Actualidad Política y Cultural - Blog de Rafael Silva

El tratado vinculante para las grandes empresas transnacionales que estamos proponiendo desde esta humilde tribuna tendría evidentemente que superar el escollo de las Naciones Unidas, hito prácticamente insuperable de momento, ya que se necesita para ello un gran consenso internacional, que normalmente no se alcanza debido a las innumerables reticencias que plantean los Gobiernos de los Estados donde se encuentran las sedes de las empresas multinacionales más importantes, y como sabemos, el gran capital posee mucha fuerza bajo este escenario de globalización salvaje y desregulada. Básicamente, ese hipotético tratado debería recoger una legislación ejecutable por parte de las empresas (es decir, de obligado cumplimiento) para la prevención de violaciones de los derechos humanos (extensible a los derechos del resto de animales y de la propia naturaleza), con objeto de acabar con la impunidad de las empresas infractoras, obligándolas a reparar los impactos que hubiesen causado. Difícilmente podrá llegarse a este escenario, cuando actualmente hasta los asesinatos que se llevan a cabo contra activistas ambientales por todo el mundo quedan impunes, y se conoce que las empresas que están detrás de los grandes proyectos a los que los activistas se enfrentan son las responsables de sus muertes. El chip, por tanto, debe ser cambiado: necesitamos un contexto que albergue derechos para las personas, y reglas para las empresas. Hoy día ciertamente ocurre lo contrario: a las personas se las margina, se las precariza y se las excluye socialmente, se le anulan sus derechos, mientras que las empresas, amparadas en ese invento de la "seguridad jurídica", cada vez están más protegidas por este perverso sistema. 

No nos engañemos: hoy día, los escenarios de violación de los derechos humanos cometidas por las empresas más grandes del mundo son un fenómeno generalizado. Agresivos proyectos extractivistas ponen en peligro la viabilidad y sostenibilidad de comunidades indígenas en varios países, pues provocan pérdida de biodiversidad, contaminación de acuíferos, mares y ríos, destruyen sus viviendas, o talan sus bosques. Y así, las actividades de estas empresas generan diariamente crímenes ambientales y atentan contra la integridad de las comunidades locales que defienden su derecho a la vida y al medio ambiente. Las comunidades sufren diariamente la persecución, el acoso y el terror, e incluso se llega a asesinar impunemente a determinados dirigentes campesinos, indígenas, o activistas ambientalistas o de derechos humanos. Los secuestros, asesinatos, encarcelamientos, agresiones a mujeres y amenazas constituyen el peligroso día a día de estas comunidades, que sólo buscan poder ejercer en paz sus derechos fundamentales a la vida y a un medio ambiente digno. Por tanto, tal como nos sugiere la ONG Amigos de la Tierra en este documento, se necesita imperiosamente un instrumento jurídicamente vinculante para controlar las actividades de estas empresas transnacionales. Dicho tratado vinculante ha de surgir del apoyo de los movimientos sociales, de las ONG's, de los sindicatos, pero sobre todo de los Gobiernos concienciados en que hay que poner freno a las actividades execrables del gran capital. Difícil escenario hoy día, pues como ya hemos indicado en entregas anteriores, muchas multinacionales poseen más riqueza y poder que los propios Estados, los mismos que deberían reglamentar su actividad. Se ha dejado crecer durante décadas a estos monstruosos agentes económicos, y cuando hemos querido darnos cuenta, resulta que ya son demasiado poderosos. 

Debido a ello y durante décadas (apoyadas por esos Organismos internacionales a los que también nos hemos referido en anteriores entregas, como la OMC), las grandes empresas han logrado impedir la aprobación de normas vinculantes que fueran en contra de sus intereses a través de un fuerte lobby y la complicidad o cuando menos connivencia de los Gobiernos de corte neoliberal imperantes en el mundo. Salvo honrosas excepciones, el enorme poderío empresarial ha campado a sus anchas haciendo y deshaciendo a su antojo, sin más control que el que las propias empresas se dotaban a sí mismas. Los Estados y sus gobernantes se han convertido en vergonzosos vasallos de las mismas, en su gabinete de representación. Como consecuencia de todo ello, hoy nos enfrentamos a estos TLC de última generación, cuyo alcance ya hemos explicado largo y tendido, y las empresas siguen sin responsabilizarse por sus crímenes, y las comunidades y el medio ambiente siguen pagando el precio. Esta escalada resulta ya absolutamente inaceptable, pues pone en peligro de forma irreversible la salvaguarda de los derechos humanos fundamentales, y la sostenibilidad ambiental a nivel global. Bien, la pregunta es...¿Tenemos actualmente alguna herramienta que concuerde con estas características? ¿Poseemos alguna referencia de lo que puede ser un tratado que consagre la arquitectura de los derechos humanos frente a la arquitectura de la impunidad de las empresas? Pues sí, afortundamente. Y a su exposición nos vamos a dedicar en esta recta final de la presente serie de artículos, para que lectores y lectoras posean un marco de referencia de aquéllo que puede y debe ser planteado, y de cómo puede acabarse con las malas prácticas y la impunidad de las grandes empresas transnacionales. 

