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24 abril 2018 2 24 /04 /abril /2018 23:00
Fuente Viñeta: http://www.ecorepublicano.es/

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La sacrosanta CE del 78 es un papel mojado cuando se trata de garantizar los derechos del pueblo trabajador, y una ley implacable para garantizar los derechos de las clases dominantes

Miguel Ángel Montes

Porque la libertad de expresión, al igual que otras libertades básicas y derechos fundamentales, está siendo vapuleada por este régimen. En este sentido, debemos aspirar a conseguir todas las demandas democráticas estructurales que continúan pendientes desde la dictadura franquista, pues aquél famoso período de la Transición, y los años siguientes, no sirvieron a dicho fin. Por ejemplo, la efectiva separación entre la Iglesia y el Estado (ya hemos hablado largo y tendido sobre el Estado Laico en entregas anteriores, por lo que no insistiremos más en el asunto, sólo recordar que dicha meta se consigue acabando con toda financiación pública para la Iglesia Católica o cualquier otra confesión, la devolución de todo el patrimonio expoliado por la misma durante décadas, y el fin de los conciertos educativos, entre otros objetivos), el fin de la Monarquía, la salida de la OTAN, el fin de las perversas leyes de extranjería (incluyendo los CIE's y la apertura de las fronteras), la retirada de todas las tropas españolas de lugares en conflicto, la lucha por el derecho a la autodeterminación de todos los pueblos, la lucha por la renta básica (universal, incondicional e individual), un programa contra el desempleo masivo (prohibiendo por ley las situaciones de precariedad laboral, el reparto de las horas de trabajo sin reducción salarial o los Planes de Trabajo Garantizado), y la apuesta porque toda fábrica o empresa que cierre o despida sea nacionalizada y puesta bajo el control democrático de sus trabajadores/as. Un Proceso Constituyente que aborde la problemática de la vivienda bajo un punto de vista social y como derecho humano fundamental, impidiendo los desahucios, y decretando la expropiación de todos los pisos vacíos en manos de la banca y de los especuladores financieros, fondos buitre y demás ralea por el estilo. 

 

En el horizonte, la construcción y mantenimiento de un Parque Público de Viviendas de Alquiler Social, en el cual toda persona o familia vea consagrado su derecho a una vivienda digna cuyo alquiler no supere el 15% de los ingresos familiares (o individuales). Un debate que vuelva a situar al conjunto de los servicios públicos gratuitos, universales y de calidad, asociándolos con un derecho fundamental, y garantizando su blindaje dentro de un fortalecimiento de los pilares del Estado del Bienestar. Pero para todo ello, será necesario tomar medidas elementales de cara a su financiación sostenible, tales como la auditoría ciudadana de la deuda pública (para proceder al repudio de aquélla parte de la misma que sea considerada ilegítima, odiosa, ilegal o insostenible), la nacionalización de todo el sistema financiero, de los sectores económicos estratégicos, y de la aplicación de fuertes impuestos a las grandes fortunas, además de eliminar la financiación a la Iglesia Católica, y a la Casa Real (que, evidentemente, ya no existirá). Junto a todos estos fondos, tenemos que reseñar también los procedentes de la eliminación paulatina de los presupuestos de Defensa, pues el Proceso Constituyente debe abordar desde sus cimientos la implantación de una política pacifista en todas sus dimensiones. Con todas estas medidas puestas en marcha, es evidente que habrá dinero para financiar la totalidad de los servicios públicos, pero no sólo ello, sino también la implantación de una Renta Básica Universal, así como la asunción por parte del Estado de todas las tareas de exhumación de los cadáveres enterrados en fosas comunes o en el Valle de los Caídos, procedentes de la Guerra Civil o de la posterior dictadura. Este demencial monumento habrá de ser demolido, o bien transformado en un museo de la Memoria Histórica Democrática. 

 

Y como venimos comentando, un programa de estas características no cabe dentro de los estrechos márgenes del régimen del 78. No cabe por tanto reforma alguna, pues las posibles reformas propuestas y aceptadas por la derecha política, social y mediática sólo servirán para maquillar algunos aspectos de nuestro modelo, para aparentar ciertos cambios que sólo persiguen apuntalar los cimientos del régimen, que como sabemos apuntalan las desigualdades y las injusticias sociales. Pero igualmente, estas transformaciones que estamos proponiendo tampoco caben en los límites de la Unión Europea del gran capital, del Euro y de los tratados europeos, que habrá que desobedecer, y salirse de su radio de acción. Habrá que ser libres para no estar sometidos a los indecentes dictados de la Troika, del FMI, de la OCDE, de la OMC, del BM y demás instituciones y organismos internacionales consagrados al dominio del dogma neoliberal. Desengañémonos: una democracia completa y plena no es algo que sea conquistable dentro del régimen político heredero de la dictadura franquista. Hay que romper con ello, hay que intentar hacer lo que no pudimos hacer en 1978, tras pocos años de la muerte del dictador. Ahora ya han pasado más de 40, y sin embargo todo continúa "atado y bien atado". El Proceso Constituyente es la única forma en que se podrá conquistar todo este modelo social, y además de forma libre y soberana. ¿Será una tarea fácil? Muy ingenuos seríamos si lo afirmáramos. La tarea del verdadero Proceso Constituyente será tremendamente complicada, no porque lo sea en sí mismo, sino porque la clase dominante y capitalista, y todos los medios a su servicio, intentarán de todas las maneras posibles abortarlo, hacerlo descarrillar, llevarlo al fracaso. La clase capitalista no se dejará perder sus privilegios por las buenas, aceptando sin más lo que las diversas Asambleas nacionales del Proceso Constituyente vayan decidiendo. 

 

Por tanto, es lógico pensar (como ya ocurrió en el pasado en otros contextos históricos) que levantar y llevar a cabo un programa de estas características, con verdaderas medidas de redistribución de la riqueza y de justicia social, implica necesariamente la concienciación, la movilización y la autoorganización de todos aquéllos sectores que somos víctimas y que estamos padeciendo las consecuencias de estas políticas enmarcadas en esta estafa llamada "crisis", en realidad una clara ofensiva sin paliativos del gran capital. En realidad el Proceso Constituyente sólo tendrá éxito si genera un contrapoder dirigido desde abajo, inserto en los centros de trabajo y de estudio, en los barrios y en los pueblos, en las fábricas y en las oficinas, apoyado por estudiantes, obreros, profesionales, jubilados, parados, mujeres, sindicatos, mareas, y todos aquéllos colectivos que entiendan que este infernal sistema sólo favorece a unos pocos. La vía no es la negociación con las instituciones europeas, la vía no es la "tercera vía", la vía no es la rebaja del programa hasta hacerlo minimalista, la vía no es la claudicación ante pequeñas migajas...La única vía posible es la movilización para la transformación social. La vía es la revolución que el mismo Proceso Constituyente representa. La vía es la unión de los intereses de todos los colectivos afectados, de todas las clases vulnerables, indefensas, desprotegidas, precarias. Solamente desde la movilización y la lucha podremos cambiar nuestras condiciones de vida. Sólo desde un frente colectivo anticapitalista y de clase podremos conseguir las transformaciones a las que aspiramos. Una movilización de todos los sectores populares, cuya fuerza imparable consiga superar todos los ataques y chantajes que intenten imponernos. 

 

Y así, sólo los que producimos día a día las riquezas, sólo la suma de los colectivos afectados, todos a una, somos quienes podremos poner contra las cuerdas a los capitalistas y a sus serviles representantes políticos, y avanzar en construir un nuevo proyecto de país donde los medios de producción pasen a las manos de las grandes mayorías sociales, y se coloquen a su servicio, a nuestro servicio. El Proceso Constituyente es en realidad un frente para la movilización y para levantar una alternativa política y social al tímido reformismo imperante. Las conquistas propuestas nunca serán alcanzadas sin dejar de someterse a las lógicas capitalistas, al imperio del dogma neoliberal. Nunca será posible mejorar de verdad las condiciones de vida de los de abajo sin enfrentarse a los designios del capital, sin rebelarse ante sus normas, sin cuestionar la acumulación de riquezas por parte de una minoría privilegiada. Ellos lucharán con uñas y dientes por no perder dichos privilegios, su estatus quo. Nosotros debemos organizarnos en la lucha para poder implantar un sistema justo, racional, avanzado, libre y democrático. Y sólo la movilización sostenida mediante huelgas, manifestaciones, concentraciones, etc., podrá reconstruir la conciencia política de los sectores más desfavorecidos, más explotados, más saqueados, más injustamente tratados. El Proceso Constituyente debe estar ahí, codo con codo con todas estas luchas, con todas esas manifestaciones, con todas esas reivindicaciones de los sectores más duramente afectados. El Proceso Constituyente deberá atender sus demandas, deberá alojar sus debates y conversaciones, deberá incluir sus objetivos, deberá recuperar sus conquistas, o alcanzarlas por primera vez si no lo fueron nunca. El Proceso Constituyente es un crisol de voces que desean superar las injusticias de un sistema viciado de facto, podrido y corrupto. Continuaremos en siguientes entregas. 

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22 abril 2018 7 22 /04 /abril /2018 23:00
Por la senda del Pacifismo (98)

La No Violencia es un estilo de vida, un modelo de sociedad hacia el que se quiere caminar y un método de lucha revolucionaria. Se basa en valores como: verdad, legitimidad, coherencia entre medios y fines, horizontalidad y respeto máximo a la persona humana sea cual sea el rol social que desempeñe

Asociación Antimilitarista MOC

BLOQUE TEMÁTICO VII: DESARME NUCLEAR.

 

En este séptimo bloque temático que ahora comenzamos, y como su título indica, vamos a hacer una incursión en el panorama de las armas nucleares, y de su necesaria y paulatina retirada, para poder conseguir un mundo pacífico. Desde su uso en 1945 durante la Segunda Guerra Mundial, las armas nucleares dieron al mundo una feroz visión de su infernal potencia. Hoy día las armas nucleares son cientos de veces más potentes que aquéllas que se usaron contra las poblaciones de Nagasaki e Hiroshima, y por las cuales, por cierto, aún no ha pedido perdón Estados Unidos. Pero como nos recuerda Víctor Arrogante en este artículo, del cual tomaremos datos e informaciones en lo que sigue, era un 9 de julio de 1956 cuando los Estados Unidos comenzaban una nueva era de armamento. Se refiere a la bomba H. Afortunadamente, aunque no se le haga mucho caso, tenemos desde el año pasado en el seno de la ONU el primer tratado legalmente vinculante que prohíbe las armas nucleares. La noticia puede consultarse en castellano desde esta página. Después de aquéllas bombas atómicas que marcaron el fin de la segunda contienda global, la primera bomba termonuclear fue detonada en Enewetak (atolón de las Islas Marshall) en noviembre de 1952. La temperatura alcanzada en la zona cero fue de más de 15 millones de grados, tan caliente como el núcleo del Sol, durante unas fracciones de segundo. 

