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11 junio 2013 2 11 /06 /junio /2013 23:00

En este artículo vamos a analizar, desde un punto de vista crítico, la última propuesta de Plan de Empleo lanzada por el Grupo Parlamentario de la Izquierda Plural, cuyo grupo mayoritario es Izquierda Unida, de donde surge la propuesta. De entrada y para ser justos, vaya por delante nuestra felicitación a los compañeros de IU que lo han elaborado, pues al menos, es un plan original, valiente e insumiso contra muchos de los principios que inspiran a la Troika, y al propio Gobierno del PP. El plan presentado por IU, con un horizonte de tres años, tendría como objetivo sacar del paro en ese tiempo a 3,4 millones de personas. Como se puede deducir a simple vista, se condena a continuar en el paro a los 3 millones restantes.

 

plan_empleo_iu1.jpgEntre las medidas que propone estarían: un "plan de empleo-formación" en colaboración con los Ayuntamientos, para contratar temporalmente a los parados de larga duración sin ingresos. Esta medida costaría 30.000 millones, la mitad del presupuesto del plan. También hay un programa de "empleos verdes", con planes de reforestación y aprovechamiento forestal y fomento de los techos solares. Desarrollarían asimismo la Ley de Dependencia, contratarían 30.000 maestros de infantil y 20.000 sanitarios y darían subvenciones para rehabilitar viviendas. Otro eje del plan es el apoyo a la pequeña empresa y autónomos, con una línea de crédito de 40.000 millones, que saldría de préstamos tomados del Banco Central Europeo (BCE) por las cajas rescatadas aún en manos del gobierno.

 

El texto del plan, más allá de la creación de empleo, recuperaría derechos perdidos y traería mejoras sociales, como derogar la reforma laboral, subir el SMI y la pensión mínima a 1.100 euros, medidas en favor de una vivienda digna y el establecimiento de una "Garantía de Seguridad Profesional" (que garantizaría a todos un trabajo, una prestación, formación remunerada o una renta básica). El Plan menciona también, sin concretar absolutamente nada, la necesidad de "políticas de reparto del trabajo (...) hasta lograr una disminución sustantiva de la jornada (35 horas)". También se refiere, tan sólo en el ámbito de las buenas intenciones, a que hace falta "una política de reindustrialización con criterios de diversificación e impulso de la producción de media y alta tecnología". Desde el sector más crítico pensamos que como está el patio, las declaraciones de intenciones sirven para bien poco, las medidas hay que concretarlas, y obligar a todos los agentes sociales implicados a una puesta en práctica de las mismas, aunque esto nos suponga el riesgo de perder votos.

 

plan_empleo_iu2.jpgY aunque, como decimos, es un plan constructivo, real, factible y deseable, argumentado presupuestariamente hablando, pensamos que no incide en los graves factores de los que adolece nuestra economía. Esto se refleja en el hecho de que los tipos de empleos que se proponen tienen un carácter temporal, y lo que necesitamos, si de verdad queremos romper la tendencia, son cambios estructurales, que garanticen un empleo digno para toda la sociedad. Y si todo esto se hace para "contentar" a la Troika, se nos va a escapar el tiro por la culata, porque no podemos supeditar la supuesta "vialibidad" de nuestras políticas a los dogmas impuestos por la Troika. No nos engañemos. El FMI, la CE y el BCE, aunque de cara a la galería puedan incluso reconocer sus errores (errores que dejan en la estacada a millones de personas, destrozando sus vidas...¿a quién se le piden luego responsabilidades?), lo cierto es que no se conforman con nada. Los supuestos favores ampliando el plazo para la reducción del déficit público llevan fuertes condicionamientos políticos como contrapartida, y dentro del marco y del contexto de la actual UE, no se nos va a dejar que implementemos las políticas de IU.

 

plan_empleo_iu3.jpgComo consecuencia de todo ello, el Plan de Empleo de IU no es viable sin romper con la actual estructura del euro y de los Tratados de la Unión Europea. La única salida posible, aunque nos reste votos para las próximas Elecciones Generales, será intentar difundir la idea de que tenemos que romper con dicho marco si de verdad queremos cambiar la orientación de las políticas de empleo. Hay que enfrentarse y cuestionar los principios dogmáticos establecidos por la Troika, como la reducción del déficit público, hay que plantear una revisión de la deuda, reestructurar el pago y repudiar la deuda ilegítima, y hay que proceder a una expropiación de la banca privada (que sigue sin hacer fluir el crédito), hacia un sistema de banca pública. Por otra parte, para que los empleos que se creen no sean temporales, sino estructurales, hay que proceder a una nacionalización paulatina de todos los grandes sectores estratégicos de nuestra economía, nacionalizando las grandes empresas (responsables de la inmensa mayoría del fraude fiscal), y tender hacia un sistema de control democrático de los grandes sectores de producción. Sólo de esta forma las medidas que se intuyen en cuanto a reparto del trabajo, reindustrialización, etc., serán posibles.

