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11 octubre 2017 3 11 /10 /octubre /2017 23:00

Vídeo: Rechazo a la OMC en Buenos Aires (Argentina)

Está claro que los actuales TLC constituyen herramientas para negar toda sociedad, instrumentos no  para crear empleo, estimular las inversiones o apoyar los servicios públicos (no digamos ya para combatir la pobreza o la desigualdad), sino para garantizar los beneficios de las grandes corporaciones. Lo hemos demostrado desde múltiples puntos de vista, incluso exponiendo la dinámica de la propia OMC, y estamos adentrándonos, en esta recta final de la serie de artículos, en la arquitectura de las posibles alternativas. Los TLC promueven sistemas de justicia privada a favor de las multinacionales, pisotean los derechos humanos, ignoran el cambio climático, se aprovechan de la naturaleza y de los animales, explotan los recursos naturales, socavan la democracia, y representan una suerte de constituciones supranacionales, por encima de los Estados. Instalan nuevas normativas que crean precedentes en el derecho internacional, sitúan el beneficio como la norma suprema, golpean en el corazón de la democracia, ignoran la voluntad de los pueblos, y diseñan execrables mecanismos para destrozar todas las bases de la convivencia en aras de la multiplicación de sus ganancias. Es la explicación para entender porqué se negocian en secreto de cara a la ciudadanía, pero con un protagonismo absoluto de los lobbies empresariales. El conjunto de la ciudadanía y sus representantes de la sociedad civil quedan completamente ignorados. Suponen un ejemplo de actuación manipuladora al margen de los mecanismos de participación democrática. Y por si todo ello fuera poco, la guinda del pastel: instalan mecanismos y cláusulas irreversibles. Como hemos afirmado en entregas anteriores, necesitamos un mandato comercial alternativo. 

 

Necesitamos un combate a los TLC desde la perspectiva anticapitalista, ya que detrás de la bandera del "libre comercio" se sitúa el programa de máximos de las clases dominantes que nos explotan y acaban con nuestros derechos humanos, y con todas las garantías hacia sistemas de igualdad, bienestar y justicia social. Las alternativas han de situarse fuera del campo neoliberal, ya que desde él existe una amplia animadversión hacia prácticamente toda normativa o toda intervención estatal, ya que son consideradas como "barreras" al libre comercio. Por eso las posibles alternativas han de situarse tomando el foco en otros valores, en otros objetivos. Y hay que tener en cuenta los objetivos geopolíticos que se encuentran detrás de los actuales TLC, que han sido comparados a una especie de "OTAN económica". Y ya sabemos quién toma el mando y las decisiones en la OTAN militar. Una alternativa seria a los TLC debe estar enfocada, pues, hacia otros objetivos geopolíticos y económicos distintos, dando preferencia a otras integraciones regionales. El control de los recursos naturales también se sitúa en el punto de mira de los TLC, y por ello están permitidas todas las actividades y prácticas extractivas extremadamente agresivas hacia el entorno natural, tales como el fracking. Las alternativas han de ser cuidadosas y respetuosas hacia el medio ambiente, por lo cual todas estas prácticas extractivas han de ser descartadas. Los TLC actuales persiguen instalar un modelo social donde todos los sectores de la vida estén regulados por la actividad privada con afán de lucro. Todo lo que se aleje o no permita tal objetivo es considerado una "barrera", una limitación, un obstáculo o un peligro para el libre comercio. Pero ya estamos viendo que en realidad son una excusa para poder implementar su salvaje modelo neoliberal. 

 

Pero a las grandes empresas transnacionales no les basta con la escandalosa y creciente desigualdad, la contaminación medioambiental, la rebaja en derechos laborales, la privatización de sectores fundamentales de los servicios públicos, el aumento de la corrupción o el deterioro evidente de la democracia. Aún no les basta. Quieren abundar en todo este aberrante camino, y han visto en los TLC las herramientas definitivas para instalar globalmente su inmenso poderío, y además certificar la imposibilidad de revertir esta terrible situación. Por ello son imperiosamente necesarias las alternativas. En este sentido, la coordinación de los diferentes pueblos del mundo, mediante los miles de colectivos del tejido social organizado, ha de ser significativa. Hay que identificar al enemigo global, que se encuentra en un orden socio-económico injusto y aberrante, que trae como consecuencia una insostenible desigualdad. Frente al fin último de los TLC que supone llegar a la absoluta desregulación (laboral, alimentaria, sanitaria, medioambiental, etc.), las alternativas han de regular y poner límites a los mercados, incidiendo en una mayor intervención pública para controlar los desmanes de estos grandes agentes económicos, y garantizar los derechos humanos, de la naturaleza y del resto de especies animales. Frente a la ubicación de los TLC actuales como estrategias de integración supranacional, gobernadas por los grandes organismos internacionales, las alternativas han de estar dirigidas a la integración de los pueblos mediante acuerdos de los propios colectivos que forman la sociedad civil (sindicatos, asociaciones de consumidores, defensores del medio ambiente, activistas, agrupaciones vecinales, asociaciones profesionales y sectoriales, etc.). Y frente a la imposición de los grandes agentes económicos, las alternativas han de estar guiadas por la práctica democrática profunda, garantizando que son los propios pueblos los que dan luz verde, después de los amplios y pertinentes debates, a la implantación de cualquier acuerdo comercial. 

 

Las alternativas a los TLC no tienen por qué implementar mecanismos proteccionistas, aunque sabemos que estarían justificados bajo ciertas circunstancias. Pero no es ese el objetivo. El objetivo, en primer lugar, como nos cuenta Santiago González Vallejo en este artículo para el medio Rebelion, es conseguir, poder alcanzar, un tratado vinculante para las multinacionales. La situación de partida es bien conocida. Estamos en un mundo globalizado (mejor diríamos bajo una desregulada globalización) donde abundan los tratados comerciales, de inversiones, bilaterales y multilaterales, que obligan a los Estados a abrir sus fronteras, a salvaguardar la competencia, a competir por la localización productiva de las empresas, etc. La competitividad desmedida nos lleva a aceptar las grandes aberraciones del capitalismo, tales como la deslocalización, las crisis económicas, la devaluación salarial, la financiarización de la economía, el enorme poderío de los grandes agentes económicos, etc. Y al mismo tiempo, también periódicamente (aunque cada vez con mayor frecuencia) conocemos que en tal o cual país ocurre un vertido contaminante, una persecución sindical, una corrupción galopante, un acoso a los activistas medioambientales (incluso llegando a asesinarlos), etc. ¿Nuestras sociedades, que se dicen "democráticas", pueden permitir todo esto? Es evidente que no. Todos esos gravísimos hechos tienen como protagonistas a las grandes empresas (algunas no tan grandes) transnacionales, porque su poder se acrecienta, y los TLC contribuyen gravemente a ello. Hemos de darnos cuenta, por tanto, que la democracia tiene que prevalecer sobre los intereses empresariales, y hemos de entender y asumir que todos los elementos de las cadenas de valor (desde la obtención de las materias primas, su elaboración, transformación, ensamblaje y montaje hasta el producto final, y su distribución y venta hasta los consumidores de un mercado final) tienen que ser reguladas para favorecer el trabajo decente, la libertad sindical, el respeto a las normas medioambientales, y el justo reparto y redistribución de la riqueza generada, para disminuir la pobreza y la desigualdad. 

 

Sin embargo, sabemos que todo ello es ignorado en el proceso comercial vigente hoy día. Existe un descuido interesado sobre cómo se obtienen los productos, qué impacto posee su masiva extracción, qué desequilibrios naturales genera, qué consecuencias desata para el medio ambiente, cómo se acuerda el precio final del producto, qué intermediarios actúan en dicha cadena, cómo se diseñan los costes de obtención del mismo, tanto directos como derivados o dependientes del contexto social (leyes laborales, protección social, respeto a los derechos de los trabajadores, nivel de formación de los mismos, protección de riesgos laborales, uso de la tecnología, etc.). Sólo tenemos un camino para revertir todo este desaguisado: conseguir un conjunto de normas respetadas por las empresas. Si se consigue la puesta en marcha y la entrada en vigor (objetivo harto complicado pues muchas empresas poseen beneficios más altos que el PIB de algunos Estados) de un tratado internacional vinculante que ligue el respeto a los derechos humanos y los intereses empresariales se habrá dado un paso de gigante. Podrá ser una semilla de esperanza para poder revertir en el futuro todas las indecentes prácticas que las grandes empresas llevan a cabo por todo el mundo. Lógicamente, deberá contar con todas las características de control, investigación y denuncia de las malas prácticas y reparación e indemnización efectivas a las posibles víctimas. Igualmente, el mecanismo que establezca que ha existido una violación de los derechos humanos tiene que poseer capacidad extraterritorial (o supranacional, si queremos) para poder juzgar esas conductas, independientemente del lugar donde hayan ocurrido los hechos denunciados, o de donde se encuentre la sede social de la empresa en cuestión. Hasta ahora, sin embargo, todos los intentos que se han organizado a nivel oficial (en el seno de la ONU) han sido en vano, ya que poseen un carácter voluntario, no vinculante, por lo cual las empresas no están realmente obligadas (ni preocupadas) a cumplirlos. Se mueven únicamente en la órbita suave de la Responsabilidad Social Corporativa (RSC). Continuaremos en siguientes entregas.

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10 octubre 2017 2 10 /10 /octubre /2017 23:00
Viñeta: http://www.ecorepublicano.es/

Viñeta: http://www.ecorepublicano.es/

¿Puede vivir un país en paz sobre la sangre de miles de desaparecidos? ¿Puede una democracia llamarse de tal modo cuando tergiversa, tapa, oculta y hace escarnio de su propia historia? ¿No ha llegado el momento de que sepamos toda la verdad de la represión fascista, de que todo el mundo quede enterado de que el régimen franquista nació de la traición y el crimen organizado, de que el fascismo español ha sido uno de los regímenes más criminales de la historia de Europa, de que vivimos cuarenta años de ignominia que la democracia todavía no ha saldado?

Pedro Luis Angosto

En nuestra última entrega nos quedamos comentando algunas de las barbaridades que proclama la Fundación Nacional Francisco Franco, pero la pregunta es...¿Es ésta la única fundación ultraderechista en nuestro país? Sabemos que el PP actual fue gestado por media docena de ex Ministros o altos cargos franquistas, y que por ello (salvo quizá el reciente caso de Vox) no existen más partidos a su derecha, como ocurre en otros países europeos. El PP engloba desde la derecha más moderada hasta la más beligerante. Pero esa es la derecha política. También existen la derecha mediática (ABC, La Razón, El Mundo...), y por supuesto, la derecha social, de la cual forman parte estas fundaciones y organizaciones. Vamos a apoyarnos en este artículo de Danilo Albin para el medio Publico, donde analiza algunas de ellas. Por ejemplo, las entidades que reivindican a José Antonio Primo de Rivera (fundador de la Falange) o a Blas Piñar (fundador de Fuerza Nueva, un partido ultraderechista de la Transición) aún figuran a día de hoy en el Registro del Ministerio de Cultura, donde en su día fueron aceptadas sin inconvenientes. Y lo mismo ocurrió con la entidad que glorifica a los soldados españoles que pelearon junto a los nazis en la extinta Unión Soviética. Todas ellas funcionan de forma completamente legal, recaudan donaciones y gozan del visto bueno de la Administración Pública. Otra prueba más de que la superación del franquismo aún no ha sido llevada a cabo. Bien, pero dicho esto, hemos de reconocer que nada de esto hubiera sido posible sin el apoyo de los tres Gobiernos que autorizaron el registro de dichas fundaciones, a saber, los de Felipe González, José  María Aznar y Mariano Rajoy. Lo exponemos a continuación con más detalle.