Se trata del "Tratado Internacional de los Pueblos para el Control de las Empresas Transnacionales", una propuesta abanderada por la Red Global de Movimientos Sociales "Desmantelando el Poder Corporativo". Este no es por tanto un tratado al uso, no es un TLC, no es un tratado comercial en su estricto sentido, sino que se nos presenta como un instrumento precisamente diseñado para poder contrarrestar los nocivos efectos que los TLC nos están trayendo en su última generación. Representa por tanto una nueva configuración jurídico-política de cómo enfrentar la impunidad con la que actúan las grandes empresas en la actualidad. Es un anti-TLC, un anti-tratado, es decir, define el marco de actuación y las garantías debidas que se pueden y deben exigir al funcionamiento, actividades y expansión empresariales, para que dejemos de ser (personas, animales, naturaleza, medio ambiente, planeta en última instancia) meros instrumentos de explotación al servicio del capital representado por ellas. Hay que recuperar los derechos y la democracia como valores fuertes del marco jurídico global. Este Tratado de los Pueblos está diseñado fuera de la lógica jurídica clásica del Derecho Internacional, pues pretende recoger la experiencia acumulada de las diferentes luchas contra las empresas transnacionales, así como contra los Estados y las entidades financieras cómplices con ellas. Se trata de que estas propuestas de los movimientos sociales puedan proponer normas al Derecho Internacional desde su base. Porque como se indica en el propio documento: "El lenguaje de los conocimientos especializados de los abogados oculta el carácter político de su intervención y de la representación de los intereses hegemónicos y tiende a suplantar o tergiversar la participación de las organizaciones sociales, movimientos y comunidades". Oponerse a la impunidad de las empresas supone y exige una confrontación y una lógica muy diferente, para no caer en las trampas de "lo técnico". Hemos de anteponer siempre lo político. 

Seguimos retomando de su misma fuente: "La dificultad de establecer obligaciones precisas y de armonizar en un Tratado las diferentes normas implicadas es evidente: el Derecho Laboral, los derechos humanos, el Derecho Humanitario, el Derecho referido al Medio Ambiente, los derechos de los consumidores, los derechos corporativos, el reconocimiento de la obligación de las empresas transnacionales de respetar las normas internacionales en materia de derechos humanos y de su responsabilidad civil y penal en el caso de incurrir en violaciones a los mismos, la responsabilidad civil y penal de sus dirigentes, la primacía de los derechos humanos y del interés público sobre el interés económico, la obligación de las empresas transnacionales de pagar a sus proveedores y subcontratistas precios razonables por sus productos y servicios, la aprobación de una Corte Internacional y la regulación de la extraterritorialidad...son temas muy diversos y responden a lógicas jurídicas diferentes". Este tratado ofrece un marco de juego para intentar regular el enorme poder transnacional, lo cual ya de por sí es un arduo propósito. Lo primero que hace el Tratado es incrementar el número de actores intervinientes como sujetos de derecho, es decir, las organizaciones, movimientos sociales y comunidades afectadas por las actividades de las ETN, serán igualmente actores y sujetos de pleno derecho de los procesos vinculados al desarrollo del Tratado de los Pueblos. El objetivo final será su aprobación futura (o de un documento similar en su objetivo y alcance) en el marco de la Asamblea General de la ONU, para adoptarlo a partir de ahí como una regla común para todos los Estados e Instituciones en relación a las ETN, consagrando de esta forma que los derechos, responsabilidades y propuestas reconocidas en el Tratado sean transformados a su vez en nuevas leyes, mecanismos e instituciones a nivel nacional, regional e internacional, y sean promovidos para su implementación entre todos los pueblos y Estados del mundo. Continuaremos en siguientes entregas.

Ya sabemos que bajo el capitalismo globalizado, cuando se quiere forzar a determinado pueblo, país, Estado o comunidad a que acepte determinadas condiciones, el mejor chantaje es el económico. Sólo hay que fijarse en la gran cantidad de sanciones económicas que el salvaje Gobierno de Washington impone a determinados países que se enfrentan a sus deseos. Y eso es exactamente lo que lleva ocurriendo en Cataluña desde los días siguientes al referéndum del pasado 1 de octubre. Un acoso económico en toda regla, protagonizado fundamentalmente por las empresas catalanas, o que tenían allí su domicilio social, que se están marchando en bandada "ante el temor de una posible independencia". Bajo el mantra de que "el dinero tiene miedo", todas estas empresas están chantajeando al pueblo catalán, amenazando con retirar sus sedes (muchas lo han hecho ya), para seguir disfrutando en el resto de España de la necesaria "seguridad jurídica" para poder funcionar. Pero no sólo las empresas, ya que este acoso económico está siendo también protagonizado por otros muchos actores, tales como el Gobierno español, las agencias de calificación de riesgos, el FMI, los operadores turísticos, etc. Incluso la propia ciudadanía. Pero vayamos por partes. Ya pasan de la treintena el número de empresas instaladas en suelo catalán que han decidido trasladar su sede social a otros puntos de España (sobre todo Madrid, pero también la Comunidad Valenciana, o la Comunidad Balear, entre otras). De momento, sus centros de producción, oficinas o fábricas continuarán en Cataluña, por lo cual seguirán pagando allí los impuestos relativos a las actividades económicas, o el IBI (sobre bienes inmuebles). Pero el resto de impuestos, como el Impuesto de Sociedades, será ingresado en la Comunidad donde resida su nueva sede social. 