 

Hay que romper con el principio de moderación salarial, que tanto se proclama (mientras sigue habiendo directivos de grandes empresas públicas y privadas cobrando millones de euros), hay que derogar la reforma laboral, la reforma de las pensiones, y situar el SMI y la pensión mínima en valores dignos. Pero frente a todo ello, el Gobierno, con su reciente Informe de los "expertos", pretende acabar con el Sistema Público de Pensiones, en pequeñas dosis, para ir migrando a los planes privados de jubilación, favoreciendo de nuevo a banqueros ladrones y especuladores. Por todo ello, un Plan de Empleo completo y fiable, debe incorporar medidas de regeneración de nuestro tejido industrial, detener las privatizaciones en Sanidad y Educación, instaurar una Renta Básica de Ciudadanía (universal, individual e incondicional), etc. En definitiva, sin acabar con la Reforma Laboral y el pensionazo, sin dejar de pagar la deuda de los banqueros, sin nacionalizar la banca y las industrias clave, sin romper con esa indigna Unión Europea, sin enfrentarse a la Troika, no habrá forma de crear empleo. Todo lo demás serán parches, que tarde o temprano acabarán por romperse, dejando al aire de nuevo todas nuestras miserias.

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10 junio 2013 1 10 /06 /junio /2013 23:00

En el artículo primero de esta serie, de carácter introductorio, ya comentamos largo y tendido la exposición de motivos, los antecedentes, los datos estadísticos, la casuística y la necesidad de este Proyecto de Ley Integral contra el fenómeno de la LGTBfobia, como un mecanismo todavía hoy arraigado en nuestra sociedad, y por tanto, como una lacra que hay que erradicar. En el presente artículo y en el tercero, último de la serie, vamos a recoger y a detallar las medidas concretas que proponemos, ligándolo además al contexto dibujado por la necesidad de una educación en la diversidad afectivo-sexual, o en la pluralidad sexo-genérica, que estamos además comentando en otra serie de artículos. Vamos a ello. Las medidas son las siguientes:

 

ley_lgtbfobia21-copia-1.jpg1. Aplicación efectiva del Código Penal Español en sus artículos 22, 314, 510, 511, 512 y 515, en los que se tipifica como delito, entre otros, la discriminación, el odio y la violencia por motivos de orientación sexual. Asimismo, modificación de dichos artículos del CPE para explicitar también como agravante la discriminación por motivos de identidad de género.
 
2. Creación de un Observatorio de la Discriminación por Orientación Sexual e Identidad de Género: no sólo como mero organismo para la sensibilización, sino con la equipación necesaria en servicios, recursos y herramientas efectivas, que plasme el resto de medidas de la Ley. Éste debe ser un órgano vinculante y participativo, no debe tener un perfil exclusivamente administrativo-gubernamental.
 
3. Creación de una Fiscalía Específica contra la Discriminación a las Personas LGTB, que se encargue de canalizar judicialmente de oficio todos los casos de incumplimiento de la Ley en esta materia.
 
ley_lgtbfobia22.jpg4. Implementación de medidas en apoyo a las personas LGTB, iniciativas tales como la creación de un servicio telefónico de atención a las personas discriminadas o maltratadas por razón de su orientación sexual y/o identidad de género; así como un servicio público de atención inmediata en cuestiones jurídicas, psicológicas, sanitarias, etc.
 
5. Retirada inmediata de toda subvención o ayuda económica del Estado a las entidades públicas o privadas (políticas, sociales, religiosas...) que con sus actuaciones o declaraciones fomenten el odio o la discriminación hacia las personas LGTB o cuestionen sus derechos de plena ciudadanía.
 
6. Lanzamiento de un plan de subvenciones públicas en apoyo económico a las organizaciones sociales LGTBI que trabajan por el respeto a la diversidad sexo-genérica.
 
ley_lgtbfobia23.jpg7. Garantía de reconocimiento de los derechos de filiación de las parejas del mismo sexo que no han deseado casarse o que tuvieron hijos/as antes de la aprobación de la Ley que modificó el Código Civil para reconocer el matrimonio igualitario (13/2005).
 
8. Desarrollo de políticas de igualdad de género más plurales: orientadas a la inclusión de la realidad de las mujeres lesbianas, transexuales y bisexuales en los planes de igualdad entre hombres y mujeres, y en las políticas de mujer en general.
 
9. Inclusión del enfoque LGTBI en la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, la actual Ley del Menor, con el objetivo de atajar el acoso por razón de orientación sexual y/o identidad de género en personas menores de edad.
 
ley_lgtbfobia24.jpg10. Actuación en pos de hacer efectiva la ley 20/2009, de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria, a través tanto de la prestación oportuna de esta información a las personas migrantes, como de la creación de medios en general para la concesión efectiva de asilos, en especial en el supuesto explícito de persecución por orientación sexual y/o identidad de género.
 
11. Inclusión de la realidad y la problemática de las personas menores de edad e inmigrantes en las políticas destinadas a las personas transexuales.
 
12. Garantía de inclusión en la Sanidad Pública, a través del catálogo general del Servicio Nacional de Salud, del proceso integral de atención a personas transexuales, incluyendo las cirugías de reconstrucción genital.
 
