Actualidad Política y Cultural - Blog de Rafael Silva

¿Qué es un lobby? Básicamente y en pocas palabras, un producto del capitalismo. De hecho, uno de sus productos más típicos, surgido del mismo casi por generación espontánea. Ya sabemos, y lo estamos comprobando cada día de forma más clara, que las relaciones entre el poder político y el poder económico son muy estrechas. Cuando el capitalismo sobrepasa cierto límite de degeneración, como está ocurrriendo actualmente, el poder económico logra ejercer más presión y control que el propio poder político, y los lobbies son los protagonistas de esta situación. ¿Quiénes constituyen los lobbies? Personas físicas, jurídicas, Instituciones, Organismos, entes de cualquier tipo, nacionales o transnacionales, con la fuerza sufienciente como para constituir un grupo de presión. Pregunta: ¿puede un lobby ser público? Respuesta: entonces, ya no sería un lobby, porque estaría (debería estar) controlado democráticamente. Los lobbies representan, como titulaba el programa de la Sexta "Salvados", el poder en la sombra.

Un grupo de presión que obedece a ciertos intereses. Esto es en esencia un lobby. ¿Y cuál es la labor de un lobby? Pues representar y defender los intereses de dicho grupo de presión. Entre las prácticas que se ejecutan, unas son legales (incluso lícitas), pero la inmensa mayoría no lo son, como (por poner ejemplos de palpable actualidad) la financiación oculta de partidos políticos, o las comisiones concedidas en la sombra a determinados cargos públicos, para conseguir contratos o normativas favorables a sus intereses. Un lobby es básicamente una mafia legal. Pero en definitiva, una mafia. De forma generalizada, tantos los mecanismos legales como los no legales persiguen un mismo fin, que no es otro que propiciar que las políticas, las leyes y los fondos públicos se pongan al servicio de intereses privados, contrarios a los de la ciudadanía. Cuando escuchemos la intervención de, por ejemplo, cualquier economista, no nos preguntemos si es buen o mal economista...preguntémonos: ¿cuáles son los intereses que defiende? Desde este prisma entenderemos mejor sus opiniones, y podremos desmontar mejor sus argumentos.

Como esto no se puede reconocer abiertamente por parte de los lobbies, una de sus estrategias es intentar convercernos de que sus intereses no son precisamente contrarios a los de la ciudadanía, por lo cual nuestro deber es desmontar sus razonamientos, y hacer ver sus auténticos intereses, impidiendo la manipulación de la opinión pública, y la instalación de los dogmas que ellos pretenden justificar para satisfacer sus objetivos. Según un reciente artículo publicado en el sitio Desmontando Mentiras, se calcula que en Bruselas hay unos 2.500 lobbies y entre 15.000 y 30.000 profesionales (lobbistas o cabilderos, en español) que representan a empresas, sectores industriales, grupos de la sociedad civil, sindicatos y otros colectivos. Esta elevada concentración de lobbies en Bruselas responde al hecho de que el 80% de la legislación que afecta a los europeos se decide aquí, y entre el 30% y el 40% de toda la legislación de los países de la Unión Europea tiene su origen en normas comunitarias, por lo que influir en estas leyes supone hacerlo en la de todos los países.

La mayoría de lobbistas trabajan en empresas y asociaciones sectoriales (banca, petróleo, químicas, etc.) y representan directamente sus intereses. Hay 500 empresas con sus propias oficinas en Bruselas, como Iberdrola o el Banco Santander. Los lobbistas que representan intereses privados empresariales son 5 veces más numerosos que los demás. Y tienen mucho más dinero y un acceso privilegiado a los centros de toma de decisiones. Esto provoca que las directivas comunitarias y otras regulaciones y políticas sean en gran parte diseñadas al gusto del lobby empresarial. Los Think Tanks (Laboratorios de Ideas) y los medios de comunicación hacen también funciones de lobby, a veces de forma muy directa. Organizan eventos, hacen estudios y elaboran informes que tildan de neutrales pero que en su mayoría están patrocinados por empresas, de tal manera que esconden sus intereses en lo que presentan como la “opinión pública europea”. Existen también lobbistas “mercenarios”, agrupados en cientos de firmas de “relaciones públicas” o “asuntos europeos” y despachos de abogados que venden sus servicios a quienes puedan pagarlos.