 

En Japón murieron 105.000 personas en Hiroshima y 120.000 en Nagasaki, y 130.000 resultaron heridas. Japón en 1967 adoptó los que se conocen como los Tres principios antinucleares; principio de no producción de armas nucleares, principio de no posesión de las mismas, y de no autorización de las mismas sobre su territorio. La bomba atómica o bomba de fisión nuclear se basa en la división de un núcleo atómico en dos o más núcleos pequeños, generando una reacción en cadena y la liberación de enormes cantidades de energía en forma de radiaciones gamma y energía cinética. Por su parte, la Bomba H (o Bomba de Hidrógeno) es una bomba térmica de fisión/fusión/fisión o bomba termonuclear, que se basa en la obtención de la energía desprendida al fusionarse dos núcleos atómicos, en lugar de la fisión de los mismos. Para que se produzca la reacción, es necesario un aporte considerable de energía que sólo puede ser provisto por la detonación inicial de una bomba de fisión que hace las veces de gatillo, lo que convierte a la temible Bomba H en una doble bomba atómica. Las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki delimitaron claramente un antes y un después en el devenir armamentístico, y constituyeron uno de los acontecimientos más trágicos de la reciente historia mundial. Marcaron un peligroso hito que lejos de representar un "Nunca más", representó un nuevo impulso al uso de armas nucleares. Así las cosas, en 1955, Bertrand Rusell, apoyado por Albert Einstein, presentaba el Manifiesto "Una declaración sobre armas nucleares", firmado por 11 científicos e intelectuales de primera fila de aquél entonces. 

 

Dicho documento alertaba sobre la peligrosidad de proliferación del armamento nuclear, y solicitaban a los líderes mundiales la búsqueda de soluciones pacíficas a los conflictos internacionales. Pero esas recomendaciones cayeron, como siempre, en saco roto. Porque un año después se probaba la bomba H, y después la bomba de uranio, de plutonio, de neutrones, así como la bomba sucia de uranio empobrecido. Una escalada de armamento nuclear y de armas de destrucción masiva que continúa en la actualidad, y que coloca el destino de la humanidad al capricho del dedo pulsador de un destructivo botón nuclear. Como decíamos más arriba, han tenido que transcurrir más de 72 años desde el lanzamiento de la primera bomba atómica, para que la ONU (de la que hablaremos a fondo en su correspondiente bloque temático) adopte un tratado para prohibir por primera vez las armas nucleares. Por supuesto, y como era de esperar, todas las grandes potencias atómicas del planeta han boicoteado el acuerdo, que fue respaldado por 122 países. Pero no tenemos otro camino que seguir insistiendo, la senda del pacifismo ha de imponerse no sólo como el mejor camino, sino como el único posible si queremos continuar habitando nuestro ya deteriorado planeta. Los 9 Estados con capacidad nuclear que no participaron en las negociaciones de este tratado (Estados Unidos, Rusia, Reino Unido, Francia, China, Corea del Norte, India, Pakistán e Israel), consideran que el tratado es una medida poco realista en el tenso contexto internacional de hoy, y que por tanto no cambiará nada. Y es que mientras no se den pasos firmes y conjuntos hacia el convencimiento multilateral de la senda pacifista, ninguna de dichas peligrosas potencias renunciará a su carrera nuclear. Y como ya se ha demostrado, la ciencia puesta al servicio de la destrucción no traerá nada bueno para el desarrollo de la humanidad. 

 

En el tratado de la ONU que estamos comentando (volveremos a él en posteriores entregas) los países firmantes se comprometen a no desarrollar, adquirir, almacenar, acoger en su territorio, usar o amenazar con dichas armas nucleares u otros dispositivos similares. El preámbulo del acuerdo recoge textualmente que "eliminar por completo esas armas es la única manera de garantizar que no se volverán a utilizar". Estamos convencidos de ello, pero por lo visto, las grandes potencias imperialistas (con Estados Unidos a la cabeza, el más invasor, agresivo e imperialista de todos ellos) no lo están. Y el destino de toda la humanidad depende de ellos. Se han hecho grandes progresos en el campo de las armas químicas, de las armas biológicas, pero no ocurre igual en las armas nucleares, cuya amenaza pesa como una losa sobre nuestras cabezas. Somos víctimas a nivel mundial de la temeridad de un conjunto de gobernantes absolutamente irresponsables, que no aman ni a sus países, ni a sus poblaciones, ni a este planeta. Sólo quieren saber quién es el más agresivo, quién es el más temerario. Y así nos va. Hemos de convencer a todos estos países, cada cual aportando su granito de arena, del imperativo ético del desarme nuclear, y de la urgencia de alcanzar, y después mantener, un mundo libre de este tipo de amenazas. La promoción del desarme nuclear es hoy día ciertamente una labor política y social absolutamente prioritaria. Para lograrlo sólo hay que alcanzar un pleno convencimiento sobre la necesidad de la senda pacifista. Ya lo subrayábamos desde los primeros artículos de esta serie. De hecho, estuvimos insistiendo durante varias entregas, y desde múltiples puntos de vista, en que sólo la plena y absoluta asunción de los postulados pacifistas tenían cabida en sociedades pacifistas. Pero aún nos queda mucho camino para alcanzar dicho estadío. 

 

La iniciativa de la ONU, insuficiente como siempre, no hace más que reflejar la tremenda preocupación de la comunidad internacional ante las catastróficas consecuencias humanitarias que traería el empleo de las armas nucleares, y reconoce por tanto la imperiosa necesidad de eliminarlas. Diversas zonas en conflicto a nivel mundial nos amenazan hoy día, donde quizá el conflicto en Siria sea el más representativo. La posibilidad de guerra nuclear no es descabellada, sino absolutamente real. Incluso mayor que durante la Guerra Fría, cuando dos grandes bloques militares se respetaban en silencio. Pero mirado con cierta perspectiva, parece que aquéllos dirigentes eran más responsables que los actuales. O bien que tenían más recientes en sus almas y sus corazones las terribles consecuencias de un conflicto nuclear. En cualquier caso, junto con el cambio climático, la posibilidad de utilización de armas nucleares es, con mucho, el más grave y serio problema que arrastra la humanidad, y que en su desarrollo actual, sería capaz de aniquilar todo ser viviente de la faz de la Tierra. No podemos consentirlo. Hay que desarrollar campañas, movilizarse masivamente, apoyar a los grupos y organizaciones antimilitaristas, y arengar a los foros internacionales para que empujen con todas sus fuerzas para poder llegar a alcanzar acuerdos mundiales vinculantes, que pongan negro sobre blanco el compromiso real de eliminar progresivamente todo el arsenal de armas nucleares. No podemos continuar por la destructiva senda nuclear. Tarde o temprano, si no desandamos este peligroso camino, seremos víctimas de nuestro propio destino. Pero como se afirma en la saga cinematográfica "Terminator", de Arnold Schwarzenegger: "El destino no está escrito. Sólo existe el que nosotros creamos". Continuaremos en siguientes entregas.

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19 abril 2018 4 19 /04 /abril /2018 23:00
Fuente Viñeta: Wikipedia

Fuente Viñeta: Wikipedia

El cóctel en el que se mezclan empresas, subvenciones, créditos ventajosos, ingeniería fiscal, irregularidades contables y una agenda de nombres y cargos influyentes no es una charca en la que croan dos o cuatro “ranas”, sino el ecosistema imprescindible para que el establishment español se mantuviera intocable durante el franquismo y en la democracia, en mitad de la burbuja inmobiliaria y también tras el estallido de la misma

Jesús Maraña

Como venimos comentando, el mercado laboral es la expresión más salvaje de la desigualdad, y se manifiesta crecientemente en múltiples facetas. En este sentido, hasta la misma filosofía y concepto del trabajo humano ha sido prostituido, y ha dejado de representar lo que históricamente ha representado. Sobre todo jóvenes, mujeres, mayores de 50 años y autónomos sufren especialmente la precariedad laboral, que anula las tradicionales funciones del trabajo, resumidas en seguridad, bienestar, dignidad, salud, participación y realización. Nuestro país se ha convertido además en un auténtico paraíso de trabajadores pobres, ya que las últimas contrarreformas han dejado el panorama laboral absolutamente destruido. Los jóvenes trabajan hoy en condiciones de absoluta flexibilidad, sin poder llevar a cabo cualquier mínimo proyecto vital digno, sin poder emanciparse, sin poder formar una familia, sin poder atenerse a un futuro más allá de un mes o dos vista. Los derechos laborales que hace una década considerábamos absolutamente consagrados están siendo triturados a marchas forzadas en un agresivo proceso de desregulación de las condiciones de trabajo. La precarización no es un estadío intermedio, sino que es un fin. La precarización laboral es hoy día el único destino posible. La crisis-estafa ha servido como perfecta excusa para implantar una calculada estrategia que delimite una nueva reconversión del mundo laboral, un nuevo paradigma donde los derechos y la estabilidad no existen. Se han instalado los dogmas del empleo de baja calidad y de la precariedad normalizada. 

 

Y la cara más extrema de todo este fenómeno, como nos cuenta José A. Llosa en este artículo para el medio CTX, se encuentra en los trabajadores pobres, un nuevo concepto surgido a la luz de las nuevas contrarreformas laborales. Esta masa laboral la forma un segmento de población ocupada que vive por debajo del umbral de la pobreza. Personas que, pese a contar con "empleos" (la degradación de este concepto es ya harto evidente), sufren una situación económica extrema, no pudiendo desarrollar tampoco un proyecto de vida digno. La ocupación laboral en los mayores de 45 años se torna extremadamente dificultosa, pues la filosofía empresarial consiste en lanzar ERE masivos de trabajadores/as veteranos (que ya contaban con derechos consolidados), para albergar en su lugar a trabajadores/as jóvenes, a los cuales someten a las prácticas precarias que ya hemos comentado. ¿Y qué ocurre con las vidas de estas personas que superan la cincuentena? Pues veamos: al mermar considerablemente la posibilidad de nuevas oportunidades laborales a partir de dichas edades, y especialmente por encima de los 55 años, la salida tras el agotamiento de las insuficientes prestaciones por desempleo pasa por el acceso a las pensiones no contributivas, lo que penaliza sustancialmente la cuantía de la jubilación, condicionando el resto de la trayectoria vital de la vejez. En efecto, actualmente el subsidio indefinido hasta la jubilación se ha elevado desde los 52 años hasta los 55, ha bajado su cuantía hasta los mínimos vitales, y se ha endurecido el acceso al mismo. En nuestro país, más del 50% de los parados y paradas supera los 40 años, lo cual da lugar a una situación dramática, pues son personas que normalmente soportan cargas familiares, y a las cuales, como decimos, el sistema no sólo no provee de renta mínima digna, sino que además son castigadas por el propio sistema de relaciones laborales, que busca sobre todo personal joven para someterlo a la universal precariedad. 

 

La obsesión por parte de las grandes empresas de reconvertir su personal veterano en personal joven es absolutamente irracional. Existen casos absolutamente paradigmáticos, como el de la empresa Ericsson, a la cual dedica Jairo Vargas este artículo en el medio Publico, resumiendo que ha llevado a cabo cinco ERE's en diez años, y que sigue teniendo el mismo número de trabajadores que cuando comenzó dicho proceso. Increíble, ¿verdad? Porque la lógica más elemental nos indica que si una empresa implanta un Expediente de Regulación de Empleo es porque no necesita (por razones organizativas o de producción) el número de trabajadores actual, y necesita quedarse con menos personal. Pero como estamos viendo, esta elemental lógica no casa con las mafiosas e indecentes prácticas empresariales. Los sindicatos con representación en la multinacional sueca de telecomunicaciones denuncian una clara estrategia para precarizar las condiciones laborales de la plantilla, al echar a empleados con salarios consolidados para contratar a jóvenes más baratos, mientras los directivos de la compañía aumentan sus retribuciones. Básicamente, la cantidad de trabajadores/as no ha variado, y se mantiene en el entorno de las 3.000 personas. Y mientras todo esto ocurre, la empresa continúa ofreciendo beneficios. ¿Será desigualdad? Creemos que sí. ¿Será una arquitectura laboral que la permite? Creemos que sí. Y creemos que todas estas prácticas tienen un nombre: Terrorismo Empresarial (una de las modalidades que ya definimos en nuestro célebre artículo, uno de los más seguidos de nuestro Blog). Porque en efecto, estas medidas indiscriminadas e injustificadas generan en el grueso de las plantillas un estrés y un terror muy difíciles de soportar sin que afecte a las vidas íntimas y personales de los/as empleados/as.

