequeños. En 1953, en plena dictadura franquista y en el contexto de la Guerra Fría, España y los Estados Unidos firmaron los Pactos de Madrid (nuestro país no pertenecía a la OTAN por aquéllas calendas), según los cuales España cedería territorio para la instalación de cuatro bases militares norteamericanas, a cambio de ayuda económica y militar. 

 

Estas cuatro bases militares fueron las de Morón (Sevilla, que es la única base que no es de la OTAN, sino de EE.UU.), Zaragoza, Torrejón de Ardoz (Madrid) y Rota (Cádiz). Desde entonces arrastramos la dependencia de los Estados Unidos mediante la actividad de estas bases aéreas (salvo la base de Torrejón, que fue devuelta a España desde 1992, aunque hasta el año 2004 hubo presencia norteamericana en ella), de tal forma que los Pactos de Madrid de 1953 se convirtieron en el símbolo de la cooperación franquista con los norteamericanos, y por lo tanto, romper con nuestro pasado franquista requiere también romper con dichos acuerdos, romper con la OTAN y cerrar definitivamente las bases norteamericanas en territorio español. Pero lejos de abonar este camino, los gobiernos "socialistas" de Felipe González y de  José Luis Rodríguez Zapatero, más los gobiernos "populares" de José María Aznar y de Mariano Rajoy no han hecho más que continuar con nuestro pasado de dependencia y de servilismo frente a las políticas agresivas y prepotentes estadounidenses. Existe la falacia de que estas bases estadounidenses en nuestro territorio son una fuente de creación de puestos de trabajo, pero esto no es así. Se difunde que fomentan la actividad económica y por tanto la riqueza, pero todo ello es muy relativo. Lo cierto es que los datos nos indican que globalmente se ha dado una pérdida de puestos de trabajo ligados a la actividad de dichas bases militares, Y en cualquier caso,  no es positivo que tengamos determinadas localidades, como es el caso de Rota, con una dependencia laboral casi exclusiva de determinadas fuentes de empleo, como es el caso de la base militar allí instalada. Si por cualquier motivo son despedidos en una gran cantidad (hecho que ha sucedido varias veces en el pasado), resulta que estos trabajadores y trabajadoras no pueden ser reabsorbidos en cualquier otro empleo, al carecer la localidad en cuestión de industrias que tengan capacidad para recolocarlos. Y el hecho triste es que, desde la dictadura franquista hasta nuestros días, ninguno de los posteriores gobiernos españoles se ha esforzado en paliar esta grave situación. 

 

Otro peliagudo asunto que tiene que ver con nuestra estrecha relación con el imperialismo norteamericano, con la OTAN y con nuestras bases militares resulta del hecho de que la fuerte implicación de nuestro país en las actividades de la Alianza nos convierte en un objetivo militar de primer orden, con los pertinentes riesgos que ello comporta. Para los potenciales enemigos de Estados Unidos, la OTAN es percibida como una organización militar hostil comandada por USA, pero de la cual responden todos los países aliados, por lo cual la pertenencia a dicho "club" aumenta la posibilidad de sufrir un ataque militar o terrorista, como ya hemos analizado en el primer bloque temático de esta serie. No sólo nosotros opinamos así. Por ejemplo, la memoria de actividad de la Fiscalía General del Estado del año 2011 ya contenía una seria advertencia, ya que en ella se afirmaba que la posibilidad de sufrir un atentado terrorista en territorio nacional había crecido de un tiempo acá, debido fundamentalmente a la instalación del Escudo Antimisiles en la base de Rota. En sentido general, es una manifiesta evidencia y una clara conclusión de sentido común que el hecho de que nuestras bases militares sean el centro de operaciones de multitud de actividades y de maniobras de la OTAN nos coloca en una situación de riesgo potencial ante las posibles represalias de terceros países afectados. Y frente a esta lógica evidencia, nuestros irresponsables y serviles gobernantes han insistido en colocar a nuestro país en el ojo del huracán. De ahí que la senda pacifista nos obligue de forma absoluta a enfrentarnos con esta gravísima situación, a exigir el cierre y desmantelamiento de todas estas bases militares, y nuestro alejamiento del foco de atención de todos estos sistemas, objetivos y mecanismos de funcionamiento de una organización tan peligrosa como la OTAN, y de no menos peligroso "socio" como es Estados Unidos. 

 

La OTAN constituye un peligro en sí misma, ya que su propia existencia insta y contribuye al militarismo norteamericano, europeo y mundial. De hecho, una de las influencias más negativas que ejerce la OTAN sobre Europa es la existencia de los intereses creados incrustados en su estructura militar, es decir, lo que ha venido en llamarse "el complejo militar-industrial", ya citado en anteriores entregas de esta serie, así como en diversos artículos independientes de este Blog. Este complejo militar-industrial ejerce una influencia poderosa sobre las políticas de los gobiernos en temas relacionados, entre otros, con el aumento del gasto militar, la carrera armamentista, el militarismo y el comercio de armas o la utilización de la fuerza armada para resolver los conflictos, así como las secuelas negativas que estos factores ejercen en el desarrollo económico y social tanto de Europa como del resto del planeta. La presencia del lobby militar-industrial es muy patente en la sede de la OTAN en Bruselas, donde todas las grandes industrias de armamento de Europa y Estados Unidos se dan cita, y tienen abiertas filiales y delegaciones. Estados Unidos, como adalid de la OTAN y primera potencia militar mundial, ejerce continuas presiones sobre los países miembros de la Alianza para que aumenten su gasto militar, ya que éste les permitiría (según la potencia estadounidense) participar en mejores condiciones en las diversas misiones en el exterior, y reduciría la dependencia de los países europeos de la OTAN respecto de Estados Unidos. Los datos son escalofriantes: en 2014 el gasto militar total de los Estados miembros de la OTAN fue de más de 880.000 millones de dólares, y si se alcanzan las previsiones de aumento de gasto, superaría por primera vez el billón de dólares. 

 

Un gasto absolutamente irracional, que además ni siquiera se corresponde proporcionalmente con el volumen de la población mundial, pues mientras que la población de los países de la OTAN es un 12,6% respecto de la mundial, el gasto militar de estos países corresponde al 50% del gasto total mundial. Nuestra pertenencia a la OTAN ha dejado de ser, como se definió tras aquél primer (y único) referéndum de 1986 convocado por el PSOE de Felipe González, meramente testimonial ("fuera de la estructura militar integrada de la Alianza", se aseguraba entonces), para pasar a ser un miembro estratégico de la misma. En efecto, en la base aérea de Torrejón de Ardoz se ha ubicado el Centro de Operaciones Aéreas Combinadas de la OTAN, responsable del espacio aéreo que abarca 12 países del sur y este de Europa, de todo el Mediterráneo, del Mar Negro que baña Crimea, Ucrania y Rusia, y de parte del Atlántico. Por otra parte, la base de Rota se ha incorporado al Escudo Antimisiles, como ya hemos comentado. Se ha modificado el Convenio de Defensa con Estados Unidos, para emplazar de forma permanente en la base de Morón tropas norteamericanas, en concreto el AFRICOM, que es un Mando Combatiente Unificado capaz de poner tropas norteamericanas de intervención rápida en cualquiera de los 53 países africanos en cuestión de horas. En Bétera (Valencia) han habilitado el primer Cuartel General de la OTAN con capacidad para mandar una Fuerza Conjunta de Muy Alta Disponibilidad que permite incrementar la capacidad de respuesta de la OTAN ante cualquier crisis o amenaza. Hace apenas unos meses se celebraron en nuestro país las maniobras militares Trident Juncture, que han sido las más importantes llevadas a cabo por la OTAN después de la Guerra Fría...El peligro está servido. Continuaremos en siguientes entregas.

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1 diciembre 2017 5 01 /12 /diciembre /2017 00:00
Arquitectura de la Desigualdad (66)

Los recursos de los países empobrecidos se destinan ahora a pagar a los acreedores y no se pueden invertir en hacer frente al empobrecimiento de la población, a los impactos del cambio climático o a una sequía prolongada

Yolanda Fresnillo

En entregas anteriores ya hemos realizado una semblanza introductoria al problema de la deuda, para que pueda comprenderse de entrada la complejidad que dicho sistema-deuda representa. En realidad, el sistema-deuda ha existido mucho antes que el propio sistema capitalista, pero se ha mantenido e incluso reforzado con el advenimiento de éste. Si nos remontamos a tiempos pretéritos, veremos que el endeudamiento privado se ha utilizado desde hace milenios como un mecanismo de desposesión: a los campesinos de sus tierras, a los artesanos de sus herramientas, etc. La esclavitud por deudas ha causado estragos en el mundo antiguo durante siglos, como nos recuerda Eric Toussaint en este artículo, que estamos siguiendo en esta exposición. ¿Existe por tanto una deuda privada ilegítima? Existe, y este sistema pasa generalmente por la imposición de ciertas condiciones de préstamos y de reembolso que lo hacen imposible. ¿Las deudas hay que pagarlas? Nos lo preguntábamos al comienzo de este bloque temático...Ya parece que vamos intuyendo la respuesta. La deuda aplicada a los pueblos ha tenido también sus graves repercusiones. De hecho, en el pasado, han tenido lugar múltiples revueltas para liberarse de las deudas privadas ilegítimas, ya sea durante la antigua Grecia o en la Europa del Norte durante la Edad Media. Y esta lucha por las deudas privadas ilegítimas llega hasta nuestros días, en casos como el de los campesinos en su lucha por la anulación de sus deudas en India, la de las mujeres contra los microcréditos en Marruecos, la de los estudiantes contra sus deudas por estudios en Estados Unidos, Chile, Canadá o Reino Unido, o la de las familias víctimas de los créditos hipotecarios abusivos y de los desahucios en España, en Estados Unidos, en Grecia o en Irlanda.

