Actualidad Política y Cultural - Blog de Rafael Silva

Y es que, en el fondo, todo migrante es un migrante político. No existe, no debe existir otra clasificación: el refugiado es un migrante político, ya que no puede expresar en su país las ideas en las que cree, o es un perseguido político por razón de identidad sexual, de credo religioso, de etnia, de nacionalidad, de opinión...por su parte, el migrante "económico" también es un migrante político, ya que las razones para su migración (básicamente, la desigualdad en las relaciones internacionales, la explotación de su medio de vida, los efectos del cambio climático, etc.) también obedecen a causas políticas. Y todos tienen el derecho reconocido a obtener la condición de refugiado, si se comprueban estas circunstancias. Y ese derecho no lo podemos ignorar en base a ningún "efecto llamada", a ninguna "invasión", a ningún "ataque a nuestra civilización y a nuestra cultura", o a la inexistencia de algún "puerto seguro". El "puerto seguro" es, simplemente, cualquier puerto de un país que no sufra una guerra (interna o externa), y que sea el más cercano al lugar de donde fueron rescatadas dichas personas. Ante todo este "ninguneo institucional" que se lleva a cabo prácticamente en toda Europa en lo concerniente a las políticas de refugio y asilo, las autoridades europeas no sólo no se mojan directamente, sino que además incentivan de algún modo la acción de ignorar de facto estos ataques al derecho internacional. La Comisión Europea no sólo hace la vista gorda ante las brutales acciones de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad en muchos Estados de la UE, sino que además calla ante la aprobación de leyes que son claramente restrictivas en derechos humanos básicos, y que vulneran tratados internacionales, que se supone deberían tener prelación incluso sobre los propios tratados de la UE. En palabras de Javier de Lucas, en la entrevista de referencia: "Sorprende que la UE tenga tanto empeño en exigir el cumplimiento de los deberes a los socios [comunitarios] cuando se incumple la "regla de oro" del déficit, o las políticas de austeridad, pero cuando se aprueban leyes en los parlamentos incompatibles con el Tratado de la Unión, como en el caso de Hungría, no se establezcan mecanismos de sanción".  

Y al caso de Hungría que cita Javier de Lucas habría que añadirle, entre otros, el reciente caso de Italia, a la deriva ultraderechista con su Ministro Salvini al frente. De entrada, el hecho de sean las ONG de rescate humanitario las que se estén dedicando a salvar las vidas de esta gente en el mar, ya sería suficiente para que se les cayera la cara de vergüenza, si es que tuvieran vergüenza. Pero no sólo no tienen vergüenza, sino que despliegan, además, maldad y mala fe. Y así, la última desfachatez de este personaje (apoyado por su gobierno y por una parte de la población, todo hay que decirlo) ha sido promover una ley por la cual se podrá multar hasta con ¡Un millón de euros! (hasta ahora la máxima cuantía era de 50.000, que ya suponía un claro ataque a la decencia) a las ONG responsables de salvar vidas "sin permiso" (aquí está el matiz) en el Mediterráneo. Salvini, que participó en la votación de esta ley en calidad de senador (hoy día cualquier mequetrefe puede optar a cualquier cargo político), celebró inmediatamente la aprobación de la norma, agradeciéndoselo a la Virgen María (estamos seguros de que si la Virgen pudiera haberle contestado, y precisamente por ello lo hace, no refrendaría ese horror legislativo). Este artículo del medio Contrainformación explica el sentido de dicha norma, y a él nos remitimos. Esta ley fue aprobada el pasado 25 de julio, y otorga al Ministro del Interior la potestad de limitar o prohibir la entrada de naves (por motivos de seguridad, que en realidad son motivos de xenofobia) en aguas territoriales italianas, con amenaza de estas brutales multas a los comandantes de dichas naves. Evidentemente, está basada en el escozor que provocó la entrada en puerto italiano del buque conducido por la alemana Carola Rackete. La nueva ley también prevé el arresto del capitán que ignore las órdenes de alejamiento, autoriza a las autoridades navales a abordar el barco sin necesidad de permiso, e incluso permite la interceptación de las conversaciones telefónicas de modo preventivo contra aquéllos sospechosos de favorecer la "inmigración clandestina e irregular". Pero como observábamos más arriba, el matiz está en la expresión "sin permiso" a la hora del rescate de las personas. Es decir, salvar la vida a alguien en el mar y llevarlo a puerto seguro ya deja de ser una acción humanitaria en sí misma, sino que tiene que tener el "permiso" de las desalmadas autoridades que tengan la potestad de concederlo. 

Una situación, como vemos, absolutamente surrealista. Pero nuestros gobernantes tampoco se quedan atrás en este perverso asunto: este pasado fin de semana, el Ministro de Fomento en funciones, y número 2 del PSOE, José Luis Ábalos, declaraba en entrevista a un diario nacional, refiriéndose al Open Arms (que lleva casi dos semanas con más de 120 personas a bordo sin poder desembarcarlas en puerto seguro por falta de "permiso" de las autoridades): "Me molestan estos abanderados de la humanidad que nunca han tenido que tomar ninguna decisión...". Podríamos responderle muchas cosas al señor Ábalos, tantas que nos darían para otro artículo, pero por hacerlo rápidamente, le diremos que el PSOE y sus dirigentes han conducido las siglas del socialismo a tal nivel de indignidad que ya no merecen seguir incorporándolas en su partido. Y es que, como expresa Santiago Álvarez Cantalapiedra en este artículo para Fuhem Ecosocial: "El Estado neoliberal está evolucionando hacia un Estado "securitario" que, ante las problemáticas que debe afrontar, responde endureciendo el aparato punitivo y con políticas que suponen un régimen de excepción en el cumplimiento de los derechos y garantías constitucionales". Repasaremos lo fundamental de este artículo. Así las cosas, podemos afirmar sin dudas que las actuales políticas de fronteras (inmigración y asilo) están desafiando en Europa y en Estados Unidos los fundamentos de la democracia. En 2016, los gobiernos de Dinamarca y Suecia dictaron normas que entorpecían la reagrupación familiar, confiscaban los bienes de los refugiados y aceleraban la expulsión de los migrantes cuya solicitud de asilo hubiese sido denegada. Y por su parte, Alemania, Austria, Hungría, la República Checa o Eslovaquia han reintroducido controles fronterizos en la zona Schengen, para bloquear la posible llegada de nuevos refugiados a sus territorios. ¿Por qué tienen éxito estas sangrientas medidas? ¿Por qué obtienen estas aberrantes normas los aplausos de una parte importante de la población? Básicamente, porque antes los políticos se han encargado de insuflar miedo a esta población. Si no hacen entrar antes a los contingentes humanos en situación de miedo (difundiendo falsos mantras y argumentos de perogrullo), las poblaciones no estarían preparadas psicológicamente para normalizar estos fanáticos estados de excepción. 