 

Malestar, incertidumbre y desmotivación son otros efectos que se provocan en el personal, lo que a su vez incide en la productividad laboral y en la felicidad de los empleados y empleadas de la compañía. Todas ellas también son manifestaciones de esa precariedad vital de la que hablamos. Todo este terrorismo empresarial, sus variantes y manifestaciones son perfectamente estudiadas en el libro "La empresa criminal", de los autores Steve Tombs y David Whyte, que agregan además el sugestivo título "Por qué las corporaciones deben ser abolidas". Una estupenda reseña de dicha obra fue realizada por Pedro López, Profesor de la UCM, y publicada en el medio Crónica Popular, artículo del que tomaremos referencias a continuación. La obra repasa el historial criminal de muchas empresas y corporaciones emblemáticas. Pedro López relata textualmente: "La lista de empresas que se beneficiaron del trabajo esclavo en el nazismo y en el franquismo es extensa: entre las más conocidas, Siemens, Daimler-Benz, Deustche Bank, Siemens-Schuckertwerke, Volkswagen, Bayer, BMW, Krupp, Shell o Ford lo utilizaron en los campos de concentración alemanes; en la España franquista, constructoras como Dragados y Construcciones, Banús, Hermanos Nicolás Gómez, Construcciones ABC y otras, así como empresas de otros sectores como Los Certales (muebles), Compañía de Autobuses de Barcelona, Babcock & Wilcox (estadounidense dedicada a la electricidad), Minas de Almadén y Arrayanes, Astilleros de Cádiz, La Torrassa (fábrica de cristal) y un largo etcétera. Por otro lado, la eficaz colaboración de la estadounidense IBM con los nazis para identificar y llevar al exterminio a los judíos, de la General Motors para fabricar tanques alemanas, de la ITT para dirigir las telecomunicaciones nazis a cambio de una futura recompensa después de la guerra, o la colaboración de bancos suizos (Credit Suisse, Union Bank of Switzeland, Swiss Bank Corporation) en el robo de las propiedades de estos, casos citados en este libro, muestran que el capitalismo colaboró de manera entusiasta con las dictaduras más extremas".

 

Y es que el capitalismo, máximo adalid de la desigualdad, nunca se implantó democráticamente, sino que se impuso en principio a sangre y fuego, y después ha ido envolviendo su oscura capa con diferentes disfraces. Y poco a poco nos ha ido imponiendo su propia visión de la vida y del mundo, inculcando falaces mantras como el de la eficiencia empresarial, el valor de la emprendeduría, la autonomía del mercado, la autorregulación corporativa, la seguridad jurídica, la responsabilidad social, la regulación estatal o la protección pública del interés general. Conceptos que pueden quedar muy bien en un seminario teórico, pero que en la práctica se comprueba diariamente que sólo sirven para proteger los intereses de las grandes corporaciones, su obtención máxima de beneficio, y la protección de sus directivos y accionistas. Hasta el lenguaje concede a las corporaciones una mayor benevolencia, ya que por ejemplo mientras al individuo se le imputa intención, a las empresas como mucho se les imputa negligencia o imprudencia, categorías mucho más leves de condena social y legal. Pedro López indica textualmente: "Al referirse a actividades criminales corporativas, el lenguaje de los medios y del poder suaviza los matices; lenguaje anestésico lo llaman Tombs y Whyte: hablamos de escándalos en vez de crímenes, de venta abusiva en vez de robo o fraude, de accidentes en vez de homicidios o lesiones. Todo ello contribuye a formar un velo corporativo que aparta a los responsables criminales de toda responsabilidad penal". Y mientras las empresas no tienen patria (su patria no es donde reside su sede social, sino que suele ser donde más intereses poseen), se asocia ingenua y equivocadamente la "nacionalidad" (española, francesa, italiana, etc.) a las empresas, y se difunde en el imaginario colectivo que defender a dichas empresas es defender a tu país. Craso error. Continuaremos en siguientes entregas.

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17 abril 2018 2 17 /04 /abril /2018 23:00
Por un Proceso Constituyente (29)

Este régimen consagra la desigualdad, porque al mismo tiempo que la precariedad vital alcanza a todas las facetas de la vida y al conjunto de la población, vemos a una ínfima mayoría enriquecerse cada vez más. Los avances y derechos democráticos se debilitan, involucionan, y entramos en una peligrosa espiral de la cual es difícil salir si no llevamos a cabo una ruptura democrática. El poder abstracto e impersonal del mercado lo domina todo, contribuyendo a mercantilizar todos los derechos fundamentales. La sociedad se vuelve cada vez más insolidaria, más egoísta, más individualista, más competitiva, más salvaje, más despiadada. La naturaleza, los recursos naturales y los animales sirven únicamente como objeto de saqueo y de explotación. Y las últimas causas de todo ello es que este régimen se ha dejado llevar por el capitalismo. No es una consecuencia natural, ni una plaga divina, ni los efectos del avance de la civilización. La causa es que este régimen ha abrazado un perverso sistema donde todo se produce como mercancía para ser vendida y comprada, y donde la fuerza impulsora es la obtención de beneficio máximo en el menor tiempo posible, y a costa de lo que sea. Se legitiman de esta forma las guerras, la pérdida de derechos, la precariedad. Se legitima la miseria y la barbarie. El "progreso" social se entiende únicamente en función de que esas minorías puedan enriquecerse a gran escala, mientras esquilman a las personas y al planeta. Es un irracional despropósito. El capitalismo va de crisis en crisis, y en cada una de ellas se cargan más las tintas contra las clases populares, contra los más vulnerables, contra los más indefensos. 

 

Y así, este régimen del 78, esta "democracia" para ricos, "representativa" de su poder e influencia, y "parlamentaria" aunque monárquica y vasalla, declara una guerra abierta y cruel contra las clases trabajadoras y populares. El régimen nos condena a convertirnos con suerte en trabajadores/as pobres, en jóvenes exiliados o precarios, en jubilados con pensiones míseras, en parados sin prestación, en estudiantes expulsados o hipotecados, en desahuciados sin alternativa habitacional, en dependientes sin ayudas, etc. Los servicios públicos han comenzado desde hace años a "externalizarse" (privatizarse) total o parcialmente, con lo cual van perdiendo su carácter gratuito y universal. Y mientras todo ello ocurre, se han llevado a cabo rescates millonarios a la gran banca privada y a las grandes empresas, que han consagrado las desigualdades, y que se han sufragado mediante procesos de socialización de las pérdidas y privatización de las ganancias. El régimen político construido durante la Transición, vendido durante las últimas tres décadas como "modélico", se encuentra hoy inmerso en una crisis de legitimidad brutal, que se manifiesta en diversas vertientes. Desde la misma Corona como cima y basamento del régimen, pasando por las principales fuerzas políticas que han sustentado el sistema, todos los elementos del mismo se han evidenciado como auténticos brazos armados para imponer los más criminales preceptos, las más indecentes leyes, y la más sangrante desigualdad. De toda esta peligrosa involución social surge la necesidad del Proceso Constituyente. El cuestionamiento de la propia Monarquía, la defensa del derecho de autodeterminación de todos los pueblos que forman el Estado Español (coherente con una visión plurinacional y federal de España), o la extinción de las puertas giratorias son destacados aspectos a considerar. 

 

Pero existen muchos más. Y sólo el Proceso Constituyente debe definir los límites al mismo. Aspectos como la profundización democrática, la nacionalización de los sectores económicos estratégicos, el blindaje de los derechos sociales, o la garantía de renta básica son también elementos fundamentales del mismo. Porque sólo un Proceso Constituyente realmente inclusivo y popular, radicalmente democrático, podrá consagrar un modelo de sociedad basada en la equidad, en la justicia social y en la garantía de los derechos humanos. Sólo un Proceso Constituyente podrá erradicar todas las lacras sociales que arrastramos desde el franquismo, y conducirnos por la senda de un nuevo proyecto de país. En este sentido, si el Proceso Constituyente que estamos proponiendo desde esta serie de artículos no se lleva a término (o bien es sustituido por cualquier otro sucedáneo), estamos seguros de que dicha situación perseguirá legitimar la actual restauración borbónica por más tiempo, lógicamente sin remover los actuales esquemas y estructuras del poder. Los actuales gobernantes y sus partidos aspiran únicamente a pequeños cambios cosméticos para contentar a las clases más vulnerables, dejando de nuevo en el tintero (como ya ocurriera durante la Transición) las grandes aspiraciones democráticas y sociales que se vienen reclamando en las calles de nuestras ciudades. Pensionistas, jóvenes, precarios, parados, sectores obreros afectados por ERE, personal de la sanidad pública, de la educación pública, afectados por las mafiosas prácticas bancarias, afectados por los desahucios, y una larga lista de damnificados por estas políticas agresivas del gran capital sólo verán satisfechas sus demandas si se canalizan a través de un Proceso Constituyente, democrático y popular. 

 

Ya estamos hartos de tanta "gestión amable" de la crisis, de tanto "Pacto de Estado" absurdo e inútil, de tanto "consenso necesario" para hacer avanzar ciertas cuestiones. La supuesta vía democrática ha sido cerrada para determinados proyectos, que nunca podrán llevarse a cabo mientras la Tríada PP+PSOE+C's acumule mayoría de representación parlamentaria. Sólo el Proceso Constituyente puede garantizar que las mayoritarias demandas populares son atendidas, y que se celebra de verdad un profundo debate sobre algunas cuestiones que hasta ahora han resultado ser un tabú para una sociedad que se autodeclaraba una "democracia madura y avanzada". Pero no es así. Los fundamentos franquistas de nuestra insuficiente, débil y tutelada democracia no se han marchado. Siguen aquí. Y pretenden seguir durante mucho tiempo. Ellos son los que tienen el poder. Ellos modulan la opinión pública, ellos dictan lo que es información relevante y lo que no lo es, ellos hacen las encuestas electorales, ellos son los que simulan los falsos debates, ellos poseen el poder económico, el poder judicial, el poder represivo, y el poder político. ¿Quiénes son "ellos"? Pues quizá fuese Podemos quien en sus orígenes mejor expresara dicha identidad: son la casta. Una indecente casta de políticos mentirosos y corruptos, puestos al servicio de una clase económica absolutamente parasitaria, nefasta y dictatorial, que no sólo controlan todos los resortes del poder, sino que también nos dictan a los demás lo que es España, lo que debe ser, y lo que va a seguir siendo. Sólo el Proceso Constituyente puede enfrentarse a ellos. Sólo un Proceso Constituyente organizado desde la base puede plantarles cara, y ofrecer a las clases populares verdaderas alternativas desde abajo. 

