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15 abril 2018 7 15 /04 /abril /2018 23:00
Fuente Viñeta: http://cgt.org.es/

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El gasto militar mundial es hoy en día 180 veces superior al presupuesto anual de Naciones Unidas. Mientras la ONU destina en el mejor de los casos 10.000 millones de dólares anuales a todas sus actividades, incluidas las operaciones de mantenimiento de la paz, la militarización mundial consume 1,8 billones de dólares anuales. La todavía tristemente de actualidad cita de la época romana “si vis pacem para bellum” no puede estar más equivocada. La realidad demuestra que siglos de preparación para la guerra no han conseguido la paz. Sino más bien al contrario, son los países que han acumulado mayores cotas de militarización quienes han promovido y protagonizado las principales guerras de todos los tiempos, y son los pueblos más militarizados los que persisten en optar por las soluciones militares y la guerra

Jordi Calvo Rufanges

Nos quedamos explicando en la última entrega de esta serie la idea y repercusiones que se esconden detrás del concepto de Objeción Fiscal Militar. El primer gran objetivo, hemos afirmado, es dejar de financiar con nuestros impuestos los fondos que se dedican al armamentismo y a nuestra participación en los conflictos bélicos. Pero hay más. Porque además de recortar el presupuesto de guerra se pretende también, con estas acciones de desobediencia, suscitar un debate sobre el grado de militarización social, cultural y económica que padecemos, sus orígenes, sus causas y consecuencias, y rescatar el protagonismo social en todas las decisiones que puedan afectar a estos temas. En última instancia, recuperar la voz del pueblo, su capacidad de decisión, para que no sean otros (que se hacen llamar nuestros representantes pero que no lo son) los que decidan sobre los graves asuntos que tienen que ver con los Ejércitos, el militarismo y el complejo militar-industrial. La OFM es por tanto un gesto de civismo, un gesto comprometido por la paz, un gesto que apuesta decididamente por un mundo sin violencias, sin armas, sin conflictos, sin guerras, sin ejércitos. Lógicamente, se trata de una práctica de desobediencia civil no reconocida legalmente, pero precisamente por ello tenemos que apoyarla y difundirla. ¿Cómo la llevamos a la práctica? Como no existe ninguna casilla oficial en los impresos y formularios previstos para la Declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), hemos de crearla nosotros mismos, y hemos de explicarla y razonarla en el mismo documento. 

 

¿Existen consecuencias de esta acción para el conjunto de la ciudadanía que la practique? Pues hoy por hoy, la peor consecuencia que puede tener es que Hacienda (lo ha hecho en unos pocos casos) nos reclame (o se niegue a devolvernos) el dinero que hemos dejado de pagar, o que hemos desviado. En nuestro país, las primeras campañas sobre Objeción Fiscal al Gasto Militar nacieron en 1983, a raíz de nuestra incorporación en la OTAN un año antes. Al igual que se objeta por conciencia nuestra oposición a cualquier otro asunto, la OFM objeta el negarse a participar y a contribuir a los gastos militares de tu nación. Arcadi Oliveres, uno de los fundadores del Centre Dèlas y veterano activista por la paz, en esta entrevista de Santiago Canales para el medio El Salto Diario, explica la dinámica de la OFM en los siguientes términos: "Si el gasto militar es el 2% de los presupuestos y a mi me toca pagar 100, pagaré 98 porque tampoco quiero dejar de abonar esta cantidad al Estado. De manera que lo que se hace es elegir una ONG o alguna acción social, entregar esos dos euros restantes y decirle a Hacienda: "A mí me tocaría pagar 100 pero como dos se los van a gastar muy mal, ahí tienen los otros 98". Ese recibo de abono a la ONG en cuestión se lleva también a Hacienda, por lo cual se demuestra que no existe ningún tipo de engaño por parte del contribuyente (de cara a una posible multa o sanción por parte de la administración tributaria). Pero en verdad la OFM no es el único medio cívico de oponerse a los gastos armamentistas de un país, desde un punto de vista responsable y ciudadano. Arcadi Oliveres señala en la entrevista de referencia otros mecanismos de objeción que se pueden practicar, tales como la objeción laboral (no prestar nuestro trabajo como profesionales para cuestiones militares), la objeción científica (negarse a que nuestras investigaciones sean utilizadas con fines militares), o la objeción financiera (no ingresar nuestros ahorros en entidades financieras que inviertan en armamento). 

 

En el tríptico que se puede descargar desde esta página (https://www.ecologistasenaccion.org/IMG/pdf/triptico_of2013.pdf), colgado en la web de Ecologistas en Acción, se dan algunas cifras y datos interesantes, para que el conjunto de la ciudadanía las tome como referencia a la hora de contribuir a la campaña de Objeción Fiscal Militar. Las más interesantes son las siguientes: el gasto militar diario supera los 79 millones de euros, el gasto militar por persona al año es de algo más de 600 euros, 7,61 de cada 10 euros de gasto militar están ocultos, nueve Ministerios de los 13 existentes participan del gasto militar, se conceden préstamos no contemplados en los PGE por valor de casi 1.500 millones de euros (referencia del año 2012), la escalada armamentista ha generado una burbuja de deuda militar impagable de 32.000 millones de euros, y mientras entre los años 2002 y 2011 el gasto final en Defensa real aumentó un 16% respecto al presupuestado, los recortes durante los años de crisis han sido de un 35% en Fomento del Empleo, de un 20% en Cultura, de un 14% en Educación, de un 14% en Servicios Sociales, y de un 12% en Cooperación Internacional y Ayuda al Desarrollo. Absolutamente inaceptable bajo una sociedad democrática, justa, pacífica y avanzada. El debate sobre la OFM es un debate sobre prioridades presupuestarias públicas, es un debate sobre las verdaderas amenazas que nos acechan, es un debate que pone en cuestión cómo es posible que en los tiempos que corren, cuando las principales agresiones que sufre la población son la insuficiencia de cobertura de servicios públicos, el desempleo, la carencia de viviendas de alquiler social, etc., puedan ser desviados miles de millones de las arcas públicas a la compra de armas, al mantenimiento de Ejércitos o a nuestra participación en conflictos bélicos. 

 

Hay que promover el debate sobre la fuerza civil de la desobediencia, sobre la clara y firme negativa a participar con nuestros impuestos en la industria de la guerra, y sobre todo, hacer una defensa del derecho fundamental a la libertad ideológica, que no sólo ampara el derecho a pensar de otra forma, sino también el derecho a promover acciones en coherencia con tales pensamientos, ideas y actitudes. Mediante la OFM queremos que la iniciativa sea conocida por el conjunto de la población, para así poder alterar las prioridades económicas del Estado, y fomentar un modelo de defensa basado en el pacifismo, en el antimilitarismo y en la no violencia, renunciando a las estructuras, jerarquías, decisiones, actitudes e ideologías militares. La senda del Pacifismo rechaza los bandos, las soluciones violentas, aboga por la negociación, por la diplomacia, por la presión de los acuerdos, y persigue la paulatina desarticulación de los bloques militares y de la contemplación de la guerra como solución a los conflictos. En este sentido, la OFM es una herramienta básica de la mayoría social para hacer cambiar los criterios de nuestros gobernantes, e instalar poco a poco en nuestro imaginario colectivo que existen otros enfoques, otros planteamientos y otras soluciones a los conflictos mundiales que puedan surgir. La Objeción Fiscal al Gasto Militar resulta, por tanto, una buena decisión para encarminarnos en este sentido, ya que es una herramienta humilde, pero eficaz, que permite evitar que parte de nuestra riqueza colectiva se dedique a fines militaristas, a fines criminales, a fines violentos, y a la vez, denunciar la excesiva financiación del militarismo, poner el foco de atención en su sobredimensionamiento, y dedicar de forma activa una pequeña parte de nuestro dinero a fines socialmente útiles y transformadores. 

 

Y es que bajo el mantra de la "Política de Estado" y de los "llamamientos a la responsabilidad", las fuerzas políticas que nos han gobernado hasta ahora (el famoso bipartidismo) ha hecho de su capa un sayo en la cuestión militarista, y han cedido a las presiones de la OTAN, del complejo militar-industrial y de los países aliados que han participado en proyectos similares a los nuestros. A ello se une la criminal política de los bancos, que como ya hemos detallado en el bloque temático anterior, financian de forma ingente los proyectos de empresas de armamento por todas partes del mundo. En este sentido, la OFM puede resultar útil como un grito conjunto del pueblo que dice "¡Basta!" a la ocultación de datos, a la opacidad de los gastos militares, y sobre todo, se niega a seguir siendo cómplice pasivo de las incursiones militares a las que nos conducen nuestros serviles gobiernos. No podemos seguir hurtando a la sociedad el debate sobre el militarismo, debemos respetar la soberanía popular especialmente en este grave asunto, y ello se consigue concienciando a las masas de que los gastos en Defensa, además de ser desorbitados, son absolutamente inútiles y peligrosos para contribuir a un mundo mejor. Los conceptos de la defensa y del militarismo han de ser replanteados bajo un nuevo enfoque pacifista, y las nuevas amenazas deben ser analizadas desde puntos de vista más humanos y reales, sin tener el foco permanentemente puesto en los oscuros intereses de las industrias y empresas del ramo. Una profunda auditoría económica de los gastos militares es absolutamente precisa, así como un progresivo recorte real de los gastos en defensa, y un alejamiento de las intervenciones militares y de la escalada militarista. A partir de la siguiente entrega comenzaremos un nuevo bloque temático, esta vez dedicado al desarme nuclear. 

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12 abril 2018 4 12 /04 /abril /2018 23:00
Arquitectura de la Desigualdad (85)

Nos acabamos de enterar por Oxfam Intermón de que 250.000 trabajadores del sector avícola estadounidense, tierra de libertades, cumplen su jornada laboral con pañales porque los jefes de la cadena de producción consideran un lujo bolivariano y sindical eso de mear y cagar. Ni siquiera Charles Chaplin vislumbró tan satírica profecía en su agorera película Tiempos modernos. Es asombroso cómo nuestros más afamados empresarios consiguen que la realidad (empresarial) supere al arte (del trabajo). El obrero del mundo ya no tiene que velar por sus derechos salariales, ni por un horario digno, ni por la conciliación familiar y esas otras chorradas que hasta los más conspicuos y subvencionados sindicatos han ido descendiendo a media asta. Ahora, la lucha obrera consiste en vindicar el derecho fisiológico a la cagada y a la meada. Pronto nuestras mujeres se verán obligadas a parir encima del teclado del ordenador o en la trastienda de un McDonalds. Y, eso sí, sin manchar. Me queda la duda, no explícita en el informe de Oxfam, de si el obrero ha de pagarse los pañales o los reparte (y se los pone y se los quita) un capataz..