 

En Madrid existe un museo que reivindica la memoria de los soldados que fueron a combatir junto a los nazis a la Unión Soviética. Sus vitrinas con banderas franquistas y muñecos con simbología nazi están a cargo de la Fundación División Azul, una organización registrada legalmente en 1991, bajo el Gobierno "socialista" de Felipe González. Esta fundación cuenta con alrededor de 300 socios a día de hoy. Entre sus objetivos figura "la promoción de todo tipo de actividades culturales (conferencias, exposiciones, concursos, viajes, archivos, etc.) que contribuyan a difundir la historia de la División Azul y de otras unidades de voluntarios afines". Aún así, aseguran no tener ninguna orientación política. Por su parte, los fans de José Antonio Primo de Rivera también disponen de su propia fundación, absolutamente legal. Existen desde finales de 1996, cuando comenzaba el Gobierno del PP de José María Aznar. Según sus estatutos, la Fundación José Antonio fue creada para promover "el estudio, desarrollo y extensión de la figura histórica, política y personal de José Antonio Primo de Rivera y Sáenz de Heredia y su entorno histórico y socio-cultural, así como actualizar su pensamiento en relación con la situación socio-política, económica y cultural actual y futura". Ahí es nada. Su presidente llegó a cuestionar el número de muertes que se produjeron en el bombardeo fascista contra la localidad vasca de Gernika, al tiempo que criticó la "propaganda marxista y nacionalista" en torno a ese terrible ataque. En un número de su boletín digital de noticias aparece un artículo del historiador ultraderechista Pío Moa, quien define a Podemos como "un grupo proetarra, proseparatista, antiespañol, plagado de ignorantes e incultos, abortista (el aborto es la liquidación de vidas humanas indefensas), antifranquista, pro LGTBI, esa extraña y siniestra mafia cargada de odio que pretende regular y penalizar no ya la expresión de otras ideas, sino hasta de otros sentimientos que los suyos".

 

¿Hay algún lector o lectora que aún tenga dudas de que el franquismo pervive en la mente de muchos en pleno siglo XXI? Danilo Albin cuenta otras anécdotas y descubrimientos en su artículo de referencia, que recomiendo encarecidamente a mis lectores/as. Y si el Gobierno de Aznar no tuvo reparos en legalizar a la Fundación Primo de Rivera, el Ejecutivo de Mariano Rajoy tampoco vio ningún inconveniente cuando recibió la petición de inscripción de otra entidad franquista, como es la Fundación Blas Piñar. Concretamente, fue creada y registrada en julio de 2014 por los hijos del líder de la extinta Fuerza Nueva, fallecido en enero de ese mismo año. A la hora de fijar sus fines y objetivos, los herederos del dirigente ultraderechista escribieron: "La promoción, el estudio y la investigación del pensamiento y la obra religiosa, política y jurídica de Blas Piñar López y su contexto sociopolítico, inspirada en los ideales de Dios, Patria y Justicia, para la memoria colectiva del pueblo español". El actual presidente de esta fundación es el General del Ejército Blas Piñar Gutiérrez, uno de los siete hijos del fundador de Fuerza Nueva. Es de destacar que en 1980, Piñar Gutiérrez, que por aquél entonces era capitán, suscribió un texto de apoyo a los golpistas del 23F, y en 2008 fue sometido a arresto domiciliario debido a sus incendiarias declaraciones contra la cúpula del Ejército. Actualmente, la fundación está centrada en la digitalización de su extenso archivo, en el que abundan los discursos y escritos de alto contenido franquista. Volvemos a la pregunta anterior...A tenor de todo este panorama, de toda esta exhibición permisiva de franquismo en vena...¿podemos afirmar que realmente aquélla etapa negra de nuestra historia está superada? ¿Puede una sociedad que supera una etapa dictatorial albergar en su seno fundaciones dedicadas a la memoria de personajes de claro corte fascista? ¿Puede tolerarse bajo los mimbres de una sociedad supuestamente democrática la existencia de organizaciones que cultivan, rescatan y ensalzan la figura de políticos o pensadores fascistas? 

 

Esto forma parte del relato social actual. No es del siglo pasado. Continúa ocurriendo actualmente. Todas estas fundaciones obtienen o se han beneficiado de fondos públicos, ya que han sido creadas sin ánimo de lucro, y "por el interés general". Ese mismo interés que pisotea los valores constitucionales, con los que tanto se llenan la boca los mismos gobernantes que permitieron su registro en el Ministerio de Cultura. Estas organizaciones fascistas promueven estudios, conceden premios, cuentan con instalaciones y museos, realizan homenajes anuales de recuerdo, exaltación y reconocimiento a sus líderes, protegen sus legados, actualizan y conservan su material, etc. Y las que hemos mencionado más arriba no son las únicas. También existe desde 1997 la Fundación Serrano Súñer, dedicada a exaltar la imagen y la memoria del cuñado de Franco y uno de los principales artífices del régimen en sus primeros años. Fue ministro franquista hasta en tres ocasiones. En 2013, tal como recoge María F. Sánchez en este artículo para el medio Cuarto Poder, esta fundación organizó las "Jornadas Serrano Súñer" en colaboración con la Universidad CEU San Pablo para hablar "del hombre que puso los cimientos del Estado que salió de la Guerra Civil". También existe la Fundación María Eugenia Yagüe, hija del General Juan Yagüe, quien tuvo un papel relevante en el Golpe de Estado de 1936 y durante la Guerra Civil. Fue conocido como el "Carnicero de Badajoz" (por las innumerables matanzas registradas en esta provincia) y fue amigo personal de Primo de Rivera. Igualmente, existe la Fundación Pro-infancia Queipo de Llano, por muy oscuro que sea establecer un vínculo entre la infancia y uno de los personajes más siniestros del franquismo, el General Gonzalo Queipo de Llano, famoso (entre otras cosas)  por sus incendiarias arengas a las tropas del "bando nacional" contra los republicanos. Durante la Guerra Civil, Queipo de Llano fue el artífice de la toma de Sevilla, ejerciendo una dura represión que dejó más de 3.000 muertos. 

 

Su táctica fue la del terror, usando la radio de la época como arma de guerra psicológica. En otro artículo de esta serie ya hemos expuesto algún ejemplo de sus terribles discursos. El fundador del movimiento nacionalsindicalista, Ramiro Ledesma Ramos, también dispone de su propia fundación. Este personaje era un declarado admirador de Hitler, y fue uno de los pocos ideólogos del fascismo en España. Fue sacado de la cárcel y fusilado cuando estalló la Guerra Civil. La organización que lleva su nombre, al igual que el grupo ultraderechista Hogal Social Madrid Ramiro Ledesma Ramos, explica que su objetivo es "el estudio, desarrollo y extensión de la figura histórica y política, y su entorno histórico y socio-cultural". En fin, más de lo mismo. En la presente entrega hemos querido por tanto repasar siquiera brevemente el escenario de las distintas fundaciones ultraderechistas que existen legalmente en nuestro país, amparadas por gobiernos "democráticos", que dicen asumir los principios constitucionales, pero que permiten la existencia de este tipo de organizaciones que ensalzan la figura de destacados exponentes del pensamiento fascista de nuestra historia. El franquismo, por tanto, es aún nuestro enemigo interno, y la solución es recuperar la memoria histórica. Pero recuperarla por completo. La plena superación del franquismo no será posible sin esta básica pero fundamental premisa. Hoy día, la derecha intolerante, rancia, autoritaria, corrupta, represora, mediocre, dañina y violenta que nos gobierna nos tiene también secuestrada la memoria histórica. Una memoria colectiva que no obstante sigue latente, mientras no seamos capaces de cicatrizar en firme sus heridas. Por tanto, de cara a la superación del franquismo en todos sus planos y manifestaciones, hay que hacerse eco de la lucha a favor de los derechos de verdad, reparación, justicia, dignidad y garantías de no repetición para los familiares de las víctimas del franquismo, lo cual nos lleva a conocer, valorar y respetar nuestra memoria histórica, y a rechazar (declarándolas ilegales) todas estas fundaciones que exaltan el pensamiento fascista que nos trajo la salvaje dictadura durante casi 40 años. Continuaremos en siguientes entregas.

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9 octubre 2017 1 09 /10 /octubre /2017 23:00
¡Queremos Acoger...YA!

El mar Mediterráneo se ha convertido en la mayor vergüenza de Europa; en los últimos 17 años, 35.000 personas han perdido la vida en sus aguas, y solo desde 2016 lo han hecho casi 7.000, entre las que se encuentran niñas y niños que se han quedado sin futuro. Y lo que es peor... nuestro Gobierno mira hacia otro lado, mientras estas muertes podrían haberse evitado si las personas hubiesen contado con vías legales y seguras para obtener protección

Fragmento del Manifiesto

Al momento de redactar el presente artículo, son más de cien las organizaciones, colectivos y asociaciones que firman el Manifiesto que vamos a incluir a continuación, para su masiva difusión, apoyo y conocimiento. Y todo causado por la nefasta política de fronteras y de inmigración de nuestro Gobierno, en general de todos los Gobiernos de la Unión Europea, que se están comportando de forma absolutamente vergonzosa en este asunto. Jamás se pudiera haber pensado en el pasado que Europa, tierra de migrantes y de acogida, fuese a perpetrar tan aberrantes ataques contra los derechos humanos de estas personas, desplazados/as forzosos/as de sus países de origen, por conflictos armados, o bien de tipo económico, que cruzan nuestras fronteras jugándose la vida para ser tratados de forma indecente en nuestro Viejo Continente. Aunque las fechas que se citan corresponden al pasado mes de septiembre, nos ha parecido (no hemos podido incluir antes su publicación) un Manifiesto muy interesante por la importancia de los asuntos y datos que expone y por las soluciones que reclama, que siguen vigentes desde hace varios años, y por lo que parece, seguirán vigentes durante algún tiempo más. 

 

Como decíamos, en el sitio web de referencia, en su enlace "Convocantes", encontrarán los lectores y lectoras la numerosa lista de asociaciones que lo apoyan, tales como Abriendo Fronteras, Amnistía Internacional, Anticapitalistas, asociaciones vecinales de diversos puntos del país, diferentes sindicatos, CEAR, Coordinadora de Barrios, Corriente Roja, Ecologistas en Acción, Economistas Sin Fronteras, EQUO, Fundación del Secretariado Gitano, Izquierda Unida, diversos Observatorios de Derechos Humanos, Oxfam Intermón, diversas Plataformas Ciudadanas de Ayuda al Refugiado, Red Acoge, o SOS Racismo, entre otras muchas. Además de todas ellas, el Manifiesto, cuyo contenido vamos a reproducir íntegramente a continuación, puede ser firmado por cualquier persona, desde el propio sitio web:

 

Este mes finaliza el plazo del programa de reubicación europea. Tan solo 27.695 personas han sido acogidas en toda Europa en dos años, lo que supone solo un 23% de los compromisos adquiridos.

 La situación es insostenible. Estamos sufriendo, en pleno siglo XXI, la mayor crisis humanitaria de personas refugiadas y migrantes desde la Segunda Guerra Mundial. El número de personas que huyen de su país para salvar sus vidas por conflictos armados, vulneración de derechos, violencia y persecuciones, aumenta cada día. Ya son más de 65 millones en todo el mundo. En 2016, 1.259.265 trataron de encontrar refugio en Europa solicitando protección internacional, de las cuales solo 15.755 lo hicieron en España. Esta cifra representa el1,2% del total de solicitudes en territorio europeo, que es una de las más bajas de la UE y, pese a ello, no es acompañada por una respuesta adecuada por las autoridades españolas. El mar Mediterráneo se ha convertido en la mayor vergüenza de Europa; en los últimos 17 años, 35.000 personas han perdido la vida en sus aguas, y solo desde 2016 lo han hecho casi 7.000, entre las que se encuentran niñas y niños que se han quedado sin futuro. Y lo que es peor... nuestro Gobierno mira hacia otro lado, mientras estas muertes podrían haberse evitado si las personas hubiesen contado con vías legales y seguras para obtener protección.

