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5 octubre 2017 4 05 /10 /octubre /2017 23:00
Arquitectura de la Desigualdad (58)

Primero los bancos y especuladores nos endeudaron por décadas para acceder a una vivienda. Después, cuando en 2008 su burbuja económica colapsó, provocaron desempleo masivo y degradación de las condiciones de vida. Desde entonces más de 600.000 ejecuciones hipotecarias, de dudosa legalidad, han expulsado por la fuerza 200.000 hogares, sin importar la presencia de niños, mayores o dependientes. Muertos civiles, con cadena perpetua por aspirar con su trabajo a tener techo, luz y agua

Fragmento de un Comunicado de la PAH

Como ya señalábamos en nuestra última entrega, las privatizaciones son el gran cáncer que nos corroe (junto con la corrupción), pues son las responsables de que el gran trasfondo de las políticas que se ejecutan, cambien absolutamente su naturaleza, fundamentos y objetivos. En nuestro país, el Estado comenzó a desprenderse hace más de 30 años (bajo el Gobierno "socialista" de Felipe González) de sus bancos y de sus empresas de energía, telecomunicaciones y transportes. Como decimos, los Gobiernos del PSOE de González iniciaron el proceso (comenzando el declive del Estado del Bienestar, que nunca estuvo plenamente desarrollado en nuestro país), que tuvo su auge con el Gobierno del PP de José María Aznar, y que ha culminado en las recientes legislaturas del PSOE de Zapatero y del PP de Rajoy. Empresas otrora públicas como Seat, Telefónica, Argentaria, Repsol, Gas Natural, o más recientemente AENA, fueron pasando por estadíos donde el capital controlado por el Estado era cada vez menor. En su momento, el PP acometió las privatizaciones definitivas, bajo la puerta abierta que el PSOE le había dejado. En un tiempo récord de pocos años, pusieron en manos privadas la totalidad de los sectores estratégicos de nuestra economía, haciendo depender dichos suministros, bienes o servicios públicos básicos a la ciudadanía de que ésta pudiera o no pagarlos. La mercantilización copaba cada vez un mayor número de servicios y bienes públicos, o bien suministros básicos, y los derechos humanos se iban resintiendo. En palabras de Ana Tudela, autora de la trilogía "Privatizaciones: como si no hubiera un mañana": "En cuestión de meses, los representantes del sector público salieron de los Consejos de Administración de Endesa o Telefónica, las empresas que daban luz y telefonía a los ciudadanos, dejando como único objetivo de los gestores desde ese momento uno: aumentar su beneficio". 

 

Al mismo tiempo, la gran banca privada (de la que hablaremos con más calma antes de finalizar este bloque temático) fue introduciendo su poder en las grandes empresas privatizadas, hasta convertirse en un núcleo duro participando en el accionariado de todo ese entramado económico que gobernaba al país. De este modo, las entidades financieras se convirtieron en pieza clave del poder empresarial en nuestro país. Por ejemplo, BBVA tomó posiciones en Telefónica, Repsol, Iberdrola, Acerinox, Gamesa, Gas Natural, Iberia o Sogecable. Por su parte, el Santander tejió su red de participaciones industriales centrándose en aquélla segunda mitad de los años '90 en Endesa, Vodafone, Cepsa, Unión Fenosa, Retevisión, u Ono. Hoy día, una regla de oro que podemos observar en nuestra economía (no sólo a nivel nacional, sino internacional) es que detrás de cualquier gran empresa que controle un sector estratégico, está la banca. Y una vez en la órbita de la privatización, las empresas (junto con los Gobiernos y la banca) fueron colocando en sus cargos directivos a personas "de su confianza", en realidad amigos o personas de enorme afinidad ideológica, a quienes se encargaba el crecimiento de dichas empresas a costa de lo que fuere. Y así, nombres como Francisco González, Juan Villalonga, César Alierta, Alfonso Cortina, Miguel Blesa, y otros muchos, fueron puestos al frente de dichos buques insignia de nuestra economía. Al mismo tiempo que todo esto se iba desarrollando, se fue instalando en el imaginario colectivo (como otra práctica de aceptación de las reglas del capitalismo) una especie de "capitalismo popular", consistente en hacer participar al conjunto de la ciudadanía del gran capital de algunas empresas. En palabras de Ana Tudela: "Al ciudadano de a pie se le ofrecía probar las mieles del mercado comprando un puñado de acciones que le convertían en propietario de lo que un día antes le pertenecía, aunque sólo como parte de ese difuso fondo común que es la propiedad pública. Ahora podía crecer en su bolsillo".

 

De este modo, la arquitectura de la desigualdad no solamente se iba proyectando, sino que además, se iba legitimando por una gran parte de la ciudadanía. Y así, las prácticas populares de entrada en el accionariado de las empresas (aunque fuera simbólicamente) se fueron extendiendo, proliferaron los anuncios publicitarios sobre estas prácticas, y aquélla práctica se fue extendiendo como la pólvora, constituyendo el germen del estallido de muchos fraudes colectivos que aún hoy nos salpican, como los de Fórum Filatélico o Afinsa. La órbita privatizadora concede también una estela de impunidad, germen también (unido a la falta absoluta de democratización en su seno, es decir, en sus estructuras y funcionamiento) de las terribles prácticas llevadas a cabo por estas empresas, sobre todo por la banca (estafas, participaciones preferentes, planes privados de pensiones, desahucios, y un largo etcétera). Y aún se daban otros efectos perversos, como el que destaca Rafael Pampillón: "Con el capitalismo popular se evita la posibilidad de una nacionalización futura de la empresa privatizada, puesto que sería una medida que perjudicaría a un gran número de ciudadanos". En efecto, es como si hubiésemos sembrado la semilla de la privatización en cada uno de esos pequeños accionistas, por lo cual, a partir de ese momento, se sienten parte de ese proyecto empresarial, que no les pertenece, pero que hacen igualmente suyo, como una defensa de sus propios intereses. En el fondo, estamos instalando en el imaginario colectivo la semilla de esos peligrosos valores del neoliberalismo (individualismo, egoísmo, competitividad, etc.), y denigrando la valoración de lo público. Una gran parte de la sociedad iba asumiendo los mantras neoliberales que argumentan que el Estado debe reducir su tamaño, no debe ser intevencionista ni "dirigista", etc., aunque como luego se ha demostrado con el estallido de la crisis hace una década, las empresas acuden al "Papá Estado" para que las rescate cuando lo necesitan. 

 

Hoy día los grandes sectores económicos y estratégicos del país no sólo están en manos privadas, sino que además constituyen peligrosos monopolios u oligopolios. Ello incide en que los servicios que prestan estas grandes empresas (para las cuales somos "consumidores" o "clientes") han encarecido diabólicamente sus precios, además de disminuir (con la inestimable ayuda de las nuevas tecnologías) la calidad de su servicio a la población. Y a nivel interno, ha servido no sólo para engordar el fenómeno de las "puertas giratorias", sino también para reducir personal de forma abrumadora (a base de gigantescos ERE que ponen de patitas en la calle a miles de empleados),  y para disparar la desigualdad social. Las proclamadas "bondades" de la privatización han resultado ser un bulo de gigantesco tamaño, que está minando las bases democráticas de nuestra sociedad. Las privatizaciones cumplen además el efecto y la consecuencia esperada que venimos denunciando desde nuestros primeros artículos de esta serie, que consiste en que estos grandes poderes económicos despliegan tanta influencia que imponen sus políticas sobre Gobiernos y representantes públicos, y hacen muy difícil ir migrando y evolucionando, por ejemplo, hacia políticas energéticas basadas en las fuentes renovables, o hacia modelos de banca pública. El poder de estas enormes corporaciones privadas y su intrincada trama de intereses se interpone con los objetivos de unos modelos de sociedad más justos y sostenibles, de ahí que se vuelva una imperiosa necesidad el tener que recortar su tremendo poderío. Pero en vez de ello, la estrategia privatizadora continúa, existiendo planes en este sentido, por ejemplo, para Renfe o Correos, que ya han recorrido cierto camino. Necesitamos, como parte de las medidas para revertir la tremenda desigualdad, devolver de nuevo al control público los bienes y servicios controlados por estas grandes empresas, para situarlas en el contexto de la justicia social, y poder eliminar gran parte de sus injustas prácticas, que condenan a la exclusión a miles de personas. 

 

Para ir demoliendo los parámetros que nos han traído a esta arquitectura social de la desigualdad, necesitamos (en este ámbito de la privatización que estamos considerando en esta entrega) que el Estado actúe para contribuir a los intereses de la sociedad en su conjunto. Necesitamos devolver a las arcas públicas (mediante procesos de desprivatización, nacionalización e incluso expropiación) la gestión y el control de sus actividades, para instaurar sistemas y procesos públicos, universales y gratuitos en relación a bienes, suministros y servicios que satisfacen derechos humanos fundamentales. Hoy día el fenómeno ha llegado a tales niveles de perversión que es absolutamente imprescindible revertir la propiedad del gran capital a manos públicas. Es necesario abordar el problema desde múltiples puntos de vista, contribuyendo también a ir reduciendo esos valores presentes en gran parte de la población, que consideran el ámbito privado como "mejor gestor" que el público, y que demonizan la iniciativa pública, el poder político en sí mismo, y que abrazan la iniciativa privada y sus perversiones como la mejor opción. Hemos de convencer demostrando que la iniciativa y el control público (comunitario, democrático) son la única solución para evitar la infinidad de problemas que nos está trayendo desde hace décadas la ola privatizadora, desmontando sus falacias e instalando una nueva cultura de lo público asentada en los valores de la cooperación, la solidaridad, el bien común y el reparto de los beneficios como nuevos valores sociales. Sólo así la arquitectura de la desigualdad podrá ser poco a poco desmontada. A partir de la próxima entrega, y como recta final de este bloque temático, consideraremos más a fondo el paradigmático caso de la banca, como perverso modelo a desmontar por sus terribles prácticas de cara a la ciudadanía. 

