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1 abril 2018 7 01 /04 /abril /2018 23:00
Fuente Viñeta: http://kaosenlared.net/

Fuente Viñeta: http://kaosenlared.net/

La realización de este tipo de actividades tiene por objetivo la militarización de las mentes de los más jóvenes. Proponerles la entrada al ejército como una salida profesional cuando acaben los estudios obligatorios o facilitar que se familiaricen con instrumentos creados con el fin único de matar se aleja considerablemente de los valores que se deben transmitir desde las instituciones educativas

María de Lluc Bagur (coautora de "Mentes militarizadas")

Nos quedamos en nuestra última entrega introduciendo el peligro que representa que las Fuerzas Armadas metan sus zarpas en el mundo educativo, y lo estamos tratando en este bloque temático ya que ello también forma parte del negocio de la guerra, al que le interesa cierto grado de aceptación popular, de comprensión y de justificación por parte del conjunto de la ciudadanía. Los altos mandos militares y nuestros indecentes políticos creen que la introducción de los asuntos militares en el currículo escolar acercará más a los estudiantes al mundo militar, y colonizará más mentes a favor de su causa. Bien, pues en este sentido, vamos a tomar datos e informaciones de este artículo del medio eldiario.es, donde se nos cuentan algunas de las intenciones de nuestro Ministerio de Defensa en colaboración con la cúpula de las FAS españolas. Se trata de un ambicioso plan para aleccionar sobre las Fuerzas Armadas, la bandera y el Rey en todos los colegios. Concretamente, el Ministerio de Defensa trabaja ya en el denominado "Plan General de Cultura y Concienciación de Defensa" para que la sociedad reciba una "mejor información" sobre nuestras FAS. Se pretende, entre otras muchas cosas, que los militares impartan directamente conferencias y actividades en los centros educativos. Los acuerdos actuales afectan a las asociaciones de colegios privados, y la cosa está tan avanzada que ya tienen elaboradas las Unidades Didácticas sobre Seguridad Nacional para los Centros de Primaria. Todo un acoso doctrinario hacia estos escolares, aún de edades tempranas, para que aprendan las misiones de los militares en su sociedad, y se acerquen un poco más a su mundo. Todavía estamos esperando que a nuestros escolares se les enseñe Educación Sexual o Educación Vial (por citar sólo dos ejemplos bien conocidos), pero parece que lo más urgente es enseñarles Educación Militar.

 

Y los que proponen esto son los mismos que eliminaron del currículo escolar la valiosa asignatura de "Educación para la Ciudadanía" (donde se enseñaban valores y principios constitucionales, educación cívica y los fundamentos de nuestro Estado de Derecho), y se hizo porque, a juicio de estos bárbaros gobernantes, eran contenidos "adoctrinadores". ¡Lo que hay que oír! Y esto lo argumentan los mismos que ha vuelto a recuperar (mediante la LOMCE) la educación religiosa en nuestros centros educativos. El cinismo de esta caterva ideológica no tiene límites. Pues bien, volviendo a nuestro asunto, se argumenta como objetivo de este plan que "todos los españoles conozcan y valoren el trabajo y el esfuerzo de los hombres y mujeres que componen las Fuerzas Armadas y la Guardia Civil", añadiendo que se pretende que "la sociedad se sienta orgullosa de nuestros militares y reconozcan su importante labor". Absolutamente detestable. Y no sólo por el peligro de la educación militar en sí misma, sino por la discriminación positiva que se hace de la carrera militar con respecto a otras profesiones. ¿Es que no merecen igual respeto los bomberos, los médicos o los profesores, por ejemplo? Sin embargo, que se sepa, no se hacen campañas de acercamiento del alumnado hacia ellas. Lo único que se pretende realmente con estos planes es inculcar la cultura militar a los estudiantes, y de paso, si pueden llevar a cabo labores de reclutamiento, mejor. El adoctrinamiento además se complementa con su estrecha y cínica versión del concepto de patria, así como con la discusión sobre los símbolos nacionales (himno, bandera, etc.) en las aulas. Y si de paso llevan a cabo un lavado de imagen de la ya deteriorada monarquía (así también previenen que existan mentes republicanas cuando sean adultos), pues  mejor que mejor.

 

Estos "planes educativos" también contemplan la visita de los estudiantes a diversos cuarteles y unidades militares. Más les valdría organizar a los alumnos y alumnas visitas a conciertos, salas de cine, centros de investigación, museos y bibliotecas, pero claro, entonces a lo mejor era peligroso, porque estarían formando a gente culta y crítica. En vez de todo ello, a nuestros estudiantes de Primaria (niños entre 6 y 12 años) se les hablará de símbolos de la patria, armas, escudos, himnos, banderas, jerarquía, obediencia, disciplina, amenazas, o unidad de España. Todo un programa reaccionario que no se daba desde el franquismo en la asignatura de "Formación del espíritu nacional", que parece que los gobernantes actuales quieren rescatar. Absolutamente intolerable. La senda del Pacifismo comienza en la senda educativa, donde no deben enseñarse principios que atenten contra los valores sagrados de la paz, la solidaridad, la fraternidad, y la cooperación. A los lectores y lectoras interesadas en más detalles sobre este aberrante "plan educativo" y algunas de sus iniciativas y actividades, les recomiendo la lectura de este artículo de Patricia Reguero para el medio "El Salto Diario". El plan educativo del Ministerio de Defensa ha merecido las siguientes palabras de parte de Fernando Hernández Sánchez, Profesor de Didáctica de las Ciencias Sociales de la UAM, quien en su artículo "Ardor guerrero en las aulas", publicado en el medio El Salto Diario, ha finalizado afirmando: "Nos encontramos, en definitiva, ante un proyecto que nace ya anticuado, dotado de materiales con evocaciones rancias, metodológicamente obsoleto, filosóficamente reaccionario y adoctrinador en los principios hueros de un nacionalismo castizo, limitado y excluyente. Una iniciativa impropia de una sociedad avanzada y plural; inadecuada para con un patriotismo cívico que esté más pendiente de las personas que de los símbolos; y desacorde con la imagen de unas fuerzas armadas modernas, profesionales y comprometidas con la defensa de los valores democráticos". 

 

Lo que proponemos desde la senda del Pacifismo es justo lo contrario a lo que estas iniciativas proponen, es decir, desmilitarizar nuestras mentes. Porque hoy día, desgraciadamente, la educación y los valores militares forman parte de nuestra vida cotidiana (los medios contribuyen también a esta normalización mental de la violencia), y son promovidos consciente e insconcientemente por las estructuras militares en connivencia con los gobiernos, como estamos comprobando en el caso español. El pacifismo es precisamente tan difícil de conseguir porque nuestra educación y nuestros valores están militarizados desde la base, es decir, desde  nuestra más tierna infancia. Es imprescindible por tanto "desmilitarizarnos" (en acertada expresión de Jordi Calvo, activista por la paz y especialista del Centre dèlas) como individuos, y luego también como sociedad. Nuestras mentes son militarizadas también a través del lenguaje, de las palabras, términos, conceptos y expresiones que usamos en nuestro día a día, resultado de nuestra educación y cultura. Son innumerables los términos coloquiales que hacen referencia a cuestiones militares y bélicas, asumidos y aceptados en nuestro imaginario colectivo. Es así, mediante el despliegue de todos estos mecanismos políticos, sociales y mediáticos, como se construye el consentimiento social hacia lo militar, y se acepta y potencia la promoción del militarismo y de la construcción del enemigo. Y si hablamos de alumnado infantil, en la educación el juego es un aspecto central. El uso de juguetes bélicos, de series, de dibujos animados, de videojuegos y de películas con armas, o el simple hecho de jugar a las guerras, son una muestra más de cómo naturalizar el belicismo, las armas o el lenguaje violento en los niños y niñas. 

 

En definitiva, toda esta violencia "educativa" y cultural es un elemento más que legitima la violencia real de las guerras, de las armas y de las operaciones militares. Bajo los esquemas de nuestras militarizadas mentes, llega a asumirse con cierta normalidad la sucesión de aberrantes conflictos armados, y la despiadada violencia que desatan. Se normaliza el terror, las construcciones políticas y sociales de los supuestos "enemigos", y de esta forma entramos en una peligrosa espiral cultural y política que legitima, "comprende" y apoya los conflictos bélicos y la existencia de los Ejércitos. La senda del Pacifismo ha de desandar todo este camino. La guerra como opción o alternativa social y política no es consustancial al ser humano, pero los intrincados intereses que se cruzan hoy día en torno al militarismo nos la muestran como si lo fuera. Sin la militarización de las mentes y sin la naturalización de lo militar, las guerras y las armas serían tan impopulares que poco a poco dejarían de existir. Serán muchos quienes sostengan que la maldad y la violencia están en la propia base del ser humano, y nosotros no lo negamos (supondría entrar en disquisiciones filosóficas que nos desviarían del tema), pero ello no es óbice para precisamente diseñar mecanismos políticos, sociales y culturales que nos alejen de ellas. Quienes se benefician de la existencia de las estructuras militares y de las propias guerras, bien sea por poder político o económico, saben que deben dedicar muchos recursos a mantener un elevado nivel de militarización en nuestras mentes, porque mientras sea así podrán seguir manteniendo su situación de privilegio. Finalizamos aquí este bloque temático, que ha estado dedicado al negocio de la guerra, en todas sus dimensiones y manifestaciones, y en la próxima entrega continuaremos con el siguiente. 

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29 marzo 2018 4 29 /03 /marzo /2018 23:00
Arquitectura de la Desigualdad (83)

Durante las últimas décadas, la precariedad laboral ha pasado de ser una patología de los sistemas de relaciones laborales nacionales a un componente genético del mercado de trabajo global

Joan Coscubiela

Bien, pues hablando de las megaempresas y del mercado laboral, de las grandes fortunas de los empresarios y de la precariedad de las clases trabajadoras, emerge el país más paradigmático en esta cuestión, que nos va a servir como "modelo" de estudio (para saber lo que NO hay que hacer), como es (no podía ser otro) Estados Unidos, y lo vamos a hacer tomando como referencia este estupendo artículo del analista James Petras, traducido por Silvia Arana para el medio digital Rebelion.org. En lo que sigue tomamos datos, informaciones y conclusiones de dicha fuente. Hoy por hoy, Estados Unidos sufre el mayor índice de desigualdad, la tasa de mortalidad más alta, el modelo de impuestos más regresivo, y el mayor sistema de subsidio público a banqueros y multimillonarios que ningún otro país capitalista. Es, también, por antonomasia, el país más dominante, intolerante, agresivo y belicista del globo. ¡Toda una joya a imitar!, para sus amantes, que además tienen la osadía de calificarlo como una "democracia avanzada". Pues bien, la primera pregunta que se hace Petras en su estudio es: ¿Cómo los multimillonarios llegan a serlo? Los adalides del neoliberalismo más reaccionario nos responderían enseguida a esta pregunta replicando: ¡Con trabajo y con esfuerzo! Pero esto es, simplemente, mentira. Una mentira como la copa de un pino. No me resisto a traer aquí a colación las palabras de todo un Premio Nobel de Economía, como Joseph Stiglitz, quien ha afirmado: "El 90% de los que nacen pobres, mueren pobres por más inteligentes y trabajadores que sean, y el 90% de los que nacen ricos, mueren ricos por más idiotas y haraganes que sean. Por eso, deducimos que la "meritocracia" no tiene ningún valor". Por tanto, seamos justos y realistas.