13. Eliminación de los conceptos de “disforia de género” y “trastorno de la identidad” de la legislación pública y del marco normativo y administrativo médico español.
 
14. Garantía efectiva del derecho de acceso de las mujeres lesbianas y bisexuales al proceso de reproducción asistida incluido en el sistema sanitario público.
 
15. Impulso a la adecuada formación de profesionales sanitarios en las necesidades específicas de la salud sexual y reproductiva de las personas LGTB, especialmente de las mujeres lesbianas, transexuales y bisexuales. Además, desarrollo de los oportunos programas de investigación sanitaria vinculados a la diversidad sexo-genérica, con especial énfasis en la intersexualidad. Finalizaremos en el siguiente y último artículo de esta serie.

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9 junio 2013 7 09 /06 /junio /2013 23:00

El Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) continúa en su noble empeño (que desde la izquierda apoyamos sin fisuras) de dar la batalla al poder fáctico mediante, entre otras muchas actividades, la ocupación de tierras abandonadas en Andalucía, pertenecientes a entidades públicas y privadas, lo cual les está costando a sus militantes y dirigentes bastantes problemas. Pero su última propuesta ha sido solicitar la creación de un Banco Público de Tierras, formado por fincas de la Junta de Andalucía y del Estado, y que estuviera dotado con fondos de entre 100 y 130 millones de euros anuales, procedentes del 0,4 por ciento del presupuesto de la Junta.

 

banco_tierras_sat1.jpgEl Secretario General del SAT, Diego Cañamero, ha indicado a Europa Press que el sindicato presentará esta propuesta, que podría articularse mediante Decreto-Ley, a todos los partidos, y ha anunciado que pedirá expresamente una reunión con el Consejero de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, Luis Planas, para presentarle su propuesta. Cañamero ha indicado que con esta propuesta de Patrimonio Agrario Andaluz "planteamos un banco donde se puedan ubicar todas las tierras públicas de la Junta de Andalucía y del Gobierno Central", de forma que dichas tierras públicas "pasarían a manos de las Cooperativas de Trabajo Asociado, a las que se cedería el uso por un mínimo de 25 años".

  

banco_tierras_sat2.jpg"Se cedería el uso, que no la titularidad, que seguiría siendo de la Administración correspondiente", ha agregado Cañamero, quien deja claro que esa cesión se producirá "siempre que esas Cooperativas no abandonen las tierras, si no las pueden explotar, las tierras pasarían a otras Cooperativas". Cañamero pide además que ese Banco de Tierras se dote de fondos públicos, procedentes de los presupuestos de la Junta, sería el 0,4 por ciento de las cuentas autonómicas, entre 100 y 130 millones de euros anuales, de forma que "se vayan adquiriendo tierras, que den empleo y puedan ser tierras con fines sociales".

 

banco_tierras_sat3.jpgEl dirigente sindical además reclama la creación de un banco económico público "para facilitar ayuda necesaria para la adquisición de maquinaria e insumos". "Este banco público llevaría consigo requisitos y normas", ha resaltado Cañamero, quien destaca que la idea es que además esas cooperativas y ese banco "ayuden a la transformación del proceso agrario, creando redes de comercialización y cooperativas de segundo grado para que se puedan transformar todos los productos en Andalucía, y lograr que el valor añadido se quede en la Comunidad". Tras apuntar que solo la Junta posee más de 22.000 fincas, ha precisado que podrían formar parte de ese Banco de Tierras "todas las fincas que están embargadas, que están ociosas o presentan alguna dificultad para su explotación; se quiere evitar que dichas fincas estén dedicadas a la especulación, sino darle una función social a las mismas y lograr generar empleo".

 

banco_tierras_sat4.jpgLa iniciativa está ampliamente documentada en este enlace, y vamos a resumirla a continuación. Ha sido bautizada como Proyecto de Decreto-Ley de Patrimonio Agrario Andaluz, y en su Exposición de Motivos, explica cómo Andalucía es el pueblo que más ha sufrido históricamente la lacra que representa un régimen de tenencia de la tierra basada en grandes latifundios, que coexisten con una gran masa de trabajadores agrícolas, quienes han carecido sistemáticamente de los medios para poder acceder a la misma. Dicho fenómeno de latifundismo, como sistema de acaparamiento de tierras por los más poderosos, ha sido el responsable de la situación de marginación que han sufrido nuestros jornaleros andaluces. El cuerpo de la Ley se compone de 39 artículos distribuidos en un Título Preliminar y cuatro Títulos más, finalizando con cuatro Disposiciones Adicionales, una Disposición Transitoria, una Disposición Derogatoria, y una Disposición Final. Vamos a realizar un breve recorrido por su contenido, y los lectores interesados, pueden consultar su texto completo en el enlace referido en Internet.