Han declarado que los traslados no afectarán a los intereses de sus accionistas, clientes o empleados/as, pero evidentemente, la inestabilidad, tensión y miedo generados se extienden cada día. También han asegurado que los puestos de trabajo no se verán afectados, pero...¿es que acaso poseen alguna credibilidad estos agentes económicos? ¿Es que acaso no son ellos en sentido general los responsables a gran escala de la ola privatizadora y neoliberal que nos imponen? Algunas se han ido ante la incertidumbre generada tras el referéndum, otras se lo han pensado durante algunos días (pero al final han terminado saliendo de Cataluña), y un tercer grupo han declarado que sólo se irían del territorio catalán si se proclamara formalmente una DUI (Declaración Unilateral de Independencia, que al momento de escribir este artículo, parece ser que ha sido declarada y a continuación suspendida, por lo cual no sabemos cómo reaccionarán finalmente estas empresas). Como su única obsesión es trasladar "tranquilidad a los mercados", no les duelen prendas en instalarse en cualquier otra ciudad (incluso les daría igual irse fuera de España) con tal de aliviar el escenario de incertidumbre. Y bajo el mantra de continuar bajo el amparo del euro y la pertenencia a la Unión Europea, no les importa acabar con el PIB catalán, ni desligarse de su tierra de origen o nacimiento. La pionera fue la empresa Natur House, del campo de la nutrición y dietética, y a día de hoy, la lista, como decimos, es larga: del grupo financiero, tenemos a dos gigantes como son Banco Sabadell y CaixaBank, del grupo energético a Gas Natural Fenosa, y otras muchas pertenecientes a diversos grupos, tales como Aguas de Barcelona (Agbar), Oryzon (biotecnología), Dogi (textil), Eurona (tecnología), Mediolanum (banca de inversión), Proclinic (material odontológico), Torras Papel (material de oficina), Grupo Planeta (el mayor grupo editorial de España), Freixenet (sector del cava), Codorniu (sector del cava), Catalana Occidente (grupo asegurador), Grifols (sector farmacéutico), Abertis (sector de infraestructuras), Cellnex (telecomunicaciones), o Colonial (sector inmobiliario), entre otras muchas.

Todos estos episodios constituyen una prueba más de que el mundo económico es el que realmente nos gobierna, es el poder más fáctico de todos (bajo la agresiva globalización capitalista que sufrimos), y que por supuesto, "no entiende de chiquitas".  Estas grandes empresas, cotizantes del IBEX-35, la mayoría de ellas multinacionales, a pesar de que muchas de ellas declaraban en sus spots publicitarios su adhesión y pertenencia (incluso histórica, como en el caso de las empresas de cava catalán) a Cataluña, a la hora de la verdad han demostrado que su tierra les importa un pimiento en adobo. Han demostrado que sus únicos intereses son sus beneficios, y el hecho de estar presentes en una u otra comunidad, en adscribirse a un determinado pueblo, es para ellas algo absolutamente irrelevante. No les ha importado nada el hecho de ser empresas centenarias, muchas de ellas con un fuerte arraigo en Cataluña. Su única bandera es el dinero, su única razón de ser los beneficios económicos que puedan alcanzar, su única aspiración el generar cada vez más ganancias para sus dueños, directivos y accionistas. Por su parte, el Gobierno español les allana el camino, pues no tardaron ni 48 horas desde la primera deslocalización de un gran banco catalán en aprobar un Decreto-Ley para facilitar el traslado de la sede social de una empresa, eliminando el requisito de que dicho traslado tuviera que ser aprobado en Junta General de Accionistas, bastando sólo una aprobación del Consejo de Administración. Una prueba más de que nuestros gobernantes son los fieles perritos falderos de estos grandes agentes económicos, y que están completamente a su servicio. En estos momentos desconocemos cuáles de dichas empresas retornarán sus sedes a Cataluña si el escenario de fuerte tensión social decrece, y la inestabilidad se va reduciendo, pues algunas de ellas han declarado que dicho traslado era temporal. 

¿Finaliza aquí el acoso económico a Cataluña? Pues sólo habiendo celebrado un intento de referéndum de autodeterminación (decimos "intento" porque el Gobierno había requisado e interceptado cualquier material logístico u organizativo para el mismo), el acoso es aún mayor. Según datos del sector bancario, más de 400 millones de euros salieron de Cataluña durante los 5 días anteriores y posteriores que rodearon la fecha de celebración del referéndum. Por su parte, algunas empresas extranjeras han dejado de realizar algunas inversiones previstas, y el Fondo Monetario Internacional, siempre al quite, ya ha llamado la atención sobre la grave situación económica que se está generando, y el posible peligro de cara a las inversiones, el empleo y las deudas en Cataluña. Las principales Agencias de Calificación de Riesgos, como Standard & Poors, Fitch y Moodys han realizado advertencias y declaraciones en la misma línea, incluso rebajando la valoración del bono catalán. Asímismo, un indeterminado número de posibles clientes se han desplazado desde Cataluña, desde ciudades y pueblos cercanos, a sus ciudades y pueblos vecinos de la Comunidad Autónoma de Aragón, para crear cuentas bancarias en otras entidades, y realizar allí sus depósitos, ante la espantada general y el acoso económico experimentado en pocos días. Sobre todo, algunos pueblos cercanos de la vecina Huesca han registrado un aumento del número de sus cuentas bancarias, por un flujo de clientes durante los últimos días. Hasta tal punto está llegando este acoso económico, que algunos dirigentes de la CUP reconocían en público que una vez declarada la independencia, no habría más remedio que instalar durante algún tiempo una especie de "corralito" económico y financiero, para controlar la cantidad de divisas que puedan gestionar las entidades catalanas, y no tener problemas de liquidez. La situación, por tanto, es ciertamente preocupante. 

En el origen están las irresponsables declaraciones de los dirigentes de las grandes organizaciones empresariales (CEOE), que hace ya mucho tiempo que vienen caldeando el ambiente, creando este clima de miedo e incertidumbre, para que los políticos catalanes (representantes de una ciudadanía que los vota y que está de acuerdo en sus planteamientos, como se demostró en el referéndum) desistieran de sus planes soberanistas. En otros artículos ya hemos afirmado que la gran burguesía catalana siempre ha sido enemiga del proceso soberanista, y así lo han manifestado en numerosas ocasiones los dirigentes de sus organizaciones, como el Círculo de Economía, o Foment del Treball. Como siempre, la gran clase empresarial haciendo gala de su nula sensibilidad social, de su desprecio a la democracia, y de la imposición por la fuerza de sus criterios, tal como han realizado con el Gobierno español aplaudiendo la brutal reforma laboral que ha precarizado profundamente el mundo del trabajo en nuestro país. Ellos son los responsables de todo este chantaje y acoso económico, como medida de fuerza para que se aborten los procesos impulsados por la soberanía popular. Desde esta humilde tribuna volvemos a hacer un llamamiento a desoír las amenazas de estos grandes agentes económicos, a enfrentarse a sus designios y a sus imposiciones, y a continuar por la senda de la desobediencia civil y de la movilización popular. Sólo el pueblo catalán tendrá la fuerza suficiente como para imponerse a la voluntad manipuladora y antidemocrática de los poderes económicos y financieros, así como de la tiranía de las empresas, responsables de la crisis, de las injustas medidas que se han tomado para atajarla, y de la tremenda desigualdad, precariedad y exclusión social que han generado en Cataluña y en el resto de España. Hoy, más que nunca, los verdaderos responsables se muestran ante nuestros ojos. Seamos más fuertes que ellos. 