Fragmento de “Pañales obreros”, un artículo de Aníbal Malvar, Público, 17 de mayo de 2016

No exageraba Aníbal Malvar al contar las maldades y salvajadas a las que los patrones someten a sus esclavos y esclavas laborales de algunos sectores por algunas partes del mundo. Un país paradigmático en este sentido es la India, y un sector dentro de su industria es el calzado, en el cual diversas ONG's han denunciado vulneraciones flagrantes de los derechos laborales, y discriminaciones por casta y género. Recomendamos para ilustrarlo la lectura de este artículo de Enric Llopis para el medio Rebelion.org, del cual extraemos alguna información. Más de un millón de personas trabajan en el sector del calzado en ese país. Las más prestigiosas marcas sacan su mano de obra de allí. A la mayoría de los obreros se les remunera con un salario de carácter diario, y también se practica la contratación a través de Empresas de Trabajo Temporal (ETT). No existen los contratos de trabajo, sino únicamente los acuerdos verbales. No existe ningún tipo de protección social, y gran parte de las plantillas pertenecen a grupos marginados por el sistema indio de castas. No existen los sindicatos, tampoco existen botiquines en los lugares de trabajo ni en muchos casos equipos de protección, pese a las frecuentes quemaduras y cortes. Por supuesto, ante cualquier accidente, son los propios trabajadores los que han de pagarse el tratamiento médico. El salario mínimo del personal semicualificado durante 2015 se situaba en los 87,5 euros mensuales, en la localidad donde mejor pagados están.

 

Los ingresos mensuales están entre 20 y 160 euros mensuales, y laboran entre 8 y 12 horas diarias. El sistema implantado no garantiza derechos básicos como el descanso semanal o los permisos por enfermedad. De esta forma, el aumento sin pausa de la productividad y la creciente autoexplotación en el "destajo" se revelan como imprescindibles para poder sobrevivir. Son frecuentes los mareos por los productos químicos utilizados, así como la artritis y demás lesiones y dolencias ligadas a su actividad diaria. Los seguidores de este Blog que estén interesados en más información al respecto, pueden descargarse y consultar el Informe de referencia de dicho artículo, titulado "Se dejan la piel". Ya sabemos de dónde sacan sus inmensas fortunas los propietarios y accionistas de las grandes cadenas de calzado mundiales. Es sólo un sector típico del trabajo esclavo que hemos puesto como ejemplo. Lo podemos extender a muchos otros. El sector textil es otro caso paradigmático. La periodista Nazaret Castro nos informa en su obra "La dictadura de los supermercados", que de los 29 euros que puede costar una camiseta distribuida por estas grandes marcas (Inditex, H&M, Mango...), la cantidad destinada al salario de los obreros que las fabrican no supera el 5%. La explicación radica en los procedimientos de subcontratación y deslocalización, con mengua de derechos laborales, hacia los países del Sur. El modo de operar no es muy distinto en el sector del mueble. La multinacional sueca IKEA ha sido objeto de acusaciones por el uso de mano de obra infantil en Pakistán. Todo ello viene a corroborar, como tantas veces hemos afirmado, que la inmensa riqueza de los grandes empresarios nunca proviene de sus actividades lícitas u honestas, sino de la explotación de los más necesitados y vulnerables, y que además están apoyados por los indecentes gobernantes de la inmensa mayoría de países.

 

Y es que la complicidad entre los grandes poderes económicos y los gobiernos es hoy día ciertamente desoladora. El sociólogo Rubén Juste describió muy bien esa "trama" en su completo y reciente libro, que recomendamos a todos nuestros lectores y lectoras. Un texto que podría actualizarse casi al día, pues casi diariamente van apareciendo nuevos casos de corrupción, tramas económicas relacionadas con el poder político, etc. Como muy bien señala Juste (y destaca Enric Llopis en su artículo de referencia), el sentido del libro se justifica con tan sólo tres cifras, a saber: en primer lugar, la que cuantifica el peso de estas grandes sociedades en la economía española (35 empresas que representan el 50% del PIB), el hecho de que en 2013 empleaban a 1,2 millones de trabajadores (lo cual representaba el 7,3% de la población ocupada), y su aportación al Impuesto de Sociedades (8.500 millones de euros, sólo el 7,5% del total de los ingresos fiscales de ese año). Todos estos datos se explican si se analizan pormenorizadamente (lo cual lleva a cabo Rubén Juste en su obra) todo el nudo de conexiones y la trama de intereses que subyacen a su imperio económico. Los orígenes del IBEX-35 podemos situarlos en 1992, cuando el Estado decide ir creando grandes empresas multinacionales privadas con el apoyo y complicidad de sagas de empresarios afines. Incluso se irían privatizando las auténticas "joyas de la Corona", grandes empresas públicas que se habían dedicado a los suministros y servicios básicos (energía, banca, agua, transporte...). Entre los años 1985 y 1991, bajo la segunda legislatura del "socialista" Felipe González (que años más tarde también formaría parte del Consejo de Administración de alguna de ellas), se privatizaron un total de 45 grandes empresas. Estábamos en la antesala de lo que luego continuaría el PP de José María Aznar. Se comienzan a fortalecer las puertas giratorias, legitimando el nexo de unión entre el mundo público y el privado. Actualmente, de las 10 mayores fortunas españolas, ocho destacan como propietarias de empresas que cotizan en bolsa. Y cinco de ellas, de sociedades del IBEX-35.

 

Y como venimos afirmando, las épocas de "crisis" (donde el gran capital implosiona ante sus contradicciones) son aprovechadas para agudizar esta arquitectura de la desigualdad. Según la revista Forbes, los diez mayores patrimonios del Estado Español duplicaron su fortuna entre 2008 (54.000 millones de dólares) y 2014 (algo más de 100.000 millones). El IBEX es un auténtico club de socios restringidos, donde se unen los apellidos de rancio abolengo con los altos niveles económicos. En 2014 la remuneración media de un Consejero del IBEX se situaba en más de 300.000 euros, promedio que se elevaba hasta los 1,3 millones de euros para la alta dirección, y hasta los 3,36 millones de euros si hablamos de los respectivos presidentes. En 2017, las empresas que conforman el IBEX obtuvieron un beneficio neto de casi 10.000 millones de euros sólo durante el primer trimestre del año, lo cual supuso un aumento de más del 30% respecto al mismo período del año anterior, según datos publicados por Europa Press. Y mientras ocurre esto, el mercado laboral se desregula a marchas forzadas, las privatizaciones avanzan a todos los niveles, el paro se desboca, la precariedad se instala en todas las facetas, disminuyen los niveles de protección social, continúan los ERE masivos de miles de empleados, el cierre de fábricas y oficinas, y la inseguridad e inestabilidad se vuelven realidades cotidianas. Todas ellas son manifestaciones de esta perversa arquitectura de la desigualdad, que mientras perpetúa e incrementa la riqueza de los más ricos, explota y condena a los más pobres a una mísera y degradante vida.

 

Hoy día, el mercado laboral es quizá la mejor expresión de la desigualdad a todos los niveles. Es donde de forma más palpable pueden comprobarse todos los mecanismos que los ricos levantan contra los pobres, toda la legislación que se alza a su favor, y toda la mierda que se vierte sobre los más débiles. La precarización se convierte así en un modo de vida, ya que afecta a múltiples aspectos de las condiciones de vida y de trabajo de la clase obrera: el incremento de las desigualdades, la distribución de la renta entre beneficios empresariales y salarios de los trabajadores y trabajadoras (en ellas se suma además la brecha salarial, el techo de cristal y la división sexual del trabajo, entre otros factores), el modelo productivo existente, el trabajo en la economía sumergida, el paro juvenil, la disminución de los mecanismos de protección social, la ausencia de políticas activas de empleo y prestaciones indefinidas por desempleo, la temporalidad, el paro de larga duración, el trabajo a tiempo parcial, la rotación laboral, la oscilación por estacionalidad laboral, la pérdida de derechos laborales, la inseguridad en el trabajo, el bajo SMI, la existencia de trabajadores con empleo por debajo del nivel de pobreza, a todo lo cual podemos unir la pérdida del vigor de los Convenios Colectivos, la deriva hacia las Empresas (privadas) de Trabajo Temporal (ETT) en lo relativo a la búsqueda de empleo y contratación activa, y el declive que se produce en las propias relaciones laborales, concediendo todo el poder y la hegemonía a las organizaciones empresariales. Todo ello delimita un panorama laboral incierto y desolador, donde el actual Gobierno únicamente toma por (falaz) bandera la (falsa) "creación de empleo", y además la circunscribe como "mejor política social", tomando únicamente el horizonte del "crecimiento económico" como mejor (y único) indicador de la riqueza del país. Pero riqueza...¿Para quién? Continuaremos en siguientes entregas.

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10 abril 2018 2 10 /04 /abril /2018 23:00
Fuente Viñeta: http://www.ecorepublicano.es/

Fuente Viñeta: http://www.ecorepublicano.es/

Hay voces que proponen una amplia reforma constitucional. Pero a nuestro entender, la reforma plantea cambios puntuales a determinados artículos de la Constitución sin cuestionar su legitimidad al día de hoy. No cabe reforma, sino la apertura de un proceso constituyente, que provenga del pueblo —del poder constituyente— a través de un proceso general, amplio, inclusivo, con el objetivo de obtener una auténtica legitimidad democrática. Mediante un proceso constituyente, es la ciudadanía la que se brinda a sí misma una nueva constitución. La actual está funcionalmente obsoleta y con escasa legitimidad, por lo que tras un proceso constituyente, se abriría paso político a una auténtica legitimidad democrática

Víctor Arrogante

El tiempo del mal llamado "reformismo", por tanto, ha finalizado. Ya hemos visto en numerosas ocasiones dónde nos lleva dicha senda. Necesitamos por tanto una ruptura democrática con el régimen del 78, que se plantee de manera clara y rotunda la oposición a las políticas del IBEX-35, a los dictados de la Comisión Europea, con medidas fundamentales y giros profundos que hagan pagar la crisis-estafa a los capitalistas, tales como el repudio a la deuda pública, la expropiación de las viviendas vacías en manos de las entidades financieras, la prohibición por ley de la precariedad laboral, la implantación de los sistemas de reparto, la nacionalización de los sectores estratégicos de la economía productiva, el blindaje de los derechos sociales, o una banca pública bajo control democrático de sus trabajadores y del resto de la sociedad, entre otras muchas medidas. Igualmente, el Proceso Constituyente debe abordar las transformaciones que profundicen en nuestra democracia, tales como la defensa del derecho de autodeterminación, el fin de la Corona, una nueva Ley Electoral, o la celebración de referendos vinculantes para las decisiones de alto calado que afecten a la ciudadanía. El Proceso Constituyente es una hoja de ruta para acabar definitivamente con todos los coletazos del antidemocrático régimen de la Constitución de 1978. Una hoja de ruptura frontal, de claro rechazo hacia sus instituciones, hacia su dinámica de poderes, que nos permita una verdadera regeneración. En el horizonte, deben situarse todos los valores y principios que permitan consolidar una vida digna para el conjunto de la población. 