 

banco_tierras_sat5.jpgDesde el primer artículo, se define como una Ley que vela por el cumplimiento de la función social de la propiedad agraria, contribuyendo a la consecución de la soberanía alimentaria para nuestra Comunidad. Se asienta sobre los principios de la tierra como patrimonio colectivo del pueblo andaluz, de igualdad y no discriminación, de no mercantilización, de agricultura social y ecológica, y de sostenibilidad medioambiental. Define el Patrimonio Agrario Andaluz como de dominio público, y por tanto inalienable, inembargable e imprescriptible. Insta a la Junta de Andalucía a la creación del Fondo Andaluz Antilatifundista, como un porcentaje (0,4%) del presupuesto para el rescate de fincas susceptibles de ser destinadas al objeto de esta Ley. Permite también procesos de expropiación de fincas por parte de la Junta, en determinados supuestos.

 

banco_tierras_sat6.jpgLos destinatarios y beneficiarios de la puesta en marcha (si finalmente se consigue) de esta Ley serán siempre Cooperativas de Trabajo Asociado, sin ánimo de lucro, y teniendo que estar sujetas a unos Estatutos concretos de aplicación, que recojan las normas y la filosofía de la Ley. La cesión de fincas a personas físicas, o a entidades con ánimo de lucro, quedarán expresamente prohibidas. Quien decidirá la concesión de tierras o la retirada de las mismas, será una Comisión Mixta formada por la Junta de Andalucía, el Consejo de Cooperativas (actualmente beneficiarias), los Ayuntamientos, y las Organizaciones agrarias, empresariales y sindicales con mayor implantación en el mundo rural andaluz. El anteproyecto de Ley contempla también un régimen sancionador, con sus infracciones tipificadas. En definitiva, un Proyecto de Ley justo, progresista y necesario, que viene a poner orden en el caos del régimen de tenencia y explotación de tierras en Andalucía, a acabar con el histórico latifundismo andaluz, y a poner en práctica el lema "la Tierra, para quien la trabaja". Como reza nuestro himno, "Andaluces, levantáos, pedid tierra y libertad", eso es exactamente lo que esta propuesta intenta. Intentemos, con nuestro apoyo, allanar ese camino. Por fortuna, sigue habiendo sindicatos, como el SAT, que no han olvidado sus raíces y su ideario.

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6 junio 2013 4 06 /06 /junio /2013 23:00

En algún artículo anterior ya nos hemos referido de pasada a la nueva Contrarreforma que va a llevarse a cabo por parte del Gobierno del PP en torno a la Administración Local, pero aquí vamos a detenernos un poco más en ella, para exponer con más calma sus peligros e inconvenientes. De entrada es, como todas las demás, una Ley involucionista, que lejos de reforzar las competencias de la Administración Local y de apoyar el Municipalismo, les vacía de competencias, les abre la puerta a la privatización, y quienes salen reforzadas son las Diputaciones Provinciales, auténticos entes de la época franquista, que no tienen ya ninguna razón de ser en nuestro Estado de las Autonomías. Nos apoyaremos para nuestra exposición en una estupenda entrevista concedida por Manuel Fuentes para Mundo Obrero, actual responsable de Política Municipal de Izquierda Unida.

 

admon_local1.jpgEl proyecto que presenta el Gobierno, lejos de seguir apostando por una plena descentralización del modelo de Estado, que prime la cercanía de las Administraciones Públicas al ciudadano, lo que hace es retrotraernos a la época franquista, para dar mayor poder a las caducas Administraciones centralistas, y eliminar capacidad a las Administraciones Locales a la hora de poder implantar las políticas de servicios públicos a toda la ciudadanía. Las competencias que se van a eliminar de los Municipios y se van a derivar a las Comunidades Autónomas, van a ser sanidad, educación, servicios sociales y gestiones de medioambiente. El trabajo de servicios sociales es uno de los principales trabajos que hacen los Ayuntamientos, y requiere, evidentemente, de una cercanía al ciudadano/a al que se le prestan dichos servicios. También va a haber un alejamiento de la Administración en el sentido de que las personas que gestionarán esos servicios sociales estarán en unos despachos a 50, 60 o 100 km de la gente que necesita esos servicios.

 

admon_local2.jpgEl Ministerio va a establecer cuál es el coste medio que tiene que valer el servicio que se preste al ciudadano. Y si no se cumple, en municipios de menos de 5.000 habitantes, y en menor medida a los 20.000, que son más del 90% del país, esos servicios, si son obligatorios, se van a prestar a través de las Diputaciones Provinciales, y si son unos que aplica el Ayuntamiento dentro de su política de atención a la ciudadanía sin ser obligatorios, pueden llegar a eliminarse. Lo que ocurre es que el Ministerio establecerá los precios estándar y si la Diputación no los puede prestar directamente, se privatizarán, subirán los precios de esos servicios y los ciudadanos tendrán que pagar más por ellos. No se va a tener en consideración el servicio social que se presta y los beneficios que van a tener esos ciudadanos en el aspecto social, sino únicamente si son rentables económicamente y se ajustan a los costes estándar.