Además, nuestras multinacionales, al igual que las de otras potencias mundiales, están también en el origen de las causas de estas migraciones forzosas: guerras provocadas por intereses económicos y energéticos, vulneración de derechos, esclavitud laboral...

Mientras tanto, ¿Qué hace Europa, ¿qué hace España? Lejos de dar una respuesta a favor de las personas, hemos blindado nuestras fronteras ante la llegada de miles y miles de personas buscando refugio, hemos endurecido las políticas de asilo para que cada vez sea más difícil acceder al derecho de protección internacional, y hemos apoyado acuerdos “ilegales” con terceros países no seguros, como Turquía o países africanos, para que sean éstos los que se encarguen de "gestionar" el futuro de millones de personas que huyen de la guerra o cuyas vidas corren peligro por algún tipo de persecución. Personas cuyos derechos humanos están siendo reiteradamente vulnerados, primero en sus países de origen y luego cuando llegan al nuestro, a pesar de todas las leyes internacionales y declaraciones universales que obligan a España a ofrecer protección internacional. Vivimos una crisis del Estado de Derecho.

Para colmo, el Gobierno español tampoco está siendo capaz de cumplir sus propios compromisos. Miles de personas siguen esperando en campos de refugiados dentro y fuera de Europa, en condiciones infrahumanas, para ser acogidas.

España se comprometió a reubicar y reasentar a un total de 17.337 personas. El 26 de septiembre termina el plazo del programa de reubicación europeo, aunque no así sus obligaciones internacionales. A fecha de 14 de septiembre, España ha acogido solo a 1.983 personas, poco más de un ridículo 11% de las 17.337 asignadas en su cuota . Un porcentaje vergonzoso,  que nos coloca en el séptimo lugar en materia de cumplimiento de compromisos de reubicación.

Además, las políticas de asilo españolas durante 2016 han limitado al máximo el derecho de asilo a miles de personas que no huyen del conflicto sirio, pero sí de otros, y que también sufren violaciones de sus derechos.

Ahora más que nunca, es necesario y urgente que toda la ciudadanía, colectivos, asociaciones, entidades y movimientos sociales salgamos a la calle para decir alto y claro lo que queremos.

  • Queremos una Europa Acogedora, NO una Europa Fortaleza.
  • Que se proteja el derecho a la vida y al refugio, NO que se vulneren los derechos de las personas que intentan llegar a nuestras fronteras huyendo de la muerte.
  • Que se acoja a estas personas cumpliendo con la legislación internacional y que no se incumplan los compromisos y obligaciones adquiridos. NO se puede expulsar a nadie a países no seguros.

Todas juntas exigimos que las personas que huyen de sus países sean tratadas según sus derechos y por tanto puedan solicitar la protección internacional a la que tienen derecho en países como España, sin trabas y de forma efectiva.

  • Que España, y el resto de los países europeos, garantice para ello el acceso a unas vías legales y seguras, como corredores humanitarios o la posibilidad de solicitar asilo en embajadas.
  • Que España y el resto de gobiernos de la UE adopten medidas urgentes de acogida, y las apliquen de inmediato, haciendo especial hincapié en las necesidades especiales de protección de las personas en situación de vulnerabilidad como niños y niñas, mujeres y personas LGTBI.
  • Que la Unión Europea priorice políticas dirigidas a salvar vidas, en lugar de las de control migratorio
  • Que España y la UE lleven a cabo políticas de acogida que garanticen la dignidad y la inclusión de las personas refugiadas y migrantes.
  • Y por supuesto, que los gobiernos refuercen la cooperación al desarrollo para trabajar en las causas que provocan los desplazamientos de las personas refugiadas, para evitar que sigan huyendo.

Por todas estas razones, el próximo sábado 30 de septiembre, saldremos de nuevo a la calle a mostrar nuestra indignación. Y a exigir al Gobierno de España, y a la UE en su conjunto, que no juegue con la vida de millones de personas y ofrezca unas políticas migratorias y de acogida que garanticen los derechos humanos.

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8 octubre 2017 7 08 /10 /octubre /2017 23:00
Por la senda del Pacifismo (71)

La amenaza militar seguirá existiendo en tanto se mantenga una aberrante autonomía de las fuerzas armadas respecto al poder civil. ¿En qué país democrático las fuerzas armadas tienen misiones específicas inscritas en la constitución? ¿Es aceptable que altos mandos militares amenacen a la población con una intervención violenta en virtud de la defensa del ordenamiento constitucional? ¿Es aceptable que la Jefatura del Estado y de las Fuerzas Armadas recaigan en alguien no elegido democráticamente?

Manuel Ruiz Robles (Colectivo ANEMOI)

Una de las grandes reformas que debemos afrontar con prontitud son las Fuerzas Armadas. Es innegable que requieren un cambio profundo dado que son herederas directas del Franquismo y han constituido una amenaza para la sociedad española en los últimos 200 años y para la propia democracia con diferentes acciones bélicas, conspirativas y mediáticas. Es necesaria una gran transición

Luis Gonzalo Segura, ex Teniente del Ejército de Tierra (Colectivo ANEMOI)

Vamos a finalizar en la presente entrega el segundo gran bloque temático de esta serie de artículos, que hemos dedicado a las Fuerzas Armadas, y su papel en las sociedades pacifistas. Entendemos que ha quedado claro que la seguridad de los Estados ya no puede ser entendida sólo como su integridad territorial o la seguridad pública de su ciudadanía, sino también como el conjunto de elementos de defensa de los que se dispone para hacer frente a las nuevas amenazas globales. Las estructuras de organización y funcionamiento de las FAS en pleno siglo XXI tienen que adaptarse a nuestro nuevo mundo globalizado, y entender que las nuevas amenazas que nos acechan son de tipos muy distintos a las de siglos anteriores. Y en esa misma línea, las políticas de Defensa de los respectivos países han de cambiar también, reorientándose hacia la senda del Pacifismo, y hacia nuevos modelos de integración de las Fuerzas Armadas en la sociedad. Las fuerzas militares han de enfrentarse hoy día a retos éticos muy distintos a los de tiempos anteriores, y su unidad cívico-militar con la sociedad de la que forman parte y a la que se deben es fundamental para que las FAS sean un elemento verdaderamente útil de nuestro tiempo. Siguiendo el estupendo artículo del ex Teniente Luis Gonzalo Segura, miembro del Colectivo ANEMOI, colectivo cuyas opiniones estamos tomando muy en cuenta dentro de este segundo bloque temático, las principales reformas que las FAS del siglo XXI necesitan podrían agruparse en cambios estructurales, cambios culturales, cambios constitucionales, cambios geopolíticos, cambios en cuanto a la separación de poderes, cambios en cuanto a derechos y libertades, y otros relativos a la reorientación de la industria armamentística, compras de armamento y puertas giratorias. Las expondremos a continuación someramente. 

 

En cuanto a cambios estructurales, necesitamos en primer lugar unas FAS correctamente dimensionadas tanto en el número de sus efectivos como en la estructura de los mismos. Existe un excedente (histórico) de oficiales que debería solucionarse y una división en tres escalas (oficiales, suboficiales y tropa) que debería también adaptarse para permitir formas de ascenso más justas, rápidas y objetivas. Deberían desaparecer también los ascensos por antigüedad. El Teniente Segura nos da cifras de 19.000 oficiales para 41.000 soldados, es decir, casi un oficial por cada dos soldados. Una aberrante proporción. Por ejemplo, un ejército mixto de 50.000 militares, altamente profesionales y bien equipados, junto a un total de 500.000 reservistas sería económicamente más sostenible, así como más idóneo para cubrir todos los escenarios posibles. En palabras del Teniente Segura: "Este modelo tiene la ventaja de permitir la participación voluntaria y bien remunerada de la sociedad en las Fuerzas Armadas, lo que pondría fin al aislamiento de las mismas y al desconocimiento social de lo que sucede en el mundo militar". Unas FAS estructuradas de esa forma estarían más integradas en la sociedad, y conformarían una situación más saludable para la democracia. Los integrantes de las FAS deberían estar mucho más formados en lo relativo a derechos humanos, derecho internacional, geopolítica, geografía, historia, idiomas, etc. Debería ser factible también el paso de estos militares a las diferentes Administraciones Públicas, desde los 45-50 años en adelante, hasta la edad de su jubilación. De esta forma se evitarían tanto el envejecimiento del ejército como la existencia de una pirámide invertida en la estructura del mismo. 

 

Hay que acabar igualmente con los privilegios anacrónicos e injustos para los miembros de las FAS, tales como residencias de verano, campos de golf, viviendas reservadas, etc. Habría que aumentar sus salarios (hoy día los soldados cobran cantidades míseras en relación a otros Cuerpos de Seguridad), pero no concederles ningún otro privilegio. En cuanto a los cambios culturales, el Teniente Segura lo explica de este modo: "Un militar debe ser una persona preparada para la guerra pero con un sentimiento y una cultura profundamente antibelicista, y dicho sentimiento sólo puede nacer del conocimiento y la formación. Una guerra debe ser una obligación que cumplir y un sacrificio al que someterse, pero jamás un premio". Pone en debate de esta forma el hecho de que los militares destinados en zonas de conflicto obtengan mejores salarios, mayor prestigio social, concesión de condecoraciones, u otros honores y distinciones. La educación militar, otro de los puntos que necesariamente deben reformarse, debe quedar en manos de personal experto, pero ajeno al mundo militar, salvo en casos o materias imprescindibles. En este sentido, la Guardia Civil debería desmilitarizarse, y cualquier tipo de auditoría o control realizado a las FAS también debería llevarse a cabo por personal civil ajeno al mundo militar. Y respecto a los cambios constitucionales (una reliquia franquista recogida en la Constitución de 1978 bajo el ruido amenazante de los sables), se debería eliminar el artículo 8º que deja en manos de los militares la integridad territorial, la independencia y la soberanía de España. Como venimos repitiendo desde entregas anteriores, los militares se deben al pueblo, del que forman parte, y no son garantes de nada. También deberían modificarse en la Constitución los escenarios de confrontación, como las supuestas misiones de paz, y los procedimientos para acudir a los mismos. En este sentido, ningún militar debería estar en una misión extranjera sin que ello hubiera sido aprobado en referéndum popular y vinculante. 

