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9 agosto 2017 3 09 /08 /agosto /2017 23:00
Contra los Tratados de Libre Comercio (44)

Para el TTIP, los ciudadanos no existen; sólo hay consumidores, y estos pertenecen a las empresas privadas que controlan los mercados

Ignacio Ramonet

Los tratados de "libre comercio" también ponen en peligro la naturaleza y el resto de seres vivos (además de los humanos) que la habitan. El desprecio hacia los recursos naturales y hacia el planeta mismo es uno de los valores inspiradores del neoliberalismo, y como tal, reside subliminalmente en dichos tratados. Para ellos, la naturaleza y todo lo que la conforma (ríos, montes, bosques, lagos, especies animales, etc.) no son más que recursos puestos a la explotación por parte de estos grandes agentes económicos, y además entendidos de forma infinita, lo cual es una absoluta falacia, y pone en serio riesgo de colapso toda nuestra civilización, y al planeta mismo. Estos tratados legitiman la explotación salvaje de todos los recursos naturales, el saqueo y destrucción de la propia naturaleza como objeto de despojo, la mercantilización de personas y recursos en su endiablado ciclo de expansión del capital, y el uso y abuso de los animales únicamente en su vertiente de servidores del hombre y para el hombre. Y del mismo modo en que piensan que el trabajo no genera valor, los poderosos lobbies que negocian estos tratados consideran que su riqueza no tiene ninguna deuda con la naturaleza. Según el dogma neoliberal, sólo el capital, no así el trabajo ni la naturaleza, crea valor, riqueza y empleo. Y en ese sentido, según la filosofía de estos tratados, tanto los trabajadores como la naturaleza existen para el beneficio y expansión de las empresas, siendo herramientas a su servicio. Sólo los inversores (es decir, los grandes accionistas) y los altos directivos son creadores de valor, según la filosofía de pensamiento neoliberal, inspiradora de estos tratados. De ahí que sean los principales interesados en el diseño de las políticas económicas y sociales. 

 

Hasta ahora, mediante Organismos internacionales (FMI, BM, OCDE, OMC, etc.), apoyados bajo los postulados del Consenso de Washington y la complicidad inherente de la mayoría de los gobernantes a nivel mundial, el neoliberalismo campaba a sus anchas, pero siempre latía la amenaza de que cualquier gobierno de carácter progresista, socialista o simplemente postneoliberal, echara abajo la hegemonía del pensamiento dominante, enfrentándose al poderío de las grandes empresas transnacionales. Precisamente para impedir esta situación se conciben los tratados de libre comercio. Mediante la ratificación de los mismos se pretende instalar al nivel lo más global posible una especie de autoridad ilegítima, que establezca un nuevo tipo de orden mundial donde las decisiones de los grandes actores económicos no puedan ser cuestionadas. Y en un segundo término, se intenta utilizar esa pseudolegitimidad con la intención de eliminar lo poco que queda aún en pie del Estado Social y del Bienestar, tal como los servicios públicos, y todo lo relativo al interés general y al bien común, incrementando de esa forma los beneficios de las grandes corporaciones, e imponiendo reglas que favorezcan el monopolio de la riqueza, a la vez que se proscribe cualquier forma de propiedad colectiva, y se blinda todo este andamiaje para que no pueda ser revertido por ningún Gobierno al que se le pudiera ocurrir atender a los intereses de la ciudadanía. El TLC es entonces un peligroso disfraz que oculta una terrible realidad, la realidad de una sociedad absolutamente salvaje y desregulada, donde el imperio de las multinacionales no pueda ser cuestionado. Si comprendemos el alcance de esta ofensiva, comprenderemos también su interés en la opacidad y el secretismo de las negociaciones. 

 

En palabras de Susan George: "No es sólo su tamaño ni su enorme riqueza y sus activos lo que convierte a las transnacionales en un peligro para la democracia. También lo son su concentración y su cohesión, su cooperación y su capacidad para influir, infiltrar y en algunos casos reemplazar gobiernos. Están actuando como una genuina autoridad internacional con el fin de defender sus intereses comerciales, su poder y sus beneficios en contra del bien común. Comparten un mismo lenguaje, una ideología común e idénticas ambiciones, que nos afectan a todos. Los ciudadanos que valoran la democracia no pueden permitirse ignorar este peligro". Y ante la fuerza de estas grandes corporaciones, los Estados ya se encuentran en clara desventaja. Por ejemplo, en nuestro país, una determinada Comunidad Autónoma no puede impedir la firma de un TLC, pero dicha ratificación sí que incidirá muy directamente en la capacidad legislativa de dicha parte del Estado. Y no sólo en la capacidad legislativa de ciertos aspectos poco conocidos, sino en la toma de decisiones de claro interés general. Sin ir más lejos, el gobierno egipcio fue denunciado por la empresa Veolia por subir el salario mínimo, uno de los pocos logros de las llamadas "Primaveras Árabes" que surgieron en el año 2011. Protecciones ambientales, sanitarias, laborales, de propiedad intelectual, y muchas otras, estarán bajo la vigilancia de los lobbies empresariales, para en su caso denunciar al Estado que las haya puesto en marcha, y que bajo los criterios de tal o cual empresa, provoque pérdida de beneficios presentes o futuros. Todo un demencial sistema donde los perversos actores económicos nos gobernarán en la sombra (ya lo hacen hoy día), pero además lo harán de facto. El control será absoluto, despiadado y cruel, indecente y vergonzoso, injusto y antidemocrático. 

 

Y desde ese punto de vista, los TLC nos conducirán a una especie de "Gran Hermano" comercial y empresarial, donde los pequeños agentes económicos y las políticas públicas estarán permanentemente vigiladas, y si no satisfacen los fanáticos criterios neoliberales de las grandes corporaciones, se limitarán a denunciar dichas decisiones ante sus propios tribunales (previstos en los tratados), por lo cual cualquier iniciativa dirigida al bien común y al interés general de la ciudadanía, pero que sea entendida como peligrosa para la expansión comercial de cierta compañía, será inmediatamente impedida. Los TLC ponen claramente de manifiesto el marco totalmente asimétrico entre las transnacionales y la ciudadanía. Mientras los beneficios son para las empresas, los impactos laborales, ambientales y sociales los sufre el conjunto de la población. Y mientras las corporaciones están blindadas jurídicamente, el conjunto de la ciudadanía no tiene dónde acudir para defender sus derechos e intereses. La tendencia de los TLC es a implantar un Estado del Bienestar absolutamente residual, despótico y controlado por los grandes agentes económicos. Y no debemos olvidar que ese nuevo molde para el "derecho internacional" que están creando todos los TLC que existen en el mundo (ya se cuentan por miles) está sobre todo basado en las leyes y en la jurisprudencia de los Estados Unidos, porque ningún tratado ni acuerdo comercial firmado con este país puede contradecir lo establecido en sus leyes o en el Congreso de EE.UU., ni USA acepta ninguna decisión de organismo internacional que le contravenga. Es decir, que todos los tratados firmados con este país (lo cual se extiende a sus países adláteres, como Canadá) institucionalizan de facto la aplicación internacional y extraterritorial de las leyes de los Estados Unidos. A nivel internacional, la liberalización comercial (manifestada en la OMC y los TLC) potencia esta proyección y esta concepción política a escala mundial. 

 

Para Pedro Ramiro y Juan Hernández Zubizarreta, de OMAL, tal como expresan en este artículo para el medio La Marea, los TLC responden a un ordenamiento feudal que quiebra y reinterpreta los principios clásicos del Estado de Derecho, y se articula por medio de la privatización del poder legislativo y judicial. Así, los espacios públicos de regulación se subordinan a los espacios privados que vulneran los derechos de las mayorías sociales y de los pueblos. Todo ello en favor de los intereses del gran capital, de las clases dominantes y de los gobiernos cómplices. Está ayudando todo el entramado de instituciones supranacionales (OMC, G8, G20, las agencias de calificación de riesgos, etc.) que refuerzan los elementos jurídicos para esta nueva "lex mercatoria" (en expresión de los autores), que han ido reforzando la hegemonía y el control de estos organismos sobre la regulación de los propios Estados. Por ejemplo, las poblaciones campesinas de Senegal, Bolivia o la India están más condicionadas por las directrices que marcan estas organizaciones que por las decisiones de sus propios gobiernos. Emerge de esta forma todo un Derecho Corporativo Global de enorme poder, capaz de hacer tabla rasa de las legislaciones de los Estados-nación, para imponer las decisiones de las grandes empresas. Se ignora a la sociedad civil, a sus legítimos representantes, a las mayorías sociales, a la satisfacción de las necesidades del conjunto de la población, para dar absoluta prioridad a los intereses insaciables de estos grandes agentes económicos. Los TLC son mamotretos de miles de páginas dedicadas a defender el comercio, las inversiones y los derechos de las transnacionales, frente a unos cuantos y ridículos apartados para regular, de manera voluntaria y sin exigibilidad jurídica, sus obligaciones. Esta asimetría jurídica se consolida pues como el pilar fundamental de la globalización neoliberal. En palabras de estos autores, los TLC suponen "una nueva armadura jurídica de dominación". Continuaremos en siguientes entregas.

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8 agosto 2017 2 08 /08 /agosto /2017 23:00
Viñeta: Carretera de la muerte Málaga-Almería (La Desbandá) Fuente: http://www.ecorepublicano.es/

Viñeta: Carretera de la muerte Málaga-Almería (La Desbandá) Fuente: http://www.ecorepublicano.es/

Ambos, el rey Borbón y su bandera bicolor, son símbolos anclados en un pasado cruel que es necesario superar. Cuatro largas décadas que dejaron un saldo aterrador: más de cien mil desaparecidos forzosos, cuyos restos emergen hoy reclamando justicia. De ahí su burdo intento de acallar el clamor de las víctimas:¡Nada de memoria histórica, que reabre las heridas! Frente a esta indecente pretensión sigamos ondeando nuestra honrosa bandera tricolor, símbolo de memoria, libertad y progreso

Manuel Ruiz Robles (Colectivo de Militares Republicanos ANEMOI)

La leyenda de esa Transición "modélica y ejemplar" que quieren vendernos se derrumba en cuanto observamos los intereses de los actores que la hicieron posible, las correlaciones de fuerzas y poderes enfrentados, las presiones internacionales que influyeron, y los resultados obtenidos por ese Régimen de la Constitución de 1978 que llega hasta nuestros días. Todo ello nos demuestra que la historia en general, y la historia reciente en particular, se investiga, se escribe, se cuenta y se interpreta de acuerdo a una ideología. Una ideología que incluso puede estar latente en muchas ocasiones, pero que es reveladora en cuanto a la lectura e interpretación de los hechos históricos acontecidos. Este es un factor fundamental para la pervivencia de todo el franquismo sociológico que venimos contando en esta serie de artículos. Sin ir más lejos, a los escolares actuales no se les cuenta el franquismo como realmente es, sino como interesa a las clases dominantes. Hemos de denunciar este relato con valentía y con rigor, pero también sin complejos, es decir, desde una posición ideológica distinta, desde la posición de los vencidos. Y entonces, entenderemos que la Transición, lejos de ser un período modélico, fue únicamente un período posibilista, y sobre todo, un período sangriento. Nos lo cuenta magníficamente Elisa Beni en este artículo recogido por Unidad Cívica por la República, que tomamos como referencia a continuación. Entre los años 1976 y 1983 murieron asesinados 188 ciudadanos/as españoles/as debido a lo que podríamos denominar como violencia institucional y represiva por parte del Estado, tanto en manifestaciones, como en Comisarías o prisiones. 