Los lobbies tienen como principal objetivo a la Comisión Europea, dado que ésta genera la mayor parte de la legislación y políticas de la UE. La Comisión cuenta con más de mil grupos asesores, de los cuales más de cien están totalmente dominados por lobbistas de grandes empresas. Estos grupos influyen en la redacción de las propuestas de leyes, por lo cual buena parte de la legislación comunitaria favorece los intereses de estas grandes empresas, lo que a menudo es contrario al interés general. Por tanto, cuando se nos hable por ejemplo del Informe Económico Anual del BBVA, ya sabremos que sus datos y opiniones no son neutrales ni objetivos, sino que están pensados para obedecer a sus intereses. Esto explica, dado su inmenso poder, porqué la visión y las ideas de buena parte de la ciudadanía está contaminada por todo este "vertido de opinión" manipulada en función del poder de estos lobbies.

De hecho, fue la Mesa Redonda Europea de Industrialistas, un grupo de presión formado por los presidentes de las empresas europeas más potentes, junto a destacados cargos políticos de los años 80, la que planeó el Mercado Único Europeo y la cesión de poderes a la UE para conseguir una Europa más competitiva que beneficiara a las grandes empresas. Ahora es la gran patronal europea, Business Europe, la que tiene un acceso directo y privilegiado a la Comisión Europea. Esta organización, comandada por las multinacionales, tiene un gran poder de presión al combinar su estatus y gran influencia con el de los miles de lobbistas de las patronales nacionales y sectoriales y de las propias empresas. Y este poder cristaliza en leyes y políticas de tal calibre como las medidas de gobernanza económica y de austeridad que están barriendo Europa, o el rescate a la banca durante una crisis financiera que lo que exigía es la regulación y control eficientes de la actividad de bancos, fondos de inversión, aseguradoras y el resto de agentes financieros.

Además de la Comisión, también el Consejo Europeo, que representa a los Estados miembros, está sometido a los intereses empresariales. Y el Parlamento, la única institución europea cuyos miembros son elegidos directamente por los europeos, tiene acreditados unos 4.500 lobbistas, que se reúnen a diario con los “representantes de los ciudadanos”. Los efectos de esta actividad son fulminantes: de las 1.600 enmiendas que se presentaron a la directiva que iba a regular la especulación financiera, más de la mitad fueron escritas por lobbies empresariales y presentadas por parlamentarios. Otro dato: más del 95% de las enmiendas a una propuesta sobre gases fluorados fueron redactadas por lobbies y no por parlamentarios. Incluso hay pruebas de que algunos parlamentarios presentan propuestas y enmiendas a cambio de dinero.

La actividad de los lobbies carece prácticamente de regulación en Europa, no así en otros países como Estados Unidos. La exigua regulación se centra en los lobbies que se ocupan en el Parlamento, mientras que los lobbies de la Comisión sólo cuentan con un registro, que además es voluntario, y al que por supuesto no se han inscrito la mayor parte de lobbies. Esto genera una situación en la cual se usan con total impunidad prácticas perniciosas como el falseo de datos, las maniobras para retrasar procesos, la desinformación y engaños, el uso de organizaciones ficticias para defender los propios intereses, o agasajos varios a los cargos y funcionarios. Todos los Organismos Internacionales están sujetos a la actividad de los lobbies empresariales, desde el Banco Central Europeo o el Fondo Monetario Internacional hasta la propia ONU. La presión corporativa en las negociaciones dentro de la ONU ha logrado bloquear soluciones efectivas a problemas relacionados con el cambio climático, la producción de alimentos, la violación de Derechos Humanos, el abastecimiento de agua, la salud, la pobreza y la deforestación, favoreciéndose en cambio políticas de desregulación, liberalización y privatización que han beneficiado al sector privado.  

Como estamos comprobando, el poder de los lobbies es inmenso, y la consecuencia fundamental del mismo es el propio deterioro de la democracia. Todo Gobierno mínimamente demócrata debería luchar por reducir paulatinamente, hasta conseguir eliminar, el poder, la influencia y la presencia de los lobbies en todos los estamentos públicos de la sociedad, pero como vemos, cada vez se hace más difícil dentro del capitalismo. Sólo un Gobierno social-comunista, que pueda encarar y desmontar el cruel sistema capitalista donde estamos inmersos, podría tener posibilidades reales de acabar con los lobbies en la esfera pública. Hay alternativas. Las alternativas son posibles. Hemos de ser capaces de desarrollar un contrapoder más fuerte que el de ellos, un frente ciudadano que se empodere para enfrentarse a esta lacra de la sociedad de nuestro tiempo, e invertir las tornas hacia una mayor representación y poder de las decisiones ciudadanas, y del interés general. Una vez más, David puede vencer a Goliath.