 

Nuestro país, siguiendo la senda pacifista, debe huir de cualquier escenario de confrontación bélica, sea éste disfrazado de lo que sea, pues básicamente todos obedecen a una especie de partida de ajedrez geopolítica, a diferentes niveles, y con diferentes intereses contrapuestos. La senda del pacifismo nos obliga a desviarnos de esta ruta suicida, y a permanecer neutrales política y militarmente hablando, pero muy activos en lo que se refiere a la defensa de los derechos humanos y al derecho internacional, tanto público como privado. Por tanto, existen situaciones ante las que esa "neutralidad" es difícilmente sostenible (por ejemplo, en casos como el histórico conflicto palestino-israelí, o el del Sáhara Occidental, a los que dedicaremos en su momento series de artículos que ya tenemos en preparación). Como decíamos más arriba, la industria armamentística necesita también grandes cambios y modificaciones, pero ellas serán tratadas en el bloque temático correspondiente, dedicado al "Capitalismo y deuda militar: la guerra como negocio", donde expondremos con profundidad el estado actual de dicha industria, así como nuestras pertinentes propuestas pacifistas. En esencia, debe terminarse con el negocio de la exportación de armas, sea cual sea el país, pues existen formas más éticas de obtener beneficios económicos. Por su parte, los PEA (Planes Especiales de Armamento) deben salir de la opacidad en la que se encuentran, y ser totalmente integrados en los PGE (Presupuestos Generales del Estado), sin ser disfrazados ni ocultados a la opinión pública. En este sentido, tal como propone el Teniente Segura, el armamento debería ser adquirido por una Junta independiente de las Fuerzas Armadas, del Estado y del Gobierno, formada por personal especialista. Ello aseguraría que dichas compras no se dedicasen a cubrir escenarios que no se van a producir, o bien aprobar la adquisición de armas que no se necesitan, o simplemente, que no se pueden pagar, y aumentan nuestra deuda. 

 

El asunto de las llamadas "puertas giratorias" también debe estar en el foco de las debidas modificaciones de las estructuras militares, y su relación con el mundo civil, especialmente con la política. Por ley, ningún militar ni político que haya prestado sus servicios para el Ministerio de Defensa debería poder trabajar para la industria armamentística, y al contrario, es decir, trabajar o haber trabajado en ella debería imposibilitar el poder acceder luego al mundo castrense o de la Defensa. Habría incluso que controlar a los familiares que se muevan en estas órbitas. La senda del Pacifismo nos ha de llevar a implementar todos estos cambios (y otros que se nos puedan estar quedando en el tintero), mejorando no sólo la estructura y funcionalidad de nuestros Ejércitos, sino la erradicación de procesos de corrupción en su seno, de cualquier vestigio de mentalidad fascista, o de la desnaturalización de los procesos y decisiones relativas a la participación de nuestras FAS en conflictos armados. Democratización, unidad cívico-militar, revolución del concepto de disciplina y obediencia debida, detección y defensa del pueblo ante las nuevas amenazas de nuestro tiempo, separación de poderes, cambios en las misiones en conflicto, aumento en derechos y libertades, eliminación de su papel constitucional, y reorientaciones en la industria armamentística, son, pues, algunas de las principales modificaciones que la senda pacifista nos obliga a implementar para llegar a poseer unos Ejércitos en conjunción con ella. La senda del Pacifismo es absolutamente incompatible con unos Ejércitos de semilla antidemocrática, que no se deban al pueblo, o que no sepan interpretar las raíces actuales de los conflictos geopolíticos que existen en el mundo. Es deber de los Gobiernos responsables acometer todos estos cambios, y es nuestro deber como ciudadanos/as elegir y apoyar a estos Gobiernos en su tarea. Desde la próxima entrega comenzaremos con nuestro siguiente gran bloque temático. 

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5 octubre 2017 4 05 /10 /octubre /2017 23:00
Arquitectura de la Desigualdad (58)

Primero los bancos y especuladores nos endeudaron por décadas para acceder a una vivienda. Después, cuando en 2008 su burbuja económica colapsó, provocaron desempleo masivo y degradación de las condiciones de vida. Desde entonces más de 600.000 ejecuciones hipotecarias, de dudosa legalidad, han expulsado por la fuerza 200.000 hogares, sin importar la presencia de niños, mayores o dependientes. Muertos civiles, con cadena perpetua por aspirar con su trabajo a tener techo, luz y agua

Fragmento de un Comunicado de la PAH

Como ya señalábamos en nuestra última entrega, las privatizaciones son el gran cáncer que nos corroe (junto con la corrupción), pues son las responsables de que el gran trasfondo de las políticas que se ejecutan, cambien absolutamente su naturaleza, fundamentos y objetivos. En nuestro país, el Estado comenzó a desprenderse hace más de 30 años (bajo el Gobierno "socialista" de Felipe González) de sus bancos y de sus empresas de energía, telecomunicaciones y transportes. Como decimos, los Gobiernos del PSOE de González iniciaron el proceso (comenzando el declive del Estado del Bienestar, que nunca estuvo plenamente desarrollado en nuestro país), que tuvo su auge con el Gobierno del PP de José María Aznar, y que ha culminado en las recientes legislaturas del PSOE de Zapatero y del PP de Rajoy. Empresas otrora públicas como Seat, Telefónica, Argentaria, Repsol, Gas Natural, o más recientemente AENA, fueron pasando por estadíos donde el capital controlado por el Estado era cada vez menor. En su momento, el PP acometió las privatizaciones definitivas, bajo la puerta abierta que el PSOE le había dejado. En un tiempo récord de pocos años, pusieron en manos privadas la totalidad de los sectores estratégicos de nuestra economía, haciendo depender dichos suministros, bienes o servicios públicos básicos a la ciudadanía de que ésta pudiera o no pagarlos. La mercantilización copaba cada vez un mayor número de servicios y bienes públicos, o bien suministros básicos, y los derechos humanos se iban resintiendo. En palabras de Ana Tudela, autora de la trilogía "Privatizaciones: como si no hubiera un mañana": "En cuestión de meses, los representantes del sector público salieron de los Consejos de Administración de Endesa o Telefónica, las empresas que daban luz y telefonía a los ciudadanos, dejando como único objetivo de los gestores desde ese momento uno: aumentar su beneficio". 

 

Al mismo tiempo, la gran banca privada (de la que hablaremos con más calma antes de finalizar este bloque temático) fue introduciendo su poder en las grandes empresas privatizadas, hasta convertirse en un núcleo duro participando en el accionariado de todo ese entramado económico que gobernaba al país. De este modo, las entidades financieras se convirtieron en pieza clave del poder empresarial en nuestro país. Por ejemplo, BBVA tomó posiciones en Telefónica, Repsol, Iberdrola, Acerinox, Gamesa, Gas Natural, Iberia o Sogecable. Por su parte, el Santander tejió su red de participaciones industriales centrándose en aquélla segunda mitad de los años '90 en Endesa, Vodafone, Cepsa, Unión Fenosa, Retevisión, u Ono. Hoy día, una regla de oro que podemos observar en nuestra economía (no sólo a nivel nacional, sino internacional) es que detrás de cualquier gran empresa que controle un sector estratégico, está la banca. Y una vez en la órbita de la privatización, las empresas (junto con los Gobiernos y la banca) fueron colocando en sus cargos directivos a personas "de su confianza", en realidad amigos o personas de enorme afinidad ideológica, a quienes se encargaba el crecimiento de dichas empresas a costa de lo que fuere. Y así, nombres como Francisco González, Juan Villalonga, César Alierta, Alfonso Cortina, Miguel Blesa, y otros muchos, fueron puestos al frente de dichos buques insignia de nuestra economía. Al mismo tiempo que todo esto se iba desarrollando, se fue instalando en el imaginario colectivo (como otra práctica de aceptación de las reglas del capitalismo) una especie de "capitalismo popular", consistente en hacer participar al conjunto de la ciudadanía del gran capital de algunas empresas. En palabras de Ana Tudela: "Al ciudadano de a pie se le ofrecía probar las mieles del mercado comprando un puñado de acciones que le convertían en propietario de lo que un día antes le pertenecía, aunque sólo como parte de ese difuso fondo común que es la propiedad pública. Ahora podía crecer en su bolsillo".

 

De este modo, la arquitectura de la desigualdad no solamente se iba proyectando, sino que además, se iba legitimando por una gran parte de la ciudadanía. Y así, las prácticas populares de entrada en el accionariado de las empresas (aunque fuera simbólicamente) se fueron extendiendo, proliferaron los anuncios publicitarios sobre estas prácticas, y aquélla práctica se fue extendiendo como la pólvora, constituyendo el germen del estallido de muchos fraudes colectivos que aún hoy nos salpican, como los de Fórum Filatélico o Afinsa. La órbita privatizadora concede también una estela de impunidad, germen también (unido a la falta absoluta de democratización en su seno, es decir, en sus estructuras y funcionamiento) de las terribles prácticas llevadas a cabo por estas empresas, sobre todo por la banca (estafas, participaciones preferentes, planes privados de pensiones, desahucios, y un largo etcétera). Y aún se daban otros efectos perversos, como el que destaca Rafael Pampillón: "Con el capitalismo popular se evita la posibilidad de una nacionalización futura de la empresa privatizada, puesto que sería una medida que perjudicaría a un gran número de ciudadanos". En efecto, es como si hubiésemos sembrado la semilla de la privatización en cada uno de esos pequeños accionistas, por lo cual, a partir de ese momento, se sienten parte de ese proyecto empresarial, que no les pertenece, pero que hacen igualmente suyo, como una defensa de sus propios intereses. En el fondo, estamos instalando en el imaginario colectivo la semilla de esos peligrosos valores del neoliberalismo (individualismo, egoísmo, competitividad, etc.), y denigrando la valoración de lo público. Una gran parte de la sociedad iba asumiendo los mantras neoliberales que argumentan que el Estado debe reducir su tamaño, no debe ser intevencionista ni "dirigista", etc., aunque como luego se ha demostrado con el estallido de la crisis hace una década, las empresas acuden al "Papá Estado" para que las rescate cuando lo necesitan. 

 

Hoy día los grandes sectores económicos y estratégicos del país no sólo están en manos privadas, sino que además constituyen peligrosos monopolios u oligopolios. Ello incide en que los servicios que prestan estas grandes empresas (para las cuales somos "consumidores" o "clientes") han encarecido diabólicamente sus precios, además de disminuir (con la inestimable ayuda de las nuevas tecnologías) la calidad de su servicio a la población. Y a nivel interno, ha servido no sólo para engordar el fenómeno de las "puertas giratorias", sino también para reducir personal de forma abrumadora (a base de gigantescos ERE que ponen de patitas en la calle a miles de empleados),  y para disparar la desigualdad social. Las proclamadas "bondades" de la privatización han resultado ser un bulo de gigantesco tamaño, que está minando las bases democráticas de nuestra sociedad. Las privatizaciones cumplen además el efecto y la consecuencia esperada que venimos denunciando desde nuestros primeros artículos de esta serie, que consiste en que estos grandes poderes económicos despliegan tanta influencia que imponen sus políticas sobre Gobiernos y representantes públicos, y hacen muy difícil ir migrando y evolucionando, por ejemplo, hacia políticas energéticas basadas en las fuentes renovables, o hacia modelos de banca pública. El poder de estas enormes corporaciones privadas y su intrincada trama de intereses se interpone con los objetivos de unos modelos de sociedad más justos y sostenibles, de ahí que se vuelva una imperiosa necesidad el tener que recortar su tremendo poderío. Pero en vez de ello, la estrategia privatizadora continúa, existiendo planes en este sentido, por ejemplo, para Renfe o Correos, que ya han recorrido cierto camino. Necesitamos, como parte de las medidas para revertir la tremenda desigualdad, devolver de nuevo al control público los bienes y servicios controlados por estas grandes empresas, para situarlas en el contexto de la justicia social, y poder eliminar gran parte de sus injustas prácticas, que condenan a la exclusión a miles de personas. 