 

En palabras de Elisa Beni: "Víctimas olvidadas cuyos nombres resuenan ya sólo en la cabeza de algunos periodistas que cubrieron los hechos luctuosos y que recuerdan sus familiares y sus ciudades de origen como muestra de la violencia de un proceso en el que los asesinatos de la ultraderecha y la represión policial se alternaban con los atentados de ETA y de otros grupos de izquierda, sin contar con la terrible constancia del terrorismo de Estado". En efecto, un terrible goteo de revueltas, detenciones y asesinatos jalonaron aquél sangriento período, donde aún lo antiguo no había muerto, y lo nuevo no acababa de llegar. Por ejemplo, los terribles asesinatos de Vitoria de marzo de 1976. Rodolfo Martín Villa era el máximo responsable político entonces, junto al ya fallecido Manuel Fraga, fundador de AP. Un total de 44 personas murieron a manos de las fuerzas policiales que ellos mandaban. 108 fueron heridos de gravedad y hospitalizados a resultas de la represión por ellos comandada. Dos personas murieron en Comisaría, y 32 fueron heridos y torturados en prisiones, calabozos y centros de detención. Las huelgas obreras no cesaban para presionar al régimen a su apertura democrática, y se inició una dura represión contra las protestas de los trabajadores para calmar al sector más duro del franquismo, que aún tenía mucho poder. En Vigo falleció Elvira Parcelo a causa de los golpes de la policía en una manifestación de trabajadores de Ascon. José Luis Cano en Pamplona, en 1977, apaleado por la policía y rematado de un tiro en la nuca durante una manifestación. Gladis del Estal, muerta de un disparo mientras hacía una sentada antinuclear en Tudela. También el estudiante Jesús Fernández Trujillo, muerto por un tiro de arma reglamentaria en una manifestación en La Laguna, el mismo lugar en el que Bartolomé García Lorenzo, estudiante, fue ametrallado en su casa por inspectores de policía sin tener nada que ver en ningún caso. 

 

Caso sonado (que se acaba de recordar por la Junta de Andalucía y el resto de fuerzas políticas del arco parlamentario andaluz) fue el de José Manuel García Caparrós en Málaga, que participaba en la manifestación por la autonomía andaluza cuando fue abatido por disparos de la policía del régimen. Y los sucesos de Pamplona de 1977, en la manifestación por la amnistía, en la que Gregorio Marichalar murió de un balazo en el balcón de su casa. O el caso de Germán Rodríguez, abatido un año después, tras la entrada de la policía en la plaza de toros durante las fiestas de San Fermín. O del joven almeriense de 19 años, Francisco Javier Verdejo, muerto a tiros por la policía mientras realizaba una pintada que decía: "Pan, Trabajo y Libertad". Podríamos seguir. Así hasta un total de 44 muertos durante el período en que fue Ministro del Interior Rodolfo Martín Villa, ese que después llegaría a presidir varios Consejos de Administración de grandes empresas españolas, y que ha recibido de la "democracia" española varios honores y condecoraciones (la última de manos del Rey Felipe VI durante la jornada de celebración de aquéllas primeras elecciones "libres" de 1977). Todos ellos, las víctimas de aquél sangriento período, olvidados, borrados, para que el mito de la Transición "modélica" se mantenga en pie. Aquélla Transición no fue un período pacífico, de purga de los aparatos del poder de la dictadura, sino un período histórico de violencia extrema durante el cual el franquismo pervivía con toda su fuerza. Elisa Beni sentencia: "Sólo recordando esto, las nuevas generaciones podrán entender la magnitud de lo logrado y el caro peaje que pagaron muchos españoles para traernos hasta aquí. Si la escoba que reescribe la historia sólo les envía imágenes de selectos señores sentados ante mesas de negociación no sólo nunca entenderán nada, sino que nunca se honrará a todos los que pagaron con su sangre nuestra democracia". 

 

Y a todo esto, ¿quiénes fueron las fuerzas políticas de izquierda que consiguieron sentarse en el nuevo Parlamento "democrático"? Pues fundamentalmente el Partido Comunista de España (PCE) dirigido por Santiago Carrillo, y el PSOE de Felipe González de la época. Hay que hacer mención especial al sindicalismo de clase y combativo de la época (hoy desgraciadamente ausente salvo honrosas excepciones, tales como SAT, ELA, LAB, y otros), de CC.OO. y UGT, hoy día reconvertido en un sindicalismo negociador, pasivo, conciliador y amigo de las clases dominantes. Tanto Carrillo como González venían de la lucha clandestina contra el franquismo, pero ambos defraudaron con el tiempo. Santiago Carrillo fue abrazando una versión descafeinada conocida como "Eurocomunismo", una versión poco rupturista y que apostaba por actitudes más conciliadoras. El PCE se integró como fuerza política principal en la coalición Izquierda Unida a partir de 1986, llegando hasta nuestros días. Y en cuanto al PSOE y a la figura de Felipe González, habría que hablar largo y tendido. No es el momento ni el lugar de hacerlo, entre otras cosas porque ya hemos dedicado al PSOE numerosos artículos de nuestro Blog, a los que remito a los lectores y lectoras interesadas. Así que nos interesa resaltar aquí únicamente lo que concierne a ese falso "espíritu republicano", dimensión que se explica muy bien en este artículo del medio Eco Republicano, que tomamos como referencia a continuación. Tras la muerte del dictador, el PSOE se reconstruye de forma acelerada con un viraje hacia la socialdemocracia europea. En su 27º Congreso celebrado en Madrid en diciembre de 1976, el PSOE se define como un partido "de masas, democrático, federal, marxista, pluralista e internacionalista", se pronuncia a favor de la República y defiende el marxismo y la ruptura con el capitalismo. El citado Congreso ratifica a Felipe González como Secretario General y elige a Ramón Rubial como Presidente. Pero todo ello no eran más que fuegos de artificio.

 

Ese alma republicana, marxista y laica que propugnaba el PSOE de la época se quedó guardada en el armario. Ya hemos expuesto en entregas anteriores todo el cruce de intereses políticos nacionales e internacionales que se dieron cita durante la Transición, y cómo el PSOE de Felipe González estaba llamado a ser un actor fundamental en dicho período. No tardó por ello mucho en prestar servicios a la Monarquía y a los herederos de Franco. Pero como decíamos más arriba, no lo hizo solo, sino que tuvo el apoyo y la complicidad del PCE, liderado por Santiago Carrillo. Ambos partidos, referentes de la lucha antifranquista en la clandestinidad, vendieron su alma al diablo, renunciando a sus postulados republicanos y permitiendo la impunidad del franquismo y el retorno de los Borbones, en aquélla nueva restauración monárquica auspiciada por los grandes poderes económicos y algunas potencias internacionales. En el caso del PSOE, la raíz para este giro hay que buscarla en el histórico Congreso de Suresnes (Francia) de 1974, donde el felipismo dio un Golpe de Estado contra el socialista Rodolfo Llopis, el verdadero icono del socialismo en la lucha antifranquista y la defensa de la legalidad republicana, quien después de toda una vida de lucha, fue objeto de una traición para desbancarle de la Secretaría General del Partido. Lo contaremos con más calma y profundidad en la siguiente entrega. Aquéllas incoherencias del PSOE (declararse republicano y actuar monárquico, declararse socialista y actuar capitalista) ayudaron a perpetuar la monarquía heredada del franquismo durante 40 años, traicionando a la militancia y a los votantes, y violando sus principios republicanos más elementales. Todavía se siguen comportando así, a tenor de las políticas practicadas durante los Gobiernos de Felipe González (1982-1996) y de José Luis Rodríguez Zapatero (2004-2011), encaminados a destruir las conquistas obreras, a debilitar el sector público, a privilegiar a la Iglesia Católica, y a potenciar al gran capital. Continuaremos en siguientes entregas.

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7 agosto 2017 1 07 /08 /agosto /2017 23:00
Viñeta: Sabela Arias

Viñeta: Sabela Arias

La crisis del capitalismo no disminuye, se multiplica exponencialmente, amenazando con destruir ya no sólo a la clase trabajadora sino a todo el planeta, su cultura y su civilización

Néstor Kohan

En la primera entrega de esta breve serie de artículos ya poníamos en debate el auténtico significado de ciertos vocablos hoy día asociados como positivos en el imaginario colectivo, pero que el neoliberalismo se había apropiado de forma inteligente durante las últimas décadas, para imponer su visión torpe, injusta y despiadada de "progreso", "bienestar", "prosperidad", "modernidad", etc. Lo que tenemos que hacer ahora es intentar distinguir claramente, incluso en sus posibles estadíos o escalas, el verdadero significado de dichos términos, para intentar hacer ver hasta qué punto un proyecto político enmarcado en el "desarrollismo" o en el "progresismo" no tiene por qué adscribirse como un proyecto político socialista. Intentemos establecer en primer lugar un orden secuencial entre dichos tipos de proyectos políticos:

 

1.- Un proyecto desarrollista es aquél que no se plantea más allá del propio desarrollo en sí mismo. En este sentido, no tiene en cuenta las posibles consecuencias de ese desarrollo, ni sus efectos secundarios o colaterales, ni la gestión sobre los mismos, etc. Simplemente, atiende al crecimiento como un fín en sí mismo. Los proyectos desarrollistas pueden llevarse a cabo bajo todo tipo de gobiernos, incluso bajo los más fascistas o totalitarios. Pueden abordar nuevos proyectos extractivistas (de recursos naturales, como gas, petróleo, minerales, etc.), o de construcción de infraestructuras, etc. Únicamente se preocupan del desarrollo, simplemente porque puedan crear riqueza, típicamente medida en crecimiento del PIB, en beneficios empresariales, o en número de puestos de trabajo creados. No se cuestiona la ética, conveniencia o sostenibilidad de dicho "desarrollo". Y tampoco se incide en una redistribución justa de la riqueza generada. En ese sentido, en nuestro país, pueden ponerse como ejemplos de proyectos desarrollistas la construcción de un complejo como Euro-Vegas (que fue desestimado por el Gobierno de la Comunidad de Madrid) o Barcelona-World (hoteles, casinos, campos de golf, etc.), del Hotel Algarrobico (en la costa almeriense, a pie de playa, con orden de demolición), o la construcción de un ATC (almacén de residuos nucleares, con los inconvenientes derivados de su almacenamiento durante largos períodos de tiempo). 

 

2.- Un proyecto "progresista" es aquél que se plantea el asunto de la redistribución de la riqueza obtenida desde un proyecto desarrollista previo. Ello no lo convierte aún en un proyecto socialista, pues el proyecto supuestamente "progresista" no cuestiona las bases del propio desarrollismo, sino que simplemente utiliza éste para que revierta en logros y conquistas para una sociedad más justa, cohesionada y avanzada. Por ejemplo, un proyecto de este tipo utilizaría los beneficios de la extracción y exportación del petróleo para invertirlos en servicios públicos, gratuitos y universales para la mayoría social. Podemos poner como ejemplos de proyectos progresistas los implementados en los países de América Latina que han disfrutado de gobiernos de este carácter, tales como Venezuela, Ecuador, Bolivia, Argentina, etc. Estos proyectos, como decimos, han sido únicamente postneoliberales, progresistas, pero aún no realmente de izquierdas, o si se quiere, aún no anticapitalistas. Estos proyectos no han renunciado a los modelos productivos previos, sólo han gestionado de forma más justa, avanzada y social sus beneficios. 