 

Por el endeudamiento privado de las personas se perpetúan las relaciones de semiesclavitud, ya que la gente comienza su emancipación o su relación laboral muy endeudados, es decir, bajo una relación de dependencia total. Pero de entrada, hay que aclarar que el endeudamiento público no sería negativo en sí mismo, si fuese una herramienta finalista destinada a cubrir ciertos aspectos del desarrollo de una sociedad. Es más, el sistema de endeudamiento público es el mejor sistema que los Estados poseen para financiar los proyectos sociales que necesiten para sus respectivos países, y el conjunto de su ciudadanía. Así, los poderes públicos podrían recurrir al préstamo para financiar, por ejemplo, un vasto programa de transición ecológica, y así reemplazar progresivamente las energías fósiles por energías renovables respetuosas con el medio ambiente. El sistema-deuda público puede y debe ser, pues, legítimo si se hace al servicio de proyectos legítimos y que atiendan al verdadero interés general, y si quienes contribuyen al préstamo lo hacen también de manera legítima. Pero desgraciadamente, esto es exactamente lo contrario de lo que ocurre realmente, ya que los Estados y las Administraciones Públicas se endeudan para financiar, la mayoría de las veces, políticas y proyectos ilegítimos, tales como financiar gastos en armamento, financiar proyectos de energía nuclear, financiar el reembolso de anteriores deudas ilegítimas, o financiar rescates bancarios. ¿Estas deudas habría que pagarlas? Dejo al lector o lectora la pertinente respuesta. Pero asímismo, la manera de financiar el reembolso de la deuda es igualmente ilegítima. Las grandes empresas y los hogares más ricos pagan muy pocos impuestos (o ninguno), mientras son las clases populares quienes deben apretarse el cinturón para pagar la deuda.

 

Los bancos privados, como ya hemos denunciado en entregas anteriores, prestan a los Estados a tasas lucrativas para ellos, mientras solicitan dinero al Banco Central Europeo (BCE) a interés cero. Debemos concluir en justicia que si alguno de los eslabones de la cadena del préstamo que formalizará la deuda pública es ilegítimo, dicha deuda se convierte igualmente en ilegítima, y debe eximirse su pago. Pero aunque afirmábamos anteriormente que el sistema-deuda era anterior al capitalismo, es evidente que se revela como un instrumento privilegiado de éste. Porque la deuda, como estamos exponiendo desde diversos puntos de vista, no es sólo un instrumento económico, sino también un arma política. El sistema-deuda es quizá hoy día la principal herramienta de la globalización, que desorienta la economía y permite las exportaciones y el extractivismo. Es el instrumento definitivo para socializar las pérdidas y privatizar las ganancias, creando un empobrecimiento masivo y fomentando las desigualdades sociales. El sistema-deuda, al pesar como una losa sobre las economías locales, desmoviliza y no genera una resistencia general fuerte en contra de ella. Y ello es así porque el sistema-deuda oculta la propia explotación de las personas, de los recursos y de la naturaleza. El hecho indiscutible es que, tanto en el norte como en el sur, el sistema-deuda es concebido como una forma de control sobre las poblaciones. Bien, llegados a este punto, está claro que el sistema-deuda debe ser abolido, para así contribuir a la concepción de un modelo de sociedad más igualitaria. Pero, quizá en este caso más que en ningún otro, nos encontramos con la poderosa oposición de los propios acreedores, que no son más que los representantes de la clase capitalista. Todo Gobierno que pretenda poner en marcha acciones, medidas y políticas de justicia social, fiscal, económica y medioambiental tendrá que enfrentarse, más temprano que tarde, al sistema-deuda. 

 

El problema es que cuando una coalición electoral o un determinado partido político llegan al Gobierno, no obtienen de hecho el poder real, porque el poder económico (que depende de la posesión y el control de los grupos financieros e industriales, de los grandes medios de comunicación privados, del gran comercio, etc.) permanece en manos de la clase capitalista, es decir, de ese 1% aproximado de la población. Además, esa clase capitalista es también la que controla al Estado, el poder judicial, los Ministerios de Economía (o Finanzas) y Hacienda, el Banco Central del país en cuestión, etc. De ahí que cualquier Gobierno decidido a emprender transformaciones radicales en las estructuras económicas deberá entrar en conflicto con el poder económico real para debilitarlo, reducir su influencia y su poder, expropiar sus posesiones, y así acabar con el control de la clase capitalista sobre los grandes medios de producción, de servicios, de comunicación, y del aparato del Estado. Sólo así los paradigmas que gobiernan el sistema-deuda podrán ser atacados. Sólo así los dogmas neoliberales podrán ser denunciados. Sería absolutamente ingenuo e ilusorio pensar que se puede convencer a las autoridades económicas y monetarias de la bondad de nuestros planteamientos, y de la propia maldad y perversión del sistema-deuda. Ellos lo defenderán siempre, ya que les permite mantener su status quo, como herramienta pensada para fomentar la desigualdad. Quienes desde los púlpitos electorales pretendan difundir el mensaje de que persuadirán a las patronales y a las grandes empresas de que lo mejor es reestructurar la deuda, ejecutar una auditoría o cancelar una parte de la misma, o es un inocente empedernido, o es un redomado embustero. Por tanto, no es bueno hacer caso ni de unos ni de otros. 

 

La conclusión que se impone, como afirman Eric Toussaint y Fátima Martín en este artículo para el medio Publico que estamos tomando como referencia, es que no habrá un camino fácil para poner en marcha un programa económico y social que rompa con la austeridad y las privatizaciones, así como que se enfrente radicalmente a continuar con la perversión del sistema-deuda. La única solución para conseguir todo ello será desobedecer a los acreedores, a las instituciones y organismos internacionales que los amparan, y a cualesquiera otras organizaciones, gobiernos o entidades que los financien. Y así, el rechazo a pagar una parte sustancial de la deuda constituirá un elemento clave en la estrategia de todo Gobierno socialista que se precie, así como las decisiones para revertir las privatizaciones llevadas a cabo (devolviendo al control público las entidades privatizadas) y restablecer plenamente los derechos sociales, laborales, económicos y políticos recortados. Es evidente que para paliar los efectos terribles de la desigualdad necesitamos recursos económicos, y para ello (entre otras cosas) necesitamos reducir radicalmente el stock de la deuda y aliviar de manera drástica la parte del presupuesto público dedicado al pago de la misma. Todo ello es una condición sine qua non para poder aumentar masivamente los gastos sociales y garantizar las inversiones necesarias para financiar determinados proyectos públicos de gran alcance, tales como la creación de Planes de Empleo Garantizado (PEG), o la Renta Básica Universal (RBU), dos de las principales herramientas para sacar de la pobreza a la práctica totalidad de la población. Nada de esto puede llevarse a cabo sin renunciar, al menos parcialmente, al pago de la deuda, y esa es precisamente la razón que aluden los que argumentan que es "imposible" financiar dichos proyectos públicos. No nos dejemos engañar. En el fondo es sólo una falacia más. Continuaremos en siguientes entregas.

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29 noviembre 2017 3 29 /11 /noviembre /2017 00:00
Hacia la superación del franquismo (51)

Mañana cuando yo muera
no me vengáis a llorar.
Yo no estaré bajo tierra.
Soy viento de libertad

Txiqui (uno de los 5 últimos fusilados por el franquismo)

En la entrega anterior de esta serie nos quedamos haciendo una resumida exposición de los motivos por los cuales deben considerarse nulos de pleno derecho todos los juicios y sentencias de los tribunales franquistas, por carecer de las mínimas garantías procesales y vulnerarse todos los derechos fundamentales durante su encausamiento. Básicamente, el juez instructor acordaba una diligencia de procesamiento en la que relataba los hechos y su calificación penal, y finalmente, emitía un dictamen que resumía los hechos, las pruebas y las imputaciones, y que elevaba a la autoridad militar superior, que solía ser el General jefe de la división correspondiente. Resumen que prácticamente era el documento que fundamentaba la acusación y la sentencia, ya que las diligencias practicadas por el instructor no se reproducían en el plenario, con una manifiesta infracción del principio de inmediación en la práctica de la prueba y la correspondiente indefensión de los acusados. Miles de republicanos/as fueron juzgados bajo toda esta infame parafernalia, sentenciados y ejecutados por un abyecto régimen exterminador y genocida. Otros instrumentos esenciales de la represión constituidos por la dictadura fueron el Tribunal de Represión de la Masonería y del Comunismo, y los Tribunales de Responsabilidades Políticas, tal como nos recuerda Jiménez Villarejo en su exposición de referencia. Ambos eran radicalmente ilegítimos tanto por su origen como por su composición, y sobre todo, por constituirse en organismos de naturaleza administrativa dotados de competencias penales y por tanto, con facultades para la imposición de sanciones penales. Todos aquéllos tribunales fueron, en definitiva, la máxima expresión de la arbitrariedad jurídica al servicio de la represión ideológica y política. 