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4 octubre 2017 3 04 /10 /octubre /2017 23:00
Contra los Tratados de Libre Comercio (50)

Cuando me despierto por la noche y pienso en el sistema de arbitraje, nunca deja de sorprenderme que Estados soberanos hayan aceptado cualquier forma de arbitraje con inversores (…). Se les da el poder a tres personas privadas para que revisen, sin ningún tipo de restricción o procedimiento de apelación, todas las acciones del gobierno, todas las decisiones de la justicia y todas las leyes y reglamentos provenientes del parlamento

Juan Fernández-Armesto (árbitro español)

En el último artículo de esta serie nos quedamos hablando sobre el ALBA, como un claro ejemplo de alternativa a los TLC. Comentamos allí sus características, claramente enfrentadas y opuestas a los objetivos que persiguen los tratados actuales, como el CETA, el TPP, el TISA, etc. El ALBA sobre todo tiene claro que la intervención estatal es absolutamente necesaria, ya que sin una clara intervención pública dirigida a reducir las disparidades, desequilibrios y asimetrías entre los diferentes países firmantes del tratado, la libre competencia entre desiguales no puede conducir sino al empoderamiento de los más fuertes en perjuicio de los más débiles. Los tratados comerciales, lejos de estar enfocados a la obtención de más beneficios por parte de las transnacionales, deben estar enfocados hacia la integración regional, que revierta en beneficio para las poblaciones locales y regionales, y está claro que ello requiere una agenda económica definida por los propios Estados soberanos, representantes de sus pueblos, fuera de toda nefasta influencia de los organismos internacionales como la OMC (ya comentada a fondo en artículos anteriores). Y además, ALBA es mucho más que un tratado comercial. En su seno se han creado y difundido proyectos de integración regional que han servido para contribuir a la fraternidad y la cooperación entre sus diferentes países, tales como medios de comunicación (Telesur), entidades financieras (Banco del ALBA), monedas virtuales (el SUCRE), o empresas extractivas (Petrocaribe), entre otros. Gracias al ALBA, ha sido posible alcanzar hitos de integración regional latinoamericana nunca antes vistos, así como confraternizar a sociedades y pueblos hermanos bajo objetivos comunes. 

 

Por tanto, existen y se han probado fehacientemente otras alternativas más beneficiosas a los actuales estándares en tratados de libre comercio, y a ellos nos remitimos. Unas alternativas que parten del respeto a la soberanía popular, que se orientan al desarrollo de los pueblos, que respetan el medio ambiente, que no colocan como objetivo fundamental el incremento de los beneficios empresariales, que incrementan los servicios públicos, que expanden la democracia, y que sirven como verdaderas herramientas de integración regional. Se ha demostrado que la simple apertura de fronteras comerciales (en realidad, apertura hacia la libre circulación de capitales, productos, bienes y servicios) no basta, ni mucho menos, para traer prosperidad a los pueblos implicados. Más bien al contrario, la desregulación salvaje de los mercados han traído las recientes crisis y han socavado las democracias populares, incidiendo en un empeoramiento en la calidad de vida del conjunto de la ciudadanía. Este, por tanto, no es el camino correcto. Pero están claras las alternativas. Si queremos construir acuerdos comerciales justos y equilibrados, respetuosos hacia la democracia y la justicia social y ambiental, es urgente replantearse las reglas de juego impuestas por los grandes agentes económicos. Y es preciso escapar de la perversa lógica comercial impuesta por los grandes organismos internacionales. Hay que variar las reglas y los objetivos. Debe entenderse que el comercio internacional, así como el conjunto de la economía, están al servicio del ser humano y de la naturaleza, y no al contrario. Por eso, la vida, la salud, el trabajo o la alimentación no deberían estar sujetas a los mercados. Existen unos mínimos vitales que tenemos que respetar, si pretendemos mínimamente garantizar sociedades justas y sostenibles. Los servicios públicos, el acceso al agua, la seguridad alimentaria, o la obtención de medicamentos vitales a precios asequibles, entre otros, son objetivos irrenunciables. 

 

Necesitamos también otros enfoques frente a algunos asuntos. Por ejemplo, hemos de considerar a la agricultura y la alimentación no sólo como fuente de nutrición, sino también como verdaderos pilares donde se asientan comunidades, culturas, civilizaciones y ambientes rurales y urbanos justos y saludables. Y para ello, la soberanía en todos estos aspectos es un objetivo irrenunciable. Quizá la soberanía alimentaria sea un ejemplo paradigmático de lo que decimos: esta soberanía alimentaria ha de ser entendida como el derecho de cada pueblo a decidir sobre sus propias políticas agropecuarias, y a proteger la producción de alimentos locales, regionales y nacionales en sus mercados, a fin de alcanzar metas de desarrollo sostenible, precios justos y razonables, y garantizar su autosuficiencia. Asímismo, los tratados comerciales han de situar como metas la erradicación de la pobreza y de la exclusión social, en vez del enriquecimiento de las empresas. En el horizonte de los TLC no debe situarse la expansión de las grandes transnacionales y su ingente poderío, sino el respeto a los derechos humanos, de los animales y de la propia naturaleza, y la integración beneficiosa de los pueblos. Cambiar estas reglas del juego, reorientar las políticas y los objetivos de los actuales TLC exige incrementar, como ya se está haciendo, la enorme presión social necesaria para invertir la situación, cambiar la correlación de fuerzas, empoderar a la ciudadanía y a los pueblos, y apoyar propuestas alternativas para demostrar que otro mundo es posible, que otras relaciones comerciales son posibles, que otras normas y objetivos son posibles. 

 

No podemos permitir que en secreto se estén negociando perversos tratados que amenazan la democracia y la soberanía de los Estados (mediante Consejos de Cooperación Reguladora, o Tribunales de Arbitraje), amenazan los servicios públicos (mediante su privatización salvaje), que amenazan la seguridad alimentaria (mediante la entrada de alimentos transgénicos, eliminación de información en el etiquetado, eliminación del principio de precaución, eliminación de las denominaciones de origen...), amenazan el clima y la energía limpia (mediante el incremento de las actividades extractivas, el desprecio hacia los efectos del cambio climático, la potenciación del fracking...), amenazan el medio ambiente y la agricultura (mediante la pérdida de biodiversidad, la reducción de la agricultura y ganadería ecológicas, el aumento de las emisiones de CO2 a la atmósfera...), amenazan los derechos sociales y laborales (mediante la armonización a la baja de las legislaciones, limitación de derechos fundamentales, pérdida de puestos de trabajo, pérdida de mercado para las pymes, devaluación salarial y dumping social...), amenazan la privacidad y el control de datos personales (mediante un mayor acceso a los mismos por parte de las multinacionales, impactos negativos sobre la libertad de expresión, o aumento de los derechos sobre la propiedad intelectual...), amenazan a la salud pública (mediante el reforzamiento de las patentes en contra de los genéricos, y por tanto, mercantilización de la salud, opacidad de los ensayos clínicos...), amenazan la transparencia y la participación ciudadana (mediante el silencio de los medios de comunicación y los partidos políticos, o la ausencia de participación en las negociaciones del resto de actores y representantes de la sociedad civil, como sindicatos, movimientos sociales...). Podríamos continuar. Remitimos a los lectores y lectoras a los artículos anteriores de la serie, donde nos hemos detenido profundamente a explicar cada uno de los peligros de estos TLC.

 

Necesitamos alternativas que vayan y se orienten por otros caminos. Lejos de instalar democracias de excepción, globalización neoliberal y estrecho margen de maniobra para los Gobiernos, hemos de avanzar hacia instrumentos de liberación comercial e integración justa y equitativa de los pueblos. Necesitamos reorientar los actuales procesos de mercantilización de la naturaleza, de desprecio hacia el mundo animal y hacia la sosteniblidad, y de ninguneo hacia la democracia. Ya es hora de poner freno a la irracional codicia desmedida de las grandes empresas, de reducir y controlar su poder, de impedir sus graves tropelías internacionales. Ya es hora de poner freno a la despiadada comercialización con la salud humana, de controlar las actividades y los objetivos de las grandes empresas farmacéuticas, y de impedir el libre albedrío de los gigantes de la alimentación mundial. Ya es hora de poner freno al control privado de las semillas, y a la ola privatizadora desenfrenada e irracional. Ya es hora de controlar y reducir las amenazas constantes a nuestra soberanía como pueblos, de hacer que se respete la democracia, y de reducir la presión y la opacidad con la que estos perversos acuerdos se negocian, así como los actores que intervienen. Ya es hora de poner freno a las terribles dinámicas capitalistas que nos llevan al desastre. Ya es hora de interceptar la indecente labor de estos grandes agentes del mundo económico, y de impedir que su desmedido afán de lucro y riqueza personal puedan destruir las grandes conquistas de las sociedades más justas y equilibradas. Ya es hora de tumbar el control corporativo, de hacer desaparecer los organismos internacionales que imponen sus normas, de ejercer una resistencia eficaz y sostenida, de proponer alternativas y de llevarlas a la práctica. Ya es hora de diseñar otro mundo comercial. Ya es hora de reaccionar. Ya es hora de organizar la ofensiva popular contra los TLC. Continuaremos en siguientes entregas.

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3 octubre 2017 2 03 /10 /octubre /2017 23:00
Hacia la superación del franquismo (43)

¿Se atrevería nuestro Rey a defender la misma impresentable equidistancia entre nazis y aliados que la que mantuvo entre demócratas y franquistas durante su mensaje de Nochebuena? ¿Osaría Felipe VI acusar a los descendientes de los judíos gaseados en Birkenau de querer reabrir heridas por intentar honrar la memoria de sus víctimas? ¿Haría Campofrío un anuncio navideño equiparando a un SS con una guerrillera de la Resistencia o con un seguidor del Bayern de Munich? ¿Emitiría Telecinco una serie humanizando a Heinrich Himmler? ¿Seríamos capaces de tener enterrado en un enorme mausoleo, cuidado por monjes benedictinos, a Adolf Hitler? ¿Toleraría nuestra Justicia una fundación que llevara el nombre del Führer?

Carlos Hernández

Nuestro país sigue apestando a franquismo. Sigue desprendiendo un olor a cloaca fascista. Sigue cultivando una cultura popular intolerante. Sigue abrazada a un régimen abominable. Los ejemplos se pueden contar por cientos, por miles. Los protagonistas, también. En el artículo anterior finalizábamos contando que el Comisionado para los Derechos Humanos del Consejo de Europa, en 2016 (es decir, diez años después de haber elevado sus primeras recomendaciones) continuaba reprochando a España su inacción ante tan vergonzoso asunto. Aún con la Ley de Memoria Histórica de 2007 en vigor, la pasividad de nuestros gobernantes es pasmosa e indecente. Hoy día, las cunetas siguen llenas de republicanos, y sólo Argentina investiga los crímenes del franquismo, en el contexto de una querella colectiva que es torpedeada por el Gobierno español a cada paso. Entre otras cosas, el Comisionado reprochó a España que la Ley de Memoria dejara en manos de las familias los procesos de búsqueda, exhumación e identificación de los desaparecidos, que el alcance de la misma siga siendo limitado y su aplicación deficiente por falta de presupuesto (Rajoy se jacta públicamente de haber dedicado "0 euros" a esta Ley, mientras se desgañita ordenando a los demás que las cumplan). En fin, todo un despropósito humano y democrático. Una asignatura pendiente de la que, si nos examináramos mañana, obtendríamos de nuevo un ·"muy deficiente". Todas las recomendaciones son desoídas, ignoradas y silenciadas. Y eso está en concordancia con ese caldo de cultivo social, con ese "franquismo sociológico" que tantas veces hemos denunciado en esta serie de artículos. 