En la recta final de este segundo bloque temático de la serie, donde hemos expuesto la estructura básica de la desigualdad, y hemos repasado todos los pilares donde se asienta (algunos de ellos los desarrollaremos más a fondo en su propio bloque temático), vamos a ocuparnos (no podíamos dejarlo en el tintero) del caso emblemático de la banca privada. Lo aplicaremos fundamentalmente a nuestro país, pero podemos extrapolarlo a cualquier lugar del mundo, pues la esencia de la banca es la misma en todos sitios. Para comenzar con algunos datos, los tomamos de este artículo de Enric Llopis para el medio Rebelion, donde titula que la banca española ganó más de 6.600 millones de euros en el primer semestre de 2016 mientras avanza en los recortes de plantilla. Un centenar de banqueros españoles ganan una media de 2,3 millones de euros anuales, en un país donde la precariedad laboral está a la orden del día, y la figura del trabajador pobre es cada vez más frecuente. Pero los hay que cobran más. En 2015, los ingresos de la Presidenta del Banco Santander, Ana Patricia Botín, fueron de 7,4 millones de euros, a los que se agregó una aportación al plan de pensiones por valor de 2,3 millones de euros, de manera que la cifra total (9,7 millones) supuso un aumento del 10% respecto a lo percibido en 2014. Y hay más cifras interesantes: por ejemplo, entre sueldo y acciones, los miembros del Consejo de Administración del Santander se repartieron en 2015 un total de 29,7 millones de euros, un 11% más que el año anterior. Concretamente, y según un informe de la Autoridad Bancaria Europea (EBA) hecho público en marzo de 2016, el Estado Español es el quinto país en el ratio de banqueros europeos con sueldos millonarios, tras Reino Unido, Alemania, Francia e Italia. Una situación obscena que se extrapola, como dijimos más arriba, a la banca europea, y en general a la banca privada mundial. 

Pero contemplemos también la otra cara de la moneda. Algunos autores han estimado en 4.400 los despidos anunciados en el sector durante 2016. Las sucursales cerradas de los grandes bancos se cuentan por centenares, a lo que se agregan las reducciones de plantilla, que se cuentan por miles de empleados en cada entidad bancaria de cierto peso. Con la excusa de la informatización de los procesos, actividades y tareas que los clientes pueden solicitar a las entidades, dejan cada vez menos personal atendiendo físicamente a los clientes. El Banco de España informó que en el inicio de la crisis (2008), el número de trabajadores en la banca española ascendía a casi 280.000, año a partir del cual comienza una curva descendente que llega en 2015 a alcanzar la cifra de algo más de 200.000 empleados/as. Por tanto, más de 75.000 personas dejaron de trabajar para la banca durante dicho período. Y mientras la cifra de sucursales era en 2008 superior a las 46.000 por toda España, el número se fue reduciendo hasta las algo más de 30.000 en 2015. Ramón G. Cepas advierte de que sólo en 2013 se clausuraron casi 4.500 oficinas bancarias, sobre todo por el fuerte ajuste que impuso Bruselas a Bankia tras el multimillonario rescate. ¿No vemos aquí todavía más claramente la arquitectura de la desigualdad? Menos riqueza repartida (menos sucursales, menos empleados), más riqueza concentrada (sueldos y complementos de los altos directivos). Y de nuevo, lo uno no puede darse sin lo otro. Volvemos al mensaje principal, en el que venimos insistiendo desde el primer artículo de la serie. Para que exista más riqueza concentrada en pocas manos, ha de ser reducida la riqueza compartida por muchos. Es la perversa ecuación que nos instala la arquitectura de la desigualdad. 

Pero siendo bien pensados, podríamos imaginar que los bancos se gastaran este dinero en obras para el bien común...Más que bien pensados, seríamos unos ingenuos integrales, porque la banca representa a nivel mundial el más execrable negocio que existe. Lo normal es que la banca no sólo abuse de sus clientes mediante infinidad de malas prácticas, sino que además está involucrada en actividades absolutamente indecentes. Veamos un botón como muestra: en este artículo del sitio web de Antimilitaristas, se denuncian las malas prácticas del BBVA: según esta organización, esta entidad bancaria posee el triste privilegio de ser el banco español que lidera las inversiones en la industria armamentística, destinando más de 3.000 millones de euros a financiar a empresas que producen diferentes tipos de armas que luego son exportadas por nuestros indecentes gobiernos, y utilizadas en diferentes guerras y conflictos armados por todo el mundo, provocando la muerte y el desplazamiento forzoso de millones de personas por diversos países. Por otra parte, este banco continúa financiando macroproyectos de un gran impacto social y medioambiental por todo el planeta, entre los que podemos destacar el oleoducto Dakota Access (reactivado por Donald Trump recientemente), o el Gaseoducto del sur de Perú (en Camisea). Además, ha aumentado su participación en la financiación del embalse de Illisu (Kurdistán) a un 25%. Asímismo, y a pesar de haber anunciado públicamente su paralización, esta entidad financiera continúa ejecutando cada año centenares de desahucios que afectan a los sectores de población más dañados por la crisis económica. Según datos que aparecen en el artículo de referencia, desde marzo de 2016 hasta febrero de 2017 la movilización popular ha conseguido suspender 114 ejecuciones hipotecarias, y paralizar otras 13, de las muchas que ordenó el BBVA. 

