Actualidad Política y Cultural - Blog de Rafael Silva

Que la izquierda no esté a la altura de sus ideas, de su país, de su gente, de su ciudadanía, y sobre todo de su clase, no se traduce sólo en que sus potenciales votantes no confíen en ella, sino que también incide en un reforzamiento de la derecha. De hecho, esto es lo que explica el auge de las fuerzas políticas de extrema derecha y neofascistas en nuestro continente y en otras partes del mundo. Cuando el electorado ávido de cambios políticos se encuentra con una izquierda desaparecida o que traiciona sus valores, es frecuente que las preferencias del voto, sobre todo entre el pueblo con baja cultura y madurez política, tiendan a refugiarse en la opción contraria, es decir, en la derecha. De ahí que los mensajes claros, las estrategias coherentes y la valentía a la hora de gobernar sean los atributos que nunca debemos decepcionar. De entrada, es lógico que en Podemos existan diversas corrientes de pensamiento, y que la integración de miles de personas procedentes de los foros del Movimiento 15-M (unidas a otras personas que procedían del desencanto de la militancia en otras fuerzas políticas), cada una con sus inquietudes, su formación y sus capacidades, haya de realizarse lógicamente mediante un debate constante de ideas. El debate de ideas y la vertiente de movimiento social, con presencia en la calle además de en las instituciones, son vocaciones que la izquierda jamás debe olvidar. Para alcanzar tanto el poder político como el económico, la batalla contra el pensamiento dominante no puede desfallecer. 

Parto de la base (porque en caso contrario tendría muy claro que no me representan) de que los objetivos de Podemos son alcanzar un nuevo modelo de sociedad más justa, equitativa y democrática. Y en ese sentido, hablar claro es un objetivo fundamental. No se puede vivir atrapado permanentemente en el quiero pero no puedo, en los límites de la formalidad, de la calculada ambigüedad, de la corrección y la cobardía política. Y en ese sentido, no sólo hay que denunciar con firmeza las grandes injusticias de nuestra sociedad, no sólo hay que realizar correctos diagnósticos de la situación, sino que también hay que proponer las oportunas y audaces medidas que sean capaces de romper los moldes de dicha sociedad injusta. Evidentemente, ser claros en nuestros planteamientos, en nuestros objetivos y en nuestras medidas es un ejercicio arriesgado, pero la constante ambigüedad calculada o la moderación en las medidas propuestas para captar más cantidad de voto popular no nos llevarán jamás a buen puerto. 

Y por tanto, una cosa es que actualicemos la doctrina socialista, marxista y anticapitalista con nuevas tendencias y disciplinas complementarias (como pueden ser el pacifismo, el ecologismo, el feminismo, el Buen Vivir, etc.), y otra cosa muy distinta es que rompamos con tantas experiencias de la lucha del movimiento obrero. Si queremos cambiar los perversos pilares del mundo en que vivimos, no tenemos otro camino que hablar con claridad a la gente a la que queremos convencer, facilitando a su vez su acercamiento y comprensión al imaginario en el que creemos. Tomando las sabias palabras de Isabel Benítez (socióloga, feminista y sindicalista): “Si buscas el voto de Amancio Ortega y de una dependienta de Zara, a uno de los dos lo estás engañando”. Se pueden actualizar la terminología y los significantes, adecuando los conceptos a una realidad social distinta, que evoluciona, y que lógicamente no es la misma que la que teníamos en el siglo XIX o en el XX, pero las grandes bases de las relaciones de poder y de los fundamentos económicos de una sociedad están perfectamente establecidas desde los escritos de Marx y Engels. Ellos sentaron las bases científicas para estudiar la estructura del capitalismo, al igual que están establecidas las bases de la termodinámica o de la física nuclear, puesto que dichos autores basaron siempre sus documentos en una metodología científica que es incuestionable. Por tanto, ellos son la brújula. Ellos nos marcan el camino a seguir. El ritmo del recorrido y los diversos vericuetos del mismo es lo que nosotros hemos de delimitar. Marx y Engels fueron a las ciencias sociales lo que Albert Einstein fue para el resto de las ciencias, o lo que Leonardo da Vinci fue para las artes: grandes puntales donde se basan todos los científicos y artistas de hoy, a pesar de que tanto las artes como las ciencias hayan avanzado mucho desde Leonardo y Einstein. 