 

Nos lo han dicho desde la comunidad internacional por activa y por pasiva. El Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas de la ONU (del que también hemos hablando en alguna entrega anterior) instó a España en 2014 a realizar un plan nacional de búsqueda de desaparecidos. Pidió que los jueces se personaran en las fosas comunes y se investigaran de oficio todas las desapariciones forzadas ocurridas durante la dictadura. Apremió a que se proporcionaran los fondos adecuados para que la Ley de Memoria Histórica pueda aplicarse, y que se cumplan, entre otros, los artículos relativos a la retirada de símbolos, reconocimientos, monumentos, dedicatorias y vestigios franquistas. Solicitó que se creara un banco de ADN y se investigaran los casos de niños robados. Insistió en la creación de una Comisión de la Verdad, y por último, reclamó a España que colabore con la justicia argentina en la causa que investiga los crímenes de la dictadura. Pero por enésima vez, el Gobierno obvia estas recomendaciones, y se limita a decir que la Transición y la Ley de Amnistía estuvieron basadas en el "olvido y el perdón". Pero aún hay más. Tal y como nos cuenta Alejandro Torrús en su artículo para el medio Publico que estamos tomando como referencia, en marzo de 2015, ante la reiterada política de impunidad del Gobierno del Partido Popular, cuatro expertos de Naciones Unidas (el Relator Especial sobre las Ejecuciones Extrajudiciales o Arbitrarias, Christof Heyns; el Presidente del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas, Ariel Dulitzky; el Relator Especial sobre la Tortura, Juan E. Méndez, y el Relator Especial sobre la Promoción de la Verdad, la Justicia y la Reparación, Pablo de Greiff), redactaron un contundente comunicado contra la decisión del Gobierno español de no extraditar a Argentina a los 17 franquistas que están imputados en la causa judicial que investiga los crímenes de la dictadura. La magistrada María Servini de Cubría les imputa posibles crímenes de lesa humanidad. 

 

Pero el Gobierno les protege. Pone todos los palos en la rueda de la justicia que puede. Interpone todas las herramientas jurídicas a su disposición, y alega todos los rancios y vacíos argumentos de que son capaces con tal de que la querella argentina no prospere. El mismo Comité de la ONU ha advertido al Gobierno que los actos de tortura, incluidas las desapariciones forzadas, ni prescriben ni pueden ser amnistiados, y urgió al Estado a adoptar todas las medidas necesarias para asegurar que este tipo de delitos sean debidamente investigados y enjuiciados, y que las víctimas sean resarcidas. ¿No casan todas estas medidas y actitudes con el relato que venimos exponiendo en esta serie de artículos? ¿No nos demuestra que para la superación plena del franquismo hemos de desmontar el régimen surgido de la Constitución de 1978? ¿No es claro y evidente que todo obedece a una misma concepción del Estado postfranquista? ¿Es que acaso no hemos demostrado que la Monarquía (primero con Juan Carlos, y ahora con Felipe) es un régimen a todas luces ilegal y golpista? ¿No explica todo esto las actitudes, reacciones y pensamientos de una parte de nuestra sociedad? ¿Comprendemos ahora las bases del franquismo sociológico latente aún en nuestro país? Es absolutamente imposible, con los mimbres actuales que sostienen nuestra vida política, social y económica, desmontar plenamente el franquismo. Porque esa pervivencia del régimen dictatorial fue asegurada por la correlación de fuerzas que se mantiene hoy día. De todos aquéllos polvos, sufrimos hoy día todos estos lodos que conocemos: una Jefatura del Estado impuesta y hereditaria. Una Constitución anacrónica, insuficiente y limitada, que vulnera la democracia y beneficia los intereses de los mercados. Una Constitución intocable precisamente para garantizar los privilegios de la clase dominante, y el régimen que la sostiene. 

 

Pero aún hay más factores que constituyen estos mimbres: una Ley Electoral que es injusta y favorece y refuerza el bipartidismo. Un pueblo que no disfruta ni ejerce su soberanía, ni dispone del poder popular para llevar a cabo iniciativas legislativas populares o referémdums vinculantes para los grandes asuntos que les conciernen, sin que éstos tengan que pasar por la censura del Congreso de los Diputados o del Senado. El conflicto en Cataluña es un perfecto ejemplo para entenderlo todo: frente a un pueblo que sólo pide votar en referéndum sobre su futuro encaje en el resto del Estado Español, se enfrenta todo el potencial represor del Estado, delimitando claramente los síntomas de un Estado de Excepción (sin reconocerlo, claro está). Y aquí también se muestra el franquismo sociológico en todo su esplendor: remito a mis lectores y lectoras a este artículo, que relata los gritos de "Yo soy español", y "¡A por ellos! Oe" proclamados por la muchedumbre que se agolpaba para despedir a los Guardias Civiles que partían como refuerzo a Cataluña, para apoyar la labor represora de los Mossos d'Esquadra. Estamos por tanto muy lejos de superar el franquismo, tanto política como sociológicamente. Es así de triste. Nuestra sociedad aún necesita grandes dosis de madurez y cultura democrática para asumir ciertos postulados, y comprender las verdaderas raíces de nuestras actitudes y pensamientos. No obstante, y afortunadamente, blogs y medios de comunicación alternativos se esfuerzan cada día en extender y difundir la semilla de la tolerancia, de la libertad, de la democracia, de la verdad, de la justicia social y de la igualdad, en una carrera de fondo que estamos convencidos de que ganaremos. Cada uno ponemos nuestro granito de arena, blogueros, periodistas, historiadores, etc., para intentar contrarrestar la tremenda fuerza del pensamiento dominante, y desmontar sus torticeras mentiras y sus crueles manipulaciones. 

 

El colmo de los colmos lo pone la existencia de asociaciones, fundaciones u organizaciones de la sociedad civil que apuestan por mantener y defender el ideario franquista, y realizan una defensa a ultranza de la figura del dictador, así como de la importancia de su "cruzada". De entre todas ellas, quizá la más conocida y paradigmática es la propia fundación que lleva su nombre: la Fundación Nacional Francisco Franco. Recientemente ha vuelto a salir a la palestra pública en relación a la gestión de las visitas del Pazo de Meirás, que ha suscitado bastante polémica. Los integrantes de esta Fundación defienden la figura del dictador como "un gran estadista". Pero cualquier asesino que llega al poder no es un estadista, es, simple y llanamente, un asesino. Nos cuentan por ejemplo sus "logros" sociales, y el fomento y desarrollo de una serie de infraestructuras públicas que se construyeron durante la dictadura. Y nosotros nos preguntamos: ¿Qué grado de indecencia moral hay que tener para poner por delante de los fusilamientos franquistas el hecho de que ordenara construir numerosos pantanos? Los dirigentes de esta Fundación han llegado a afirmar sin despeinarse que "Franco no fusilaba". Como se ve, es muy fácil rebatir sus indecentes argumentos. Pero aún siguen, brazo en alto y respondiendo con energía altanera a cuantos políticos, medios de comunicación u organizaciones sociales se les enfrenten. En esa respuesta pueden leerse párrafos como el siguiente en relación a la Ley de Memoria Histórica: "Esa ley fue implantada por el PSOE con la ayuda de sus socios de un entonces incipiente nuevo Frente Popular, para tratar de reescribir la historia, equiparar a los criminales con las víctimas inocentes y condenar como criminales a quienes salvaron a la Iglesia Católica y a España de desaparecer bajo el yugo de la bota comunista soviética". Sin comentarios. Como ya hemos señalado en entregas anteriores, en nuestro país el enaltecimiento del franquismo no es delito, por lo cual, organizaciones de esta perversa naturaleza pueden existir sin ningún problema. Así nos va. Continuaremos en siguientes entregas.

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2 octubre 2017 1 02 /10 /octubre /2017 23:00
Apostasía

Buena parte de la ciudadanía, al alcanzar la mayoría de edad, se encuentra formando parte de una organización religiosa que jamás han escogido y que no se corresponde con sus ideas. Fue “bautizada” por el mero hecho de haber nacido en un país con determinadas costumbres. Es algo que no pudieron decidir en su momento y que les ha obligado a formar parte de una institución que, por una razón o por otra, simplemente no les representa. Porque, aunque sean personas ateas convencidas, o agnósticas, el hecho de estar bautizadas les mantiene como parte del "colectivo" católico

Fragmento del artículo de las autoras citadas

El medio digital Rebelion acaba de publicar recientemente un fantástico artículo, titulado "Apostasía", escrito conjuntamente por Obdulia Díez Álvarez (de la asociación León Laica), Encina Gutiérrez Iban (de Comisiones Obreras), Marta Madruga Bajo (de Flora Tristán), Ana Para Carmuega (de Podemos), Eloina Terrón Bañuelos (de Izquierda Unida), y Jean Pierre Lohrer (de Anticapitalistas). Rescatan, como evidencia su título, el interesante y poco tratado asunto de la apostasía, aportando claridad y puntos de vista muy significativos. Considerando por tanto muy interesante este tema, poco divulgado y menos practicado por el conjunto de la ciudadanía que no sigue los postulados de la Iglesia Católica, vamos a reproducir a continuación el contenido integral de dicho artículo, cumpliendo con la función eminentemente divulgativa de nuestro Blog:

 

“La verdad os hará libres”. Por eso pedimos a la jerarquía católica de León, que en aras de la verdad y de la libertad, facilite como en Finlandia tramitar el derecho de apostasía por Internet. Es decir, que toda persona, en el ejercicio de su derecho a la libertad de culto, que recoge la Constitución Española y los derechos humanos, pueda dejar constancia con total libertad que no quiere formar parte de esta organización y no quiere que ésta utilice su pertenencia para sus fines.

 

La Iglesia Católica y otras confesiones cristianas se aprovechan de una tradición secular, como es la celebración de los nacimientos, para incrementar de forma ilegítima su implantación social. En la mayoría de nuestra geografía, especialmente en zonas rurales, sigue estando mal visto no bautizar a la criatura recién nacida. Pero el bautizo católico no es una simple celebración, es un “sacramento” que presupone el ingreso en una comunidad religiosa.

 

Buena parte de la ciudadanía, al alcanzar la mayoría de edad, se encuentra formando parte de una organización religiosa que jamás han escogido y que no se corresponde con sus ideas. Fue “bautizada” por el mero hecho de haber nacido en un país con determinadas costumbres. Es algo que no pudieron decidir en su momento y que les ha obligado a formar parte de una institución que, por una razón o por otra, simplemente no les representa. Porque, aunque sean personas ateas convencidas, o agnósticas, el hecho de estar bautizadas les mantiene como parte del "colectivo" católico.

 

La apostasía es el acto de darse de baja de la Iglesia Católica. Implica que se deje constancia, en los registros, que no formamos parte de esta organización. La apostasía sería una especie de “desbautismo”. Con la apostasía nadie renuncia a creer en lo que cada persona quiera, sea Jesús de Nazaret o que hay una divinidad, sino que deja constancia únicamente que no quiere pertenecer a la organización de la Iglesia Católica y no quiere que ésta se aproveche de su pertenencia para sus intereses.