 

La evasión impositiva, en todas sus formas, es una de las fuentes más constantes de la riqueza de los multimillonarios. En este sentido, remito a mis lectores y lectoras al bloque temático anterior, donde hemos hablado profundamente de los paraísos fiscales. Contrariamente a lo que afirma el conjunto de la propaganda mediática favorable a los negocios, entre un 67 y un 72% de las corporaciones no pagan ni un euro (ni un dólar) después de los créditos y exenciones fiscales que reciben (debido a las regresivas reformas fiscales que ponen en marcha sus gobiernos), y si han de pagar algo, se acogen a los múltiples mecanismos de ingeniería fiscal para evadir o eludir el pago de los correspondientes impuestos. Mientras, los trabajadores y trabajadoras que se emplean en dichas empresas pagan entre un 25 y un 30% de sus ingresos en impuestos. James Petras estima en un exiguo 14% la tasa de impuestos que pagan las corporaciones que pagan (valga la redundancia). Según datos del Servicio de Renta Interna de EE.UU. (IRS, por sus siglas en inglés), el cómputo de la evasión impositiva de los multimillonarios asciende a 458.000 millones de dólares al año, lo que supone casi un billón de dólares en pérdidas para las arcas públicas cada dos años. Las corporaciones más grandes de Estados Unidos guardan más de 2,5 billones de dólares en paraísos fiscales del exterior, donde no pagan impuestos o los pagan bajísimos de menos del 10% de tasa impositiva. Mientras tanto, las corporaciones estadounidenses en crisis se beneficiaron de ayudas públicas por valor de más de 14,4 billones de dólares (sólo una de ellas, la consultora Bloomberg, solicitó 12,8 billones), procedentes de fondos combinados entre el Tesoro y la Reserva Federal, es decir, dinero de los contribuyentes estadounidenses, que en su mayoría son trabajadores, empleados y jubilados.

 

Los banqueros que se beneficiaron del rescate con dinero público invirtieron los préstamos sin interés o con bajas tasas de interés y ganaron miles de millones, la mayor parte de los cuales procedieron de ejecuciones hipotecarias de viviendas de la clase trabajadora. Así, a través de resoluciones judiciales favorables y lanzamientos hipotecarios ilegales, los banqueros desalojaron de sus casas a 9,3 millones de familias durante estos años de crisis. Más de 20 millones de personas perdieron sus propiedades, a menudo por deudas ilegales o fraudulentas. En este sentido, hay que denunciar que las personas físicas no disponen del marco legal tan favorable a la hora de liquidar sus deudas como las personas jurídicas (empresas y corporaciones), que poseen más posibilidades de negociación y liquidación. Cuando todo se destapó, y las autoridades ordenaron investigaciones, una pequeña cantidad de estafadores financieros (incluyendo ejecutivos de los principales bancos de Wall Street, tales como Goldman Sachs, J.P. Morgan y otros) pagaron multas, pero nadie fue a la cárcel por el gigantesco fraude que provocó la miseria de millones de estadounidenses. De nuevo, la desigualdad estaba servida. En este caso, al contrario que en la crisis (el famoso crack) de 1929, los banqueros y grandes empresarios no se arruinaron ni se tiraron por las ventanas de sus despachos, porque en esta ocasión habían aprendido a hacerse ricos (incluso en plena crisis) a costa de la precariedad, de la miseria y de la pobreza de los demás. El caso de Estados Unidos también es "modélico" por la insuficiente sindicación del mundo del trabajo, y por la estrecha complicidad de los gobernantes con los postulados de las grandes corporaciones, formando una identidad de objetivos casi perfecta. 

 

Los multimillonarios de conglomerados comerciales como Walmart explotan a sus trabajadores/as pagándoles salarios de auténtica miseria y con muy escasa protección social. Precariedad, individualismo, pobreza, inseguridad, insatisfacción, temporalidad e inestabilidad son rasgos casi constantes en la clase obrera estadounidense. La mayor "potencia mundial" proyecta y despliega de esta forma una desigualdad aberrante entre sus clases sociales, pero también entre sus clases étnicas: los multimillonarios blancos, chinos e indios explotan a trabajadores afroamericanos, latinos, vietnamitas y filipinos. Los afroamericanos y los hispanos son los que más padecen este infierno terrible de las desigualdades. El caso de Walmart es especialmente sangrante. Esta cadena distribuidora a gran escala es una de las corporaciones más agresivas del mundo hacia sus trabajadores/as. Walmart obtiene 16.000 millones de dólares de beneficios al año gracias a que sólo le paga a sus trabajadores/as entre 10 y 13 dólares por hora, y dependen de la asistencia estatal y federal para que le brinde a las familias empobrecidas el servicio Medicaid y cupones para alimentos. Medicaid es un programa creado por la Administración Obama que provee servicios médicos a las personas de recursos limitados. Cofinanciado por el gobierno federal y los gobiernos estatales, es administrado por cada Estado, el cual posee amplio poder de decisión para determinar quién puede ser beneficiario del programa. Lejos de mejorarlo y completarlo, la actual Administración Trump pretende abolirlo y volver a la situación anterior de desprotección absoluta. Por su parte, el fundador de Amazon (la mayor cadena mundial de distribución por Internet), Jeff Bezos, explota a sus trabajadores pagándoles 12,5 euros por hora, mientras él ha acumulado más de 80.000 millones de dólares en ganancias, y es una de las mayores fortunas del mundo.

 

El CEO de la empresa UPS gana 11 millones de dólares por año (casi a millón por mes) explotando a sus trabajadores/as con un salario de 11 dólares/hora. El CEO de Federal Express, Fred Smith, gana 16 millones de dólares anuales y le paga a sus trabajadores/as 11 dólares por hora. Podríamos poner muchos más ejemplos, pero creemos que la cosa está clara. Desde los artículos del primer bloque temático de esta serie, veníamos afirmando hasta la saciedad que para que haya ricos tiene que haber pobres, que son dos caras de la misma moneda, que ambos extremos se determinan, y hemos puesto infinidad de ejemplos al respecto, y lo hemos argumentado desde múltiples puntos de vista. James Petras, por su parte, afirma que "La desigualdad no es un resultado de la "tecnología" ni de la "educación" --eufemismos contemporáneos que alimentan el culto de superioridad de la clase dominante-- como les gusta decir a los economistas y periodistas liberales y conservadores. La desigualdad es el resultado de los salarios bajos, las enormes ganancias corporativas, las estafas financieras, la evasión impositiva multimillonaria y la entrega de miles de millones del tesoro público a las corporaciones". La tecnología, la educación, el saber hacer, el trabajo duro, la innovación, las capacidades, el esfuerzo personal, el riesgo, etc., son las típicas excusas con las que la clase dominante impone una visión legitimada de la desigualdad, pero no pasan de ser excusas, y lo estamos demostrando. Falacias para justificar su visión de una sociedad no equitativa, injusta, desigual, salvaje y desproporcionada, aberrante y despiadada, como la que está siendo proyectada. El primer paso es comprender sus excusas y falacias (aún nos quedan algunas por desmontar), antes de poder echar abajo todo su andamiaje, y poder proyectar otro modelo de sociedad. Continuaremos en siguientes entregas.

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27 marzo 2018 2 27 /03 /marzo /2018 23:00
Viñeta: Omar Pérez

Viñeta: Omar Pérez

En España se aceptó la monarquía sin referéndum porque las encuestas decían que la república ganaba en 1977, lo dijo Suárez en 1995, se aceptaron los pactos de la Moncloa que sirvieron para que la clase obrera pagara la crisis económica hundiendo la capacidad adquisitiva del proletariado español, el E.T. anuló las conquistas que el movimiento obrero arrancó al franquismo, se aceptó un modelo de Estado uninacional, renunciando al carácter multinacional de España que Dolores Ibárruri defendía en 1970 y que el PSOE también defendió en la lucha antifranquista, se aceptó la economía de libre empresa y libre mercado renunciando al cambio de las relaciones de producción capitalistas, se aceptó las instituciones de la guerra fría (UE y OTAN), se introdujeron las primeras políticas neoliberales junto al thatcherismo en Gran Bretaña…

Miguel Ángel Montes

Y en efecto, todo lo que nos cuenta Miguel Ángel Montes en la cita de entradilla cuadra perfectamente con el desprecio que sufrimos hacia nuestros derechos políticos, civiles, sociales, económicos, culturales y medioambientales. En la entrega anterior ya citamos cómo de hecho nuestro texto constitucional distingue claramente entre el grueso de los derechos sociales y el resto, y sacamos como conclusión (siguiendo a Manolo Monereo y a Héctor Illueca en su libro "España. Un Proyecto de Liberación") que comparada con las garantías que nuestra Constitución reserva al breve catálogo de derechos fundamentales y libertades públicas, la protección dispensada a la mayor parte de los derechos sociales supone "una tutela devaluada y completamente dependiente de su desarrollo legislativo" (en palabras de los citados autores). Por su parte, y en reiterada jurisprudencia al respecto, el Tribunal Constitucional ha llevado hasta sus últimas consecuencias esta devaluación de los derechos sociales, negando incluso que se trate de auténticos derechos subjetivos y afirmando que carecen de la nota de aplicabilidad inmediata que caracteriza a los derechos constitucionales. En última instancia, y ante el flagrante ataque que los mismos han sufrido durante estos últimos años, hemos de concluir que los derechos sociales en nuestro país han sido reducidos a la condición de principios meramente orientadores de las políticas públicas. Esto es lo que precisamente ha de evitar el Proceso Constituyente y la nueva Constitución de él derivada, definiendo todo el blindaje y el marco normativo precisos para que los derechos sociales en el Estado Español no puedan ser recortados, ignorados, o no garantizados para el conjunto de la ciudadanía.

 

No es cierto, a tenor de todo lo expuesto, que nuestro país sea un verdadero Estado Social, tal como abiertamente la Constitución proclama. Y ello básicamente porque nuestro país ha ido abrazando cada vez más un nuevo orden social completamente dominado por el mercado, expresado bajo una continua tendencia hacia nuestra integración en modelos económicos fanáticamente neoliberales. En este orden de cosas, es justo reconocer que nuestra integración en la Unión Europea ha servido de acicate para dicha evolución. En efecto, la UE y sus órganos de gobierno han demostrado en numerosas ocasiones (el más evidente quizá sea el caso de Grecia) ser un espacio económico supranacional específicamente diseñado para convertir el neoliberalismo en la base del orden social imperante, con valor incluso legalmente constitucional (véase al respecto la indecente reforma del artículo 135 efectuada por acuerdo entre PP y PSOE durante el verano de 2011). De ahí que el Proceso Constituyente haya de plantearse también la conveniencia de continuar perteneciendo tanto a la UE como a la zona monetaria del euro. La Comisión Europea insta y jalea a nuestros gobernantes para que emprendan aberrantes contrarreformas sociales y laborales, las cuales han instalado la precariedad en el centro de nuestras vidas. Los autores de referencia afirman: "Esta precarización de la existencia no es un fenómeno meteorológico ni una casualidad sin responsables, tampoco la consecuencia "natural" de una crisis económica cíclica e inevitable. Es más bien el resultado de una intensa actividad reformista conscientemente desplegada por el poder público, y de la que resultan efectos devastadores: la clase trabajadora se encuentra completamente subordinada a la eficiencia económica y a las cambiantes circunstancias de la vida empresarial. Las garantías recogidas en el Estatuto de los Trabajadores de 1980 parecen hoy una lejana utopía".