Hay que volver a recuperar la frescura y la agresividad del Podemos original. Hay que volver a recuperar los ejes arriba-abajo como referentes de la casta que nos oprime y de las clases populares y vulnerables. Hay que recuperar las propuestas radicales de los primeros programas electorales (concretando no obstante en aquéllas propuestas que sean realistas para una legislatura dada), aquéllos que consiguieron que 5 eurodiputados de la formación morada se sentaran en el Parlamento Europeo. No sólo hay que hacer un planteamiento derogatorio de las leyes fundamentales que los Gobiernos del bipartidismo nos han implantado (Reforma Laboral, Ley Mordaza, LOMCE, etc.), sino que también hemos de tener nuestra propia hoja de ruta para la transformación de la sociedad. En este sentido, y entre otras muchas propuestas, hay que volver a la Renta Básica, a la nacionalización de determinadas empresas que suministran servicios básicos en atención a fundamentales derechos humanos, a la salida de la OTAN, a la derogación de los Acuerdos con la Santa Sede, y por supuesto, no hay que olvidarse del Proceso Constituyente y de la Tercera República. Todo ello, como digo, adaptado a las propuestas reales que se entiendan posibles dentro del contexto de una legislatura de cuatro años, pero sin duda encaminadas en esa dirección. 

El discurso de Podemos tiene que ser inequívocamente un discurso de clase, y un discurso de género. Ha de ser un discurso ecologista y pacifista, y ha de ser un discurso fundamentalmente republicano y anticapitalista. Debemos salir de “la lógica de la derrota” (en palabras de Carlos Pérez Soto). Hemos de atrevernos a plantear un cuestionamiento radical al capitalismo, sin complejos ni miedos a ser tildados de “radicales”, “extremistas”, “totalitarios”, “dirigistas”, “trasnochados” o “fracasados”, entre otros muchos adjetivos con los que nos bautizan. Si nos quedamos paralizados ante tan necios calificativos, daremos pávulo a la extrema derecha, que seguirá aprovechando la situación en su favor. Hemos de recuperar una narrativa coherente y apasionada, a la par que agresiva y esperanzadora, capaz de canalizar el descontento de la inmensa mayoría social. Hemos de denunciar la dictadura del capital bajo esa fachada democrática, donde el pensamiento dominante no deja resquicio alguno a la rebeldía y a la justicia social. Sacudámonos los complejos, encaremos las medidas bajo un mensaje claro y rotundo. Llamemos a las cosas por su nombre. Recuperemos la decencia del lenguaje. 

El discurso de Podemos no tiene que estar pendiente de si gusta o no a los medios de comunicación, o a los poderes económicos, pues estos grandes agentes del capitalismo siempre estarán en contra de quiénes planteen medidas de justicia social y de redistribución de la riqueza. Hay que remarcar nuestras diferencias con el PSOE de forma clara y contundente, y en ese sentido, nuestro discurso no tiene que centrarse en nuestra adscripción o recuperación de la socialdemocracia, cuyo papel ha fracasado absolutamente, y ya no ofrece alternativas reales, sino en nuestra adscripción al verdadero socialismo. Podemos ha de mostrarse en todo lugar y en todo momento como la única, auténtica y verdadera alternativa socialista que los votantes puedan elegir. No olvidemos que el mejor cómplice de la derecha y de los poderes económicos es la ignorancia, y por eso la formación, la divulgación, el estudio, el conocimiento, el debate y el pensamiento crítico deben ser nuestras mejores armas para lograr conciencia colectiva y movilización popular, para poder así acabar con esta “cultura del miedo”. 

Tampoco podemos olvidarnos de la memoria histórica del movimiento obrero, para convertirnos en una formación política acomodada, domesticada, servil a los poderes fácticos. Hay que tener siempre muy presente la memoria de los luchadores por la democracia y por las libertades, la lucha obrera, los grandes conflictos laborales, que son los que verdaderamente han conseguido las conquistas sociales de las que ahora disfrutamos, y que nos quieren volver a arrebatar. Porque ninguno de los derechos sociales, laborales o culturales conquistados en el pasado fueron concesiones voluntarias y gratuitas del poder. Se consiguieron mediante la lucha, mediante la confrontación. El capital jamás dará su brazo a torcer si no es obligado a ello. Las conquistas, los derechos y las libertades hay que arrebatárselas por la fuerza, luchando en las calles, algo que en el pasado (y aún hoy) costó miles de vidas, de humillaciones, de cárceles, de marginación, de sufrimiento, de vidas entregadas a la causa de la igualdad y de la justicia social. Esa batalla no ha terminado, sino que está más enconada que nunca, y por tanto, la lucha de clases está más vigente hoy que nunca. No podemos convertirnos en un sucedáneo del PSOE, en un partido acomodado que aún tiene la desfachatez de autodenominarse “socialista” y “obrero” y de albergar en su seno la sensibilidad “republicana”. 