 

Apostatar es un derecho que tiene cualquier persona católica en base a la libertad de culto que recoge la Constitución Española y, como tal, se puede ejercer con total libertad. Solo afecta a su condición de católico o no católico. No supone ningún ataque a la Iglesia. Respecto a la Iglesia, el efecto es solo estadístico, ya que pierden un adepto. Por otra parte, la Ley Orgánica 1/2002 del 22 de marzo, que regula el Derecho de Asociación, estipula que “nadie puede ser obligado a constituir una asociación o a permanecer en su seno”. Incluso el propio Código Canónico señala en sus cánones 1.086 y 1.024 que la apostasía se debe realizar mediante acto formal. De ello se desprende que apostatar no es algo inventado, sino que son la propia Iglesia Católica y nuestra Constitución las que regulan dicho acto.

 

Actualmente la Iglesia católica intenta poner trabas para apostatar, dependiendo claro está del obispado/arzobispado que te toque. No es como en Finlandia, por ejemplo, donde te facilitan tramitar la apostasía por Internet. Para hacerlo en España se tiene que rellenar una carta en la que se exprese que “me sea reconocida por la Iglesia Católica la condición de apóstata, dejando de contarme entre sus fieles y de considerarme católico a todos los efectos —incluso estadísticos—, e incluyendo la correspondiente anotación de apostasía en el Libro de Bautismos, el Archivo Histórico Diocesano y en cualesquiera otros registros eclesiásticos existentes. Asimismo, que me sea comunicada por escrito la resolución tomada con respecto a la presente petición”. Esta carta se envía, por correo certificado, a la sede de la diócesis a la que pertenezca el lugar de tu residencia, indicando en el exterior del sobre “Referencia: apostasía” y adjuntando una fotocopia del DNI.

 

Habitualmente la Iglesia te envía una declaración de abandono. Se pasa así a formar parte de la mayoría de la población en la que, según los datos del CIS, la proporción de católicos practicantes (23%) es muy inferior a la de ateos, agnósticos y católicos no practicantes (77%). Por lo demás, seguirás siendo la misma persona, ni mejor ni peor, aunque quizá más coherente con tus creencias. Pero hay que tener en cuenta que apostatar no equivale a ser una persona atea. También hay creyentes que apostatan porque, a pesar de creer en dios, no siguen los preceptos del catolicismo moderno. Es como el que anula su afiliación a un partido político que le defrauda: no por ello la persona deja de lado su ideología.

 

Hay suficientes razones para apostatar:

 

– No ser creyente: a la mayoría les bautizaron al nacer sin su consentimiento y ya como personas adultas no sienten atadura alguna a la religión o a la iglesia.

 

– Creer en dios de manera libre sin sentir ataduras hacia la institución de la Iglesia.

 

– Ideología ultraconservadora de la Iglesia: su posición extremista respecto a temas como el aborto, la homosexualidad, los métodos anticonceptivos, la abstinencia u otros preceptos implica que la ciudadanía se sienta cada vez más alejada de esta institución. También es sexista y patriarcal, y mantiene una ideología política que no comparten.

 

– Privilegios de la Iglesia: no estar de acuerdo con los privilegios jurídicos y fiscales que el Estado confiere a la Iglesia también es motivo para muchos para desligarse de dicha institución. La financiación de la Iglesia por parte del Estado que supone una sangría a los recursos públicos de 11.000 millones de euros anuales. Además, la Iglesia está exenta de pagar el IBI de sus inmuebles, se ha apropiado de más de 4.000 bienes públicos (como la Mezquita de Córdoba o el Monasterio de San Miguel de Escalada) gracias a las inmatriculaciones, cuenta con el privilegio de tener una casilla propia en la declaración de la renta y recibe millones de euros por los conciertos con centros educativos religiosos, por nombrar unos cuantos privilegios.

 

– Los escándalos públicos que sacuden a la Iglesia: los abusos sexuales a niños por parte de curas ya son de sobra conocidos y constituyen el ejemplo más sangrante, pero no es el único. En el seno de la Iglesia Católica ha habido casos de corrupción, de espionaje, de malversación de fondos, de robo de bebés con mojas como cómplices, de maltratos físicos a niños y un larguísimo etcétera. Están todos a un golpe de ratón.

 

Por eso apostatar es para esta parte de la ciudadanía que comparte algunas de estas razones la opción lógica y coherente para acabar con los lazos que les unen a la Iglesia Católica. Para que estas personas puedan regularizar su situación y evitar que ninguna confesión religiosa obtenga provecho de su pertenencia impuesta, es posible ejercer el legítimo derecho a la apostasía por coherencia con las propias convicciones. Para la Iglesia Católica toda persona bautizada es católica y está de acuerdo con sus doctrinas, y por lo tanto utiliza la cifra de personas bautizadas (muy alta porque el bautismo se transformó en una cuestión cultural) para imponer sus puntos de vista en la legislación. Si te han bautizado, no importa si criticas la institución católica. La jerarquía católica en tu nombre condena la interrupción voluntaria del embarazo, la eutanasia, la homosexualidad, boicotea los intentos del estado por generar una política de educación sexual, condena y se opone al uso y reparto de anticonceptivos, al divorcio. En nombre tuyo intenta censurar expresiones artísticas y gracias a tenerte entre sus integrantes, se asegura que el estado la sostenga y le otorgue privilegios especiales.

 

Es hora de que la iglesia católica practique aquello que predica: “la verdad os hará libres”. 

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1 octubre 2017 7 01 /10 /octubre /2017 23:00
Viñeta: Hugo Chávez y uno de sus pensamientos sobre la unidad cívico-militar

Viñeta: Hugo Chávez y uno de sus pensamientos sobre la unidad cívico-militar

Contrariamente al mensaje que se da en televisiones y prensa, el gran peligro para la libertad, no son sus “fabricados” terroristas de importación, inventados por sus servicios secretos, el gran peligro son los gobiernos, la derecha recalcitrante atrincherada en sus múltiples negocios corruptos despojando a las constituciones de sus garantías y a los ciudadanos de sus derechos y libertades. Han diseñado un mundo sin otra razón que el negocio especulativo y la voz de las bombas y los cañones matando inocentes

Lucas León Simón

Y precisamente por eso, por el motivo que apunta Lucas León en su cita de entradilla, no podemos permitir que nuestras Fuerzas Armadas, en general las FAS de cualquier país, continúen siendo cómplices de los planes de las élites gobernantes. De ahí nuestro mensaje de que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad se deban al pueblo, poniendo en práctica ese principio de la "Unidad Cívico-Militar" a la que hemos aludido en entregas anteriores. Necesitamos una revolución militar en este sentido, siguiendo las directrices que ya hemos señalado en las últimas entregas de esta serie, y necesitamos también una evolución hacia lo que podríamos denominar (así lo hacen los militares demócratas del Colectivo ANEMOI en su artículo de referencia, que estamos siguiendo aquí) "el militar ciudadano", es decir, una plena integración de los militares con los deberes y derechos del conjunto de la ciudadanía, sin ningún tipo de restricción. Veamos más a fondo en qué consiste dicho concepto. En un nuevo escenario republicano, los siguientes principios deben constituir los fundamentos de unas Fuerzas Armadas plenamente democráticas:

 

1.- El militar es un/a ciudadano/a con el derecho y la obligación de participar en el debate público con todas las garantías. El derecho a la libre expresión de los militares debe ser escrupulosamente respetado, siempre que no ponga en riesgo la ejecución de sus misiones operativas legalmente emprendidas. 

 

2.- Los militares no respaldan opciones políticas concretas, pero tienen el derecho y la obligación de apoyar, de palabra y por escrito, de forma pública, la libre expresión de la soberanía popular. Insistimos en que las Fuerzas Armadas se deben al pueblo, y este punto lo refrenda claramente. 

 

3.- Los presupuestos ideológicos sobre los que deben asentarse las nuevas Fuerzas Armadas son los del antifascismo (en cualquiera de sus variantes o manifestaciones), republicanismo, democracia popular, laicismo, pluralidad ideológica (excluyendo discursos de odio), y oposición a la utilización de la coacción, la amenaza o la fuerza contra el pueblo o cualquiera de sus representantes. 

 

4.- Jamás se recurrirá a la fuerza más que como una defensa ante la clara, evidente y flagrante agresión armada contra el pueblo que desea manifestarse libre y pacíficamente. Las FAS se deben al pueblo, al que deben defender en todo momento de cualquier tipo de amenaza, y no únicamente de la supuesta amenaza armada de cualquier otro Ejército extranjero, sino de cualesquiera otros tipos de amenazas, que también hemos expuesto en entregas anteriores (en general, cualquier amenaza a los derechos humanos fundamentales, de cualquier etiología).

 

5.- La desobediencia a las órdenes ilegales es un deber militar, y en consecuencia, es obligada en los casos de represión antidemocrática. Deben crearse los mecanismos que aseguren la depuración de responsabilidades en las órdenes ilegales, independientemente de la cadena de mando. Un caso actual lo tenemos en las aspiraciones del pueblo catalán a ser consultado: en casos como éste, las FAS (que se deben al pueblo y a sus libertades y derechos, como estamos repitiendo) deben proteger que el conjunto de la ciudadanía pueda expresarse con libertad en un referéndum. Evidentemente, no es asunto ni competencia de las FAS las vinculaciones o consecuencias que dicha consulta pudiera tener posteriormente (porque esa es ya una esfera política donde las FAS no deben entrar), pero sí garantizar siempre la libre expresión del pueblo, sin coacciones, restricciones ni amenazas. 

 

6.- Es preciso dotar a las FAS de mecanismos internos de supervisión democrática y de rendición de cuentas ante la ciudadanía. Las FAS se deben al pueblo, sus actuaciones y explicaciones también. Por tanto, es el pueblo quien debe fiscalizar y controlar sus actuaciones.

 

7.- Todos los servicios de información y espionaje del Estado deben ser sometidos al escrutinio soberano. Y así, todo tipo de escuchas, vigilancias, seguimientos, o cualquier tipo de intromisión en la privacidad o en el ámbito de la intimidad de cualquier persona deben ser autorizados por la ley y supervisados por el poder judicial. Las FAS no están por encima de las leyes, ni pueden abusar impunemente de ellas. Su código de valores y de conductas debe estar al mismo nivel que el del conjunto de la ciudadanía. Su órbita deontológica también.

 

8.- Es preciso revisar el Código de Justicia Militar para purgarlo de todos los delitos que no sean específicamente militares, cometidos por sus componentes. Debe asímismo eliminarse el sistema procesal militar para encuadrarlo en un sistema único de Justicia, salvo en los casos de guerra, garantizando entonces la independencia del tribunal. 

 

9.- Todas las posibles violaciones de los derechos humanos cometidas por los miembros de las Fuerzas Armadas deben excluirse de la jurisdicción militar, y juzgarse por tribunales civiles. Este principio está en consonancia con la revisión que hay que llevar a cabo sobre la dimensión y alcance de la disciplina militar y de la obediencia debida, que ya expusimos en entregas anteriores. 