 

Los textos legales de la época son un fiel reflejo de lo que aseguramos. Por ejemplo, en el preámbulo de la Ley de 1 de marzo de 1940 se hace constar que dicha Ley tenía como finalidad hacer frente a "la terrible campaña atea, materialista, antimilitarista y antiespañola que se propuso hacer de nuestra España satélite y esclava de la criminal tiranía soviética". En la citada Ley, la conducta delictiva principal se define como "toda propaganda que exalte los principios o los pretendidos beneficios de la masonería o del comunismo o siembre ideas disolventes contra la religión, la patria y sus instituciones fundamentales y contra la armonía social...". Y así se fue desplegando todo un entramado legal para encubrir que su victoria pasaba por la eliminación masiva y sistemática del que fuera sospechoso de ser un mínimo adversario político. Y también hemos resaltado algunas de las declaraciones públicas que los militares golpistas vociferaban por diferentes medios, y que servían como arengas para la horda franquista que comenzó a gobernar el país. Carlos Hernández recoge algunas de ellas en este artículo, que vamos a reproducir a continuación. El General Mola ordenó a un grupo de alcaldes navarros: "Hay que sembrar el terror...Hay que dar la sensación de dominio eliminando sin escrúpulos ni vacilación a todos los que no piensen como nosotros. Nada de cobardías". Y Queipo de Llano añadía desde los micrófonos de Radio Sevilla: "Del diccionario quedarán borradas las palabras perdón y amnistía. Se les perseguirá como fieras, hasta hacerlos desaparecer a todos". Y por su parte, el propio Caudillo, como respuesta a un corresponsal extranjero que le cuestionaba si estaba dispuesto a "matar a la mitad de España" si era necesario para conquistar el poder, le respondió sin vacilación: "Cueste lo que cueste". Existen muchos más ejemplos de la chulería altanera, de la prepotencia cruel y de la execrable disposición de los miserables golpistas que acabaron con la Segunda República. 

 

Carlos Hernández añade en el artículo de referencia: "Esta estrategia exterminadora se aplicó con todo rigor. Decenas de miles de hombres y de mujeres fueron asesinados por todo el país por escuadrones de la muerte formados por falangistas, guardias civiles y militares. Paralelamente, los generales montaron un simulacro de justicia encaminada a matar también "de forma legal". Se dictaron bandos, órdenes y leyes que permitían ejecutar a cualquier persona que hubiera respetado la legalidad republicana, incluso antes de producirse la sublevación y a quienes, simplemente, "se hayan opuesto o se opongan al Movimiento Nacional con actos concretos o pasividad grave". ¡Sí!, hasta haber permanecido pasivo te podía conducir "legalmente" al paredón". Y posteriormente añade en cuanto al procedimiento de los juicios sumarísimos: "Los juicios eran un simple trámite burocrático para legalizar el asesinato. A los acusados se los juzgaba colectivamente en un solo consejo de guerra; apiñados de diez en diez, de veinte en veinte, no conocían los cargos que se les imputaban hasta el momento de sentarse en el banquillo; esos cargos, independientemente de cuál hubiera sido el comportamiento real del reo, eran fabricados en base a unos patrones preestablecidos: expandir ideas subversivas, promover la violencia, ser antipatriota, ser anticlerical y/o no ir a misa, haber colaborado con el Frente Popular...No había opción de contrastar los hechos, de cuestionar la veracidad de las acusaciones. Los abogados eran militares, designados por el propio tribunal, que reconocían la culpabilidad de sus defendidos y se limitaban a pedir clemencia. Los acusados ni siquiera podían hablar durante las vistas en que se decidía su destino...". 

 

Unos procesos y unas leyes que, como estamos pudiendo comprobar, respiraban fascismo por todos sus poros. La Transición, como hemos venido explicando en entregas anteriores, no removió el franquismo ni de las conciencias, ni de los estamentos de poder, ni de las instituciones, ni de los propios cargos públicos, ni aún de la filosofía subyacente a muchas leyes que desde entonces se promulgaron. Necesitamos por tanto la Tercera República como eje central de la ruptura democrática que necesitamos emprender con el régimen de la Transición, y por tanto, conseguir la plena superación del franquismo. Los ejes centrales para una ruptura democrática completa y creíble, basada en fundamentos profundos, deben descansar en la reivindicación de la Tercera República. La recuperación de los valores republicanos es imprescindible para contribuir a la plena superación del franquismo, que descansa en los antivalores republicanos de solidaridad, equidad y justicia social. La restauración monárquica ha estado vinculada desde la Transición al bloque capitalista de poder dominante. El pensamiento dominante ha continuado en sus líneas básicas y esenciales. Esa es la explicación de que aún muchas personas en este país continúen demonizando la República. Sólo una Tercera República Federal, Laica, Participativa y Solidaria, realmente democrática, podrá erradicar los valores franquistas que aún perviven en nuestra sociedad. La recuperación de la memoria histórica y democrática no llegará con toda su extensión hasta no alcanzar una sociedad plenamente democrática, y ello no será posible sin superar plenamente el franquismo sociológico en el que estamos inmersos. 

 

Necesitamos, en este sentido y a vuelapluma, la anulación de las sentencias de los tribunales franquistas, la declaración de nulidad de la Ley de Amnistía de 1977, la apertura de las investigaciones sobre todo lo ocurrido durante la Guerra Civil y la posterior dictadura en relación con el recorte de derechos y delitos contra la paz y crímenes contra la humanidad, la aplicación de la normativa internacional sobre Derechos Humanos para el caso español (la ONU ya nos ha llamado a la atención varias veces sobre este asunto), una completa y exhaustiva Ley de Memoria Histórica (y no el sucedáneo aprobado en 2007 por el Gobierno del PSOE de José Luis Rodríguez Zapatero), la derogación de las últimas reformas de la Justicia Universal, y la equiparación de las víctimas del franquismo a los derechos establecidos para el resto de las víctimas. El franquismo practicó un terrorismo de Estado y como tal debe ser reconocido y penado. Pero como venimos contando desde entregas anteriores, superar el franquismo sociológico también implica despegarnos de los enormes privilegios que aún le concedemos a la Iglesia Católica, profundizar en la naturaleza democrática que han de poseer nuestras Fuerzas Armadas, y recuperar en todos los órdenes, planos y facetas, la filosofía que ya adoptaron muchas leyes republicanas que fueron abortadas por la fuerza mediante el sanguinario Golpe de Estado de julio de 1936: recuperar la igualdad de la mujer con el hombre, recuperar la reforma agraria, recuperar conquistas de la lucha obrera (en este momento desmontando los recortes sociales a los que nos han sometido), recuperar una reforma educativa para todos (con carácter laico), y recuperar avances democráticos, incluyendo el del reconocimiento de la soberanía popular. Continuaremos en siguientes entregas.

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27 noviembre 2017 1 27 /11 /noviembre /2017 00:00
Por la senda del Pacifismo (78)

Renunciar a la OTAN como estructura sería el primer paso hacia la salud mental y la supervivencia del mundo

Immanuel Wallerstain

Nuestra entrada en la OTAN es un caso paradigmático de la evolución que sufren los países que ingresan en la Alianza. La incorporación de España a la OTAN (que se produjo como consecuencia del intento de Golpe de Estado de 1981), tuvo sin duda una razón de peso, como fue impedir que el Estado Español se situara fuera del bloque occidental capitalista. Y es que después del franquismo, los intereses del capitalismo transnacional y del imperialismo norteamericano deseaban una España integrada a todos los efectos en dicho bloque. Existía también la necesidad de transformar las propias Fuerzas Armadas en dos sentidos: el primero, modernizar los diferentes cuerpos militares, especialmente sus altos mandos, la mayoría de los cuales procedían de la etapa de la dictadura franquista, y hacerlos compatibles con el respeto a la Constitución; el segundo, que es el que aquí y ahora nos ocupa, el destinado a renovar el armamento para que las Fuerzas Armadas pudieran ser compatibles con las de otros países socios de la OTAN y así poder participar en igualdad de condiciones en las intervenciones militares en el exterior. Esto se llevó a cabo mediante un fuerte incremento en el gasto militar. Como demuestran los autores del documento de referencia, el gasto en defensa a partir de 1982 aumentó rápidamente durante los primeros años, y ya en 1985 se había incrementado un 18,6%. Posteriormente, a partir de 1996, con la adquisición de los grandes programas de armamentos llevados a cabo para fortalecer la presencia de las FAS españolas en la OTAN, el aumento aún fue mayor hasta alcanzar la cifra de más de 20.000 millones de euros, lo que supone un incremento del 32,3%. 