Pero a su vez hay otro segundo frente tan importante como la claridad en la exposición de las ideas, y es la valentía, firmeza y determinación en llevarlas a la práctica. Quiero decir con ello que una vez alcanzado el poder (político, electoral) habremos de enfrentarnos en serio con el poder real (económico), y no valdrán medias tintas, terceras vías, atajos, ni excusas. Por decirlo más concretamente, sufriremos con mayor o menor intensidad y crudeza el mismo asedio que sufrió el gobierno griego de Siryza, y entonces no valdrán respuestas del estilo “es que no tenemos tanto poder como creíamos, hacemos lo que podemos”, porque entonces estaremos perdiendo toda la credibilidad. Habrá que estar preparado para optar por todas las alternativas posibles, siendo en todo momento honestos y sinceros con el pueblo, preparándolo para las grandes decisiones y transformaciones que hay que llevar a cabo. Pero está claro que bajo el actual contexto europeo, si queremos dar pasos hacia la verdadera transformación y democratización de nuestro país, se impone una lógica de desobediencia civil y política hacia las instituciones europeas. 

Pero todo ello, pasa, como decimos, por sacudirnos los complejos, por hablar de forma clara y contundente, por ser valientes en los modos, en las formas y en los mensajes, por no dejarnos domesticar ni involucionar, por no relajarnos ni moderarnos, por ser fieles a nuestros principios y a nuestras ideas (como hizo Fidel en Cuba), por cultivar más la calle que los despachos, y por estar constantemente del lado de los más vulnerables. El mensaje de Podemos además de sincero, tiene que ir al fondo, tiene que ser radical (esto es, ir a la raíz de los problemas para poder solucionarlos), tiene que ser claro y honesto, incluso con brutalidad y simpleza, pero siempre desde la empatía hacia los que sufren,  los de abajo, los más necesitados. Podemos ha de ser una fuerza capaz de capitalizar y canalizar la indignación y el hartazgo a tanta mentira, a tanta banalidad, a tanta corrupción, a tanta desigualdad, a tanta injusticia. La indefinición, ambigüedad o confusión ideológicas han de ser abandonadas. Los mensajes tienen que ser claros y coherentes, sin fisuras, sin complejos, rotundos, cabales. 

En definitiva, a la inmensa mayoría de personas que apostamos por la formación política de color morado, lo único que nos interesa de Podemos es que sea realmente el instrumento para conseguir esa España que Juan Carlos Monedero retrataba en la cita de entradilla. Perderse en disquisiciones inútiles, en tácticas acomplejadas, en oposiciones internas al poder dentro de la organización, es volver a la máxima de “servirse de la política”, en vez de “servir a la política”. Sólo un Podemos firme, con las ideas claras, decidido, valiente y sin complejos, será capaz de representarnos a todas las personas que reclamamos los cambios necesarios para convertirnos, de verdad, en una democracia justa, equitativa y madura. Ya sabemos cómo está el patio, no sólo en nuestro país, sino en la escena internacional: si no somos capaces de canalizar la frustración de las clases populares, dicha opción la seguirá liderando la derecha, incluso la comenzará a liderar la extrema derecha. De errores de la izquierda está repleto el siglo XX…¿los vamos a volver a repetir en el siglo XXI? Definitivamente, si la izquierda no está a la altura, es que no será la izquierda.

Ha vuelto a ocurrir. Tristemente, nos hacemos eco de una noticia aparecida en diversos medios de comunicación, en torno al vil y cruel asesinato de un activista medioambiental, en este caso en México. Tomamos el texto aparecido en el medio 20 Minutos: 

El activista ambiental y defensor de los bosques de la Sierra Madre Occidental, en el oeste de México, Isidro Baldenegro fue asesinado el domingo pasado en el domicilio de un familiar. Baldenegro, de 51 años, murió a tiros, igual que su padre treinta años atrás.

Baldenegro se ocultaba en el Estado de Chihuahua precisamente por la cantidad de amenazas de muerte que había recibido por su activismo ecologista. Un hombre, al que la Policía mexicana asegura tener identificado, le descerrajó al menos seis disparos que le causaron la muerte.

Isidro era hijo de Julio Baldenegro, al que unos sicarios asesinaron en 1986. Ambos fueron líderes de los indígenas tarahumaras que se vienen oponiendo a las talas en sus montañas. Cuando murió su padre, Isidro le sustituyó con la fundación del grupo Fuerza Ambiental.

La ONG Greenpeace ya denunció que la defensa de estos bosques era una causa muy peligrosa: "En años recientes, nombres como los de Ildefonso Zamora, Aldo Zamora, Rodolfo Montiel, Teodoro Cabrera, Isidro Baldenegro y Wilfrido Álvarez se han hecho tristemente célebres. Ellos, al lado de comuneros de diversas regiones del país, decidieron defender sus bosques. Esta labor loable tuvo una lamentable respuesta: represión, tortura, encarcelamiento y en algunos casos la muerte, sólo por oponerse a quienes se dedican a cortar árboles por negocio".

El ahora asesinado había organizado sentadas y marchas no violentas en protesa contra la tala. Fue detenido y acusado por presunto tráfico de droga, pero Amnistía Internacional le declaró preso de conciencia.