 

3.- Un proyecto socialista, de izquierdas o verdaderamente anticapitalista, es el tercer estadío al que podemos aspirar, pero se separa ampliamente de los dos tipos anteriores de proyectos. Y decimos que se separa de ellos porque se plantea si son éticas y sostenibles las soluciones "progresistas" (lo ponemos entre comillas porque en caso negativo evidentemente dejarían de serlo), y cómo podemos ir sustituyéndolas progresivamente por otras. El proyecto socialista no es tal si no se enfrenta a las propias bases del capitalismo (por supuesto no de un día para otro, sino en un proceso evolutivo que puede durar años, lustros e incluso décadas), es decir, si no es anticapitalista (al menos en algunas de sus tendencias), y si no pone en debate las propias bases del desarrollismo y del progresismo (falazmente vinculadas al bienestar y a la prosperidad), para pasar a enfocarlas desde un punto de vista de la sostenibilidad humana, social y medioambiental. Si por ejemplo partíamos de un proyecto desarrollista que extrae minerales como proceso y fuente de riqueza fundamental de su economía, y luego pasábamos a un proyecto progresista porque utilizaba los beneficios derivados de la venta y exportación de los mismos para fines de avance y cohesión social, el proyecto socialista debería plantearse hasta qué punto es sostenible continuar por la senda extractivista, o bien habría que ir migrando a otro modelo productivo, por supuesto sin renunciar a los beneficios sociales. 

 

Recomendamos a los lectores y lectoras este artículo de Eduardo Gudynas (una de las mayores autoridades mundiales en el tema), donde explica perfectamente los límites entre unos y otros enfoques. Podemos afirmar entonces que el progresismo es la vertiente social del desarrollismo, es decir, consiste en utilizar los efectos y consecuencias del desarrollismo desde un punto de vista ético, atendiendo a la satisfacción de las necesidades de la población, y a rebajar los peligrosos niveles de desigualdad que pudieran existir. El progresismo, por tanto, aún puede continuar dentro de la órbita del capitalismo, aunque es sustancialmente más justo y humano que el simple desarrollismo. Y podemos concluir, desde este punto de vista, que el proyecto en cuestión será más o menos progresista, según se aleje más o menos de los parámetros neoliberales que desgraciadamente fundamentan nuestras sociedades actuales. Como sabemos, el neoliberalismo tiene como Dios supremo al mercado, que se encumbra como la máxima justificación de los objetivos políticos. Todo se supedita al mercado, todo se mercantiliza, todo se expresa en función a una oferta y una demanda. En ese sentido, un proyecto de sociedad progresista intenta cambiar estos parámetros, para atender mejor las necesidades sociales. Un proyecto progresista se distingue de un proyecto meramente desarrollista en tanto en cuanto mejora las condiciones de vida de grandes sectores de la población, los sectores más vulnerables, tales como los bajos salarios, el transporte, la vivienda, la creciente desigualdad económica y social, la insuficiencia de la oferta alimentaria o la baja productividad del sector público, entre otros males de las sociedades capitalistas actuales. Es justo lo que llevan haciendo durante las últimas décadas los gobiernos progresistas de América Latina y El Caribe, que han protagonizado interesantes avances en los ratios de escolarización infantil, de erradicación de la pobreza, y de justicia ambiental. 

 

En cambio, como decíamos, al proyecto progresista aún le falta una vuelta de tuerca adicional para convertirse realmente en un proyecto socialista. Porque el proyecto socialista no sólo aspira a beneficiar de forma justa al conjunto de la población, sino que busca modelos económicos, productivos, sociales y ambientales justos y sostenibles. El proyecto socialista no sólo considera como sujetos de derecho a las personas y a los pueblos, sino también al resto de los animales, y hasta a la propia naturaleza en sí misma. El proyecto de izquierda no se queda únicamente en superar o mejorar los aspectos injustos del neoliberalismo, es decir, no es sólo postneoliberal. El proyecto de izquierda, o verdaderamente socialista, es el que entiende el progresismo y el desarrollismo (y por consiguiente el bienestar y la prosperidad de la sociedad) en función de unos parámetros de riqueza distintos, teniendo en cuenta su sostenibilidad, y la atención a los derechos humanos y de la propia naturaleza. El proyecto de izquierda es la única categoría anticapitalista en sí misma, porque se plantea no sólo las fuentes del desarrollo a implementar, sino la visión ética y sostenible de las mismas, y el escrupuloso respeto a los sagrados valores de la igualdad, la sostenibilidad y la justicia social y ambiental alcanzadas. Un proyecto socialista pone en debate los modelos productivos y el reparto y redistribución de la riqueza proveniente de ellos, pero lo hace teniendo en cuenta además los parámetros ecologistas, animalistas, la perspectiva de género y la perspectiva pacifista. No todo vale para un proyecto socialista, aunque pueda valer para un proyecto progresista, y aún más, simplemente desarrollista. Sólo el socialismo garantiza pues los puntales para una verdadera sociedad avanzada, respetuosa y sostenible. Finalizamos aquí esta breve serie de artículos, esperando haber contribuido al desmontaje de falsos mitos, y a la clarificación de ideas, conceptos y objetivos.

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6 agosto 2017 7 06 /08 /agosto /2017 23:00
Viñeta: Osval

Viñeta: Osval

No hay determinación genética que explique el por qué de la guerra, o del chantaje, de la tortura o del racismo. Estas son posibilidades que sólo encuentran su desarrollo en la dimensión psicosocial en la que el ser humano existe. En el reino animal no se constata ninguna de esas conductas; al menos, no con la significación que tienen entre los humanos

Marcelo Colussi

Y esa dimensión psicosocial a la que se refiere Colussi en la cita de entradilla es la que, unida a la dimensión de la globalización capitalista y neoliberal, nos fuerza a entender la justificación, legitimación o aceptación de ciertas guerras, incluso a distinguir, como nos relata Eduardo Montes de Oca en este artículo para el medio Rebelion, entre cierto "terrorismo bueno" frente a un "terrorismo malo". Hoy día, en el mundo occidental, está satanizado el terrorismo procedente del mundo árabe (mejor dicho, del fundamentalismo islámico, que ya hemos explicado en entregas anteriores de esta serie), mientras se tolera (incluso se asume con entusiasmo) el terrorismo de Estado de ciertos países, o el terrorismo dominador usamericano,o las visiones imperialistas de la OTAN. Mientras nos llenamos la boca maldiciendo a esos terroristas que vienen a "acabar con nuestras libertades", comprendemos y justificamos la constante acción bélica de los Estados Unidos, que promueve invasiones, chantajes, sanciones y Golpes de Estado en todo el planeta. Mientras atacamos a ciertas culturas por "intolerantes", justificamos el tráfico de armas de nuestros Gobiernos, y prestamos un apoyo cómplice a todas las actividades terroristas del "libre y civilizado" Occidente. Este es por tanto un mantra con el que tenemos que acabar: no existe un terrorismo "bueno" y otro terrorismo "malo". No existe una hostilidad comprensible y otra incomprensible. No existen los bloques de países amigos o aliados, los "buenos", para hacer frente a los "malos". 

 

Y mientras no asumamos mentalmente la no existencia de esa diferenciación, mientras no concluyamos que sólo existe un terrorismo, y que éste siempre es malo lo ejerza quien lo ejerza, no adelantaremos en la senda pacifista. No podemos guardar minutos de silencio, o dedicar extensos programas informativos a un suceso ocurrido en Hamburgo, Bélgica, París o Nueva York, mientras ignoramos deliberadamente lo que ocurre diariamente en Mosul, Gaza o Alepo. No podemos consentir por más tiempo que a países pacíficos como Cuba, que jamás invadió ni declaró la guerra a ningún otro, se les someta a crueles castigos como el mayor bloqueo económico que jamás ningún país haya padecido en la Historia. Porque esto también es terrorismo. No podemos ser amigos de países donde ejercen dictadores que no respetan los derechos humanos, como Arabia Saudí o Guinea Ecuatorial, únicamente por intereses económicos, y atacar o ser cómplices de los ataques que sufren países democráticos como Venezuela. No podemos legitimar las carreras armamentistas de las grandes potencias, mientras nos rasgamos las vestiduras cuando terceros países más modestos lo hacen en defensa propia. No podemos declararnos neutrales ante las tropelías que las grandes potencias llevan a cabo en terceros países, asistiendo impasibles a tanta destrucción injustificable. No podemos ser portadores de tanta hipocresía, de tanta doble moral, de tanto cinismo. La senda del pacifismo nos obliga en primer lugar a despojarnos de falsas leyendas, de engañosos mitos, de dobles raseros, de la barata hipocresía imperante. 

 

Los atentados terroristas no son mejores o peores según ocurran en Gran Bretaña, Estados Unidos, Francia, Líbano, Turquía, España, Alemania o Australia, los atentados terroristas son siempre malos. Punto. Las guerras no pueden estar más o menos justificadas según ocurran en un país vecino o en otro situado a varios miles de kilómetros. Las guerras son siempre injustificables. Punto. Las escaladas nucleares no pueden ser más o menos permitidas según se trate de una gran potencia imperialista, o de un diminuto país sin recursos. Las escaladas nucleares no pueden estar nunca permitidas. Punto. Las sanciones económicas no pueden ser nunca instrumentos unilaterales de presión, sino herramientas consensuadas por la comunidad internacional al servicio de la presión diplomática para la solución de los conflictos. Y sobre todo, los Estados no pueden ser maquinarias donde se instale mayoritariamente una visión fundamentalista religiosa, sino que han de permanecer en la más absoluta independencia y neutralidad. La inmensa mayoría de los conflictos, incluso los acontecidos en el mundo occidental, ocurren gracias a la perversión de los hechos que provocan las visiones y los enfoques fundamentalistas. Las religiones, en sentido general, han sido y continúan siendo la causa de fondo fundamental para las guerras tribales, los atentados terroristas y los choques y enfrentamientos entre las diversas etnias o corrientes religiosas que habitan países y continentes. Y el complejo militar-industrial, siempre al servicio del capitalismo más abyecto, se ha valido de esta influencia religiosa, instrumentalizándola para alinearla y ponerla al servicio de sus intereses. Y en cuanto algún país ha intentado emanciparse de esta dependencia religiosa, que anula las mentes y bloquea los razonamientos y las aspiraciones para visiones igualitarias y justas del mundo, el imperialismo ha venido a conspirar para levantar conflictos, guerras y enfrentamientos, todo con objeto de que continúen gobernando las visiones fundamentalistas. 

 

Por tanto, para fomentar el pacifismo, es imprescindible una defensa a ultranza del Estado laico, tanto en el mundo oriental como occidental, como modelo que no alberga el fanatismo religioso desde ninguna de sus instancias públicas. La Historia de la Humanidad nos demuestra cómo las religiones y sus diversas corrientes han sido causa principal de los numerosos enfrentamientos entre países y civilizaciones, incluso entre habitantes de un mismo país. Y así, Golpes de Estado, grandes matanzas, expulsiones, persecuciones, genocidios, represiones masivas, guerras fratricidas, y multitud de atentados terroristas han ocurrido en el mundo por conflictos causados por las diferentes visiones sectarias provenientes de las religiones, y la complicidad de los gobernantes o representantes públicos en torno a ellas. Cuando la religión se instala masivamente y ocupa las diversas instancias públicas hablamos de que existe una Teocracia, es decir, un mandato de la religión sobre el pueblo, y una dirección, guía y tutela de los asuntos públicos desde el punto de vista religioso. La antropología y la psicología social nos explican hasta qué punto la religión es causa fundamental de que se produzcan enfrentamientos entre quienes respetan y quienes se oponen a dicha visión religiosa, y hasta qué punto los países y sus gobernantes, sus instancias públicas en general, justifican, amparan e incluso promueven dichos enfrentamientos. No queremos ni podemos prohibir el culto religioso privado, es decir, el que pertenece únicamente al ámbito exclusivo de la intimidad de los fieles, de sus iglesias, de sus lugares de reunión, ni de sus prácticas religiosas, tanto individuales como colectivas. Pero como decimos, infinidad de conflictos y de episodios bélicos o terroristas no tendrían lugar (no hubieran de hecho tenido lugar en el pasado) si dichas religiones no hubieran estado amparadas por el propio Estado, que toma partido ante las mismas y se declara como el primer actor fervientemente religioso.