Además de todo lo anterior, hay que señalar también el papel del BBVA favoreciendo el fraude fiscal de las grandes fortunas, ejerciendo de intermediario para la creación de sociedades offshore en diversos paraísos fiscales (como dejaron acreditado los llamados "Papeles de Panamá"), a la vez que aplica condiciones abusivas en los préstamos hipotecarios y en otros productos bancarios (tal y como han demostrado las variadas sentencias judiciales que obligan a devolver el importe de las denominadas "cláusulas suelo"). Durante toda esta última década de crisis, el BBVA sigue anunciando beneficios (un 31,5% en 2016, esto es, 3.475 millones de euros), y su directiva embolsándose sueldos estratosféricos. Por ejemplo, su Presidente, Francisco González, ganó 13.424 euros cada día del año 2016, mucho más de lo que cobran muchos/as ciudadanos/as durante un año. Asímismo, el BBVA expresa un gran nivel de hipocresía cuando impulsa fundaciones, premios, cátedras, cursos, jornadas, etc., para proyectar una imagen diferente a la que en realidad responde. Por su parte, en esta entrevista de Enric Llopis a Toni Tortosa, Delegado Sindical de CGT-País Valenciano del BBVA para el medio Rebelion, éste afirma que dicha entidad ha impuesto el acoso diario y el miedo al despido. Se practica todo un goteo de despidos, mientras sus directivos perciben sueldos indecentes. Se difunde masivamente, según Tortosa, el argumento de que la empresa no está obteniendo los resultados que espera, para extender sobre sus empleados/as (más de 27.000 en toda España) el miedo generalizado de no continuar en su puesto de trabajo si no se cumplen los objetivos. Por ejemplo, se presiona a los/as trabajadores/as para que comercialicen productos de muy difícil venta en la situación actual de crisis y desconfianza. En el BBVA se ha impuesto la costumbre de publicar ratios (escalas internas) ordenados del primer al último empleado por tipo de producto, con la idea de infundir miedo a aquéllas personas situadas en los últimos lugares. 

El clásico Departamento de Personal ya no se llama siquiera de "Recursos Humanos" (como normalmente ocurre en la mayoría de las empresas, aunque esta denominacióin ya sea insultante), sino de "Talento y Cultura", para inculcar que se trataba de ayudar a la motivación y recuperación del talento. Bajo la falaz idea de identificar a las personas que no aportaban lo suficiente a la empresa para ayudarles a salir de esa situación, a mejorar, a que vendieran más y estuvieran más a gusto en el banco, lo que en realidad ocurre es que se utiliza en sentido contrario, es decir, como una advertencia de que si no vende, o no acepta los traslados que se le ofrecen, o no asiste a las reuniones fuera del horario laboral, se le puede incluir en una amenazante lista negra, que implica que su puesto de trabajo corre peligro. Todo un ambiente de terrorismo empresarial interno. El BBVA, por otra parte, también "compró simbólicamente" algunas entidades quebradas. Por ejemplo, en marzo de 2012 adquirió la UNNIM (cuyo origen eran Caixa Manlleu, Caixa Sabadell y Caixa Terrasa), por el precio de un euro, y a continuación se aplicó un ERE para 619 personas. O más recientemente, en abril de 2015, BBVA adquirió Catalunya Banc, donde también se aplicó un ERE. A finales de 2016 la entidad financiera anunció el cierre de 132 oficinas en febrero, sin contar con los sindicatos. Otra mala práctica de estos gigantes empresariales es externalizar cierto tipo de actividades a terceras empresas también controladas por ellos. Siempre con salarios más bajos, por supuesto. Así, el BBVA ha constituido OP Plus, una empresa a la que se han ido trasladando una serie de servicios administrativos que antes se realizaban en las oficinas, tales como formalización de pólizas, cotejo de documentos, etc. Dejo a los comentarios de mis lectores/as la rápida radiografía que hemos establecido, y continuaremos en siguientes entregas.

En nuestra última entrega nos quedamos comentando algunas de las barbaridades que proclama la Fundación Nacional Francisco Franco, pero la pregunta es...¿Es ésta la única fundación ultraderechista en nuestro país? Sabemos que el PP actual fue gestado por media docena de ex Ministros o altos cargos franquistas, y que por ello (salvo quizá el reciente caso de Vox) no existen más partidos a su derecha, como ocurre en otros países europeos. El PP engloba desde la derecha más moderada hasta la más beligerante. Pero esa es la derecha política. También existen la derecha mediática (ABC, La Razón, El Mundo...), y por supuesto, la derecha social, de la cual forman parte estas fundaciones y organizaciones. Vamos a apoyarnos en este artículo de Danilo Albin para el medio Publico, donde analiza algunas de ellas. Por ejemplo, las entidades que reivindican a José Antonio Primo de Rivera (fundador de la Falange) o a Blas Piñar (fundador de Fuerza Nueva, un partido ultraderechista de la Transición) aún figuran a día de hoy en el Registro del Ministerio de Cultura, donde en su día fueron aceptadas sin inconvenientes. Y lo mismo ocurrió con la entidad que glorifica a los soldados españoles que pelearon junto a los nazis en la extinta Unión Soviética. Todas ellas funcionan de forma completamente legal, recaudan donaciones y gozan del visto bueno de la Administración Pública. Otra prueba más de que la superación del franquismo aún no ha sido llevada a cabo. Bien, pero dicho esto, hemos de reconocer que nada de esto hubiera sido posible sin el apoyo de los tres Gobiernos que autorizaron el registro de dichas fundaciones, a saber, los de Felipe González, José  María Aznar y Mariano Rajoy. Lo exponemos a continuación con más detalle.