Casi sin darnos cuenta, muy poco a poco, se va conduciendo a la ciudadanía de este país a una situación insostenible. El Gobierno del Partido Popular, sin prisa pero sin pausa, está conduciendo a este país al abismo. Con la complicidad de los sectores en la sombra, de la Iglesia, de la Banca, de las grandes empresas transnacionales, de los intereses de las grandes corporaciones, de las grandes fortunas, del poder financiero, de los ricos y poderosos, está desmantelando no sólo el incipiente Estado del Bienestar que habíamos comenzado a disfrutar, sino todos los cimientos de la protección social que se había desplegado hasta su llegada al poder.

El acoso y derribo a la clase trabajadora, a los de abajo, por parte de los poderosos, de la casta oligárquica, del Gobierno y de sus secuaces, las grandes empresas, la CEOE, los partidos que les apoyan, las Instituciones que los mantienen, y sus cómplices internacionales que los alientan, los justifican y los jalean, tales como la Comisión Europea, el FMI, el BCE, la OCDE, etc., nos están llevando a un escenario de caos y de fractura social. Podemos calificarlas como auténticas situaciones de muertes o de asesinatos civiles, de crímenes sociales, que en un intento de recopilación no exhaustiva, presentamos a continuación en el siguiente decálogo:

PRIMER CRIMEN SOCIAL: El primer crimen social lo constituyen los deshaucios en este país, debido a los cuales se vienen dando de un tiempo acá una serie de suicidios de personas, forzados por la desesperación de contemplar cómo se quedan sin su vivienda, sin su negocio, sin su vida. Auténticas situaciones de perversión social, donde el imperio de la Ley representa el imperio del terror y del miedo, de la marginación y de la exclusión social. Esperemos que la fuerza y la presión de la calle, mediante las Plataformas como PAH, Stop Deshaucios, 15-M, y la objeción de conciencia de colectivos como el de la policía y los jueces, unidos al reconocimiento de Bruselas de que nuestra legislación era ilegal y abusiva, vayan cambiando la situación.

SEGUNDO CRIMEN SOCIAL: El segundo crimen social de este país lo constituye el desmantelamiento que se está realizando de la Sanidad Pública, que otrora representara uno de los grandes pilares de nuestro Estado del Bienestar, por el que lucharon desde los tiempos de nuestros abuelos, y que ahora perversos gobernantes quieren aniquilar. Cierres de servicios de urgencia nocturnos, privatización de servicios hospitalarios, privatización de la gestión de hospitales públicos, deudas de dinero público hacia empresas privadas que gestionan hospitales, reducción de personal (médicos, enfermeros, etc.), figuran entre las estrategias en marcha para conseguir el desmantelamiento total de nuestra Sanidad Pública. Todo ello sin contar con algunas dramáticas situaciones de precariedad a las que están llegando algunos Hospitales debido a los indiscriminados y brutales recortes.

TERCER CRIMEN SOCIAL: El tercer crimen social lo hemos reservado para la situación de desprotección, también cada vez mayor, del colectivo de los desempleados. Con suerte, te puede quedar temporalmente un mísero subsidio de 400 euros al mes, que no llega en muchos casos ni siquiera para poder pagar el alquiler o la hipoteca de tu vivienda. No tienen siquiera la decencia de equiparar el mínimo subsidio al SMI, ni de garantizártelo hasta que encuentres trabajo, ni de proporcionarte la gratuidad de los servicios básicos que una familia necesita. Ello unido a que cada día es mayor el número de personas que quedan en la desprotección total, sin ningún tipo de ingreso, al amparo sólo de sus familiares, o de la caridad.

CUARTO CRIMEN SOCIAL: El terrorismo empresarial, ejercido al amparo de este ilegítimo Gobierno, es el cuarto crimen social que se comete masivamente contra la clase trabajadora. A diario saltan a la palestra nuevos casos de despidos masivos, de deslocalizaciones de grandes empresas, de ERE's de empresas públicas y privadas, que dejan en la calle a miles y miles de trabajadores. 3.500 trabajadores en Orizonia, 500 en Roca, 950 en TeleMadrid, 3.100 en Iberia, y un infinito etcétera se suceden diariamente engordando las listas de desempleados, así como los beneficios de los tiránicos dirigentes de esas mismas empresas. Al final del decálogo insistiremos más en este punto.

QUINTO CRIMEN SOCIAL: La desprotección al colectivo de las personas dependientes constituye el quinto crimen social. En efecto, con una Ley de la Dependencia a la que se deja sin recursos, unido al exigente objetivo del cumplimiento del déficit público que se exige a las Administraciones, asfixia las dotaciones económicas y presupuestarias ligadas al reconocimiento y a la vida mínimamente digna de estas personas, lo cual está provocando, junto al pago de sus propios medicamentos, que este colectivo sea uno de los que más esté sufriendo las consecuencias de este criminal Gobierno.