 

En este sentido, Coral Bravo lo ha expresado magníficamente en este artículo para el medio El Plural, del cual rescatamos sus palabras a continuación: "¿De qué estamos hablando? Los representantes públicos deben estar informados, deben saber, como poco, lo que es la laicidad. Parece que muchos no lo saben. Su obligación a ese respecto es respetar y exigir respeto a la asepsia confesional del Estado y de lo público. De eso se trata. No se trata de satisfacer las demandas voraces de todas las religiones y sectas que se asienten en el país, no se trata de financiarlas ni de atender sus "necesidades"; no se trata de destinar recursos públicos para promover supersticiones privadas. Se trata justamente de lo contrario; de defender a la sociedad del pensamiento totalitario religioso, de exigirles a las confesiones respeto a la diversidad social y se trata de impedir que promuevan el fanatismo, siempre, por supuesto, respetando las creencias personales y el derecho de todos a tenerlas en libertad. No se puede confundir la laicidad con un multiconfesionalismo que supone el sometimiento del Estado no a una sola religión, sino a varias. Una locura inasumible para un país que pretenda ser democrático. Porque, como decía el filósofo Karl Popper, lo que debemos reclamar en nombre de la tolerancia es el derecho y el deber de no tolerar a los intolerantes. Y los políticos, en lugar de agasajar a las religiones y sectas, tendrían que pensar, parafraseando a Chomsky, en incluir en los contenidos del currículo educativo herramientas de defensa intelectual". Bien, finalizado en esta entrega número 62 todo lo que hemos querido exponer en cuanto al terrorismo internacional, sus causas y sus posibles soluciones (evidentemente, siempre quedarán asuntos en el tintero), a partir de la siguiente entrega de esta serie comenzaremos con el segundo bloque temático de la misma, dedicado al papel de los Ejércitos y las Fuerzas Armadas, así como a las nuevas amenazas del mundo actual. 

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3 agosto 2017 4 03 /08 /agosto /2017 23:00
Viñeta: Peña Morán

Viñeta: Peña Morán

El desastre ecológico, junto con las grandes desigualdades sociales, las guerras, el hambre, las enfermedades crónicas que podrían erradicarse si se distribuyeran los medicamentos ya existentes por todo el mundo, son las pruebas más palpables del fracaso de nuestra civilización

José López

Se tiene por costumbre desde las clases dominantes, cuando desean ocultar una realidad social concreta, el hecho de mentir de forma descarada y cínica. Es justo lo que ocurre en nuestro país cuando desde las más altas poltronas se nos vierte el discurso de la "recuperación económica". Simplemente, no es posible que haya recuperación si no hay redistribución de la riqueza, y de eso, sabemos que no hay. A una década del comienzo de la crisis, el día a día de cientos de miles de familias españolas transcurre en la desesperanza, lejos de la complacencia derivada de la positiva evolución de las principales magnitudes macroeconómicas. El Presidente del Gobierno tuvo incluso la desfachatez de afirmar, en su discurso de balance veraniego, que "hemos recuperado los niveles de riqueza previos a la crisis". Que se lo pregunten a los millones de personas que han perdido su trabajo, que han perdido sus viviendas, que han perdido sus ingresos, que dependen (en el mejor de los casos) de sus familias, y que han perdido toda esperanza de poder llevar a cabo un proyecto de vida digno. En promedio, el conjunto de la ciudadanía española vive hoy peor que hace una década. Y nos dirán: "Es que el PIB ha crecido", "Somos la economía europea que más crece", "Se están recuperando los niveles de empleo", y mil falacias por el estilo. Pero la realidad social es muy distinta al crecimiento de dichos indicadores. Esta paradójica situación refleja cómo la evolución del PIB, principal indicador para examinar la salud económica de un país según el dogma neoliberal, nos ofrece un diagnóstico incompleto y equivocado sobre el bienestar de la población. 

 

Ello pone de manifiesto, lo hemos reseñado en otras muchas ocasiones, la necesidad de encontrar, definir y utilizar formas alternativas para medir eso que llamamos "el progreso". Porque el crecimiento económico expresado por este indicador puede provenir únicamente, como de hecho ocurre en nuestro caso, de un mayor volumen de producción y exportación de nuestras empresas, pero eso no tiene porqué verse reflejado en los niveles de vida de las clases populares y trabajadoras. Los gráficos que aparecen en los sucesivos informes de Intermón Oxfam demuestran claramente cómo los deciles inferiores de la población han perdido peso en sus niveles de renta, mientas los deciles superiores los han aumentado, lo cual indica una concentración de la riqueza en las clases más pudientes, y por tanto, una mayor desigualdad. Los datos son concluyentes: de acuerdo con la OCDE, la renta media en España cayó un 9% entre 2009 y 2014, pero la caída de la renta del 10% más pobre de la población fue de más del doble: un 21%. Somos, por tanto, un país más desigual. Insistimos en todos estos datos y explicaciones para refutar la continua complacencia de los gobernantes, desmontar su discurso y comprender mejor a qué se deben sus mentiras y sus manipulaciones. Ellos, como fieles servidores de los intereses de las clases dominantes, tienen que ofrecer datos manipulados y sesgados, y llegar a conclusiones igualmente falsas, para mantener la ilusión y el nivel de aceptación y legitimación de su Gobierno. Por ello ocultan lo que no les conviene que se sepa, manipulan la realidad, u ofrecen únicamente conclusiones desde un prisma, ignorando otros que también conforman la realidad social del país. La crisis no ha afectado a todos por igual, ni la "recuperación" está generando las mismas oportunidades para todos. 

 

Lejos de dicho panorama, las desigualdades se ahondan y retratan un país que avanza a dos velocidades, conformando una sociedad cada vez más polarizada. De un lado, el precariado, que ha de soportar unos empleos cada vez más inestables, inseguros y temporales, carentes de derechos, y que no les permiten vivir con dignidad. Ello incluye desde las profesiones fuertemente precarizadas, pasando por la feminización de la pobreza, hasta la exclusión laboral de ciertos sectores de la población, como las personas mayores de 50 años. Si a todo ello unimos el endurecimiento de las prestaciones por desempleo, y la ausencia de una renta básica de protección social, el panorama es ciertamente desolador. En el polo opuesto, se encuentran las élites sociales adineradas y poderosas, los grandes empresarios, las grandes fortunas, y los cuadros intermedios que se sitúan a su servicio. Estas personas son las que han visto cómo aumentaba su riqueza y su patrimonio, ya que la arquitectura de la desigualdad que estamos explicando durante toda esta serie de artículos les favorecía de forma indecente y descarada. Y así, la concentración de la riqueza se consolida en las capas superiores, mientras se intensifica la caída de ingresos en los niveles más bajos. Y de ahí que el crecimiento económico que tanto nos anuncian a bombo y platillo sigue beneficiando esencialmente a los que más tienen y a los que más ganan. Esta realidad pone de manifiesto la creciente vulnerabilidad de un tercio de la población española, y la importancia de poner en marcha mecanismos de redistribución para evitar que esta parte de la población quede fuera del sistema. De hecho, muchos segmentos de población han quedado ya absolutamente excluidos. 

 

Por su parte, la nueva figura del llamado "trabajador/a pobre" no sólo no soluciona la situación, sino que actúa como un peligroso detonante que hace estallar la cohesión social, y pone en riesgo la sostenibilidad de los sistemas públicos de protección social (desempleo, rentas condicionadas, pensiones, etc.). En efecto, como sabemos, las cotizaciones a la Seguridad Social de trabajadores/as y empresarios/as son los que mantienen los sistemas de remuneración directa (salarios) y diferida (pensiones) para la clase trabajadora, y garantizan la financiación de los servicios públicos que definen nuestro Estado del Bienestar. Pero si atacamos directamente la línea de flotación de los puestos de trabajo dignos y con derechos, y por tanto, con garantías estables de cotización, tanto en cuantía como en plazos, resulta que estaremos dinamitando todo el andamiaje de dicho Estado del Bienestar. Es la forma que tienen las clases dominantes de apoyar su indecente discurso de la "insostenibilidad" de dichos sistemas públicos, y lo hacen más y mejor precisamente aprovechando contextos y situaciones de crisis como la actual. En este sentido, las Reformas Laborales llevadas a cabo durante los últimos años inciden en agravar esta situación, pues (entre otros muchos efectos negativos) retroceden en las conquistas obreras, abaratan el despido, precarizan el trabajo, lo vuelven inestable e inseguro, fomentan la temporalidad, rebajan sueldos y salarios, conceden hegemonía al poder empresarial, disminuyen las cotizaciones sociales, y hacen estallar por los aires la garantía de sostenibilidad presente y futura de dichos sistemas. Y todo ello también forma parte de esta arquitectura de la desigualdad. No queremos insistir mucho más en la faceta laboral, pues será estudiada detenidamente en su bloque temático correspondiente. 

 

Lo que no nos cuentan nuestros gobernantes en sus discursos es que desde el inicio de la crisis, España se ha convertido en el segundo país de la Unión Europea, tras Chipre, donde más ha crecido la desigualdad de renta, concretamente 20 veces más que el promedio europeo. Desde el año 2007, el Indice de Gini aumentó en un 15,6%, muy por encima del promedio del continente (0,8%). Todo ello pone de manifiesto la incapacidad del crecimiento económico para reducir la desigualdad en nuestro país. La explicación es bien sencilla: una empresa podrá crecer y exportar todo lo que quiera, pero si antes de la crisis poseía una plantilla de 5.000 personas (pongamos por ejemplo) disfrutando de puestos de trabajo estables y con derechos, que les permitían cotizar a niveles aceptables, y poder desarrollar un proyecto de vida digno, contribuyendo tanto los empleados/as como los empleadores/as al sostenimiento de los servicios públicos del Estado del Bienestar, y ahora (después de las "reformas estructurales para salir de la crisis", como alegan) posee únicamente 1.000 personas en plantilla, porque las otras 4.000 proceden de subcontratas concéntricas que precarizan el trabajo, impidiendo toda la situación que antes hemos comentado, ese crecimiento no es deseable. Hay que romper por consiguiente el discurso dominante, para explicar que más que crecimiento, necesitamos reparto y redistribución, pero son dos conceptos que no quieren escuchar las poderosas élites que nos gobiernan en la sombra. El crecimiento económico no es inclusivo, pero este es uno de los objetivos del neoliberalismo, que legitima de esta forma las desigualdades, y es el responsable del corpus teórico y dogmático que proyecta la arquitectura social que las propugna y las tolera. Continuaremos en siguientes entregas.

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2 agosto 2017 3 02 /08 /agosto /2017 23:00
¿La renuncia de Nicolás Maduro?