Álvarez Cantalapiedra explica: "Un miedo alimentado por una visión deformada de la realidad que, alentada desde el poder, impere en el imaginario colectivo y busque que la población europea crea que es la diana del terrorismo internacional, cuando con datos en la mano, no somos, ni mucho menos, el objetivo principal del yihadismo; que presente como inasumible, a quienes disfrutamos unos de los niveles de vida más elevados del planeta, la recepción de un contingente de refugiados que representa una parte muy pequeña del total; que haga sentir que nos encontramos ante el riesgo de una invasión de inmigrantes que no se da". Cuando logran infundir este miedo injustificado a la población, a partir de ahí se abre el campo libre para introducir perversiones legislativas y morales como las que hoy día caracterizan el contexto europeo y norteamericano. ¿Se va la gente de sus países, de sus hogares? No, los echan. Actualmente existen cerca de 40 conflictos armados en el mundo, y casi 100 escenarios de tensión que están provocando la huida de millones de personas ante la destrucción de sus tierras, de sus hogares, de sus culturas. Otros varios millones poseen el temor (éste sí, fundado) de que serán perseguidas o aniquiladas en caso de permanecer en sus hogares. Pero como ya hemos insistido, junto al hecho incontestable de que los conflictos armados provocan la huida masiva de la gente, nos encontramos con otros procesos menos evidentes (como el acaparamiento de tierras, el agresivo extractivismo minero o energético, la destrucción de amplios parajes naturales que forman el hábitat de numerosos pueblos, la desertificación de amplias zonas de terreno, el anegamiento procedente de grandes tormentas, tifones, huracanes, etc., procesos todos ellos que están expulsando (y en el futuro lo harán más y de forma más intensa) a numerosas personas de sus centros y modos de vida, por motivo de simple y pura supervivencia. Este es el relato verdadero. Este es el relato que se niegan a contarnos. Este es el relato que deberían comprender nuestros dirigentes políticos, para actuar en consecuencia. Es muy cobarde excusarse en un burdo sistema de cuotas, o en inexistentes "efectos llamada", o alegar a falsos mantras como la "inmigración ordenada" (¡pues ordénenla ustedes!), para desentenderse completamente del problema, y dejar a estas personas abandonadas a su suerte, sufriendo todo tipo de penurias y vejaciones en el mar, en campos de concentración, o en montes desde donde preparan sus saltos a las condenadas vallas. 

Son procesos, como incide Álvarez Cantalapiedra, activados por mecanismos de acumulación por desposesión, intensificados además durante las últimas décadas. David Harvey, en su obra "El nuevo imperialismo", relata: "Durante las tres últimas décadas se ha acelerado el desplazamiento de poblaciones campesinas y la formación de un proletariado sin tierra en países como México y la India; muchos recursos que antes eran propiedad comunal, como el agua, están siendo privatizados (con frecuencia bajo la presión del Banco Mundial) y sometidos a la lógica de la acumulación capitalista; desaparecen formas de producción y consumo alternativas (indígenas o incluso de pequeña producción, como en el caso de Estados Unidos); se privatizan industrias nacionalizadas; las granjas familiares se ven desplazadas por las grandes empresas agrícolas; y la esclavitud no ha desaparecido (en particular en el comercio sexual)". No, la esclavitud no ha desaparecido. Poblaciones enteras son literalmente empujadas, salvajemente expulsadas, u hostigadas por las grandes empresas transnacionales, grupos paramilitares, o bien por sus propios Estados, pasando a engrosar las estadísticas de desplazados internos o refugiados en terceros países. Indocumentados estadounidenses proceden a millares de este tipo de políticas. Ante todo este retrato del horror, si nos queda un ápice de decencia, no se puede sino asumir las oportunas responsabilidades. No vale escudarse (porque además, es falso) en que "España siempre ha asumido sus responsabilidades" (José Luis Ábalos dixit, en entrevista citada más arriba), cuando acoge cifras realmente ridículas de refugiados anualmente. ¿Es que vamos a negar que somos las potencias occidentales las responsables de dichos conflictos armados? ¿Es que vamos a negar nuestras responsabilidades históricas y presentes en la devastación de estos pueblos, por medio del neocolonialismo? ¿Es que vamos a negar que llevamos desde su fundación como país haciendo el juego a los perversos Estados Unidos, apoyando sus guerras, participando de sus decisiones, alineándonos con sus argumentos, alimentando el belicista imperialismo estadounidense? ¿Es que vamos a negar que somos nosotros, las potencias occidentales, las principales emisoras de gases de efecto invernadero (con nuestras empresas, nuestras tecnologías, nuestros vehículos...), y por tanto las principales responsables del cambio climático, que afecta principalmente a los países menos responsables, es decir, más pobres? Si no podemos negar nada de esto, sólo nos queda asumir, de verdad, nuestra responsabilidad, abandonar todas estas bárbaras políticas, y acoger a todo el que llegue a nuestra puerta. Continuaremos en siguientes entregas.

BLOQUE VIII. DESIGUALDAD Y CORRUPCIÓN.

Este octavo bloque temático que hoy comenzamos va a intentar exponer la relación que posee la corrupción con la arquitectura de la desigualdad. Comenzaremos intentando llegar a las fuentes reales de la corrupción, y en ese sentido, estamos de acuerdo con Fernando Hugo Azcurra y Modesto Emilio Guerrero, cuando en su texto sobre Venezuela afirman: "La fuente originaria fundamental de todas las operaciones actuales de corrupción en el mundo es el capital financiero mundial que la propaga a todos los órdenes de la vida económica, social e institucional de gobiernos y países. Es la "cultura" mercantil burguesa por excelencia más extendida de sus negocios e "inversiones", que contamina y corroe todos los estratos de la sociedad burguesa como una pandemia para la cual pareciera que no hay antídoto eficaz". En efecto, en nuestro Blog siempre hemos colocado a las entidades financieras en general, y a los bancos en particular, como los tipos más perversos de empresas que existen. Su colaboración con los más oscuros intereses está más que probada, y por tanto, es perfectamente lógica la definición que nos hacen estos autores. La corrupción, entonces, es causa principal para la arquitectura de la desigualdad, ya que no sólo la permite y la potencia, sino que además la genera en su naturaleza más primigenia. Y mientras estos indecentes personajes y toda la ralea que les acompaña se esfuerzan en ofrecer discursos altisonantes aludiendo a la transparencia, honestidad, credibilidad y confianza que deben regir el funcionamiento de los mercados e instituciones, tanto públicas como privadas, ello sólo es un descarado y un cínico ejercicio de la hipocresía más brutal. En la realidad, su conducta está plagada de especulación, fraudes, trapacerías, estafas, tráficos de influencias, latrocinios, mentiras y cadenas de favores, que se extienden hasta el infinito. Una enorme masa de corruptos nos enseñan y muestran todos los tipos de truhanerías, ardides y triquiñuelas para instalar el engaño como núcleo estructural y transversal de sus actividades. 