 

Estos programas tuvieron su expansión más importante durante la primera legislatura del PP de José María Aznar, bajo la denominación de Programas Especiales de Armamento (PEA). Se trataba de grandes programas para hacer compatibles las estructuras y medios de las FAS españolas con las de la Alianza Atlántica, es decir, con el resto de Ejércitos de los países miembros de la OTAN. Algunos de estos programas estaban enmarcados en proyectos europeos de fabricación conjunta de armamento entre varios países. Estos PEA siguen aún hoy día vigentes, pero con un coste muy superior, debido al alargamiento de plazos, y a las cantidades adeudadas a las empresas e industrias militares. Actualmente, Estados Unidos sigue presionando a sus socios europeos para que aumenten sus presupuestos para gastos militares, como por ejemplo se acordó en la Cumbre de la OTAN celebrada en 2014 en Gales, donde se alcanzó el acuerdo (la barbaridad más bien, podríamos decir) de dedicar el 2% del PIB para el año 2023. Para nuestro país representaría sobrepasar los 20.000 millones de euros anuales en gasto militar. Toda una indecencia cuando a la vez se practican recortes sociales de gran envergadura, no se atacan las fuentes del fraude fiscal, se ha de hacer frente a una enorme deuda pública, y sobre todo, representa un alejamiento a las tesis pacifistas y antimilitaristas. No cabe duda por tanto de que la pertenencia a la OTAN representa (entre otros gravísimos inconvenientes) un enorme gasto adicional para el erario público, que lógicamente va en detrimento del desarrollo de la economía productiva y de la satisfacción de las necesidades reales de la población. Pero como sabemos, todo ello se rodea de un discurso en torno a la peligrosidad de las "amenazas" a las que estamos expuestos, cuando en realidad nuestras amenazas vienen derivadas de nuestra pertenencia a la OTAN y de nuestra complicidad con las actividades ligadas al imperialismo norteamericano. 

 

En este sentido, España posee varios acuerdos bilaterales con Estados Unidos, ya que los acuerdos hispano-norteamericanos de 1953 englobaban tres acuerdos: el primero se refería al suministro de material militar estadounidense a España, el segundo hacía referencia a la ayuda económica, y el tercero a la instalación de varias bases navales y terrestres en territorio español. La firma de estos acuerdos supuso para la dictadura de Franco una legitimación y un reconocimiento internacional al régimen, que apuntaló su internacionalización a través del propio alcance de los mismos. Dichos acuerdos estuvieron vigentes entre 1953 y 1970 y tenían una cláusula secreta, que no se conoció hasta años después, que permitía a los Estados Unidos poder activar y utilizar las bases frente a cualquier amenaza o agresión comunista, sin tener la obligación de informar al Gobierno español de los propósitos que tenían, y sin ninguna obligación de ayuda estadounidense en caso de conflicto propio español. Más tarde, estos acuerdos de 1953 fueron sustituidos por el Convenio de Amistad y Cooperación de 1970, cuyo elemento más significativo fue que las bases estadounidenses, que hasta entonces eran de utilización conjunta pero bajo control exclusivo norteamericano, pasaron a ser bases de propiedad española y se autorizó su uso por parte de los americanos mediante una serie de acuerdos complementarios. En 1976, ya muerto Franco, los acuerdos bilaterales pasaron a engrosar dicho Tratado de Amistad y Cooperación, que representaron esta vez un impulso a la monarquía de Juan Carlos I. El Tratado de 1976 fue seguido de un nuevo acuerdo bilateral en 1982, del cual se puede destacar el convenio de cooperación en materia de defensa que recoge la necesidad de modernizar las fuerzas armadas españolas. 

 

En este marco, Estados Unidos se comprometía a vender material militar sobrante y excedente al Ejército español. El acuerdo recoge igualmente la necesidad de cooperar en materia de industria militar. Y de ahí saltamos al año 1988, cuando se firman los últimos Acuerdos Bilaterales, que reflejarían la nueva situación internacional y de política interior española. Estos acuerdos recogieron los cimientos para el cierre de las bases aéreas de Torrejón y Zaragoza y supedita nuevamente la instalación, almacenamiento o introducción de armamento nuclear en territorio español al acuerdo del Gobierno. Además prohíbe sobrevolar el espacio aéreo español con material nuclear a bordo. Pero sin embargo este convenio eximía tanto a buques como a aeronaves de ser inspeccionados, lo que equivale en la práctica a permitir la introducción o tránsito de armamento nuclear en territorio español. Estos acuerdos bilaterales de 1988 han sido posteriormente modificados a través de los Protocolos de Enmienda al Convenio en 2002, 2012 y 2015. La modificación de 2002 reduce casi en un 47% la presencia de personal militar y civil estadounidense en territorio español. El objetivo de la modificación de 2012 fue la contribución española al sistema de defensa antimisiles de la OTAN (el Escudo Antimisiles fue instalado durante la segunda legislatura del PSOE de José Luis Rodríguez Zapatero), autorizando, con esta finalidad, a que Estados Unidos pueda operar con sus fragatas y destructores en la base de Rota. Por último, con la modificación del año 2015 Morón se convirtió en la base permanente de las fuerzas de reacción rápida para África (AFRICOM) de la OTAN, permitiendo incrementar, como ya aludíamos en la entrega anterior, el número de militares y dotaciones de dicha base. 

 

Nuestras relaciones con los Estados Unidos a través de la OTAN han sido, pues, de un absoluto entreguismo, sin calibrar realmente el peligroso alcance de dichas decisiones. Así, nuestra colaboración con la primera potencia belicista y militar del mundo ha sido intensa y servil, poniéndonos en el ojo del huracán de los conflictos internacionales. Todo ello tuvo su máxima expresión en 2003, como conocerán todos mis lectores/as, con nuestra indecente colaboración con la Administración de George W. Bush (junto con el Reino Unido de Tony Blair), durante la segunda legislatura del PP de José María Aznar, en la guerra de invasión de Irak, para derrocar a Sadam Hussein, bajo el engañoso pretexto de su colaboración con Al Qaeda, y su posesión de armas de destrucción masiva. Armas que nunca aparecieron, y por lo cual los dirigentes norteamericano y británico han pedido públicamente disculpas, pero no así nuestro ex Presidente Aznar, que aún se jacta de aquélla inmoral colaboración, que sólo trajo destrucción, devastación, desplazamientos forzados, y millones de muertos y heridos. Evidentemente, esta no es la senda del pacifismo que propugnamos. La famosa foto del trío de las Azores nos hizo entrar en una diabólica espiral. Ella nos ha conducido, junto a nuestra colaboración con la coalición internacional que ha instigado las guerras de Libia y Siria, a padecer en nuestro territorio una serie de brutales atentados terroristas que han dejado cientos de muertos y heridos, y que aún nos continúan situando como punto de mira de la actividad terrorista internacional. Nuestra colaboración con la OTAN debe cesar. Todo gobierno pacifista que se precie de serlo ha de impedir continuar por esta senda de guerra, sangre, odio y destrucción, cuya bandera internacional es la de la OTAN, cuya razón de ser es el agresivo imperialismo, y cuyo adalid son los Estados Unidos y su estado de guerra permanente, tanto interno como externo. Continuaremos en siguientes entregas.

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24 noviembre 2017 5 24 /11 /noviembre /2017 00:00
Arquitectura de la Desigualdad (65)

Las políticas de expropiación de las clases populares se realizan mediante la transformación de la deuda privada en deuda pública

Joaquín Miras y Joan Tafalla

En efecto, como explican nuestros autores de entradilla en la cita que hemos seleccionado, los mecanismos de transferencia y de conversión de deuda son los responsables de la inmensa bola de nieve (que también presenta nuestra imagen de entradilla) en que se va convirtiendo la deuda de un país. Pero hoy día todos estos mecanismos, pertenecientes al ala más dura del neoliberalismo, no están apoyados sólo por los Gobiernos de los países en cuestión, sino también por las propias instituciones supranacionales, que son las que realmente vigilan la estricta implantación de los requerimientos de todos los países que se suman a este sistema-deuda que venimos describiendo. En  nuestro caso europeo, tenemos a las instituciones de la Unión Europea (Parlamento, Comisión y Consejo Europeo), que junto al Banco Central Europeo (BCE), conforman el tándem antidemocrático (pues nadie los ha elegido, salvo a los miembros del Parlamento Europeo, que curiosamente es el único Parlamento sin capacidad legislativa) que implanta, controla y desarrolla la implementación de tales medidas. Podríamos pensar que siendo el BCE un Banco Central, como su propio nombre indica, tendrá funciones de reserva federal europea, y que prevendrá y corregirá los desequilibrios financieros y monetarios de los países que forman la UE, y sobre todo, que vigilará que la deuda pública de estos países no se dispare. Nada más lejos de la realidad. Lo cierto es que el BCE actúa como un lobby de la gran banca privada europea, está absolutamente a su servicio (sobre todo del Deustche Bank alemán), y todas las medidas y políticas que diseña están pensadas para favorecer a la banca, no a la ciudadanía ni a las pequeñas y medianas empresas (aunque sí a las grandes). 