 

Sólo un Proceso Constituyente podrá cuestionar la propiedad privada de los que ostentan las riquezas y los medios de producción, y que son también los dueños de los grandes medios de comunicación, que nos intoxican diariamente con sus mentiras. Sólo un Proceso Constituyente podrá interpelar al orden establecido, impedir la involución y la deriva antidemocrática en las que estamos instalados, y poner en entredicho las terribles lógicas del sistema capitalista. El Proceso Constituyente deberá delimitar el programa de ruptura con el régimen actual, que abra el camino hacia una salida anticapitalista, y diseñe un nuevo modelo de sociedad, y un nuevo proyecto de país. Las demandas democráticas deberían basarse, entre otros muchos aspectos, en que ningún cargo público cobre más que el salario medio de un trabajador cualificado, la abolición de todas las dietas, pensiones y privilegios de la casta política, la revocabilidad de todos los cargos electos, la desaparición del Senado, la formación de una sola Cámara legislativa y ejecutiva elegida entre todos los mayores de 16 años con independencia de su sexo u origen en circunscripción única, el fin de la "casta" judicial, o el juicio a través de jurado popular. Un Proceso Constituyente que aborde las grandes carencias democráticas que aún poseemos, y que defienda todos los derechos democráticos que nos han sido mutilados durante estos gobiernos tardofranquistas, que acabe con la Ley Mordaza, que consagre el derecho a decidir sobre el propio cuerpo de las mujeres, que reconozca en pie de absoluta igualdad a los colectivos LGTBI, que plantee la disolución de los tribunales y legislación de excepción (Audiencia Nacional, Pactos Antiterroristas, etc.), que libere a todos los presos políticos y de conciencia, que restaure el verdadero relato del terrorismo de Estado en nuestro país (y no sólo el de ETA), que restaure la memoria histórica y que ofrezca verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición de genocidios anteriores. Continuaremos en siguientes entregas.

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16 abril 2018 1 16 /04 /abril /2018 23:00
Imagen: Federación SOS Racismo (https://sosracismo.eu)

Imagen: Federación SOS Racismo (https://sosracismo.eu)

Como la gente tiene la mala costumbre de pujar por su supervivencia y la de los suyos la venta ambulante informal es una forma de vida que se extiende por todo el planeta. Cuando no hay mercado de trabajo que te integre, ni capital para alquilar un local, o pagar una licencia, cuando no puedes producir porque careces de medios para ello, cuando estás solo tú ante el mundo y necesitas tirar adelante en los márgenes de un sistema económico centrado en la generación de beneficios sin fin, entonces haces lo que tienes que hacer. Y muchas veces en muchos lugares eso implica comprar cosas y venderlas ligeramente más caras en las calles. Eso, intentar sobrevivir como se puede, es normal en los países que no pueden evadirse de la realidad, de la desigualdad atroz. Pero en este país, que lucha por mantener viva la ficción de que está todo bien, de que la pobreza y la explotación no existen, te puede costar la cárcel

Sarah Babiker

La inmensidad de los delitos que hay que combatir es tan grande que no podemos desperdiciar efectivos policiales en perseguir a los manteros. Más bien habría que encontrar políticas municipales que pusieran a la policía a ayudarles, acogerles y protegerles del mundo atroz del que han escapado y de la atrocidad con la que se han encontrado al llegar a nuestro país

Carlos Fernández Liria

La Ley de Extranjería y la reforma en 2015 del Código Penal asfixian a los manteros, cuando sobrevivir es una necesidad. Vender un bolso puede costar 2 años de cárcel, mientras la evasión fiscal hasta 120.000 €uros, no es delito. La actual ley condena a las personas migrantes en situación administrativa irregular a una especie de muerte social (...) Comparar la situación de estos vendedores con un pequeño comerciante local, es intentar equiparar al Real Madrid u Osasuna, si les parece, con un equipo de amigos del barrio más pobre del país. El primero dispone, dentro una selva, de todos sus derechos; los otros, de ninguno

Manuel Millera

El asunto de la criminalización política y social de la venta ambulante vuelve a la palestra cada cierto tiempo, sobre todo si se registran altercados protagonizados por los propios inmigrantes, que ven hasta qué punto su mera labor de sobrevivir no es comprendida por nuestra salvaje sociedad. Como resulta que hemos de elegir, a la hora de sensibilizarnos y posicionarnos ante un determinado problema, desde qué punto de vista lo analizamos, es mejor ponerse siempre que se pueda en el lugar de los más débiles, indefensos, desprotegidos y vulnerables. Seguro que así nos asaltan menos dudas. Tenemos por tanto a unos manteros que intentan simplemente sobrevivir en los miserables márgenes que les deja este criminal sistema capitalista, frente a un orden "legal" establecido, donde unos comerciantes legales se han establecido legalmente y compran y venden productos "originales". Y si preguntamos a estos últimos, la respuesta suele ser siempre la misma: "¡Que paguen sus impuestos como los pagamos nosotros!". Pero en el debate de fondo que se esconde detrás de esta manida frase, se encuentra, como casi siempre, la desigualdad. La terrible y despiadada desigualdad que todo lo impregna, que todo lo cubre y que todo lo mancha. La indecente desigualdad que no se tiene en cuenta de partida, porque la tan manida frase que insta a todo hijo de vecino a pagar sus impuestos parte de un error de base: no todos somos hijos de vecino, es decir, no todos somos ciudadanos con todas las de la ley, sino que algunos disfrutamos de dicho estatus, y otros, los más desprotegidos, ni siquiera lo son. Son inmigrantes. Y decir hoy día inmigrantes, en 2018, no es igual que decirlo en la década de los 60 del siglo pasado, donde todos conocíamos alguna familia cuyo padre o tío se había marchado a Francia o a Alemania, y enviaba dinerito fresco a su familia cada mes. Aquéllos inmigrantes estaban perfectamente integrados en su país de acogida, y cuando regresaban al nuestro, lo hacían con una buena jubilación. 

 

Decir inmigrante hoy día, en 2018, significa referirse a un "sin papeles" en la mayoría de los casos, es decir, una persona "ilegal" por propia definición, cuando nadie debería ser considerado ilegal en su condición de persona, simplemente por no tener una documentación que le acredite que pertenece "legalmente" a la comunidad de acogida. Y considerando esta desigual situación de partida, es lógico concluir que las condiciones que poseen estas personas que quieren que "todos paguemos impuestos", no son las mismas que las de esos pobres manteros que recurren a dicho modo de vida porque no tienen otra alternativa. Simplemente entendiendo esto en su plena y total dimensión, ya deberíamos ser capaces de comprender por qué la venta ambulante no debe ser criminalizada. Pero superado este primer planteamiento, puede asaltarnos un segundo, que también es esgrimido frecuentemente, y que no es otro que el que proclama que la mafia de los productos falsificados o "ilegales" mueve mundialmente mucho dinero, y resta competencia y beneficios a los establecimientos legales. Muchas réplicas podríamos aducir a este razonamiento, pero quedémonos con una muy clara y sencilla: ¿Es que la industria de los productos "legales" no es también una mafia? ¿Es que las camisetas, faldas, zapatos o relojes que compramos a los establecimientos legales no proceden también de mafias empresariales que llevan a cabo oscuras prácticas en las fábricas de origen de dichos productos? Calzado esclavo en la India, mano de obra infantil en Pakistán, obreros textiles esclavizados en Brasil...la lista sería interminable, y está llena de productos de origen "legales" que son suministrados a nuestros "legales" establecimientos.

 

Y es que el sistema capitalista es mafioso en sí mismo, lo es en su propia esencia, y por tanto, es una absoluta falacia criminalizar productos que vayan a parar a personas que comercian con ellos de forma ilegal, o de forma, digamos, alegal. Pero más allá de este falso debate, lo que nos provoca más rabia a algunas personas no es que se considere ilegal esta práctica de la venta ambulante, sino que se criminalice a sus practicantes de forma tan agresiva. Tenemos bancos que estafan a sus clientes (muchos de ellos personas mayores vilmente engañadas para robarles los ahorros de toda una vida), tenemos políticos que practican corrupción a alto nivel (Presidentes de Comunidades, Alcaldes y Concejales de Ayuntamientos, Ministros, Presidentes de partidos políticos, grandes empresarios y un largo etcétera), personas que este sistema "legal" no persigue, o si lo hace porque ya se ven completamente acorraladas, son bastante benevolentes con ellos. En cambio, la policía persigue con absoluto despliegue a estos pobres manteros cada vez que se les ocurre (o porque exista un chivatazo o denuncia de alguno de estos dueños de establecimientos legales), y el criminal sistema legal capitalista y sus Estados democráticos, Sociales  y de Derecho despliegan contra ellos todo el peso de la ley, esa ley que no ve ni es sensible a esa desigualdad de base, esa ley que no es justa, como no lo es ninguna justicia que no tenga en cuenta todas las consideraciones y circunstancias de las personas, y la envergadura de los "delitos" que cometen.

 

Porque frente a la plácida "legalidad" de esas personas dueñas de esos establecimientos legales, tenemos las de esas personas que viven un infierno en su país de origen (muchos de ellos objeto del saqueo y el expolio al que son sometidos por nosotros, o bien de guerras y éxodos forzosos), que logran escapar en una patera, arriesgando sus vidas, que logran saltar nuestras vallas o esquivar a la policía de fronteras, y que cuando llegan a nuestro país, se encuentran con un nuevo infierno, que los encierra en un CIE, los considera "ilegales", los deporta o en el mejor de los casos, los mantiene "sin papeles" durante años. ¿Podemos exigirles a estas personas que "paguen sus impuestos" como a cualquier propietario de cualquier negocio legal de nuestro barrio o ciudad? Más bien deberíamos comenzar por tratarles como personas iguales a nosotros en su propio país de origen, o cuando menos, garantizar que si llegan al nuestro, son acogidos e insertados con absoluta normalidad y sin obstáculos legales. En última instancia, la policía debería estar para asistirles y protegerles (de los posibles ataques racistas, sin ir más lejos), en lugar de perseguirlos como delincuentes porque venden un bolso, un CD, unas gafas de sol, un pañuelo o una figurita de madera o de porcelana en plena calle, porque no poseen otro medio de subsistencia. No podemos medirlos bajo el mismo rasero que a los demás, porque el racismo legal, social e institucional que sufren los coloca en clara desventaja. Creemos por tanto sociedades igualitarias, antes de exigir a todo el mundo "que pague sus impuestos". Despenalicemos la venta ambulante, pues es el único medio de vida que muchas personas tienen para poder sobrevivir.