Sin embargo, se nos presentan como un ejército de "triunfadores", expertos en "astucia" e ingeniería financiera, seres símbolo y prototipo de la "libertad del individuo" (libertad para pisotear a los demás) y su capacidad de desarrollo personal en una sociedad "libre" de mercado (como dicen estos autores, más bien una sociedad "libre de decencia"). En realidad, despliegan todo un muestreo de conquistas, dominio, sojuzgamiento, extorsión, sobornos, latrocinios y expoliación de individuos, empresas, gobiernos, etc., para lograr sus objetivos, que no son otros que beneficios económicos, poder e impunidad. Podemos definir a la corrupción en este sentido como todo el conjunto de prácticas que se despliegan de forma ilegal, antiética e ilícitamente para conseguir estos objetivos. Y para explicar estas conductas y comportamientos aberrantes, podríamos aludir a la "intrínseca perversidad humana", a la maldad "natural" del individuo, a la inveterada mala voluntad y al oportunismo de parte de quienes ejercen determinados cargos y responsabilidades. Y entonces nos valdrían todas esas frases huecas y vacías que muchos dirigentes políticos escupen, así como gran parte de la población: "Todos son iguales", "Si tú estuvieras en el poder también lo harías", "Es la condición humana", y otras por el estilo. Es lo más fácil: pensar en esto nos impone un mismo rasero para todas las personas, y nos condena a un grado de desconfianza en el sistema y en el ser humano de por vida. Pero también hay quienes no opinamos así. Pensamos más bien que el fundamento profundo hay que buscarlo y es posible encontrarlo en el mantenimiento de las relaciones burguesas de producción, circulación y consumo de nuestro modelo de sociedad capitalista. Con ello no queremos sostener tajantemente que el ser humano no tenga tentaciones, digamos, poco éticas (hecho que admitimos), pero entendemos que es más bien el sistema el que estructuralmente provoca y mantiene la corrupción, como elemento para esta arquitectura de la desigualdad que se proyecta. 

La corrupción no ha de contemplarse por tanto como la fatalidad de un hecho "natural" e insoslayable, sino como el producto de las relaciones que el sistema crea, proyecta y mantiene. Y así, la arquitectura de la corrupción despliega agentes corruptores (típicamente, el poder económico) y agentes corruptos (típicamente, el poder político). Y es que en el sistema capitalista, el verdadero poder, al que se consagran todos los demás, es el poder económico, y el poder político es un simple peón a su servicio. Lo hemos explicado más a fondo en este otro artículo de este Blog. Por ello,  nosotros pensamos, desde la izquierda transformadora, que no hay que descender a la "naturaleza humana" para ir erradicando la corrupción, sino que lo que hay que hacer es ampliar al máximo la democracia, para nivelar al máximo la participación igualitaria de todas las personas, grupos, colectivos, sectores, estamentos e instituciones, para de esta forma tener "controlados" esos impulsos de la naturaleza humana que les llevan a dichas prácticas corruptas. De esa forma podríamos impedir que corruptores y corruptos vengan a la sociedad para aprovecharse de ella. En el artículo de nuestro Blog dedicado a exponer "Los peligrosos valores del neoliberalismo", dedicamos uno de esos puntos a la corrupción, y allí explicamos: "De cara a la galería, el pensamiento neoliberal y sus adalides fomentan un discurso contrario a la corrupción, la atacan y dicen velar por minimizarla, e incluso erradicarla, pero en el fondo, el neoliberalismo normaliza, suaviza y disculpa la corrupción como no puede ser de otra manera, pues prácticamente el conjunto de sus valores tienden a introducir o permitir cierto grado de corrupción. Y ello porque la corrupción sí que es parte inherente del sistema (y no las desigualdades, tal como ellos creen), la corrupción (o al menos cierto grado de ella) es la materia prima del pensamiento capitalista y neoliberal, pues desde el punto de vista en que se legitiman la competitividad, el emprendimiento, la competencia, el individualismo y el desprecio al bien común, la mercantilización de todas las actividades y el culto fanático al consumismo, todo ello no puede sostenerse sin que la corrupción sea siquiera mínimamente tolerada y auspiciada".

Y continuábamos: "Porque...¿acaso no es corrupción un desahucio? ¿No es corrupción soportar una tasa de paro del 20%? ¿No es corrupción la privatización de un sector público rentable socialmente? ¿No son corrupción los recortes en sanidad o educación, ejecutados además por personajes que poseen enormes cuentas en paraísos fiscales? ¿No son corrupción las "puertas giratorias"? ¿No es corrupción rescatar a los bancos, mientras hay gente buscando comida en la basura? El neoliberalismo necesita corruptos y corruptores, así como un sistema que los encubra y los proteja. Hablamos entonces de una cierta corrupción institucionalizada". Rescatamos a continuación los dos párrafos finales del artículo de Arsen Sabaté "Las mil caras de la corrupción española", publicado por el medio La Izquierda Diario: "La corrupción endémica es un factor potente que retroalimenta la crisis de representación actual de los partidos del Régimen. Pero esto no debe confundirse con que sea la corrupción la verdadera fuente de los problemas. La corrupción es sólo una manifestación más de los mecanismos de dominación naturales de los capitalistas y sus representantes políticos, de un régimen profundamente antidemocrático. Un sistema capitalista podrido, donde mientras la clase trabajadora y los sectores populares intentan sobrevivir a duras penas entre el paro y la precariedad laboral, los políticos capitalistas viven como millonarios. Y, para colmo, después se retiran como asesores y gerentes de las mismas empresas que beneficiaron durante décadas desde sus puestos en el gobierno, el parlamento o los ayuntamientos". Y es que (y de esta forma volvemos a conectar con el primer bloque temático de la serie, donde ya hablamos sobre los ricos y su poder), la única minoría realmente peligrosa son los ricos y sus siervos, tal como afirman Paca Blanco, Jesús Rodríguez, María Lobo y Aziz Matrouch, todos ellos militantes de la corriente Anticapitalistas, en este artículo para el medio Publico, que tomamos a continuación como referencia. Esa minoría parásita es la que diseña las reglas del juego, de tal forma que siempre les favorezcan. "Una minoría acaparadora que esquilma los recursos de todos para lucrarse y vivir en la opulencia más escandalosa", en palabras de los autores. 