El asesinato de Baldenegro es el segundo de un ganador de un Premio Goldman a la defensa del Medio Ambiente. Hace un año fue asesinada la activista Berta Cáceres por intentar paralizar un proyecto hídrico en Honduras, su país.

Enlace a nuestro artículo sobre el asesinato de Berta Cáceres

A estas alturas, ya deben tener claro los lectores y lectoras de esta serie de artículos, que los medios de comunicación hegemónicos, asociados a los grandes agentes del capitalismo transnacional (bancos, grandes corporaciones, fabricantes de armas, etc.), buscan destruir la pluralidad de voces y discursos, instalando las consignas del pensamiento dominante, relacionado con los dogmas del neoliberalismo. Y así, Occidente ha creado toda una extensa red de medios poderosos, con tentáculos en los demás modelos de negocio, empeñados en imponer su narrativa a toda costa. El Tiempo o El Espectador (Colombia), El Comercio (Ecuador), El Mercurio (Chile), La Nación o Clarín (Argentina), El Universal o Televisa (México), El Mundo o ABC (España), O Globo (Brasil), o Grupo Prisa (España), son buenos ejemplos de ello, a los que podemos añadir CNN, y otros muchos. No tienen ningún reparo en sembrar miedos, mentiras y calumnias, vertiendo sospechas y acusaciones sin fundamento. A través de destructoras editoriales, los grandes medios son capaces de cambiar gobiernos, llegando al linchamiento mediático de determinadas ideas o personas, a través de afirmaciones sin pruebas, ocultaciones, medias verdades o informes sesgados e interesados. Tales son sus únicas armas, pero suficientes para controlar los resortes del poder. El filósofo mexicano Fernando Buen Abad ha acuñado el concepto "Plan Cóndor mediático" para referirse al poder de estos grandes medios, asemejándolo a aquél que ejecutaron las dictaduras militares del Cono Sur, en los años 70, a las órdenes de Estados Unidos. 

Las grandes corporaciones mediáticas tienen el poder para desestabilizar gobiernos (tal como está ocurriendo en Venezuela), o demonizar a ciertos líderes que representan intereses contrarios a los que ellos defienden. Este peligroso periodismo basura está auspiciado por el poder, por lo cual sus grandes jerifaltes se sienten impunes para verter toda la mierda mediática de que son capaces, sin despeinarse, a través de un ejército de pseudoperiodistas (más bien gacetilleros) a su servicio. A través de este constante bombardeo mediático sobre las mentes de la mayoría social, se van conformando ideas, actitudes, pensamientos, estereotipos mentales, y todo un imaginario social colectivo que bendice el pensamiento dominante, y relega todo pensamiento alternativo a una opción residual e insignificante. Fernando Casado ha creado el término "Antiperiodistas" para bautizar a los que se dedican profesionalmente a esta bazofia e intoxicación mediática. La democratización de los medios es, pues, una tarea imperiosa y urgente, si queremos acotar el poder de este pensamiento dominante. Pero como ya avanzábamos en el artículo anterior (siguiendo al gran maestro Carlos Fernández Liria), se confunde aquí  muy interesadamente la idea de una prensa estatal con la idea de una prensa gubernamental (es decir, al servicio del gobierno de turno). Pusimos algunos ejemplos en el artículo anterior, al que remito a los lectores y lectoras. Es tan absurdo como afirmar que la enseñanza pública es gubernamental, y además se corre el riesgo (que es justo lo que los grandes medios privados pretenden) de desacreditar toda iniciativa pública. 

Pero como estamos demostrando, una prensa privada (con el poder y la extensión de que hoy goza) es tan incompatible con la libertad de expresión como una justicia privada lo sería en relación a la justicia. De hecho, lo estamos comprobando con la sanidad, que está privatizándose ("externalizándose" según ellos) a pasos agigantados, y comprobamos que a medida que dicho proceso avanza, avanza también la desafección de los pacientes, la baja calidad de los servicios, y el desmantelamiento de recursos (camas, hospitales, profesionales, especialidades, etc.). Lo que queremos decir con la opción de unos medios de propiedad social (y ello sólo es una opción de todo el catálogo de medidas que se pueden poner en marcha) es que los periodistas deberían acceder a los medios de producción de información y comunicación a través de un sistema de oposiciones (medido por los criterios de igualdad, mérito y capacidad, como en cualquier otra área), mediante tribunales que juzgaran en sesión pública según baremos oficiales aprobados por el poder legislativo. De esta forma tendríamos un cuerpo público de periodistas, al igual que lo tenemos de médicos, de abogados, de jueces o de profesores. La independencia y la profesionalidad estarían más garantizadas. Ejercerían sus funciones profesionales sin temor al despido, sin la presión de los dueños de los grandes medios y de sus espurios intereses. De esta forma, el concepto de libertad de prensa, para dicho cuerpo, se asemejaría al de libertad de cátedra en la enseñanza pública. Sin embargo, si no nos escandalizamos porque exista la libertad de cátedra...¿por qué habríamos de hacerlo con la libertad de prensa enfocada de esa forma? 