SEXTO CRIMEN SOCIAL: Como una variante o modalidad del segundo crimen social, tenemos las situaciones de desamparo, marginación y desprotección que se están realizando a los inmigrantes, en lo que tiene que ver con su cobertura sanitaria. Primero les dejaron sin derecho gratuito a la Sanidad, quedando únicamente la posibilidad de que pudieran acudir a los Servicios de Urgencia. Pero ya se están denunciando muchos casos en los cuales tampoco se atiende en urgencias, o bien se envían facturas abusivas intentando que los inmigrantes ilegales paguen por los servicios médicos llevados a cabo. Partos, sesiones de rehabilitación, atención de urgencia, etc., pasan gravosa factura a posteriori a los inmigrantes que acuden a los Centros de Salud.

SÉPTIMO CRIMEN SOCIAL: El crimen social séptimo lo hemos reservado para el caso de la estafa por las participaciones preferentes. En efecto, y por eso lo catalogamos de crimen social, no se trata de que un accionista pierda miles de euros en su empresa, sino que a personas que habían invertido sus ahorros, muchas de ellas personas mayores, sin conocimientos financieros, y muchas de ellas invirtiendo todos los ahorros de su vida, se vean ahora en la situación de que van a tener que renunciar a que su Banco les devuelva dicho dinero, suponiendo auténticos casos de drama humano y familiar. Ni Bruselas, ni por supuesto este cruel e inhumano Gobierno, son capaces de ofrecer una respuesta satisfactoria ante tanto ejercicio de robo, engaño, abuso y estafa colectiva.

OCTAVO CRIMEN SOCIAL: En octavo lugar, tenemos el crimen social que representa el conjunto de la población española que ya se encuentra en situación límite, es decir, en exclusión social, en los umbrales o dentro de la situación de pobreza, con un porcentaje que va creciendo que se sitúa en pobreza severa o extrema, es decir, en situación de indigencia. Ni qué decir tiene que esto es consecuencia directa de los otros crímenes sociales, pues se comienza con salarios precarios, se continúa en situación de paro, y se finaliza en situación de máxima precariedad, lo que lleva a la población afectada a no poder hacer frente al pago de los servicios para cubrir sus necesidades básicas, y por último, a la pérdida de su vivienda. Se han disparado los servicios que prestan los Bancos de Alimentos, los albergues públicos y de las distintas ONG's, así como la asistencia social que prestan algunas plataformas. Este crimen social se ceba también y fundamentalmente con la infancia, afectando ya a más de 2 millones de niños/as pobres en nuestro país.

NOVENO CRIMEN SOCIAL: En el puesto nueve se sitúan el conjunto de acciones que se realizan desde el poder para reprimir y criminalizar todas las movilizaciones ciudadanas que protestan ante todos los crímenes anteriores, así como las Asociaciones y Plataformas que apoyan a dichos sectores ciudadanos afectados por los mismos. Desde multas indiscriminadas por participar en manifestaciones o sólo por ocupar la vía pública, pasando por golpes, amenazas, disparos de objetos contundentes, porrazos, balas de goma (que ya han causado gravísimas lesiones a algunas personas), represión policial, detenciones injustificadas, mantenimiento de la situación de prisión preventiva más allá de los límites razonables, etc., forman el mosaico de las acciones que los grupos de antidisturbios (que ni siquiera van bien identificados) ejecutan contra la población que se manifiesta, amparados desde el poder y los despóticos mandos de este Gobierno.

DÉCIMO CRIMEN SOCIAL: Para el décimo lugar hemos dejado el crimen social más aberrante, que es el que se comete con los inmigrantes, desde las deportaciones masivas, hasta el internamiento en los CIE, en una situación deplorable y que rayaría en el desamparo más absoluto de los Derechos Humanos, hasta auténticas aberraciones cometidas por las autoridades, como el atropello de pateras por parte de embarcaciones patrulleras de la Guardia Civil, como la que ocurrió hace pocos días cerca de las costas de Tenerife. Es de todo punto intolerable que un Gobierno mínimamente sensible y que se las da de legal y de democrático, someta a personas extranjeras a tan vil vasallaje, con un total desprecio hacia sus vidas. Acciones de este tipo sólo pueden ser tildadas de criminales.