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15 abril 2018 7 15 /04 /abril /2018 23:00
Fuente Viñeta: http://cgt.org.es/

Fuente Viñeta: http://cgt.org.es/

El gasto militar mundial es hoy en día 180 veces superior al presupuesto anual de Naciones Unidas. Mientras la ONU destina en el mejor de los casos 10.000 millones de dólares anuales a todas sus actividades, incluidas las operaciones de mantenimiento de la paz, la militarización mundial consume 1,8 billones de dólares anuales. La todavía tristemente de actualidad cita de la época romana “si vis pacem para bellum” no puede estar más equivocada. La realidad demuestra que siglos de preparación para la guerra no han conseguido la paz. Sino más bien al contrario, son los países que han acumulado mayores cotas de militarización quienes han promovido y protagonizado las principales guerras de todos los tiempos, y son los pueblos más militarizados los que persisten en optar por las soluciones militares y la guerra

Jordi Calvo Rufanges

Nos quedamos explicando en la última entrega de esta serie la idea y repercusiones que se esconden detrás del concepto de Objeción Fiscal Militar. El primer gran objetivo, hemos afirmado, es dejar de financiar con nuestros impuestos los fondos que se dedican al armamentismo y a nuestra participación en los conflictos bélicos. Pero hay más. Porque además de recortar el presupuesto de guerra se pretende también, con estas acciones de desobediencia, suscitar un debate sobre el grado de militarización social, cultural y económica que padecemos, sus orígenes, sus causas y consecuencias, y rescatar el protagonismo social en todas las decisiones que puedan afectar a estos temas. En última instancia, recuperar la voz del pueblo, su capacidad de decisión, para que no sean otros (que se hacen llamar nuestros representantes pero que no lo son) los que decidan sobre los graves asuntos que tienen que ver con los Ejércitos, el militarismo y el complejo militar-industrial. La OFM es por tanto un gesto de civismo, un gesto comprometido por la paz, un gesto que apuesta decididamente por un mundo sin violencias, sin armas, sin conflictos, sin guerras, sin ejércitos. Lógicamente, se trata de una práctica de desobediencia civil no reconocida legalmente, pero precisamente por ello tenemos que apoyarla y difundirla. ¿Cómo la llevamos a la práctica? Como no existe ninguna casilla oficial en los impresos y formularios previstos para la Declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), hemos de crearla nosotros mismos, y hemos de explicarla y razonarla en el mismo documento. 

 

¿Existen consecuencias de esta acción para el conjunto de la ciudadanía que la practique? Pues hoy por hoy, la peor consecuencia que puede tener es que Hacienda (lo ha hecho en unos pocos casos) nos reclame (o se niegue a devolvernos) el dinero que hemos dejado de pagar, o que hemos desviado. En nuestro país, las primeras campañas sobre Objeción Fiscal al Gasto Militar nacieron en 1983, a raíz de nuestra incorporación en la OTAN un año antes. Al igual que se objeta por conciencia nuestra oposición a cualquier otro asunto, la OFM objeta el negarse a participar y a contribuir a los gastos militares de tu nación. Arcadi Oliveres, uno de los fundadores del Centre Dèlas y veterano activista por la paz, en esta entrevista de Santiago Canales para el medio El Salto Diario, explica la dinámica de la OFM en los siguientes términos: "Si el gasto militar es el 2% de los presupuestos y a mi me toca pagar 100, pagaré 98 porque tampoco quiero dejar de abonar esta cantidad al Estado. De manera que lo que se hace es elegir una ONG o alguna acción social, entregar esos dos euros restantes y decirle a Hacienda: "A mí me tocaría pagar 100 pero como dos se los van a gastar muy mal, ahí tienen los otros 98". Ese recibo de abono a la ONG en cuestión se lleva también a Hacienda, por lo cual se demuestra que no existe ningún tipo de engaño por parte del contribuyente (de cara a una posible multa o sanción por parte de la administración tributaria). Pero en verdad la OFM no es el único medio cívico de oponerse a los gastos armamentistas de un país, desde un punto de vista responsable y ciudadano. Arcadi Oliveres señala en la entrevista de referencia otros mecanismos de objeción que se pueden practicar, tales como la objeción laboral (no prestar nuestro trabajo como profesionales para cuestiones militares), la objeción científica (negarse a que nuestras investigaciones sean utilizadas con fines militares), o la objeción financiera (no ingresar nuestros ahorros en entidades financieras que inviertan en armamento). 

 

En el tríptico que se puede descargar desde esta página (https://www.ecologistasenaccion.org/IMG/pdf/triptico_of2013.pdf), colgado en la web de Ecologistas en Acción, se dan algunas cifras y datos interesantes, para que el conjunto de la ciudadanía las tome como referencia a la hora de contribuir a la campaña de Objeción Fiscal Militar. Las más interesantes son las siguientes: el gasto militar diario supera los 79 millones de euros, el gasto militar por persona al año es de algo más de 600 euros, 7,61 de cada 10 euros de gasto militar están ocultos, nueve Ministerios de los 13 existentes participan del gasto militar, se conceden préstamos no contemplados en los PGE por valor de casi 1.500 millones de euros (referencia del año 2012), la escalada armamentista ha generado una burbuja de deuda militar impagable de 32.000 millones de euros, y mientras entre los años 2002 y 2011 el gasto final en Defensa real aumentó un 16% respecto al presupuestado, los recortes durante los años de crisis han sido de un 35% en Fomento del Empleo, de un 20% en Cultura, de un 14% en Educación, de un 14% en Servicios Sociales, y de un 12% en Cooperación Internacional y Ayuda al Desarrollo. Absolutamente inaceptable bajo una sociedad democrática, justa, pacífica y avanzada. El debate sobre la OFM es un debate sobre prioridades presupuestarias públicas, es un debate sobre las verdaderas amenazas que nos acechan, es un debate que pone en cuestión cómo es posible que en los tiempos que corren, cuando las principales agresiones que sufre la población son la insuficiencia de cobertura de servicios públicos, el desempleo, la carencia de viviendas de alquiler social, etc., puedan ser desviados miles de millones de las arcas públicas a la compra de armas, al mantenimiento de Ejércitos o a nuestra participación en conflictos bélicos. 

 

Hay que promover el debate sobre la fuerza civil de la desobediencia, sobre la clara y firme negativa a participar con nuestros impuestos en la industria de la guerra, y sobre todo, hacer una defensa del derecho fundamental a la libertad ideológica, que no sólo ampara el derecho a pensar de otra forma, sino también el derecho a promover acciones en coherencia con tales pensamientos, ideas y actitudes. Mediante la OFM queremos que la iniciativa sea conocida por el conjunto de la población, para así poder alterar las prioridades económicas del Estado, y fomentar un modelo de defensa basado en el pacifismo, en el antimilitarismo y en la no violencia, renunciando a las estructuras, jerarquías, decisiones, actitudes e ideologías militares. La senda del Pacifismo rechaza los bandos, las soluciones violentas, aboga por la negociación, por la diplomacia, por la presión de los acuerdos, y persigue la paulatina desarticulación de los bloques militares y de la contemplación de la guerra como solución a los conflictos. En este sentido, la OFM es una herramienta básica de la mayoría social para hacer cambiar los criterios de nuestros gobernantes, e instalar poco a poco en nuestro imaginario colectivo que existen otros enfoques, otros planteamientos y otras soluciones a los conflictos mundiales que puedan surgir. La Objeción Fiscal al Gasto Militar resulta, por tanto, una buena decisión para encarminarnos en este sentido, ya que es una herramienta humilde, pero eficaz, que permite evitar que parte de nuestra riqueza colectiva se dedique a fines militaristas, a fines criminales, a fines violentos, y a la vez, denunciar la excesiva financiación del militarismo, poner el foco de atención en su sobredimensionamiento, y dedicar de forma activa una pequeña parte de nuestro dinero a fines socialmente útiles y transformadores. 

 

Y es que bajo el mantra de la "Política de Estado" y de los "llamamientos a la responsabilidad", las fuerzas políticas que nos han gobernado hasta ahora (el famoso bipartidismo) ha hecho de su capa un sayo en la cuestión militarista, y han cedido a las presiones de la OTAN, del complejo militar-industrial y de los países aliados que han participado en proyectos similares a los nuestros. A ello se une la criminal política de los bancos, que como ya hemos detallado en el bloque temático anterior, financian de forma ingente los proyectos de empresas de armamento por todas partes del mundo. En este sentido, la OFM puede resultar útil como un grito conjunto del pueblo que dice "¡Basta!" a la ocultación de datos, a la opacidad de los gastos militares, y sobre todo, se niega a seguir siendo cómplice pasivo de las incursiones militares a las que nos conducen nuestros serviles gobiernos. No podemos seguir hurtando a la sociedad el debate sobre el militarismo, debemos respetar la soberanía popular especialmente en este grave asunto, y ello se consigue concienciando a las masas de que los gastos en Defensa, además de ser desorbitados, son absolutamente inútiles y peligrosos para contribuir a un mundo mejor. Los conceptos de la defensa y del militarismo han de ser replanteados bajo un nuevo enfoque pacifista, y las nuevas amenazas deben ser analizadas desde puntos de vista más humanos y reales, sin tener el foco permanentemente puesto en los oscuros intereses de las industrias y empresas del ramo. Una profunda auditoría económica de los gastos militares es absolutamente precisa, así como un progresivo recorte real de los gastos en defensa, y un alejamiento de las intervenciones militares y de la escalada militarista. A partir de la siguiente entrega comenzaremos un nuevo bloque temático, esta vez dedicado al desarme nuclear. 

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12 abril 2018 4 12 /04 /abril /2018 23:00
Arquitectura de la Desigualdad (85)

Nos acabamos de enterar por Oxfam Intermón de que 250.000 trabajadores del sector avícola estadounidense, tierra de libertades, cumplen su jornada laboral con pañales porque los jefes de la cadena de producción consideran un lujo bolivariano y sindical eso de mear y cagar. Ni siquiera Charles Chaplin vislumbró tan satírica profecía en su agorera película Tiempos modernos. Es asombroso cómo nuestros más afamados empresarios consiguen que la realidad (empresarial) supere al arte (del trabajo). El obrero del mundo ya no tiene que velar por sus derechos salariales, ni por un horario digno, ni por la conciliación familiar y esas otras chorradas que hasta los más conspicuos y subvencionados sindicatos han ido descendiendo a media asta. Ahora, la lucha obrera consiste en vindicar el derecho fisiológico a la cagada y a la meada. Pronto nuestras mujeres se verán obligadas a parir encima del teclado del ordenador o en la trastienda de un McDonalds. Y, eso sí, sin manchar. Me queda la duda, no explícita en el informe de Oxfam, de si el obrero ha de pagarse los pañales o los reparte (y se los pone y se los quita) un capataz..

Fragmento de “Pañales obreros”, un artículo de Aníbal Malvar, Público, 17 de mayo de 2016

No exageraba Aníbal Malvar al contar las maldades y salvajadas a las que los patrones someten a sus esclavos y esclavas laborales de algunos sectores por algunas partes del mundo. Un país paradigmático en este sentido es la India, y un sector dentro de su industria es el calzado, en el cual diversas ONG's han denunciado vulneraciones flagrantes de los derechos laborales, y discriminaciones por casta y género. Recomendamos para ilustrarlo la lectura de este artículo de Enric Llopis para el medio Rebelion.org, del cual extraemos alguna información. Más de un millón de personas trabajan en el sector del calzado en ese país. Las más prestigiosas marcas sacan su mano de obra de allí. A la mayoría de los obreros se les remunera con un salario de carácter diario, y también se practica la contratación a través de Empresas de Trabajo Temporal (ETT). No existen los contratos de trabajo, sino únicamente los acuerdos verbales. No existe ningún tipo de protección social, y gran parte de las plantillas pertenecen a grupos marginados por el sistema indio de castas. No existen los sindicatos, tampoco existen botiquines en los lugares de trabajo ni en muchos casos equipos de protección, pese a las frecuentes quemaduras y cortes. Por supuesto, ante cualquier accidente, son los propios trabajadores los que han de pagarse el tratamiento médico. El salario mínimo del personal semicualificado durante 2015 se situaba en los 87,5 euros mensuales, en la localidad donde mejor pagados están.