 

10.- El Régimen Disciplinario de las FAS debe revisarse para definir con precisión lo que constituye o se asocia al concepto de disciplina, y por consiguiente, qué se considera lícito establecer como limitaciones a los derechos civiles de los militares. 

 

11.- Debe dotarse a las FAS de sistemas de funcionamiento y organización que garanticen su absoluta transparencia. En este sentido, es necesario terminar con la utilización ilícita de la Ley de Secretos Oficiales como tapadera para encubrir los abusos, la corrupción y toda suerte de prácticas antidemocráticas que puedan ocurrir dentro del seno de las Fuerzas Armadas. 

 

12.- Las asociaciones militares que se puedan crear deben contar con capacidad reconocida y efectiva de defensa de los intereses colectivos y profesionales de sus componentes, gozando de todas las posibilidades de cualquier otra organización civil. 

 

13.- Todos los valores democráticos deben ser asumidos por las FAS como cauce de expresión de la soberanía popular. Su defensa a ultranza debe residir en su ideario e imaginario colectivo. 

 

14.- Las FAS tienen que ser purgadas de todos los elementos simbólicos e ideológicos de la tradición franquista, como antecedente de manifestación de un régimen fascista en nuestro país. Se necesitan militares demócratas, y no militares fascistas ni golpistas. Las FAS han de ser aliadas del pueblo, y no del imperialismo estadounidense.

 

15.- La diversidad en todos sus órdenes (étnica, religiosa, de nacionalidad, de identidad afectivo-sexual, etc.) debe ser explícitamente respetada y reconocida en el seno de las FAS, y aceptada y entendida como un elemento enriquecedor del propio colectivo. 

 

Las Fuerzas Armadas han de despertar ya de su profundo letargo, de sus valores antidemocráticos, y de sus viejas concepciones sobre la obediencia debida. Las FAS se deben al pueblo, del cual nacen, en el cual están integrados, y al cual deben defender ante cualquier amenaza a sus derechos humanos (civiles, políticos, económicos, culturales y sociales). Y la sociedad civil, por su parte, también tiene que rearmarse moralmente, y comprender y apoyar esta evolución democrática, inclusiva e integradora de las FAS. Los profesionales de las Fuerzas Armadas (y lo hacemos extensible al resto de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado) han de denunciar los abusos de poder por todas las vías posibles, y exigiendo un Proceso Constituyente hacia una verdadera democracia social, participativa, inclusiva, transparente y fraternal, sin el mito del temor hacia la fuerza represiva. Las FAS deben estar a la altura de lo que se espera de ellas en un contexto plenamente democrático. Sólo unas FAS configuradas como hemos expuesto pueden ser una pieza clave en la senda del Pacifismo. Continuaremos en siguientes entregas.

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28 septiembre 2017 4 28 /09 /septiembre /2017 23:00
Arquitectura de la Desigualdad (57)

El capitalismo es la asombrosa creencia de que los hombres más perversos harán cosas por el mayor bien común

John Maynard Keynes

Esta "cultura de la escasez", civilización de la pobreza, globalización de la desigualdad, o como lo queramos llamar, genera, como estamos comentando en los artículos precedentes, toda una serie de peligrosas manifestaciones en la salud (entendida en todas sus posibles dimensiones), que concurren en una merma de la calidad de vida de las personas afectadas. Seguimos a continuación este interesante artículo de Aníbal Garzón, que nos muestra algunos ejemplos de dichas manifestaciones. El autor ha documentado en dicho artículo las referencias a los informes citados en el mismo, y a él nos remitimos. Por ejemplo, tomemos como variable el desempleo de larga duración, y la impotencia de las personas implicadas para conseguir realizarse en sus respectivas profesiones. Pues bien, en base a un informe elaborado por la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) de febrero de 2012, el desempleo es una variable que acaba provocando un aumento de la mortalidad general, suicidios y hábitos y costumbres insanas como el tabaquismo, o el consumo de alcohol y drogas. Además se ha probado la relación entre la situación de desempleo y la presencia de migrañas o de la enfermedad de Chorn. En resumidas cuentas, la exclusión social generada por la situación de desempleo continuado (sin perspectivas de su finalización) acaba provocando graves problemas de salud en los/as afectados/as. Otra variable que puede ser considerada es la vivienda, o mejor dicho, la falta de ella. Pues bien, según un estudio de la Escuela Andaluza de Salud Pública (EASP) titulado "Procesos de desahucio y salud", todas las personas que sufren en sus propias carnes un proceso de desahucio acaban con problemas cardiovasculares, cerebrovasculares, dermatológicos, digestivos, u otras enfermedades crónicas. 

 

Y respecto a la salud psicológica, acaban padeciendo estados depresivos, ansiedad, insomnio, alteración del apetito, desmotivación, tristeza, apatía, sentimiento de culpa y la disminución del cuidado personal, provocando efectos indeseados en su vida social y familliar. Tomemos ahora la variable de la alimentación. En relación con la alimentación insuficiente, los problemas de nutrición y la pobreza infantil, otro estudio de la Asociación Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (SESPAS) concluye que una pobre alimentación infantil acaba provocando no sólo problemas de crecimiento en los niños y niñas, sino depresiones y deterioros en el desarrollo cognitivo. Además, potencia el riesgo de enfermedades contagiosas como la meningitis, trastornos como la diabetes y problemas cardiovasculares. En el ámbito educativo, otra investigación llevada a cabo por Cruz Roja sobre su incidencia en el rendimiento escolar con una muestra de más de 1.000 jóvenes entre 14 y 24 años sobre el total de más de 82.000 que recibieron asistencia en el año 2012 por vivir en situación de riesgo al padecer problemas económicos en sus hogares, confirma que el abandono escolar juvenil es del 72% en el perfil de familias con riesgo de exclusión, más del doble de la media nacional. Una situación de pobreza creciente proyecta una generación de jóvenes excluidos que exponencialmente ven roto su proyecto de vida, y a muchos de ellos/as les provoca profundos traumas psicológicos que afectan peligrosamente a su desarrollo saludable. La arquitectura de la desigualdad es, pues, tremendamente perniciosa, y extiende sus tentáculos a prácticamente todas las manifestaciones humanas. Potencia sociedades desequilibradas, y proyecta generaciones perdidas de cara a su aprovechamiento social. 

 

Y otra de las dimensiones sociales estudiadas es la violencia de género. Según un estudio de la Fundación Adecco llevado a cabo sobre un total de 300 mujeres víctimas de dicha violencia, el 91% de las mujeres encuestadas ven la crisis (y por tanto, la desigualdad que ella ha proyectado bajo las políticas neoliberales) como un freno para denunciar la situación de violencia de género que sufren. Por temor a no encontrar empleo o a que ella o su pareja lo pierdan, y así verse sin recursos económicos para poder subsistir, estas situaciones se ocultan de la realidad y de la estadística social. A ello hay que sumar los propios recortes efectuados sobre los recursos (económicos, humanos y materiales) que garantizan las políticas públicas de igualdad de género, con lo cual la gravedad de la situación se dispara aún más. Esta violencia no sólo provoca consecuencias físicas (algunas de ellas muy graves), sino también psicológicas, desde depresiones o ansiedad, hasta reducción de la autoestima. Como estamos viendo, todo un corolario de perversos efectos y consecuencias se despliegan peligrosamente cuando la arquitectura de la desigualdad se implanta de forma obscena y generalizada. ¿Se rescata a estas personas de su terrible situación cotidiana? ¿Se apoyan sus proyectos de vida? ¿Se garantizan unos mínimos de subsistencia vital? Pues parece que no. ¿Cuál es el motivo que argumentan los gobernantes para no dedicar más recursos a dichas labores? Que no hay dinero. Pero más bien debiéramos concluir que no quieren dedicar dinero para resolver dichos problemas, porque estamos acostumbrados a contemplar cómo las grandes empresas reciben (y de forma continuada y sostenida si es necesario) ingentes ayudas públicas de organismos e instituciones (tanto nacionales como europeas), mientras los más desfavorecidos sólo ven recortadas sus posibilidades, oportunidades, recursos y prestaciones. 

 

Una buena prueba de ello la tenemos en este artículo del medio La  Marea, de junio de 2016, donde el economista Eduardo Garzón nos documenta sobre el reparto del BCE (Banco Central Europeo) de 470 millones de euros en ayudas públicas a grandes empresas (antes públicas, ahora privatizadas) como Telefónica, Gas Natural, Red Eléctrica, Enagás, Abertis, Mapfre, Redexis, Iberdrola o Repsol. Es decir, nuestras instituciones no tienen ningún problema en abrir el grifo a mansalva para permitir que las grandes empresas se financien de la forma más barata posible, pero mantiene (incluso prohíbe o sanciona) cerrada la posibilidad de rescatar las situaciones vitales deficitarias de cientos de miles (incluso millones) de personas. De esta forma, las familias, los autónomos y las pequeñas empresas (que son precisamente los actores económicos más necesitados) observan con estupor cómo son excluidos de las ayudas y prácticamente ignorados por los poderes públicos europeos, mientras se continúa apoyando vergonzosamente a los gigantes económicos. ¿Cómo pueden continuar sosteniendo el indecente argumento de que no hay dinero para el rescate personal, familiar y de las pequeñas empresas, cuando a la vez conceden estas ayudas públicas de dimensiones mastodónticas a las grandes empresas, que son quienes menos las necesitan? La arquitectura de la desigualdad es así de despiadada, injusta e irracional. Hemos de recordar, para más inri, que el BCE es una institución pública europea, es decir, que sus recursos salen del conjunto de los contribuyentes europeos. Es decir, que entre todos/as nosotros/as estamos sufragando estas enormes ayudas públicas que reciben las grandes empresas. Absolutamente intolerable. 

 

Y es que el afán privatizador es insaciable, una de las grandes reglas y valores del neoliberalismo, y responsable directo de la arquitectura de la desigualdad. Porque básicamente, la privatización de cualquier empresa, actividad, bien o recurso pùblico es una transferencia desde el sector público (es decir, desde el ámbito de lo que es de todos y a todos pertenece) al sector privado (es decir, el ámbito de lo que es y está controlado por unos pocos). En el ámbito privado desaparece la democracia y el concepto de bien común, y se sustituye por la regla del interés particular y del beneficio privado de sus dueños y gestores. Recomendamos nuestro reciente artículo "Privatización a marchas forzadas", así como la serie de tres artículos de Ana Tudela aparecidos en el medio Contexto y Acción, titulados "Privatizaciones: como si no hubiera un mañana", que nos explican perfectamente la naturaleza y el alcance de este peligroso fenómeno. Toda una estrategia calculada de desposesión de las grandes empresas del Estado, junto al flujo de políticos y altos cargos de la Administración Pública en los Consejos de Administración de las mismas (las llamadas "puertas giratorias"), han proyectado una estructura económica donde los grandes bienes, recursos y suministros públicos se encuentran en poder de los grandes agentes económicos privados del país. Es decir, hoy día los fundamentales derechos humanos tienen que ser solicitados "por favor" (y siempre que podamos pagarlos) a las empresas transnacionales que los gestionan (vivienda, alimentación, trabajo, educación, sanidad, etc.), porque han sido retirados de la órbita del control público, y por tanto, de su posible esfera de democratización. Todos los recursos gestionados por estas empresas han pasado del Estado al mercado, de la órbita de los derechos humanos a la órbita de la oferta y de la demanda, de la óptica de la democracia a la óptica de la maximización del beneficio. Continuaremos en siguientes entregas.