 

El Proceso Constituyente debe insistir en la idea de refundar un Estado fuerte que regule eficazmente el mercado, que redistribuya justamente la riqueza, que planifique el desarrollo económico y que defienda los intereses de las mayorías sociales del país. Hay que situar al Estado en el puesto de mando de la economía, y hay que volver a dotarle del papel de último garante del trabajo. Y en la base de todo este planteamiento, el Proceso Constituyente debe reclamar y definir un nuevo contexto plenamente democrático. Recordemos en este sentido que precisamente las demandas para una democracia plena y real fueron mayoritarios lemas inspiradores del Movimiento 15-M. Democracia popular, democracia representativa (con una nueva propuesta de Ley Electoral), democracia decisoria, democracia revocatoria y democracia económica deben ser los pilares fundamentales donde se asiente un sistema democrático pleno, en vez de una democracia de baja intensidad como la que ahora padecemos. Desde la Transición política llevada a cabo tras el franquismo, sus paladines (muchos de ellos franquistas de toda la vida reconvertidos en falsos demócratas) nos quisieron convencer de que en nuestro país gozábamos de un sistema democrático, pero esto no es así. Es "democrático" sólo porque votamos cada cuatro años, y porque ya no estamos sometidos a la violenta tiranía de un sistema totalitario y fascista como el de Franco, pero de ahí a vivir en democracia real va un abismo. José López, uno de los autores más didácticos surgidos en los últimos años, y del cual recomendamos la lectura de su obra completa, nos perfila el marco de la democracia real en este artículo, del cual extraemos el siguiente pasaje: "No habrá democracia real sin elegibilidad y revocabilidad de todos los cargos públicos (empezando por el Jefe del Estado), sin referendos frecuentes y siempre vinculantes, sin efectiva separación de todos los poderes (incluidos la prensa y el poder económico), sin una prensa libre y plural, sin la obligación por parte de los partidos políticos de cumplir sus programas electorales (los cuales deben ser contratos sagrados con sus votantes), sin transparencia a todos los niveles, sin una ley electoral donde cada voto valga igual...". 

 

El Proceso Constituyente deberá sentar las bases de esta democracia real porque estamos convencidos de que es el régimen político más avanzado, incluyendo principios de profunda transformación social, reformas económicas, educación pública y laica, y mecanismos de democracia instalados a todos los niveles de las Administraciones, así como en la empresa privada. Una democracia real que conceda el valor a lo público, a los bienes comunes, y que prohíba toda forma de saqueo, expolio o enajenación de los mismos. Una democracia real que renuncie expresamente a la guerra como mecanismo de solución a cualquier conflicto, y que respete profundamente la plurinacionalidad de todos los pueblos que forman el Estado Español, un Estado al que aspiramos que sea verdaderamente Social, pero también Democrático, Republicano, Federal, Laico, Socialista, Participativo y Solidario. Y todo ello así, en mayúsculas, pues son conceptos que están a escalas muy altas. Un Proceso Constituyente que también nos aleje del imperialismo yanki, de la Unión Europea de los mercados, de la OTAN y de todos sus aliados autócratas de Oriente Medio, que son los principales protagonistas de las múltiples y violentas guerras de rapiña, de conquista y de saqueo de recursos naturales. Pero el neoliberalismo que seguimos a pies juntillas nos conduce también como estamos viendo al desmantelamiento de los principios del Estado del Bienestar, en base a proclamar a los cuatro vientos la ineficiencia de lo público. Igualmente, las arcas públicas quedan hipotecadas por una demencial e insostenible deuda pública (cuyo pago prioritario ha sido elevado a precepto de rango constitucional) y por sus intereses, y se procede a un acoso y derribo de los derechos laborales, aumentando la explotación de los/as trabajadores/as mediante crueles contrarreformas laborales que abaratan el despido y legalizan el trabajo precario.

 

El Proceso Constituyente, a la vez que blinda el conjunto de derechos políticos, civiles, sociales, económicos, culturales y medioambientales, debe sentar las bases para impedir por ley la precariedad laboral. Y todo ello debe venir enmarcado en un sistema que recupere los valores y principios republicanos de pacifismo, antiimperialismo, democracia real y recuperación de las conquistas sociales y obreras arrebatadas. La pregunta del millón sería: ¿es posible conseguir todo ello sin desviarse de la perspectiva capitalista? Nosotros pensamos que no, por lo cual hay que aspirar al socialismo como nueva perspectiva económica, poniendo en jaque el servilismo al imperialismo norteamericano, a la arquitectura europea, y a las políticas de "austeridad". De esa forma será posible no sólo recuperar la fuerza del ámbito público y las conquistas sociales, sino además conseguir todo ello bajo la perspectiva feminista y ecologista, es decir, combatiendo el patriarcado y respetando profundamente a la naturaleza en toda su extensión: recursos naturales, aire, bosques, mares, ríos, y modelos energéticos limpios y renovables que sean compatibles con todo ello. Llegados a este punto, espero que los lectores y lectoras que están siguiendo esta serie de artículos tengan más claro por qué un simple reformismo constitucional no es viable, si queremos alcanzar los objetivos que aquí estamos exponiendo. Es el motivo por el cual necesitamos un Proceso Constituyente que debata de todo y sobre todo, que ponga en solfa todos los principios donde se ha basado hasta ahora nuestra convivencia, para a partir de dicho ejercicio, ser capaces de definir, diseñar y alcanzar un nuevo proyecto de país. Continuaremos en siguientes entregas.

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26 marzo 2018 1 26 /03 /marzo /2018 23:00
Fuente Viñeta: taringa.net

Fuente Viñeta: taringa.net

El morbo es uno de los motores de la audiencia y ninguna cadena está dispuesta a perder un buen crimen con agresión sexual para ganar unos puntos de share

Javier Pérez de Albéniz

Estamos asistiendo a una nueva vuelta de tuerca en lo que pudiéramos designar como "folletín criminológico", una categoría perteneciente a la más general de la telebasura, y en la cual los medios de todas las cadenas, públicas y privadas, compiten entre sí a ver quién es capaz de ofrecer la "información" más completa, que en estos casos se traduce en captar audiencias en base al morbo, y al espectáculo que supone contar en televisión todos los detalles de los casos más escabrosos y aberrantes de nuestra crónica negra. Es evidente que un programa informativo ha de contarnos la crónica de sucesos, pero si este apartado se desvirtúa y no sólo se coloca en primera página informativa, sino que además se le dedica un tiempo desmesurado a contar sus detalles, mientras se resta tiempo a la exposición de otras noticias y reportajes ciertamente interesantes de cara a la opinión pública, el asunto ya pasa a la esfera de lo preocupante. Y no contentos con la amplia dedicación que realizan los programas informativos, las emisoras de radio y televisión dedican amplios programas especiales donde preparan platós, desplazan a invitados, colocan sus unidades móviles y periodistas en los lugares "de la noticia", y nos cuentan hasta los más escabrosos detalles del caso. Y a todo esto lo llaman "información". Más bien debiéramos llamarla alienación, pues mientras la población está entretenida con estos detalles, se va olvidando de otros asuntos importantes. 

 

Suelen ser programas monográficos, donde invitan a expertos en estas materias del dolor y del sufrimiento, conectan el caso en cuestión con otros, participan familiares de las víctimas, que van conociendo en tiempo real los avances conseguidos en la investigación, y las detenciones que se van practicando sobre la marcha. Todo un espectáculo televisivo donde se exhiben sin pudor la rabia, el dolor, la miseria, la indignación, la pena, el llanto...Todas las sensaciones y sentimientos humanos que debieran quedar en la intimidad, son expuestos al gran público de las audiencias televisivas, eso sí, con grandes espacios publicitarios en medio, que lo cortés no quita lo valiente. A los artífices de estos programas los llaman "periodistas de investigación", cuando en realidad son profesionales de la carroña que viven de enseñar la intimidad de las vidas ajenas, y de exponer sin contemplaciones hasta el último detalle que pueda rellenar espacios de la parrilla televisiva, o bien tiempo de telediario. Sin ir más lejos, días atrás se le reservaba algo más de dos minutos al resumen del debate político que había tenido lugar en el Congreso de los Diputados, mientras se le reservaban más de 15 minutos a los avances en la investigación del caso del niño Gabriel Cruz. Y es que al igual que la desorbitada información deportiva (en realidad información futbolística), este tipo de noticias despierta los más bajos instintos, y mantiene a la audiencia pendiente del televisor atrapada en los detalles, alienada en la perversidad del caso, ajena a otros asuntos importantes de los que deberíamos tener más amplia información. 

 

Este tipo de telebasura espectáculo-folletinesca está sustituyendo a otro tipo de programas que sí determinan la calidad de un cadena de televisión, tales como reportajes, cine, debates, series, entretenimiento, etc. Hoy día la mayoría de los programas se circunscriben a lo que se ha dado en llamar el "Talent Show", una nueva especialidad de los reallity donde los concursantes han de exhibir sus peripecias o capacidades artísticas, o bien a concursos-espectáculo monográficos, como los dedicados a la cocina, o a los nuevos jóvenes talentos de la canción. Crónica de folletín morboso y espectáculo. No hay más en nuestro pobre espectro televisivo. Y mientras los propios medios se jactan después de las audiencias alcanzadas, en porcentaje o cuota de "share", los telespectadores se embrutecen a marchas forzadas, y los directivos de las grandes empresas de mass media que están detrás de todo el entramado de las cadenas televisivas, emisoras de radio y periódicos continúan enriqueciéndose con dichas audiencias. El tema de fondo a que alude esta telebasura es bien sencillo: poner el foco de atención en asuntos mundanos, traer a primer plano las miserias humanas, las íntimas cotidianidades, para hacer olvidar las causas justas, importantes y revolucionarias. ¿Es que acaso el niño Gabriel ha sido el único asesinado en nuestro país en los últimos tiempos? El periodista Jesús Moreno nos ofrece en este artículo el siguiente dato: durante 2017 fueron asesinados nueve niños a manos de sus padres o de las parejas de éstos. Entre ellos, dos bebés recién nacidos, según datos del Consejo General del Poder Judicial. 