 

Para ir demoliendo los parámetros que nos han traído a esta arquitectura social de la desigualdad, necesitamos (en este ámbito de la privatización que estamos considerando en esta entrega) que el Estado actúe para contribuir a los intereses de la sociedad en su conjunto. Necesitamos devolver a las arcas públicas (mediante procesos de desprivatización, nacionalización e incluso expropiación) la gestión y el control de sus actividades, para instaurar sistemas y procesos públicos, universales y gratuitos en relación a bienes, suministros y servicios que satisfacen derechos humanos fundamentales. Hoy día el fenómeno ha llegado a tales niveles de perversión que es absolutamente imprescindible revertir la propiedad del gran capital a manos públicas. Es necesario abordar el problema desde múltiples puntos de vista, contribuyendo también a ir reduciendo esos valores presentes en gran parte de la población, que consideran el ámbito privado como "mejor gestor" que el público, y que demonizan la iniciativa pública, el poder político en sí mismo, y que abrazan la iniciativa privada y sus perversiones como la mejor opción. Hemos de convencer demostrando que la iniciativa y el control público (comunitario, democrático) son la única solución para evitar la infinidad de problemas que nos está trayendo desde hace décadas la ola privatizadora, desmontando sus falacias e instalando una nueva cultura de lo público asentada en los valores de la cooperación, la solidaridad, el bien común y el reparto de los beneficios como nuevos valores sociales. Sólo así la arquitectura de la desigualdad podrá ser poco a poco desmontada. A partir de la próxima entrega, y como recta final de este bloque temático, consideraremos más a fondo el paradigmático caso de la banca, como perverso modelo a desmontar por sus terribles prácticas de cara a la ciudadanía. 

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4 octubre 2017 3 04 /10 /octubre /2017 23:00
Contra los Tratados de Libre Comercio (50)

Cuando me despierto por la noche y pienso en el sistema de arbitraje, nunca deja de sorprenderme que Estados soberanos hayan aceptado cualquier forma de arbitraje con inversores (…). Se les da el poder a tres personas privadas para que revisen, sin ningún tipo de restricción o procedimiento de apelación, todas las acciones del gobierno, todas las decisiones de la justicia y todas las leyes y reglamentos provenientes del parlamento

Juan Fernández-Armesto (árbitro español)

En el último artículo de esta serie nos quedamos hablando sobre el ALBA, como un claro ejemplo de alternativa a los TLC. Comentamos allí sus características, claramente enfrentadas y opuestas a los objetivos que persiguen los tratados actuales, como el CETA, el TPP, el TISA, etc. El ALBA sobre todo tiene claro que la intervención estatal es absolutamente necesaria, ya que sin una clara intervención pública dirigida a reducir las disparidades, desequilibrios y asimetrías entre los diferentes países firmantes del tratado, la libre competencia entre desiguales no puede conducir sino al empoderamiento de los más fuertes en perjuicio de los más débiles. Los tratados comerciales, lejos de estar enfocados a la obtención de más beneficios por parte de las transnacionales, deben estar enfocados hacia la integración regional, que revierta en beneficio para las poblaciones locales y regionales, y está claro que ello requiere una agenda económica definida por los propios Estados soberanos, representantes de sus pueblos, fuera de toda nefasta influencia de los organismos internacionales como la OMC (ya comentada a fondo en artículos anteriores). Y además, ALBA es mucho más que un tratado comercial. En su seno se han creado y difundido proyectos de integración regional que han servido para contribuir a la fraternidad y la cooperación entre sus diferentes países, tales como medios de comunicación (Telesur), entidades financieras (Banco del ALBA), monedas virtuales (el SUCRE), o empresas extractivas (Petrocaribe), entre otros. Gracias al ALBA, ha sido posible alcanzar hitos de integración regional latinoamericana nunca antes vistos, así como confraternizar a sociedades y pueblos hermanos bajo objetivos comunes. 

 

Por tanto, existen y se han probado fehacientemente otras alternativas más beneficiosas a los actuales estándares en tratados de libre comercio, y a ellos nos remitimos. Unas alternativas que parten del respeto a la soberanía popular, que se orientan al desarrollo de los pueblos, que respetan el medio ambiente, que no colocan como objetivo fundamental el incremento de los beneficios empresariales, que incrementan los servicios públicos, que expanden la democracia, y que sirven como verdaderas herramientas de integración regional. Se ha demostrado que la simple apertura de fronteras comerciales (en realidad, apertura hacia la libre circulación de capitales, productos, bienes y servicios) no basta, ni mucho menos, para traer prosperidad a los pueblos implicados. Más bien al contrario, la desregulación salvaje de los mercados han traído las recientes crisis y han socavado las democracias populares, incidiendo en un empeoramiento en la calidad de vida del conjunto de la ciudadanía. Este, por tanto, no es el camino correcto. Pero están claras las alternativas. Si queremos construir acuerdos comerciales justos y equilibrados, respetuosos hacia la democracia y la justicia social y ambiental, es urgente replantearse las reglas de juego impuestas por los grandes agentes económicos. Y es preciso escapar de la perversa lógica comercial impuesta por los grandes organismos internacionales. Hay que variar las reglas y los objetivos. Debe entenderse que el comercio internacional, así como el conjunto de la economía, están al servicio del ser humano y de la naturaleza, y no al contrario. Por eso, la vida, la salud, el trabajo o la alimentación no deberían estar sujetas a los mercados. Existen unos mínimos vitales que tenemos que respetar, si pretendemos mínimamente garantizar sociedades justas y sostenibles. Los servicios públicos, el acceso al agua, la seguridad alimentaria, o la obtención de medicamentos vitales a precios asequibles, entre otros, son objetivos irrenunciables. 

 

Necesitamos también otros enfoques frente a algunos asuntos. Por ejemplo, hemos de considerar a la agricultura y la alimentación no sólo como fuente de nutrición, sino también como verdaderos pilares donde se asientan comunidades, culturas, civilizaciones y ambientes rurales y urbanos justos y saludables. Y para ello, la soberanía en todos estos aspectos es un objetivo irrenunciable. Quizá la soberanía alimentaria sea un ejemplo paradigmático de lo que decimos: esta soberanía alimentaria ha de ser entendida como el derecho de cada pueblo a decidir sobre sus propias políticas agropecuarias, y a proteger la producción de alimentos locales, regionales y nacionales en sus mercados, a fin de alcanzar metas de desarrollo sostenible, precios justos y razonables, y garantizar su autosuficiencia. Asímismo, los tratados comerciales han de situar como metas la erradicación de la pobreza y de la exclusión social, en vez del enriquecimiento de las empresas. En el horizonte de los TLC no debe situarse la expansión de las grandes transnacionales y su ingente poderío, sino el respeto a los derechos humanos, de los animales y de la propia naturaleza, y la integración beneficiosa de los pueblos. Cambiar estas reglas del juego, reorientar las políticas y los objetivos de los actuales TLC exige incrementar, como ya se está haciendo, la enorme presión social necesaria para invertir la situación, cambiar la correlación de fuerzas, empoderar a la ciudadanía y a los pueblos, y apoyar propuestas alternativas para demostrar que otro mundo es posible, que otras relaciones comerciales son posibles, que otras normas y objetivos son posibles. 

 

No podemos permitir que en secreto se estén negociando perversos tratados que amenazan la democracia y la soberanía de los Estados (mediante Consejos de Cooperación Reguladora, o Tribunales de Arbitraje), amenazan los servicios públicos (mediante su privatización salvaje), que amenazan la seguridad alimentaria (mediante la entrada de alimentos transgénicos, eliminación de información en el etiquetado, eliminación del principio de precaución, eliminación de las denominaciones de origen...), amenazan el clima y la energía limpia (mediante el incremento de las actividades extractivas, el desprecio hacia los efectos del cambio climático, la potenciación del fracking...), amenazan el medio ambiente y la agricultura (mediante la pérdida de biodiversidad, la reducción de la agricultura y ganadería ecológicas, el aumento de las emisiones de CO2 a la atmósfera...), amenazan los derechos sociales y laborales (mediante la armonización a la baja de las legislaciones, limitación de derechos fundamentales, pérdida de puestos de trabajo, pérdida de mercado para las pymes, devaluación salarial y dumping social...), amenazan la privacidad y el control de datos personales (mediante un mayor acceso a los mismos por parte de las multinacionales, impactos negativos sobre la libertad de expresión, o aumento de los derechos sobre la propiedad intelectual...), amenazan a la salud pública (mediante el reforzamiento de las patentes en contra de los genéricos, y por tanto, mercantilización de la salud, opacidad de los ensayos clínicos...), amenazan la transparencia y la participación ciudadana (mediante el silencio de los medios de comunicación y los partidos políticos, o la ausencia de participación en las negociaciones del resto de actores y representantes de la sociedad civil, como sindicatos, movimientos sociales...). Podríamos continuar. Remitimos a los lectores y lectoras a los artículos anteriores de la serie, donde nos hemos detenido profundamente a explicar cada uno de los peligros de estos TLC.

 

Necesitamos alternativas que vayan y se orienten por otros caminos. Lejos de instalar democracias de excepción, globalización neoliberal y estrecho margen de maniobra para los Gobiernos, hemos de avanzar hacia instrumentos de liberación comercial e integración justa y equitativa de los pueblos. Necesitamos reorientar los actuales procesos de mercantilización de la naturaleza, de desprecio hacia el mundo animal y hacia la sosteniblidad, y de ninguneo hacia la democracia. Ya es hora de poner freno a la irracional codicia desmedida de las grandes empresas, de reducir y controlar su poder, de impedir sus graves tropelías internacionales. Ya es hora de poner freno a la despiadada comercialización con la salud humana, de controlar las actividades y los objetivos de las grandes empresas farmacéuticas, y de impedir el libre albedrío de los gigantes de la alimentación mundial. Ya es hora de poner freno al control privado de las semillas, y a la ola privatizadora desenfrenada e irracional. Ya es hora de controlar y reducir las amenazas constantes a nuestra soberanía como pueblos, de hacer que se respete la democracia, y de reducir la presión y la opacidad con la que estos perversos acuerdos se negocian, así como los actores que intervienen. Ya es hora de poner freno a las terribles dinámicas capitalistas que nos llevan al desastre. Ya es hora de interceptar la indecente labor de estos grandes agentes del mundo económico, y de impedir que su desmedido afán de lucro y riqueza personal puedan destruir las grandes conquistas de las sociedades más justas y equilibradas. Ya es hora de tumbar el control corporativo, de hacer desaparecer los organismos internacionales que imponen sus normas, de ejercer una resistencia eficaz y sostenida, de proponer alternativas y de llevarlas a la práctica. Ya es hora de diseñar otro mundo comercial. Ya es hora de reaccionar. Ya es hora de organizar la ofensiva popular contra los TLC. Continuaremos en siguientes entregas.

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3 octubre 2017 2 03 /10 /octubre /2017 23:00
Hacia la superación del franquismo (43)

¿Se atrevería nuestro Rey a defender la misma impresentable equidistancia entre nazis y aliados que la que mantuvo entre demócratas y franquistas durante su mensaje de Nochebuena? ¿Osaría Felipe VI acusar a los descendientes de los judíos gaseados en Birkenau de querer reabrir heridas por intentar honrar la memoria de sus víctimas? ¿Haría Campofrío un anuncio navideño equiparando a un SS con una guerrillera de la Resistencia o con un seguidor del Bayern de Munich? ¿Emitiría Telecinco una serie humanizando a Heinrich Himmler? ¿Seríamos capaces de tener enterrado en un enorme mausoleo, cuidado por monjes benedictinos, a Adolf Hitler? ¿Toleraría nuestra Justicia una fundación que llevara el nombre del Führer?