 

admon_local3.jpgY como argumenta Manuel Fuentes: "Desde el conocimiento y la proximidad, los alcaldes y concejales son capaces de percibir cuál es la necesidad más importante que tienen esos ciudadanos. ¿Cómo lo va a saber una Diputación Provincial o una Comunidad Autónoma, que en este caso son las que van a tener las competencias y pueden estar a 100 kilómetros de distancia? Y cuando los vecinos quieran manifestar su protesta no lo van a poder hacer a la puerta de sus Ayuntamientos, van a tener que desplazarse a la capital de provincia o de la comunidad, o enviar un correo, algo que elimina la proximidad y eficacia". Por su parte, al traspasar competencias a las Diputaciones, también restamos poder a la democracia, porque los diputados provinciales no son elegidos democráticamente por sus ciudadanos/as, sino que son nombrados a dedo por sus respectivos grupos políticos, que determinarán qué concejales y alcaldes van a formar parte de los órganos de gestión y dirección de las Diputaciones. Y ni que decir tiene, el resto de mecanismos de democracia participativa que se pueden y deben implementar en los Ayuntamientos, dada su cercanía, tales como las consultas populares, los presupuestos participativos, etc., quedarán anulados de un plumazo.

 

admon_local4.jpgEl criterio del supuesto ahorro económico de esta nueva Contrarreforma tampoco se sostiene, ya que si las competencias pasan de los Ayuntamientos a las Comunidades Autónomas, ese dinero que ahora ponen los Ayuntamientos, lo tendrán que poner las Comunidades Autónomas. Por ejemplo, en las escuelas infantiles el 33% del dinero lo pone el Estado, el 33% las Comunidades Autónomas y el otro 33% los Ayuntamientos; si con esta contrarreforma el Ayuntamiento no pone su 33% ¿quién lo va a poner? ¿las Comunidades Autónomas que no tienen suficiente financiación? ¿o lo van a poner las mamás y los papás en la factura que les pasen a final de mes por dichos servicios? Pero es que con la pérdida de competencias también asistiremos a una sutil recentralización, ya que con la excusa del control financiero y el presupuesto más riguroso, el Estado ejercerá un auténtico tutelaje sobre los Ayuntamientos. Es decir, un control exhaustivo sobre los alcaldes como existía antes, en la dictadura, de forma que un interventor va a tener quizá más potestad y más facultades económicas que el propio alcalde. El interventor será un funcionario tecnócrata al servicio del Ministerio de Hacienda.

 

admon_local5.jpgPero sin duda, la mayor aberración que representa esta Ley es el hecho de abrir la puerta a la privatización de los servicios municipales, de una forma subrepticia. En efecto, lo que va a ocurrir es que se va a favorecer la iniciativa privada, y eso significa que se va a perder empleo público. Y va a ocurrir con las transferencias de los servicios obligatorios de educación, sanidad y servicios sociales. Cuando las transferencias pasen a las Comunidades Autónomas y tengan que adaptarse a los costes estándar, si el precio estándar que se establece para el servicio del limpieza de un colegio, por ejemplo, está por debajo del coste real, una de dos: o se presta peor servicio o se despiden a empleados. Los sindicatos ya están dando cifras alarmantes de despidos, hablan de hasta 200.000 despidos de la Administración Pública, si se aplica esta Ley tal y como está redactada y se pone en funcionamientos. Una de las aberraciones de esta ley es que los precios estándar los determina el Ministerio y lo va a hacer a través de un Decreto Ley, ¿sobre qué base lo van a hacer? ¿Van a intervenir los alcaldes, las Comunidades Autónomas a la hora de establecer esos criterios? Es fundamental saber los criterios que van a aplicar porque el daño que se va a hacer a la gestión municipal va a ser enorme.

El problema que tiene esta gentuza del PP es que no tienen sensibilidad social, y todo lo pretenden arreglar mediante criterios económicos. Para el tema que nos ocupa, resulta que el coste de un servicio municipal no es lo mismo para unos municipios que para otros, porque depende de su nivel de población, de sus necesidades, de sus infraestructuras, de su cercanía a otros núcleos de población, etc. Por tanto, los criterios sociales no se pueden omitir. Y por otra parte, en vez de caminar hacia la eliminación o desviación de competencias, hay que hacerlo en el sentido del reforzamiento de las mismas, de la autosuficiencia financiera, incluso para aquéllos servicios que legalmente no les correspondan, pero que los ciudadanos/as les demandan.

 

Manuel Fuentes nos pone un ejemplo muy ilustrativo: "Por ejemplo, en materia educativa. Si una Comunidad Autónoma no aporta la suficiente financiación para que haya un comedor escolar o transporte escolar, o libros de texto, y un Ayuntamiento determina que eso es lo más importante para sus ciudadanos, porque estos lo están demandando, ¿por qué no lo puede dar el Ayuntamiento? Las competencias tienen que ser municipales aunque la gestión sea de otro nivel del Estado, para que podamos hacer política, política social fundamentalmente, porque es ahí donde se diferencian las políticas de la izquierda y la derecha, las políticas a favor de los ciudadanos y las políticas a favor de las empresas. Y el PP se lo quiere quitar a los Ayuntamientos para que se potencie la economía a través de la empresa privada".