La creación de un polo de medios públicos de comunicación realmente independientes, que no sean la marioneta del Gobierno de turno, es pues una labor imprescindible y fundamental para desarrollar nuestros derechos (a la información) y nuestras libertades públicas (de prensa) en una sociedad que se autodenomina democrática, como la nuestra. Pero como decíamos anteriormente, no es la única medida a abordar en el contexto de los medios masivos de información. Hemos igualmente de garantizar un reparto equitativo del espectro radioeléctrico (para garantizar que no existe hegemonía ni de medios públicos ni de medios privados), hemos de incluir el principio de veracidad informativa en nuestra Constitución, y hemos de impedir que el sector financiero y la gran patronal tengan participaciones en el capital de los medios. Todo ello confluye en un proceso democratizador de los medios de comunicación, acabando con el inmenso poder de los oligopolios mediáticos, y creando una serie de garantías de profesionalidad y decencia en los propios contenidos informativos. Hay que volver a instalar el rigor y la calidad periodística, la veracidad y la pluralidad en la información, asegurando el eco de todas las voces. Quizá la propuesta más justa sería el reparto del espacio radioeléctrico en tres tercios equivalentes, del siguiente modo: un tercio para los medios públicos, otro tercio para el negocio privado, y una tercera parte para los medios comunitarios (que son los grandes olvidados en el sistema actual). 

Entrevistado sobre este asunto por Enric Llopis para el medio Rebelion.org (del cual fue uno de los fundadores), el gran escritor y periodista Pascual Serrano, autor de imprescindibles libros sobre los medios de comunicación (como por ejemplo "Medios democráticos. Una revolución pendiente de la comunicación"), tanto en nuestro país como en la escena internacional, y a tenor de las medidas propuestas en el párrafo anterior, Serrano reflexionó en los siguientes términos: "Son medidas que se han aplicado en Ecuador, Bolivia, Uruguay, Argentina y Venezuela. Tiene un efecto colateral, inevitable: que en algunos lugares los movimientos sociales que se queden con ese tercio [se refiere al tercio reservado para los medios comunitarios] no sean representativos. En Brasil, por ejemplo, las iglesias evangelistas se han hinchado de medios comunitarios. Es el problema cuando no existe una sociedad [civil] organizada. También es muy importante que sectores bancarios, políticos e iglesias no puedan ser dueños de medios de comunicación. Es un principio que figura en la Constitución de Ecuador, y que después se incorporó a la legislación venezolana. Por último, garantizar la veracidad de la información, tal como establece el Artículo 20 de la Constitución Española, pero no se cumple ni existe una ley que lo desarrolle. Este principio viene recogido en el Decreto de aplicación de la Ley de Responsabilidad Social de Radio y Comunicación de Venezuela, la Ley de Radiodifusión y Televisión de Ecuador, y la Ley de Lucha contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación de Bolivia". Por tanto, tenemos referentes donde mirarnos. Pero como siempre, necesitamos la fuerza de la gente y la voluntad política para implantar todas estas medidas. Continuaremos en siguientes entregas.

Y otra manifestación no menos importante de la represión y barbarie franquista fue el fenómeno que se ha dado en llamar de los "bebés robados", que ha sido quizá la última faceta en reconocerse como crimen del catálogo de la dictadura. En efecto, a muchas mujeres de este país les robaron sus bebés recién nacidos durante la dictadura (a partir de los años 50-60), pero esa práctica continuó incluso después de fallecido el dictador, ya que existen casos documentados incluso en la década de los 80. El franquismo, en su abominable afán de controlar ese "gen marxista" (que según el psiquiatra oficial del régimen, Antonio Vallejo-Nájera, habitaba en las mentes de las madres republicanas), saqueó también las cunas de los hospitales de la época, y entregó los bebés a familias que comulgaban con el perverso ideario fascista del régimen. Al principio la motivación era encontrar ese "gen rojo" y destruirlo. Se estimaba que si el vínculo de conexión de los hijos con sus madres se rompía, vendiendo los bebés a otras familias, la "mala influencia" del pensamiento republicano no afectaría a dichos niños y niñas de la época. Y así, la victoria fascista encumbró también prácticas nazis en los hospitales. En palabras de Alfons Cervera: "Médicos, curas y monjas se aliaron en esa mafia cruelísima que se dedicó a robar bebés nada más salir del viente de sus madres y mandarlos como arrugados animalitos en un taxi a las casas pudientes del régimen". 