Carlos Hernández

Nuestro país sigue apestando a franquismo. Sigue desprendiendo un olor a cloaca fascista. Sigue cultivando una cultura popular intolerante. Sigue abrazada a un régimen abominable. Los ejemplos se pueden contar por cientos, por miles. Los protagonistas, también. En el artículo anterior finalizábamos contando que el Comisionado para los Derechos Humanos del Consejo de Europa, en 2016 (es decir, diez años después de haber elevado sus primeras recomendaciones) continuaba reprochando a España su inacción ante tan vergonzoso asunto. Aún con la Ley de Memoria Histórica de 2007 en vigor, la pasividad de nuestros gobernantes es pasmosa e indecente. Hoy día, las cunetas siguen llenas de republicanos, y sólo Argentina investiga los crímenes del franquismo, en el contexto de una querella colectiva que es torpedeada por el Gobierno español a cada paso. Entre otras cosas, el Comisionado reprochó a España que la Ley de Memoria dejara en manos de las familias los procesos de búsqueda, exhumación e identificación de los desaparecidos, que el alcance de la misma siga siendo limitado y su aplicación deficiente por falta de presupuesto (Rajoy se jacta públicamente de haber dedicado "0 euros" a esta Ley, mientras se desgañita ordenando a los demás que las cumplan). En fin, todo un despropósito humano y democrático. Una asignatura pendiente de la que, si nos examináramos mañana, obtendríamos de nuevo un ·"muy deficiente". Todas las recomendaciones son desoídas, ignoradas y silenciadas. Y eso está en concordancia con ese caldo de cultivo social, con ese "franquismo sociológico" que tantas veces hemos denunciado en esta serie de artículos. 

 

Nos lo han dicho desde la comunidad internacional por activa y por pasiva. El Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas de la ONU (del que también hemos hablando en alguna entrega anterior) instó a España en 2014 a realizar un plan nacional de búsqueda de desaparecidos. Pidió que los jueces se personaran en las fosas comunes y se investigaran de oficio todas las desapariciones forzadas ocurridas durante la dictadura. Apremió a que se proporcionaran los fondos adecuados para que la Ley de Memoria Histórica pueda aplicarse, y que se cumplan, entre otros, los artículos relativos a la retirada de símbolos, reconocimientos, monumentos, dedicatorias y vestigios franquistas. Solicitó que se creara un banco de ADN y se investigaran los casos de niños robados. Insistió en la creación de una Comisión de la Verdad, y por último, reclamó a España que colabore con la justicia argentina en la causa que investiga los crímenes de la dictadura. Pero por enésima vez, el Gobierno obvia estas recomendaciones, y se limita a decir que la Transición y la Ley de Amnistía estuvieron basadas en el "olvido y el perdón". Pero aún hay más. Tal y como nos cuenta Alejandro Torrús en su artículo para el medio Publico que estamos tomando como referencia, en marzo de 2015, ante la reiterada política de impunidad del Gobierno del Partido Popular, cuatro expertos de Naciones Unidas (el Relator Especial sobre las Ejecuciones Extrajudiciales o Arbitrarias, Christof Heyns; el Presidente del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas, Ariel Dulitzky; el Relator Especial sobre la Tortura, Juan E. Méndez, y el Relator Especial sobre la Promoción de la Verdad, la Justicia y la Reparación, Pablo de Greiff), redactaron un contundente comunicado contra la decisión del Gobierno español de no extraditar a Argentina a los 17 franquistas que están imputados en la causa judicial que investiga los crímenes de la dictadura. La magistrada María Servini de Cubría les imputa posibles crímenes de lesa humanidad. 

 

Pero el Gobierno les protege. Pone todos los palos en la rueda de la justicia que puede. Interpone todas las herramientas jurídicas a su disposición, y alega todos los rancios y vacíos argumentos de que son capaces con tal de que la querella argentina no prospere. El mismo Comité de la ONU ha advertido al Gobierno que los actos de tortura, incluidas las desapariciones forzadas, ni prescriben ni pueden ser amnistiados, y urgió al Estado a adoptar todas las medidas necesarias para asegurar que este tipo de delitos sean debidamente investigados y enjuiciados, y que las víctimas sean resarcidas. ¿No casan todas estas medidas y actitudes con el relato que venimos exponiendo en esta serie de artículos? ¿No nos demuestra que para la superación plena del franquismo hemos de desmontar el régimen surgido de la Constitución de 1978? ¿No es claro y evidente que todo obedece a una misma concepción del Estado postfranquista? ¿Es que acaso no hemos demostrado que la Monarquía (primero con Juan Carlos, y ahora con Felipe) es un régimen a todas luces ilegal y golpista? ¿No explica todo esto las actitudes, reacciones y pensamientos de una parte de nuestra sociedad? ¿Comprendemos ahora las bases del franquismo sociológico latente aún en nuestro país? Es absolutamente imposible, con los mimbres actuales que sostienen nuestra vida política, social y económica, desmontar plenamente el franquismo. Porque esa pervivencia del régimen dictatorial fue asegurada por la correlación de fuerzas que se mantiene hoy día. De todos aquéllos polvos, sufrimos hoy día todos estos lodos que conocemos: una Jefatura del Estado impuesta y hereditaria. Una Constitución anacrónica, insuficiente y limitada, que vulnera la democracia y beneficia los intereses de los mercados. Una Constitución intocable precisamente para garantizar los privilegios de la clase dominante, y el régimen que la sostiene. 

 

Pero aún hay más factores que constituyen estos mimbres: una Ley Electoral que es injusta y favorece y refuerza el bipartidismo. Un pueblo que no disfruta ni ejerce su soberanía, ni dispone del poder popular para llevar a cabo iniciativas legislativas populares o referémdums vinculantes para los grandes asuntos que les conciernen, sin que éstos tengan que pasar por la censura del Congreso de los Diputados o del Senado. El conflicto en Cataluña es un perfecto ejemplo para entenderlo todo: frente a un pueblo que sólo pide votar en referéndum sobre su futuro encaje en el resto del Estado Español, se enfrenta todo el potencial represor del Estado, delimitando claramente los síntomas de un Estado de Excepción (sin reconocerlo, claro está). Y aquí también se muestra el franquismo sociológico en todo su esplendor: remito a mis lectores y lectoras a este artículo, que relata los gritos de "Yo soy español", y "¡A por ellos! Oe" proclamados por la muchedumbre que se agolpaba para despedir a los Guardias Civiles que partían como refuerzo a Cataluña, para apoyar la labor represora de los Mossos d'Esquadra. Estamos por tanto muy lejos de superar el franquismo, tanto política como sociológicamente. Es así de triste. Nuestra sociedad aún necesita grandes dosis de madurez y cultura democrática para asumir ciertos postulados, y comprender las verdaderas raíces de nuestras actitudes y pensamientos. No obstante, y afortunadamente, blogs y medios de comunicación alternativos se esfuerzan cada día en extender y difundir la semilla de la tolerancia, de la libertad, de la democracia, de la verdad, de la justicia social y de la igualdad, en una carrera de fondo que estamos convencidos de que ganaremos. Cada uno ponemos nuestro granito de arena, blogueros, periodistas, historiadores, etc., para intentar contrarrestar la tremenda fuerza del pensamiento dominante, y desmontar sus torticeras mentiras y sus crueles manipulaciones. 

 

El colmo de los colmos lo pone la existencia de asociaciones, fundaciones u organizaciones de la sociedad civil que apuestan por mantener y defender el ideario franquista, y realizan una defensa a ultranza de la figura del dictador, así como de la importancia de su "cruzada". De entre todas ellas, quizá la más conocida y paradigmática es la propia fundación que lleva su nombre: la Fundación Nacional Francisco Franco. Recientemente ha vuelto a salir a la palestra pública en relación a la gestión de las visitas del Pazo de Meirás, que ha suscitado bastante polémica. Los integrantes de esta Fundación defienden la figura del dictador como "un gran estadista". Pero cualquier asesino que llega al poder no es un estadista, es, simple y llanamente, un asesino. Nos cuentan por ejemplo sus "logros" sociales, y el fomento y desarrollo de una serie de infraestructuras públicas que se construyeron durante la dictadura. Y nosotros nos preguntamos: ¿Qué grado de indecencia moral hay que tener para poner por delante de los fusilamientos franquistas el hecho de que ordenara construir numerosos pantanos? Los dirigentes de esta Fundación han llegado a afirmar sin despeinarse que "Franco no fusilaba". Como se ve, es muy fácil rebatir sus indecentes argumentos. Pero aún siguen, brazo en alto y respondiendo con energía altanera a cuantos políticos, medios de comunicación u organizaciones sociales se les enfrenten. En esa respuesta pueden leerse párrafos como el siguiente en relación a la Ley de Memoria Histórica: "Esa ley fue implantada por el PSOE con la ayuda de sus socios de un entonces incipiente nuevo Frente Popular, para tratar de reescribir la historia, equiparar a los criminales con las víctimas inocentes y condenar como criminales a quienes salvaron a la Iglesia Católica y a España de desaparecer bajo el yugo de la bota comunista soviética". Sin comentarios. Como ya hemos señalado en entregas anteriores, en nuestro país el enaltecimiento del franquismo no es delito, por lo cual, organizaciones de esta perversa naturaleza pueden existir sin ningún problema. Así nos va. Continuaremos en siguientes entregas.

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2 octubre 2017 1 02 /10 /octubre /2017 23:00
Apostasía

Buena parte de la ciudadanía, al alcanzar la mayoría de edad, se encuentra formando parte de una organización religiosa que jamás han escogido y que no se corresponde con sus ideas. Fue “bautizada” por el mero hecho de haber nacido en un país con determinadas costumbres. Es algo que no pudieron decidir en su momento y que les ha obligado a formar parte de una institución que, por una razón o por otra, simplemente no les representa. Porque, aunque sean personas ateas convencidas, o agnósticas, el hecho de estar bautizadas les mantiene como parte del "colectivo" católico

Fragmento del artículo de las autoras citadas

El medio digital Rebelion acaba de publicar recientemente un fantástico artículo, titulado "Apostasía", escrito conjuntamente por Obdulia Díez Álvarez (de la asociación León Laica), Encina Gutiérrez Iban (de Comisiones Obreras), Marta Madruga Bajo (de Flora Tristán), Ana Para Carmuega (de Podemos), Eloina Terrón Bañuelos (de Izquierda Unida), y Jean Pierre Lohrer (de Anticapitalistas). Rescatan, como evidencia su título, el interesante y poco tratado asunto de la apostasía, aportando claridad y puntos de vista muy significativos. Considerando por tanto muy interesante este tema, poco divulgado y menos practicado por el conjunto de la ciudadanía que no sigue los postulados de la Iglesia Católica, vamos a reproducir a continuación el contenido integral de dicho artículo, cumpliendo con la función eminentemente divulgativa de nuestro Blog:

 

“La verdad os hará libres”. Por eso pedimos a la jerarquía católica de León, que en aras de la verdad y de la libertad, facilite como en Finlandia tramitar el derecho de apostasía por Internet. Es decir, que toda persona, en el ejercicio de su derecho a la libertad de culto, que recoge la Constitución Española y los derechos humanos, pueda dejar constancia con total libertad que no quiere formar parte de esta organización y no quiere que ésta utilice su pertenencia para sus fines.

 

La Iglesia Católica y otras confesiones cristianas se aprovechan de una tradición secular, como es la celebración de los nacimientos, para incrementar de forma ilegítima su implantación social. En la mayoría de nuestra geografía, especialmente en zonas rurales, sigue estando mal visto no bautizar a la criatura recién nacida. Pero el bautizo católico no es una simple celebración, es un “sacramento” que presupone el ingreso en una comunidad religiosa.

 

Buena parte de la ciudadanía, al alcanzar la mayoría de edad, se encuentra formando parte de una organización religiosa que jamás han escogido y que no se corresponde con sus ideas. Fue “bautizada” por el mero hecho de haber nacido en un país con determinadas costumbres. Es algo que no pudieron decidir en su momento y que les ha obligado a formar parte de una institución que, por una razón o por otra, simplemente no les representa. Porque, aunque sean personas ateas convencidas, o agnósticas, el hecho de estar bautizadas les mantiene como parte del "colectivo" católico.