Se trata de esa misma minoría que diseña, practica, tolera y ampara la corrupción como uno de los mecanismos de plasmación de la arquitectura de la desigualdad. Son los mismos que saquean los servicios públicos, que bajan los salarios, que precarizan el empleo, que especulan con la vivienda. Son los mismos que invierten en el indecente negocio de las armas. Son los mismos que tienen toda una batería legislativa para defenderlos, por eso hacen tantas proclamas a la ley, porque es "su ley". Tal como dijera Marx en su día, el Estado no es más que el Consejo de Administración de la clase dominante, es decir, de los ricos y poderosos, de las grandes empresas, de las grandes fortunas. Y es que el secuestro democrático por parte de estas élites poderosas ha agravado profundamente la arquitectura de la desigualdad. Este secuestro democrático precisamente es el que abona el campo libre para la corrupción. En su dossier "Acabemos con la desigualdad extrema", los investigadores de Oxfam Intermón describen el fenómeno con precisión: "Durante mucho tiempo, la influencia y los intereses de las élites políticas y económicas han reforzado la desigualdad. El dinero compra el poder político, que los más ricos y poderosos utilizan para afianzar aún más sus injustos privilegios. El acceso a la justicia también suele estar en venta, de forma legal o ilegal, y las costas judiciales y el acceso a los mejores abogados garantizan impunidad a los poderosos. Los resultados se manifiestan de forma obvia en las desequilibradas políticas fiscales y los laxos sistemas normativos actuales, que privan a los países de ingresos fundamentales para financiar los servicios públicos, además de favorecer prácticas corruptas y debilitar la capacidad de los Gobiernos para luchar contra la pobreza y la desigualdad". La corrupción, por tanto, está total, estrecha y completamente relacionada con la desigualdad, hasta tal punto que los países más corruptos suelen ser los más desiguales, y viceversa. Continuaremos en siguientes entregas.

En el artículo anterior expusimos el concepto de "igualitarismo biocéntrico", introducido por Bill Devall y George Sessions (pensadores adscritos a la corriente que hemos llamado "Ecología profunda"), que más o menos defiende la idea de que todo ser viviente juega su papel en un determinado ecosistema, del cual todos dependen para su supervivencia. Ellos no obstante deducían de dicho concepto que todos los individuos de tal ecosistema debían poseer igual valor intrínseco, aunque esto ya no está tan claro. Puede que tengan valor sólo porque sean necesarios para la existencia del conjunto, y el conjunto puede que tenga valor sólo porque apoya la existencia de los seres conscientes. La ética de la ecología profunda, por tanto, no ofrece todas las respuestas a todas las preguntas que podamos plantear. Y puesto que la ecología se centra más en los sistemas que en los organismos individuales, la ética ecológica podría ser más admisible si se aplicara a un nivel superior, quizá a nivel de especies y ecosistemas. En cualquier caso, la ética ecológica nos lleva a la idea de que las especies o el ecosistema no son solamente un grupo de individuos, sino una entidad en su propio derecho. En esta teoría insiste también Lawrence Johnson, que en su libro "A Morally Deep World" considera los intereses de una especie, o de un ecosistema, en un sentido que difiere del de la suma de intereses de cada miembro de la especie, y concluye que los intereses de una especie, o de un ecosistema, deben tomarse en cuenta, junto con los intereses individuales, en nuestras reflexiones morales. Por su parte, Freya Mathews, en su texto "The Ecological Self", sostiene que cualquier "sistema que se realice a sí mismo" tiene valor intrínseco en la medida en que busca mantenerse o preservarse a sí mismo. Mientras que los organismos vivientes son paradigmas de sistemas que se realizan a sí mismos, Mathews, al igual que Johnson, incluye especies y ecosistemas como entidades holísticas o un "yo" con su propia forma de realización. 

Mathews incluso incluye al ecosistema global entero, siguiendo a James Lovelock, al referirse a él con el nombre de la diosa griega de la tierra, Gaia. Y sobre esta base, ella defiende su propia teoría sobre igualitarismo biocéntrico. Existe, como estamos pudiendo comprobar, una verdadera cuestión filosófica acerca de si una especie o un ecosistema se puede considerar como el tipo de individuo que puede tener intereses, o un "yo" que se realice; incluso si puede, la ética ecológica profunda se enfrentará a problemas similares a los que identificamos al considerar la idea de la veneración por la vida. Porque es necesario, no sólo que se diga que los árboles, las especies y los ecosistemas tienen intereses propios e independientes, sino que tienen intereses moralmente pertinentes, es decir, susceptibles de ser tenidos en cuenta por los seres humanos. Si cada uno ha de ser considerado como un "yo", habrá que demostrar que la supervivencia o la realización de esa clase de "yo" tiene valor moral, independientemente del valor que tenga debido a su importancia al sostener vida consciente. Llegados a este punto, espero que al menos mis lectores y lectoras estén en la onda pertinente para considerar a la propia Naturaleza como sujeto de derechos. Esto es realmente algo básico si de verdad nos queremos tomar estos asuntos en serio, y ser capaces de plantear otro modo de producción y consumo, otra filosofía de vida, otro paradigma civilizatorio, tal cual nos propone el Buen Vivir. No obstante, aún nos quedan muchos interrogantes. En nuestro análisis sobre la ética de la veneración por la vida vimos que una forma de establecer que un determinado interés es moralmente pertinente es preguntarse lo que supone para la entidad afectada no tener ese interés satisfecho. Esa pregunta es fácil de responder para seres humanos, e incluso para animales no humanos, pero más difícil para el asunto que nos ocupa. Y la misma pregunta se puede plantear también sobre la autorrealización: ¿qué supone para el yo no realizarse? Dichas preguntas ofrecen respuestas inteligibles cuando se hacen sobre seres sensibles, pero no cuando se hacen sobre árboles, especies o ecosistemas. 

El hecho de que, como señala James Lovelock en su obra "Gaia: A New Look at Life on Earth", la biosfera pueda responder a determinados acontecimientos en formas que se parecen a un sistema que se mantiene a sí mismo, no demuestra en realidad que la biosfera desee conscientemente mantenerse a sí misma. De hecho, denominar al ecosistema global con el mismo nombre que la diosa griega parece una buena idea para dotarla de identidad, pero puede que no sea la mejor manera de ayudarnos a pensar claramente en su naturaleza. De forma similar, a menor escala, no hay nada que se corresponda con lo que supone ser un ecosistema anegado por una presa (como planteábamos en nuestro supuesto inicial), puesto que no podemos afirmar que exista tal sentimiento, o tal conciencia de ello. En este aspecto, tanto los árboles como los ecosistemas y las especies son más como rocas que como seres sensibles, y por tanto, la división entre criaturas sensibles y no sensibles constituye hasta ese punto una base más firme para un límite moralmente importante que la división entre cosas vivientes y no vivientes, o entre entidades holísticas y otras entidades que no podrían considerarse holísticas (Holismo es la doctrina que propugna la concepción de cada realidad como un todo distinto de la suma de las partes que la componen). Pero este aparente rechazo de la base ética para el desarrollo de una ética ecológica profunda no implica que el caso de la conservación de lo salvaje no tenga fuerza. Todo lo que implica es que un tipo de argumentación (la del valor intrínseco de las plantas, especies o ecosistemas) es, en el mejor de los casos, problemática. Por tanto, y como respuesta al planteamiento inicial sobre la conveniencia o no de construir la presa (destruyendo todo el entorno natural necesario), a menos que se pueda situar en una posición diferente y más firme, deberíamos limitarnos a argumentos basados en los intereses de las criaturas sensibles, presentes y futuras, humanas y no humanas. Estos argumentos bastan para demostrar que, al menos en una sociedad en la que nadie necesite destrozar lo salvaje con objeto de obtener comida para sobrevivir o materiales para protegerse de los elementos, el valor que posee conservar las zonas importantes de naturaleza virgen que quedan, sobrepasa en mucho a los valores económicos que se obtienen con su destrucción. En conclusión, y como respuesta al planteamiento de si hay o no que construir la presa: la respuesta más adecuada es que NO. 