Como estamos pudiendo comprobar, el relato de las crueldades del régimen se vuelve vomitivo e insoportable. Detrás de aquéllas aparentemente inocentes y adorables monjitas, se escondía toda una brutal práctica de tráfico de bebés (tanto que ellos critican el aborto por considerarlo un crimen), perfectamente orquestada hasta sus últimos detalles por las directrices de los jerifaltes franquistas. A las madres biológicas les decían que sus hijos habían muerto al nacer, y que los habían enterrado para que los padres no sufrieran más. Pero lo que la banda mafiosa de ginecólogos, curas y monjas metían en las pequeñas cajas de madera eran restos de carne descuartizada, incluso trozos de cuerpos adultos (para que pesara un poco). Y nuestra justicia (siempre fiel al poderoso) hasta ahora ha escurrido el bulto, ha mirado para otro lado, ha dado sentencias de prescripción de los delitos (hace pocos días una madre angustiada decía que "una relación madre e hijo no prescribe nunca", y qué razón tenía), y no ha dejado de poner palos en las ruedas para que estos casos no se investiguen. Poco a poco se van conociendo más detalles de aquéllas macabras práticas, la mayoría de la documentación que podría probar lo que se hacía y cómo se hacía está en poder la Iglesia...¡Y con la Iglesia hemos topado!, como reza el famoso refrán. Ya sabemos la reacción de las autoridades españolas en todo lo que tenga que ver con el franquismo: siempre han intentado proteger aquélla etapa, entorpeciendo las investigaciones y la defensa de las víctimas, y por supuesto, no concediendo ningún apoyo oficial ni partida presupuestaria. 

Así que hasta ahora, nuestros indecentes gobernantes han preferido  mirar para otro lado, dejando tan ardua tarea al propio esfuerzo de las asociaciones de víctimas y afectados por dicha violación de los más elementales derechos humanos durante décadas. Como decíamos más arriba, parece ser que el origen de esta aberración hay que buscarlo en una especie de "ingeniería social" mediante los experimentos llevados a cabo por el Jefe de Psiquiatría del Ejército, el Doctor Vallejo-Nájera, con las presas republicanas en Málaga. Su fobia, nada científica, aunque quisiera revestirla como tal, hacia las ·"rojas" le valió para concluir que los republicanos y anfifascistas no podían criar hijos "sanos" para el nuevo Estado surgido del Alzamiento Nacional, y que por tanto resultaba lícito socialmente arrancarlos de los brazos de sus madres encarceladas. Este personaje fascista de la época afirmaba que estos niños, al igual que sus padres, eran portadores de un gen marxista (calificaba a la gente de izquierdas como "débiles mentales"), y que por tanto, era necesario apartarlos de esa nefasta influencia. Durante esta primera etapa, fue fundamental el papel prestado por diversas Instituciones políticas y religiosas de la época, como la falangista Auxilio Social, Casa Cuna o la misma Iglesia Católica. Eran frecuentes además instituciones del tipo de los orfanatos, hospicios o inclusas, algunas de las cuales también se hicieron cómplices de estas prácticas atroces. Y así, los niños y niñas que salían de las cárceles, o eran arrebatados a sus familias, eran destinados en  principio a este tipo de instituciones de "reeducación", dentro de las cuales soportaban auténticos infiernos. 

Estos actos de barbarie perpetrados por las autoridades del régimen fascista de Franco llevaron a que el Servicio Exterior de Falange llegara a secuestrar, en la Francia sometida al dominio nazi, alrededor de 20.000 niños y niñas, hijos e hijas de republicanos españoles exiliados, para entregarlos a familias afectas al régimen. En el fondo, como vemos, estamos ante un auténtico y aberrante proceso de interceptación desnaturalizadora de los progenitores legítimos hacia sus hijos, para impedir tener que luchar contra nuevas generaciones de "rojos". Pero esta fue la motivación únicamente durante la primera etapa, porque posteriormente, aquélla operación de secuestro devino en gran oportunidad de negocio, en la que la connivencia de los sectores hospitalarios y sobre todo religiosos, llevaron a que un número quizá más difícil de determinar de recién nacidos (han llegado a estimarse en 300.000 casos) acabaran perdiendo su identidad y sus raíces, en una macabra operación que combinó el odio y el lucro por parte de una pandilla más o menos amplia de impresentables gobernantes, de fanáticos religiosos y de irresponsables y corruptas autoridades. Es otra vertiente del régimen de terror y de exterminio ideológico protagonizado por la dictadura. Pero es lógico pensar que un fenómeno que se extiende durante tanto tiempo, evolucionara la tipología de sus prácticas, y así, si al principio las víctimas habían sido presas políticas y sus respectivos hijos e hijas, después se aplicó sobre madres solteras de la época, y sobre madres vulnerables económicamente, de pocos recursos, para cumplir con lo que la perversa moral franquista imponía, esto es, castigar a quiénes habían cometido la osadía de embarazarse sin marido y a la vez "proveer" de descendencia a quiénes tenían familias "bien constituidas", todo ello, claro está, según los rígidos cánones morales de la dictadura. 