En Madrid existe un museo que reivindica la memoria de los soldados que fueron a combatir junto a los nazis a la Unión Soviética. Sus vitrinas con banderas franquistas y muñecos con simbología nazi están a cargo de la Fundación División Azul, una organización registrada legalmente en 1991, bajo el Gobierno "socialista" de Felipe González. Esta fundación cuenta con alrededor de 300 socios a día de hoy. Entre sus objetivos figura "la promoción de todo tipo de actividades culturales (conferencias, exposiciones, concursos, viajes, archivos, etc.) que contribuyan a difundir la historia de la División Azul y de otras unidades de voluntarios afines". Aún así, aseguran no tener ninguna orientación política. Por su parte, los fans de José Antonio Primo de Rivera también disponen de su propia fundación, absolutamente legal. Existen desde finales de 1996, cuando comenzaba el Gobierno del PP de José María Aznar. Según sus estatutos, la Fundación José Antonio fue creada para promover "el estudio, desarrollo y extensión de la figura histórica, política y personal de José Antonio Primo de Rivera y Sáenz de Heredia y su entorno histórico y socio-cultural, así como actualizar su pensamiento en relación con la situación socio-política, económica y cultural actual y futura". Ahí es nada. Su presidente llegó a cuestionar el número de muertes que se produjeron en el bombardeo fascista contra la localidad vasca de Gernika, al tiempo que criticó la "propaganda marxista y nacionalista" en torno a ese terrible ataque. En un número de su boletín digital de noticias aparece un artículo del historiador ultraderechista Pío Moa, quien define a Podemos como "un grupo proetarra, proseparatista, antiespañol, plagado de ignorantes e incultos, abortista (el aborto es la liquidación de vidas humanas indefensas), antifranquista, pro LGTBI, esa extraña y siniestra mafia cargada de odio que pretende regular y penalizar no ya la expresión de otras ideas, sino hasta de otros sentimientos que los suyos".

¿Hay algún lector o lectora que aún tenga dudas de que el franquismo pervive en la mente de muchos en pleno siglo XXI? Danilo Albin cuenta otras anécdotas y descubrimientos en su artículo de referencia, que recomiendo encarecidamente a mis lectores/as. Y si el Gobierno de Aznar no tuvo reparos en legalizar a la Fundación Primo de Rivera, el Ejecutivo de Mariano Rajoy tampoco vio ningún inconveniente cuando recibió la petición de inscripción de otra entidad franquista, como es la Fundación Blas Piñar. Concretamente, fue creada y registrada en julio de 2014 por los hijos del líder de la extinta Fuerza Nueva, fallecido en enero de ese mismo año. A la hora de fijar sus fines y objetivos, los herederos del dirigente ultraderechista escribieron: "La promoción, el estudio y la investigación del pensamiento y la obra religiosa, política y jurídica de Blas Piñar López y su contexto sociopolítico, inspirada en los ideales de Dios, Patria y Justicia, para la memoria colectiva del pueblo español". El actual presidente de esta fundación es el General del Ejército Blas Piñar Gutiérrez, uno de los siete hijos del fundador de Fuerza Nueva. Es de destacar que en 1980, Piñar Gutiérrez, que por aquél entonces era capitán, suscribió un texto de apoyo a los golpistas del 23F, y en 2008 fue sometido a arresto domiciliario debido a sus incendiarias declaraciones contra la cúpula del Ejército. Actualmente, la fundación está centrada en la digitalización de su extenso archivo, en el que abundan los discursos y escritos de alto contenido franquista. Volvemos a la pregunta anterior...A tenor de todo este panorama, de toda esta exhibición permisiva de franquismo en vena...¿podemos afirmar que realmente aquélla etapa negra de nuestra historia está superada? ¿Puede una sociedad que supera una etapa dictatorial albergar en su seno fundaciones dedicadas a la memoria de personajes de claro corte fascista? ¿Puede tolerarse bajo los mimbres de una sociedad supuestamente democrática la existencia de organizaciones que cultivan, rescatan y ensalzan la figura de políticos o pensadores fascistas? 

Esto forma parte del relato social actual. No es del siglo pasado. Continúa ocurriendo actualmente. Todas estas fundaciones obtienen o se han beneficiado de fondos públicos, ya que han sido creadas sin ánimo de lucro, y "por el interés general". Ese mismo interés que pisotea los valores constitucionales, con los que tanto se llenan la boca los mismos gobernantes que permitieron su registro en el Ministerio de Cultura. Estas organizaciones fascistas promueven estudios, conceden premios, cuentan con instalaciones y museos, realizan homenajes anuales de recuerdo, exaltación y reconocimiento a sus líderes, protegen sus legados, actualizan y conservan su material, etc. Y las que hemos mencionado más arriba no son las únicas. También existe desde 1997 la Fundación Serrano Súñer, dedicada a exaltar la imagen y la memoria del cuñado de Franco y uno de los principales artífices del régimen en sus primeros años. Fue ministro franquista hasta en tres ocasiones. En 2013, tal como recoge María F. Sánchez en este artículo para el medio Cuarto Poder, esta fundación organizó las "Jornadas Serrano Súñer" en colaboración con la Universidad CEU San Pablo para hablar "del hombre que puso los cimientos del Estado que salió de la Guerra Civil". También existe la Fundación María Eugenia Yagüe, hija del General Juan Yagüe, quien tuvo un papel relevante en el Golpe de Estado de 1936 y durante la Guerra Civil. Fue conocido como el "Carnicero de Badajoz" (por las innumerables matanzas registradas en esta provincia) y fue amigo personal de Primo de Rivera. Igualmente, existe la Fundación Pro-infancia Queipo de Llano, por muy oscuro que sea establecer un vínculo entre la infancia y uno de los personajes más siniestros del franquismo, el General Gonzalo Queipo de Llano, famoso (entre otras cosas)  por sus incendiarias arengas a las tropas del "bando nacional" contra los republicanos. Durante la Guerra Civil, Queipo de Llano fue el artífice de la toma de Sevilla, ejerciendo una dura represión que dejó más de 3.000 muertos. 