 

La apostasía es el acto de darse de baja de la Iglesia Católica. Implica que se deje constancia, en los registros, que no formamos parte de esta organización. La apostasía sería una especie de “desbautismo”. Con la apostasía nadie renuncia a creer en lo que cada persona quiera, sea Jesús de Nazaret o que hay una divinidad, sino que deja constancia únicamente que no quiere pertenecer a la organización de la Iglesia Católica y no quiere que ésta se aproveche de su pertenencia para sus intereses.

 

Apostatar es un derecho que tiene cualquier persona católica en base a la libertad de culto que recoge la Constitución Española y, como tal, se puede ejercer con total libertad. Solo afecta a su condición de católico o no católico. No supone ningún ataque a la Iglesia. Respecto a la Iglesia, el efecto es solo estadístico, ya que pierden un adepto. Por otra parte, la Ley Orgánica 1/2002 del 22 de marzo, que regula el Derecho de Asociación, estipula que “nadie puede ser obligado a constituir una asociación o a permanecer en su seno”. Incluso el propio Código Canónico señala en sus cánones 1.086 y 1.024 que la apostasía se debe realizar mediante acto formal. De ello se desprende que apostatar no es algo inventado, sino que son la propia Iglesia Católica y nuestra Constitución las que regulan dicho acto.

 

Actualmente la Iglesia católica intenta poner trabas para apostatar, dependiendo claro está del obispado/arzobispado que te toque. No es como en Finlandia, por ejemplo, donde te facilitan tramitar la apostasía por Internet. Para hacerlo en España se tiene que rellenar una carta en la que se exprese que “me sea reconocida por la Iglesia Católica la condición de apóstata, dejando de contarme entre sus fieles y de considerarme católico a todos los efectos —incluso estadísticos—, e incluyendo la correspondiente anotación de apostasía en el Libro de Bautismos, el Archivo Histórico Diocesano y en cualesquiera otros registros eclesiásticos existentes. Asimismo, que me sea comunicada por escrito la resolución tomada con respecto a la presente petición”. Esta carta se envía, por correo certificado, a la sede de la diócesis a la que pertenezca el lugar de tu residencia, indicando en el exterior del sobre “Referencia: apostasía” y adjuntando una fotocopia del DNI.

 

Habitualmente la Iglesia te envía una declaración de abandono. Se pasa así a formar parte de la mayoría de la población en la que, según los datos del CIS, la proporción de católicos practicantes (23%) es muy inferior a la de ateos, agnósticos y católicos no practicantes (77%). Por lo demás, seguirás siendo la misma persona, ni mejor ni peor, aunque quizá más coherente con tus creencias. Pero hay que tener en cuenta que apostatar no equivale a ser una persona atea. También hay creyentes que apostatan porque, a pesar de creer en dios, no siguen los preceptos del catolicismo moderno. Es como el que anula su afiliación a un partido político que le defrauda: no por ello la persona deja de lado su ideología.

 

Hay suficientes razones para apostatar:

 

– No ser creyente: a la mayoría les bautizaron al nacer sin su consentimiento y ya como personas adultas no sienten atadura alguna a la religión o a la iglesia.

 

– Creer en dios de manera libre sin sentir ataduras hacia la institución de la Iglesia.

 

– Ideología ultraconservadora de la Iglesia: su posición extremista respecto a temas como el aborto, la homosexualidad, los métodos anticonceptivos, la abstinencia u otros preceptos implica que la ciudadanía se sienta cada vez más alejada de esta institución. También es sexista y patriarcal, y mantiene una ideología política que no comparten.

 

– Privilegios de la Iglesia: no estar de acuerdo con los privilegios jurídicos y fiscales que el Estado confiere a la Iglesia también es motivo para muchos para desligarse de dicha institución. La financiación de la Iglesia por parte del Estado que supone una sangría a los recursos públicos de 11.000 millones de euros anuales. Además, la Iglesia está exenta de pagar el IBI de sus inmuebles, se ha apropiado de más de 4.000 bienes públicos (como la Mezquita de Córdoba o el Monasterio de San Miguel de Escalada) gracias a las inmatriculaciones, cuenta con el privilegio de tener una casilla propia en la declaración de la renta y recibe millones de euros por los conciertos con centros educativos religiosos, por nombrar unos cuantos privilegios.

 

– Los escándalos públicos que sacuden a la Iglesia: los abusos sexuales a niños por parte de curas ya son de sobra conocidos y constituyen el ejemplo más sangrante, pero no es el único. En el seno de la Iglesia Católica ha habido casos de corrupción, de espionaje, de malversación de fondos, de robo de bebés con mojas como cómplices, de maltratos físicos a niños y un larguísimo etcétera. Están todos a un golpe de ratón.

 

Por eso apostatar es para esta parte de la ciudadanía que comparte algunas de estas razones la opción lógica y coherente para acabar con los lazos que les unen a la Iglesia Católica. Para que estas personas puedan regularizar su situación y evitar que ninguna confesión religiosa obtenga provecho de su pertenencia impuesta, es posible ejercer el legítimo derecho a la apostasía por coherencia con las propias convicciones. Para la Iglesia Católica toda persona bautizada es católica y está de acuerdo con sus doctrinas, y por lo tanto utiliza la cifra de personas bautizadas (muy alta porque el bautismo se transformó en una cuestión cultural) para imponer sus puntos de vista en la legislación. Si te han bautizado, no importa si criticas la institución católica. La jerarquía católica en tu nombre condena la interrupción voluntaria del embarazo, la eutanasia, la homosexualidad, boicotea los intentos del estado por generar una política de educación sexual, condena y se opone al uso y reparto de anticonceptivos, al divorcio. En nombre tuyo intenta censurar expresiones artísticas y gracias a tenerte entre sus integrantes, se asegura que el estado la sostenga y le otorgue privilegios especiales.

 

Es hora de que la iglesia católica practique aquello que predica: “la verdad os hará libres”. 

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1 octubre 2017 7 01 /10 /octubre /2017 23:00
Viñeta: Hugo Chávez y uno de sus pensamientos sobre la unidad cívico-militar

Viñeta: Hugo Chávez y uno de sus pensamientos sobre la unidad cívico-militar

Contrariamente al mensaje que se da en televisiones y prensa, el gran peligro para la libertad, no son sus “fabricados” terroristas de importación, inventados por sus servicios secretos, el gran peligro son los gobiernos, la derecha recalcitrante atrincherada en sus múltiples negocios corruptos despojando a las constituciones de sus garantías y a los ciudadanos de sus derechos y libertades. Han diseñado un mundo sin otra razón que el negocio especulativo y la voz de las bombas y los cañones matando inocentes

Lucas León Simón

Y precisamente por eso, por el motivo que apunta Lucas León en su cita de entradilla, no podemos permitir que nuestras Fuerzas Armadas, en general las FAS de cualquier país, continúen siendo cómplices de los planes de las élites gobernantes. De ahí nuestro mensaje de que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad se deban al pueblo, poniendo en práctica ese principio de la "Unidad Cívico-Militar" a la que hemos aludido en entregas anteriores. Necesitamos una revolución militar en este sentido, siguiendo las directrices que ya hemos señalado en las últimas entregas de esta serie, y necesitamos también una evolución hacia lo que podríamos denominar (así lo hacen los militares demócratas del Colectivo ANEMOI en su artículo de referencia, que estamos siguiendo aquí) "el militar ciudadano", es decir, una plena integración de los militares con los deberes y derechos del conjunto de la ciudadanía, sin ningún tipo de restricción. Veamos más a fondo en qué consiste dicho concepto. En un nuevo escenario republicano, los siguientes principios deben constituir los fundamentos de unas Fuerzas Armadas plenamente democráticas:

 

1.- El militar es un/a ciudadano/a con el derecho y la obligación de participar en el debate público con todas las garantías. El derecho a la libre expresión de los militares debe ser escrupulosamente respetado, siempre que no ponga en riesgo la ejecución de sus misiones operativas legalmente emprendidas. 

 

2.- Los militares no respaldan opciones políticas concretas, pero tienen el derecho y la obligación de apoyar, de palabra y por escrito, de forma pública, la libre expresión de la soberanía popular. Insistimos en que las Fuerzas Armadas se deben al pueblo, y este punto lo refrenda claramente. 

 

3.- Los presupuestos ideológicos sobre los que deben asentarse las nuevas Fuerzas Armadas son los del antifascismo (en cualquiera de sus variantes o manifestaciones), republicanismo, democracia popular, laicismo, pluralidad ideológica (excluyendo discursos de odio), y oposición a la utilización de la coacción, la amenaza o la fuerza contra el pueblo o cualquiera de sus representantes. 

 

4.- Jamás se recurrirá a la fuerza más que como una defensa ante la clara, evidente y flagrante agresión armada contra el pueblo que desea manifestarse libre y pacíficamente. Las FAS se deben al pueblo, al que deben defender en todo momento de cualquier tipo de amenaza, y no únicamente de la supuesta amenaza armada de cualquier otro Ejército extranjero, sino de cualesquiera otros tipos de amenazas, que también hemos expuesto en entregas anteriores (en general, cualquier amenaza a los derechos humanos fundamentales, de cualquier etiología).

 

5.- La desobediencia a las órdenes ilegales es un deber militar, y en consecuencia, es obligada en los casos de represión antidemocrática. Deben crearse los mecanismos que aseguren la depuración de responsabilidades en las órdenes ilegales, independientemente de la cadena de mando. Un caso actual lo tenemos en las aspiraciones del pueblo catalán a ser consultado: en casos como éste, las FAS (que se deben al pueblo y a sus libertades y derechos, como estamos repitiendo) deben proteger que el conjunto de la ciudadanía pueda expresarse con libertad en un referéndum. Evidentemente, no es asunto ni competencia de las FAS las vinculaciones o consecuencias que dicha consulta pudiera tener posteriormente (porque esa es ya una esfera política donde las FAS no deben entrar), pero sí garantizar siempre la libre expresión del pueblo, sin coacciones, restricciones ni amenazas. 

 

6.- Es preciso dotar a las FAS de mecanismos internos de supervisión democrática y de rendición de cuentas ante la ciudadanía. Las FAS se deben al pueblo, sus actuaciones y explicaciones también. Por tanto, es el pueblo quien debe fiscalizar y controlar sus actuaciones.

 

7.- Todos los servicios de información y espionaje del Estado deben ser sometidos al escrutinio soberano. Y así, todo tipo de escuchas, vigilancias, seguimientos, o cualquier tipo de intromisión en la privacidad o en el ámbito de la intimidad de cualquier persona deben ser autorizados por la ley y supervisados por el poder judicial. Las FAS no están por encima de las leyes, ni pueden abusar impunemente de ellas. Su código de valores y de conductas debe estar al mismo nivel que el del conjunto de la ciudadanía. Su órbita deontológica también.

 

8.- Es preciso revisar el Código de Justicia Militar para purgarlo de todos los delitos que no sean específicamente militares, cometidos por sus componentes. Debe asímismo eliminarse el sistema procesal militar para encuadrarlo en un sistema único de Justicia, salvo en los casos de guerra, garantizando entonces la independencia del tribunal. 

 

9.- Todas las posibles violaciones de los derechos humanos cometidas por los miembros de las Fuerzas Armadas deben excluirse de la jurisdicción militar, y juzgarse por tribunales civiles. Este principio está en consonancia con la revisión que hay que llevar a cabo sobre la dimensión y alcance de la disciplina militar y de la obediencia debida, que ya expusimos en entregas anteriores. 