A todo ello hay que unir el hecho de que España, con instrumentos perversos como la última Reforma Laboral, se haya convertido en un paraíso para el poder y la corrupción empresarial. No es una opinión sólo nuestra, sino que así lo constata un reciente informe editado por la Administración norteamericana. La CEOE y sus parásitos, esa casta empresarial que cuenta entre sus filas con personas tan modélicas como Díaz Ferrán o Arturo Fernández, o su actual presidente Joan Rosell, llevan tiempo acusando a los parados por no aceptar trabajos, porque o bien se les paga menos que con la prestación o bien no les sale a cuenta considerando el desplazamiento, el sueldo u otros factores.

Se criminaliza también a los desempleados, porque "tienen lo que se merecen", por no esforzarse lo bastante en encontar un esclavizante empleo. A Laponia deberíamos irnos si hace falta, nos dicen los mismos que se benefician de las amnistías fiscales, la desesperación y el miedo a la pobreza. Es el negocio redondo: si te cuesta encontrar empleo, cuando finalmente lo encuentras, si lo consigues, debes olvidarte de tus derechos, porque simplemente, "es lo que hay", como le gusta afirmar al indecente Presidente de los empresarios de este país.

Hasta aquí el decálogo recogido, pero seguro que se me olvidan muchos otros, que mis lectores serán capaces de recordar y señalar. ¿Hasta cuándo tanta injusticia y crimen social? ¿Hasta cuándo vamos a quedarnos con los brazos cruzados, contemplando cómo se derrama tanta sangre, cómo se encadena tanta gente, cómo se organizan tantas huelgas de hambre, o tantos encierros para defender la dignidad del pueblo? ¿Hasta cuándo tanta impunidad e ilegitimidad de un Gobierno? ¿Hasta cuándo tanto desprecio a la ciudadanía de este país? ¿Hasta cuándo tanta tiranía institucional? No debemos perder ni un minuto más en reorganizar y emprender nuevas mareas humanas, ciudadanas, de indignación, de rebeldía, de desobediencia civil, para enfrentarnos a este despótico sistema y a este Gobierno criminal, y no abandonar las calles hasta hacerlo caer. ¡¡BASTA YA DE TANTO SUFRIMIENTO SOCIAL, DE TANTA PODREDUMBRE INSTITUCIONAL, DE TANTA MISERIA CIUDADANA!! 

El proceso federalizante que proponemos se basa, pues, ya lo hemos dicho, en la diferencia fundamental con el actual Estado de las Autonomías en que dota a las mismas de la capacidad de asociarse libremente, por tanto no sólo avanza y reconoce un mayor grado de descentralización política y administrativa, que también, sino que recompone un nuevo modelo de Estado a partir del actual, recogido todo ello en la nueva Constitución Federal. Por tanto, no se trata sólo de alcanzar mayores cotas de autogobierno, sino además de que desaparezca el actual control tutelar que el Gobierno Central ejerce sobre las Comunidades Autónomas.

Otro punto importante que hemos discutido y avanzado en nuestra propuesta es el reforzamiento del ente municipal o local en la propia estructura del Estado. Tras la eliminación de las Diputaciones Provinciales, los Municipios (y las asociaciones supramunicipales, tales como las Mancomunidades) adoptan un reforzamiento en su papel de administración más cercana al ciudadano. Pero nos encontramos (al igual que para los propios entes o territorios federados) con el problema de su financiación. La financiación local es un problema que viene queriéndose esquivar por los gobiernos de turno, tanto del PP como del PSOE, y ello sólo ha contribuido a un mayor debilitamiento de las capacidades de los Ayuntamientos para prestar los correspondientes servicios públicos a su ciudadanía respectiva.

El Modelo Federal debe por tanto también corregir esta situación, y dotar a los entes locales de una actualización, mejora y ampliación de su sistema de financiación, que no sólo se base en la recaudación de los actuales impuestos (que se reducen al IBI, al IAE, al IVTM, y el de Construcciones y Plusvalía, más los impuestos locales de saneamiento, residuos, recogida de basuras, agua, etc.), sino que pretendemos enmarcar la financiación local desde una mayor dotación procedente de los ingresos del Estado. El nivel administrativo municipal debe de esta forma ser potenciado y reforzado, pues además representa a la ciudadanía de forma más cercana y directa.

Proponemos una mayor dimensión para la financiación local, proveniente de un mayor traspaso de competencias, o bien de una mayor corresponsabilidad en la prestación de algunos servicios, tales como los siguientes: ordenación del territorio, protección del medio ambiente, política de vivienda pública, prestación de servicios sociales, mayores competencias en educación y formación, y mayor capacidad para implementar políticas activas contra el desempleo de su población. Todo ello, por supuesto, sin perjuicio ni menoscabo del establecimiento de planes directores de ámbito superior. Y en cualquier caso, hay que repensar los impuestos municipales, racionalizarlos, simplificarlos, refundirlos, y en general y sobre todo, hay que atender al principio constitucional de capacidad económica y progresividad. En este sentido, hay que permitir a los Ayuntamientos un margen de discrecionalidad para atender a circunstancias en su ámbito de orden social o económico, para poder desarrollar e implementar políticas de bonificación o de exención.