 

Ello sólo puede conseguirse renunciando a determinadas prácticas, valores, principios y actitudes que están en la mente de la clase dominante, y que han sido inculcadas en las mentes de las clases dominadas, para proceder a su expolio, saqueo, represión y explotación. El Proceso Constituyente debe sacarlas a relucir, denunciarlas, y proponer verdaderas alternativas. Solamente así se podrán consolidar garantías para cubrir las necesidades básicas, como el acceso a una vivienda digna, unos servicios públicos de calidad, universales y gratuitos, o una renta básica universal, individual e incondicional. Unas vidas que se sitúen en un horizonte de dignidad para las nuevas generaciones, donde puedan desarrollar trabajos estables, con derechos y protección social, con salarios suficientes, que partan de un mínimo que converja con la renta básica universal, y que aglutine todas las rentas mínimas que cualquier persona debe tener garantizadas. Un Proceso Constituyente que debe abordar los contextos legales para acabar con todas las formas de precariedad, de incertidumbre vital, de realización de las personas, y de cobertura de las necesidades de la comunidad. Para ello debe recuperarse el concepto y el valor del bien público, de la cooperación, de la solidaridad, y acabar con el fomento del individualismo, del egoísmo y de la competencia. Pero el Proceso Constituyente también debe mirar al exterior, y en ese sentido, debe por un lado consolidar nuestra apuesta por la cooperación internacional y la ayuda humanitaria y al desarrollo, y por otra parte, ha de plantear nuestra salida de organizaciones peligrosas y reaccionarias, como la OTAN, la retirada de todas las tropas españolas de lugares en conflicto, y el desarrollo de una cultura pacifista y antimilitarista. 

 

La política exterior derivada del Proceso Constituyente debe igualmente preocuparse por cambiar el rumbo de nuestras políticas migratorias, denunciando la vulneración de los derechos humanos, y que se enfrente a las indecentes prácticas de la Europa fortaleza y sus políticas racistas de extranjería, promoviendo la acogida de refugiados, la apertura de fronteras, el cierre de los CIE, o la derogación de las leyes de extranjería. Una política exterior centrada en el escrupuloso respeto a los derechos humanos en todas sus dimensiones, que debe alejarse por tanto de los valores imperialistas estadounidenses y de sus aliados occidentales, apostando por el pacifismo, la integración y el respeto a la multiculturalidad. En última instancia, el Proceso Constituyente debe reafirmar los pilares de una sociedad realmente democrática, donde toda la riqueza existente y la que seamos capaces de generar sea justamente redistribuida, y donde el conjunto de la ciudadanía decida sobre todo lo que nos rodea: qué se produce, cómo y para qué. Es el conjunto de la sociedad quien debe controlar los medios de producción, para que estén al servicio de la misma. De esa forma acabaremos con todas las formas de corrupción y de explotación, al existir mecanismos de garantía y de control de toda la actividad sobre la generación de riqueza, quiénes la protagonizan y dónde se destina. Y todo ello bajo un contexto riguroso y plenamente democrático, donde todas las ideas sean difundidas por igual, donde todos los votos valgan lo mismo, y donde no existan grandes conglomerados mediáticos que puedan colonizar la mente de las personas bajo el prisma de su monopolio ideológico. Todos estos medios preconizan el dominio del bipartidismo, de la Monarquía y de la Constitución del 78, a la par que infunden la escrupulosa aceptación de los mandatos de la Troika. 

 

El Proceso Constituyente debe echar abajo todo ese andamiaje político, social y cultural, para poder elaborar nuevos contextos normativos que garanticen que ponemos fin a la involución que degrada continuamente nuestras condiciones de vida, y que nos coloca impotentes ante modelos y prácticas corruptas de empresarios y políticos a su servicio. Un Proceso Constituyente que diseñe los mecanismos para garantizar puestos de trabajo (Planes de Trabajo Garantizado) frente a la voracidad, la codicia y el salvajismo empresarial, que eviten no sólo la inactividad laboral, sino la caída en la miseria, y la falta de garantías en la consecución de los derechos y suministros básicos y fundamentales. Más concretamente, el Proceso Constituyente debe instalar los mecanismos políticos y las herramientas sociales que impidan el desmantelamiento de derechos y servicios públicos, en forma de ataque a las mayorías sociales y trabajadoras. Mecanismos que han de impedir de facto el desempleo, la precarización, la pérdida de derechos, el empobrecimiento de las masas, las privatizaciones, y en fin, toda la oleada de iniciativas, ataques y campañas del neoliberalismo. Pero para ello, es absolutamente necesario desmontar las falacias de partida donde el pensamiento neoliberal se asienta, y que han sido difundidas como mantras sagrados, como dogmas irrenunciables, y han calado hondo en las mentes de la mayoría. En lo que sigue, vamos a tomar como referencia algunos pasajes del Documento Político-Programático que difundió la Plataforma Estatal "No Hay Tiempo que Perder" en abril de 2016, y que puede consultarse libremente en Internet. 

 

Nunca antes en la Historia hubo tanta tecnología aplicada a la producción. Tampoco nunca antes el conocimiento humano estuvo tan al alcance de la mayoría de la población. Ni hubo tales masas de personas en el mundo alfabetizadas, con educación primaria e incluso superior. Educación, tecnología y conocimiento deberían estar al servicio de las sociedades, pero sin embargo no es así. El resultado de tal panorama es que, por ejemplo (y frente a las falacias que difunde el pensamiento dominante), se producen alimentos más que suficientes para toda la población mundial, a pesar del aumento de ésta. En estas condiciones, sabemos que la productividad del trabajo permitiría mantener e incluso aumentar el producto total repartiendo el trabajo disponible entre todos y todas, y disminuyendo, quizá incluso a la mitad, la duración de la jornada laboral. Sin embargo, lo que vemos en el mundo (comenzando por nuestro propio país) son sociedades estancadas, la plaga del paro avanzando a marchas forzadas, la precariedad laboral extendiéndose como una tendencia "natural", la miseria inundándolo todo, la falta de alternativas vitales, los exilios laborales forzosos, el discurso xenófobo culpando al diferente y al inmigrante de esta situación, y el empobrecimiento masivo de trabajadores y pensionistas. Vemos cómo la mayoría trabajadora va perdiendo paulatinamente cualquier conquista social arrancada al gran capital durante las últimas décadas. Vemos el mundo azotado por el hambre y las guerras, los países esquilmados, los recursos naturales saqueados, y los conflictos armados en auge, potenciados por políticas belicistas e imperialistas. El Proceso Constituyente debe reflexionar sobre estas realidades, debe tener altura de miras, para diseñar alternativas radicales a esta deriva civilizatoria. Continuaremos en siguientes entregas.

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8 abril 2018 7 08 /04 /abril /2018 23:00
Fuente Viñeta: Centre Dèlas d'Estudis per la Pau

Fuente Viñeta: Centre Dèlas d'Estudis per la Pau

Puesto que las guerras nacen en la mente de las personas, es en la mente de las personas donde deben erigirse los baluartes de la paz

Fragmento del texto fundacional de la UNESCO

BLOQUE VI: OBJECIÓN FISCAL MILITAR.

 

En este sexto bloque temático de la presente serie de artículos trataremos sobre los asuntos que tienen y que justifican lo que podemos llamar la "Objeción Fiscal Militar", esto es, básicamente, la desobediencia en lo relativo a destinar nuestro dinero público a financiar la industria y los intereses de las guerras y del armamento. Volveremos a hablar sobre la Banca Armada (de la cual ya hemos tratado en el bloque temático anterior en relación a la guerra como negocio), sobre la contribución de las empresas españolas a la financiación del armamento nuclear, y de las diferentes campañas que se han organizado para luchar contra esta lacra, y difundir los valores del Pacifismo. Bien, las razones para dicha Objeción Fiscal Militar serían muchas: la principal de ellas, ya la hemos venido comentando en entregas anteriores, es la gran opacidad y ocultación de datos que nuestros gobernantes practican en lo referente al gasto militar. Los Presupuestos Generales del Estado ocultan los verdaderos ingentes que van dedicados a gasto militar, así como el oscuro reparto disfrazado en otras partidas, que van destinadas a casi todos los Ministerios. Pero no son sólo estos aspectos económicos los que hay que tener en cuenta para afirmar que nuestro país está excesivamente militarizado. Desde la "Fiesta Nacional" (12 de Octubre, una fiesta con reminiscencias imperialistas y colonialistas de nuestro pasado), pasando por la Casa Real, la Unidad Militar de Emergencias, el Seprona o la Guardia Civil. De dicho grado de militarización participan, en mayor o menor medida, 12 de nuestros 13 Ministerios. Una expansión ciertamente sospechosa y altamente peligrosa. 

 

Se militariza la Semana Santa (por efectos "colaterales" de la ausencia de un verdadero Estado Laico), existe una Catedral Militar, una jerarquía eclesiástica militar, tenemos Organismos Autónomos militares ampliamente dotados, existe la Sanidad Militar, la Farmacia Militar, la Justicia Militar, y hasta la cooperación internacional militarizada. Según datos de este artículo del Colectivo Utopía Contagiosa para el medio Nueva Tribuna, somos la séptima potencia mundial en ventas de armas, las bases militares y los campos de tiro están extendidos por toda la geografía nacional y llegan incluso a ocupar parques y zonas de patrimonio nacional. Defensa es el segundo terrateniente de España, existen multitud de viviendas militares en abandono de las que se lucra el Ministerio de Defensa con su venta (promoviendo la especulación inmobiliaria), existe un Servicio de Cría Caballar Militar, y los militares se ocupan de la protección y reintroducción de algunas especies en extinción. Las Fuerzas Armadas participan en ferias educativas, y el Ministerio tiene intención (como ya hemos expuesto en entregas anteriores) de incluir Unidades Didácticas para los escolares, adoctrinando a los mismos en los valores militares. Por su parte, muchas comarcas españolas son dependientes del monocultivo militar: Ferrol, Cartagena y Cádiz de la propia industria militar, o Tremp (en Lleida) y otras zonas lo son de los acuartelamientos militares. Somos el segundo país más intervencionista de Europa con un total que supera las 80 "intervenciones" militares en el exterior, muchas Embajadas de nuestro país en el extranjero cuentan con agregadurías militares, nuestros bancos conceden créditos a interés cero a nuestra industria militar, los militares poseen centros educativos propios, y además gozan de multitud de convenios de enseñanza con muchas Universidades, tanto públicas como privadas.

 

Además, nuestra doctrina militar aplica el concepto de fronteras avanzadas, y por ello, nos sentimos legitimados a intervenir en Mali o en el Océano Índico. Los militares se sienten legitimados, durante sus maniobras, para interrumpir la vida cotidiana de muchos pueblos sin previo aviso a los civiles. El desatino llega hasta tal punto que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía fallaba que los militares no tienen por qué avisar a la propia Junta cuando vayan a hacer maniobras en los parques naturales. También existe militarización de los aviones de la Agencia Tributaria para el control de drogas, y últimamente la televisión realiza series sobre la vida militar, programas de cocina hacen pruebas en instalaciones militares, y hasta la Vuelta Ciclista a España tiene metas en instalaciones militares. Nuestro país participa asímismo en los Juegos Olímpicos militares (confesaremos que ni siquiera sabíamos que existían), y nuestros altos mandos militares poseen la facultad de condicionar el uso y la propiedad del territorio, declarándolos zonas de interés para la defensa nacional. También pagamos mediante nuestros presupuestos públicos los viajes a Lourdes de nuestros militares y guardias civiles, la construcción de sus residencias, de sus campos de golf, y de sus centros recreativos y deportivos. Actualmente, casi el 45% del conjunto del personal funcionario del Estado son militares. Podríamos continuar, pero creemos que el panorama descrito anteriormente perfila a la perfección el alto grado de militarización que nuestra sociedad posee, y que, evidentemente, la senda del Pacifismo no puede tolerar. El sobreexcesivo protagonismo de los militares en nuestra sociedad sólo obedece a una cultura y un conjunto de tradiciones que lo han propagado y difundido, así como a unos gobernantes que los han potenciado y apoyado. 