 

10.- El Régimen Disciplinario de las FAS debe revisarse para definir con precisión lo que constituye o se asocia al concepto de disciplina, y por consiguiente, qué se considera lícito establecer como limitaciones a los derechos civiles de los militares. 

 

11.- Debe dotarse a las FAS de sistemas de funcionamiento y organización que garanticen su absoluta transparencia. En este sentido, es necesario terminar con la utilización ilícita de la Ley de Secretos Oficiales como tapadera para encubrir los abusos, la corrupción y toda suerte de prácticas antidemocráticas que puedan ocurrir dentro del seno de las Fuerzas Armadas. 

 

12.- Las asociaciones militares que se puedan crear deben contar con capacidad reconocida y efectiva de defensa de los intereses colectivos y profesionales de sus componentes, gozando de todas las posibilidades de cualquier otra organización civil. 

 

13.- Todos los valores democráticos deben ser asumidos por las FAS como cauce de expresión de la soberanía popular. Su defensa a ultranza debe residir en su ideario e imaginario colectivo. 

 

14.- Las FAS tienen que ser purgadas de todos los elementos simbólicos e ideológicos de la tradición franquista, como antecedente de manifestación de un régimen fascista en nuestro país. Se necesitan militares demócratas, y no militares fascistas ni golpistas. Las FAS han de ser aliadas del pueblo, y no del imperialismo estadounidense.

 

15.- La diversidad en todos sus órdenes (étnica, religiosa, de nacionalidad, de identidad afectivo-sexual, etc.) debe ser explícitamente respetada y reconocida en el seno de las FAS, y aceptada y entendida como un elemento enriquecedor del propio colectivo. 

 

Las Fuerzas Armadas han de despertar ya de su profundo letargo, de sus valores antidemocráticos, y de sus viejas concepciones sobre la obediencia debida. Las FAS se deben al pueblo, del cual nacen, en el cual están integrados, y al cual deben defender ante cualquier amenaza a sus derechos humanos (civiles, políticos, económicos, culturales y sociales). Y la sociedad civil, por su parte, también tiene que rearmarse moralmente, y comprender y apoyar esta evolución democrática, inclusiva e integradora de las FAS. Los profesionales de las Fuerzas Armadas (y lo hacemos extensible al resto de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado) han de denunciar los abusos de poder por todas las vías posibles, y exigiendo un Proceso Constituyente hacia una verdadera democracia social, participativa, inclusiva, transparente y fraternal, sin el mito del temor hacia la fuerza represiva. Las FAS deben estar a la altura de lo que se espera de ellas en un contexto plenamente democrático. Sólo unas FAS configuradas como hemos expuesto pueden ser una pieza clave en la senda del Pacifismo. Continuaremos en siguientes entregas.

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28 septiembre 2017 4 28 /09 /septiembre /2017 23:00
Arquitectura de la Desigualdad (57)

El capitalismo es la asombrosa creencia de que los hombres más perversos harán cosas por el mayor bien común

John Maynard Keynes

Esta "cultura de la escasez", civilización de la pobreza, globalización de la desigualdad, o como lo queramos llamar, genera, como estamos comentando en los artículos precedentes, toda una serie de peligrosas manifestaciones en la salud (entendida en todas sus posibles dimensiones), que concurren en una merma de la calidad de vida de las personas afectadas. Seguimos a continuación este interesante artículo de Aníbal Garzón, que nos muestra algunos ejemplos de dichas manifestaciones. El autor ha documentado en dicho artículo las referencias a los informes citados en el mismo, y a él nos remitimos. Por ejemplo, tomemos como variable el desempleo de larga duración, y la impotencia de las personas implicadas para conseguir realizarse en sus respectivas profesiones. Pues bien, en base a un informe elaborado por la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) de febrero de 2012, el desempleo es una variable que acaba provocando un aumento de la mortalidad general, suicidios y hábitos y costumbres insanas como el tabaquismo, o el consumo de alcohol y drogas. Además se ha probado la relación entre la situación de desempleo y la presencia de migrañas o de la enfermedad de Chorn. En resumidas cuentas, la exclusión social generada por la situación de desempleo continuado (sin perspectivas de su finalización) acaba provocando graves problemas de salud en los/as afectados/as. Otra variable que puede ser considerada es la vivienda, o mejor dicho, la falta de ella. Pues bien, según un estudio de la Escuela Andaluza de Salud Pública (EASP) titulado "Procesos de desahucio y salud", todas las personas que sufren en sus propias carnes un proceso de desahucio acaban con problemas cardiovasculares, cerebrovasculares, dermatológicos, digestivos, u otras enfermedades crónicas. 

 

Y respecto a la salud psicológica, acaban padeciendo estados depresivos, ansiedad, insomnio, alteración del apetito, desmotivación, tristeza, apatía, sentimiento de culpa y la disminución del cuidado personal, provocando efectos indeseados en su vida social y familliar. Tomemos ahora la variable de la alimentación. En relación con la alimentación insuficiente, los problemas de nutrición y la pobreza infantil, otro estudio de la Asociación Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (SESPAS) concluye que una pobre alimentación infantil acaba provocando no sólo problemas de crecimiento en los niños y niñas, sino depresiones y deterioros en el desarrollo cognitivo. Además, potencia el riesgo de enfermedades contagiosas como la meningitis, trastornos como la diabetes y problemas cardiovasculares. En el ámbito educativo, otra investigación llevada a cabo por Cruz Roja sobre su incidencia en el rendimiento escolar con una muestra de más de 1.000 jóvenes entre 14 y 24 años sobre el total de más de 82.000 que recibieron asistencia en el año 2012 por vivir en situación de riesgo al padecer problemas económicos en sus hogares, confirma que el abandono escolar juvenil es del 72% en el perfil de familias con riesgo de exclusión, más del doble de la media nacional. Una situación de pobreza creciente proyecta una generación de jóvenes excluidos que exponencialmente ven roto su proyecto de vida, y a muchos de ellos/as les provoca profundos traumas psicológicos que afectan peligrosamente a su desarrollo saludable. La arquitectura de la desigualdad es, pues, tremendamente perniciosa, y extiende sus tentáculos a prácticamente todas las manifestaciones humanas. Potencia sociedades desequilibradas, y proyecta generaciones perdidas de cara a su aprovechamiento social. 

 

Y otra de las dimensiones sociales estudiadas es la violencia de género. Según un estudio de la Fundación Adecco llevado a cabo sobre un total de 300 mujeres víctimas de dicha violencia, el 91% de las mujeres encuestadas ven la crisis (y por tanto, la desigualdad que ella ha proyectado bajo las políticas neoliberales) como un freno para denunciar la situación de violencia de género que sufren. Por temor a no encontrar empleo o a que ella o su pareja lo pierdan, y así verse sin recursos económicos para poder subsistir, estas situaciones se ocultan de la realidad y de la estadística social. A ello hay que sumar los propios recortes efectuados sobre los recursos (económicos, humanos y materiales) que garantizan las políticas públicas de igualdad de género, con lo cual la gravedad de la situación se dispara aún más. Esta violencia no sólo provoca consecuencias físicas (algunas de ellas muy graves), sino también psicológicas, desde depresiones o ansiedad, hasta reducción de la autoestima. Como estamos viendo, todo un corolario de perversos efectos y consecuencias se despliegan peligrosamente cuando la arquitectura de la desigualdad se implanta de forma obscena y generalizada. ¿Se rescata a estas personas de su terrible situación cotidiana? ¿Se apoyan sus proyectos de vida? ¿Se garantizan unos mínimos de subsistencia vital? Pues parece que no. ¿Cuál es el motivo que argumentan los gobernantes para no dedicar más recursos a dichas labores? Que no hay dinero. Pero más bien debiéramos concluir que no quieren dedicar dinero para resolver dichos problemas, porque estamos acostumbrados a contemplar cómo las grandes empresas reciben (y de forma continuada y sostenida si es necesario) ingentes ayudas públicas de organismos e instituciones (tanto nacionales como europeas), mientras los más desfavorecidos sólo ven recortadas sus posibilidades, oportunidades, recursos y prestaciones. 

 

Una buena prueba de ello la tenemos en este artículo del medio La  Marea, de junio de 2016, donde el economista Eduardo Garzón nos documenta sobre el reparto del BCE (Banco Central Europeo) de 470 millones de euros en ayudas públicas a grandes empresas (antes públicas, ahora privatizadas) como Telefónica, Gas Natural, Red Eléctrica, Enagás, Abertis, Mapfre, Redexis, Iberdrola o Repsol. Es decir, nuestras instituciones no tienen ningún problema en abrir el grifo a mansalva para permitir que las grandes empresas se financien de la forma más barata posible, pero mantiene (incluso prohíbe o sanciona) cerrada la posibilidad de rescatar las situaciones vitales deficitarias de cientos de miles (incluso millones) de personas. De esta forma, las familias, los autónomos y las pequeñas empresas (que son precisamente los actores económicos más necesitados) observan con estupor cómo son excluidos de las ayudas y prácticamente ignorados por los poderes públicos europeos, mientras se continúa apoyando vergonzosamente a los gigantes económicos. ¿Cómo pueden continuar sosteniendo el indecente argumento de que no hay dinero para el rescate personal, familiar y de las pequeñas empresas, cuando a la vez conceden estas ayudas públicas de dimensiones mastodónticas a las grandes empresas, que son quienes menos las necesitan? La arquitectura de la desigualdad es así de despiadada, injusta e irracional. Hemos de recordar, para más inri, que el BCE es una institución pública europea, es decir, que sus recursos salen del conjunto de los contribuyentes europeos. Es decir, que entre todos/as nosotros/as estamos sufragando estas enormes ayudas públicas que reciben las grandes empresas. Absolutamente intolerable. 

 

Y es que el afán privatizador es insaciable, una de las grandes reglas y valores del neoliberalismo, y responsable directo de la arquitectura de la desigualdad. Porque básicamente, la privatización de cualquier empresa, actividad, bien o recurso pùblico es una transferencia desde el sector público (es decir, desde el ámbito de lo que es de todos y a todos pertenece) al sector privado (es decir, el ámbito de lo que es y está controlado por unos pocos). En el ámbito privado desaparece la democracia y el concepto de bien común, y se sustituye por la regla del interés particular y del beneficio privado de sus dueños y gestores. Recomendamos nuestro reciente artículo "Privatización a marchas forzadas", así como la serie de tres artículos de Ana Tudela aparecidos en el medio Contexto y Acción, titulados "Privatizaciones: como si no hubiera un mañana", que nos explican perfectamente la naturaleza y el alcance de este peligroso fenómeno. Toda una estrategia calculada de desposesión de las grandes empresas del Estado, junto al flujo de políticos y altos cargos de la Administración Pública en los Consejos de Administración de las mismas (las llamadas "puertas giratorias"), han proyectado una estructura económica donde los grandes bienes, recursos y suministros públicos se encuentran en poder de los grandes agentes económicos privados del país. Es decir, hoy día los fundamentales derechos humanos tienen que ser solicitados "por favor" (y siempre que podamos pagarlos) a las empresas transnacionales que los gestionan (vivienda, alimentación, trabajo, educación, sanidad, etc.), porque han sido retirados de la órbita del control público, y por tanto, de su posible esfera de democratización. Todos los recursos gestionados por estas empresas han pasado del Estado al mercado, de la órbita de los derechos humanos a la órbita de la oferta y de la demanda, de la óptica de la democracia a la óptica de la maximización del beneficio. Continuaremos en siguientes entregas.

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