Otro apartado que el Estado Federal debiera readaptar es el de la propia dimensión, estructura, competencias y funcionamiento de la Administración Central del Estado, frente a las Administraciones de cada territorio. El principio inspirador en este caso es convertir la Administración (entendida aquí en sentido general) en una Administración cooperativa, plasmada en el objetivo de la "ventanilla única", como modo de garantizar a la ciudadanía el pleno ejercicio de sus derechos de modo directo, sin que ésta tenga que entrar en los detalles de la Administración concreta que le presta el servicio. En este sentido, el Estado Federal (Central) debe en primer lugar ser adelgazado en su dimensión y capacidad, atendiendo a su implantación progresiva y mayoritaria en cada territorio federado.

Se reduciría el peso de la Administración Central en la periferia, por ejemplo, reduciendo el número de Ministerios, Empresas, Entes y Organismos autónomos, mediante la fusión, la delegación o la desaparición de todos aquéllos cuya competencia pueda ser objeto de transferencia a su territorio en cuestión. Asímismo, el proceso federalizante tenderá a reducir al mínimo el aparato administrativo periférico del Poder Central, limitándolo al propio y exclusivo de las materias no delegables, por pertenecer al núcleo de competencias no transferibles a cada territorio federado, o bien porque afecten a los principios de solidaridad interterritorial, o a la propia soberanía de la Federación. Continuaremos en siguientes entregas.

Vamos a exponer, a nuestro entender, cómo el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) ha dejado de serlo en lo referente a sus cuatro siglas, quedando en una especie de híbrido representante de la socialdemocracia española, despojado de toda credibilidad, después de tantos años de indefinición política, y de traición a sus programas electorales, a sus votantes, a sus militantes y a sus simpatizantes. De hecho, recordemos cómo no hace mucho tiempo asistimos a una solicitud pública de disculpas desde una parte de su militancia de base, a través de un vídeo, por los desmanes ejecutados durante su último período de Gobierno, y a intentos más o menos confusos o desesperados de algunos de sus dirigentes menos conocidos, como la Secretaria de las Juventudes Socialistas Internacionales.

Todo ello se ha unido a comentarios y declaraciones poco afortunadas del actual Secretario General, Pérez Rubalcaba, al referirse a su desatino en abordar ciertos problemas durante su etapa de Gobierno, como el de los deshaucios: "¿Porqué diablos no arreglamos aquéllo?" creo que fueron sus palabras textuales, en su réplica a Rajoy durante el pasado Debate sobre el Estado de la Nacion. El último episodio sangrante que ha protagonizado ha sido el del Ayuntamiento de Ponferrada, donde desbancaron al Alcalde con el voto de un personaje reprobable, condenado previamente por acoso sexual, y después del llamamiento a la dimisión desde la Secretaría General, el nuevo Alcalde optó por abandonar el partido. Y es que el PSOE ha dejado de ser PSOE, ha defraudado en todos sus frentes, dejando tras de sí una estela de engaños, manipulaciones y escándalos de corrupción al más alto nivel. Pero vamos a argumentar cómo este PSOE no responde a ninguna de sus siglas:

1.- La P de Partido. El PSOE, al igual que el PP, hace mucho tiempo que dejaron de ser partidos políticos al uso, para convertirse en los entes gigantes del bipartidismo, dos Instituciones políticas que aglutinan el voto, gracias a una perversa Ley Electoral que consagra su poder y su representación en el resto de Instituciones del Estado, y de grandes empresas públicas y privadas. Son dos organizaciones mastodónticas al servicio del régimen dinástico actual, que consagró la Constitución de 1978, a la que el PSOE (junto con el PP) se aferran para defender su estatus de poder e influencia. De ahí que no tengan el más mínimo interés en cambiar ni la Constitución ni la Ley Electoral.