 

La Objeción Fiscal Militar es quizá la mejor herramienta que los ciudadanos y ciudadanas poseemos, si queremos cambiar este panorama de excesiva militarización. Son muchas las organizaciones que desde hace años en nuestro país vienen patrocinando y apoyando las campañas de iniciativa ciudadana para oponerse al gasto militar, que lógicamente denuncian todos estos excesos, amparados en esta filosofía social del super protagonismo de los militares en multitud de aspectos de nuestras vidas. Concretamente, Ecologistas en Acción, el sindicato CGT o Alternativa Antimilitarista MOC son algunas de dichas organizaciones que han apoyado estas campañas en años anteriores. Tomemos como referencia este artículo aparecido en la propia web de Ecologistas en Acción (y difundido por otros muchos medios digitales), que nos proporciona información sobre la campaña del año 2015. Todas estas campañas pretenden sobre todo visibilizar al máximo el enorme gasto destinado por el Estado Español a tareas militares, tanto directas como indirectas. Por supuesto, todos estos fondos son sustraídos de fines sociales y ambientales mucho más necesarios, para los que luego, simplemente, "no hay dinero". ¡Qué lástima! Además, con la objeción fiscal militar se denuncia que la industria de la guerra está íntimamente relacionada con los poderes económicos capitalistas que saquean el planeta, sus pueblos y la propia naturaleza, sometiendo a las personas, y creando focos de terror, destrucción y odio. O bien, con esta objeción fiscal militar podemos impedir que, por ejemplo, se destinen 563 millones de euros para la construcción de un submarino, dos buques, dos helicópteros y un avión de transporte militar, frente a los 16,8 millones de euros que se dedican para todas las emergencias de ayuda humanitaria que puedan surgir a lo largo del año. 

 

El gasto militar, tanto directo como indirecto, tanto finalista como colateral, es no sólo excesivo, sino indecente e inmoral. La fuerza del conjunto de la ciudadanía, de manera pacífica pero efectiva, ha de enfrentarse a toda esta sinrazón. Desde este punto de vista, entendemos que la Objeción Fiscal Militar (OFM) es una herramienta más de la que disponemos para ejercer la militancia pacifista, y aportar nuestro granito de arena en la consecución de la senda del pacifismo. Más en detalle, la OFM es una campaña de desobediencia civil que diversos grupos antimilitaristas y pacifistas llevan proponiendo desde el año 1982, y en la que participan miles de personas cada año. Su existencia no es conocida porque los grandes medios de comunicación (más bien, de intoxicación) se ocupan de que permanezca cada año bien escondida, no vaya a ser que cunda el ejemplo. Como sabemos, la inmensa mayoría de estos grandes medios pertenecen al gran capital, dispersado en este caso en grandes empresas de comunicación, a las que pertenecen numerosas emisoras de radio, cadenas de televisión, revistas, publicaciones, sitios web y periódicos. En estas campañas se invita a todas las personas que quieran realizar su Declaración de la Renta de las Personas Físicas (IRPF) a que expresen su rechazo a sostener el gasto de preparación de las guerras, de la industria militar, de las intervenciones en el exterior, y del mantenimiento del Ejército y demás Cuerpos armados de la Seguridad del Estado, negándose a pagar a la Hacienda Pública una cantidad igual a la que en proporción va a estos destinos (según los Presupuestos Generales del Estado), desviando ese dinero hacia una finalidad social y ecológicamente beneficiosa. Mediante campañas de este tipo se exige de forma activa y responsable el derecho de objeción de conciencia al pago de impuestos con fines militares de forma pública, colectiva, pacífica y consciente. Continuaremos en siguientes entregas.

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5 abril 2018 4 05 /04 /abril /2018 23:00
Viñeta: Quino

Viñeta: Quino

El paro es el resultado de la aplicación de políticas económicas deliberadas para que una empresa como Endesa pueda en 2014 repartir 14.600 millones de euros en dividendos entre sus accionistas. O que los seis principales bancos españoles ganaran 8.000 millones de euros en el primer semestre de 2015, un 48% por encima de los beneficios registrados en el mismo periodo de 2014. Son las mismas entidades financieras que después cierran sucursales y anuncian ERE

Juan Torres López

Y esos grandes accionistas, directores, ejecutivos y demás ralea de los altos vuelos empresariales practican un absoluto desprecio hacia los bienes comunes y hacia los servicios públicos, generando aún más desigualdad. Son los promotores de los falaces mensajes de que "lo gratis no funciona", "lo público es insostenible", y demás lindezas por el estilo. Claro, ellos y ellas no necesitan los servicios públicos, y la insolidaridad rezuma por los poros de sus pieles. Los multimillonarios y sus familias disfrutan de una vida más larga y saludable que los trabajadores y trabajadoras que laboran en sus empresas, sometidos al chantaje, a la presión y a la precariedad impuesta por sus jefes y jefas. Los grandes gerifaltes empresariales no necesitan ni seguros médicos ni hospitales públicos. Un CEO (director ejecutivo, según sus siglas en inglés) vive un promedio de diez años más que un trabajador y disfruta de veinte años más de condiciones de vida saludable. Por eso los vemos trabajar con 70 o más años, porque su mundo es un mundo de garantías, no de incertidumbres, es un mundo de placeres, no de necesidades, es un mundo de satisfacciones, no de precariedad. Los multimillonarios y sus familias disfrutan de accesos privilegiados a las escuelas y a las clínicas más prestigiosas, y sus parejas suelen ser igualmente personas privilegiadas y bien conectadas con las que unen sus inmensas fortunas, multiplicándolas y acumulándolas para sus sucesivas generaciones, inculcando en las mismas ese culto a la desigualdad. Y así, los grandes imperios empresariales forjan imperios aún más grandes. Pero no se debe en la inmensa mayoría de casos, como ya adelantábamos en la entrega anterior, a su especial inteligencia o dedicación. 

 

Se debe a que disfrutan de un mundo capitalista y globalizado pensado para ellos, para perpetuar y aumentar sus riquezas, para incrementar sus privilegios, para mejorar su imagen social. Su riqueza les permite comprar una cobertura de prensa favorable, incluso servil, y les garantiza el acceso a los voceros, abogados y defensores más influyentes, para encubrir y disfrazar sus malas prácticas, sus abusos y sus estafas. A su vez contratan a personal intermedio con dotes de mando para que se ocupen de crear nuevas formas de recortar los salarios, de incrementar la productividad y de asegurarse de que las desigualdades se profundicen aún más. Bancos, tecnologías de la información, fábricas, alimentos, artefactos, laboratorios farmacéuticos, hospitales, etc., están directamente relacionados con las élites políticas que se deslizan por sus puertas giratorias, y de donde se nutren para sus fichajes. Si existen grandes empresarios que se alejen de este perfil que estamos describiendo, lo celebramos. Precisamente, trabajamos por un mundo donde la iniciativa empresarial se limite a una competencia limpia, sin agredir ni depredar al mundo laboral, ni a la naturaleza, ni al resto de animales. Trabajamos por un mundo donde a los empresarios también les preocupen las desigualdades, y a los cuales también les importe el bien común, y no estén pensando continuamente en destruirlo. Trabajamos por un mundo donde los empresarios también comprendan que sus asalariados/as también tienen derecho a vivir unas vidas dignas, como sus jefes, directivos y accionistas. Ojalá llegue el momento donde podamos contar todo eso. Pero desgraciadamente, en pleno siglo XXI, estamos a años luz de dicho escenarios. 

 

Y naturalmente, los multimillonarios están detrás de los idearios políticos más reaccionarios y neoliberales, hasta llegar al fanatismo, siendo los ponentes de las propuestas y medidas más antisociales que podamos imaginar. Estos grandes empresarios suelen comprar a las élites políticas, que incorporan en sus programas las medidas para congelar o reducir los salarios, recortar las obligaciones de las corporaciones, diseñar propuestas legislativas favorables para sus empresas, y aumentar sus ganancias privatizando empresas públicas, y facilitando los traslados y deslocalizaciones de las mismas a terceros países con salarios e impuestos más bajos. Ese "mundo global" que ellos defienden es el mundo creado a su imagen y semejanza, que magnifica su poder, que anula sus fronteras en beneficio de sus empresas, que anula barreras a su expansión, que elimina leyes que les estorban, y que mientras permiten todo ello, exprimen cada vez más a los trabajadores y a la naturaleza. A la vez que ellos consiguen todas estas ventajas y privilegios, la clase trabajadora es empujada cada vez más a la precariedad, a la inestabilidad laboral, a la incertidumbre vital, a la pobreza, a la miseria, al exilio, a la desesperanza, a la exclusión social y a la muerte. La arquitectura de la desigualdad consagra todas estas reglas como destino inevitable, y además, pretende que lo veamos como algo natural, para lo cual no existen alternativas. La clase capitalista "global" (es decir, la surgida de esta maligna globalización), como un todo, tanto la local, como la nacional y la internacional, persiguen las mismas políticas regresivas, promoviendo las desigualdades en su incesante y demencial lucha por incrementar sus ganancias. 

 

Cuenta Rubén Juste en su obra "IBEX 35: una historia herética del poder en España" los siguientes datos: "En 2016 la multinacional petrolera Repsol obtuvo unos beneficios netos de 1.736 millones de euros, el resultado más brillante del último cuatrienio. Los ingresos de los próceres de la entidad caminaron por la misma senda. El consejero delegado, Josu Jon Imaz, percibió 2,9 millones de euros; el presidente de Repsol, Antonio Brufau, 2,75 millones de euros y los miembros del consejo de administración de la petrolera se repartieron 12,75 millones de euros. Repsol es un ejemplo de esplendor en el IBEX-35 (índice de referencia en la bolsa española). Otro es el Banco Santander, que en el primer trimestre de 2017 alcanzó unos beneficios netos de 1.867 millones de euros, un 14% más que los tres primeros meses de 2016. Las remuneraciones de la cúpula directiva son tan pingües como las de la entidad financiera. La presidenta, Ana Botín, percibió 7,37 millones de euros en 2016; el sueldo del vicepresidente, Rodrigo Echenique, se situó en 3,8 millones de euros, y el consejo de administración obtuvo retribuciones por un valor de 25,8 millones de euros". Mientras, asalariados, parados y pensionistas tienen que mendigar por subidas insignificantes, y la mayoría de ellos no pueden desarrollar un proyecto de vida mínimamente digno. Extrapolado al ámbito internacional, las cifras son mareantes. Sólo daremos el siguiente dato: durante el año 2015, las diez mayores empresas del mundo obtuvieron una facturación superior a los ingresos públicos de 180 países juntos. ¿Es o no aberrante esta desigualdad? ¿Es sostenible un modelo de sociedad como el que describimos? 