 

En última instancia, lo que el PP pretende es romper con el principio de la no rentabilidad económica de la Administración Pública, imponiendo el criterio económico sobre la universalidad de cierto servicio o prestación social. Una biblioteca o una escuela de música nunca va a tener rentabilidad económica, pero queremos que nuestros jóvenes practiquen la lectura y la música. ¿Porqué entonces no ha de prestarse un servicio aunque sea deficitario? Centros de día para ancianos/as, escuelas infantiles, polideportivos, ludotecas, y un largo etcétera, son ejemplos de dichos servicios sociales, que quizá los Ayuntamientos, si es que la Ley finalmente entra en vigor, no podrán permitirse el lujo de conservar. Y todo ello bajo la bandera de poder intervenir los Ayuntamientos ante su supuesta elevada deuda, cuando es completamente falso, puesto que del montante total de la deuda, tan sólo un 4% corresponde a los entes locales, y el gran porcentaje corresponde a la Administración Central. Todo ello, unido a la reducción en una media del 30% del número de concejales, dará al traste finalmente con todo el engranaje de la democracia municipal que hemos desarrollado desde la Transición. Debemos impedirlo a toda costa.

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5 junio 2013 3 05 /06 /junio /2013 23:00

En los primeros artículos de esta serie ya hemos introducido de forma breve el capitalismo, y a partir de aquí haremos una revisión del mismo con más profundidad, para poder entender el sistema que nos trae hasta aquí, antes de poder vislumbrar las alternativas al mismo. De entrada, y para meternos en situación, podemos responder a la pregunta: ¿Hay alternativas al actual sistema? de la siguiente forma: Sí, pero fuera del sistema. A los que defendemos esta postura se nos tacha de radicales, y tenemos que decir que a mucha honra, pues la palabra "radical" hay que entenderla en su sentido etimológico, esto es, ir a la raíz, y nosotros estamos convencidos de que el capitalismo debe ser derrocado para levantar sobre sus cenizas un nuevo sistema más justo y humano. 

 

Ya hemos comentado en otros artículos de este Blog que la economía es una ciencia más o menos exacta, aunque muchas veces se nos quiera vender la idea de que los economistas fallan en sus predicciones. Esto no es cierto, la economía se basa en parámetros matemáticos y de sentido común, luego difícilmente podrá fallar si se cumplen los supuestos de partida, y la evolución sospechada. Lo que no es cierto es que la economía no tenga ideología, o mejor dicho, los y las economistas no tengan ideología, y según ésta, la economía se pone al servicio de unos u otros intereses. En nuestros tiempos, y en nuestro contienente, la economía está al servicio del gran capital, y de los intereses financieros y especulativos. Lo que hay que hacer, por tanto, es situar la economía al servicio de las personas. ¿Qué significa esto? Hacer que la economía, que los propios objetivos económicos, estén al servicio de la población, de la satisfacción de sus necesidades, y de procurar para todo el mundo una vida mejor. 

   

De esta forma, partimos de la base, tal como se explica en uno de los documentos alternativos elaborados para su debate en la reciente X Asamblea de Izquierda Unida,  de que la crisis que sacude a los países desarrollados desde 2007 está provocando un enorme cambio en la conciencia de millones de personas, sobre todo de los trabajadores y trabajadoras, que constituyen la gran mayoría de la sociedad y son los principales afectados por sus consecuencias. Antes de la recesión de 2008/2009, (ahora estamos entrando en la segunda), la situación distaba de ser idílica para la mayoría de la población mundial: crecían las desigualdades y el expolio de la naturaleza, pero muchos confiaban en encontrar una salida personal, que trabajando duro podría asegurar su futuro y el de sus hijos. Era lo que nos vendían insistentemente: la economía es más “sana” que nunca y las crisis son algo del pasado. Y, a los ojos de la mayoría, todo indicaba que no había alternativa al capitalismo. La caída del Muro de Berlín, reafirmó entre la izquierda sindical y política la conclusión de que el capitalismo era el “menos malo de los sistemas posibles” y asumió que su papel era gestionarlo, no superarlo. Incluso recordamos al ex Presidente francés, Nicolas Sarkozy, proclamando la necesidad de una "refundación del capitalismo".

   

Sin embargo, hoy todo está cambiando bajo las embestidas de una crisis que va mucho más allá de un ciclo recesivo. En el Estado Español, terminaremos 2013 con más de 6 millones de parados e inmersos en una nueva recesión, con más recortes del gasto social y de los derechos laborales ¿cómo no poner en cuestión esta sociedad? La siguiente pregunta es: si el capitalismo no funciona ¿cuál es la alternativa? Cada vez más personas buscan una respuesta a la misma. Desde algunos sectores de Izquierda Unida, los más críticos con el actual sistema, proponemos buscarla fuera del sistema, no dentro: hay que poner la economía al servicio de las personas, porque no es un problema de falta de recursos, sino de quién los tiene y en beneficio de quién se usan. Pero hacer eso nos lleva a cuestionar al propio capitalismo, no tratar de arreglarlo, de darle un rostro más humano. Y el primer paso que debemos dar para encontrar una salida al laberinto de la crisis es comprender por qué estamos en ella.