2.- La S de Socialista. La S representa la sigla más sangrante del PSOE, pues hace mucho tiempo que dejó de ser socialista, si es que alguna vez lo fue. Lo que está claro es que el PSOE actual, por muy progresista que se empeñe en aparecer, tiene de socialista sólo la S de sus siglas. Pero ellos se empeñan en seguir utilizando esta palabra, SOCIALISMO, que pronunciada en la voz de sus dirigentes queda manchada, enturbiada y prostituida. No tienen ni idea de lo que significa el auténtico socialismo, que es justo lo contrario al capitalismo que en el PSOE tanto se justifica y se defiende. En aras de su "socialismo" falso y de pacotilla han cometido los atentados más brutales contra la clase trabajadora, apoyando a los poderosos, mediante la transferencia de rentas del trabajo a rentas del capital, y aprobando una serie de reformas laborales que lo único que han hecho ha sido restar capacidad de negociación y empeorar condiciones laborales para la clase obrera de este país. No son socialistas. No saben lo que es el socialismo. No lo defienden ni lo practican.

3.- La O de Obrero. Como ya apuntábamos con la S de Socialista, la O de Obrero, que es palabra que figura desde su fundación por Pablo Iglesias, ha sido vilmente traicionada, ha sido repetidamente vilipendiada y atacada hasta sus entrañas. La traición que el PSOE lleva practicando a la clase obrera desde que llegó por primera vez al poder en España con Felipe González es un tema al que debería dedicarse una mayor atención, pues creo que da para escribir varias enciclopedias, auténticas odas al engaño masivo y colectivo. Se trata de un fenómeno como pocos en la historia política reciente, al menos en el ámbito europeo. Es pura fachada, pues han demostrado repetidamente que no les importa la clase obrera absolutamente nada. Se les debería de caer la cara de vergüenza por continuar llevando la O de Obrero en sus siglas, y nosotros, la clase obrera de este país, no deberíamos permitírselo.

4.- La E de Español. Ni siquiera la E de Español les cuadra, porque hace algún tiempo que andan en falso debate sobre el modelo territorial que proponen para el Estado Español. Al haberse encontrado con la oleada independentista en Cataluña, a la que pronto se unirá la CAV, su propuesta clásica de modelo territorial ha entrado en crisis, pues ha habido diferencias entre los planteamientos de su socio catalán, el PSC, y los planteamientos a nivel de la dirección nacional del PSOE. Y el conflicto parece ser que va para largo, pues existen "barones" regionales del PSOE que han declarado por activa y por pasiva que nunca van a aceptar una España donde los territorios tengan "derecho a decidir". Como decimos, todo un conflicto que ellos se empeñan en disimular y en quitarle hierro diariamente, pero desgraciadamente para ellos, los hechos los desmienten de forma continua. La E de España, en su sentido de la unidad de la única nación española que muchos de sus dirigentes entienden, tampoco cuadra ya en sus siglas.

Creo por tanto que hemos demostrado con creces cómo y porqué el PSOE ha dejado de ser PSOE. Ni sus siglas le responden, ni ellos responden a sus siglas. Hoy en día, el PSOE es una especie de partido esperpéntico en caída libre, una rémora del pasado que no remonta ni siquiera con la desafección y desilusión que provoca el otro partido de su tándem, el PP. Seguramente, porque por fin la ciudadanía se ha dado cuenta de que representan alternancia pero no alternativa, de que en el fondo, y sobre todo en política económica, ofrecen muy pocas diferencias, casi ninguna. Que bajo ese disfraz más socialmente sensible, ofrecen una misma gestión del capitalismo salvaje que nos ha traído hasta aquí. El PSOE no ofrece ya ni la más mínima credibilidad, a lo cual se suma que la propia socialdemocracia está en crisis en toda la Unión Europea, al ser incapaz de dar soluciones a los problemas de los ciudadanos de los Estados miembros de esta Europa que agoniza bajo sus preceptos. No queda ya ninguna vía para recobrar la credibilidad de este PSOE, que no es ni Partido, ni Socialista, ni Obrero, ni Español.

Debemos ir concluyendo este asunto, una vez hemos expuesto nuestras propuestas de Estado Federal en todos los artículos anteriores de esta serie. No obstante, en esta recta final hemos de insistir, o volver a recalcar, unos cuantos puntos que a nuestro entender son completamente básicos. Es lo que haremos en estos artículos a modo de epílogo. En primer lugar, el reconocimiento de que el sólo hecho de cambiar el Modelo de Estado, su organización o su redistribución, no constituye panacea de nada ni para nada. No es un objetivo en sí mismo. En el fondo, sólo es una plataforma, mejor que la que tenemos ahora, quizá la mejor y más democrática de todas, para sustentar una convivencia pacífica entre todos los pueblos y naciones que integran el Estado Español. Pero como decimos, no es el reto mayor que tenemos, porque éste sin duda representa avanzar en la lucha por derrocar las actuales políticas económicas neoliberales, desde el convencimiento de que el Estado Federal solamente no puede corregir todos y cada uno de los procesos desequilibradores que el capitalismo va dejando tras de sí.