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27 septiembre 2017 3 27 /09 /septiembre /2017 23:00
¿Existe un Estado de Excepción en Cataluña?

Hoy por hoy en Catalunya se cumplen todas las condiciones de un Estado de Excepción, y que el Gobierno del PP no lo haya declarado solo muestra su debilidad política. No se atreven, ni ante la comunidad internacional ni ante la sociedad catalana. Evidentemente, eso no quiere decir que no lo vayan a hacer. Si algo demuestra la experiencia vasca es que su falta de cultura democrática les hace ciegos al cálculo político más básico. Y que no reparan en crueldad

Fragmento de Editorial de Gara

Los acontecimientos se están produciendo tan rápidamente en Cataluña estos días, que es posible que tengamos que contar nuevas noticias cuando este artículo se publique. Pero atengámonos, de momento, a lo ocurrido hasta ahora. La claridad de ideas y de conceptos, y la detección de las hábiles manipulaciones del lenguaje llevadas a cabo por la derecha política, social y mediática es fundamental para no caer en sus sucias trampas, y no perder el norte. La razón última de todo lo que está ocurriendo se soporta sobre la escasez de cultura democrática de nuestro país, hecho lógico y explicado por los cimientos de una sociedad postfranquista proveniente de la época de la Transición y del régimen de la Constitución de 1978. De ahí surgen una clase política y unos Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado que únicamente entienden de represión, de la ley entendida como preservación del orden público, y de unas Fuerzas Armadas entregadas a la élite gobernante, representante a su vez de los grandes poderes económicos. Cualquier observador entenderá que hablar de democracia real con estos mimbres se antoja, cuando menos, extraño. Unos gobernantes que no están acostumbrados a atender a la democracia participativa, ni entienden el concepto  de soberanía popular, sino únicamente el de soberanía nacional, que aunque la aplican al pueblo español, llevan muchos años cediéndola a las condiciones impuestas por la Troika europea. 

 

Todo ello derivado, como decimos, de un régimen asentado en la Carta Magna de 1978, y de la cual hablan en tiempos verbales recientes, como si la hubiéramos refrendado el mes pasado. Una Constitución no puede ser inmovilista, fosilizada, momificada, alabada como si de un texto sagrado se tratara. Una Constitución es hija de su tiempo, y por tanto, obedece a la concepción del mundo que poseen los líderes y los pueblos que las refrendan. Y también, obviamente, son hijas de las circunstancias que rodean a ese tiempo, y por consiguiente, cuando dichas circunstancias cambien (primero hay que propiciar que cambien) también deben adaptarse las leyes, y en última instancia, su Constitución como ley suprema. Para el caso que nos ocupa, mucho se está criticando la ausencia de garantías del referéndum del próximo día 1 de octubre, y que precisamente por esto no puede ser comparado con los referéndums de Escocia o Québec, pero se olvida decir que fueron precisamente los Estados correspondientes (el británico y el canadiense) los que negociaron con dichos pueblos las condiciones y el reconocimiento de dichas consultas vinculantes. Pedir al Gobierno catalán que ofrezca garantías cuando quien debe ofrecerlas es el Estado Español, es un ejercicio de claro cinismo. El Gobierno del PP ha tenido muchas oportunidades para frenar las ansias independentistas (desde el proyecto de Estatut del año 2006), y también, muchas ocasiones para pactar con el Gobierno catalán las condiciones para un referéndum con garantías. Nunca ha querido hacerlo. Y no porque no quepa en la Constitución, ni porque sea ilegal, ni porque quiebre la soberanía nacional, ni porque vaya a romper España, sino simplemente porque ellos no entienden la democracia en su amplia dimensión, la democracia real. Sólo entienden la democracia como el marco de expresión de las leyes vigentes, unas leyes que ellos (el bipartidismo imperante) llevan controlando desde los últimos 40 años. 

 

A raíz de este escenario, absolutamente patético e impropio de un Estado que se autodenomina "Social y democrático de Derecho", estamos asistiendo a una escalada de tensión progresiva que ya ha alcanzado matices preocupantes. Una escalada de tensión que se ha trasladado como era de prever a la propia sociedad civil, a las organizaciones sociales, al pueblo llano, que sin duda provocarán un profundo impacto de huellas impredecibles. El Gobierno del PP está provocando un bochornoso y lamentable espectáculo, más propio de dictaduras que de regímenes democráticos del siglo XXI. Se nos había dicho que cualquier idea podía defenderse por medios pacíficos, pero parece ser que nos engañaban. Porque las únicas ideas que pueden defenderse son las que no pongan en peligro el estatus quo de los gobernantes, de los poderes fácticos y del régimen que los sostiene. Sostener y difundir cualquier otra idea ya roza la ilegalidad, y está expuesta al hostigamiento y al cerco a la libertad ideológica que vivimos desde los últimos años. El Gobierno de Mariano Rajoy está llevando a cabo una serie de medidas de profunda represión desproporcionada, absolutamente centradas bajo el mantra de que el referéndum "no se puede celebrar". Pero están equivocados. El referéndum se puede y se debe celebrar. Lo que no existe es voluntad política para celebrarlo. Y ante ello, los ataques ideológicos van dirigidos enmascarados en la fuerza de la justicia, y de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad. La Real Academia Española de la Lengua (RAE) define Estado de Excepción como "...el que declara el Gobierno en el supuesto de perturbación grave del orden y que implica la suspensión de ciertas garantías constitucionales". ¿No es esto exactamente lo que está ocurriendo en Cataluña, simplemente porque el pueblo catalán quiere votar? 

 

Si repasamos brevemente la reciente historia de España, nos daremos cuenta de que desde la muerte del dictador, el Estado Español siempre ha optado por la vía de sofocar el deseo de reconocimiento nacional, democracia y libertad: cierre de medios de comunicación, Ley de Partidos, reformas jurídicas represivas, violaciones de derechos humanos denunciadas por organismos internacionales, endurecimiento del Código Penal, supresión de derechos políticos y civiles, recortes en derechos y libertades públicas básicas, etc. Y ahora, el régimen del 78 está mostrando más que nunca su faz autoritaria, su condición de régimen heredero de la dictadura. Y como siempre en estos "grandes asuntos de Estado", PP y PSOE van juntos, se apoyan y se complementan. En este caso, además, con la nueva muleta de Ciudadanos, aún más fanático que el propio PP para ciertos asuntos. Los síntomas son claros: detención de altos cargos electos, persecución de alcaldes catalanes que han ofrecido locales públicos para votar, requisa de urnas y papeletas mediante registros en diversas naves industriales, intervención de las cuentas públicas de la Generalitat, limitaciones a la libertad de expresión y reunión, secuestro de propaganda política, cierre de sitios web, prohibición de actos públicos donde se iba a debatir sobre el derecho a decidir, utilización de la Fiscalía General del Estado (y por ende, de la Fiscalía Superior de Cataluña) con fines políticos y partidistas, asalto de la Guardia Civil a las instituciones catalanas, llegada masiva en Ferrys de ingentes operativos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad...En fin, todo un corolario de actos, decisiones y medidas al más puro estilo fascista y represor, desplegado en cuanto el Estado ve peligrar sus intereses.

 

Un conjunto de acciones impropias de una democracia, y que son una clara muestra de la incapacidad de un régimen injusto, obsoleto, caduco y anacrónico, que aún mantiene una Monarquía o unos privilegios indecentes a la Iglesia Católica, por citar sólo dos características muy significativas. Un régimen incapaz de entender el pluralismo político, la plurinacionalidad del Estado y la visión de una España diversa y heterogénea, en vez de la visión rancia y uniforme que ellos preconizan. Se reprocha a los dirigentes catalanes que adopten vías radicales y unilaterales, pero no se dan cuenta de que mientras el Gobierno del Estado Español esté ocupado por la horda neofranquista, será absolutamente imposible pactar ningún tipo de referéndum, ni celebrar cualquier consulta popular con garantías vinculantes. Jamás van a permitir eso por las buenas, porque eso supone resquebrajar la consistencia del régimen, abrir una brecha por donde puedan celebrarse otros procesos constituyentes, y abrir paso a una República delante de sus narices, que ponga en cuestión la solidez y garantías de sus privilegios. ¿Cuál es la solución entonces? Empujar, presionar, desobedecer, insistir...Es decir, la vía de la fuerza, contra la vía de la represión. La vía de la desobediencia y la movilización popular frente a la vía de la intolerancia y de la imposición. No cabe otra. Y en este sentido, la historia siempre ha jugado a favor de los pueblos. La voluntad popular siempre acaba imponiéndose a los regímenes que quieren oprimirla. Seguramente no dejarán votar en libertad al pueblo catalán el próximo 1 de octubre, pero la movilización y la protesta popular, lejos de disminuir, continuarán aumentando y demandando mayores cotas de democracia y de participación. El reto y el desafío al régimen del 78 no ha hecho más que empezar. 

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26 septiembre 2017 2 26 /09 /septiembre /2017 23:00
Viñeta: ENEKO

Viñeta: ENEKO

El franquismo está ahí. Es real y auténtico y saca pecho. Tiene que ser considerado como ilegal y perseguido como tal

Bonifacio Sánchez (Portavoz de la ARMH)

En nuestra entrega anterior nos quedamos comentando los diversos aspectos criticados por la ONU (concretamente por su Grupo de Trabajo sobre las  Desapariciones Forzadas) a nuestro país, en lo tocante a la inacción en torno a los crímenes del franquismo. Aún nos quedaban algunos aspectos incluidos en el informe (y en nuestro artículo de referencia) por comentar, tales como por ejemplo la reforma última del Código Penal. El informe del Grupo de Trabajo de la ONU dice textualmente: "La tipificación de la desaparición forzada incluida en la reforma no es plenamente compatible con la Convención para la protección de todas las personas forzadas". Por tanto, la conclusión es que no se contempla en nuestro país de forma homologable dicha situación como una casuística protegida de forma integral por la ley. El informe se refiere sobre todo a la imprescriptibilidad de este delito, no incorporada en la reforma, y convertida en uno de los argumentos en los que se ampara la justicia española para rechazar las innumerables denuncias de los particulares y familias al respecto. Por ejemplo, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 1 de Soria se negó por este motivo a investigar el caso de Abundio Andaluz, fusilado en 1936. El documento de recomendaciones que emitió el referido Grupo de Trabajo en el año 2013 tras la visita de sus miembros a España urgía a "eliminar los obstáculos jurídicos de orden interno" que impiden investigar y juzgar estos crímenes, o "asumir sus obligaciones internacionales y comprometerse de manera más activa y urgente en la determinación del paradero de personas desaparecidas durante la Guerra Civil y la dictadura", poniendo especial énfasis en la "urgencia y celeridad" debido a la "edad avanzada de muchos de los familiares y testigos" referidos en dichas denuncias. 