Sin el control del poder político o con él, la derecha ha demostrado que la violencia, el autoritarismo y la intolerancia son parte de su génesis y que, por más que se disfrace de democrática, sus intereses se contraponen con los de las grandes mayorías y, por ende, con la esencia de la democracia real

Héctor Bernardo

El modo en que tratan nuestros medios de comunicación dominantes la situación en Venezuela está llegando al desatino. No hay noticiero, tertulia o debate donde no salga a relucir el asunto venezolano, y por supuesto, las opiniones que se escuchan (salvo alguna rara avis) están todas cortadas por el mismo patrón. No es por tanto la primera vez que nos vemos obligados a salir al paso de la desinformación, manipulación e intoxicación mediática en torno a Venezuela (aquí tienen nuestros lectores y lectoras un índice de todo lo publicado en nuestro Blog al respecto), así que volveremos a insistir una vez más. A lomos del tándem formado entre el Gobierno y el sector privado estadounidense, con la inestimable colaboración de toda la derecha política y mediática internacional, se llevan ejecutando en Venezuela una serie de estrategias que obedecen a una clara injerencia mediante diferentes vías paralelas, que pueden ser la guerra mediática, la presión política, la presión diplomática y la guerra económica, cuya finalidad es el derrocamiento del Gobierno legítimo que representa la Revolución Bolivariana. Como muy bien explica Héctor Bernardo en este artículo para el medio Rebelion, del cual hemos extraído la cita de entradilla, derecha y violencia son dos términos inseparables a lo largo de la historia, y en América Latina y El Caribe no son una excepción: Golpes de Estado (duros o blandos, es decir, militares o parlamentarios), desestabilización económica, asesinato de líderes sociales, desaparición de estudiantes y periodistas, o represiones de la protesta social, todo ello aderezado con la constante manipulación de los medios, son el cóctel diario bajo el que se ataca a los gobiernos progresistas de América Latina. 

 

Solicitan cínicamente diálogo y negociación, debate y respeto a la democracia, cuando lo único que les interesa a las derechas locales (bajo la batuta de la derecha estadounidense) es la defensa de sus retrógrados sectores. En Venezuela los líderes de la derecha se disfrazan de inocentes corderitos, mientras profesan el autoritarismo, la violencia, la intolerancia y la mentira hasta límites insospechables. Una derecha criminal empeñada en vender los recursos naturales del país, y defender sus intereses de clase, es presentada sin embargo por los medios de comunicación como una oposición democrática, a la que le interesan la paz, el diálogo y la democracia. Pero acto seguido, están animando a sus huestes callejeras para que cometan todo tipo de tropelías en las calles, a costa de provocar el mayor caos social posible, y la mayor destrucción. Y es que la derecha nunca acepta por las buenas perder el control político de sus regiones, y en cuanto ve peligrar los intereses de sus miembros, de sus empresas y de su oligarquía, no duda en organizar violentas acciones para usurpar el poder mediante formas nada democráticas. Se dedican igualmente a destruir la imagen pública de los dirigentes, gobernantes, mandatarios o líderes sociales populares, mediante todo tipo de engaños, manipulaciones y mentiras. Así las cosas, Venezuela se ha convertido, gracias a la resistencia de su líder Nicolás Maduro, en el objetivo a derribar por el poder político, económico y mediático internacional, y las ofensivas y manipulaciones son constantes y van en aumento. 

 

Los Estados Unidos no se resignan a que los gobiernos de amplia acción popular, de corte socialista o únicamente postneoliberales, alejen a América Latina de la función que siempre tuvo para ellos, que no es otra que la de ejercer como su "patio trasero". Según el Informe de 2016 de la CELAC (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños), durante las casi dos décadas de gobiernos bolivarianos, Venezuela ha pasado a ser uno de los tres países con menor desigualdad social en todo el continente. Pero los medios dominantes influidos y controlados por el gran capital jamás nos contarán estas cosas. No les interesan. Es más, estos datos son dañinos para ellos, pues muestran el camino a otros sobre lo que hay que hacer. Jamás se informó por parte de estos indecentes medios sobre los logros sociales, sanitarios, educativos, en el ámbito de la vivienda, de las leyes laborales, de la justicia, de la democracia, etc., que se han producido bajo el chavismo. Tampoco nos contarán que durante todo este período en Venezuela, se han desarrollado hasta un total de 19 procesos electorales, valorados, entre otras instituciones, por la Fundación Carter como los más transparentes del mundo. Pero a la derecha le da igual. Ellos seguirán afirmando que en Venezuela no existe la democracia.

 

Y en este contexto de profunda confrontación para hacer caer al Gobierno, haciendo estallar un caos social que legitime una intervención extranjera, la "pacífica" oposición está llevando a cabo una estrategia de desestabilización del Gobierno, basada en los tres siguientes pilares: a) el colapso económico (consistente en el desabastecimiento de la población a través de políticas de acaparamiento, especulación económica, o la quema de los depósitos estatales de distribución de productos básicos), b) el terrorismo urbano (consistente en la instigación a violentas manifestaciones, en las cuales las calles son tomadas por bandas financiadas por la oposición para generar situaciones de inseguridad y violencia, con muertos y heridos, provocando además quema de vehículos, ataques a las instituciones del Estado, centros de salud, guarderías, escuelas, etc.), y c) la desinformación sistemática (consistente en mentir sistemáticamente, manipular hechos e imágenes, ocultar las manifestaciones de apoyo al gobierno, difundir información falsa, o apoyar subrepticia y subliminalmente a la oposición, mientras se demoniza al Gobierno, presentándolo como una pandilla de irresponsables y de dictadores). Desde esta humilde tribuna volvemos a llamar a nuestros lectores y lectoras al continuo contraste de toda la información suministrada, y a la defensa de la Revolución Bolivariana que comenzara el Presidente Hugo Chávez, y nos hacemos eco para finalizar de este breve pero muy sugerente e ilustrativo artículo de F. Roque R. desde Caracas, recogido por el medio Eco Republicano, y que reproducimos a continuación en su totalidad:

 

La derecha apátrida y sus jefes imperiales quieren que Nicolás Maduro renuncie a la Asamblea Nacional Constituyente. Yo les respondo por Nicolás:
 
1.-Que Santos renuncie a las 7 bases militares gringas invasoras. Que ponga fin a su política de exterminio contra los combatientes de las Farc y ELN.
 
2.-Que Macri renuncie a sus políticas hambreadoras contra el pueblo y ponga en libertad a la diputada del Parlatino.
 
3.-Que Temer renuncie a sus cuentas millonarias producto de la corrupción y devuelva el Poder a Dilma.
 
4.-Que Peña Nieto encuentre a los 42 estudiantes de Ayotzinapa y atrape a los asesinos y se enfrente a Trump e impida la construcción del muro infame.
 
5.-Que Trump renuncie a sus ínfulas imperiales, devuelva el territorio de Guantánamo y ponga fin al bloqueo contra Cuba.
 
6.-Que Rajoy deje en paz a los catalanes y les permita definir libremente su destino como pueblo autónomo que es.
 
7.-Que el Parlamento Europeo renuncie a su política xenófoba contra los refugiados y respete los derechos humanos de los inmigrantes.
 
Cuando hagan todo esto, entonces conversamos.
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1 agosto 2017 2 01 /08 /agosto /2017 23:00
Viñeta: http://www.ecorepublicano.es/

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El franquismo no fue una dictadura que acabara con la muerte del dictador, sino una estructura de poder que se integró en la monarquía

Alfredo Grimaldos

Bajo la Transición, la figura del Rey se fue aceptando socialmente, creándose incluso los seguidores "juancarlistas", y legitimándose su presencia y la del propio régimen surgido de la Constitución de 1978. El fallido intento de Golpe de Estado de febrero de 1981 nos ofrece aún hoy muchísimas dudas, en torno al desarrollo de la propia trama, y al verdadero papel que jugó en el mismo la figura de Juan Carlos I. Pero la realidad, como venimos comentando, es que la Transición, con la figura del Rey a la cabeza, fue toda una operación pensada para asegurar las estructuras de poder procedentes del franquismo. El Rey se convirtió en los cerca de 40 años que se mantuvo como Jefe del Estado, en un agente central al servicio de las clases dominantes, del empresariado, de todos aquéllos que antes, durante y después de la II República conspiraron y patrocinaron el Golpe de Estado del 18 de julio de 1936, y que tiempo más tarde se valieron de su privilegiada posición para generar inmensas fortunas, aunque fuera con el trabajo esclavo de los presos políticos republicanos. Hoy día, en 2017, todo continúa "atado y bien atado". El bipartidismo reinante durante más de 35 años, con un PSOE y un PP alternándose en el poder, lo han garantizado. Ambos han sido fieles servidores de los mismos poderes fácticos, esos que en realidad nos gobiernan sin presentarse a ningunas elecciones, como muy bien asegura Manolo Monereo. Al pueblo se le vendió la idea de que habíamos pasado de la dictadura a la democracia, sobre todo gracias a la figura del Rey, y a la inteligencia y capacidad de una serie de señores que estuvieron a la altura, que fueron capaces de olvidar sus diferencias, y de consensuar los pilares para un nuevo régimen democrático. 

 

Pero en realidad, llevamos 40 años de democracia tutelada por los mismos benefactores del franquismo. Lo hemos explicado en este artículo reciente de nuestro Blog, y lo han explicado muy bien en este artículo del medio Eco Republicano, a los que remitimos a los lectores y lectoras interesadas. Para empezar, ¿cómo es posible pasar a una democracia sin reconocer la vileza y brutalidad del régimen dictatorial anterior? Pues en vez de eso, las palabras del monarca sobre Franco en su primer discurso de finales de 1975 fueron las siguientes: "Una figura excepcional entra en la Historia. El nombre de Franco será ya un jalón del acontecer español y un hito al que será imposible dejar de referirse para entender la clave de nuestra vida política contemporánea". Con estas credenciales, ¿se evidenciaba de verdad un cambio de régimen, cuando ni siquiera era posible condenar el anterior? La primera en la frente. Pero sigamos. Las elecciones "democráticas" del 15-J de 1977 no permitieron votar en libertad. Dos de los ex Ministros franquistas, concretamente Manuel Fraga Iribarne (a la sazón fundador de Alianza Popular) y Rodolfo Martín Villa, vetaron la participación en dichas elecciones a los partidos republicanos que luchaban por el restablecimiento de la República en nuestro país. Asímismo, durante ese corto período, los líderes de Acción Republicana Democrática Española (ARDE) fueron perseguidos y encarcelados por exhibir banderas republicanas y distribuir pasquines en pro de la República durante reuniones clandestinas celebradas en 1977. ¿Podemos pensar que dicho panorama había cambiado cuando casi 40 años después el Rey Juan Carlos abdicó en su hijo Felipe? La respuesta es NO. De hecho, el día de su proclamación como Felipe VI las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado establecieron un cordón para impedir las manifestaciones de ciudadanos/as republicanos/as, y se detuvo a toda aquélla persona que exhibiera banderas o insignias con los colores de la República. 