Con el tiempo, se pasó por tanto de la inicial maquinaria del horror que comenzó a instalarse durante la Guerra Civil, con las primeras presas políticas de la época, a toda una práctica generalizada que continuó perfeccionándose al calor de las necesidades y el curso que fueron tomando las políticas del dictador a lo largo de sus casi cuarenta años de régimen represor y totalitario. Y así, en un contexto rodeado siempre del miedo y del silencio, como todo lo que ocurría en la vida pública franquista, el robo de niños recién nacidos, si bien comenzó como una purga o castigo aleccionador, fue después mutando sus intereses de acuerdo con las necesidades imperantes de las clases dominantes de la época. Normalmente, el relato posterior que estos bebés recibían, cuando ya eran más mayores, solía ser la confesión de que habían sido adoptados, y de que sus padres habían muerto en cualquier accidente. El marco jurídico de la época propiciaba, sobre todo para el caso de las madres republicanas, que sus hijos quedaran bajo custodia del Estado, que permitía incluso el cambio de apellido de esos niños. Eso en las cárceles, pero en los hospitales, las madres legítimas eran vilmente engañadas, bajo cualquier pretexto médico, y sus bebés eran entregados a otras familias, que pagaban muy bien por ello. La motivación económica fue relegando entonces a la motivación ideológica, y se convirtió en un prometedor negocio, que necesitaba más y más niños para poder continuar. Se estimulaba hormonalmente a las madres para que pudieran volver a quedar embarazadas pronto, y se animaba a los padres jóvenes a tener más hijos, mientras se continuaban perpetrando dichos robos. Continuaremos en siguientes entregas.

A la creciente desigualdad de las últimas décadas se ha unido la explosión causada por la crisis desde 2007-2008 en adelante, que ha sido aprovechada como excusa para desmontar prácticamente todos los pilares de nuestro raquítico Estado del Bienestar, y para llevar a cabo crecientes olas privatizadoras de servicios públicos. Se han atacado derechos humanos fundamentales (trabajo, sanidad, educación, renta básica, alimentación...), y se han polarizado de forma brutal las desigualdades. Carlos Pereda, del Colectivo Ioé, en el informe para el Barómetro Social citado como referencia en el artículo anterior, nos indica que las políticas antisociales adoptadas para abordar la crisis han generado gravísimos problemas para un amplio sector de la clase trabajadora, muy especialmente para quienes se encuentran en paro, sobre todo si no reciben ningún tipo de prestación (hoy día el 47% de los casi cuatro millones de personas desempleadas). Pero no contentos con ello, las contrarreformas laborales y sociales practicadas han dejado también en la estacada a los que hoy poseen un empleo, que se han convertido en trabajadores pobres, incapaces de poder vivir dignamente con su sueldo. A partir de 2010, los salarios y la renta disponible de los hogares cayeron a ritmo creciente, y la población en situación de exclusión ha aumentado en más de un millón de personas. 

Las subidas de impuestos, focalizadas en los impuestos regresivos (los que paga igual todo el mundo), como las subidas del IVA, de la electricidad o del transporte, junto a la práctica congelación de las pensiones (en realidad una ridícula e indecente subida de un 0,25%), han contribuido también a reducir el poder adquisitivo de gran parte de la población. El resultado lo podemos observar claramente, a pesar de los múltiples intentos por parte de nuestros gobernantes para hacernos ver una realidad distinta: los pobres son cada vez más pobres, y los ricos más ricos. Esta enorme polarización ha acabado prácticamente con la ilusión de la "clase media", a la que gran parte de la población se adscribía en los buenos tiempos de bonanza económica, una artificialidad que duró poco tiempo, al no estar asentada sobre justas redistribuciones de la riqueza, y sobre modelos productivos sostenibles. La realidad es hoy día aplastante: millones de familias tienen que optar cada mes entre comer, vestirse, pagar los suministros básicos del hogar o pagar el alquiler o la hipoteca de la vivienda, ya que afrontar todos los gastos a la vez no es posible. Pero gran parte de estos hogares ya no responde a la clásica imagen de la pobreza, sino que han surgido de familias con ingresos medios que se han visto afectadas por situaciones de desempleo de larga duración, que han agotado sus prestaciones por desempleo, u otras ayudas públicas. Entre los grupos mayormente afectados, se encuentran las familias monoparentales, en su mayoría madres solteras o divorciadas, con hijos a su cargo. 