 

Y la pregunta es: ¿tuvieron tanto eco mediático estos casos? Parece por tanto que no sólo es una tónica habitual de los medios de comunicación, sino que además los oscuros procesos de programación ponen el exagerado foco en ciertas noticias no por su intrínseca gravedad, sino porque obedecen a un proceso de manipulación de las audiencias. Simplemente, interesa. Interesa a los políticos, a los grandes directivos, a esos poderosos empresarios que están detrás de las cadenas que nos cuentan esos detallosos reportajes, o que son responsables de la vuelta a la parrilla televisiva de cierto tipo de programas. La manipulación periodística y televisiva hoy día es ciertamente brutal. Obedece a profundos objetivos políticos y sociológicos. Se manipulan las noticias, se manipulan los datos, se manipulan los sondeos y las encuestas, se manipulan los tiempos televisivos, y sobre todo, como hemos dicho, se transforma la vocación informativa, cultural y de entretenimiento que debe ofrecer todo medio de comunicación en pro de una labor de alienación y de manipulación de las audiencias. La razón por tanto para esta obsesión por el folletín criminológico por parte de los medios es bien sencilla: ocultar la información interesante, desviar el foco de atención, desvirtuar la función social de los medios, embrutecer a la población en base a exponer sin la más mínima ética profesional todos los detalles de la vida íntima de las personas. Hemos de recuperar la función divulgativa de los medios, pero dentro de unos límites que nos permitan no caer en el morbo, en la invasión de la intimidad, en los escabrosos detalles, en la llamada a las tripas, en vez de al cerebro y al corazón. La actividad de los medios de comunicación es fiel reflejo de la sociedad alienante en la que vivimos. Pero quién fue primero: ¿la gallina o el huevo?

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25 marzo 2018 7 25 /03 /marzo /2018 23:00
Fuente Viñeta: http://www.elsalmoncontracorriente.es

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Cuando salimos a la calle vemos comercios de todo tipo: supermercados, carnicerías, panaderías, tiendas de móviles, aseguradoras, sucursales bancarias… lugares que tendemos a englobar inconscientemente en la misma categoría, dado que comparten el mismo tipo de exposición en la calle, y la dinámica común de que son lugares en los que una persona entra a hacer algo. Son lugares que no son un misterio para nadie. No obstante, en el caso de las sucursales bancarias, mucha gente no tiene ni la más remota idea de lo que se mueve en la trastienda, detrás de los números y porcentajes

Vicente Soria

Continuando con la Banca Armada (ya citamos la génesis de esta expresión en entregas anteriores), vamos a tomar como referencia algunos datos e informaciones que nos deja Vicente Soria en este artículo para el medio "El Salmón Contracorriente", y que nos introduce en el alucinante mundo de las inversiones bancarias en el campo de las armas nucleares. Tanto la imagen como la cita de entradilla están tomados de dicho artículo. Y es que la gran banca privada (paradigma del más execrable negocio) hace negocio con todo y por todo el mundo, sin importarle ninguna consideración añadida. De ahí que de forma directa o indirecta, no hay entidad financiera (incluyendo aseguradoras, fondos de inversión y empresas relacionadas) que se resista a obtener algún mínimo rendimiento derivado de la participación en el sector del complejo militar-industrial, incluyendo a las empresas de armamento nuclear, en el mercado global. Algo de conciencia contraria a estas inversiones aberrantes se están viendo en las diversas reuniones de sus Juntas Generales de Accionistas, pero la fuerte objeción a este asunto por parte de quienes poseen alguna proporción en la propiedad bancaria está aún, por desgracia, en pañales. Desde el año 2010 el Centre Dèlas publica informes periódicos muy interesantes sobre toda esta problemática, y desde el año 2011 contamos también con diversas investigaciones en el ámbito del armamento nuclear. La organización PAX junto con otras organizaciones y la campaña internacional ICAN son quienes año tras año elaboran el informe titulado "Don't Bank on the Bomb", analizando y actualizando los vínculos entre el sistema financiero y las empresas fabricantes de armamento nuclear.

 

Ambas organizaciones y sus respectivas campañas se centran en señalar y denunciar el aspecto de la financiación, ya que sin ésta, obviamente, la industria armamentística tendría serias dificultades para seguir con su negocio. Vayamos a las cifras y a los protagonistas para las entidades españolas: a día de hoy, el BBVA sigue siendo el banco español más involucrado en este negocio con 2.820 millones de euros (hasta la fecha de redacción del informe). Concretamente, la entidad que preside Francisco González colabora en dos de los tres préstamos que se otorgaron a la empresa norteamericana Boeing, empresa que abastece, repara y realiza el mantenimiento, tanto en el ejército norteamericano como en el ejército británico, de misiles Trident II-D5, misiles balísticos intercontinentales para submarinos M51, siendo capaz, cada misil, de lanzar 12 cabezas nucleares a 12 objetivos distintos. Asímismo, el BBVA participa en la emisión de bonos de empresas como Aecom, parte activa en el mantenimiento de la infraestructura de Nevada National Security Site, un complejo clave en EE.UU. para la producción de armas nucleares. Al igual que con otras empresas como por ejemplo Airbus Group o Honeywell International, especializadas en la fabricación de submarinos-lanzadera M51, así como en los circuitos de los citados misiles Trident II. Al BBVA le sigue en este indecente ránking el Banco Santander, que mantiene la segunda posición desde hace varios años, con una inversión en el sector de 1.490 millones de euros. La entidad que dirige Ana Patricia Botín mantiene préstamos desde el año 2012 a varias empresas, tales como Safran, empresa francesa que desarrolla submarinos M51 para el transporte y el lanzamiento de misiles de cabezas nucleares.

 

El tercer lugar en cuanto a bancos españoles vinculados a empresas de armamento nuclear es para el Banco Sabadell, que con unos 26 millones de euros también saca tajada de este negocio. Concretamente, la entidad presidida por Josep Oliu participa con 17 y 12 millones de dólares en dos préstamos otorgados a la empresa Orbital ATK. Esta empresa estadounidense dedica parte de su actividad en la construcción de cohetes de propulsión para los misiles Trident II. En los tres casos expuestos (BBVA, Santander y Sabadell) el grueso de su implicación con dichas empresas armamentísticas se basa en la concesión de préstamos, pero también en la emisión de bonos y en la gestión de acciones de las mismas. Todo ello, es de justicia recordarlo, mientras mantenían cerrado el crédito para las pequeñas y medianas empresas de actividades diversas que enriquecen la economía real y productiva, lo que ha provocado el cierre de miles de ellas, y el subsiguiente paro masivo de sus correspondientes trabajadores/as. Todavía existe una gran carencia de información oficial de cara a la opinión pública en torno al uso, producción, comercialización y almacenamiento de armamento nuclear, así como de las inversiones existentes en las diversas empresas que producen este tipo de armamento. Vicente Soria finaliza su referido artículo en los siguientes términos, que suscribimos plenamente: "No podemos permanecer inertes frente a estas fechorías del sector financiero en general y de la banca en particular, y más cuando estas entidades nos rodean impunemente cuando caminamos por la calle, en nuestro día a día. La información referente a este tipo de informes debe ser difundida para que el público en general conozca dónde se invierte el dinero que depositan en sus cuentas bancarias (...). No podemos permitir que sigan jugando en bolsa --también-- con la posibilidad de obtener beneficios por la venta de armamento. No olvidemos que detrás de esas caras sonrientes con dientes blancos perfectamente alineados de los anuncios publicitarios, puede encontrarse un misil con capacidad para almacenar cabezas nucleares".

 

La realidad que tenemos que denunciar y a la que tenemos que enfrentarnos es que el lobby industrial-militar es ciertamente muy poderoso. ¿Quiénes lo forman? Pues siguiendo la definición de este artículo: "Con la denominación de lobby militar-industrial nos referimos al conjunto de organizaciones que rodean el militarismo entendido como la influencia de lo militar sobre lo político, es decir, las industrias de armas, los accionistas, las corporaciones financieras con fuertes intereses en ellas, los políticos que defienden esos intereses y que a su vez se encuentran vinculados a las industrias de guerra, los altos mandos de las fuerzas armadas, muchos de los cuales también tienen estrechos vínculos con las empresas de armas, las empresas de insumos y servicios que suministran a las fuerzas armadas, y finalmente, los organismos multilaterales militares donde también confluyen los intereses de todas las organizaciones anteriormente detalladas. Todos ellos son los beneficiarios directos de la inercia política que invade los países del mundo industrializado en favor de mantener un importante gasto militar para favorecer sus intereses particulares". Buena prueba de la potencia de este lobby lo constituyen los elevados gastos militares, la opacidad y ocultación con respecto a ellos, así como la práctica de las puertas giratorias. Por supuesto, nuestro país no es el único en padecer las nocivas influencias de este poderoso lobby, ya que es un fenómeno muy extendido por todo el mundo. La senda del pacifismo ha de acabar con dicha influencia, pues de lo contrario las políticas militaristas no cambiarán. Este lobby militar-industrial está detrás de las decisiones políticas en cuanto a Defensa, y en general, influye poderosamente en las directrices militares que se toman en el país.

 

Y uno de los ámbitos donde dicha influencia se manifiesta es el ámbito educativo. De hecho, la integración de la cultura militar en la educación viene experimentando un gran auge durante los últimos años. En palabras de Salvador Esteban, autor de este artículo para el medio Diagonal: "Los valores militares y la cultura de la defensa cada vez penetran más en la sociedad, auspiciados por una estrategia política que distintos colectivos califican como adoctrinamiento". Porque entonces, ¿cómo podríamos llamar a la inmersión que se hace a estos alumnos en los conceptos de patria, bandera, himno, Rey, etc., con los que ilustran sus clases? Bajo el objetivo de que los escolares conozcan cómo es el Ejército, diversas campañas institucionales están introduciendo estos contenidos en los planes de estudios de nuestros jóvenes. Y así, las fuerzas armadas se ofrecen a nuestros estudiantes como una alternativa laboral y educativa más, inculcando la cultura militar y haciendo comprender a la sociedad la necesidad de los Ejércitos para garantizar su protección ante las supuestas amenazas que nos acechan. Se intenta proyectar de esta forma un modelo de educación que asuma la guerra y la violencia como modo de vida. Se fomentan así una militarización del lenguaje, la justificación para la existencia de los Ejércitos, una construcción social del enemigo, etc., todo lo cual va forjando lo que Jordi Calvo Rufanges ha denominado como "la militarización de las mentes", en una acertada expresión, utilizada en la obra colectiva que intenta denunciar toda esta campaña. En vez de todo ello, lo que debiéramos fomentar en nuestros escolares es la cultura de la paz, de la fraternidad, de la empatía, de la cooperación y de la ayuda al desarrollo. Hace falta por tanto un proceso de desmilitarización de la educación, ya que la senda del pacifismo nos insta a formar a nuestros jóvenes justamente en los valores contrarios. Continuaremos en siguientes entregas.

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23 marzo 2018 5 23 /03 /marzo /2018 00:00
Viñeta: Dariusz Dabrowski

Viñeta: Dariusz Dabrowski

Los dueños del capital no tienen color de bandera: su único himno nacional es el billete de banco, que se tiñe de rojo (sangre) cuando alguien se les opone

Marcelo Colussi

Los grandes agentes empresariales también diseñan sus propios foros mundiales, donde se suelen reunir anualmente para intercambiar sus experiencias, planes y opiniones. Quizá el más famoso de todos sea el denominado "Foro de Davos" (por celebrarse anualmente en dicha ciudad suiza), considerado el gobierno mundial de los negocios. Como nos cuenta Alberto Acosta en este artículo para el medio digital Rebelion.org, este Foro Económico Mundial fue fundado en 1971 por Klaus M. Schwab (Profesor de Negocios Internacionales en Suiza). Este foro reúne en enero de cada año a diversos representantes de organismos internacionales (FMI, BM, OMC, OCDE...), diversas organizaciones políticas, económicas y sociales a nivel mundial, junto a diversos líderes empresariales, políticos, periodistas e intelectuales seleccionados por los propios organizadores del evento. Este Foro de Davos organiza charlas, talleres, mesas redondas, coloquios, presentaciones, discusiones y banquetes donde los más poderosos del mundo (y sus temibles voceros y vasallos) buscan "soluciones" a los problemas globales que ellos mismos van creando y diseñando. En palabras de Alberto Acosta: "Problemas a los cuales aplican viejas recetas, imposibilitando cualquier auténtica solución. Y luego de una parafernalia inútil, prometen volver el próximo año a seguir pensando y discutiendo sobre esas grandes soluciones que ocultan sus reales intenciones". Bien, la pregunta que podemos plantear es la siguiente: si comparamos los planteamientos y decisiones que se puedan adoptar en Davos con (por ejemplo) las que se puedan adoptar en las sesiones de la ONU...¿cuál de las dos creen los lectores y lectoras que pesarían más?