 

Nuestros gobernantes, pasados algunos años desde entonces, continúan absolutamente pasivos, incluso poniendo obstáculos al avance de determinadas querellas e investigaciones. Por tanto, cuatro años después de aquél informe y de aquéllas recomendaciones, la situación es la misma, agravada aún más por el paso del tiempo. Y ante este reiterado incumplimiento, el informe más reciente del Grupo de Trabajo de la ONU da un plazo de 90 días al Estado Español para que "presente un cronograma actualizado en el que se indiquen las medidas que se llevarán a cabo para implementar las recomendaciones aún pendientes y las fechas previstas para cada una de ellas". Se trata, como vemos, de una situación vergonzante, pues vivimos en un país reiteradamente cuestionado en lo que se refiere a las garantías de los derechos humanos fundamentales. Hoy día, en 2017, en pleno siglo XXI, a más de 40 años de la muerte del dictador, y bajo una supuesta "democracia", las fosas de la memoria siguen existiendo. Pero ya que también hubo crímenes cometidos (en lógica defensa propia y de la República) por los republicanos, cabría preguntarse también: ¿Y qué ocurrió con los familiares de las víctimas del mal llamado "bando nacional"? Pues vamos a basarnos a continuación en este artículo de Alejandro Torrús para el medio Publico, que tomaremos como referencia. Pues lo que ocurrió básicamente es que, mientras los caídos republicanos y sus familiares siguen esperando justicia, el franquismo exhumó a sus caídos en la Guerra Civil y reparó a sus familiares incluso antes de finalizar la contienda. Incluso hoy día, nuestra asqueante sociedad tolera homenajes en recuerdo a los "caídos por España" (en su particular apropiación de la patria), mientras prohíbe actos en recuerdo y homenaje a las víctimas del franquismo. Y como venimos contando, la ONU, el Consejo de Europa y el Comité contra la Tortura han exigido a España en numerosas ocasiones el fin de la impunidad de la dictadura. 

 

El doble rasero es evidente. El franquismo reparó inmediatamente a sus caídos y familiares. El dictamen contra los vencidos fue desolador. El franquismo exhumó a sus muertos y entregó pensiones y reconocimientos a sus familiares. El dictador tuvo memoria y agradecimiento con los que le habían ayudado a alcanzar el poder. La "democracia", en cambio, tuvo que esperar 30 años para aprobar una tímida e insuficiente Ley de Memoria Histórica (2007), y 40 años después de aquélla Transición la mayor parte de los muertos (republicanos) siguen en las cunetas. En efecto, el dictador aprobó en abril de 1938, en plena Guerra Civil, un decreto que concedía pensiones extraordinarias a las viudas y huérfanos/as de los militares sublevados muertos en cautiverio. Dos años después, con la Guerra finalizada, aquél decreto se extendió a las viudas, huérfanos/as y padres/madres de los militares que lucharon con los franquistas y fueron detenidos, ejecutados o murieron en la contienda. En 1941 una nueva ley ampliaba estos beneficios a los padres de los sacerdotes "muertos como consecuencia de la Guerra de Liberación". El franquismo también exhumó a los suyos. Concretamente, según la orden aprobada en mayo de 1940, "toda persona que desee exhumar el cadáver de alguno de sus deudos que fueron asesinados por la horda roja, para inhumarlos de nuevo en el cementerio, puede solicitarlo al Gobernador Civil de la provincia correspondiente". Además, en 1939 se reguló el acceso preferente a la función pública por parte de mutilados, excombatientes y excautivos, así como a los familiares de las víctimas de la guerra. Todas estas personas disponían incluso de un carnet que los identificaba en dicha situación, de cara a las autoridades del régimen franquista, y que les concedía ciertos privilegios. 

 

Por tanto, y como estamos viendo, la reparación a una parte de las víctimas durante la dictadura fue considerable. Pero en cambio, la otra parte, la republicana, la que defendió la legalidad vigente que otorgaban las urnas quedó ignorada, excluida y castigada. Su reparación debía esperar a la llegada de un nuevo régimen democrático que, en teoría, apreciaría los esfuerzos de los que defendieron la democracia y la legalidad republicanas. Y en un principio, las perspectivas eran buenas. La ONU, en el año 1946, en la Resolución 39 (I) de la Asamblea General sobre la cuestión española establecía que "en origen, naturaleza, estructura y conducta general, el régimen de Franco es un régimen de carácter fascista, establecido en gran parte gracias a la ayuda recibida de la Alemania nazi de Hitler y de la Italia fascista de Mussolini", y que, por lo tanto, "no representa al pueblo español por ser un régimen impuesto por la fuerza". Sin embargo, el contexto internacional cambió. El franquismo se convirtió en un régimen aliado contra el comunismo, y la justicia quedó en un segundo plano. Después llegó la Transición y la infame Ley de Amnistía de 1977, que en la práctica funcionó como una ley de punto final. Y hace una década, se promulgaba una Ley de Memoria Histórica que, entre otras tropelías, descargaba sobre las familias la responsabilidad de la exhumación de sus familiares, y ni siquiera era capaz de declarar nulas las sentencias de los tribunales franquistas que seguían señalando como delincuentes a personajes tan ilustres como Miguel Hernández. Y en esas estamos, con los muertos republicanos aún en las cunetas, y sus familiares, como en 1939, esperando verdad, justicia y reparación. Casi 115.000 desaparecidos/as continúan esparcidos en alrededor de 2.500 fosas comunes aún por exhumar, procesos en los que el Estado Español ni está ni se le espera. Y más de 30.000 niños y niñas fueron robados y entregados a familias que apoyaban al régimen o al Auxilio Social, sin que se haya realizado ninguna investigación oficial (al contrario, más bien se han obstaculizado), ni aquéllos niños y niñas, hoy adultos, hayan podido recuperar su identidad, aspecto éste que ya fue tratado a fondo en entregas anteriores de esta serie. 

 

Tampoco existe ninguna investigación oficial sobre los alrededor de 400.000 presos políticos que fueron utilizados como trabajadores forzados, ni sobre las empresas que los emplearon (remito también a los/as lectores/as a artículos anteriores de esta serie, donde comentamos más a fondo las terribles situaciones a las que se vieron sometidos). Las miles de personas que sufrieron torturas, malos tratos y detenciones arbitrarias continúan figurando como delincuentes para la justicia española, así como los que fueron "ajusticiados" por los franquistas durante la Guerra y los primeros años de la represión. La lista de víctimas, pues, es casi infinita. A ellos hay que añadir el ensañamiento con las mujeres, y la discriminación social practicada contra la comunidad LGTBI de aquélla época, que fueron tratados y reprimidos como enfermos, además de las continuas vejaciones, incluso en el propio seno familiar. Pero el Estado Español continúa mirando hacia otro lado para no ver la impunidad de la dictadura franquista. Y aún hoy, hemos de soportar vergonzosas declaraciones de algunos dirigentes de la derecha, todos ellos anidados en el Partido Popular, que aún se ven protegidos por la impunidad de esta sociedad postfranquista. Pero esta política de impunidad practicada por el Estado Español ha estado acompañada de severas críticas por parte de la comunidad internacional. Los reproches, las condenas y las recomendaciones de los Organismos internacionales encargados de velar por el respeto a los Derechos Humanos han sacado los colores a los Gobiernos españoles una y otra vez durante estas últimas décadas. En el año 2006, con el Gobierno del PSOE del ex Presidente José Luis Rodríguez Zapatero, la Comisión Permanente de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa aprobó por unanimidad la primera gran condena internacional del régimen franquista. El organismo, en el que están representados 43 países, instó al Ejecutivo español a crear una Comisión de Investigación sobre los delitos del franquismo, y a presentar un informe al Consejo de Europa. También instó a las autoridades a abrir los archivos civiles y militares a los historiadores, a abrir una exposición permanente sobre la represión en el Valle de los Caídos y a erigir monumentos a las víctimas del franquismo. Nada de eso se ha llevado a cabo. Continuaremos en siguientes entregas.

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25 septiembre 2017 1 25 /09 /septiembre /2017 23:00

Vídeo de la Presidenta Internacional de MSF, Joanne Liu

Recientemente, la ONG internacional Médicos Sin Fronteras (MSF) acaba de denunciar la terrible, degradante e inhumana situación que viven los refugiados y migrantes en Libia, dentro de los centros de detención habilitados al efecto en Trípoli. Hemos incluido un breve vídeo donde la Presidenta Internacional de MSF, la Doctora Joanne Liu, expone su estremecedor testimonio al respecto. Un relato donde se asegura que "Los encierran en habitaciones oscuras, sucias y sin ventilación. Los hacinan unos encima de otros. A las mujeres las violan y después las obligan a llamar a sus familias para que paguen por su liberación. La desesperación es abrumadora", entre otros sobrecogedores pasajes del relato. MSF presta asistencia médica en estos centros desde hace más de un año, y están acostumbrados a ver la desolación de los migrantes, pero ya se ha llegado a una situación absolutamente aberrante y desesperada. En palabras de la Doctora Liu: "Es la encarnación de la crueldad humana en su forma más extrema". Miles de personas retenidas en condiciones atroces, y por supuesto, bajo la complicidad de nuestros Gobiernos europeos. Desde esta humilde tribuna, por tanto, queremos denunciar y alertar del sufrimiento humano que las políticas migratorias europeas están fomentando en Libia, un Estado fallido desde la intervención de ese país por una coalición internacional, para el derrocamiento de Muammar El Gadaffi. 

 

Incluimos también el enlace a una carta pública abierta dirigida a los líderes de los Estados miembros de la Unión Europea, así como a las propias instituciones y organismos de la UE, para concienciar de la gravedad extrema de lo que está sucediendo en dicho país con las personas migrantes y refugiadas, y que se basa en mantenerlos retenidos a cualquier precio, dejando en evidencia su complicidad con el daño que miles de mujeres, hombres y niños padecen. Se ha implantado un violento sistema represivo, abusivo y criminal para el tratamiento de estas personas, mediante el que, además, los Gobiernos europeos están ayudando, con su financiación, a detener la salida de embarcaciones desde Libia. Lo que ocurre en este país no es más que un vil sistema de secuestro, tortura y extorsión, que está podrido hasta la médula. Los migrantes capturados y allí hacinados sufren arresto arbitrario, extorsión, abusos físicos y privación de servicios básicos. La situación es absolutamente desesperada. Hay que actuar urgentemente para desmantelar todo este aberrante sistema, y proporcionar a estas personas el trato debido, y la correcta atención a sus derechos humanos fundamentales. En Libia, migrantes y refugiados son tratados como sucia mercancía para ser salvajemente explotada. Incluimos a continuación el texto íntegro de la carta abierta a los líderes de la UE, que puede consultarse también en este enlace, y que está firmada por el Presidente de Médicos Sin Fronteras en España, David Noguera:

 

Estimado Sr. Presidente del Gobierno:

 

El sufrimiento que los migrantes y refugiados están viviendo en Libia debería agitar las conciencias de los líderes electos y de los ciudadanos de Europa.