 

Y por si alguien, queridos lectores y lectoras, os continúa insistiendo en que las fortunas inmensas de estos grandes empresarios se hacen "poco a poco", "con esfuerzo y gran trabajo", "con un enorme sacrificio", vamos a demostrar lo contrario. Y hemos dicho, y no es una errata, VAMOS A DEMOSTRAR. Así, tal como suena. Y si de números hablamos, las cosas sólo se pueden demostrar matemáticamente. Para ello, tomamos como referencia este artículo de Aday Quesada para el medio Canarias Semanal, donde el autor afirma directamente que "no es posible convertirse en multimillonario honestamente", y lo ejemplifica en el caso de Amancio Ortega, el hombre que forjó el imperio textil Inditex. Y es que simples operaciones matemáticas demuestran, como estamos contando, que la combinación entre los años trabajados (empleados en crear su imperio empresarial) y los beneficios que honestamente se pueden obtener anualmente, no pueden dar como resultante una fortuna de decenas de miles de millones de euros. Es simplemente IMPOSIBLE. En el caso de Inditex (extrapolable por supuesto a otros muchos) hemos de considerar la existencia de sus fábricas en Pakistán, Bangladesh y la India, donde la ropa que se confecciona en talleres situados en estos países procede de mano de obra esclava, con salarios miserables, que sólo permiten a sus operarios alimentarse para poder continuar trabajando al día siguiente. Pero en nuestras tiendas en España, resulta que mientras la compañía obtenía 3.157 millones de euros de beneficios durante el año 2016 (un 10% más que el año anterior), los empleados de tiendas de Madrid y León tuvieron que ponerse en huelga porque sus salarios permanecían en estado de latencia o hibernación. Vaya, que no aumentaban ni un euro. A todo ello hay que añadir que la empresa abusa de la contratación a tiempo parcial, y se niega a poner solución al extenso abanico de dolencias profesionales que afectan a aquéllos que trabajan para la compañía. Las matemáticas no fallan. ¿Tendría Amancio Ortega la misma fortuna si no evadiera impuestos, si pagara salarios decentes y la justa protección social a sus trabajadores, si no deslocalizara sus empresas, y si no abusara de un mercado laboral ya de por sí precario? Seguro que no. Continuaremos en siguientes entregas.

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3 abril 2018 2 03 /04 /abril /2018 23:00
Viñeta: ENEKO

Viñeta: ENEKO

La democracia y la monarquía, por incompatibles, chocan frontalmente. De modo que la Transición de una dictadura hacia la democracia nunca podrá ser efectiva con un rey como jefe del Estado por medio, y menos todavía si este fue creado e impuesto a su medida y semejanza por el propio dictador a espaldas del pueblo. En todo caso, la denominación más correcta sería la de traspaso

Paco Azanza

Llegados a este punto, y para no perder mucho el norte en esta serie de artículos donde proclamamos la necesidad de impulsar un Proceso Constituyente (previo proceso destituyente), para alcanzar una nueva Constitución (no una reforma de la actual), y un nuevo proyecto de país (no un resideño del actual), vamos a enumerar a continuación una breve reseña de necesidades absolutamente irrenunciables si es que queremos ser fieles a la ruptura democrática con el régimen del 78, donde se nos vendió una "modélica" Transición para cambiar algunas cosas sin cambiar nada en el fondo, o lo que es lo mismo, que todo quedara "atado y bien atado para el futuro" (en expresión del propio dictador Franco). El Proceso Constituyente debe renunciar a nuestra permanencia en la OTAN, en la Unión Europea neoliberal y en el sistema euro, debe renunciar a la Monarquía y avanzar hacia la República Social, Federal, Democrática, Socialista, Laica, Solidaria y Participativa. Debemos romper con la política exterior en claro alineamiento con los Estados Unidos e Israel, renunciando a la guerra en el propio texto constitucional y abogando por una clara y definida política exterior pacifista. Debemos afianzar y definir los puntos claves para una política y un modelo de sociedad feminista, en claro enfrentamiento a los postulados del heteropatriarcado y vinculando a la mujer a todas las estructuras de poder. Debemos confeccionar un nuevo texto constitucional en clara sintonía con los postulados del ecologismo, reconociendo a la propia naturaleza como sujeto de derechos, y definiendo los mecanismos oportunos que consagren nuevos modelos energéticos, y nuevas formas de producir, consumir y reciclar, con pleno respeto a los ecosistemas naturales. Debemos diseñar un Estado Laico que no vincule su actividad, sus símbolos ni sus mensajes a ninguna confesión religiosa. 

 

Asímismo, debemos blindar el conjunto de derechos políticos, civiles, sociales, laborales, económicos, culturales y medioambientales, para que nunca puedan ser objeto de recorte, suspensión o privatización. Ello incluye por supuesto todo lo relativo a los servicios públicos fundamentales (sanidad, educación, pensiones, servicios sociales, dependencia...), así como a los derechos y libertades públicas fundamentales (subsistencia, renta básica, trabajo, vivienda, igualdad, cultura, justicia, seguridad, aborto, muerte digna, libertad de expresión...). También se deben acordar los mecanismos para realizar una auditoría pública y ciudadana de nuestra deuda, para comprobar su origen, catalogarla y diseñar los mecanismos de negociación, pago o repudio de la parte de la misma que sea considerada odiosa, insostenible, ilegítima o ilegal. Es asímismo de importancia capital que el Proceso Constituyente declare las reglas por las que "toda la riqueza del país debe mirar al interés general" (parafraseando a nuestra actual Constitución), y ello incluye los procesos de nacionalización de sectores productivos estratégicos ligados a suministros fundamentales (energía, agua, transportes, banca...), así como de devolver al sector público determinadas empresas o servicios que se hubieran privatizado. El Proceso Constituyente también deberá definir los nuevos cauces del Empleo Público (Renta Básica y Planes de Trabajo Garantizado, unido a las convocatorias de empleo público de las diferentes Administraciones), para alcanzar de nuevo un modelo de empleo donde el Estado vuelva a situarse como último garante del mismo. Todas estas radicales propuestas y transformaciones nos están demostrando que no caben en el actual marco constitucional, que el régimen del 78 ya no sirve, y que tenemos que diseñar otro proyecto de país.

 

Es un régimen obsoleto y encorsetado, que provoca que la Carta Magna esté hoy día absolutamente deslegitimada, es decir, se haya convertido en papel mojado. Si no ponemos en cuestión este agotado régimen, nuestra sociedad continuará su camino imparable hacia la barbarie, y lo hará en todas sus dimensiones: política, territorial, social y económica. Porque lo que se esconde tras esta interminable crisis (en realidad estafa-oportunidad) es la irreversible decadencia del sistema capitalista en su versión neoliberal y globalizada. Las decadentes élites que nos gobiernan no quieren repartir un excedente cada vez más reducido, como consecuencia de su modelo depredador. De ahí que el sistema sea incompatible con la propia democracia. Hay que emprender con decisión y urgentemente otro camino, y justamente ese camino es lo que el Proceso Constituyente tiene que definir y delimitar. Y ese modelo de sociedad al que aspiramos es lo que tiene quie reflejar la nueva Constitución surgida del mismo, y todo el entramado legal y jurídico que la complemente. No existe en el contexto actual salida alguna para nuestros problemas sociales, económicos y políticos si no atacamos las raíces de los mismos, es decir, si no procedemos a una profunda transformación de los pilares donde se asienta nuestro modelo de sociedad. Por ello es absolutamente necesario el Proceso Constituyente. Ello implica la transformación integral del propio sistema, remover sus cimientos, deconstruir lo que hay y volver a construir encima. Es decir, el Proceso Constituyente es en realidad la materialización ciudadana de una revolución democrática, pacífica, social, participativa, popular y plurinacional. 

 

No podemos ir saltando de crisis mala a crisis peor, crisis sistémicas (porque las crea y las necesita el propio sistema para continuar hasta su autodestrucción), que amenazan la sostenibilidad de las vidas humanas, de animales y del resto del planeta. No podemos continuar siendo víctimas de un sistema tiránico y despótico que depreda todo lo que encuentra a su paso, y que necesita de la muerte y de la destrucción de millones de seres humanos, amenazando la vida de sociedades completas. Por eso, porque no nos rendimos, porque amamos la vida y a nuestro planeta, porque aspiramos a sociedades justas, avanzadas, solidarias y en paz, donde desarrollar vidas dignas, sin la incertidumbre de no saber qué nos espera mañana, o la semana que viene, o el mes próximo, o el siguiente año...por todo eso, necesitamos el Proceso Constituyente. Un proceso popular que desde abajo, con carácter plurinacional, y producto de un fuerte empoderamiento social y democrático permita la participación directa del pueblo en el debate, discusión y elaboración de una nueva Constitución. Una Constitución que diseñe otras reglas de juego, que ponga la economía al servicio de las personas, que garantice todos los derechos humanos y de la naturaleza y los animales que la habitan, donde los pueblos y naciones que históricamente forman este acervo cultural, político y geográfico que llamamos España puedan cooperar y confraternizar bajo un marco de carácter republicano que reconozca el libre ejercicio del derecho de autodeterminación, porque no podemos obligar a ningún pueblo a vivir junto a otro a la fuerza, en pro del mantenimiento del sistema de dominio de unas élites. 

 

Pero no nos engañemos: no existe soberanía popular sin soberanía económica. Y tampoco existe soberanía económica si estamos intervenidos y controlados no sólo mediante la moneda única (que no común), el euro, sino también a través de los indecentes dictados y controles de los hombres de negro de la Troika. Porque en esta era del capitalismo globalizado y de las instituciones y organismos supranacionales que los mantienen, los acuerdos negociados al margen de las instituciones democráticas son los instrumentos utilizados por los poderes financieros para socavar la democracia, para prostituirla, para vaciarla de contenido, ignorando la voluntad popular. Para eso existen la Comisión Europea, el Banco Central Europeo, el Fondo Monetario Internacional, la Organización Mundial del Comercio, los Tratados de Libre Comercio, etc. Por todo ello, la tan ansiada soberanía económica sólo será posible si salimos de los "planes de austeridad" rompiendo con la trampa del euro, si desobedecemos los tratados europeos, si auditamos nuestra deuda pública (por ser un claro instrumento de dominio de estas mismas élites), si nos salimos de todas las organizaciones que consagran el terror y la guerra (como la OTAN), y si rechazamos todos los Tratados de Libre Comercio donde nuestro país esté participando o haya suscrito. Todos ellos son mecanismos de dominación del capitalismo transnacional y de sus otras vías, que sólo conducen a las sociedades a la precariedad, a la desigualdad, a la miseria, a la barbarie, a la devastación, al sufrimiento, al terror y a las guerras. No podemos continuar por este miserable camino. Es un camino abocado al fracaso. Al fracaso como personas, al fracaso como pueblos, al fracaso como sociedades y al fracaso global. El Proceso Constituyente es la cita de nuestro país con su nuevo proyecto, para cambiar su destino. Continuaremos en siguientes entregas.