 

Yago Álvarez lo expresado en los siguientes términos: "Una Europa con un banco central que funcionara para solventar los problemas económicos de la ciudadanía europea y de los países podría comprar directamente la deuda emitida por éstos o prestarles dinero a esos tipos de interés nulos, eliminando a ese incómodo y egoísta intermediario en el que se ha convertido la banca privada y los "mercados". Los gobiernos podrían invertir ese dinero a coste cero en reactivar la economía real de los países, enfocando la inversión donde más se necesite y donde ejerza un efecto positivo sobre la población, en lugar de dejar en manos de la banca que acepta invertir basándose en meros parámetros de retorno económico. Los países no necesitarían ir a los mercados a pedir dinero con un ojo puesto en la prima de riesgo o en índices variables (y manipulables) como el EURIBOR. Las administraciones podrían obtener dinero al 0% que les ofrecería la posibilidad de aplicar políticas de crecimiento sin tener que depender de la banca privada ni sentirse ahogados por los intereses. Y puestos a soñar, el BCE podría cancelar las hipotecas de muchas familias para sustituirlas por préstamos a un interés del 0%, lo que descargaría una enorme cantidad de intereses sobre las economías familiares que podrían conseguir ese efecto sobre el consumo que las medidas de Draghi llevan buscando durante años sin mucho éxito. Pero todo esto ocurriría en una Europa diferente, donde las decisiones de las políticas económicas y monetarias no dependieran de un organismo no democrático como el BCE presidido por un ex-banquero al que nadie ha votado. Una Europa donde sus instituciones y sus políticas sirvieran a la ciudadanía y no a la banca privada. Una Europa democrática, pero no en la actual del señor Draghi". Creo que Yago Álvarez lo ha explicado con tal claridad que no se necesitan comentarios añadidos. 

 

Bien, pero no perdamos de vista que nuestro análisis del sistema-deuda lo estamos llevando a cabo desde la perspectiva de la desigualdad. Es la desigualdad el eje central de esta serie de artículos, y lo que tenemos que explicar es qué relación tiene la deuda de los países con el hambre, el exilio, los desplazamientos forzados, el desempleo, la precariedad o la exclusión social. Yolanda Fresnillo ha escrito este artículo para el medio eldiario.es que vamos a seguir a continuación para esta exposición. En él desarrolla esta idea-eje que estamos analizado, intentando concretar y demostrar la relación de la deuda con el hambre. A finales de 2016, hace ahora un año más o menos, la deuda global ascendía a 152 billones de dólares. Esto suponía un 225% del PIB mundial. Una enorme bomba de relojería que afecta no sólo a los países de la periferia europea o a los emergentes, sino también a buena parte de los países más empobrecidos del planeta. De hecho, el nivel de crédito a los países del sur se ha multiplicado desde 2008. Yolanda Fresnillo nos cuenta la reciente historia de la deuda, y expone hasta qué punto los procesos, criterios y objetivos se vuelven a repetir, sin que se aprenda la lección (o por el contrario, parece que esté muy bien aprendida). En los años 80 estalló una crisis de deuda que dejó empobrecimiento y desigualdades en América Latina, África y Asia. Entonces la situación se afrontó desde los organismos internacionales de la misma forma que han afrontado la actual crisis en la periferia europea: con austeridad y más deuda. El resultado fue la llamada "década perdida", años de ajustes que hicieron retroceder buena parte de los indicadores en el ámbito social en los países del sur. Pero después de los 80 llegó la década de los años 90, y vuelta la burra al trigo, como se suele decir en el argot popular.

 

La década de los 90 supuso seguir con las políticas neoliberales que habían constituido la receta contra la crisis de la deuda. El Consenso de Washington se generalizó y el neoliberalismo se convirtió en dogma. Cada nuevo crédito del FMI, cada proyecto del Banco Mundial, incluso las reestructuraciones y cancelaciones de deuda que han recibido algunos de los países más empobrecidos, han estado condicionados, hasta hoy, a la aplicación de más ajustes, de más privatizaciones, eliminación de subsidios, desregulación de mercados laborales, liberalización de mercados financieros, reducción de aranceles, eliminación de barreras al libre comercio...En definitiva, políticas que tras décadas de aplicación han ido dejando a los países indefensos ante uno de los mayores problemas que deben afrontar: el hambre. Yolanda Fresnillo pone abundantes y documentados ejemplos de países como Zambia, Haití, Mali, Malawi, Vietnam, Uganda, Etiopía o Kenia, donde las recetas del FMI, después de su aplicación, consiguieron un mayor endeudamiento a la par que un empobrecimiento masivo de la población. No son casos aislados, ni depende de la infraestructura económica de los países. El neoliberalismo, y el sistema-deuda como parte esencial del mismo, se ha venido utilizando como palanca para introducir medidas como la reducción del papel del Estado y la cesión de la soberanía a los mercados, incluyendo la soberanía alimentaria, tan importante para los países en desarrollo. La deuda es un sistema de dominación económica, es parte del entramado neoliberal para favorecer a las grandes empresas privadas y a la banca, en detrimento de los recursos de las clases populares, trabajadoras o más desfavorecidas. La deuda, por tanto, es pieza esencial para perpetuar la desigualdad, y elemento facilitador de la misma. 

 

El endeudamiento público se ha convertido en un peligroso sistema de funcionamiento, un perverso mecanismo que garantiza la extensión de las desigualdades económicas y sociales. El pago de sus intereses cada vez tiene mayor peso en los presupuestos públicos de los países, al mismo tiempo que deja menos recursos a disposición del interés general, y empuja cada vez más a la subordinación del país a los organismos financieros internacionales. Los problemas con la deuda socavan la democracia, limitan la libertad política y la autodeterminación de los pueblos, impiden el uso y destino de los recursos donde hace más falta, y asegura las ganancias de los más poderosos, empobreciendo a los más débiles. ¿Hay que pagar las deudas?, nos planteábamos al comienzo de este bloque temático. Creo que los lectores y lectoras tendrán ya al menos un esbozo de respuesta. En 2011, Argentina pactó con la mayoría de sus acreedores la quita del 80% de su deuda, ante la imposibilidad del país de generar ingresos suficientes como para pagar una deuda descomunal. Por tanto, existen precedentes del no pago (o negociación, o quita, o reestructuración...) de la deuda, y es posible y necesario hacerlo cuando se llega a una situación de clara insostenibilidad. Pero como siempre, el primer enfrentamiento lo tendremos que tener con la aplastante fuerza del pensamiento dominante, fruto a su vez del inmenso poder de la clase capitalista, expresada en los grandes poderes económicos, que son los que nos gobiernan de facto. El mantra de que "Las deudas hay que pagarlas" ha de ser derribado, entrando en una política de valiente y decidida desobediencia a las instituciones y organismos internacionales, y de claro enfrentamiento a sus antidemocráticos mandatos. Continuaremos en siguientes entregas.

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22 noviembre 2017 3 22 /11 /noviembre /2017 00:00
Hacia la superación del franquismo (50)

Cuando España recupere su soberanía plenamente y la Tercera República sea una realidad, cuando dispongamos de un Estado y un gobierno comprometido absolutamente con el bien público y con los derechos y libertades de todos, condiciones ineludibles para salir de esta crisis, la bandera Tricolor ondeará de nuevo

Pedro A. García Bilbao

En esta entrega número 50 de la serie sobre el franquismo y la necesidad de su plena superación, nos habíamos quedado comentando los aspectos más interesantes de una Conferencia impartida por Carlos Jiménez Villarejo (cuya completa lectura recomendamos a nuestros lectores y lectoras) en el Ateneo Republicano de Galicia, el 18 de septiembre de 2015, publicada en la revista Transversales en su número 36 de octubre de 2015, y reproducida, entre otros medios, por Eco Republicano. Dicha conferencia expone, sobre todo, lo que fue el asedio fascista a la Segunda República Española, y constituye otro elemento y fuente de análisis fundamental para comprender la verdad de todo lo que ocurrió durante aquéllos convulsos años. La República, entre los numerosos problemas que debió afrontar, uno de los más relevantes fue la ordenación de las Fuerzas Armadas, con miras a garantizar su lealtad. Sin embargo, los militares golpistas no tardaron en expresar su voluntad de destrucción de la República, incluso en intentonas anteriores al Golpe de Estado del 18 de julio de 1936. Apoyadas por las derechas españolas de la época (CEDA, Falange...), asumieron como reto principal dejar sin efecto las principales medidas de progreso económico y social del período republicano. A todo ello se unía una provocación constante de terratenientes, caciques y de la Guardia Civil a grandes masas de campesinos carentes de tierras, de trabajo y de alimentos. Y ante la cada vez más explícita amenaza fascista, las elecciones de febrero de 1936 dan el triunfo al Frente Popular (no se dejen los/as lectores/as engañar frente a tanta manipulación histórica de los que dicen que la República jamás fue refrendada en las urnas). Y el Frente Popular adopta de inmediato decisiones avanzadas en favor de las clases populares, tales como el reparto de 250.000 hectáreas de tierra, o la libertad de 30.000 presos políticos. 