 

No creo que ningún lector o lectora haya sido tan ingenuo/a como para pensar que pesan más las de la ONU. Porque la triste realidad es que Davos influye más en los destinos del mundo que muchas cumbres de Naciones Unidas, incluyendo sus Asambleas anuales, lo cual demuestra hasta qué punto los intereses del capital mundial pesan más que los intereses de los Estados, naciones y países del mundo. Y al igual que Davos, muchos otros foros internacionales se celebran en diversos sitios del mundo, donde los más poderosos del globo se reúnen para proteger sus privilegios y asegurar la acumulación de sus capitales, buscando siempre nuevos espacios de enriquecimiento, nuevos modos extractivistas para atentar contra la naturaleza, nuevos nichos de negocio, nuevas formas cada vez más sofisticadas para exprimir a los mercados, y nuevos dogmas neoliberales que exploten a los trabajadores y trabajadoras, creando más desigualdad entre ricos y pobres. Y mientras pergeñan sus malvados planes de "austeridad" (un eufemismo que esconde el proyectado empobrecimiento de las mayorías sociales) para las poblaciones de los países, ellos (los dirigentes de estos foros y sus asistentes y representantes y voceros) estudian cómo incrementar sus ingresos, y beneficiarse de cada vez más ventajas económicas, fiscales y presupuestarias. Sigo a continuación algunos datos aportados por Hedelberto López Blanch en este artículo para el medio digital Rebelion.org: El FMI, punta de lanza de los macro ajustes a nivel mundial, se caracteriza también por pagar abultados salarios a sus directivos. Según su memoria anual de 2013, el Fondo contaba con un presupuesto de 740 millones de euros y el 80% estaba destinado al pago de su plantilla de 2.400 empleados y el 10% para gastos de viajes. 

 

La actual Directora Gerente del FMI, la francesa Christine Lagarde, ostenta el sueldo más elevado de todos los personajes que dominan el mundo. Controla el dinero que los países aportan a la institución y determina quiénes, cómo y cuándo lo recibirán. Esta mujer lleva años predicando la reducción salarial de los trabajadores, pero desde que llegó al cargo, se incrementó el sueldo en un 11% (que hoy supera los 450.000 euros anuales), mientras los supervisores y gerentes reciben más de 300.000 euros y los directores ejecutivos unos 180.000 euros. A su elevado sueldo se suman algunas ventajas adicionales, pues al ser francesa y presidir un organismo internacional con sede en Estados Unidos, no tiene necesidad de declarar impuestos en ningún país, y dispone de un suplemento para gastos de representación que era (hace 6 años) de 58.000 euros exentos de tributación. El FMI reserva para los gastos personales de su Presidente/a un fondo que asciende a unos 65.000 euros al año, destinado a que mantenga un nivel de vida "apropiado" a su posición. Siempre debe viajar en primera clase y tiene derecho a una pensión vitalicia del 60% del sueldo cobrado, que además aumenta en función del tiempo ocupado en el cargo. Concretamente, desde el 2011 (cuando llegó a la dirección) ha recibido más de 2,2 millones de euros. Otro de los cargos más potentes es el del Presidente del Banco Central Europeo (BCE). Cuando comenzó la crisis en 2007, el cargo tuvo un incremento salarial del 2,6% y fue subiendo paulatinamente en 1,9% en 2008, 2,5% en 2009, 2% en 2010 y 0,8% en 2011 y 2012, mientras predicaban por tierra, mar y aire la austeridad más férrea para la clase obrera y los sectores más vulnerables de las poblaciones. Desigualdad obscena, pero además proclamada y descarada. Desigualdad abierta y sin tapujos. 

 

En la actualidad, el ex Presidente del BCE, Jean Claude Trichet, recibe un sueldo anual de 367.800 euros libres de impuestos. Por su parte, el Vicepresidente del BCE de entonces, Víctor Constancio, recibió en 2013 un salario de 324.214 euros, y Mario Draghi, al frente del BCE, ganó alrededor de 389.000 en 2016, un 1% más que en 2015. Las mejoras también se han aplicado a los sueldos del resto de los miembros del Consejo Ejecutivo del BCE, que vieron incrementarse sus salarios a 270.168 euros anuales. La estructura salarial del Banco Central Europeo prevé que sus ejecutivos perciban prestaciones por residencia y representación. El Presidente dispone de una residencia oficial propiedad del BCE para su uso particular, a la par que los miembros del Consejo Ejecutivo cuentan con derecho a representaciones tanto por residencia como para educación de sus hijos/as, así como deducciones fiscales para sus planes privados de pensiones y seguros médicos. Los salarios de todos los empleados del BCE han continuado subiendo durante todos estos años de crisis-estafa, durante los cuales el BCE era, al igual que todos los demás organismos e instituciones, otra correa de transmisión para la imposición del neoliberalismo más descarnado en todos los países europeos, en detrimento de las clases populares, y para el apoyo, rescate y enriquecimiento de las grandes empresas y de los más ricos y poderosos. Desigualdad explícita y declarada. Desigualdad institucional. Desigualdad escrita negro sobre blanco en los Tratados europeos que vinculan y limitan las funciones y responsabilidades de todos estos organismos, para que hagan exactamente lo que tienen que hacer en pro de legitimar, aumentar y perpetuar esta criminal desigualdad. 

 

López Blanch finaliza su artículo en los siguientes términos: "De esta forma se demuestra la incoherencia entre las drásticas medidas de austeridad que imponen esas instituciones y organismos financieros a los gobiernos y trabajadores del mundo mientras sus empleados y funcionarios incrementan anualmente sus salarios". Escudándose en viejos dogmas del neoliberalismo más atroz, cuyos fracasos han sido demostrados por activa y por pasiva cientos de veces, y cuyas recetas económicas han sido ampliamente superadas en diversos estudios de economistas mundiales de prestigio (incluyendo a varios Premios Nobel de Economía), estos guardianes del capitalismo globalizado, expresado en los Foros Económicos y en estas perversas instituciones, diseñan de forma macabra toda una serie de planes enfocados maliciosamente a proyectar las desigualdades, a destruir el poder de las clases obreras en todos los países del mundo, y a instalar las desigualdades sin posibilidad de retorno. Se aseguran mediante múltiples mecanismos de chantaje que sus vasallos gobernantes obedecerán sus órdenes, y como mucho, cada cierto tiempo publican informes donde reconocen ciertos "errores" de planteamiento, mientras continúan recomendando la salvaje "austeridad" que conduce al empobrecimiento masivo. Es hora ya de plantar cara a estas abyectas instituciones, es hora de rebelarse ante sus dictados y sus normas, de desobedecer los tratados europeos, y de no asumir los planes y recetas económicas diseñadas por los más poderosos, esos que mientras recomiendan leyes de austeridad (incluso a niveles constitucionales), gozan y disfrutan de vidas lujosas y de ingresos desorbitados plenamente garantizados de por vida. ¿Puede existir mayor vergüenza? Continuaremos en siguientes entregas.

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21 marzo 2018 3 21 /03 /marzo /2018 00:00
Viñeta: Artsenal

Viñeta: Artsenal

Queremos votar un nuevo país con separación de poderes, independencia informativa, control a las élites, redistribución de la riqueza, protección de los desfavorecidos, futuro para los jóvenes, servicios sociales accesibles y públicos, plurinacionalidad y democracia más representativa y participativa en la que decidamos también el modelo de Estado: monarquía o república. Queremos votarlo todo y queremos votarlo ahora

Javier Gallego

Otro asunto de suma importancia que deberá abordar el Proceso Constituyente (y reflejar en la nueva Constitución que de él surja) será el del absoluto y total blindaje de los derechos humanos (entendiendo por éstos el conjunto de los derechos políticos, civiles, sociales, económicos, culturales y medioambientales, incluidos los nuevos derechos emergentes, a los que les dedicaremos próximamente una serie de artículos separada). Y ello porque en la actual Constitución de 1978, los derechos humanos fundamentales no están lo suficientemente protegidos. Lo afirman, entre otros muchos, Héctor Illueca y Manolo Monereo en su libro "España. Un proyecto de liberación", algunos de cuyos pasajes seguiremos a continuación. Estos autores afirman que mientras los derechos individuales se encuentran plenamente positivizados en la CE 78 y gozan del máximo nivel de protección jurídica, la mayoría de los derechos sociales se consideran como simples principios programáticos, cuya eficacia práctica dependerá de lo que establezcan las leyes que los desarrollen. En este sentido, se permite cierto arbitrio a los legisladores para delimitar el alcance exacto de la aplicación de estos derechos, y es debido a ello el enorme retroceso que estamos experimentando en los mismos. Ello ocurre porque en la CE 78 se plasman como una opción legislativa basada en supuestos ideológicos más que en criterios jurídicos, que se impuso irremediablemente durante el transcurso de un período de transición política hegemonizada por las fuerzas más conservadoras vinculadas con la dictadura franquista. 

 

En base a ello, el reconocimiento de los derechos sociales se plasma en un garantismo jurídico débil que resta fuerza normativa a la Constitución y otorga al legislador un amplio margen de discrecionalidad para delimitar y regular las condiciones de su ejercicio. Pero vayamos por partes, haciendo un somero repaso al planteamiento constitucional vigente. La CE 78 distribuye el conjunto de los derechos sociales contemplados en tres grandes categorías, atendiendo al nivel de protección y eficacia jurídica dispensado en cada caso. El primer grupo está constituido por un reducido elenco de derechos sociales que la actual Carta Magna eleva a la categoría de fundamentales: el derecho a la educación (Art. 27.1 CE), el derecho a la libertad sindical (Art. 28.1 CE), y el derecho de huelga (Art. 28.2 CE). En caso de vulneración de los mismos, el legislador rodea estos derechos del máximo nivel de protección y garantías constitucionales, habilitando un procedimiento preferente y sumario ante los tribunales ordinarios, así como la posibilidad de interponer recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional (Art. 53.2 CE). Además, en este ámbito rige una estricta reserva de ley orgánica, cuya aprobación exige el pronunciamiento favorable de la mayoría absoluta del Congreso (Art. 81 CE). Por último, la (posible) reforma constitucional en torno a estos preceptos se canaliza a través del procedimiento extraordinario establecido en el artículo 168 CE, que, entre otros preceptos, exige una mayoría de dos tercios de ambas Cámaras y su ratificación mediante referéndum, para poder llevarlas a cabo. Como estamos viendo, por tanto, su nivel garantista es ciertamente elevado. 