Y la siguiente pregunta que podríamos hacernos es: ¿Qué se hace en realidad? La práctica habitual desoye nuestra recomendación. En la inmensa mayoría de los casos, y en la práctica totalidad de los países del mundo, si están enfrentados los valores de la naturaleza frente a las aportaciones económicas (y de un falso progreso fruto del relato capitalista) que pueda suponer destrozarla para construir algún determinado artificio, lo que se hace es destrozar la naturaleza que haga falta, sin miramientos. Los intereses (disfrazados de intereses para la sociedad) son únicamente los de las grandes compañías transnacionales que con su poderío hacen y deshacen a su antojo en cualquier país. Cientos de miles de hectáreas de cultivo son arrasadas año tras año, presas hidráulicas, gaseoductos, oleoductos y demás infraestructuras gigantescas son diseñadas por todo el planeta, arrasando con todo el entorno natural que encuentran a su paso. Bosques arrasados, lagos, ríos y mares contaminados, centenares de miles de animales muertos directa o indirectamente por la acción humana, son el resultado de estas perversas prácticas que llevamos a cabo continuamente. Hasta las reservas naturales más profundas, ricas y salvajes que existen están siendo sistemáticamente eliminadas. Y todo ello, junto con las emisiones contaminantes que vertemos a la atmósfera, son la causa fundamental del caos climático que ya ha comenzado a significarse, y a provocar devastadoras consecuencias. Por tanto, se hace necesario cambiar de paradigma, y para ello, es absolutamente preciso desarrollar, asumir y tener en cuenta una ética del medio ambiente, mayoritariamente aceptada y respetada, que pase por otorgar plenos derechos a la naturaleza y a todos los seres sensibles que la habitan, así como a la preservación de los ecosistemas naturales. Dicha ética consideraría que todas las acciones que son perjudiciales para el medio ambiente son éticamente discutibles, y las que son innecesariamente perjudiciales sencillamente son malas. Para una ética del medio ambiente la virtud supondría guardar y reciclar los recursos, y lo contrario sería el despilfarro y el consumo innecesario. Para una ética del medio ambiente, ningún proyecto económico que destruya elementos naturales debe ser contemplado, a menos que sus ventajas sean absolutamente necesarias para la vida de otros seres, tanto humanos como no humanos. Se podría pensar por ejemplo en la viabilidad de un proyecto que construyese miles de viviendas (junto con complejos residenciales, piscinas, recintos, tiendas, etc.) y los defensores de tal proyecto podrían argumentar en la imperiosa necesidad de hacerlo para que miles de personas sin hogar residan allí, pero...¿es cierto todo esto?

¿De verdad han de construirse esos complejos para que vivan miles de personas que ahora no poseen un hogar? ¿Seguro que no podemos arreglar ese problema de otra forma? ¿No podemos utilizar las miles de viviendas vacías que cada ciudad posee? ¿No podemos volver a habitar los pisos que hoy día están enfocados al turismo? ¿Seguro que detrás de todo ese proyecto no se esconde una labor especulativa, que enriquecerá a las empresas constructoras y a las entidades financieras que estén detrás del mismo? Pongamos otro ejemplo ilustrativo: desde la perspectiva de una ética del medio ambiente, nuestra elección de esparcimiento (ocio, recreo, deporte...) no es éticamente neutral. Consideremos por ejemplo la posible elección entre las carreras de coches y el ciclismo, o entre el esquí acuático y el windsurfing, sólo como una cuestión de gustos. Pero en realidad, dicha elección va más allá. Desde la ética del medio ambiente, existe una diferencia esencial entre estas actividades: las carreras de coches y el esquí acuático requieren el consumo de carburantes fósiles para su disfrute, y además liberan dióxido de carbono a la atmósfera, mientras que el ciclismo y el windsurfing no. Por tanto, una vez que nos tomemos en serio la necesidad de conservar nuestro medio ambiente, las carreras de coches y el esquí acuático dejarán de ser una forma aceptable de entretenimiento o deporte, al igual que ya no lo son hoy las peleas de gallos. La ética del medio ambiente debería tenerse en cuenta de forma transversal a la hora de abordar cualquier proyecto, sea del tipo que sea, porque hasta ahora, el ser humano, imbuido en la lógica del sistema capitalista, en lugar de prestar atención a nuestros ecosistemas naturales, ha arremetido contra ellos, alterando el paisaje y el entorno natural de manera vertiginosa. Hemos de incidir, para difundir esta ética medioambiental, en que no es bueno dedicarnos a actividades, profesiones, deportes, hobbies o proyectos que ataquen los fundamentos de la naturaleza, los recursos naturales, la flora y la fauna, y los ecosistemas donde habitan. Hace poco tiempo en nuestro país tuvimos un dilema similar, cuando la petrolera Repsol tuvo la ocurrencia de explorar las aguas profundas del ecosistema marino de las islas Canarias en busca de petróleo. Los grupos ecologistas advirtieron del peligro que suponían las actividades de prospección de cara a la conservación de especies de fauna y flora marina en dicho ecosistema. Afortunadamente, la concienciación popular y política sobre estos asuntos ya había calado fuertemente en la ciudadanía y en los agentes sociales, y el proyecto se abortó. Continuaremos en siguientes entregas. 