 

Tras las elecciones de 1977, y con Adolfo Suárez ya en el poder (UCD), las fuerzas políticas con representación parlamentaria prefabricaron una nueva Constitución a medida de la Monarquía, en la cual venía ya impuesta (sin haber convocado al pueblo a referéndum) la figura del Rey como Jefe del Estado, y donde además, la Carta Magna concedía enormes privilegios a la Corona. La Transición iba avanzando, pero iba exigiendo un alto precio para su implantación. El precio de la Transición para el "regreso a la democracia" fue la pervivencia del franquismo, que se convertiría en un tumor maligno irreversible, haciendo de España un país dominado por sus benefactores, sometido a la corrupción y gobernado por serviles políticos pertenecientes a una derecha clásica (Alianza Popular, que aglutinó a todas las fuerzas fascistas de la época, y que luego se refundaría como Partido Popular), y a una falsa izquierda domesticada y servil al capitalismo y a la Monarquía (Partido Socialista Obrero Español). Estas fuerzas políticas continúan a día de hoy siendo las más votadas, lo cual da buena cuenta y explica la pervivencia de los mismos poderes fácticos que las vienen apoyando desde entonces. En este contexto, la extrema derecha española asumió la representación ideológica del neofranquismo residual, mientras que los partidos de izquierda de entonces (PSOE y PCE) moderaban sus discursos renunciando a la República, aceptando la Monarquía impuesta por el dictador y alabada por sus benefactores, y amnistiando en 1977 los crímenes del franquismo y a toda su pléyade de torturadores y viles políticos a su servicio. Como puede comprobarse, el famoso "consenso" de la Transición no fue más que un reparto del poder, una democracia limitada, vigilada y tutelada, sin libertad constituyente, y que bajo el ruido de sables y la permanente amenaza de volver a los tiempos oscuros, permitió la pervivencia del legado ideológico franquista, del nacionalcatolicismo de la jerarquía eclesiástica y de los mismos poderes económicos a los que se había privilegiado durante la dictadura. 

 

Conviene preguntarse en este punto qué había ocurrido con los Gobiernos republicanos en el exilio, que habían pervivido durante toda la dictadura franquista, a través de varios Presidentes, y cómo reaccionaron ante la nueva situación surgida después de la muerte del dictador y de aquéllas primeras elecciones "democráticas". Hagamos primero un breve repaso histórico. Los Gobiernos de la Segunda República Española en el exilio fueron los gabinetes que se formaron fuera de España, y que continuaron representando al Estado Español emanado de la Constitución de 1931 después de la victoria de los militares golpistas. Tras el golpe militar, el Gobierno republicano no abdicó en ningún momento de su soberanía. Asistido por una gran parte del pueblo español que se levantó en armas contra el fascismo, las instituciones republicanas fueron garantes de la legitimidad y la legalidad que le habían dado las urnas y la Constitución de 1931. En febrero de 1939 tuvo lugar la que sería la última sesión de las Cortes republicanas en territorio español. Las armas le dieron la victoria a Franco, pero no la legitimidad. Finalizada la Guerra Civil comenzaría un largo y doloroso exilio republicano, que sólo terminaría con las elecciones de 1977 a las que nos hemos referido más arriba. En síntesis, los Gobiernos republicanos en el exilio estuvieron dirigidos por Juan Negrín (1939-1945), José Giral (1945-1947), Rodolfo Llopis (1947), Álvaro de Albornoz (1947-1951), Félix Gordón (1951-1960), Emilio Herrera (1960-1962), Claudio Sánchez Albornoz (1962-1971) y Fernando Valera Aparicio (1971-1977), que fue el último Presidente. Diego Martíinez Barrio fue asímismo Presidente de la República en el exilio durante varios mandatos y gabinetes, y las principales fuerzas políticas a las que pertenecían sus dirigentes eran el PSOE, IR (Izquierda Republicana) y UR (Unidad Republicana). También hubo Ministros de la CNT, de la UGT, del PCE, del PNV, del PSUC o de ERC. 

 

Pues bien, después de las elecciones del 15J de 1977 y tras casi 38 años de permanencia fuera de España, el Gobierno republicano en el exilio se disolvió oficialmente junto con todas sus instituciones, sin reconocer expresamente a la Monarquía reinstaurada en 1975, pero aceptando la validez de las elecciones de 1977 y la democracia surgida de ellas. El último Presidente de la República en el exilio, Fernando Valera, junto con el último Presidente del Consejo de Ministros, emiten una Declaración de la Presidencia y del Gobierno de la República Española en el exilio el 21 de junio de 1977, en París. En su comunicado, Fernando Valera decía cosas como las siguientes: "Erróneamente, a nuestro juicio, el pueblo español se ha avenido a expresar su voluntad actual concurriendo mayoritariamente a una consulta electoral que no reunía las condiciones previas de autenticidad, ni por el Poder ilegítimo que la convocaba, ni por el marco legal en que había de desenvolverse; pero lo cierto es que el consenso general de la opinión pública, quizás intoxicada por una hábil propaganda dirigida de la prensa monarquizante, la ha aceptado como válida". Y más adelante proclamaba: "El soberano es el pueblo; quédese, pues, el pueblo con su soberanía, que es suya, y yo me quedaré a solas, una vez más, con mi dignidad de ciudadano, con mi manera de entender el patriotismo, y con mi lealtad a la República". Y finalizaba glosando las palabras de Emilio Castelar: "Jamás serviré a la monarquía, aunque ahora se muestre en concordia con la democracia; porque, si la monarquía no me excluye de su seno, me excluyen la historia, el honor y el patriotismo". Ni durante la "modélica" Transición, ni durante todos los años siguientes, hasta nuestros días, se ha rendido homenaje nacional a los Presidentes de aquélla República, abruptamente interrumpida, y cuyos gobernantes tuvieron que permanecer en el exilio. Otra asignatura pendiente para superar el franquismo. Continuaremos en siguientes entregas.

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31 julio 2017 1 31 /07 /julio /2017 23:00
Baleares: toros sin muerte

Consideramos salvajes a los leones y los lobos porque matan, pero tienen que matar o morirse de hambre. Los humanos matan a otros animales por deporte, para satisfacer su curiosidad, para embellecer sus cuerpos y para dar gusto a sus paladares. Los seres humanos matan también a los miembros de su propia especie por codicia o por poder. Además, los humanos no se contentan simplemente con matar. A través de la historia han mostrado una tendencia a atormentar y torturar, antes de darles muerte, tanto a sus iguales los humanos como a sus iguales los no-humanos. Ningún otro animal muestra demasiado interés por hacer esto

Peter Singer

La Tauromaquia justifica y argumenta falazmente desde sus inicios históricos que, para que toro y torero estén "en igualdad de oportunidades" ante el combate, el toro se vea sometido a una serie de ataques en secuencia, que van mermando sus fuerzas, a base de ir provocándole una serie de heridas mediante los rejones, las puyas, las banderillas, etc. Todo ello contribuye a un sangriento y bárbaro espectáculo, que finaliza, como sabemos, con la muerte del toro mediante la espada y, en su caso, el descabello. Pero hasta que llega ese momento, el animal va sufriendo continuas y progresivas heridas en su lomo y cuello, por las que se va desangrando lentamente, provocándole un terrible sufrimiento. La lucha de los animalistas ha conseguido, en el Parlamento balear, que el toro deje de sufrir en la arena, mediante la prohibición de toda suerte de ataques al animal durante la faena, que tampoco podrá acabar con la muerte del astado. Por tanto, los toreros sólo podrán emplear el capote y la muleta en sus faenas, que además se verán recortadas en su duración hasta un máximo de 10  minutos, y a 3 toros en vez de los 6 actuales. La votación de esta ley de toros "a la balear", como ya es popularmente conocida, fue bien previsible. Los grupos de la izquierda parlamentaria han votado a favor (PSOE-PSIB,  MÉS y Podemos), mientras que el PP y Ciudadanos lo han hecho en contra. Sabemos cuál es el sitio de cada uno. 

 

Esta iniciativa legislativa contempla muchos aspectos interesantes, más allá de los relativos a la prohibición del maltrato. Tanto toros como toreros se verán sometidos a controles antidopaje antes de que comiencen las corridas, y los toros al finalizar las faenas volverán a los corrales y después a sus ganaderías de origen, no sin antes ser sometidos a un reconocimiento veterinario para comprobar su estado sanitario. La Ley balear también regulará las características de las enfermerías que serán obligatorias en las plazas, así como las condiciones que tendrán que cumplir las ganaderías en lo que se refiere al transporte de los animales, por lo cual cubre varios aspectos necesarios que garantizan el bienestar de los toros en todo lo que incumbe a la celebración de las corridas. La nueva normativa también prohíbe la entrada de menores de 18 años a los espectáculos taurinos (actualmente era de 16), así como la venta y el consumo de alcohol en el recinto. Por tanto, configura una iniciativa legislativa ciertamente completa e interesante, que puede constituirse en referente, y marcar un antes y un después en la regulación autonómica de la tauromaquia en nuestro país. Fuera ya de los aspectos reguladores de lo taurino, la ley balear también prohíbe el tiro al pichón y a la codorniz, aspectos ante los cuales la Federación Balear de Caza ha mostrado su total desacuerdo. 

 

Al día siguiente de su aprobación, el Partido Popular y sus organizaciones afines (en este caso la Fundación del Toro de Lidia) han presentado recurso ante el Tribunal Constitucional, alegando que dicha Ley vulnera las competencias del Estado, ya que sólo éste puede regular los aspectos relacionados con la tauromaquia. Por su parte, las Comunidades Autónomas tienen entre sus competencias la de regular todos los festejos (incluidos los taurinos), así que no sabemos en qué quedará todo esto. De momento, lo más previsible es que el Alto Tribunal ordene la suspensión cautelar de la entrada en vigor de dicha Ley, tal y como ya han solicitado los instigadores del recurso. Pero en cualquier caso, se trata de toda una victoria de los grupos y partidos animalistas, de las organizaciones que luchan por la liberación animal, y contra el maltrato a los animales en todo tipo de "festejos populares". En el caso concreto de la Tauromaquia, resulta además que estamos ante una actividad reconocida oficialmente como Bien de Interés Cultural, y por tanto, perteneciente al patrimonio cultural de todos los españoles, por lo cual el asunto se complica enormemente. Las subvenciones públicas y al apoyo a nivel institucional están aún muy arraigados para la tauromaquia, lo cual dificulta enormemente su desmontaje dentro de nuestro país. De ahí el intento del Parlamento balear de regular las corridas, de tal manera que, aunque la prohibición expresa no pueda aún llevarse a cabo legalmente, se proteja a los toros para que no sufran durante las faenas. 

 

No se consigue por tanto el objetivo último y final, pero hay que valorar los pasos hacia adelante que se están dando, en la lucha por erradicar todos los festejos populares donde se produzca muerte o tortura de cualquier tipo de animales. Los taurinos en cambio argumentan otras razones rocambolescas, tales como que es "un intento nacionalista de rechazar lo español", según aparece en este artículo de Ricardo F. Colmenero para el diario El Mundo, o bien que es una clara desvirtuación de la tauromaquia, ya que, según ellos, el toro bravo es una especie criada para tal fin, y ha de morir en el ruedo. Argumentan que el sentido último de su existencia es la muerte digna en la arena, porque de todos modos habrá muerte en la soledad del corral, pero no se dan cuenta de la abismal diferencia que hay entre una muerte y otra dentro del contexto de una sociedad avanzada, ya que la muerte en el corral no está sirviendo de cruel espectáculo de tortura para nadie. Esa es la diferencia que no ven. Pero existe. Sólo hay que poseer un poco de sensibilidad para apreciar la diferencia entre una muerte y otra. El propósito de nuestra sociedad debe ser erradicar la crueldad y minimizar el sufrimiento, y no excusar el apoyo a este tipo de "espectáculos" bajo cualquier pretexto cultural, tradicional o económico. En el artículo donde defendimos la ILP "Pan y Toros" desmontamos también todos los falaces argumentos que el mundo taurino aduce para mantener "la fiesta". 