 

Otro de los problemas donde se meten muchas personas que no tienen bien asentadas sus bases ideológicas, es encontrarse con que fabrican (o les fabrican) un diagnóstico equivocado de la situación actual, y comprender y analizar un buen diagnóstico es fundamental para poder enfrentarse a su receta. De hecho, muchos simpatizantes de izquierda que nos encontramos, no acaban todavía a nuestro entender de realizar un diagnóstico adecuado, y esto como decimos, es crucial para poder plantear las alternativas. En política, por tanto, es muy difícil quedarse en las medias aventuras, hay que ser valientes y plantear y recorrer el camino hasta el final. Bien, ¿cuál es básicamente el diagnóstico en la fase actual del cruel capitalismo que nos invade? Pues que hay recursos suficientes, y que lo que sufrimos es una crisis de sobreproducción.

 

Desde la crisis de las hipotecas subprime norteamericanas, en agosto de 2007, que fue el pistoletazo de salida de esta situación económica, la idea más común es que la raíz de la crisis es financiera. Sin embargo, la realidad es que el problema de fondo va mucho más allá, naciendo en la economía productiva y las relaciones de propiedad que caracterizan al sistema capitalista. Hay que comprender la dinámica del sistema y sus consecuencias. Una de las paradojas del capitalismo desde que existe es la sobreproducción, en la cual estamos en un momento álgido. Lo que nos está sucediendo ahora hubiera parecido absurdo a cualquier persona de otra época: no estamos en crisis por una mala cosecha, una catástrofe natural, una epidemia o por falta de medios. En todo el mundo hay millones de personas condenadas al paro forzoso, y las fuerzas productivas están a medio gas o están siendo destruidas paulatinamente.  

 

En sectores como la vivienda, la sobreproducción es más evidente aún si cabe, con millones de viviendas vacías, igual que se destruyen toneladas de alimentos para mantener los precios, pero en la industria manufacturera y otros sectores, ésta se presenta como un exceso de capacidad de producción. La utilización de la capacidad productiva instalada española apenas supera el 70%, y hay más de 6 millones de parados. Es decir, podríamos producir un 30% más con los medios de los que disponemos, y tener a un 25% más de trabajadores generando riqueza con su labor. Ese exceso es crónico en el capitalismo, pues en los momentos álgidos del auge nunca se superó el 85% de utilización de la capacidad instalada, ni dejó de haber en torno a dos millones de parados, pero con la crisis el problema se agudiza drásticamente. Hemos afirmado en otros artículos que al capitalismo le interesa el desempleo, y es cierto. El pleno empleo es un fenómeno perfectamente alcanzable, no es una utopía, lo que ocurre es que al sistema actual, tal y como está planteado, no le interesa. Continuaremos en siguientes entregas.

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4 junio 2013 2 04 /06 /junio /2013 23:00

En los próximos artículos de esta serie, vamos a desgranar el contenido del texto de la iniciativa que el Grupo Parlamentario de la Izquierda Plural ha presentado al Gobierno del PP, para su aprobación, en torno a una Ley Integral contra la LGTBIfobia. El texto se encuentra en el siguiente enlace (http://www.izquierda-unida.es/node/12187), para su consulta íntegra, que vamos a ir comentando en los sucesivos párrafos. La presentación de la misma se realizó a través de la portavoz en la Comisión de Igualdad, Ascen de las Heras, haciéndola coincidir con la celebración del Día Internacional contra la LGTBIfobia, destacando que "los retos no han parado de crecer en este ámbito, y los ataques constantes contra los derechos de las personas LGTBI denotan todavía una discriminación que se agudiza en los entornos laborales, escolares y de ocio".  

    
lgtbfobia1.jpgPor ello, Izquierda Unida reclama al Gobierno del PP la “aprobación de una Ley Integral contra la LGTBfobia y por el respeto a la diversidad sexo-genérica” para dar así un apoyo definitivo a la “igualdad de lesbianas, gays, transexuales y bisexuales”. La Proposición No de Ley, que ya está en el registro de la Cámara Baja, ha sido elaborada por De las Heras en colaboración con la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales (FELGTB) y el Área de Libertad de Expresión Afectivo-Sexual de Izquierda Unida (ALEAS-IU). En la iniciativa se insta también al Gobierno de Mariano Rajoy a que el citado Proyecto de Ley Integral sea elaborado en colaboración y atendiendo las demandas del tejido asociativo LGTB.

Desde la izquierda pensamos que, pese a los avances de espacios en favor de la igualdad como consecuencia de la movilización y el trabajo de sensibilización y concienciación social, “la conquista de estos históricos avances no permite, no obstante, afirmar que las personas LGTB gocen en la actualidad de la plena ciudadanía. Por desgracia, diferentes circunstancias hacen que aún hoy sean jurídica y socialmente considerados como ciudadanos y ciudadanas de segunda”. Hoy en día sabemos que “más del 50% de los adolescentes y jóvenes LGTB sufre acoso escolar LGTBfóbico, de ellos casi la mitad (43%) llega a plantearse el suicidio, y el 17% incluso llega a atentar contra su propia vida”.