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1 abril 2018 7 01 /04 /abril /2018 23:00
Fuente Viñeta: http://kaosenlared.net/

Fuente Viñeta: http://kaosenlared.net/

La realización de este tipo de actividades tiene por objetivo la militarización de las mentes de los más jóvenes. Proponerles la entrada al ejército como una salida profesional cuando acaben los estudios obligatorios o facilitar que se familiaricen con instrumentos creados con el fin único de matar se aleja considerablemente de los valores que se deben transmitir desde las instituciones educativas

María de Lluc Bagur (coautora de "Mentes militarizadas")

Nos quedamos en nuestra última entrega introduciendo el peligro que representa que las Fuerzas Armadas metan sus zarpas en el mundo educativo, y lo estamos tratando en este bloque temático ya que ello también forma parte del negocio de la guerra, al que le interesa cierto grado de aceptación popular, de comprensión y de justificación por parte del conjunto de la ciudadanía. Los altos mandos militares y nuestros indecentes políticos creen que la introducción de los asuntos militares en el currículo escolar acercará más a los estudiantes al mundo militar, y colonizará más mentes a favor de su causa. Bien, pues en este sentido, vamos a tomar datos e informaciones de este artículo del medio eldiario.es, donde se nos cuentan algunas de las intenciones de nuestro Ministerio de Defensa en colaboración con la cúpula de las FAS españolas. Se trata de un ambicioso plan para aleccionar sobre las Fuerzas Armadas, la bandera y el Rey en todos los colegios. Concretamente, el Ministerio de Defensa trabaja ya en el denominado "Plan General de Cultura y Concienciación de Defensa" para que la sociedad reciba una "mejor información" sobre nuestras FAS. Se pretende, entre otras muchas cosas, que los militares impartan directamente conferencias y actividades en los centros educativos. Los acuerdos actuales afectan a las asociaciones de colegios privados, y la cosa está tan avanzada que ya tienen elaboradas las Unidades Didácticas sobre Seguridad Nacional para los Centros de Primaria. Todo un acoso doctrinario hacia estos escolares, aún de edades tempranas, para que aprendan las misiones de los militares en su sociedad, y se acerquen un poco más a su mundo. Todavía estamos esperando que a nuestros escolares se les enseñe Educación Sexual o Educación Vial (por citar sólo dos ejemplos bien conocidos), pero parece que lo más urgente es enseñarles Educación Militar.

 

Y los que proponen esto son los mismos que eliminaron del currículo escolar la valiosa asignatura de "Educación para la Ciudadanía" (donde se enseñaban valores y principios constitucionales, educación cívica y los fundamentos de nuestro Estado de Derecho), y se hizo porque, a juicio de estos bárbaros gobernantes, eran contenidos "adoctrinadores". ¡Lo que hay que oír! Y esto lo argumentan los mismos que ha vuelto a recuperar (mediante la LOMCE) la educación religiosa en nuestros centros educativos. El cinismo de esta caterva ideológica no tiene límites. Pues bien, volviendo a nuestro asunto, se argumenta como objetivo de este plan que "todos los españoles conozcan y valoren el trabajo y el esfuerzo de los hombres y mujeres que componen las Fuerzas Armadas y la Guardia Civil", añadiendo que se pretende que "la sociedad se sienta orgullosa de nuestros militares y reconozcan su importante labor". Absolutamente detestable. Y no sólo por el peligro de la educación militar en sí misma, sino por la discriminación positiva que se hace de la carrera militar con respecto a otras profesiones. ¿Es que no merecen igual respeto los bomberos, los médicos o los profesores, por ejemplo? Sin embargo, que se sepa, no se hacen campañas de acercamiento del alumnado hacia ellas. Lo único que se pretende realmente con estos planes es inculcar la cultura militar a los estudiantes, y de paso, si pueden llevar a cabo labores de reclutamiento, mejor. El adoctrinamiento además se complementa con su estrecha y cínica versión del concepto de patria, así como con la discusión sobre los símbolos nacionales (himno, bandera, etc.) en las aulas. Y si de paso llevan a cabo un lavado de imagen de la ya deteriorada monarquía (así también previenen que existan mentes republicanas cuando sean adultos), pues  mejor que mejor.

 

Estos "planes educativos" también contemplan la visita de los estudiantes a diversos cuarteles y unidades militares. Más les valdría organizar a los alumnos y alumnas visitas a conciertos, salas de cine, centros de investigación, museos y bibliotecas, pero claro, entonces a lo mejor era peligroso, porque estarían formando a gente culta y crítica. En vez de todo ello, a nuestros estudiantes de Primaria (niños entre 6 y 12 años) se les hablará de símbolos de la patria, armas, escudos, himnos, banderas, jerarquía, obediencia, disciplina, amenazas, o unidad de España. Todo un programa reaccionario que no se daba desde el franquismo en la asignatura de "Formación del espíritu nacional", que parece que los gobernantes actuales quieren rescatar. Absolutamente intolerable. La senda del Pacifismo comienza en la senda educativa, donde no deben enseñarse principios que atenten contra los valores sagrados de la paz, la solidaridad, la fraternidad, y la cooperación. A los lectores y lectoras interesadas en más detalles sobre este aberrante "plan educativo" y algunas de sus iniciativas y actividades, les recomiendo la lectura de este artículo de Patricia Reguero para el medio "El Salto Diario". El plan educativo del Ministerio de Defensa ha merecido las siguientes palabras de parte de Fernando Hernández Sánchez, Profesor de Didáctica de las Ciencias Sociales de la UAM, quien en su artículo "Ardor guerrero en las aulas", publicado en el medio El Salto Diario, ha finalizado afirmando: "Nos encontramos, en definitiva, ante un proyecto que nace ya anticuado, dotado de materiales con evocaciones rancias, metodológicamente obsoleto, filosóficamente reaccionario y adoctrinador en los principios hueros de un nacionalismo castizo, limitado y excluyente. Una iniciativa impropia de una sociedad avanzada y plural; inadecuada para con un patriotismo cívico que esté más pendiente de las personas que de los símbolos; y desacorde con la imagen de unas fuerzas armadas modernas, profesionales y comprometidas con la defensa de los valores democráticos". 

 

Lo que proponemos desde la senda del Pacifismo es justo lo contrario a lo que estas iniciativas proponen, es decir, desmilitarizar nuestras mentes. Porque hoy día, desgraciadamente, la educación y los valores militares forman parte de nuestra vida cotidiana (los medios contribuyen también a esta normalización mental de la violencia), y son promovidos consciente e insconcientemente por las estructuras militares en connivencia con los gobiernos, como estamos comprobando en el caso español. El pacifismo es precisamente tan difícil de conseguir porque nuestra educación y nuestros valores están militarizados desde la base, es decir, desde  nuestra más tierna infancia. Es imprescindible por tanto "desmilitarizarnos" (en acertada expresión de Jordi Calvo, activista por la paz y especialista del Centre dèlas) como individuos, y luego también como sociedad. Nuestras mentes son militarizadas también a través del lenguaje, de las palabras, términos, conceptos y expresiones que usamos en nuestro día a día, resultado de nuestra educación y cultura. Son innumerables los términos coloquiales que hacen referencia a cuestiones militares y bélicas, asumidos y aceptados en nuestro imaginario colectivo. Es así, mediante el despliegue de todos estos mecanismos políticos, sociales y mediáticos, como se construye el consentimiento social hacia lo militar, y se acepta y potencia la promoción del militarismo y de la construcción del enemigo. Y si hablamos de alumnado infantil, en la educación el juego es un aspecto central. El uso de juguetes bélicos, de series, de dibujos animados, de videojuegos y de películas con armas, o el simple hecho de jugar a las guerras, son una muestra más de cómo naturalizar el belicismo, las armas o el lenguaje violento en los niños y niñas. 

 

En definitiva, toda esta violencia "educativa" y cultural es un elemento más que legitima la violencia real de las guerras, de las armas y de las operaciones militares. Bajo los esquemas de nuestras militarizadas mentes, llega a asumirse con cierta normalidad la sucesión de aberrantes conflictos armados, y la despiadada violencia que desatan. Se normaliza el terror, las construcciones políticas y sociales de los supuestos "enemigos", y de esta forma entramos en una peligrosa espiral cultural y política que legitima, "comprende" y apoya los conflictos bélicos y la existencia de los Ejércitos. La senda del Pacifismo ha de desandar todo este camino. La guerra como opción o alternativa social y política no es consustancial al ser humano, pero los intrincados intereses que se cruzan hoy día en torno al militarismo nos la muestran como si lo fuera. Sin la militarización de las mentes y sin la naturalización de lo militar, las guerras y las armas serían tan impopulares que poco a poco dejarían de existir. Serán muchos quienes sostengan que la maldad y la violencia están en la propia base del ser humano, y nosotros no lo negamos (supondría entrar en disquisiciones filosóficas que nos desviarían del tema), pero ello no es óbice para precisamente diseñar mecanismos políticos, sociales y culturales que nos alejen de ellas. Quienes se benefician de la existencia de las estructuras militares y de las propias guerras, bien sea por poder político o económico, saben que deben dedicar muchos recursos a mantener un elevado nivel de militarización en nuestras mentes, porque mientras sea así podrán seguir manteniendo su situación de privilegio. Finalizamos aquí este bloque temático, que ha estado dedicado al negocio de la guerra, en todas sus dimensiones y manifestaciones, y en la próxima entrega continuaremos con el siguiente. 

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29 marzo 2018 4 29 /03 /marzo /2018 23:00
Arquitectura de la Desigualdad (83)

Durante las últimas décadas, la precariedad laboral ha pasado de ser una patología de los sistemas de relaciones laborales nacionales a un componente genético del mercado de trabajo global

Joan Coscubiela

Bien, pues hablando de las megaempresas y del mercado laboral, de las grandes fortunas de los empresarios y de la precariedad de las clases trabajadoras, emerge el país más paradigmático en esta cuestión, que nos va a servir como "modelo" de estudio (para saber lo que NO hay que hacer), como es (no podía ser otro) Estados Unidos, y lo vamos a hacer tomando como referencia este estupendo artículo del analista James Petras, traducido por Silvia Arana para el medio digital Rebelion.org. En lo que sigue tomamos datos, informaciones y conclusiones de dicha fuente. Hoy por hoy, Estados Unidos sufre el mayor índice de desigualdad, la tasa de mortalidad más alta, el modelo de impuestos más regresivo, y el mayor sistema de subsidio público a banqueros y multimillonarios que ningún otro país capitalista. Es, también, por antonomasia, el país más dominante, intolerante, agresivo y belicista del globo. ¡Toda una joya a imitar!, para sus amantes, que además tienen la osadía de calificarlo como una "democracia avanzada". Pues bien, la primera pregunta que se hace Petras en su estudio es: ¿Cómo los multimillonarios llegan a serlo? Los adalides del neoliberalismo más reaccionario nos responderían enseguida a esta pregunta replicando: ¡Con trabajo y con esfuerzo! Pero esto es, simplemente, mentira. Una mentira como la copa de un pino. No me resisto a traer aquí a colación las palabras de todo un Premio Nobel de Economía, como Joseph Stiglitz, quien ha afirmado: "El 90% de los que nacen pobres, mueren pobres por más inteligentes y trabajadores que sean, y el 90% de los que nacen ricos, mueren ricos por más idiotas y haraganes que sean. Por eso, deducimos que la "meritocracia" no tiene ningún valor". Por tanto, seamos justos y realistas.