 

Pero al mismo tiempo, el terrorismo callejero de las milicias de Falange crearon una espiral de violencia, que preparaba la gran conspiración militar golpista de la primavera de 1936. Un caldo de cultivo que se nutría argumentando que el clima social era insostenible, pero que sólo pretendía tapar su odio hacia las clases populares que se estaban viendo beneficiadas por las medidas de justicia social republicanas. Y como en entregas anteriores hemos expuesto con la suficiente profundidad, es absolutamente evidente el papel que representó, desde los inicios de la sublevación, la violencia y la represión como elemento central de la política durante la dictadura. Así ha sido reconocido por los historiadores que han estudiado con detenimiento el ejercicio concreto de la represión en el conjunto de España. Por ejemplo, F. Moreno Gómez, en "La represión en la posguerra" (dentro de la obra colectiva "Víctimas de la Guerra Civil") expone: "La violencia fue un elemento estructural del franquismo. La represión y el terror subsiguiente no eran algo episódico, sino el pilar central del nuevo Estado, una especie de principio fundamental del Movimiento". En parecidos términos se expresan otros muchos autores. Así lo resumía Arcángel Bedmar (Coordinador de la obra colectiva "Memoria y olvido sobre la Guerra Civil y la represión franquista"): "Si la represión física y los derechos más elementales fue la más llamativa, también funcionó una represión cotidiana, permanente y opresiva, que condenó a la marginación social y laboral a una buena parte de la población. Cuando hablamos de represión siempre pensamos en los fusilamientos, pero existen otras formas sutiles de hacer daño que causan dolor profundo y traumático, y que acompaña a los supervivientes durante toda su existencia. A través de sus investigaciones sobre la justicia militar y civil Conchita Mir Curcó se ha acercado al espacio crudo y humillante de las nuevas estructuras de poder y de las nuevas relaciones sociales establecidas tras la victoria franquista que se adentraron en los ámbitos más privados de la vida personal (sobre todo en las mujeres) y se manifestaron por medio del control moral, la pobreza, la soledad, el subempleo, los ajustes de cuentas, la vigilancia de unos sobre otros...hasta configurar un mundo en el que vivir no era sino sobrevivir". 

 

Los derechos humanos fueron salvajemente negados y ultrajados durante la dictadura, y todas las conquistas sociales que se habían alcanzado durante el breve período republicano fueron fríamente destruídas. Y ello porque la dictadura emprendió una guerra continuada y cruel contra todo opositor político, es decir, contra todo aquél ciudadano o ciudadana del/de la cual se sospechara lo más mínimamente que hubiese sido siquiera simpatizante con los postulados de la República. Fueron encarcelados todos los dirigentes de los partidos políticos, sociedades y sindicatos no afectos al "Movimiento Nacional", aplicándose contra ellos con especial ensañamiento una serie de castigos ejemplares. Los juicios sumarísimos del franquismo, sin ninguna garantía, convirtieron el derecho en un instrumento más al servicio del régimen dictatorial, quedando la justicia absolutamente desvirtuada y como herramienta del poder absoluto y de desprotección de los ciudadanos. Se desplegó durante casi 40 años toda una política de permanente exterminio y de aniquilación de lo que ellos (los fascistas) llamaban "la escoria" de España, entre otras similares lindezas. Se suprimieron bruscamente las libertades de expresión y de información, el pluralismo político y demás derechos fundamentales y libertades públicas básicas. El Estado se configuraba como un instrumento totalitario al servicio del poder absoluto del dictador. Por supuesto, se invalidaron todas las leyes y disposiciones jurídicas promulgadas durante la Segunda República, y fueron frecuentes las incautaciones de bienes y de patrimonio de particulares y de organizaciones políticas y sindicales, con objeto de despojar a dichas organizaciones de todo bien o derecho, inhabilitándolas para el ejercicio de cualquier actividad. 

 

Asímismo, se derogó el Estado laico que la República había instalado, y se sustituyó por el Estado nacionalcatólico, pues no sólo se trataba de un Estado confesionalmente católico, sino de una hegemonía del catolicismo más rancio en todas las facetas de la vida social. De esta forma, volvieron los privilegios de una Iglesia Católica aliada de forma activa con los sectores militares y civiles más reaccionarios de la época. La jerarquía católica siempre mantuvo una total complicidad con los golpistas, y mostró un apoyo indiscriminado a la represión fascista durante la Guerra Civil y la posterior dictadura. La ley de 1939 restableció el presupuesto para el Clero, con un preámbulo digno de mención: "El Estado Español, consciente de que su unidad y grandeza se asientan en los sillares de la Fe Católica, inspiradora suprema de sus imperiales empresas y deseoso de mostrar una vez más y de una manera práctica su filial adhesión a la Iglesia, decide restablecer dicho Presupuesto al abnegado clero español, cooperador eficacísimo de nuestra victoriosa Cruzada". Como pueden comprobar mis lectores/as, este ilustrativo párrafo demuestra a las mil maravillas la plena colaboración que la Iglesia Católica mostró siempre al régimen franquista, así como la inquebrantable adhesión de éste a los postulados del nacionalcatolicismo.  De hecho, los párrocos participaron activamente en la represión política. Pero quizá la mayor expresión de la injusticia del régimen franquista fuesen sus Tribunales de Justicia, esos cuya propia existencia y cuyas sentencias debieran haber sido declaradas nulas de pleno derecho en cuanto se consumó el advenimiento de la democracia. Pero como ya hemos explicado en entregas anteriores, a esa Transición "democrática" jamás le preocuparon los juicios sumarísimos del franquismo, ni sus innumerables víctimas. 

 

Los procesos judiciales del franquismo fueron radicalmente ilegítimos por varias causas. Sigo a continuación la exposición realizada por Jiménez Villarejo en su texto de referencia. En primer lugar, no merecen la calificación de Tribunales de Justicia en cuanto fueron siempre constituidos por el Poder Ejecutivo, es decir, por la máxima instancia de los sublevados contra la República. En segundo lugar, los militares miembros de dichos tribunales carecían de cualquier atributo de independencia, propio de un juez, en cuanto eran estrictos y fieles servidores de los jefes de los que dependían, y compartían plenamente los fines políticos y objetivos represivos de los sublevados. Basta la lectura de cualquier sentencia de las dictadas en la época por cualquiera de esos "Tribunales" en las que destaca su absoluta falta de objetividad e imparcialidad, tanto en la exposición de los hechos como en los fundamentos jurídicos, si es que así pudieran calificarse, en los que asumen expresamente como legítimos los motivos y fines del golpe militar. En tercer lugar, era incompatible su posible independencia con la disciplina castrense impuesta por todos los jefes. Pero, sobre todo, en los procedimientos sumarísimos, también en menor grado en los ordinarios, concurría una total vulneración de todas las garantías y derechos fundamentales. Así, la instrucción del procedimiento en sí mismo era inquisitiva y bajo el régimen de secreto, sin ninguna intervención del defensor. El juez militar instructor practicaba diligencias con el auxilio exclusivo de las Fuerzas de Seguridad, Comisarías de Investigación y Vigilancia, y otros cuerpos policiales y militares, limitándose la relación con los investigados, siempre en situación de prisión preventiva, a la audiencia de los mismos, naturalmente sin asistencia de letrado. Continuaremos en siguientes entregas.