 

Pero frente a la protección extraordinaria que nuestra Constitución otorga a dichos derechos fundamentales, existe un segundo grupo de derechos que reciben un nivel de protección ordinario o intermedio, relevante y significativo desde un punto de vista jurídico, pero mucho menos eficaz y garantista que el expuesto anteriormente. Tal es el caso del derecho al trabajo (Art. 35.1 CE), el derecho a la negociación colectiva (Art. 37.1) y el derecho a adoptar medidas de conflicto colectivo (Art. 38.2). De acuerdo al Art. 53.1 CE, estos derechos vinculan a los poderes públicos y se encuentran sometidos al principio de reserva de ley ordinaria, que en todo caso debe respetar el contenido esencial de los mismos so pena de inconstitucionalidad. Para este caso, la (posible) reforma constitucional sigue el procedimiento ordinario estipulado en el Art. 167 CE, lo que significa que, en última instancia, podrá ser aprobada por mayoría de dos tercios del Congreso de los Diputados y mayoría absoluta del Senado, debiendo someterse a referéndum cuando así lo soliciten al menos una décima parte de los miembros de cualquiera de las Cámaras. Finalmente, junto a los derechos fundamentales y a los derechos de los ciudadanos (como estamos viendo expresados en un catálogo muy breve), nuestra actual Carta Magna añade un último grupo de derechos específicamente sociales que apenas gozan de protección jurídica, y se encuentran incluidos en el Capítulo III del Título I, bajo el epígrafe "Principios rectores de la política social y económica". Es evidente que el Proceso Constituyente deberá consensuar las transformaciones necesarias para que una nueva Constitución refleje el conjunto de derechos sociales, económicos, políticos, civiles, laborales, culturales y medioambientales de forma más estricta, garantista, completa y coherente. 

 

En lo que sigue, y tomando como referencia a los autores citados, pero aportando también nuestra visión, vamos a anotar a título ejemplificativo los principales derechos sociales incluidos en dicho Capítulo de nuestra Carta Magna, reparando sobre todo en la flexibilidad de la fórmula empleada por el legislador constitucional que, salvo excepciones, recurre a mandatos de carácter programático y encomienda a los poderes públicos el establecimiento y desarrollo de las condiciones que deben regir su ejecicio:

 

1.- Los poderes públicos "aseguran la protección social, económica y jurídica de la familia" (Art. 39.1 CE). Frente a ello, la protección social familiar es cada vez más escasa, y la económica no se garantiza en absoluto. Los cómputos de las "unidades familiares" sólo se tienen en cuenta en este sentido para asignar indecentes cuotas de ingresos que conducen a la miseria y a la pobreza a millones de familias. Por otra parte, las condiciones económicas negativas también están conduciendo a niveles bajos de natalidad, con lo cual evolucionamos hacia pirámides sociales muy peligrosas. Todo ello sin citar la conservadora visión de los modelos de familia aún imperantes, dominados todavía por la enorme influencia (negativa) de la Iglesia Católica. 

 

2.- Corresponde a los mismos velar "por la seguridad e higiene en el trabajo" y garantizar "el descanso necesario, mediante la limitación de la jornada laboral, las vacaciones periódicas retribuidas y la promoción de centros adecuados" (Art. 40.2 CE). Sin embargo, la realidad nos informa de que los accidentes laborales son cada vez mayores en número y en gravedad, de que la siniestralidad laboral va en aumento, y de que las empresas continúan violando los preceptos de la seguridad laboral. Y si hablamos de descansos, vacaciones y conciliación, las cifras son aún más deprimentes, pues la enorme e imparable precariedad laboral lo inunda todo, y contribuye a que los sueldos sean más bajos, la protección social más escasa, la temporalidad más alta, y las cotizaciones más limitadas. El resultado final es un peligroso cóctel explosivo de cara al mantenimiento de una mínima estabilidad y paz social, y de que el trabajo siga siendo un vehículo de realización y felicidad humana, así como un aporte al mejoramiento de la comunidad. 

 

3.- Los poderes públicos "mantendrán un régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente en caso de desempleo" (Art. 41 CE). Abundando en el punto anterior, las situaciones de desempleo cada vez están menos cubiertas, han aumentado las edades mínimas para poder percibir subsidios indefinidos, los períodos de desempleo son cada vez mayores, y las condiciones que se necesitan para consolidarlos son cada vez más exigentes. 

 

4.- Se reconoce y ampara "el derecho a la protección de la salud" (Art. 43.1 CE). No obstante, compete a los poderes públicos "organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios" (Art. 43.2 CE). Pero sin embargo, el sistema sanitario público está sufriendo una peligrosa escalada de acoso y derribo, mediante un ataque combinado a base de privatizaciones, recortes materiales y humanos, disminución presupuestaria, y endurecimiento de las posibilidades de acceso a un sistema universal de salud, absolutamente público y gratuito. 

 

5.- Los poderes públicos "promoverán y tutelarán el acceso a la cultura" (Art. 44.1 CE). El frente de la cultura ha sido también atacado, no sólo mediante recortes encubiertos y explícitos a la libertad de expresión (la ley mordaza a la que hace referencia la imagen de entradilla es un buen ejemplo de ello, y afecta también al arte y a la cultura en general), sino también en cuanto a reducciones presupuestarias para asuntos culturales, y elevación de los impuestos (como el IVA cultural) que se aplican a determinados espectáculos. Por su parte, los medios de comunicación públicos no realizan una tarea cultural adecuada de cara a la posible audiencia.

 

6.- Se reconoce el derecho a disfrutar de "un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona" (Art. 45.1 CE), correspondiendo a los poderes públicos velar "por la utilización racional de todos los recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de vida y defender y restaurar el medio ambiente" (Art. 45.2 CE). Pero la realidad nos muestra que la deriva de las últimas décadas nos conduce a peligrosos derroteros donde la contaminación, las emisiones de gases, y sobre todo, el poco (o nulo) respeto que se infunde a la naturaleza (abanderado por las aberrantes prácticas empresariales) y a los animales, protagonizan el escenario diario de nuestro medio ambiente. 

 

7.- Se reconoce y proclama el derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada, encomendándose a los poderes públicos la misión de promover "las condiciones necesarias y [...] las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho" (Art. 47 CE). Pero en cambio, la evolución de los últimos años ha sido la de considerar la vivienda como un lujo al alcance de unos pocos, promoviendo la mercantilización de lo que es un derecho humano fundamental, para el enriquecimiento de los bancos, y de las empresas constructoras e inmobiliarias. Miles de desahucios continúan produciéndose cada día, mientras no se fomentan las verdaderas viviendas de alquiler social, accesibles al conjunto de la población de una forma estable. 

 

8.- Los poderes públicos "garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad" (Art. 50 CE). Pues precisamente en el momento de escribir esta entrega, tenemos a los pensionistas de todo tipo y lugares del país protagonizando masivas manifestaciones, porque sus pensiones precarias los están empobreciendo a marchas forzadas. No se lleva a cabo una justa revalorización, ni se garantizan unas pensiones mínimamente dignas para estas personas, que son otro de los colectivos más atacados por la ofensiva neoliberal disfrazada de "crisis económica". 

 

Como vemos, el Proceso Constituyente necesitará completar, reorganizar, ampliar, consensuar, garantizar, expresar, recoger y matizar de forma más concreta todo el conjunto de derechos recogidos en el presente artículo (y muchos otros que iremos comentando), para poder ofrecer una nueva Constitución mejorada en todos estos aspectos. Es absolutamente necesario el blindaje constitucional de todo el rango de derechos humanos, catalogados en sus diferentes especialidades, para poder garantizar que ningún Gobierno pueda atentar contra ellos. Continuaremos en siguientes entregas.

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19 marzo 2018 1 19 /03 /marzo /2018 00:00
Viñeta: Mary Zins

Viñeta: Mary Zins

Los EE.UU. y la U.E. practican la “guerra total” desde los cielos, sin perdonar ningún ámbito de la vida civil cotidiana. Bombardean barrios, mercados, infraestructuras vitales, fábricas, escuelas y centros sanitarios. La consecuencia de sus bombardeos diarios y “normales” es la eliminación total de las propias estructuras necesarias para la existencia civil, provocando la desposesión masiva y la migración forzosa de millones de personas que buscan su seguridad

James Petras

En efecto, nada de eso les importa si consiguen alimentar al negocio de la guerra, si consiguen explotar los recursos naturales de los países devastados, si consiguen que crezca el complejo militar-industrial. Y no les importa, por supuesto, la enorme deuda militar generada por los desorbitados gastos en Defensa, una deuda a todas luces ilegítima y odiosa. Y la opinión pública tan contenta, bajo el difundido mantra de que son gastos necesarios para nuestra defensa. Ajena al conjunto de opacidades, ocultaciones, mentiras y subterfugios que contienen los presupuestos, muchos de los cuales ya hemos contado en anteriores entregas, la opinión pública sigue asumiendo que los gastos en defensa son absolutamente necesarios, mientras continúa sufriendo en sus propias carnes los indecentes recortes de gasto en muchas otras partidas sociales. Y mientras en las ruedas de prensa los portavoces minimizan estos gastos aparentando austeridad, se acaba gastando anualmente, desde hace más de una década, en torno a un 16% más de lo oficialmente presupuestado, lo que genera un constante sobreendeudamiento al Estado. En resumidas cuentas, mientras nos aleccionan para que comprendamos que la crisis la hemos generado nosotros, y que por tanto debe reinar la "austeridad" en las diversas partidas de gasto social, recortando en educación, sanidad, servicios sociales, desempleo, pensiones, dependencia, etc., siempre hay más dinero para armas. Pero lo hacen por la puerta de atrás, es decir, aprueban cada año un presupuesto militar insuficiente, para después durante el ejercicio aprobar créditos y otras artimañas contables (traspasos e ingresos suplementarios) para incrementar el gasto del Ministerio de Defensa. 

 

Y en el centro mismo de todas estas inversiones, en el corazón de todas ellas, nos encontramos con el gran actor económico por excelencia: la banca. Ya hemos adelantado algo sobre esta cuestión en anteriores entregas, pero lo contaremos a partir de aquí con más profundidad. Parece ser que banca y armas son un matrimonio muy bien avenido. De hecho, al complejo militar-industrial se le podría añadir un tercer elemento: bancario. Durante los últimos años las inversiones en armas de la banca española (y de la extranjera con sucursales en el Estado Español) ha experimentado un extraordinario aumento, según los sucesivos informes publicados por diversas asociaciones antimilitaristas y especializadas en el tema, como el Centre Délas, el Colectivo Utopía Contagiosa, el CADTM, Ecologistas en Acción o el Colectivo Tortuga. Se da además una circunstancia muy curiosa, como es el hecho de que precisamente los bancos que más aumentan sus inversiones en armas son aquéllos que afirman tener las mejores normativas y políticas al respecto. Parece ser que la mentira y el cinismo van de suyo. No cabría esperar otra cosa. Entre dichos bancos, nombres como el BBVA, Santander, Bankia, Banca March, Liberbank, Caixabank, Banco Sabadell o Banco Popular, sólo por citar los más conocidos. En cuanto a los bancos extranjeros, destacan los nombres de BNP Paribas, Citibank, Deutsche Bank, Barclays Bank, HSBC, Allianz, ING Bank, AXA, AIG y Bankinter, entre otros muchos. Bien, pero vayamos por partes. Hemos de comenzar por hablar del ciclo armamentista, tal como nos expone el investigador Jordi Calvo en este artículo, que seguiremos a continuación. 