 

La evasión impositiva, en todas sus formas, es una de las fuentes más constantes de la riqueza de los multimillonarios. En este sentido, remito a mis lectores y lectoras al bloque temático anterior, donde hemos hablado profundamente de los paraísos fiscales. Contrariamente a lo que afirma el conjunto de la propaganda mediática favorable a los negocios, entre un 67 y un 72% de las corporaciones no pagan ni un euro (ni un dólar) después de los créditos y exenciones fiscales que reciben (debido a las regresivas reformas fiscales que ponen en marcha sus gobiernos), y si han de pagar algo, se acogen a los múltiples mecanismos de ingeniería fiscal para evadir o eludir el pago de los correspondientes impuestos. Mientras, los trabajadores y trabajadoras que se emplean en dichas empresas pagan entre un 25 y un 30% de sus ingresos en impuestos. James Petras estima en un exiguo 14% la tasa de impuestos que pagan las corporaciones que pagan (valga la redundancia). Según datos del Servicio de Renta Interna de EE.UU. (IRS, por sus siglas en inglés), el cómputo de la evasión impositiva de los multimillonarios asciende a 458.000 millones de dólares al año, lo que supone casi un billón de dólares en pérdidas para las arcas públicas cada dos años. Las corporaciones más grandes de Estados Unidos guardan más de 2,5 billones de dólares en paraísos fiscales del exterior, donde no pagan impuestos o los pagan bajísimos de menos del 10% de tasa impositiva. Mientras tanto, las corporaciones estadounidenses en crisis se beneficiaron de ayudas públicas por valor de más de 14,4 billones de dólares (sólo una de ellas, la consultora Bloomberg, solicitó 12,8 billones), procedentes de fondos combinados entre el Tesoro y la Reserva Federal, es decir, dinero de los contribuyentes estadounidenses, que en su mayoría son trabajadores, empleados y jubilados.

 

Los banqueros que se beneficiaron del rescate con dinero público invirtieron los préstamos sin interés o con bajas tasas de interés y ganaron miles de millones, la mayor parte de los cuales procedieron de ejecuciones hipotecarias de viviendas de la clase trabajadora. Así, a través de resoluciones judiciales favorables y lanzamientos hipotecarios ilegales, los banqueros desalojaron de sus casas a 9,3 millones de familias durante estos años de crisis. Más de 20 millones de personas perdieron sus propiedades, a menudo por deudas ilegales o fraudulentas. En este sentido, hay que denunciar que las personas físicas no disponen del marco legal tan favorable a la hora de liquidar sus deudas como las personas jurídicas (empresas y corporaciones), que poseen más posibilidades de negociación y liquidación. Cuando todo se destapó, y las autoridades ordenaron investigaciones, una pequeña cantidad de estafadores financieros (incluyendo ejecutivos de los principales bancos de Wall Street, tales como Goldman Sachs, J.P. Morgan y otros) pagaron multas, pero nadie fue a la cárcel por el gigantesco fraude que provocó la miseria de millones de estadounidenses. De nuevo, la desigualdad estaba servida. En este caso, al contrario que en la crisis (el famoso crack) de 1929, los banqueros y grandes empresarios no se arruinaron ni se tiraron por las ventanas de sus despachos, porque en esta ocasión habían aprendido a hacerse ricos (incluso en plena crisis) a costa de la precariedad, de la miseria y de la pobreza de los demás. El caso de Estados Unidos también es "modélico" por la insuficiente sindicación del mundo del trabajo, y por la estrecha complicidad de los gobernantes con los postulados de las grandes corporaciones, formando una identidad de objetivos casi perfecta. 

 

Los multimillonarios de conglomerados comerciales como Walmart explotan a sus trabajadores/as pagándoles salarios de auténtica miseria y con muy escasa protección social. Precariedad, individualismo, pobreza, inseguridad, insatisfacción, temporalidad e inestabilidad son rasgos casi constantes en la clase obrera estadounidense. La mayor "potencia mundial" proyecta y despliega de esta forma una desigualdad aberrante entre sus clases sociales, pero también entre sus clases étnicas: los multimillonarios blancos, chinos e indios explotan a trabajadores afroamericanos, latinos, vietnamitas y filipinos. Los afroamericanos y los hispanos son los que más padecen este infierno terrible de las desigualdades. El caso de Walmart es especialmente sangrante. Esta cadena distribuidora a gran escala es una de las corporaciones más agresivas del mundo hacia sus trabajadores/as. Walmart obtiene 16.000 millones de dólares de beneficios al año gracias a que sólo le paga a sus trabajadores/as entre 10 y 13 dólares por hora, y dependen de la asistencia estatal y federal para que le brinde a las familias empobrecidas el servicio Medicaid y cupones para alimentos. Medicaid es un programa creado por la Administración Obama que provee servicios médicos a las personas de recursos limitados. Cofinanciado por el gobierno federal y los gobiernos estatales, es administrado por cada Estado, el cual posee amplio poder de decisión para determinar quién puede ser beneficiario del programa. Lejos de mejorarlo y completarlo, la actual Administración Trump pretende abolirlo y volver a la situación anterior de desprotección absoluta. Por su parte, el fundador de Amazon (la mayor cadena mundial de distribución por Internet), Jeff Bezos, explota a sus trabajadores pagándoles 12,5 euros por hora, mientras él ha acumulado más de 80.000 millones de dólares en ganancias, y es una de las mayores fortunas del mundo.

 

El CEO de la empresa UPS gana 11 millones de dólares por año (casi a millón por mes) explotando a sus trabajadores/as con un salario de 11 dólares/hora. El CEO de Federal Express, Fred Smith, gana 16 millones de dólares anuales y le paga a sus trabajadores/as 11 dólares por hora. Podríamos poner muchos más ejemplos, pero creemos que la cosa está clara. Desde los artículos del primer bloque temático de esta serie, veníamos afirmando hasta la saciedad que para que haya ricos tiene que haber pobres, que son dos caras de la misma moneda, que ambos extremos se determinan, y hemos puesto infinidad de ejemplos al respecto, y lo hemos argumentado desde múltiples puntos de vista. James Petras, por su parte, afirma que "La desigualdad no es un resultado de la "tecnología" ni de la "educación" --eufemismos contemporáneos que alimentan el culto de superioridad de la clase dominante-- como les gusta decir a los economistas y periodistas liberales y conservadores. La desigualdad es el resultado de los salarios bajos, las enormes ganancias corporativas, las estafas financieras, la evasión impositiva multimillonaria y la entrega de miles de millones del tesoro público a las corporaciones". La tecnología, la educación, el saber hacer, el trabajo duro, la innovación, las capacidades, el esfuerzo personal, el riesgo, etc., son las típicas excusas con las que la clase dominante impone una visión legitimada de la desigualdad, pero no pasan de ser excusas, y lo estamos demostrando. Falacias para justificar su visión de una sociedad no equitativa, injusta, desigual, salvaje y desproporcionada, aberrante y despiadada, como la que está siendo proyectada. El primer paso es comprender sus excusas y falacias (aún nos quedan algunas por desmontar), antes de poder echar abajo todo su andamiaje, y poder proyectar otro modelo de sociedad. Continuaremos en siguientes entregas.

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27 marzo 2018 2 27 /03 /marzo /2018 23:00
Viñeta: Omar Pérez

Viñeta: Omar Pérez

En España se aceptó la monarquía sin referéndum porque las encuestas decían que la república ganaba en 1977, lo dijo Suárez en 1995, se aceptaron los pactos de la Moncloa que sirvieron para que la clase obrera pagara la crisis económica hundiendo la capacidad adquisitiva del proletariado español, el E.T. anuló las conquistas que el movimiento obrero arrancó al franquismo, se aceptó un modelo de Estado uninacional, renunciando al carácter multinacional de España que Dolores Ibárruri defendía en 1970 y que el PSOE también defendió en la lucha antifranquista, se aceptó la economía de libre empresa y libre mercado renunciando al cambio de las relaciones de producción capitalistas, se aceptó las instituciones de la guerra fría (UE y OTAN), se introdujeron las primeras políticas neoliberales junto al thatcherismo en Gran Bretaña…

Miguel Ángel Montes

Y en efecto, todo lo que nos cuenta Miguel Ángel Montes en la cita de entradilla cuadra perfectamente con el desprecio que sufrimos hacia nuestros derechos políticos, civiles, sociales, económicos, culturales y medioambientales. En la entrega anterior ya citamos cómo de hecho nuestro texto constitucional distingue claramente entre el grueso de los derechos sociales y el resto, y sacamos como conclusión (siguiendo a Manolo Monereo y a Héctor Illueca en su libro "España. Un Proyecto de Liberación") que comparada con las garantías que nuestra Constitución reserva al breve catálogo de derechos fundamentales y libertades públicas, la protección dispensada a la mayor parte de los derechos sociales supone "una tutela devaluada y completamente dependiente de su desarrollo legislativo" (en palabras de los citados autores). Por su parte, y en reiterada jurisprudencia al respecto, el Tribunal Constitucional ha llevado hasta sus últimas consecuencias esta devaluación de los derechos sociales, negando incluso que se trate de auténticos derechos subjetivos y afirmando que carecen de la nota de aplicabilidad inmediata que caracteriza a los derechos constitucionales. En última instancia, y ante el flagrante ataque que los mismos han sufrido durante estos últimos años, hemos de concluir que los derechos sociales en nuestro país han sido reducidos a la condición de principios meramente orientadores de las políticas públicas. Esto es lo que precisamente ha de evitar el Proceso Constituyente y la nueva Constitución de él derivada, definiendo todo el blindaje y el marco normativo precisos para que los derechos sociales en el Estado Español no puedan ser recortados, ignorados, o no garantizados para el conjunto de la ciudadanía.

 

No es cierto, a tenor de todo lo expuesto, que nuestro país sea un verdadero Estado Social, tal como abiertamente la Constitución proclama. Y ello básicamente porque nuestro país ha ido abrazando cada vez más un nuevo orden social completamente dominado por el mercado, expresado bajo una continua tendencia hacia nuestra integración en modelos económicos fanáticamente neoliberales. En este orden de cosas, es justo reconocer que nuestra integración en la Unión Europea ha servido de acicate para dicha evolución. En efecto, la UE y sus órganos de gobierno han demostrado en numerosas ocasiones (el más evidente quizá sea el caso de Grecia) ser un espacio económico supranacional específicamente diseñado para convertir el neoliberalismo en la base del orden social imperante, con valor incluso legalmente constitucional (véase al respecto la indecente reforma del artículo 135 efectuada por acuerdo entre PP y PSOE durante el verano de 2011). De ahí que el Proceso Constituyente haya de plantearse también la conveniencia de continuar perteneciendo tanto a la UE como a la zona monetaria del euro. La Comisión Europea insta y jalea a nuestros gobernantes para que emprendan aberrantes contrarreformas sociales y laborales, las cuales han instalado la precariedad en el centro de nuestras vidas. Los autores de referencia afirman: "Esta precarización de la existencia no es un fenómeno meteorológico ni una casualidad sin responsables, tampoco la consecuencia "natural" de una crisis económica cíclica e inevitable. Es más bien el resultado de una intensa actividad reformista conscientemente desplegada por el poder público, y de la que resultan efectos devastadores: la clase trabajadora se encuentra completamente subordinada a la eficiencia económica y a las cambiantes circunstancias de la vida empresarial. Las garantías recogidas en el Estatuto de los Trabajadores de 1980 parecen hoy una lejana utopía".