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20 noviembre 2017 1 20 /11 /noviembre /2017 00:00
Por la senda del Pacifismo (77)

La paz está amenazada hoy por innumerables focos de conflicto generados por la codicia imperial bajo el pretexto de una guerra interminable contra el terror. Nuestra participación en la OTAN acrecienta el riesgo de destrucción masiva de grandes núcleos de población y nos hace cómplices de su apoyo a dictaduras genocidas

Colectivo ANEMOI

Continuamos revisando, siguiendo el documento de referencia, los principales aspectos y enfoques de la imperialista y belicista política de la OTAN, organización militar ofensiva por excelencia del bloque occidental capitalista, a la que nuestro país pertenece. Pues bien, otro aspecto destacado del enfoque de la OTAN corresponde a su política nuclear. De hecho, las armas nucleares han sido desde el principio de la creación de la Alianza Atlántica una parte importante de su política de defensa conjunta. La doctrina nuclear de la OTAN apenas ha cambiado durante las últimas décadas, a pesar de la desaparición de la URSS, del Pacto de Varsovia y del final de la Guerra Fría. En la revisión del nuevo Concepto Estratégico de la OTAN, aprobado en la Cumbre de Lisboa de 2010 y que ya citamos en nuestra entrega anterior, se reafirma que la disuasión, basada en una combinación apropiada de capacidades nucleares y convencionales, sigue constituyendo un elemento central de la estrategia de defensa de la Alianza. Esta declaración, y la propia política de la Alianza, viola flagrantemente el Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP), o al menos, va contra lo dispuesto en el mismo. Y aunque desde un punto de vista estricto la OTAN no posee armas nucleares propias (del mismo modo que no tiene un ejército propio), existen tres Estados miembro que sí las poseen, que son Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña. Concretamente, se estima que Estados Unidos posee unas 7.300 cabezas nucleares, Francia unas 300 y el Reino Unido alrededor de 200. Y por su parte, los Estados miembros de la OTAN no poseedores de armas nucleares participan en diversos grados en la política nuclear de la Alianza. 

 

Algunos países no permiten la entrada de armas nucleares en sus territorios en tiempos de paz. Otros alojan armas nucleares de Estados Unidos en su interior de forma permanente, que pueden ser utilizadas tanto por aviones estadounidenses como por la propia fuerza aérea del Estado huésped. Está demostrado incluso que Estados Unidos ha albergado armas nucleares en algunos países de la OTAN sin el consentimiento de sus gobiernos, como en el caso de Dinamarca. Pero además, en suelo europeo, y aparte de las armas nucleares que poseen Francia y Reino Unido, Estados Unidos tiene desplegadas unas 200 bombas nucleares en distintas bases aéreas repartidas por todo el Viejo Continente. Concretamente en Alemania, Bélgica, Países Bajos, Italia y Turquía. Esta presencia de bombas nucleares estadounidenses en Europa se puede interpretar como un aviso dirigido a Rusia, lo cual podría llevar a una respuesta por parte de Rusia, y dar como resultado una nueva escalada armamentística. En fin, no insistimos más de momento en el asunto nuclear, que será tratado a fondo en el bloque temático séptimo de la presente serie de artículos, dedicado precisamente al desarme nuclear como un gran objetivo pacifista. La OTAN, en definitiva, contribuye decisivamente a la carrera armamentística y a la nuclearización del territorio europeo, amparados ambos en un mayor desarrollo del complejo militar-industrial y en los avances en modernización tecnológica. La OTAN es pues un complejo entramado de relaciones y dependencias entre la tecnología armamentística y su uso y experimentación en todo tipo de conflictos, que el imperialismo estadounidense cobija y ampara bajo su mando. La senda pacifista no puede apoyar en ningún caso la existencia de bloques militares, ni de organizaciones como la OTAN que abogan por el uso de la fuerza como solución a los conflictos, ya que pensamos que deben imponerse los medios diplomáticos para favorecer la distensión, y que éstos poseen suficientes recursos y posibilidades como para hacer desistir hasta a los países y/o dirigentes más belicistas. 

 

Organizaciones como la OTAN representan exactamente lo contrario a lo que la senda pacifista debe buscar, y que son los valores para la cultura de la paz, la objeción de conciencia, la no violencia, la desobediencia civil, las soluciones diplomáticas, el antimilitarismo, el pleno respeto a los todos los derechos humanos, la solidaridad, la ayuda al desarrollo o la cooperación internacional, entre otros. La senda del Pacifismo debe discurrir por los valores de la negociación, del acuerdo, de la presión, de la conciliación de intereses, del desarme mundial, y de la pacificación internacional, con el objetivo final de crear una nueva comunidad internacional completa y absolutamente democrática, que se reafirme en solucionar todos los posibles conflictos de todo tipo que puedan surgir por vías y medios pacíficos. Desde las primeras entregas de esta serie insistíamos, y ahora volvemos a hacerlo, en que la confianza y la creencia en el pacifismo han de ser absolutas, no pueden contemplar fisuras. Ello implica por tanto romper de una forma tajante y definitiva con organizaciones como la OTAN, que asumen y representan justamente los valores contrarios. Y sólo mediante el cultivo de los verdaderos valores pacifistas conseguiremos las auténticas metas que la comunidad internacional tiene planteadas desde hace mucho tiempo (primero como Objetivos del Milenio y luego como Objetivos del Desarrollo), como son la igualdad, la colaboración, la solidaridad, y la erradicación de los grandes males que aquejan a los pueblos, como son el hambre, los desplazamientos forzados, el exilio forzoso, la desigualdad, la discriminación de la mujer, el analfabetismo, etc. Incluso podríamos incluir en dicha lista los graves efectos del cambio climático. Un mundo integralmente pacifista ha de ser la primera garantía para conseguir el resto de objetivos. O si quiere, dicho de otra forma: la comunidad internacional jamás conseguirá esos nobles objetivos sin recorrer de forma decidida la senda del pacifismo. 

 

Para calibrar hasta qué punto nuestra pertenencia como país a la Estructura Militar Integrada de la OTAN nos ha conducido por una espiral imparable, baste recopilar rápidamente el incremento de la presencia militar estadounidense en sus principales bases militares. Como mínimo desde el año 2008 se han incrementado ininterrumpidamente los efectivos estadounidenses en las bases de Rota (Cádiz) y Morón de la Frontera (Sevilla). En Rota, la instalación del Escudo Antimisiles ha supuesto la llegada a dicha base de unos 1.200 militares más, 100 civiles norteamericanos y cuatro buques destructores. Y por su parte, en Morón de la Frontera, la siguiente cronología (tomada de la expuesta en nuestro documento de referencia) nos ayudará a comprender la terrible deriva a la que estamos sometidos, derivada de la irresponsabilidad y el seguidismo complaciente (incluso entusiasta) de nuestros dirigentes políticos hacia las ansias belicistas e imperialistas estadounidenses: 

 

1.- Abril de 2013: El Gobierno del Estado Español aprobó la petición del Gobierno estadounidense de desplegar hasta 500 marines y 8 aviones de transporte durante un año. De este modo, dijeron, construirían una fuerza de respuesta rápida dependiente del mando estadounidense AFRICOM.

 

2.- Febrero de 2014: El Jefe del Pentágono presentó la petición formal de una prórroga por un año más y de un incremento de 350 marines más. La autorización de abril de 2014 se acogió al Artículo 22 del Convenio bilateral de Cooperación para la Defensa de 1988, que permite a Estados Unidos desplegar temporalmente en España hasta un máximo de 900 marines. Precisamente, este carácter temporal permitió al Consejo de Ministros autorizar un contingente de hasta 850 marines y 17 aeronaves sin modificar el referido Convenio, y por tanto, sin pasar por la aprobación del Congreso de los Diputados. Esta autorización extraordinaria no implica un control real de las misiones de los marines. 

 

3.- Diciembre de 2014: Estados Unidos solicitó que el contingente de marines fuera permanente, y que se incrementara el número máximo hasta 3.500, en caso de crisis. Estas nuevas condiciones requerirían una modificación (la tercera) del citado Convenio bilateral, que debería ser aprobada por el Congreso de los Diputados, y que convertiría la base de Morón en la principal base militar de AFRICOM.

 

4.- Julio de 2015: El Congreso de los Diputados aprobó, por la vía de urgencia, la reforma del Convenio. Ya pueden imaginarse los lectores y lectoras cómo fue la distribución del voto: votaron a favor PP, PSOE, CIU, UPyD (hoy día lo haría su homólogo, Ciudadanos), PNV, UPN, CC y Foro Asturias. Votaron en contra el Grupo de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA, hoy día lo haría su homólogo Unidos Podemos), Amaiur y Geroa Bai (hoy día lo harían sus homólogos grupos en el Congreso). 

 

¿Y qué propone el nuevo Convenio bilateral aprobado desde dicha fecha? Pues el nuevo Convenio prevé la presencia permanente de un contingente de hasta 2.200 marines, 500 civiles estadounidenses y 21 aeronaves. Además, aumenta hasta 800 efectivos y 14 aeronaves el límite para despliegues temporales para situaciones de crisis. De esta forma, Morón podrá llegar a acoger hasta 3.000 militares norteamericanos, que no vendrán precisamente a que se les enseñe a tocar la guitarra flamenca. Según el Ministerio de Defensa, en 2008 había sólo 1.130 militares estadounidenses en España. A primeros de 2015 la cifra se había duplicado, y ya había 2.721 registrados. Una vez terminada la ampliación de Morón, se habrá cuadriplicado la presencia militar norteamericana en menos de diez años. Continuaremos en siguientes entregas.

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17 noviembre 2017 5 17 /11 /noviembre /2017 00:00
Arquitectura de la Desigualdad (64)

¿A cuántos individuos es necesario condenar a la miseria, a la desmoralización, a la desgracia, para producir un rico?