 

Los ingresos mensuales están entre 20 y 160 euros mensuales, y laboran entre 8 y 12 horas diarias. El sistema implantado no garantiza derechos básicos como el descanso semanal o los permisos por enfermedad. De esta forma, el aumento sin pausa de la productividad y la creciente autoexplotación en el "destajo" se revelan como imprescindibles para poder sobrevivir. Son frecuentes los mareos por los productos químicos utilizados, así como la artritis y demás lesiones y dolencias ligadas a su actividad diaria. Los seguidores de este Blog que estén interesados en más información al respecto, pueden descargarse y consultar el Informe de referencia de dicho artículo, titulado "Se dejan la piel". Ya sabemos de dónde sacan sus inmensas fortunas los propietarios y accionistas de las grandes cadenas de calzado mundiales. Es sólo un sector típico del trabajo esclavo que hemos puesto como ejemplo. Lo podemos extender a muchos otros. El sector textil es otro caso paradigmático. La periodista Nazaret Castro nos informa en su obra "La dictadura de los supermercados", que de los 29 euros que puede costar una camiseta distribuida por estas grandes marcas (Inditex, H&M, Mango...), la cantidad destinada al salario de los obreros que las fabrican no supera el 5%. La explicación radica en los procedimientos de subcontratación y deslocalización, con mengua de derechos laborales, hacia los países del Sur. El modo de operar no es muy distinto en el sector del mueble. La multinacional sueca IKEA ha sido objeto de acusaciones por el uso de mano de obra infantil en Pakistán. Todo ello viene a corroborar, como tantas veces hemos afirmado, que la inmensa riqueza de los grandes empresarios nunca proviene de sus actividades lícitas u honestas, sino de la explotación de los más necesitados y vulnerables, y que además están apoyados por los indecentes gobernantes de la inmensa mayoría de países.

 

Y es que la complicidad entre los grandes poderes económicos y los gobiernos es hoy día ciertamente desoladora. El sociólogo Rubén Juste describió muy bien esa "trama" en su completo y reciente libro, que recomendamos a todos nuestros lectores y lectoras. Un texto que podría actualizarse casi al día, pues casi diariamente van apareciendo nuevos casos de corrupción, tramas económicas relacionadas con el poder político, etc. Como muy bien señala Juste (y destaca Enric Llopis en su artículo de referencia), el sentido del libro se justifica con tan sólo tres cifras, a saber: en primer lugar, la que cuantifica el peso de estas grandes sociedades en la economía española (35 empresas que representan el 50% del PIB), el hecho de que en 2013 empleaban a 1,2 millones de trabajadores (lo cual representaba el 7,3% de la población ocupada), y su aportación al Impuesto de Sociedades (8.500 millones de euros, sólo el 7,5% del total de los ingresos fiscales de ese año). Todos estos datos se explican si se analizan pormenorizadamente (lo cual lleva a cabo Rubén Juste en su obra) todo el nudo de conexiones y la trama de intereses que subyacen a su imperio económico. Los orígenes del IBEX-35 podemos situarlos en 1992, cuando el Estado decide ir creando grandes empresas multinacionales privadas con el apoyo y complicidad de sagas de empresarios afines. Incluso se irían privatizando las auténticas "joyas de la Corona", grandes empresas públicas que se habían dedicado a los suministros y servicios básicos (energía, banca, agua, transporte...). Entre los años 1985 y 1991, bajo la segunda legislatura del "socialista" Felipe González (que años más tarde también formaría parte del Consejo de Administración de alguna de ellas), se privatizaron un total de 45 grandes empresas. Estábamos en la antesala de lo que luego continuaría el PP de José María Aznar. Se comienzan a fortalecer las puertas giratorias, legitimando el nexo de unión entre el mundo público y el privado. Actualmente, de las 10 mayores fortunas españolas, ocho destacan como propietarias de empresas que cotizan en bolsa. Y cinco de ellas, de sociedades del IBEX-35.

 

Y como venimos afirmando, las épocas de "crisis" (donde el gran capital implosiona ante sus contradicciones) son aprovechadas para agudizar esta arquitectura de la desigualdad. Según la revista Forbes, los diez mayores patrimonios del Estado Español duplicaron su fortuna entre 2008 (54.000 millones de dólares) y 2014 (algo más de 100.000 millones). El IBEX es un auténtico club de socios restringidos, donde se unen los apellidos de rancio abolengo con los altos niveles económicos. En 2014 la remuneración media de un Consejero del IBEX se situaba en más de 300.000 euros, promedio que se elevaba hasta los 1,3 millones de euros para la alta dirección, y hasta los 3,36 millones de euros si hablamos de los respectivos presidentes. En 2017, las empresas que conforman el IBEX obtuvieron un beneficio neto de casi 10.000 millones de euros sólo durante el primer trimestre del año, lo cual supuso un aumento de más del 30% respecto al mismo período del año anterior, según datos publicados por Europa Press. Y mientras ocurre esto, el mercado laboral se desregula a marchas forzadas, las privatizaciones avanzan a todos los niveles, el paro se desboca, la precariedad se instala en todas las facetas, disminuyen los niveles de protección social, continúan los ERE masivos de miles de empleados, el cierre de fábricas y oficinas, y la inseguridad e inestabilidad se vuelven realidades cotidianas. Todas ellas son manifestaciones de esta perversa arquitectura de la desigualdad, que mientras perpetúa e incrementa la riqueza de los más ricos, explota y condena a los más pobres a una mísera y degradante vida.

 

Hoy día, el mercado laboral es quizá la mejor expresión de la desigualdad a todos los niveles. Es donde de forma más palpable pueden comprobarse todos los mecanismos que los ricos levantan contra los pobres, toda la legislación que se alza a su favor, y toda la mierda que se vierte sobre los más débiles. La precarización se convierte así en un modo de vida, ya que afecta a múltiples aspectos de las condiciones de vida y de trabajo de la clase obrera: el incremento de las desigualdades, la distribución de la renta entre beneficios empresariales y salarios de los trabajadores y trabajadoras (en ellas se suma además la brecha salarial, el techo de cristal y la división sexual del trabajo, entre otros factores), el modelo productivo existente, el trabajo en la economía sumergida, el paro juvenil, la disminución de los mecanismos de protección social, la ausencia de políticas activas de empleo y prestaciones indefinidas por desempleo, la temporalidad, el paro de larga duración, el trabajo a tiempo parcial, la rotación laboral, la oscilación por estacionalidad laboral, la pérdida de derechos laborales, la inseguridad en el trabajo, el bajo SMI, la existencia de trabajadores con empleo por debajo del nivel de pobreza, a todo lo cual podemos unir la pérdida del vigor de los Convenios Colectivos, la deriva hacia las Empresas (privadas) de Trabajo Temporal (ETT) en lo relativo a la búsqueda de empleo y contratación activa, y el declive que se produce en las propias relaciones laborales, concediendo todo el poder y la hegemonía a las organizaciones empresariales. Todo ello delimita un panorama laboral incierto y desolador, donde el actual Gobierno únicamente toma por (falaz) bandera la (falsa) "creación de empleo", y además la circunscribe como "mejor política social", tomando únicamente el horizonte del "crecimiento económico" como mejor (y único) indicador de la riqueza del país. Pero riqueza...¿Para quién? Continuaremos en siguientes entregas.

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10 abril 2018 2 10 /04 /abril /2018 23:00
Fuente Viñeta: http://www.ecorepublicano.es/

Fuente Viñeta: http://www.ecorepublicano.es/

Hay voces que proponen una amplia reforma constitucional. Pero a nuestro entender, la reforma plantea cambios puntuales a determinados artículos de la Constitución sin cuestionar su legitimidad al día de hoy. No cabe reforma, sino la apertura de un proceso constituyente, que provenga del pueblo —del poder constituyente— a través de un proceso general, amplio, inclusivo, con el objetivo de obtener una auténtica legitimidad democrática. Mediante un proceso constituyente, es la ciudadanía la que se brinda a sí misma una nueva constitución. La actual está funcionalmente obsoleta y con escasa legitimidad, por lo que tras un proceso constituyente, se abriría paso político a una auténtica legitimidad democrática

Víctor Arrogante

El tiempo del mal llamado "reformismo", por tanto, ha finalizado. Ya hemos visto en numerosas ocasiones dónde nos lleva dicha senda. Necesitamos por tanto una ruptura democrática con el régimen del 78, que se plantee de manera clara y rotunda la oposición a las políticas del IBEX-35, a los dictados de la Comisión Europea, con medidas fundamentales y giros profundos que hagan pagar la crisis-estafa a los capitalistas, tales como el repudio a la deuda pública, la expropiación de las viviendas vacías en manos de las entidades financieras, la prohibición por ley de la precariedad laboral, la implantación de los sistemas de reparto, la nacionalización de los sectores estratégicos de la economía productiva, el blindaje de los derechos sociales, o una banca pública bajo control democrático de sus trabajadores y del resto de la sociedad, entre otras muchas medidas. Igualmente, el Proceso Constituyente debe abordar las transformaciones que profundicen en nuestra democracia, tales como la defensa del derecho de autodeterminación, el fin de la Corona, una nueva Ley Electoral, o la celebración de referendos vinculantes para las decisiones de alto calado que afecten a la ciudadanía. El Proceso Constituyente es una hoja de ruta para acabar definitivamente con todos los coletazos del antidemocrático régimen de la Constitución de 1978. Una hoja de ruptura frontal, de claro rechazo hacia sus instituciones, hacia su dinámica de poderes, que nos permita una verdadera regeneración. En el horizonte, deben situarse todos los valores y principios que permitan consolidar una vida digna para el conjunto de la población. 

 

Ello sólo puede conseguirse renunciando a determinadas prácticas, valores, principios y actitudes que están en la mente de la clase dominante, y que han sido inculcadas en las mentes de las clases dominadas, para proceder a su expolio, saqueo, represión y explotación. El Proceso Constituyente debe sacarlas a relucir, denunciarlas, y proponer verdaderas alternativas. Solamente así se podrán consolidar garantías para cubrir las necesidades básicas, como el acceso a una vivienda digna, unos servicios públicos de calidad, universales y gratuitos, o una renta básica universal, individual e incondicional. Unas vidas que se sitúen en un horizonte de dignidad para las nuevas generaciones, donde puedan desarrollar trabajos estables, con derechos y protección social, con salarios suficientes, que partan de un mínimo que converja con la renta básica universal, y que aglutine todas las rentas mínimas que cualquier persona debe tener garantizadas. Un Proceso Constituyente que debe abordar los contextos legales para acabar con todas las formas de precariedad, de incertidumbre vital, de realización de las personas, y de cobertura de las necesidades de la comunidad. Para ello debe recuperarse el concepto y el valor del bien público, de la cooperación, de la solidaridad, y acabar con el fomento del individualismo, del egoísmo y de la competencia. Pero el Proceso Constituyente también debe mirar al exterior, y en ese sentido, debe por un lado consolidar nuestra apuesta por la cooperación internacional y la ayuda humanitaria y al desarrollo, y por otra parte, ha de plantear nuestra salida de organizaciones peligrosas y reaccionarias, como la OTAN, la retirada de todas las tropas españolas de lugares en conflicto, y el desarrollo de una cultura pacifista y antimilitarista. 