Durante estos últimos años de crisis, la desigualdad entre los patrimonios creció a un ritmo mucho mayor que el de la renta, provocando una revalorización patrimonial de más de un billón de euros en el 10% más rico de la población, que concentra la propiedad (y los beneficios y revalorizaciones) de la mayor parte de las acciones empresariales (cotizadas y no cotizadas), los fondos de inversión y otros activos financieros. Sin embargo, en el otro extremo, el 25% de familias más pobres (4,3 millones de hogares, que formaban 12 millones de personas en el año 2011), disponía de un patrimonio medio 87 veces menor que el del grupo anterior, concentrando la mayor parte del desempleo, la pobreza y el endeudamiento. Bastaría, si tuviéramos gobernantes con la sensibilidad y la voluntad política necesarias, que, gracias a una política fiscal realmente redistributiva, esa ratio fuera de 50 veces en lugar de 87, y que la diferencia se reorientara al 25% más pobre de la sociedad, para que éstos multiplicaran su patrimonio por más de 20, reduciendo así las actuales desigualdades. Por su parte, el gasto social en España en relación al PIB (como muy nos destaca Vicenç Navarro en muchos de sus artículos) ha sido siempre inferior a la media europea, incluso después de la ampliación de la UE a 28 países. En conjunto, el gasto público por persona en políticas sociales, después de crecer hasta 2009 a un ritmo interanual entre el 3% y el 6%, experimentó una bajada del 12,6% en los cuatro años siguientes, a raíz del cambio de rumbo introducido por el gobierno del PSOE de Zapatero a partir de 2010 (cuya puntilla fue el cambio del artículo 135 de nuestra Constitución, para blindar el pago de la deuda ante cualquier otro gasto social).

De todas las partidas del gasto social,  han bajado sensiblemente las referidas a sanidad y educación públicas (-7 y -9%), y las prestaciones por desempleo (-10% en relación al PIB). La cobertura de las prestaciones por desempleo a las personas en paro ha bajado del 77% en 2007 al 55% en 2011 y al 45% en 2014, como consecuencia del paro de larga duración, y de los contratos precarios, temporales y de muy corta duración que no han cotizado lo suficiente como para adquirir nuevos derechos contributivos. De las restantes partidas sociales, cabe destacar la dedicada a la exclusión social, una de las peor dotadas de toda la política social de nuestros indecentes gobiernos (sólo representó un 0,23% del PIB en 2013). La implantación de una Renta Básica universal, incondicional e individual acabaría con todos estos problemas, pero dejaremos su discusión para el bloque correspondiente. ¿Cuál es entonces el discurso dominante? Pues en complicidad con la Comisión Europea (última garante de que los dogmas neoliberales se cumplen a rajatabla en el continente europeo), las tesis de nuestros gobiernos sostienen que las políticas sociales están sobredimensionadas en relación a la capacidad económica de la Hacienda Pública (recordarán los lectores y lectoras la famosa frase de que "Hemos vivido por encima de nuestras posibilidades"), y que, por tanto, es imprescindible introducir recortes ("reformas estructurales" en su eufemístico lenguaje), así como procesos de privatización que impliquen una reducción del gasto. Pero la tremenda ofensiva neoliberal disfraza bajo estas medidas un ataque al volumen del Estado, que pretende adelgazarlo, aniquilando sus empresas públicas y estatales, y "externalizando" gran parte de sus servicios públicos, para contribuir a ampliar las posibilidades de negocio de la iniciativa privada. 

En definitiva, como nos indica Carlos Pereda, se despliega sin restricciones el modelo social de capitalismo neoliberal cuyos orígenes en el contexto europeo se remontan al Tratado de Maastricht (1992) y al Tratado de Lisboa (2009), después del fallido intento de Constitución Europea de 2006. Mientras la derecha abrazaba la supuesta "modernidad" de nuestro Estado al adscribirse a todos estos tratados, desde la izquierda transformadora denunciábamos la peligrosa deriva neoliberal que se avecinaba, y sus futuras, previsibles y terribles consecuencias. La crisis actual está siendo la ocasión para profundizar en estas políticas, a través de tratados como el Pacto Fiscal o el MEDE (Mecanismo Europeo de Estabilidad, ambos de 2009), que la derecha política y mediática nos disfraza como nuevos niveles de "integración europea". El Pacto Fiscal tiene como objetivo asegurar que los Estados miembros apliquen unas políticas presupuestarias estrictas (donde entra la consabida reducción del déficit público), con sanciones económicas en caso de incumplimiento. Por su parte, el MEDE se encarga de conceder préstamos a los países de la zona euro que no cumplan con sus obligaciones financieras, pero imponiendo como contrapartida estrictas condiciones macroeconómicas y recortes del gasto social, tal como ya ha ocurrido en varios países, siendo Grecia el más paradigmático de todos ellos. En realidad, la Comisión Europea actúa como un buen alumno de la disciplina impuesta mundialmente por el Fondo Monetario Internacional (FMI), organismo surgido del famoso Consenso de Washington para implantar el más fanático neoliberalismo por todo el globo, y vigilar de forma estricta su cumplimiento. Continuaremos en siguientes entregas.