 

El ciclo armamentista explica el proceso de militarización y armamentismo de las sociedades desde la propia identificación y asunción de la necesidad de las armas (por parte de la propia ciudadanía) hasta su utilización final como cualquier otra mercancía, sujeta a un determinado mercado, por muy execrable que sea éste. La necesidad surge de las supuestas amenazas a la seguridad (ya hemos discutido las falacias que se esconden detrás de ellas en numerosas entregas anteriores). Éstas a su vez sirven para justificar el gasto público militar, la producción de la industria armamentística, el comercio de armamento y la financiación de todos ellos. En primer lugar, es importante destacar que el gasto militar es financiado por los presupuestos estatales (los famosos PGE, una herramienta engañosa donde las haya), mediante los cuales ya estamos financiando toda una estructura militar humana y material capaz de utilizar la fuerza armada cuando se precise. Es decir, en primer lugar somos los propios contribuyentes los que dedicamos un porcentaje de nuestros ingresos a su mantenimiento, y esto lo hacemos sin oponernos a las directrices políticas que lo llevan a cabo (de ahí el concepto de "objeción fiscal militar", del que hablaremos en su momento). En el caso español, y siguiendo las cifras que ofrece Jordi Calvo en su artículo de referencia, hemos dedicado más de 16.500 millones de euros sólo durante el pasado año 2014, concretamente el 4% de los Presupuestos Generales del Estado, lo que supone 45 millones de euros diarios. Una parte del presupuesto militar va dedicado a ayudar a las empresas que fabrican armamento y municiones, mediante créditos públicos blandos se financia la I+D militar que sirve para fabricar las armas que acaba comprando nuestro Ejército. Sólo en España se han concedido más de 23.000 millones de euros en créditos a la I+D militar, la mayor parte de ellos provenientes del Ministerio de Industria. 

 

Pero la industria militar necesita más dinero y lo consigue, como cualquier otra empresa que se dedique a cualquier otra actividad, del mercado. ¿Y qué ofrece el mercado financiero a las empresas de armas? Pues todos los productos y servicios que ofrecerían a cualquier otra empresa, que eminentemente son: créditos, préstamos, pólizas de crédito, emisión de bonos y pagarés, ampliaciones de capital emitiendo acciones, la gestión necesaria para la compraventa de acciones en el mercado secundario, fondos de inversión que incluyen acciones de empresas de armas, e incluso asegurar y financiar las exportaciones de las mismas a otros países u organizaciones. Pues bien; quienes ofrecen tales servicios a las empresas que fabrican armas son los bancos privados. Pero todo esto lo hacen suponiendo una ayuda formidable para el mantenimiento y expansión de tales empresas. Cabe decir que las empresas que fabrican y comercializan armamento no podrían mantener el mismo nivel de negocio de no ser por la inestimable ayuda de los bancos. Solo teniendo en cuenta las empresas de armas españolas, tras analizar más de 200 industrias militares, el ratio de endeudamiento medio de las mismas llegaba ya en el año 2010 al 73%. Es decir, sin financiación bancaria las empresas de armas a lo sumo alcanzarían una cuarta parte de su producción. Si este dato fuera extrapolable a nivel mundial, podríamos concluir que habría cuatro veces menos armamento en el mundo del que realmente existe. La ecuación es lógica y sencilla: cuantas menos armas, menor posibilidad de recurrir a la violencia armada, menos víctimas y muy probablemente menos conflictos armados a nivel mundial. Pero claro, expliquémosle esto a los gobernantes y políticos estadounidenses (por poner el ejemplo más paradigmático) para comprender hasta qué punto llega su imbecilidad y su ignorancia. 

 

Banca Armada es la denominación utilizada popularmente para definir, identificar e incluir a los bancos y demás entidades financieras o de seguros que colaboran activamente con el complejo militar-industrial, que por tanto ayudan a que los niveles de armamentismo sean tan elevados, y que, en consecuencia, existan un mayor número y más destructivos conflictos armados en el mundo. La Banca Armada invierte en el negocio de las armas como en el negocio de las pipas (suponiendo que éste último fuera un buen negocio para ellos). No poseen por tanto la mínima ética necesaria para distinguir cuando un determinado nicho de inversión es de todo punto execrable como el de las armas, ni hemos diseñado un modelo social que controle hacia qué tipo de inversiones mueven los bancos su dinero. El resultado es una sociedad salvaje, incontrolada, militarizada, violenta, devastadora, agresiva y cruel, donde el dinero de la comunidad no se utiliza para que los bienes sociales se extiendan por toda la población, sino para invertirlos en los más detestables negocios, con tal de que generen grandes beneficios a sus balances contables. La Banca Armada es ciertamente muy peligrosa. Constituye un elemento clave en el entramado militar industrial. Nos demuestran que en los negocios no existe la moral. Jordi Calvo finaliza su artículo con las siguientes palabras: "Las empresas de armas hacen caja, los bancos cobran intereses por financiarlas y las víctimas las ponen, como siempre, quienes menos culpa tienen. El complejo militar-industrial es un monstruo, por tamaño y horripilante, al que es difícil enfrentarse. Si además sus tentáculos llegan al gobierno, es cuando llegamos a comprender que puede que haya guerras porque hay siempre quien se beneficia de ellas". Continuaremos en siguientes entregas.

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16 marzo 2018 5 16 /03 /marzo /2018 00:00
Viñeta: ENEKO

Viñeta: ENEKO

Desde el 2008, el conjunto de empresas españolas ha reducido en 9.800 millones de euros su contribución al PIB, soporta 32.200 millones de euros menos en costes laborales y distribuye unos 20.900 millones de euros más en dividendos

Lina Gálvez

Como estamos viendo en este bloque temático, que apenas hemos introducido, regular a las empresas se ha convertido en un desafío global para poder revertir la arquitectura de la desigualdad, y defender de esta forma los derechos humanos. La tendencia hacia la que nos lleva esta arquitectura de la desigualdad laboral es hacia una mayor desregulación de los mercados, y una aberrante mercantilización del trabajo humano, que ahora se ha convertido en "empleo", al cual se le ha despojado de todas las características propias que le conferían una mínima dignidad. La tendencia es hacia la precarización absoluta del mundo laboral, lo cual se manifiesta en bajos salarios, escasa o nula protección social, muy alta temporalidad, y una inestabilidad general que imposibilita cualquier proyecto de vida mínimamente digno. Mientras, los beneficios empresariales crecen de forma exponencial, y las normas que regulan sus actividades se vuelven cada vez más laxas. La única solución a esta peligrosa deriva es poner fin (o al menos recortar) el enorme poder corporativo, desmantelar su inmenso grado de influencia, y diseñar mecanismos para intentar establecer marcos normativos que las empresas tengan que obedecer globalmente. Básicamente, de lo que se trata es de crear normas que obliguen a las empresas a respetar los derechos humanos de forma íntegra. La lucha es difícil en este ámbito, ya que durante los últimos 40 años, en el seno de las Naciones Unidas, no han dejado de proponerse mecanismos legales para que este organismo apruebe normas internacionales de carácter vinculante para las grandes corporaciones. 

 

Como nos cuentan Erika González, Pedro Ramiro y Juan Hernández Zubizarreta en este reciente artículo, el primer intento en dicha línea se presentó en la década de los años 70 del siglo pasado, con el encargo de elaborar un código de conducta obligatorio para estas compañías, y la creación de instancias que tenían por objeto el seguimiento de sus actividades. Veinte años después no había ni código ni instancias. Todo fue desmantelado por las presiones y la oposición de las potencias económicas y los lobbies empresariales más potentes, como la Cámara Internacional de Comercio o la Organización Internacional de Empleadores. En su lugar, la ONU creó el Global Compact, basados en códigos voluntarios de conducta. En cuanto a países concretos, destaca la negativa permanente de Estados Unidos, que se ha negado sistemáticamente a reconocer cualquier votación que aprobara mecanismos para el control de las actividades empresariales. Y por supuesto, los países de la Unión Europea tampoco están por la labor. Los autores del artículo de referencia vislumbran un duro camino, aunque dibujan la senda de las alternativas y posibilidades: "La apuesta, entonces, puede dirigirse a seguir potenciando lógicas contrahegemónicas en lo local, regional, nacional y global. Algunos buenos ejemplos en este sentido son las alianzas frente a los acuerdos y tratados de comercio e inversiones, frente a las privatizaciones y por la remunicipalización de los servicios públicos, el apoyo a la huelga global de las mujeres y la lucha contra la Organización Mundial del Comercio. Todo ello, sin renunciar a la aprobación de normas internacionales de carácter obligatorio". 

 

Hay que fortalecer el potencial del Derecho Internacional sobre los Derechos Humanos, poner límites al enriquecimiento de las élites económicas (esto requiere a su vez actuar en varios frentes alternativos), y resquebrajar el poder de la aplicación de los tratados de libre comercio, y demás normas de comercio e inversiones. Pero frente a todo ello, frente a cualquier avance en este sentido, nos encontramos siempre con el enorme poderío de las grandes empresas transnacionales, muchas de las cuales manejan unos beneficios superiores al PIB de algunos Estados. Una idea fuerza que puede dar muy buen resultado es introducir cláusulas de control en los contratos que las empresas firmen con las Administraciones Públicas (a cualquier nivel), obligando en cierta forma a que éstas den garantías de un trato respetuoso con los derechos laborales, con el medio ambiente, incluso previendo la posible cancelación de los contratos cuando las compañías vulneren dicho comportamiento. La senda es fortalecer el discurso social, difundirlo por todas las vías posibles, canalizar por la vía institucional el recorte del poder empresarial, y crear leyes, convenios, normas y acuerdos a través de los cuales podamos controlar con más garantías el perverso funcionamiento de las grandes empresas. En una palabra: acabar con el nuevo imperialismo que representan estas élites económicas, a las que parece que nadie detiene. Ambos conceptos van de la mano, pues es un hecho demostrado que cuanta más riqueza se posee, más poder se necesita para su protección, defensa y ampliación. Recomiendo a los lectores y lectoras que no la hayan seguido, la consulta al primer bloque temático de esta serie (los primeros artículos de la misma), donde hablamos extensa y profundamente sobre los ricos y su poder. 

 

Jesús González Pazos lo ha explicado brillantemente en este artículo para el medio digital Rebelion.org: "...lo que señalan muchos indicadores es que la hegemonía y el control del poder ya no necesariamente se basan en el dominio territorial directo según el modelo tradicional. Al contrario, el eje central hoy sería la acumulación y concentración de poder en manos de quienes ya disponen de una insultante acumulación de capital, es decir, en las élites económicas, y esto indistintamente de su adscripción estatal, nacional o identitaria". Y así, lo importante hoy día es la concentración de riqueza en manos de poderosas empresas transnacionales de toda índole (bancarias, financieras, extractivas, de seguros, de construcción, farmacéuticas, químicas, etc.) que, desde sus respectivos Consejos de Administración (sus élites), definirán las políticas, las directrices económicas, los intereses de desarrollo, las reformas legales preferidas, etc., hasta condicionar la vida de millones de personas por todo el mundo, además de la del propio planeta en que habitamos. Es quizá la forma más extrema e insultante de la arquitectura de la desigualdad. Por todos es sabido hasta qué punto un número muy reducido de empresas transnacionales controlan hoy día la economía mundial, dictan sus prioridades y evolución, diseñan y protagonizan los más grandes foros económicos, y están presentes en los principales centros de decisión y de poder. Y por supuesto, estas mismas empresas son las que explotan y precarizan más a sus trabajadores y trabajadoras, las que más violan las leyes internacionales, las que más desprecian los derechos humanos, las que más destruyen el medio ambiente, y las que más crímenes económicos cometen. ¿Alguien da más? Desigualdad en estado puro. 