Almeida Garret

Bien, una vez introducido el perverso concepto de la deuda y aclaradas algunas falacias previas (aún tendremos muchas más que desmontar), vamos a exponer una primera semblanza general e internacional con datos, tomando como referencia este estupendo artículo del economista Óscar Javier Forero, y publicados en su Blog personal. Forero nos cuenta que la deuda pública de los Estados Unidos, la segunda más grande e impagable del mundo, alcanzó un nuevo récord histórico de 20,16 billones de dólares, según confirmó recientemente el Departamento del Tesoro. De seguir este ritmo, se estima que para el año 2047 la deuda supere ya el 150% del PIB estadounidense, que para ese año rondará los 34,1 billones de dólares, es decir, se espera que los pasivos de EE.UU. lleguen a 51,5 billones de dólares. De confirmarse estos datos, el crecimiento de la deuda estadounidense durante los próximos 32 años sería de 2.683 millones de dólares al día, o si se quiere, 1,8 millones de dólares por minuto. Esto representa que a cada estadounidense, para dejar la deuda a cero, le correspondería pagar en promedio unos 62.000 dólares. La deuda por habitante subiría a 98.823 dólares si sólo tomamos en cuenta a la población económicamente activa (PEA), es decir, la población que se encuentra en edad de trabajar. Son cifras ejemplo de la mayor potencia del mundo, paladín además de las políticas neoliberales internacionales, para que pueda comprobarse la irracionalidad e insostenibilidad del sistema-deuda. Y es que todos los países "industrializados", "desarrollados" o como se les quiera llamar, han basado su sistema económico y social en la posibilidad de endeudarse de manera gigantesca con financiación ilimitada y cómodas cuotas de pago, diseñando de esta forma un perverso sistema que fomenta la dependencia económica y las crecientes desigualdades. 

 

Entre las 22 primeras potencias mundiales, esos países del grupo de los "industrializados" se concentra el 81% del total de la deuda mundial, de acuerdo a datos proporcionados por la Consultora Global McKinsey, y las 171 naciones restantes deben tan sólo el 19% de dicha deuda mundial. Los llamados "países subdesarrollados" poseen niveles de endeudamiento muy bajos, que rara vez superan el 50% de su PIB. No obstante, la gran banca privada mundial y los Organismos internacionales han hecho enormes ganancias a costa de otorgar préstamos con condiciones de pago, como ya introducíamos en la entrega anterior, que violan cualquier principio de soberanía económica. Esta dinámica les sitúa en una creciente deuda que no pueden asumir, y que además impide que se desarrollen políticas a favor de las mayorías más desfavorecidas de la población. El grueso de los préstamos a nivel mundial proviene de hecho de los recursos que los propios países "subdesarrollados" depositan en los bancos de los países "desarrollados". Es decir, los endeudados prestan nuestro dinero, depositado (en cuentas de ellos) a altísimas tasas de interés. Un verdadero y miserable negocio redondo. El sistema-deuda forma, pues, parte imprescindible para poder desarrollar una arquitectura mundial de la desigualdad, a base de intervenir los presupuestos de los países pobres en función de las necesidades de los países ricos, necesidades que se satisfacen a base de saquear y expoliar los recursos de los países pobres, para de esta forma perpetuar esa dependencia. Así, el sistema financiero internacional está diseñado para que los países más endeudados ("desarrollados") sean quienes impongan recetas a los demás. ¿Recetas para qué? Óscar Javier Forero nos recuerda que el propio Henry Ford sostenía que "Si la gente entendiese cómo funciona nuestro sistema financiero, creo que habría una revolución antes de mañana". Interesante y reveladora confesión. 

 

Pero es que aún llega a mayores niveles de perversión el sistema-deuda mundial. A su vez, son estos mismos países "desarrollados" los que de manera grosera deciden las tasas de interés y las condiciones de los préstamos a cada país. Por ejemplo, en la década de los años 70 por cada dólar que los países latinoamericanos pedían prestado tenía que devolver 11. Son muchos los países que devolvieron, con el paso de los años, varias veces el montante original de sus préstamos, y aún seguían debiendo dinero a los organismos e instituciones prestatarias. Bien, y las reglas que se les imponen a los países deudores...¿en qué consisten? Pues básicamente se les chantajea mediante la obligatoriedad de adoptar medidas que en esencia perpetúen el sistema capitalista neoliberal, es decir, perpetúen las desigualdades. De entrada, como decimos, su propio presupuesto queda intervenido, con lo cual dejan de disponer del conjunto de los recursos de las arcas públicas, pero además, con el resto, se les obliga a implementar medidas que han sido denominadas bajo varios eufemismos, tales como "Planes de Ajuste Estructurales", que consisten básicamente en planificar transferencias desde los fondos públicos a los privados, en empobrecer y precarizar a las clases populares y trabajadoras en beneficio de los más ricos y poderosos, en desmontar y privatizar los servicios públicos, y algunas otras que tienen que ver con una mayor complacencia política, las facilidades para instalar bases militares, la compra de armas, los jugosos negocios o la permisividad con la llegada de capitales extranjeros transnacionales, entre otras posibilidades y variantes. Desde los famosos Acuerdos de Breton-Woods en 1944, base de la creación del FMI y del BM, y más concretamente desde el Consenso de Washington, esta es la filosofía y la política que se practica para cualquier país que pretende acceder al sistema-deuda, es decir, a financiarse acudiendo a los mercados financieros internacionales. 

 

El sistema-deuda es, de facto, un robo legal implementado a los países que acuden a él. El sistema-deuda garantiza su perpetuidad, ya que aunque miles de millones de euros (o de dólares) sean cancelados de manera puntual (piénsese en Grecia para nuestro contexto europeo), sin embargo estos pagos corresponden en su inmensa mayoría sólo a intereses. La deuda como tal podríamos decir que continúa intacta. En los peores casos, los países son víctimas de todo un orquestado ataque financiero internacional, que busca quebrar sus economías, para pasar a un ulterior nivel de intervención, que suele ser la antesala para apoderarse de los recursos naturales (petróleo, gas, minerales, etc.) del país en cuestión. Las ganancias producto de las deudas impagables van a parar a los países del norte, lo cual contribuye a dinamizar su economía y a generar a los países endeudados relaciones de absoluta dependencia. El concepto de "Riesgo País", que los lectores y lectoras habrán escuchado alguna vez en boca de estos "expertos" de los organismos internacionales, se mide básicamente en base a la capacidad de pago de cada nación, y al montante y porcentaje sobre su riqueza de la deuda que posean. Pero en realidad, el "riesgo país" es de nuevo un concepto político que se utiliza para prestigiar o desprestigiar a una determinada nación, basándose en su adhesión a los compromisos con los organismos, naciones y entidades prestatarias, independientemente de su nivel real de deuda. Las cifras son realmente escalofriantes. Japón es el país  más endeudado del mundo si lo comparamos con su PIB, algunas estimaciones colocan su deuda alrededor del 400% del PIB japonés, y las más conservadoras en alrededor del 250%. Y aunque las cifras varían de unas fuentes a otras, naciones como Francia, Grecia, Portugal, Italia, Alemania, Gran Bretaña, China, España, Suiza o Canadá se encuentran por encima del 100% de sus respectivos PIB. 

 

Después de la lectura de todo lo anterior, suponemos que al menos dejarán de ser asumidas como tan tajantes las famosas frases ("Las deudas hay que pagarlas") donde se asienta este perverso, chantajista y manipulador sistema-deuda mundial. Muchos líderes mundiales han abogado por transformar el sistema-deuda internacional, así como los mecanismos del sistema financiero mundial, asentado también en otros muchos aberrantes principios prácticos, como el de los paraísos fiscales, a los cuales dedicaremos amplia exposición en nuestro siguiente bloque temático. Pero desgraciadamente, aún no se ha conseguido variar su funcionamiento, al menos en lo que se refiere a sus reglas y normas esenciales. En la actualidad, algunas economías emergentes, como las pertenecientes al grupo de los BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) trabajan en esta vía, pero lo único que han conseguido hasta ahora es crear una serie de organismos internacionales alternativos a los del mundo capitalista globalizado, cuyo adalid son los Estados Unidos. Está bien claro, a la luz de todo lo expuesto, que se deben crear mecanismos alternativos donde los países explotados puedan depositar sus reservas, y donde se ofrezcan créditos con tasas de interés justas que aporten dividendos en beneficio de todos. También es preciso que las instituciones públicas internacionales dejen de actuar como poderosos lobbies de la gran banca privada mundial, como ocurre por ejemplo en la Unión Europea con el Banco Central Europeo, que mientras financia de forma altruísta a bancos nacionales y grandes empresas, prohíbe a los Estados financiar su deuda pública a través de los mecanismos y el respaldo del BCE. Óscar Javier Forero finaliza su artículo mediante tajantes conclusiones: "La independencia de los países se logrará cuando se alcance la verdadera dependencia económica. Mientras que el sistema financiero mundial permanezca intacto, dominado por los países industrializados, las demás naciones sólo servirán para continuar siendo expoliadas por el capital". Continuaremos en siguientes entregas.

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