 

Hoy día, la decadencia y el declive social de estos espectáculos es más que evidente. La actividad de la tauromaquia dejó de ser rentable hace muchos años, y se constata desde el año 2007 la tendencia negativa en cuanto al número de espectadores que acuden a las corridas de toros. Pero los grandes empresarios de la tauromaquia no se dan por vencidos. Por ello el lobby taurino pretende que esta actividad se considere y se mantenga como un producto cultural oficialmente reconocido, para poder beneficiarse de las cuantiosas subvenciones públicas y privilegios fiscales asociados, y lo reclaman asegurando que las corridas de toros son el segundo espectáculo de masas en España, aunque según datos del propio Ministerio de Cultura, dista mucho de ser considerado como tal. De ahí la especial inquina que se levanta cuando cualquier iniciativa legislativa, como ahora la del Parlamento balear, intenta restar fuerza al mundo taurino, en base a limitar o transformar la propia estructura del "espectáculo" del toreo. Pero afortunadamente el ejemplo está cundiendo, y ya son muchas las iniciativas legislativas y consultas ciudadanas que se están poniendo en marcha en la misma línea, en diversas Comunidades y Ayuntamientos, por lo cual parece ser una cuestión de tiempo que veamos la total abolición de la tauromaquia en nuestro país. 

 

Pero aún nos costará mucho despojarnos de las crueles prácticas y costumbres atávicas, que tan arraigadas se encuentran en el suelo patrio. Amparados en la historia, la tradición, la cultura y el arte, los defensores de estos festejos justifican la celebración de estos crueles eventos con los animales (en este caso con el toro bravo), sin darse cuenta de que la Humanidad está evolucionando en el sentido contrario, es decir, en el de proteger la vida y los derechos de todos los animales, y de no considerar ocio, tradición, cultura, deporte, festejo, espectáculo, arte o diversión toda aquélla actividad que se base en el maltrato, la tortura o la muerte de animales. Parece no obstante que aún estamos muy lejos de conseguirlo, pero leyes como la que estamos comentando del Parlamento Balear nos acercan más a dicho objetivo. Animamos desde aquí a los grupos y asociaciones animalistas, e instamos a las fuerzas políticas con sensibilidad ecologista y animalista a que continúen por esta senda. Deseamos también que cunda el ejemplo para el resto de Comunidades Autónomas del Estado Español, y que sigan el ejemplo balear para impedir de este modo que los toros sufran tortura y muerte en los ruedos de toda la geografía nacional. Es posible que dentro de no mucho tiempo podamos conseguir un escenario legal de absoluta protección y respeto hacia el mundo animal. Habremos dado un gran paso como Humanidad. 

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30 julio 2017 7 30 /07 /julio /2017 23:00
Viñeta: Antonio Rodríguez

Viñeta: Antonio Rodríguez

Hasta que el Trío de las Azores (Bush, Blair y Aznar) aprobó ir a la guerra contra Irak, el 15 de marzo de 2003, España había sido considerada por sus “primos musulmanes” el mediador ideal entre Europa y el Islam. Con la sonrisa de hiena de Aznar abrazando al emperador yanqui, Madrid perdió toda su credibilidad y pasó, a lo bobo, de amigo a enemigo

Javier Cortines

Todos los focos de violencia y de conflicto están generando, últimamente, el desplazamiento de personas a un máximo sin precedentes desde la Segunda Guerra Mundial. La guerra, la violencia, el hambre, la falta de horizontes vitales y la persecución están llevando a cientos de miles de personas (millones en todo el planeta) a abandonar sus lugares de residencia, donde han nacido, se han criado y tienen a sus familiares y amigos, buscando otros lugares donde poder asentarse y desarrollar nuevos proyectos de vida dignos. No nos ocuparemos en esta serie de artículos sobre las políticas de fronteras, ya que este asunto tiene entidad y problemática suficiente como para dedicarle una serie de artículos separada (de hecho, ya la tenemos en preparación). Pero por su estrecha relación con los diversos conflictos armados, hemos de hacer siquiera una breve referencia. Según ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, son ya 65,6 millones de personas (era la cifra al término de 2016) las que se encuentran a nivel mundial en situación de desplazamiento forzado. Dicha cifra representa un aumento de 300.000 personas sobre el año anterior. Del global de la cifra anterior, hemos de distinguir tres componentes. En primer lugar, las propias cifras de refugiados, que con 22,5 millones de personas son las más altas de las que se tiene constancia. De éstos, 17,2 millones se encuentran bajo el mandato de ACNUR, y el resto son refugiados palestinos registrados ante la organización hermana UNRWA, especializada en el conflicto palestino-israelí. Las personas que huyen de las guerras son una consecuencia directa y dramática de ellas, como es evidente, y ello a su vez genera múltiples conflictos en otros órdenes. 

 

El conflicto de Siria sigue siendo el que genera más refugiados a nivel mundial (5,5 millones), aunque en 2016 el principal país afectado fue Sudán del Sur, donde la desastrosa ruptura de los esfuerzos por la paz en julio de ese año contribuyó a la salida de casi 740.000 personas hasta finales de diciembre de 2016 (actualmente 1,87 millones). Los desplazamientos forzados de personas son unas de las consecuencias directas de las guerras, los conflictos armados y el terrorismo internacional, desplazamientos que desestructuran y empobrecen los recursos de los lugares de éxodo, abandonándolos al pillaje, al caos y al desorden. Por su parte, los desplazados y refugiados sufren el tener que adaptarse a los ambientes locales y culturales de los países que les ofrezcan acogida, que dicho sea de paso, es un proceso cada vez más penoso y limitado. La globalización neoliberal ha establecido completa libertad para los movimientos de capitales, pero establece enormes restricciones para los movimientos de personas, desde sus visiones excluyentes de la sociedad. Hoy día, por tanto, el racismo, la xenofobia y los programas basados en la "identidad" nacionalista forman parte de los típicos idearios de las formaciones políticas de nuevo cuño que surgen por doquier en los países de la Unión Europea, y de otros lugares del mundo. Se trata de formaciones con evidentes tintes neofascistas, que propugnan la expulsión de los extranjeros, y una serie de absurdas políticas culturales de "identidad". Poseen fanáticas visiones de su civilización y de su cultura, y por tanto, entienden como un "peligro" la llegada de inmigrantes, refugiados o extranjeros en general. Se da una curiosa paradoja: precisamente los países que más contribuyen a los conflictos armados son los que albergan mayor número de fuerzas políticas y sociales racistas y xenófobas. Saquen los lectores y lectoras sus propias conclusiones. 

 

Tenemos también la vertiente del desplazamiento de personas dentro de su propio país, los llamados éxodos locales o interiores, cuyo número llegaba a 40,3 millones de personas al término de 2016. Siria, Irak y el todavía muy considerable desplazamiento de personas en Colombia, fueron los principales lugares para este desplazamiento interno. No obstante, el desplazamiento interno es un problema de ámbito mundial y representa casi dos tercios del desplazamiento forzado total en el mundo. En tercer lugar tenemos el contingente de los solicitantes de asilo, que son personas que han tenido que huir de su país de origen (debido a riesgo o persecución por motivos políticos o ideológicos) y solicitan protección internacional como refugiados. Al concluir el pasado año 2016, el número de personas que habían solicitado asilo en el mundo era de 2,8 millones. Esto agrava el inmenso coste humano de la guerra y la persecución en el mundo: la cifra de 65,6 millones significa que, por término medio, una de cada 113 personas en el mundo se halla en situación de desplazamiento forzado, es decir, una población mayor que la del Reino Unido, que es el 21º país en el mundo por número de habitantes. Fillippo Grandi, Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados, ha declarado al respecto: "Desde cualquier punto de vista, esta cifra es inaceptable, y plantea con más fuerza que nunca la necesidad de mayor solidaridad y un propósito común para prevenir y resolver las crisis y para garantizar entre todos que los refugiados, desplazados internos y solicitantes de asilo del mundo reciben protección y atención adecuadas, al tiempo que se buscan soluciones. Tenemos que hacerlo mejor por estas personas. En un mundo en conflicto, lo que se necesita es determinación y valor, no miedo". 

 

Bien, la senda del pacifismo contribuiría bastante a reducir estas cifras, hoy día vergonzosamente engrosadas debido a los diferentes puntos calientes existentes en el planeta. Si los conflictos armados y el terrorismo internacional van disminuyendo, y los poderosos esfuerzos diplomáticos se consolidan, es evidente que este nuevo escenario repercutirá muy positivamente en la generación de las cifras de personas en situación de desplazamiento forzoso. Todo ello además con los innumerables efectos secundarios que genera, y que básicamente obligan a millones de personas a establecerse en países de otra cultura a la original, y a sufrir persecuciones, maltrato, discriminación, a ser víctimas de mafias dedicadas al tráfico de personas, y un largo etcétera. Y si las cifras de desplazados en el mundo remiten, es evidente que ello contribuirá a una situación de mayor calma internacional. Porque una de las principales conclusiones del citado informe de ACNUR es que las cifras de nuevos desplazamientos en particular siguen siendo muy altas. Del total ya referido de 65,6 millones de personas, 10,3 millones se convirtieron en desplazados forzosos durante el pasado año 2016, de las que aproximadamente dos tercios (6,9 millones) habían huido en el interior de su propio país, sin cruzar una frontera internacional. Al mismo tiempo, los retornos de refugiados y desplazados internos a sus lugares de origen, unidos a otras soluciones como el reasentamiento en terceros países, permitieron que, para algunos, 2016 trajera una perspectiva de mejora. Unos 37 países admitieron conjuntamente a cerca de 190.000 refugiados para su asentamiento. Más o menos medio millón de refugiados pudieron retornar a sus respectivos países de origen, y aproximadamente 6,5 millones de desplazados internos lo hicieron a sus zonas de origen, aunque en muchos casos en condiciones que distaban mucho de ser las ideales, y con unas perspectivas inciertas. 

 

En todo el mundo, la mayoría de los refugiados (el 84%) estaban en países de ingresos bajos o medios a finales de 2016, y uno de cada tres (4,9 millones) eran acogidos por los países menos desarrollados. Este enorme desequilibrio refleja varias cosas, entre ellas la persistente falta de consenso internacional en lo relativo a la acogida de refugiados y la proximidad de muchos países pobres a regiones de conflicto. También ilustra la necesidad de que los países y comunidades que apoyan a los refugiados y otras personas desplazadas reciban más recursos y apoyo, cuya ausencia puede generar inestabilidad, tener consecuencias para la labor humanitaria que puede salvar vidas, o dar lugar a desplazamientos secundarios. Por su parte, los menores, niños y niñas, que representan la mitad de los refugiados del mundo, siguen soportando una carga desproporcionada de sufrimiento, principalmente por su extrema vulnerabilidad. Lamentablemente, se recibieron 75.000 solicitudes de asilo de menores que viajaban solos o separados de sus progenitores, aunque la cifra real podría ser incluso superior. Estos niños y niñas son especialmente carne de cañón para las perversas mafias que comercian con ellos/as, y que pueden truncar desgraciadamente sus vidas para siempre. La senda pacifista debe complementarse por tanto con una adecuada política sobre fronteras, y en cuanto a asilo, refugio y reasentamiento de personas, que garantice que en tanto en cuanto estos conflictos no se solucionen y las vías pacíficas no se instalen, disminuyendo el tráfico de personas a nivel mundial, el total de las personas desplazadas forzosas son perfectamente integradas en sus nuevos lugares. Y ello pasa igualmente por fomentar políticas de integración multicultural y de cohesión social, desterrando las visiones excluyentes, discriminatorias o xenófobas. Continuaremos en siguientes entregas.