Fuente de Referencia: Ética Práctica (Peter Singer)

En el último artículo de esta serie ya comenzamos a denunciar la tremenda hipocresía que ejercen nuestros gobernantes en torno a las mafias, y continuaremos aquí porque no son sólo las mafias...es el propio capitalismo que las fomenta. Si hay guerras, es porque existe un complejo militar-industrial que hay que alimentar (filosofía capitalista). Si hay expolio y destrucción de recursos naturales, es porque existen empresas que necesitan dichos recursos como materia prima para sus tecnologías (filosofía capitalista). Si hay explotación laboral y mano de obra esclava de los habitantes de estos países de origen, es porque existen empresas desalmadas a las que no les importan llevar a cabo estas prácticas para aumentar sus beneficios (filosofía capitalista). Como expone Antonio San Román Sevillano en este artículo para el digital Rebelion, en la República Democrática del Congo millones de personas han sido asesinadas, y aún continúan siéndolo, para que el mundo se beneficie de la riqueza del país africano, especialmente del coltán, un mineral utilizado en la fabricación de teléfonos móviles. Esta industria explota a miles de adultos y niños en la extracción de este mineral. También existen grandes empresas multinacionales que compran las tierras de países enteros para sus agronegocios, expulsando a los campesinos de sus tierras, y condenándolos al hambre y la miseria. Son las grandes corporaciones que dominan el mercado de las semillas, y que están sembrando en los seres humanos las semillas del cáncer y de múltiples enfermedades. Están acabando con la soberanía alimentaria de estos países, y llevando al mundo a su extinción. Incluso se pervierte la utilidad y destino final de las Ayudas al Desarrollo, pues a cambio de recibir ayuda económica e inversiones empresariales, los países africanos tienen que cambiar sus leyes para facilitar a las empresas la adquisición de tierras, el control de las semillas y los mercados de exportación. Otras empresas acaparan la explotación económica de la sabana africana, una extensa zona de unos 400 millones de hectáreas que va desde Senegal hasta África del Sur. 

Todo esto beneficia a la agroindustria exportadora, pero se traduce en el desarraigo de millones de pequeños productores empobrecidos y la concentración de tierras en manos de grandes corporaciones. Precisamente en esta expulsión hacia zonas marginales de estas poblaciones campesinas está el origen de la propagación de terribles enfermedades, como el ébola, que actualmente experimenta un rebrote peligroso en determinados países africanos. Al ser desplazadas de su hábitat originario, estas poblaciones entran en contacto con alimentos desconocidos para ellas, al tener que buscarlos en zonas tropicales. Cuando no los encuentran, se ven obligadas a comer pequeños roedores, monos y murciélagos. Los acuíferos están siendo también invadidos por el gran capital transnacional. Varios multimillonarios, grandes bancos de Wall Street y determinadas empresas están haciéndose con el control sobre el agua de todo el planeta. Están adquiriendo miles de hectáreas de tierras con acuíferos, lagos, humedales, etc., incluyendo los derechos sobre el agua, los servicios sanitarios y las acciones en empresas de tecnología e ingeniería del agua de todo el mundo. Al no existir una filosofía política sobre el agua que la entienda como un bien común universal, estos grandes magnates obtienen cada vez un mayor control privado sobre este recurso natural absolutamente imprescindible. Ni que decir tiene que estas grandes empresas y sus dirigentes son quienes colaboran con las élites corruptas y los regímenes autoritarios de África, que reprimen las revueltas sociales de sus poblaciones cuando éstas se organizan para protestar por la deriva suicida que están tomando. Bajo la complicidad y control de las potencias occidentales, casi todas esas protestas populares culminan en Golpes de Estado, derrocamiento de gobiernos, confusas guerras civiles, tribales o religiosas, que desestructuran los poderes de dichos países, y contribuyen a crear Estados fallidos (como en los recientes casos de Libia, Egipto, Siria...). Todas estas tramas y quienes las organizan son también mafias. El concepto de "mafia", por tanto, ha de ser repensado, y situado en su justa dimensión. Mafia es hoy día el conjunto de potencias occidentales y sus complejos militares, industriales y tecnológicos, bajo la complicidad última de las entidades bancarias que los financian, y que contribuyen a hacer del mundo pobre su particular cortijo. 

¿Y qué hace el mundo "rico" cuando esos pobres del otro mundo intentan llegar a sus fronteras? Criminalizarlos, y hacer su vida imposible. El actual magnate dirigente de Estados Unidos, Donald Trump, ha amenazado directamente a sus países centroamericanos vecinos (México y Guatemala) con subir sus aranceles comerciales, si no son capaces de controlar sus flujos migratorios hacia el gigante estadounidense. Por su parte, las políticas infames de la Unión Europea consisten en la retención y en tener atrapados a miles de refugiados en campos de concentración en Grecia, Turquía o Libia, para que nadie llegue a nuestras fronteras. El gobierno español mantiene convenios bilaterales con Marruecos para aceptar devoluciones "en caliente", una práctica absolutamente ilegal y deleznable. Mientras, se va normalizando el terrible discurso político de la ultraderecha, que considera a todo extranjero como una amenaza, y aboga por endurecer los controles en las fronteras, y acelerar la expulsión de miles de migrantes irregulares. El racismo y la xenofobia se palpan cada vez más, tamizados por estos mensajes de organizaciones claramente supremacistas. El dogma de la "identidad cultural" se extiende como la pólvora. Falaces mantras se normalizan, como que "una nación sin fronteras deja de ser nación". La criminal Europa fortaleza se refuerza en sus discursos y en sus políticas. Mario Hernández, en su Ponencia "Una visión policíaca de la inmigración", presentada en las XXIV Jornadas de Estudios Migratorios que se realizaron en la Facultad de Humanidades de la Universidad de Santiago de Chile en agosto de 2017, afirma: "Hay un récord de 65 millones de desplazados forzados en el mundo de hoy. Esto es aproximadamente 1 de cada 113 personas. La ONU describe nuestra era como una "de desplazamiento masivo sin precedentes". Esta cifra solo incluye refugiados y personas desplazadas internamente por conflictos armados. Crecerían aún más si fueran incluidas las personas desplazadas por la pobreza, o por desastres "naturales" tales como sequías, tormentas y desertificaciones".

Y añade: "Un estudio realizado en 2008 por investigadores del Centro de Estudios sobre Refugiados de la Universidad de Oxford encontró cifras de 24-30 millones de desplazados ambientales hoy en día, proyectándose a 200 millones o más al año 2050. Esto significa que los migrantes ambientales ya son cerca de la mitad de aquéllos desplazados por la guerra (aunque estas categorías se sobreponen); y podrían llegar a triplicar la cantidad actual, que es el récord de desplazados en tres décadas. Con estas cifras, si la población mundial llega a 10 billones en el 2050, 1 de cada 50 personas sería un migrante ambiental". Los efectos del cambio climático, que a todas luces supone una amenaza civilizatoria global, obligará a un crecimiento del número de desplazados ambientales. Si las políticas de fronteras no cambian, en un mundo en declive planetario y sin posibilidad de movimiento ni refugio real, el número de personas que mueren en el Mediterráneo hoy día podría llegar a ser ridículo comparado con los desplazados ambientales que se avecinan. Bajo argumentos moralmente repugnantes como el de la "invasión" que estamos sufriendo, o de la amenaza a "nuestros valores" que los migrantes representan, o a que nuestro país "está lleno" (como afirmó indecentemente Trump), se legitiman todas estas políticas fallidas, racistas, ilegales y aberrantes. Y así, los solicitantes de asilo han sido tachados de "criminales", de "violadores", de ser portadores de enfermedades terminales, de ser terroristas, de querer vivir de los servicios públicos del país de acogida, o de querer implantar sus radicales visiones religiosas, entre otras barbaridades. "El efecto de estas calumnias es la deshumanización de los refugiados, que allana el camino para excluirlos de la categoría de legítimos poseedores de derechos humanos" (Mario Hernández). Precisamente, toda esta injusta cosmovisión hacia el migrante es la responsable de desplazar el problema de las migraciones del ámbito ético al de la seguridad, la delincuencia, la criminalidad y la defensa del orden público, relacionadas con la supuesta "amenaza" que la llegada de migrantes supone. Vivimos una época de descarado "imperialismo fronterizo", que legitima y despliega las más horribles prácticas hacia este fenómeno. 