Su táctica fue la del terror, usando la radio de la época como arma de guerra psicológica. En otro artículo de esta serie ya hemos expuesto algún ejemplo de sus terribles discursos. El fundador del movimiento nacionalsindicalista, Ramiro Ledesma Ramos, también dispone de su propia fundación. Este personaje era un declarado admirador de Hitler, y fue uno de los pocos ideólogos del fascismo en España. Fue sacado de la cárcel y fusilado cuando estalló la Guerra Civil. La organización que lleva su nombre, al igual que el grupo ultraderechista Hogal Social Madrid Ramiro Ledesma Ramos, explica que su objetivo es "el estudio, desarrollo y extensión de la figura histórica y política, y su entorno histórico y socio-cultural". En fin, más de lo mismo. En la presente entrega hemos querido por tanto repasar siquiera brevemente el escenario de las distintas fundaciones ultraderechistas que existen legalmente en nuestro país, amparadas por gobiernos "democráticos", que dicen asumir los principios constitucionales, pero que permiten la existencia de este tipo de organizaciones que ensalzan la figura de destacados exponentes del pensamiento fascista de nuestra historia. El franquismo, por tanto, es aún nuestro enemigo interno, y la solución es recuperar la memoria histórica. Pero recuperarla por completo. La plena superación del franquismo no será posible sin esta básica pero fundamental premisa. Hoy día, la derecha intolerante, rancia, autoritaria, corrupta, represora, mediocre, dañina y violenta que nos gobierna nos tiene también secuestrada la memoria histórica. Una memoria colectiva que no obstante sigue latente, mientras no seamos capaces de cicatrizar en firme sus heridas. Por tanto, de cara a la superación del franquismo en todos sus planos y manifestaciones, hay que hacerse eco de la lucha a favor de los derechos de verdad, reparación, justicia, dignidad y garantías de no repetición para los familiares de las víctimas del franquismo, lo cual nos lleva a conocer, valorar y respetar nuestra memoria histórica, y a rechazar (declarándolas ilegales) todas estas fundaciones que exaltan el pensamiento fascista que nos trajo la salvaje dictadura durante casi 40 años. Continuaremos en siguientes entregas.

Vamos a finalizar en la presente entrega el segundo gran bloque temático de esta serie de artículos, que hemos dedicado a las Fuerzas Armadas, y su papel en las sociedades pacifistas. Entendemos que ha quedado claro que la seguridad de los Estados ya no puede ser entendida sólo como su integridad territorial o la seguridad pública de su ciudadanía, sino también como el conjunto de elementos de defensa de los que se dispone para hacer frente a las nuevas amenazas globales. Las estructuras de organización y funcionamiento de las FAS en pleno siglo XXI tienen que adaptarse a nuestro nuevo mundo globalizado, y entender que las nuevas amenazas que nos acechan son de tipos muy distintos a las de siglos anteriores. Y en esa misma línea, las políticas de Defensa de los respectivos países han de cambiar también, reorientándose hacia la senda del Pacifismo, y hacia nuevos modelos de integración de las Fuerzas Armadas en la sociedad. Las fuerzas militares han de enfrentarse hoy día a retos éticos muy distintos a los de tiempos anteriores, y su unidad cívico-militar con la sociedad de la que forman parte y a la que se deben es fundamental para que las FAS sean un elemento verdaderamente útil de nuestro tiempo. Siguiendo el estupendo artículo del ex Teniente Luis Gonzalo Segura, miembro del Colectivo ANEMOI, colectivo cuyas opiniones estamos tomando muy en cuenta dentro de este segundo bloque temático, las principales reformas que las FAS del siglo XXI necesitan podrían agruparse en cambios estructurales, cambios culturales, cambios constitucionales, cambios geopolíticos, cambios en cuanto a la separación de poderes, cambios en cuanto a derechos y libertades, y otros relativos a la reorientación de la industria armamentística, compras de armamento y puertas giratorias. Las expondremos a continuación someramente. 

En cuanto a cambios estructurales, necesitamos en primer lugar unas FAS correctamente dimensionadas tanto en el número de sus efectivos como en la estructura de los mismos. Existe un excedente (histórico) de oficiales que debería solucionarse y una división en tres escalas (oficiales, suboficiales y tropa) que debería también adaptarse para permitir formas de ascenso más justas, rápidas y objetivas. Deberían desaparecer también los ascensos por antigüedad. El Teniente Segura nos da cifras de 19.000 oficiales para 41.000 soldados, es decir, casi un oficial por cada dos soldados. Una aberrante proporción. Por ejemplo, un ejército mixto de 50.000 militares, altamente profesionales y bien equipados, junto a un total de 500.000 reservistas sería económicamente más sostenible, así como más idóneo para cubrir todos los escenarios posibles. En palabras del Teniente Segura: "Este modelo tiene la ventaja de permitir la participación voluntaria y bien remunerada de la sociedad en las Fuerzas Armadas, lo que pondría fin al aislamiento de las mismas y al desconocimiento social de lo que sucede en el mundo militar". Unas FAS estructuradas de esa forma estarían más integradas en la sociedad, y conformarían una situación más saludable para la democracia. Los integrantes de las FAS deberían estar mucho más formados en lo relativo a derechos humanos, derecho internacional, geopolítica, geografía, historia, idiomas, etc. Debería ser factible también el paso de estos militares a las diferentes Administraciones Públicas, desde los 45-50 años en adelante, hasta la edad de su jubilación. De esta forma se evitarían tanto el envejecimiento del ejército como la existencia de una pirámide invertida en la estructura del mismo. 