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27 julio 2017 4 27 /07 /julio /2017 23:00
Arquitectura de la Desigualdad (48)

A menos que se adopten soluciones políticas valientes que pongan freno a la influencia de la riqueza en la política, los gobiernos trabajarán en favor de los intereses de los ricos, y las desigualdades políticas y económicas seguirán aumentando

Intermon Oxfam

Tenemos que transformar la actual arquitectura de la desigualdad, que trabaja para favorecer al 1% de la población, en la arquitectura de la equidad y la cohesión, que trabaje para el 99% restante. Sin ir más lejos, nuestro país contiene dos realidades antagónicas que muestran la radiografía de la desigualdad. Desde el año 2014 crece el PIB de nuestro país, pero los resultados de esta reactivación económica sólo benefician a una minoría. La desigualdad se cronifica e intensifica, mientras escuchamos impávidos los indecentes mensajes de nuestros gobernantes, comunicándonos que "lo peor de la crisis ya ha pasado", y otras sandeces por el estilo. La crisis, como tantas veces hemos indicado en esta serie de artículos y en otros artículos independientes de nuestro Blog, ha sido utilizada como una oportunidad, como un pretexto para en base a ella, aprovechándose de ella, los mismos agentes económicos que la habían causado, y sus voraces representantes, continuaran agrandando las diferencias y desigualdades. Los ricos cada vez lo son más. Los pobres también. Durante la última década, el Indice de Gini en España no ha dejado de empeorar, y la situación actual de las familias y las personas más golpeadas por la crisis contradice el optimismo en torno a los principales datos macroeconómicos. Se cuentan por cientos de miles los casos de personas a las cuales la crisis desatada por el insaciable capitalismo ha dejado tiradas en el camino, sin posibilidad de volver a restablecer sus mínimas condiciones vitales. No sólo han perdido trabajo, sino que han perdido ingresos, han perdido viviendas, han perdido vehículos, han perdido parejas y amistades en un mundo que ha globalizado el horror del consumismo y del neoliberalismo. En los peores casos, la indigencia o el suicidio han sido los caminos finales.

 

La realidad es que España sigue siendo el segundo país de la Unión Europea donde más ha crecido la desigualdad desde que estalló la crisis, y donde ésta ha seguido aumentando a pesar de los últimos años de crecimiento económico. No obstante, como decimos, a nuestros gobernantes les importa bien poco la desigualdad, así que los únicos mensajes que nos difunden es que somos un referente, todo un ejemplo a seguir en cuanto a recuperación económica...y nosotros nos preguntamos: ¿para quién? Este continuo aumento de la desigualdad se debe a una progresiva concentración de la riqueza en menos manos, a la vez que se produce un deterioro de la situación de las personas más vulnerables. Durante el último año, existen 7.000 nuevos millonarios en España, y la fortuna de tan sólo 3 personas equivale ya a la riqueza del 30% más pobre, es decir, de 14,2 millones de personas. Mientras en 2015 este 30% más pobre vio reducida su riqueza en más de una tercera parte (-33,4%), la fortuna de las tres personas más ricas del país aumentó un 3%. La brecha de ingresos se ha profundizado, al tiempo que los salarios más bajos se han desplomado desde el inicio de la crisis. Entre 2008 y 2014, los salarios más bajos cayeron un 28% mientras los más altos apenas se contrajeron. Ello ha incidido en la transformación de ciertas actividades y profesiones, hasta deteriorarlas por completo, convirtiéndolas en actividades absolutamente precarias, tales como el colectivo de "Las Kellys" (limpiadoras de habitaciones en los hoteles), el colectivo del servicio doméstico, o bien las típicas subcontratas de las grandes empresas (telecomunicaciones, mensajería, etc.). A ello hay que sumarle los grandes conflictos laborales que han dejado en la calle a cientos de miles de empleados procedentes de empresas insignia (Coca-Cola, Panrico, etc.), cuyas estructuras se han transformado precisamente aprovechando las nuevas oportunidades que la crisis les entregaba en bandeja de plata. 

 

En el año 2015 se llegó a un nivel en el que la remuneración del ejecutivo con el salario más elevado multiplicaba por 96 (no es una errata ¡por 96!) la del trabajador promedio en las empresas del IBEX-35, y por 51 en el total de las empresas cotizadas. Mientras los beneficios de las grandes empresas han recuperado los niveles anteriores a la crisis, una de cada cinco personas en edad de trabajar no encuentra empleo. Y quienes lo encuentran, lo hacen en condiciones de altísima inestabilidad y precariedad, mientras los salarios siguen 9 puntos por debajo de los niveles que se habían alcanzado en 2008. Por su parte, la perversión de nuestro sistema fiscal viene provocando que sean las familias las que todavía soportan la mayor parte del peso tributario, aportando un 84% de la recaudación total, frente a un 13% de las empresas. A tenor de lo que venimos comentando, es preciso recapitular y concentrar en los 7 grandes puntos siguientes las orientaciones generales, de absoluta justicia y sentido común, para poder revertir esta indecente situación:

 

1.- Los Gobiernos deben trabajar para el 99% de la población, y no sólo para una minoría acaudalada y sus grupos de presión. Sabemos que no es fácil. Cualquier Gobierno que pretenda tomarse en serio esta orientación se verá sometido a crueles presiones de los Organismos internacionales alineados con la globalización neoliberal, así como a feroces campañas de desprestigio por parte de los grandes medios de comunicación, que lo atacarán sin piedad. Y todo ello si consigue siquiera obtener el poder político, ganando unas elecciones. Si decide además enfrentarse a los poderes económicos que garantizan y proyectan la arquitectura de la desigualdad, el enfrentamiento con ellos deberá ser terrible si se pretenden obtener resultados positivos. Dudamos incluso de que un sólo Gobierno aislado lo consiga. 

 

2.- A nivel global, los Gobiernos deben cooperar, y no sólo competir, para evitar la carrera a la baja de los impuestos y los salarios de los trabajadores y trabajadoras, que sólo benefician a la minoría más rica. Se deben garantizar salarios dignos, controlar los topes mínimos y máximos tanto de salarios públicos como privados, y armonizar al mínimo común digno el nivel de rentas básicas, pensiones y cualquier otro tipo de prestación. La legislación debe proteger al trabajador/a frente a la precariedad, y en ese sentido, una Renta Básica Universal (RBU) es un elemento clave de protección y garantía para evitar la pobreza, y reducir los escandalosos niveles de desigualdad, proporcionando a los trabajadores una interesante caja de resistencia frente a situaciones de desempleo, conflictos laborales o períodos de inactividad. Así mismo, se debe volver a recuperar la función del Estado como último garante del empleo estable y con derechos, potenciando planes de Trabajo Garantizado que recuperen y dignifiquen la función social del mismo, así como fomentan los trabajos de rentabilidad social. 

 

3.- Las empresas deben trabajar para todos, no únicamente para sus propietarios y accionistas, y para ello deben pagar salarios justos y dignos. En efecto, que las empresas trabajen para todos implica una mayor concienciación y responsabilidad social de las mismas, situación de la cual estamos a años luz de distancia. Necesitamos profundas reformas empresariales (que no laborales) para transformar no sólo nuestros modelos productivos, sino la propia filosofía empresarial, profundamente imbuida en los peligrosos e insolidarios valores del neoliberalismo. En ese sentido, pensamos que el actual modelo laboral ha sido pieza esencial del modelo productivo al que hemos estado sometidos durante las últimas décadas, modelo que ha demostrado ser totalmente depredador con el empleo, con los recursos naturales, y con la redistribución de la riqueza. Hay que acabar con el modelo de relación laboral actual, que funciona bajo unos parámetros bien definidos: salarios bajos, gran índice de temporalidad, escasa protección social, un elevado porcentaje de economía sumergida, y unos procesos nada transparentes de la clase dirigente empresarial hacia la clase trabajadora. Hay que evolucionar hacia los parámetros del empleo digno, así como hacia niveles de participación y de democracia interna en las empresas. 

 

4.- Las personas más ricas deben contribuir de manera más justa a la sociedad, pagando los impuestos que les correspondan, sin recurrir a los paraísos fiscales ni beneficiarse de injustos privilegios. Recomiendo a los lectores y lectoras la lectura del primer bloque temático de esta serie de artículos, dedicado en exclusiva a los ricos y poderosos, y a toda la reacción y arquitectura social que les rodea, para comprender mejor cómo podemos y debemos cambiar la orientación política, social y económica hacia estos personajes. Básicamente, debemos desmontar el injustificado culto que a ellos/as dedicamos, debemos dejar de tomarlos como referentes, debemos eliminar todos los sistemas de patrocinio, mecenazgo, filantropía o demás tipos de donaciones donde los más ricos proyecten sus beneficios para contribuir al desarrollo de una sociedad creada bajo su prisma, y debemos implementar toda una serie de medidas para que los más ricos contribuyan en su justa medida al desarrollo equitativo de la sociedad donde viven: mayor control sobre su riqueza, escrupuloso y justo pago de impuestos en relación a sus fortunas y patrimonios, y desmantelamiento de todos los sistemas que permiten hoy día que estos personajes puedan ocultar o evadir sus riquezas al sistema fiscal. 

 

5.- La equidad entre hombres y mujeres es clave, las mujeres deben tener las mismas oportunidades que los hombres, y las barreras que existen para su progreso deben ser eliminadas. Desde este punto de vista, también debemos ir reduciendo la desigualdad de género, manifestada de múltiples formas bajo el modelo patriarcal dominante, tales como la desigualdad económica (división sexual del trabajo, feminización de la pobreza, brecha salarial, etc.) y los comportamientos y actitudes machistas (el micromachismo, la cosificación de la mujer, la violencia de género, etc.). Sólo desde el convencimiento de que hay que gobernar por igual para ambos sexos, será posible una educación desde la base para fomentar la igualdad entre sexos, así como la plena integración de la mujer en la sociedad, y una valoración social igualitaria de hombres y mujeres. 

 

6.- La tecnología, que posee un importante potencial para transformar nuestras vidas, se debe aprovechar para el 99% de la población, y no para aumentar las desigualdades. En efecto, las TIC y las Nuevas Tecnologías forman ya parte de nuestras vidas, tanto laboral como cotidiana. Nuestras relaciones sociales se han revolucionado con el uso de la tecnología, bajo nuevos modos y formas de utilizar y acceder a la información. Acciones y decisiones cotidianas se valoran en nuestros tiempos gracias a la tecnología de un modo casi inmediato. La tecnología ha revolucionado la educación, y prácticamente todos los campos del conocimiento humano. En los países desarrollados, el acceso a Internet es una realidad social cotidiana y universal. Sin embargo, muchas sociedades aún disponen de grandes porcentajes de su población sin una alfabetización digital básica que les permita no sólo comprender el funcionamiento de las nuevas tecnologías, sino también obtener de ellas todo su rendimiento y capacidades. 

 

7.- Se tiene que valorar y medir lo que es realmente importante para el progreso de la Humanidad, y por tanto, resulta necesario ir más allá de los clásicos indicadores como el PIB, que no tienen sensibilidad ni por la redistribución de la riqueza, ni por la sostenibilidad ambiental. Precisamente, la fabricación y elección de buenos indicadores estadísticos y de reparto y evolución es imprescindible si queremos obtener una radiografía social lo más completa y justa posible. Y desde ese punto de vista, hay que ir abandonando los indicadores que se han utilizado hasta ahora de forma mayoritaria, para ir migrando a otros tipos de indicadores que sean más fieles para la consecución de los objetivos sociales que pretendemos conseguir: los índices y coeficientes de desigualdad, los niveles de reparto, los índices de evolución de calidad de vida, de calidad ambiental, de integración y cohesión entre las diversas capas sociales, etc. Continuaremos en siguientes entregas. 

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