 

Y por otra parte, no nos engañemos: es innegable el paralelismo que se viene dando desde los últimos años acá entre la pérdida de soberanía de los Estados (es decir, el deterioro de la democracia) y el aumento del poder de estas grandes corporaciones. Tomando de nuevo las palabras de González Pazos: "Así hoy las grandes decisiones que se necesitan y urge tomar, como acuerdos contra el cambio climático o garantías sobre la sostenibilidad de la vida, pasando por el devenir de las guerras o los procesos de empobrecimiento de millones de personas, deben atravesar primero por el tamiz oculto de los Consejos de Administración de las grandes empresas que deciden hasta dónde se puede llegar en las principales leyes nacionales o en los acuerdos y tratados internacionales sin poner en grave riesgo sus objetivos, principios y beneficios". Para conseguir este fin, otra valiosa estrategia que utilizan estos gigantes económicos es poner de su lado a los serviles gobernantes, que en lugar de representar a sus pueblos y al conjunto de su sociedad civil, se convierten en auténticos vasallos al servicio de estas corporaciones. De esta forma, lo típico actualmente es encontrarse con políticos que dicen defender y proclamar el interés general en sus elocuentes discursos públicos, mientras a la hora de la verdad se alinean con los intereses de sus grandes empresas. Y una manifestación palpable de todo ello son los continuos procesos de privatización de servicios y bienes públicos que estos gobernantes ponen en marcha, para favorecer los intereses de sus grandes aliados empresariales. Por último, este nuevo imperialismo de las élites económicas también está detrás de las deudas de los Estados, de los Golpes de Estado llamados "blandos" (como los ocurridos en diversas variantes en Honduras, Paraguay, Brasil, etc.), y de la destrucción de los recursos naturales que destrozan la vida de comunidades indígenas, o que destruyen la sostenibilidad de los ecosistemas naturales. Continuaremos en siguientes entregas.

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14 marzo 2018 3 14 /03 /marzo /2018 00:00
Por un Proceso Constituyente (24)

Ayer, como hoy, la República se presenta como una propuesta política, único régimen político plenamente democrático capaz de conseguir un Estado en el que la ciudadanía y los pueblos podamos ser capaces de convivir en igualdad y solidaridad

Paco Jiménez y Javier De Miguel (Junta Republicana de Izquierdas de Navarra)

Finalizaremos en esta entrega los aspectos laicistas donde hemos querido insistir para que se tengan en cuenta en el futuro Proceso Constituyente al que aspiramos. En la última entrega expusimos a fondo, para que no hubiera dudas al respecto, los posibles conflictos entre los diferentes ámbitos (el espacio privado y los espacios públicos formal e informal) donde el laicismo se pudiera expresar, y también citamos las diferencias con la secularización. Pero aclaremos, tal como también recoge el Profesor Andrés Carmona en su artículo de referencia, que la secularización no es un objetivo laicista, ya que al laicismo sólo le preocupa la manifestación del Estado y sus instituciones. Creo por tanto que en el artículo anterior ya dejamos claras algunas cuestiones polémicas, como por ejemplo, si las calles son públicas, ¿puede haber procesiones? Sí, porque las calles pertenecen al espacio público informal. ¿Debe haber crucifijos en un Ayuntamiento o en un Ministerio? No, porque pertenecen al ámbito público formal. Al igual que una escuela pública, que también representa al Estado (concretamente al modelo educativo por el que el Estado apuesta para sus ciudadanos), y también se sitúa en el ámbito público formal, y por tanto no cabe manifestación religiosa alguna. En un Estado laico no sólo se permiten las procesiones, sino que se protege y se garantiza el derecho a realizarlas. Obviamente, sometidas a la regulación propia en las mismas condiciones que cualquier otro uso de algo público por parte de la sociedad civil, al igual que si se tratara de una manifestación ciudadana por cualquier otro motivo, sea ésta o no de carácter religioso. 

 

No obstante, y siguiendo con el ejemplo de la escuela pública, hay otras situaciones que sí pueden someterse a debate, porque los límites no están tan claros. De hecho, existen autores que apuestan por unas conclusiones y otros por otras. Por ejemplo: ¿Debería poder llevar un profesor o profesora algún signo religioso al aula? En principio y según lo expuesto no debería, por el principio de neutralidad de un funcionario público que pertenece al ámbito público formal, al igual que un diputado, un juez o un policía. Pero, ¿y el alumnado? Esto es más difícil, porque del alumnado no puede esperarse la misma neutralidad. Podríamos entonces concluir que el profesorado (y el propio edificio, y el currículo escolar, etc.) es espacio público formal, pero el alumnado es espacio público informal. De esta forma, sería inaceptable que una profesora por ejemplo llevara velo en clase, pero sí se debería permitir para una alumna. No obstante, como decimos, el asunto es debatible, y en este sentido el Profesor Carmona Campo da referencias de algunos autores a favor y en contra de esta posición. En cualquier caso, el objetivo del laicismo es impedir que las religiones lleguen a las instituciones públicas (es decir, al ámbito público formal), que los cargos públicos participen en actos religiosos, que existan asignaturas de religión en los centros públicos de enseñanza, o que existan convenios de colaboración entre cualquier Iglesia y el Estado. Bien, entendemos que este asunto ha quedado bastante claro, y es la postura que debemos defender en cuanto a la dimensión laica del Estado bajo el Proceso Constituyente que queremos poner en marcha, y como resultado, su reflejo en la nueva Constitución resultante del mismo. 

 

Hablemos también de la participación popular en dicho Proceso Constituyente, que es también asunto de suma importancia. Evidentemente, si queremos una Constitución popular, que recoja las aspiraciones del pueblo, no podemos seleccionar a una élite política (como se hizo para la Constitución de 1978, redactada por los siete magníficos) que se encargue de dicha tarea. Pero es más: el Proceso Constituyente debe asegurarse de que todos los colectivos ciudadanos, y todas las organizaciones de la sociedad civil tengan cabida y participación en ella. No pueden participar sólo los banqueros, los economistas o abogados del Estado, los políticos, los juristas, etc., sino que deben estar representados todos los colectivos del tejido social: inmigrantes, obreros, campesinos, nacionalistas, anarquistas, comunistas, objetores de conciencia, presos políticos, asociaciones de parados, de amas de casa, de jubilados, de estudiantes...pero también afectados y afectadas por las hipotecas, por las violencias machistas, y por cualesquiera representantes de los colectivos populares. La participación popular en el Proceso Constituyente y en la futura Constitución ha de ser masiva y completa, pues en caso contrario, tendremos asegurado el fracaso del proceso. Y todo ello porque el proceso ha de ser radicalmente democrático, si pretende asentarse con garantías de futuro en la población. Un proceso que aborde y corrija las graves injusticias económicas y sociales de nuestro tiempo, derivadas de un sistema capitalista injusto y depredador, y de un sistema heteropatriarcal no menos injusto y discriminatorio. Porque la democracia "representativa" y constitucional de 1978 es una democracia capitalista, y por tanto, no es una verdadera democracia. 

 

Y aunque una Carta Magna surgida de un Proceso Constituyente no es algo que se haga con vistas a ser modificada cada dos por tres, sí es importante señalar que tampoco puede ser vista como una momia petrificada, como un santo grial, o como un texto sagrado al cual haya que obedecer por ley divina. Una Constitución ha de actualizarse cada cierto tiempo, y volver a ser refrendada por el pueblo, por la sencilla razón de que la población de un país en un momento dado es distinta a la población que existe 20, 30 ó 40 años después. Van naciendo nuevas generaciones que no votaron la Constitución, sino que es la Constitución de sus padres y de sus abuelos, y la política, aunque parezca lo contrario, avanza muy rápidamente cuando se trata de adecuarse a las nuevas evoluciones del pensamiento, y a la propia evolución de la sensibilidad y del conocimiento de nuestras realidades, de las realidades del mundo en que vivimos. En el caso actual de la Constitución de 1978, las personas nacidas después de 1960 no pudieron votarla. Ni entonces, ni nunca, puesto que nunca más se ha sometido a refrendo popular. Las pocas modificaciones que se han realizado se han llevado a cabo a instancias de la Unión Europea (para su adecuación al contexto supranacional europeo), o bien mediante negociaciones y acuerdos internos de los dos grandes partidos políticos que nos han gobernado desde entonces (el famoso bipartidismo PP-PSOE), por ejemplo con la aberrante modificación del Artículo 135 en el año 2011, durante la segunda legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero. La Constitución surgida del Proceso Constituyente deberá definir mecanismos para evitar convertirse en un texto cerrado, férreo o inamovible. Una Constitución no puede ser intocable, sino el texto de referencia donde se encuentre recogido el alma de una sociedad. 

 

Y por supuesto, pretendemos garantizar que dicho Proceso Constituyente aborde todos los asuntos de calado que la Constitución de 1978 no abordó, algunos porque no existían y otros porque "se dieron por sabidos". El proceso deberá debatir sobre la vigencia del capitalismo, sobre el modelo federalista, sobre las bases de la Tercera República, sobre el papel y el modelo para las Fuerzas Armadas, sobre la integración en la Unión Europea, sobre nuestra pertenencia a la OTAN, sobre nuestro apoyo a la globalización, sobre el derecho de autodeterminación de los pueblos que forman el Estado Español, y un largo etcétera de temas que los diferentes participantes, grupos y comisiones tendrán que abordar, y que lógicamente se extenderán durante meses (incluso años, no tenemos prisa, aunque sea un tema urgente). El Proceso Constituyente deberá definir nuestro país de la forma más inteligente, completa y democrática posible, porque todo ello, como decimos, deberá reflejarse en la nueva Constitución y extenderse en las ulteriores leyes y normativas que la desarrollen. Sobre todo, pensamos que la Constitución debe poner el foco en el manido, tópico y equivocado concepto de "Patria" que aún se vende en el discurso de la derecha política, social y mediática. La patria no es un ente sentimental ni abstracto (porque además eso queda para los sentimientos privados de cada cual), sino el reconocimiento del espacio común donde se comparte la convivencia de los diferentes pueblos, es decir, la patria es la gente. Y la patria debe cuidar a su gente. "Patria es Humanidad" dijo el colosal José Martí, libertador del pueblo cubano, y a dicho ideal debemos responder en nuestra nueva Constitución. Ello implica, sobre todo, que los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y medioambientales de la población no sólo deben quedar protegidos, sino que además deben quedar blindados, para que ninguna circunstancia o poder pueda anularlos o interrumpirlos. Continuaremos en siguientes entregas.

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