 

La política exterior derivada del Proceso Constituyente debe igualmente preocuparse por cambiar el rumbo de nuestras políticas migratorias, denunciando la vulneración de los derechos humanos, y que se enfrente a las indecentes prácticas de la Europa fortaleza y sus políticas racistas de extranjería, promoviendo la acogida de refugiados, la apertura de fronteras, el cierre de los CIE, o la derogación de las leyes de extranjería. Una política exterior centrada en el escrupuloso respeto a los derechos humanos en todas sus dimensiones, que debe alejarse por tanto de los valores imperialistas estadounidenses y de sus aliados occidentales, apostando por el pacifismo, la integración y el respeto a la multiculturalidad. En última instancia, el Proceso Constituyente debe reafirmar los pilares de una sociedad realmente democrática, donde toda la riqueza existente y la que seamos capaces de generar sea justamente redistribuida, y donde el conjunto de la ciudadanía decida sobre todo lo que nos rodea: qué se produce, cómo y para qué. Es el conjunto de la sociedad quien debe controlar los medios de producción, para que estén al servicio de la misma. De esa forma acabaremos con todas las formas de corrupción y de explotación, al existir mecanismos de garantía y de control de toda la actividad sobre la generación de riqueza, quiénes la protagonizan y dónde se destina. Y todo ello bajo un contexto riguroso y plenamente democrático, donde todas las ideas sean difundidas por igual, donde todos los votos valgan lo mismo, y donde no existan grandes conglomerados mediáticos que puedan colonizar la mente de las personas bajo el prisma de su monopolio ideológico. Todos estos medios preconizan el dominio del bipartidismo, de la Monarquía y de la Constitución del 78, a la par que infunden la escrupulosa aceptación de los mandatos de la Troika. 

 

El Proceso Constituyente debe echar abajo todo ese andamiaje político, social y cultural, para poder elaborar nuevos contextos normativos que garanticen que ponemos fin a la involución que degrada continuamente nuestras condiciones de vida, y que nos coloca impotentes ante modelos y prácticas corruptas de empresarios y políticos a su servicio. Un Proceso Constituyente que diseñe los mecanismos para garantizar puestos de trabajo (Planes de Trabajo Garantizado) frente a la voracidad, la codicia y el salvajismo empresarial, que eviten no sólo la inactividad laboral, sino la caída en la miseria, y la falta de garantías en la consecución de los derechos y suministros básicos y fundamentales. Más concretamente, el Proceso Constituyente debe instalar los mecanismos políticos y las herramientas sociales que impidan el desmantelamiento de derechos y servicios públicos, en forma de ataque a las mayorías sociales y trabajadoras. Mecanismos que han de impedir de facto el desempleo, la precarización, la pérdida de derechos, el empobrecimiento de las masas, las privatizaciones, y en fin, toda la oleada de iniciativas, ataques y campañas del neoliberalismo. Pero para ello, es absolutamente necesario desmontar las falacias de partida donde el pensamiento neoliberal se asienta, y que han sido difundidas como mantras sagrados, como dogmas irrenunciables, y han calado hondo en las mentes de la mayoría. En lo que sigue, vamos a tomar como referencia algunos pasajes del Documento Político-Programático que difundió la Plataforma Estatal "No Hay Tiempo que Perder" en abril de 2016, y que puede consultarse libremente en Internet. 

 

Nunca antes en la Historia hubo tanta tecnología aplicada a la producción. Tampoco nunca antes el conocimiento humano estuvo tan al alcance de la mayoría de la población. Ni hubo tales masas de personas en el mundo alfabetizadas, con educación primaria e incluso superior. Educación, tecnología y conocimiento deberían estar al servicio de las sociedades, pero sin embargo no es así. El resultado de tal panorama es que, por ejemplo (y frente a las falacias que difunde el pensamiento dominante), se producen alimentos más que suficientes para toda la población mundial, a pesar del aumento de ésta. En estas condiciones, sabemos que la productividad del trabajo permitiría mantener e incluso aumentar el producto total repartiendo el trabajo disponible entre todos y todas, y disminuyendo, quizá incluso a la mitad, la duración de la jornada laboral. Sin embargo, lo que vemos en el mundo (comenzando por nuestro propio país) son sociedades estancadas, la plaga del paro avanzando a marchas forzadas, la precariedad laboral extendiéndose como una tendencia "natural", la miseria inundándolo todo, la falta de alternativas vitales, los exilios laborales forzosos, el discurso xenófobo culpando al diferente y al inmigrante de esta situación, y el empobrecimiento masivo de trabajadores y pensionistas. Vemos cómo la mayoría trabajadora va perdiendo paulatinamente cualquier conquista social arrancada al gran capital durante las últimas décadas. Vemos el mundo azotado por el hambre y las guerras, los países esquilmados, los recursos naturales saqueados, y los conflictos armados en auge, potenciados por políticas belicistas e imperialistas. El Proceso Constituyente debe reflexionar sobre estas realidades, debe tener altura de miras, para diseñar alternativas radicales a esta deriva civilizatoria. Continuaremos en siguientes entregas.

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8 abril 2018 7 08 /04 /abril /2018 23:00
Fuente Viñeta: Centre Dèlas d'Estudis per la Pau

Fuente Viñeta: Centre Dèlas d'Estudis per la Pau

Puesto que las guerras nacen en la mente de las personas, es en la mente de las personas donde deben erigirse los baluartes de la paz

Fragmento del texto fundacional de la UNESCO

BLOQUE VI: OBJECIÓN FISCAL MILITAR.

 

En este sexto bloque temático de la presente serie de artículos trataremos sobre los asuntos que tienen y que justifican lo que podemos llamar la "Objeción Fiscal Militar", esto es, básicamente, la desobediencia en lo relativo a destinar nuestro dinero público a financiar la industria y los intereses de las guerras y del armamento. Volveremos a hablar sobre la Banca Armada (de la cual ya hemos tratado en el bloque temático anterior en relación a la guerra como negocio), sobre la contribución de las empresas españolas a la financiación del armamento nuclear, y de las diferentes campañas que se han organizado para luchar contra esta lacra, y difundir los valores del Pacifismo. Bien, las razones para dicha Objeción Fiscal Militar serían muchas: la principal de ellas, ya la hemos venido comentando en entregas anteriores, es la gran opacidad y ocultación de datos que nuestros gobernantes practican en lo referente al gasto militar. Los Presupuestos Generales del Estado ocultan los verdaderos ingentes que van dedicados a gasto militar, así como el oscuro reparto disfrazado en otras partidas, que van destinadas a casi todos los Ministerios. Pero no son sólo estos aspectos económicos los que hay que tener en cuenta para afirmar que nuestro país está excesivamente militarizado. Desde la "Fiesta Nacional" (12 de Octubre, una fiesta con reminiscencias imperialistas y colonialistas de nuestro pasado), pasando por la Casa Real, la Unidad Militar de Emergencias, el Seprona o la Guardia Civil. De dicho grado de militarización participan, en mayor o menor medida, 12 de nuestros 13 Ministerios. Una expansión ciertamente sospechosa y altamente peligrosa. 

 

Se militariza la Semana Santa (por efectos "colaterales" de la ausencia de un verdadero Estado Laico), existe una Catedral Militar, una jerarquía eclesiástica militar, tenemos Organismos Autónomos militares ampliamente dotados, existe la Sanidad Militar, la Farmacia Militar, la Justicia Militar, y hasta la cooperación internacional militarizada. Según datos de este artículo del Colectivo Utopía Contagiosa para el medio Nueva Tribuna, somos la séptima potencia mundial en ventas de armas, las bases militares y los campos de tiro están extendidos por toda la geografía nacional y llegan incluso a ocupar parques y zonas de patrimonio nacional. Defensa es el segundo terrateniente de España, existen multitud de viviendas militares en abandono de las que se lucra el Ministerio de Defensa con su venta (promoviendo la especulación inmobiliaria), existe un Servicio de Cría Caballar Militar, y los militares se ocupan de la protección y reintroducción de algunas especies en extinción. Las Fuerzas Armadas participan en ferias educativas, y el Ministerio tiene intención (como ya hemos expuesto en entregas anteriores) de incluir Unidades Didácticas para los escolares, adoctrinando a los mismos en los valores militares. Por su parte, muchas comarcas españolas son dependientes del monocultivo militar: Ferrol, Cartagena y Cádiz de la propia industria militar, o Tremp (en Lleida) y otras zonas lo son de los acuartelamientos militares. Somos el segundo país más intervencionista de Europa con un total que supera las 80 "intervenciones" militares en el exterior, muchas Embajadas de nuestro país en el extranjero cuentan con agregadurías militares, nuestros bancos conceden créditos a interés cero a nuestra industria militar, los militares poseen centros educativos propios, y además gozan de multitud de convenios de enseñanza con muchas Universidades, tanto públicas como privadas.

 

Además, nuestra doctrina militar aplica el concepto de fronteras avanzadas, y por ello, nos sentimos legitimados a intervenir en Mali o en el Océano Índico. Los militares se sienten legitimados, durante sus maniobras, para interrumpir la vida cotidiana de muchos pueblos sin previo aviso a los civiles. El desatino llega hasta tal punto que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía fallaba que los militares no tienen por qué avisar a la propia Junta cuando vayan a hacer maniobras en los parques naturales. También existe militarización de los aviones de la Agencia Tributaria para el control de drogas, y últimamente la televisión realiza series sobre la vida militar, programas de cocina hacen pruebas en instalaciones militares, y hasta la Vuelta Ciclista a España tiene metas en instalaciones militares. Nuestro país participa asímismo en los Juegos Olímpicos militares (confesaremos que ni siquiera sabíamos que existían), y nuestros altos mandos militares poseen la facultad de condicionar el uso y la propiedad del territorio, declarándolos zonas de interés para la defensa nacional. También pagamos mediante nuestros presupuestos públicos los viajes a Lourdes de nuestros militares y guardias civiles, la construcción de sus residencias, de sus campos de golf, y de sus centros recreativos y deportivos. Actualmente, casi el 45% del conjunto del personal funcionario del Estado son militares. Podríamos continuar, pero creemos que el panorama descrito anteriormente perfila a la perfección el alto grado de militarización que nuestra sociedad posee, y que, evidentemente, la senda del Pacifismo no puede tolerar. El sobreexcesivo protagonismo de los militares en nuestra sociedad sólo obedece a una cultura y un conjunto de tradiciones que lo han propagado y difundido, así como a unos gobernantes que los han potenciado y apoyado. 

 

La Objeción Fiscal Militar es quizá la mejor herramienta que los ciudadanos y ciudadanas poseemos, si queremos cambiar este panorama de excesiva militarización. Son muchas las organizaciones que desde hace años en nuestro país vienen patrocinando y apoyando las campañas de iniciativa ciudadana para oponerse al gasto militar, que lógicamente denuncian todos estos excesos, amparados en esta filosofía social del super protagonismo de los militares en multitud de aspectos de nuestras vidas. Concretamente, Ecologistas en Acción, el sindicato CGT o Alternativa Antimilitarista MOC son algunas de dichas organizaciones que han apoyado estas campañas en años anteriores. Tomemos como referencia este artículo aparecido en la propia web de Ecologistas en Acción (y difundido por otros muchos medios digitales), que nos proporciona información sobre la campaña del año 2015. Todas estas campañas pretenden sobre todo visibilizar al máximo el enorme gasto destinado por el Estado Español a tareas militares, tanto directas como indirectas. Por supuesto, todos estos fondos son sustraídos de fines sociales y ambientales mucho más necesarios, para los que luego, simplemente, "no hay dinero". ¡Qué lástima! Además, con la objeción fiscal militar se denuncia que la industria de la guerra está íntimamente relacionada con los poderes económicos capitalistas que saquean el planeta, sus pueblos y la propia naturaleza, sometiendo a las personas, y creando focos de terror, destrucción y odio. O bien, con esta objeción fiscal militar podemos impedir que, por ejemplo, se destinen 563 millones de euros para la construcción de un submarino, dos buques, dos helicópteros y un avión de transporte militar, frente a los 16,8 millones de euros que se dedican para todas las emergencias de ayuda humanitaria que puedan surgir a lo largo del año. 