 

El Proceso Constituyente debe insistir en la idea de refundar un Estado fuerte que regule eficazmente el mercado, que redistribuya justamente la riqueza, que planifique el desarrollo económico y que defienda los intereses de las mayorías sociales del país. Hay que situar al Estado en el puesto de mando de la economía, y hay que volver a dotarle del papel de último garante del trabajo. Y en la base de todo este planteamiento, el Proceso Constituyente debe reclamar y definir un nuevo contexto plenamente democrático. Recordemos en este sentido que precisamente las demandas para una democracia plena y real fueron mayoritarios lemas inspiradores del Movimiento 15-M. Democracia popular, democracia representativa (con una nueva propuesta de Ley Electoral), democracia decisoria, democracia revocatoria y democracia económica deben ser los pilares fundamentales donde se asiente un sistema democrático pleno, en vez de una democracia de baja intensidad como la que ahora padecemos. Desde la Transición política llevada a cabo tras el franquismo, sus paladines (muchos de ellos franquistas de toda la vida reconvertidos en falsos demócratas) nos quisieron convencer de que en nuestro país gozábamos de un sistema democrático, pero esto no es así. Es "democrático" sólo porque votamos cada cuatro años, y porque ya no estamos sometidos a la violenta tiranía de un sistema totalitario y fascista como el de Franco, pero de ahí a vivir en democracia real va un abismo. José López, uno de los autores más didácticos surgidos en los últimos años, y del cual recomendamos la lectura de su obra completa, nos perfila el marco de la democracia real en este artículo, del cual extraemos el siguiente pasaje: "No habrá democracia real sin elegibilidad y revocabilidad de todos los cargos públicos (empezando por el Jefe del Estado), sin referendos frecuentes y siempre vinculantes, sin efectiva separación de todos los poderes (incluidos la prensa y el poder económico), sin una prensa libre y plural, sin la obligación por parte de los partidos políticos de cumplir sus programas electorales (los cuales deben ser contratos sagrados con sus votantes), sin transparencia a todos los niveles, sin una ley electoral donde cada voto valga igual...". 

 

El Proceso Constituyente deberá sentar las bases de esta democracia real porque estamos convencidos de que es el régimen político más avanzado, incluyendo principios de profunda transformación social, reformas económicas, educación pública y laica, y mecanismos de democracia instalados a todos los niveles de las Administraciones, así como en la empresa privada. Una democracia real que conceda el valor a lo público, a los bienes comunes, y que prohíba toda forma de saqueo, expolio o enajenación de los mismos. Una democracia real que renuncie expresamente a la guerra como mecanismo de solución a cualquier conflicto, y que respete profundamente la plurinacionalidad de todos los pueblos que forman el Estado Español, un Estado al que aspiramos que sea verdaderamente Social, pero también Democrático, Republicano, Federal, Laico, Socialista, Participativo y Solidario. Y todo ello así, en mayúsculas, pues son conceptos que están a escalas muy altas. Un Proceso Constituyente que también nos aleje del imperialismo yanki, de la Unión Europea de los mercados, de la OTAN y de todos sus aliados autócratas de Oriente Medio, que son los principales protagonistas de las múltiples y violentas guerras de rapiña, de conquista y de saqueo de recursos naturales. Pero el neoliberalismo que seguimos a pies juntillas nos conduce también como estamos viendo al desmantelamiento de los principios del Estado del Bienestar, en base a proclamar a los cuatro vientos la ineficiencia de lo público. Igualmente, las arcas públicas quedan hipotecadas por una demencial e insostenible deuda pública (cuyo pago prioritario ha sido elevado a precepto de rango constitucional) y por sus intereses, y se procede a un acoso y derribo de los derechos laborales, aumentando la explotación de los/as trabajadores/as mediante crueles contrarreformas laborales que abaratan el despido y legalizan el trabajo precario.

 

El Proceso Constituyente, a la vez que blinda el conjunto de derechos políticos, civiles, sociales, económicos, culturales y medioambientales, debe sentar las bases para impedir por ley la precariedad laboral. Y todo ello debe venir enmarcado en un sistema que recupere los valores y principios republicanos de pacifismo, antiimperialismo, democracia real y recuperación de las conquistas sociales y obreras arrebatadas. La pregunta del millón sería: ¿es posible conseguir todo ello sin desviarse de la perspectiva capitalista? Nosotros pensamos que no, por lo cual hay que aspirar al socialismo como nueva perspectiva económica, poniendo en jaque el servilismo al imperialismo norteamericano, a la arquitectura europea, y a las políticas de "austeridad". De esa forma será posible no sólo recuperar la fuerza del ámbito público y las conquistas sociales, sino además conseguir todo ello bajo la perspectiva feminista y ecologista, es decir, combatiendo el patriarcado y respetando profundamente a la naturaleza en toda su extensión: recursos naturales, aire, bosques, mares, ríos, y modelos energéticos limpios y renovables que sean compatibles con todo ello. Llegados a este punto, espero que los lectores y lectoras que están siguiendo esta serie de artículos tengan más claro por qué un simple reformismo constitucional no es viable, si queremos alcanzar los objetivos que aquí estamos exponiendo. Es el motivo por el cual necesitamos un Proceso Constituyente que debata de todo y sobre todo, que ponga en solfa todos los principios donde se ha basado hasta ahora nuestra convivencia, para a partir de dicho ejercicio, ser capaces de definir, diseñar y alcanzar un nuevo proyecto de país. Continuaremos en siguientes entregas.

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26 marzo 2018 1 26 /03 /marzo /2018 23:00
Fuente Viñeta: taringa.net

Fuente Viñeta: taringa.net

El morbo es uno de los motores de la audiencia y ninguna cadena está dispuesta a perder un buen crimen con agresión sexual para ganar unos puntos de share

Javier Pérez de Albéniz

Estamos asistiendo a una nueva vuelta de tuerca en lo que pudiéramos designar como "folletín criminológico", una categoría perteneciente a la más general de la telebasura, y en la cual los medios de todas las cadenas, públicas y privadas, compiten entre sí a ver quién es capaz de ofrecer la "información" más completa, que en estos casos se traduce en captar audiencias en base al morbo, y al espectáculo que supone contar en televisión todos los detalles de los casos más escabrosos y aberrantes de nuestra crónica negra. Es evidente que un programa informativo ha de contarnos la crónica de sucesos, pero si este apartado se desvirtúa y no sólo se coloca en primera página informativa, sino que además se le dedica un tiempo desmesurado a contar sus detalles, mientras se resta tiempo a la exposición de otras noticias y reportajes ciertamente interesantes de cara a la opinión pública, el asunto ya pasa a la esfera de lo preocupante. Y no contentos con la amplia dedicación que realizan los programas informativos, las emisoras de radio y televisión dedican amplios programas especiales donde preparan platós, desplazan a invitados, colocan sus unidades móviles y periodistas en los lugares "de la noticia", y nos cuentan hasta los más escabrosos detalles del caso. Y a todo esto lo llaman "información". Más bien debiéramos llamarla alienación, pues mientras la población está entretenida con estos detalles, se va olvidando de otros asuntos importantes. 

 

Suelen ser programas monográficos, donde invitan a expertos en estas materias del dolor y del sufrimiento, conectan el caso en cuestión con otros, participan familiares de las víctimas, que van conociendo en tiempo real los avances conseguidos en la investigación, y las detenciones que se van practicando sobre la marcha. Todo un espectáculo televisivo donde se exhiben sin pudor la rabia, el dolor, la miseria, la indignación, la pena, el llanto...Todas las sensaciones y sentimientos humanos que debieran quedar en la intimidad, son expuestos al gran público de las audiencias televisivas, eso sí, con grandes espacios publicitarios en medio, que lo cortés no quita lo valiente. A los artífices de estos programas los llaman "periodistas de investigación", cuando en realidad son profesionales de la carroña que viven de enseñar la intimidad de las vidas ajenas, y de exponer sin contemplaciones hasta el último detalle que pueda rellenar espacios de la parrilla televisiva, o bien tiempo de telediario. Sin ir más lejos, días atrás se le reservaba algo más de dos minutos al resumen del debate político que había tenido lugar en el Congreso de los Diputados, mientras se le reservaban más de 15 minutos a los avances en la investigación del caso del niño Gabriel Cruz. Y es que al igual que la desorbitada información deportiva (en realidad información futbolística), este tipo de noticias despierta los más bajos instintos, y mantiene a la audiencia pendiente del televisor atrapada en los detalles, alienada en la perversidad del caso, ajena a otros asuntos importantes de los que deberíamos tener más amplia información. 

 

Este tipo de telebasura espectáculo-folletinesca está sustituyendo a otro tipo de programas que sí determinan la calidad de un cadena de televisión, tales como reportajes, cine, debates, series, entretenimiento, etc. Hoy día la mayoría de los programas se circunscriben a lo que se ha dado en llamar el "Talent Show", una nueva especialidad de los reallity donde los concursantes han de exhibir sus peripecias o capacidades artísticas, o bien a concursos-espectáculo monográficos, como los dedicados a la cocina, o a los nuevos jóvenes talentos de la canción. Crónica de folletín morboso y espectáculo. No hay más en nuestro pobre espectro televisivo. Y mientras los propios medios se jactan después de las audiencias alcanzadas, en porcentaje o cuota de "share", los telespectadores se embrutecen a marchas forzadas, y los directivos de las grandes empresas de mass media que están detrás de todo el entramado de las cadenas televisivas, emisoras de radio y periódicos continúan enriqueciéndose con dichas audiencias. El tema de fondo a que alude esta telebasura es bien sencillo: poner el foco de atención en asuntos mundanos, traer a primer plano las miserias humanas, las íntimas cotidianidades, para hacer olvidar las causas justas, importantes y revolucionarias. ¿Es que acaso el niño Gabriel ha sido el único asesinado en nuestro país en los últimos tiempos? El periodista Jesús Moreno nos ofrece en este artículo el siguiente dato: durante 2017 fueron asesinados nueve niños a manos de sus padres o de las parejas de éstos. Entre ellos, dos bebés recién nacidos, según datos del Consejo General del Poder Judicial. 

 

Y la pregunta es: ¿tuvieron tanto eco mediático estos casos? Parece por tanto que no sólo es una tónica habitual de los medios de comunicación, sino que además los oscuros procesos de programación ponen el exagerado foco en ciertas noticias no por su intrínseca gravedad, sino porque obedecen a un proceso de manipulación de las audiencias. Simplemente, interesa. Interesa a los políticos, a los grandes directivos, a esos poderosos empresarios que están detrás de las cadenas que nos cuentan esos detallosos reportajes, o que son responsables de la vuelta a la parrilla televisiva de cierto tipo de programas. La manipulación periodística y televisiva hoy día es ciertamente brutal. Obedece a profundos objetivos políticos y sociológicos. Se manipulan las noticias, se manipulan los datos, se manipulan los sondeos y las encuestas, se manipulan los tiempos televisivos, y sobre todo, como hemos dicho, se transforma la vocación informativa, cultural y de entretenimiento que debe ofrecer todo medio de comunicación en pro de una labor de alienación y de manipulación de las audiencias. La razón por tanto para esta obsesión por el folletín criminológico por parte de los medios es bien sencilla: ocultar la información interesante, desviar el foco de atención, desvirtuar la función social de los medios, embrutecer a la población en base a exponer sin la más mínima ética profesional todos los detalles de la vida íntima de las personas. Hemos de recuperar la función divulgativa de los medios, pero dentro de unos límites que nos permitan no caer en el morbo, en la invasión de la intimidad, en los escabrosos detalles, en la llamada a las tripas, en vez de al cerebro y al corazón. La actividad de los medios de comunicación es fiel reflejo de la sociedad alienante en la que vivimos. Pero quién fue primero: ¿la gallina o el huevo?

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