Hay que acabar igualmente con los privilegios anacrónicos e injustos para los miembros de las FAS, tales como residencias de verano, campos de golf, viviendas reservadas, etc. Habría que aumentar sus salarios (hoy día los soldados cobran cantidades míseras en relación a otros Cuerpos de Seguridad), pero no concederles ningún otro privilegio. En cuanto a los cambios culturales, el Teniente Segura lo explica de este modo: "Un militar debe ser una persona preparada para la guerra pero con un sentimiento y una cultura profundamente antibelicista, y dicho sentimiento sólo puede nacer del conocimiento y la formación. Una guerra debe ser una obligación que cumplir y un sacrificio al que someterse, pero jamás un premio". Pone en debate de esta forma el hecho de que los militares destinados en zonas de conflicto obtengan mejores salarios, mayor prestigio social, concesión de condecoraciones, u otros honores y distinciones. La educación militar, otro de los puntos que necesariamente deben reformarse, debe quedar en manos de personal experto, pero ajeno al mundo militar, salvo en casos o materias imprescindibles. En este sentido, la Guardia Civil debería desmilitarizarse, y cualquier tipo de auditoría o control realizado a las FAS también debería llevarse a cabo por personal civil ajeno al mundo militar. Y respecto a los cambios constitucionales (una reliquia franquista recogida en la Constitución de 1978 bajo el ruido amenazante de los sables), se debería eliminar el artículo 8º que deja en manos de los militares la integridad territorial, la independencia y la soberanía de España. Como venimos repitiendo desde entregas anteriores, los militares se deben al pueblo, del que forman parte, y no son garantes de nada. También deberían modificarse en la Constitución los escenarios de confrontación, como las supuestas misiones de paz, y los procedimientos para acudir a los mismos. En este sentido, ningún militar debería estar en una misión extranjera sin que ello hubiera sido aprobado en referéndum popular y vinculante. 

Nuestro país, siguiendo la senda pacifista, debe huir de cualquier escenario de confrontación bélica, sea éste disfrazado de lo que sea, pues básicamente todos obedecen a una especie de partida de ajedrez geopolítica, a diferentes niveles, y con diferentes intereses contrapuestos. La senda del pacifismo nos obliga a desviarnos de esta ruta suicida, y a permanecer neutrales política y militarmente hablando, pero muy activos en lo que se refiere a la defensa de los derechos humanos y al derecho internacional, tanto público como privado. Por tanto, existen situaciones ante las que esa "neutralidad" es difícilmente sostenible (por ejemplo, en casos como el histórico conflicto palestino-israelí, o el del Sáhara Occidental, a los que dedicaremos en su momento series de artículos que ya tenemos en preparación). Como decíamos más arriba, la industria armamentística necesita también grandes cambios y modificaciones, pero ellas serán tratadas en el bloque temático correspondiente, dedicado al "Capitalismo y deuda militar: la guerra como negocio", donde expondremos con profundidad el estado actual de dicha industria, así como nuestras pertinentes propuestas pacifistas. En esencia, debe terminarse con el negocio de la exportación de armas, sea cual sea el país, pues existen formas más éticas de obtener beneficios económicos. Por su parte, los PEA (Planes Especiales de Armamento) deben salir de la opacidad en la que se encuentran, y ser totalmente integrados en los PGE (Presupuestos Generales del Estado), sin ser disfrazados ni ocultados a la opinión pública. En este sentido, tal como propone el Teniente Segura, el armamento debería ser adquirido por una Junta independiente de las Fuerzas Armadas, del Estado y del Gobierno, formada por personal especialista. Ello aseguraría que dichas compras no se dedicasen a cubrir escenarios que no se van a producir, o bien aprobar la adquisición de armas que no se necesitan, o simplemente, que no se pueden pagar, y aumentan nuestra deuda. 

El asunto de las llamadas "puertas giratorias" también debe estar en el foco de las debidas modificaciones de las estructuras militares, y su relación con el mundo civil, especialmente con la política. Por ley, ningún militar ni político que haya prestado sus servicios para el Ministerio de Defensa debería poder trabajar para la industria armamentística, y al contrario, es decir, trabajar o haber trabajado en ella debería imposibilitar el poder acceder luego al mundo castrense o de la Defensa. Habría incluso que controlar a los familiares que se muevan en estas órbitas. La senda del Pacifismo nos ha de llevar a implementar todos estos cambios (y otros que se nos puedan estar quedando en el tintero), mejorando no sólo la estructura y funcionalidad de nuestros Ejércitos, sino la erradicación de procesos de corrupción en su seno, de cualquier vestigio de mentalidad fascista, o de la desnaturalización de los procesos y decisiones relativas a la participación de nuestras FAS en conflictos armados. Democratización, unidad cívico-militar, revolución del concepto de disciplina y obediencia debida, detección y defensa del pueblo ante las nuevas amenazas de nuestro tiempo, separación de poderes, cambios en las misiones en conflicto, aumento en derechos y libertades, eliminación de su papel constitucional, y reorientaciones en la industria armamentística, son, pues, algunas de las principales modificaciones que la senda pacifista nos obliga a implementar para llegar a poseer unos Ejércitos en conjunción con ella. La senda del Pacifismo es absolutamente incompatible con unos Ejércitos de semilla antidemocrática, que no se deban al pueblo, o que no sepan interpretar las raíces actuales de los conflictos geopolíticos que existen en el mundo. Es deber de los Gobiernos responsables acometer todos estos cambios, y es nuestro deber como ciudadanos/as elegir y apoyar a estos Gobiernos en su tarea. Desde la próxima entrega comenzaremos con nuestro siguiente gran bloque temático.