Según Harsha Walia, "El imperialismo fronterizo puede ser entendido como la creación y reproducción de desplazamientos globales masivos y de las condiciones necesarias para la precariedad legalizada de los migrantes, quienes son inscritos por la violencia racial y de género del imperio, como también por la segregación capitalista y la segmentación diferencial del trabajo". El desplazamiento se provoca por motivos económicos o conflictos armados de forma directa, o de forma indirecta por el saqueo y expolio de recursos naturales, que dejan sin oportunidades vitales a los habitantes de los países de origen. Si a todo ello le sumamos el caos climático generado por la globalización capitalista, ya tenemos el cóctel explosivo al completo. Los estudiosos del clima afirman que amplias áreas de Oriente Medio y del norte de África serán inhabitables a mediados de este siglo, y muchas de las 500 millones de personas que viven allí podrían verse obligadas a migrar. Mario Hernández también aporta el dato de que el lago Chad, frontera natural entre Níger, Nigeria, Camerún y Chad, en medio siglo ha perdido cerca del 85% de su superficie, un drama para los más de 22 millones de personas que viven en su cuenca. La sequía, las hambrunas y las epidemias golpean también en Mauritania, Mali y Somalia, causando un éxodo incesante hacia los campamentos de refugiados, y para los más atrevidos y/o desesperados, hacia la ilusión de una nueva vida en Europa. Pero nuestra vieja Europa los desprecia. Ningún país hace gala de una política de fronteras mínimamente digna. Italia endurece cada día su discurso, pero quizá la situación más alarmante se da en los países del Este europeo: Polonia, República Checa, Eslovaquia, Bulgaria y particularmente Hungría. Allí, el Parlamento aprobó una ley que permitirá al gobierno del nacionalista Viktor Orban encarcelar a todos los demandantes de asilo, incluyendo a los menores. Cualquiera que intente entrar en Hungría para solicitar asilo será encerrado en la frontera en contenedores metálicos rodeados de alambres de púas hasta que su solicitud sea estudiada. Orban ha declarado ya el "Estado de sitio" (para el país que menos refugiados recibe, 345 durante 2017), y entre otras perlas, ha declarado que los migrantes son "veneno". El panorama es, pues, angustioso y repugnante. Continuaremos en siguientes entregas.

Precisamente vamos a basarnos a continuación en el Informe de Ecologistas en Acción cuya portada hemos añadido como imagen de entradilla, en primer lugar a través de un doble artículo de Cecilia Sánchez, miembro de dicha organización, aparecido en el medio El Salto Diario. Desde hace varias entregas atrás venimos insistiendo (porque pensamos que es una condición nuclear y básica para solucionar el problema de la pobreza energética) en la necesidad imperiosa de declarar el derecho a la energía como derecho humano fundamental. Este enfoque es esencial para producir los cambios necesarios, ya que "analizar la pobreza energética desde un enfoque de derechos humanos permite poner el foco no en las carencias y las necesidades de las personas que la padecen para que el Estado las satisfaga, sino en los resultados de las medidas adoptadas por los titulares de las obligaciones de respetar, proteger y garantizar los derechos esenciales de las personas. Se trata de garantizar tales derechos de tal forma que en caso de no cumplir con el mandato puedan ser reclamados jurídicamente por sus titulares" (Cecilia Sánchez). En efecto, el cambio que provocamos es abismal si lo enfocamos de esta forma. Pondremos un ejemplo: extrapolado al ámbito de la Renta Básica Universal (RBU, de la que hemos dado amplia cuenta en el anterior bloque temático), es justo la misma diferencia que existe entre ésta y los múltiples subsidios condicionados para pobres que existen por los diferentes territorios. Es decir, mientras que para que se conceda un subsidio de este tipo las personas han de pelearse con las Administraciones Públicas para demostrar su pobreza, la RBU asume esta renta como un derecho de ciudadanía, y lo integra sin más en su catálogo de servicios y derechos públicos y universales. Igual ocurre con la energía: si conseguimos que actúe a nivel de derecho humano fundamental, el suministro estará garantizado, ya seamos los más ricos o los más pobres de la sociedad. Lo que ocurre es que hasta ahora, debido a la ola de neoliberalismo desatada desde la década de los años 80 del pasado siglo, los Estados han sido bastante reticentes a recoger en sus ordenamientos jurídicos unos derechos que implican obligaciones exigibles por la ciudadanía.

Pero en muchos casos llegamos a contradicciones absurdas, pues por ejemplo, sin derecho a una vivienda digna difícilmente se pueden lograr las libertades que propugna el primer gran catálogo de derechos humanos, por ejemplo el derecho a la intimidad. En entregas anteriores hemos explicado la fundamentación teórica que la Constitución CE1978, los marcos normativos y tratados internacionales y la propia Unión Europea ofrecen para enmarcar ahí el reconocimiento de la energía como un derecho humano fundamental. ¿Por qué no se hace efectivo, pues? Pues por la misma razón de siempre: falta de voluntad política. Y por tanto venimos a desembocar donde siempre: arquitectura de la desigualdad. Una arquitectura social, política, económica y cultural al servicio del incremento de las desigualdades prima en nuestro país y en la inmensa mayoría de los países del planeta, es decir, y volvemos a recalcar por enésima vez, no es una desigualdad natural, no es una desigualdad espontánea, no es una desigualdad improvisada, no es una desigualdad imposible de desmontar: es una desigualdad fabricada, potenciada, exaltada y preservada por las grandes élites que nos gobiernan, por las propias directrices del neoliberalismo como doctrina casi de fe política, y una desigualdad proyectada y perpetuada, al menos mientras no tengamos el honor de ser gobernados por personas honradas, justas, humanas y valientes. Si el derecho a la energía se reconociera como derecho humano fundamental, ello implicaría, de entrada, que deberían existir agencias públicas encargadas de su suministro de forma universal e incondicional, y claro, eso haría perder muchos enteros de valor en bolsa para miles de accionistas que hoy día engordan sus bolsillos por el incremento del poder que todas estas empresas privadas poseen. De hecho, podemos afirmar que el sector eléctrico en nuestro país es un claro paradigma del control capitalista sobre un sector de producción estratégico. Siguiendo a David Pineda en este artículo para la versión electrónica de Mundo Obrero, hay que resaltar que la Exposición de Motivos de la Ley 54/1997 mostraba ya en dicha época la voluntad de que el Estado se inhibiera de la intervención en un sector estratégico como el energético. 