 

Cegados por su obtuso objetivo de mantener a estas personas al otro lado de sus fronteras, los Gobiernos europeos están ayudando, con su financiación, a detener la salida de embarcaciones desde Libia. Pero esta política también alimenta un sistema abusivo y criminal.

 

El sistema de detención de migrantes y refugiados en Libia está podrido hasta la médula: no es más que una próspera empresa de secuestro, tortura y extorsión. Y los Gobiernos europeos han optado por dejar a estas personas en manos de tal sistema.

 

Los refugiados y migrantes no pueden ser devueltos a Libia, ni permanecer retenidos en ese país. Médicos Sin Fronteras lleva más de un año asistiendo a estas personas en los centros de detención de Trípoli y ha sido testigo directo del régimen de arresto arbitrario, extorsión, abuso físico y privación de servicios básicos que hombres, mujeres y niños sufren en estas instalaciones.

 

La presidenta internacional de nuestra organización, Joanne Liu, visitó la semana pasada varios centros oficiales de detención y podemos decir que estos son solo la punta del iceberg.

 

Los migrantes y refugiados son tratados como mera mercancía para ser explotada. Los encierran en habitaciones oscuras, sucias y sin ventilación. Los hacinan unos encima de otros. Algunos hombres nos contaron que los obligan a correr en grupo en el patio, desnudos, hasta caer exhaustos. A las mujeres las violan y después las obligan a llamar a sus familias para que paguen por su liberación. Todas las personas con las que mi compañera Joanne pudo hablar pedían entre llantos que las sacaran de allí. La desesperación es abrumadora.

 

El número de personas que parten de las costas libias rumbo a Europa se ha reducido y esto se ha presentado como un éxito en la prevención de la pérdida de vidas en el Mediterráneo y como un duro golpe a las redes de traficantes.

 

Pero, sabiendo lo que ocurre en Libia, hablar de éxito es, en el mejor de los casos, pura hipocresía y, en el peor, una cínica complicidad con los traficantes que tratan a estos seres humanos como mercancía.

 

Las personas atrapadas en esta bien documentada pesadilla necesitan una salida. Necesitan que se les facilite protección, asilo y procedimientos mejorados de repatriación voluntaria desde Libia. Necesitan huir del peligro mediante vías seguras y legales; pero, hasta la fecha, solo unos pocos han podido hacerlo.

 

Esta terrible violencia debe cesar. Es necesario que se respeten sus derechos humanos, incluyendo el derecho a recibir comida, agua y atención médica.

 

A pesar de las declaraciones de los Gobiernos sobre la inmediata necesidad de mejorar las condiciones en que se encuentran estas personas, hoy por hoy esto no está sucediendo.

 

En lugar de afrontar el círculo vicioso que están creando sus decisiones, los políticos se esconden tras infundadas acusaciones contra las ONG y contra las personas que intentan ayudar a quienes sufren esta situación desesperada. Durante sus operaciones de búsqueda y rescate en el mar, MSF ha sido blanco de disparos de una Guardia Costera libia que Europa financia; también hemos sido acusados reiteradamente de complicidad con los traficantes. ¿Pero quién está aquí en connivencia con los criminales, quienes tratan de rescatar a estas personas o quienes permiten que sean almacenadas y vendidas como una mercancía?

 

Libia es solo el ejemplo más reciente y extremo de unas políticas migratorias europeas que se remontan a años atrás y cuyo objetivo primordial es expulsar a migrantes y refugiados allí donde no se les vea. Tanto el acuerdo entre la Unión Europea y Turquía de 2016, como lo que hemos visto en Grecia, Francia, los Balcanes y más allá, marcan una tendencia al alza de cierres fronterizos y expulsiones.

 

La consecuencia es que a las personas que buscan formas legales y seguras de venir a Europa se les acaban las opciones y esto las empuja más y más hacia las mismas redes de tráfico que los líderes europeos dicen querer desmantelar. Se necesitan vías legales y seguras para cumplir los objetivos de control fronterizo y al mismo tiempo acabar con los incentivos perversos que permiten prosperar a los traficantes.

 

No podemos decir que no sabíamos lo que estaba sucediendo. La depredación que se alimenta de la miseria y del horrible sufrimiento de quienes están atrapados en Libia debe terminar ya.

 

En sus esfuerzos por frenar el flujo de migrantes y refugiados, los líderes europeos están aceptando que la gente sea arrojada a la extorsión, la violación, la tortura y la esclavitud. Nos preguntamos si es este el precio que Europa, y más en concreto el Gobierno que Vd. preside, están dispuestos a asumir.

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24 septiembre 2017 7 24 /09 /septiembre /2017 23:00
Imagen: ex Teniente Luis Gonzalo Segura (expulsado del Ejército por denunciar casos de corrupción)

Imagen: ex Teniente Luis Gonzalo Segura (expulsado del Ejército por denunciar casos de corrupción)

La guerra es una masacre entre gentes que no se conocen, para el provecho de gentes que si se conocen pero que no se masacran

Paul Valéry

La cita de entradilla de Paul Valéry es ciertamente interesante, pues pone encima de la mesa la propia ontología de las guerras, desde que el hombre pisa el planeta. Para dichas guerras se utilizan los Ejércitos, las Fuerzas Armadas, pero...¿es que son acaso los militares los profesionales de las guerras? Estamos seguros de que ningún militar que se precie gustaría de ser llamado así...entonces, la solución es, como siempre, la senda del Pacifismo. ¿En qué sentido? Pues en el sentido de reorientar las funciones, capacidades y objetivos de las propias FAS, que podrían ser resumidas, como indica el Colectivo ANEMOI en nuestro artículo de referencia, con esta simple frase: "Las FAS con el pueblo". Porque sólo unas Fuerzas Armadas que se deban absolutamente y estén comprometidas con su pueblo por encima de todo, dejarán de ser unos Ejércitos para la guerra, en el sentido en que Paul Valéry establecía en su magnífica definición.

 

En este sentido, y refiriéndonos ya más concretamente a nuestras Fuerzas Armadas, es preciso abordar una urgente y radical modificación de las mismas, en sus misiones, valores y objetivos, bajo las siguientes premisas:

 

1.- La soberanía corresponde al pueblo, como quiera que ésta se exprese. Su defensa también. Las FAS son del pueblo, se deben al pueblo y obedecen al pueblo. El pueblo es el sujeto soberano por excelencia. Debemos olvidarnos del anacrónico concepto de "soberanía nacional", referente a los países y defendida desde siempre por los monarcas absolutistas, para centrarnos en la soberanía popular. 

 

2.- Las FAS están para defender la soberanía popular, nunca para condicionarla, reprimirla o doblegar su voluntad de cambio real. La criminalización de las legítimas protestas populares y la intervención represiva de las FAS son absolutamente intolerables. La democracia y la soberanía popular están por encima de cualquier otra consideración. 

 

3.- En situaciones como la actual, en las que existe un conflicto abierto entre las Instituciones y las aspiraciones del pueblo, es preciso convocar a un nuevo Proceso Constituyente en el que descanse la legitimidad democrática. Este proceso debe ser absolutamente respetado, defendido y apoyado por la institución militar en su conjunto (así como por el resto de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado).

 

4.-La obediencia de las FAS al Rey debe ser definitivamente quebrada. En este sentido, únicamente es aceptable que la Jefatura suprema de las Fuerzas Armadas recaiga en quien haya sido democráticamente elegido, esto es, un Presidente de la República. La Tercera República es, pues, inaplazable. 

 

5.- La defensa de nuestra soberanía exige la salida de nuestro país de todas las alianzas militares (la OTAN y todo el sistema de alianzas ad hoc que los Estados Unidos y sus aliados están utilizando para la proyección de su política imperialista) y la eliminación inmediata de todas las bases militares e instalaciones extranjeras en nuestro territorio. 

 

6.- La llamada "Guerra Global contra el Terrorismo" constituye una burda manipulación propagandística, sembrada y difundida desde los diversos centros de poder económico-financieros y militares, que justifica la represión contra la disidencia política legítima en todos los órdenes. Sólo una verdadera política pacifista contribuirá a la erradicación en nuestro suelo de cualesquiera atentados terroristas. Remito a mis lectores y lectoras a los artículos del primer gran bloque temático de esta serie de artículos, donde hemos abordado a fondo la problemática del terrorismo internacional.

 

7.- El único principio que puede garantizar la paz y las buenas relaciones internacionales es el de buena vecindad, y la solución diplomática y negociada de los conflictos. Para eso elegimos a nuestros políticos. Las FAS no deben intervenir jamás en ningún conflicto armado extranjero, ni siquiera aquéllos que son calificados como "humanitarios". El humanitarismo es un concepto completamente distinto, que se ejerce desde la solidaridad, la cooperación y la ayuda al desarrollo, y no imponiendo democracias a la fuerza, por medio de la devastación previa de los países "enemigos", con las consiguientes matanzas de civiles inocentes.

 

8.- El recurso a la fuerza (es decir, a la intervención armada) está únicamente justificado en caso de agresión armada abierta o encubierta. Es decir, sólo es justificable el recurso a la defensa propia, ante un flagrante ataque a nuestra soberanía, a nuestros/as ciudadanos/as o a nuestros territorios. Debe adoptarse como principio el consagrado en la Constitución republicana de 1931, y que decía literalmente: "España renuncia a la guerra como instrumento de política nacional". Pero con ello no basta para que las FAS y el pueblo renuncien de verdad a las guerras. Hace falta una educación en la paz y para la paz, y olvidarse del viejo aforismo que rezaba: "Si quieres la paz, prepárate para la guerra".

 

9.- Ningún tratado internacional podrá dotar de impunidad a militares, agentes o funcionarios extranjeros dentro del territorio del Estado Español, especialmente por los delitos definidos en el Tratado de Roma y perseguidos por el derecho internacional humanitario. 

 

10.- Ningún tratado otorgará impunidad a los militares y funcionarios españoles, como aliados de potencias que se nieguen a acatar las normas del derecho internacional humanitario referidas a los crímenes de guerra, lesa humanidad y genocidio. El Tribunal Penal Internacional (TPI) tendrá plena jurisdicción en el Estado Español. Continuaremos en siguientes entregas.

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