 

El gasto militar, tanto directo como indirecto, tanto finalista como colateral, es no sólo excesivo, sino indecente e inmoral. La fuerza del conjunto de la ciudadanía, de manera pacífica pero efectiva, ha de enfrentarse a toda esta sinrazón. Desde este punto de vista, entendemos que la Objeción Fiscal Militar (OFM) es una herramienta más de la que disponemos para ejercer la militancia pacifista, y aportar nuestro granito de arena en la consecución de la senda del pacifismo. Más en detalle, la OFM es una campaña de desobediencia civil que diversos grupos antimilitaristas y pacifistas llevan proponiendo desde el año 1982, y en la que participan miles de personas cada año. Su existencia no es conocida porque los grandes medios de comunicación (más bien, de intoxicación) se ocupan de que permanezca cada año bien escondida, no vaya a ser que cunda el ejemplo. Como sabemos, la inmensa mayoría de estos grandes medios pertenecen al gran capital, dispersado en este caso en grandes empresas de comunicación, a las que pertenecen numerosas emisoras de radio, cadenas de televisión, revistas, publicaciones, sitios web y periódicos. En estas campañas se invita a todas las personas que quieran realizar su Declaración de la Renta de las Personas Físicas (IRPF) a que expresen su rechazo a sostener el gasto de preparación de las guerras, de la industria militar, de las intervenciones en el exterior, y del mantenimiento del Ejército y demás Cuerpos armados de la Seguridad del Estado, negándose a pagar a la Hacienda Pública una cantidad igual a la que en proporción va a estos destinos (según los Presupuestos Generales del Estado), desviando ese dinero hacia una finalidad social y ecológicamente beneficiosa. Mediante campañas de este tipo se exige de forma activa y responsable el derecho de objeción de conciencia al pago de impuestos con fines militares de forma pública, colectiva, pacífica y consciente. Continuaremos en siguientes entregas.

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5 abril 2018 4 05 /04 /abril /2018 23:00
Viñeta: Quino

Viñeta: Quino

El paro es el resultado de la aplicación de políticas económicas deliberadas para que una empresa como Endesa pueda en 2014 repartir 14.600 millones de euros en dividendos entre sus accionistas. O que los seis principales bancos españoles ganaran 8.000 millones de euros en el primer semestre de 2015, un 48% por encima de los beneficios registrados en el mismo periodo de 2014. Son las mismas entidades financieras que después cierran sucursales y anuncian ERE

Juan Torres López

Y esos grandes accionistas, directores, ejecutivos y demás ralea de los altos vuelos empresariales practican un absoluto desprecio hacia los bienes comunes y hacia los servicios públicos, generando aún más desigualdad. Son los promotores de los falaces mensajes de que "lo gratis no funciona", "lo público es insostenible", y demás lindezas por el estilo. Claro, ellos y ellas no necesitan los servicios públicos, y la insolidaridad rezuma por los poros de sus pieles. Los multimillonarios y sus familias disfrutan de una vida más larga y saludable que los trabajadores y trabajadoras que laboran en sus empresas, sometidos al chantaje, a la presión y a la precariedad impuesta por sus jefes y jefas. Los grandes gerifaltes empresariales no necesitan ni seguros médicos ni hospitales públicos. Un CEO (director ejecutivo, según sus siglas en inglés) vive un promedio de diez años más que un trabajador y disfruta de veinte años más de condiciones de vida saludable. Por eso los vemos trabajar con 70 o más años, porque su mundo es un mundo de garantías, no de incertidumbres, es un mundo de placeres, no de necesidades, es un mundo de satisfacciones, no de precariedad. Los multimillonarios y sus familias disfrutan de accesos privilegiados a las escuelas y a las clínicas más prestigiosas, y sus parejas suelen ser igualmente personas privilegiadas y bien conectadas con las que unen sus inmensas fortunas, multiplicándolas y acumulándolas para sus sucesivas generaciones, inculcando en las mismas ese culto a la desigualdad. Y así, los grandes imperios empresariales forjan imperios aún más grandes. Pero no se debe en la inmensa mayoría de casos, como ya adelantábamos en la entrega anterior, a su especial inteligencia o dedicación. 

 

Se debe a que disfrutan de un mundo capitalista y globalizado pensado para ellos, para perpetuar y aumentar sus riquezas, para incrementar sus privilegios, para mejorar su imagen social. Su riqueza les permite comprar una cobertura de prensa favorable, incluso servil, y les garantiza el acceso a los voceros, abogados y defensores más influyentes, para encubrir y disfrazar sus malas prácticas, sus abusos y sus estafas. A su vez contratan a personal intermedio con dotes de mando para que se ocupen de crear nuevas formas de recortar los salarios, de incrementar la productividad y de asegurarse de que las desigualdades se profundicen aún más. Bancos, tecnologías de la información, fábricas, alimentos, artefactos, laboratorios farmacéuticos, hospitales, etc., están directamente relacionados con las élites políticas que se deslizan por sus puertas giratorias, y de donde se nutren para sus fichajes. Si existen grandes empresarios que se alejen de este perfil que estamos describiendo, lo celebramos. Precisamente, trabajamos por un mundo donde la iniciativa empresarial se limite a una competencia limpia, sin agredir ni depredar al mundo laboral, ni a la naturaleza, ni al resto de animales. Trabajamos por un mundo donde a los empresarios también les preocupen las desigualdades, y a los cuales también les importe el bien común, y no estén pensando continuamente en destruirlo. Trabajamos por un mundo donde los empresarios también comprendan que sus asalariados/as también tienen derecho a vivir unas vidas dignas, como sus jefes, directivos y accionistas. Ojalá llegue el momento donde podamos contar todo eso. Pero desgraciadamente, en pleno siglo XXI, estamos a años luz de dicho escenarios. 

 

Y naturalmente, los multimillonarios están detrás de los idearios políticos más reaccionarios y neoliberales, hasta llegar al fanatismo, siendo los ponentes de las propuestas y medidas más antisociales que podamos imaginar. Estos grandes empresarios suelen comprar a las élites políticas, que incorporan en sus programas las medidas para congelar o reducir los salarios, recortar las obligaciones de las corporaciones, diseñar propuestas legislativas favorables para sus empresas, y aumentar sus ganancias privatizando empresas públicas, y facilitando los traslados y deslocalizaciones de las mismas a terceros países con salarios e impuestos más bajos. Ese "mundo global" que ellos defienden es el mundo creado a su imagen y semejanza, que magnifica su poder, que anula sus fronteras en beneficio de sus empresas, que anula barreras a su expansión, que elimina leyes que les estorban, y que mientras permiten todo ello, exprimen cada vez más a los trabajadores y a la naturaleza. A la vez que ellos consiguen todas estas ventajas y privilegios, la clase trabajadora es empujada cada vez más a la precariedad, a la inestabilidad laboral, a la incertidumbre vital, a la pobreza, a la miseria, al exilio, a la desesperanza, a la exclusión social y a la muerte. La arquitectura de la desigualdad consagra todas estas reglas como destino inevitable, y además, pretende que lo veamos como algo natural, para lo cual no existen alternativas. La clase capitalista "global" (es decir, la surgida de esta maligna globalización), como un todo, tanto la local, como la nacional y la internacional, persiguen las mismas políticas regresivas, promoviendo las desigualdades en su incesante y demencial lucha por incrementar sus ganancias. 

 

Cuenta Rubén Juste en su obra "IBEX 35: una historia herética del poder en España" los siguientes datos: "En 2016 la multinacional petrolera Repsol obtuvo unos beneficios netos de 1.736 millones de euros, el resultado más brillante del último cuatrienio. Los ingresos de los próceres de la entidad caminaron por la misma senda. El consejero delegado, Josu Jon Imaz, percibió 2,9 millones de euros; el presidente de Repsol, Antonio Brufau, 2,75 millones de euros y los miembros del consejo de administración de la petrolera se repartieron 12,75 millones de euros. Repsol es un ejemplo de esplendor en el IBEX-35 (índice de referencia en la bolsa española). Otro es el Banco Santander, que en el primer trimestre de 2017 alcanzó unos beneficios netos de 1.867 millones de euros, un 14% más que los tres primeros meses de 2016. Las remuneraciones de la cúpula directiva son tan pingües como las de la entidad financiera. La presidenta, Ana Botín, percibió 7,37 millones de euros en 2016; el sueldo del vicepresidente, Rodrigo Echenique, se situó en 3,8 millones de euros, y el consejo de administración obtuvo retribuciones por un valor de 25,8 millones de euros". Mientras, asalariados, parados y pensionistas tienen que mendigar por subidas insignificantes, y la mayoría de ellos no pueden desarrollar un proyecto de vida mínimamente digno. Extrapolado al ámbito internacional, las cifras son mareantes. Sólo daremos el siguiente dato: durante el año 2015, las diez mayores empresas del mundo obtuvieron una facturación superior a los ingresos públicos de 180 países juntos. ¿Es o no aberrante esta desigualdad? ¿Es sostenible un modelo de sociedad como el que describimos? 

 

Y por si alguien, queridos lectores y lectoras, os continúa insistiendo en que las fortunas inmensas de estos grandes empresarios se hacen "poco a poco", "con esfuerzo y gran trabajo", "con un enorme sacrificio", vamos a demostrar lo contrario. Y hemos dicho, y no es una errata, VAMOS A DEMOSTRAR. Así, tal como suena. Y si de números hablamos, las cosas sólo se pueden demostrar matemáticamente. Para ello, tomamos como referencia este artículo de Aday Quesada para el medio Canarias Semanal, donde el autor afirma directamente que "no es posible convertirse en multimillonario honestamente", y lo ejemplifica en el caso de Amancio Ortega, el hombre que forjó el imperio textil Inditex. Y es que simples operaciones matemáticas demuestran, como estamos contando, que la combinación entre los años trabajados (empleados en crear su imperio empresarial) y los beneficios que honestamente se pueden obtener anualmente, no pueden dar como resultante una fortuna de decenas de miles de millones de euros. Es simplemente IMPOSIBLE. En el caso de Inditex (extrapolable por supuesto a otros muchos) hemos de considerar la existencia de sus fábricas en Pakistán, Bangladesh y la India, donde la ropa que se confecciona en talleres situados en estos países procede de mano de obra esclava, con salarios miserables, que sólo permiten a sus operarios alimentarse para poder continuar trabajando al día siguiente. Pero en nuestras tiendas en España, resulta que mientras la compañía obtenía 3.157 millones de euros de beneficios durante el año 2016 (un 10% más que el año anterior), los empleados de tiendas de Madrid y León tuvieron que ponerse en huelga porque sus salarios permanecían en estado de latencia o hibernación. Vaya, que no aumentaban ni un euro. A todo ello hay que añadir que la empresa abusa de la contratación a tiempo parcial, y se niega a poner solución al extenso abanico de dolencias profesionales que afectan a aquéllos que trabajan para la compañía. Las matemáticas no fallan. ¿Tendría Amancio Ortega la misma fortuna si no evadiera impuestos, si pagara salarios decentes y la justa protección social a sus trabajadores, si no deslocalizara sus empresas, y si no abusara de un mercado laboral ya de por sí precario? Seguro que no. Continuaremos en siguientes entregas.

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