En segundo lugar, la constatación de que se quiera o no abordar el proceso federalizante dentro del marco de una nueva Constitución Federal (y bajo el auspicio de un nuevo Proceso Constituyente), es obvio que el modelo actual está agotado, y necesita un recambio que va a tener que producirse tarde o temprano. Ya no sólo por las presiones de los nacionalistas catalanes y vascos, cuyos planteamientos ya hemos discutido que no caben en nuestro Modelo Federal, sino porque vienen reclamándose desde hace mucho tiempo actualizaciones y modificaciones en el actual modelo de financiación autonómica, y también en el local. A todo ello va a contribuir también la nueva reforma de las Administraciones impuesta por el PP, que provoca aún más si cabe un hundimiento del modelo competencial, un vacío destinado a cubrirse abriendo la puerta a procesos privatizadores. Desde la izquierda, por supuesto, nos oponemos no sólo a los planteamientos de esta reforma, sino también a cualquier intento velado de recentralización del Estado, mediante posibles devoluciones de competencias de las Comunidades.

Se impone, pues, para poner un poco de orden en el caos administrativo y competencial, abordar aspectos que no se recogían (o se recogían de forma muy abstracta) en la actual Constitución, modernizando de verdad las Administraciones, haciendo desaparecer algunos entes, como las obsoletas Diputaciones Provinciales, reforzando  la capacidad, autonomía y financiación de los Ayuntamientos, y sobre todo, dotando a la ciudadanía de mayores procesos de democracia participativa, a través de la representación de organizaciones sociales y vecinales. El PSOE, bajo un claro ejercicio de oportunismo, propone a estas alturas una reforma parcial de la Constitución, cuando han tenido más de 30 años para hacerlo. El PP no quiere ni oir hablar del tema, y los nacionalismos ven como única salida los procesos de consulta popular y el reconocimiento del derecho de autodeterminación. Frente a todos estos planteamientos, desde la izquierda emergemos con nuestra propuesta de Estado Federal, Plurinacional, Republicano, Social, Democrático, Participativo y Solidario, como respuesta integral a todos los problemas de convivencia entre los territorios.

Llegados a este punto, por tanto, y con una profunda crisis institucional reforzada por los innumerables casos de corrupción abanderados por el bipartidismo, no caben atajos ni componendas, sino la derogación completa de la actual Constitución, y la creación de una nueva que consagre, entre otras muchas cosas, los postulados del Estado Federal. Muchos políticos, periodistas y ciudadanos en general, opinan que justo en la actual situación de profunda crisis sistémica que vivimos, no es el mejor momento para embarcarse en aventuras de este calibre, pero nosotros negamos la mayor, y pensamos que precisamente porque estamos inmersos en esta crisis de inmensa envergadura, hemos de abordar los grandes problemas que sufrimos, y cimentar las bases para un nuevo modelo de Estado y de sociedad.

La nueva Constitución Federal es, pues, completamente necesaria, pues deben cambiarse, con respecto a la actual Constitución, su Titulo Preliminar (para reconocer el carácter plurinacional del Estado y la voluntad de los territorios de unirse en un Pacto Federalizante), el Titulo III (para recoger todas las reformas necesarias en cuanto a niveles de estructura del Estado y competencias, creación del Senado Federal), Titulo VII (bases del sistema de financiación del sistema federal), Titulo VIII (marco competencial de los territorios federados y reforzamiento de los Ayuntamientos), Titulo IX (carácter federal del Tribunal Constitucional), Titulo X (modos que posibiliten las posibles y futuras reformas constitucionales), etc. Y por supuesto, la abolición de la Corona como máxima Institución representativa del Estado, así como su sustitución por una Presidencia de la República.

Y esta nueva Constitución Federal debería expresar el convencimiento en una idea principal para la constitución de la Federación: la potencialidad y fuerza que representa el hecho de que nuestros pueblos, los pueblos que constituyen esta unidad política llamada España, dueños de sus destinos pero unidos en su historia, se intengren voluntariamente y por decisión propia en un proyecto federal de convivencia política, porque sólo es fecunda la unión voluntaria. Precisamente por eso no podemos negarnos a recoger también el derecho a  la autodeterminación de los pueblos, porque no se puede obligar a ningún pueblo a que forme parte de una Federación indefinidamente. No obstante, nosotros no proponemos una asimilación con el sistema federal americano, alemán o suizo, sino nuestro propio sistema, adaptado a nuestra historia y nuestra idiosincrasia. Continuaremos en siguientes entregas.