Dicha evolución ha ido in crescendo, de tal forma que hoy día el Estado ha perdido completamente su capacidad de intervención pública en este sector, y ya no es capaz de garantizar el suministro eléctrico a una parte de la población. Es justo lo que ocurre cuando la gestión y materialización de los derechos se transfieren a empresas privadas: dejan de ser universales, y comienzan a primar los beneficios privados sobre los intereses públicos. Bajo ese falaz disfraz de la "liberalización", se esconde un peligroso monstruo que la propaganda capitalista nos vende como algo muy bueno y positivo, abriendo el servicio a la competencia del mercado (lo cual tampoco es cierto, ya que lo que tenemos en realidad es un oligopolio), abaratándolo y mejorando la eficiencia. El dogma neoliberal pone mucho empeño en que nos creamos todas estas patrañas, y como dispone de un aparato de propaganda tan poderoso, al final, si no lo contrarrestamos, cala en la mentalidad de las mayorías sociales, y acaba por imponerse. Pero como estamos demostrando, la realidad es muy distinta: lo que ha ocurrido es que el suministro ha dejado de ser universal, ha perdido calidad, los precios de la electricidad han aumentado escandalosamente para aumentar la riqueza de unos pocos, y además se ha reducido personal, oficinas y servicios, contribuyendo al desempleo y a la precarización laboral. Toda una transferencia de fondos desde el sector público al privado, contribuyendo a socializar las pérdidas y a privatizar las ganancias. Es la misma ecuación neoliberal que se aplica a cualquier sector que sufra este proceso. Lo que hay que hacer, por tanto, para desmontar esta peligrosa deriva y revertir esta arquitectura de la desigualdad, es volver a recuperar la concepción de servicio público en el sector, lo que implica luchar por consolidar un modelo de Estado que garantice una vida digna para el conjunto de la población, y ello pasa por impedir categóricamente los cortes de suministro eléctrico para todas aquéllas personas y familias que no puedan hacer frente a las costosas facturas de este perverso oligopolio. Pero además, nuestro Estado ni siquiera tiene participación en ninguna de estas empresas, pero en cambio sí están participados otros Estados extranjeros, como el italiano, el Qatarí, el noruego, el argelino, y varias empresas estadounidenses. Al contrario de lo que ocurre en Alemania, Francia o Italia, España carece de capacidad de intervención sobre las grandes compañías eléctricas. 

Hace falta voluntad política para acabar de una vez con la pobreza energética. Para ello, las medidas principales son bien sencillas, y se podrían resumir en las siguientes: 1) Prohibición de los cortes de suministros básicos a hogares en situación de vulnerabilidad. 2) Recuperar los 3.500 millones de euros que deben las compañías eléctricas al Estado y al pueblo español, a causa del montaje del llamado "déficit tarifario". 3) Prohibición de las puertas giratorias, para que los Ministros dejen de ser comisionistas de las grandes eléctricas, construyendo sus políticas como un sistema de favores y privilegios. 4) Auditar los costes de la electricidad y acabar con los abusos tarifarios. Medida ésta última que implica intervenir públicamente el mercado energético, que quizá es el desafío más importante que tenemos en esta materia. Porque de hecho, todas esas medidas podrían confluir en una sola, que no es otra que nacionalizar las compañías eléctricas con mayoría de capital público, para que sean devueltas al patrimonio social, como bien común, público y de todos, del conjunto de la ciudadanía, indemnizando únicamente a los pequeños accionistas en dicha operación. Ni que decir tiene que la vuelta de las compañías eléctricas al control público y a propiedad social no sólo acabaría con las prácticas aberrantes que dichas empresas llevan a cabo hoy día, que contribuyen a profundizar las brechas y desigualdades sociales, sino que además llevaría al campo energético (uno de los derechos humanos básicos) la justicia social. Mientras esto no se lleve a cabo, continuará la pobreza energética, continuará la arquitectura de la desigualdad, continuarán las subidas de la luz, continuarán los escandalosos sueldos de los directivos de estas compañías, continuarán las puertas giratorias facilitando a los políticos retiros de oro (después de haber favorecido los intereses de estas grandes transnacionales), y continuará el mercado eléctrico desbocado. Nos seguirán diciendo que la culpa la tienen la sequía, el clima, el precio del petróleo, la transición ecológica, los costes de la producción y distribución, los impuestos, y un largo etcétera de excusas y pretextos para ocultar la realidad. Y la verdad es que este suministro no puede estar al arbitrio de intereses privados, sino del control y garantía universales de un servicio público, en correspondencia con un derecho humano fundamental.

Y mientras, como nos cuenta Javier Ginsanz en el Blog "Economía a lo claro", las subidas mensuales e interanuales son constantes. Javier Ginsanz nos explica muy bien en su artículo las características de este mercado "de locos", donde cada tipo de electricidad se ofrece a su precio y a cada hora del día se fija un precio que es el de la electricidad más cara. Todo una tómbola eléctrica al servicio de los más poderosos, un sistema demencial y absolutamente antidemocrático para un bien de primera necesidad. Un negocio redondo y miserable, donde los gestores de estas empresas privadas y sus accionistas aumentan sus beneficios con la precariedad y el sufrimiento de las clases populares. Javier Ginsanz nos pone un símil muy ilustrativo en su artículo: "Es como si compráramos carne picada hecha con pollo, cerdo, ternera y chuletón y la pagáramos a precio de chuletón". Y añade que, según la estimación del experto Jorge Fabra, los españoles hemos pagado 20.000 millones de euros de más a las eléctricas, solo entre 2005 y 2015, debido a este injustificable sistema de precios. La existencia de este oligopolio, además, incentiva el fraude, como se ha podido comprobar en diversas multas impuestas a estas compañías durante los últimos años por acordar entre ellas sistemas de precios y anular así la competencia. Son empresas que están acostumbradas a manipular el mercado en su beneficio, y a diseñar mil maniobras para obtener mayores beneficios a costa de los sufridos "consumidores". Además, este oligopolio produce una energía muy contaminante. Es llamativo, en este sentido, que las cinco grandes eléctricas (Endesa, Naturgy, Iberdrola, EDP y Viesgo) fueran responsables de la emisión del 17% de todos los gases de efecto invernadero (GEI) emitidos en España durante 2016, según el Observatorio de la Sostenibilidad. Un mercado que obedece a oscuros algoritmos, poco transparente y sujeto a factores descontrolados se podría aplicar a un bien de lujo, pero jamás sería lícito aplicarlo a un suministro básico y fundamental para la vida de las personas. Por si todo ello fuera poco, hasta un 40% de la factura eléctrica refleja una serie de costes que nada tienen que ver con el coste directo de producir la electricidad y suministrarla, y que sólo sirven para engordar aún más los beneficios de estas grandes compañías. Continuaremos en siguientes entregas.