lgtbfobia2.jpgTodavía existe una aversión continuada de algunos sectores de la sociedad a la diversidad sexo-genérica, fenómeno que debe atajarse con un “completo paquete de medidas que estén orientadas tanto a la educación y sensibilización, como a la visibilización de las personas LGTB”, ya sea tanto de forma individual como colectiva. Entre las 30 propuestas contra la LGTBfobia y por el respeto a la diversidad sexo-genérica que recoge la iniciativa registrada por IU, se encuentra el “impulso a la adecuada formación de profesionales sanitarios en las necesidades específicas de la salud sexual y reproductiva de las personas LGTB”, la “creación de planes de formación específicos para el profesorado en materia de diversidad sexo-genérica”, así como el “diseño de programas de atención al acoso escolar o bullying LGTBfóbico”. Vamos a presentar a continuación el texto completo de la iniciativa.
   
lgtbfobia3.jpgEn los últimos años la diversidad sexo-genérica ha marcado la agenda política a través del reconocimiento jurídico de los derechos de lesbianas, gays, transexuales y bisexuales (mundo LGTB). Estos avances en favor de la igualdad, como no podría ser de otra manera, responden a la movilización ejercida por parte de diversos colectivos y asociaciones hacia ciertos sectores de la sociedad que se resistían a reconocer los derechos y libertades civiles de toda la ciudadanía. Gracias a este trabajo de sensibilización y concienciación social, hoy las personas LGTB del Estado Español disfrutan de ciertos derechos que les eran negados hasta hace apenas unos años. No obstante, la conquista de estos históricos avances no permite afirmar que las personas LGTB gocen en la actualidad de la plena ciudadanía. Por desgracia, diferentes circunstancias hacen que aún hoy sean jurídica y socialmente considerados como ciudadanos y ciudadanas de segunda.
 
lgtbfobia4.jpgCon la aprobación del matrimonio entre personas del mismo sexo en España se avanzó considerablemente en libertad e igualdad; nuestro país se convirtió en el tercero del mundo en reconocer un derecho reivindicado desde hacía mucho tiempo por personas que vivían sus relaciones afectivo-sexuales en la sombra. Gracias a este hito, la sociedad española en su conjunto dio un decidido paso en favor de la igualdad. Aun así, los retos no han parado de crecer, los ataques constantes contra los derechos de las personas LGTB denotan todavía una discriminación que se agudiza en los entornos laborales, escolares y de ocio. Los ambientes en los que crece y se desarrolla la persona todavía están repletos de prejuicios hacia las personas LGTB, que recalcamos, no son diferentes, sino parte y riqueza de nuestra sociedad. Frente a ello se demanda un cambio desde las Instituciones públicas a favor de la adopción de medidas que palíen las injusticias y discriminaciones que aún persisten.
 
Como ejemplo de esta situación, y según datos de la FELGTB (Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales), más del 50% de los adolescentes y jóvenes LGTB sufre acoso escolar LGTBfóbico, de ellos casi la mitad (43%) llega a plantearse el suicidio, y el 17% incluso llega a atentar contra su propia vida. Ante esta dramática realidad se hace más que evidente que las personas LGTB no gozan hoy de la plena igualdad real y efectiva. Más aún, ni siquiera los sucesivos Gobiernos del PP y del PSOE han propiciado que se reconozca de forma completa, integral y transversal su igualdad formal.
 
lgtbfobia5.jpgPara ejemplificarlo, traemos a colación los artículos 1, 2 y 7 de la Declaración de los Derechos Humanos de 1948, referidos a la igualdad de derechos e igualdad ante la ley. Debe contemplarse el reconocimiento efectivo de los derechos de este colectivo social, que aún padece una fuerte discriminación. No podemos tampoco obviar la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (2000/2007), que es menospreciada ante cada ataque que padecen las personas que poseen una orientación sexual y/o una identidad de género diferente a la heterosexual.
 
El problema de la fobia contra lesbianas, gays, transexuales y bisexuales, afecta a diversos aspectos y ámbitos, por lo que se impone la necesidad de un tratamiento integral y transversal de esta realidad. La lacra social de la discriminación contra estas personas no puede combatirse sólo con medidas de aceptación y consolidación de ciertos derechos y libertades reconocidos previamente al resto de la población. La aversión de algunos sectores de la sociedad a la diversidad sexo-genérica debe atajarse con un completo paquete de medidas que estén orientadas tanto a la educación y sensibilización, como a la visibilización de las personas LGTB, ya sea tanto de manera individual como colectiva.
 
Este problema que ponemos de manifiesto, es lo suficientemente importante, posee tanta complejidad y afecta a tal cantidad de personas, que la mejor forma de abordarse es de manera estructural. El actual marco jurídico ofrece espacio más que suficiente para abordar estas problemáticas. Lo único necesario ahora es demostrar la voluntad política para aplicar estas necesarias medidas, que, sin duda, contribuirán a mejorar considerablemente la calidad de vida de miles de ciudadanas y ciudadanos de manera casi instantánea, además de crear empleo de calidad y con derechos.
 
La profundización de la igualdad jurídica y el avance hacia la igualdad real y efectiva, lo que reconocería la plena ciudadanía a toda la población sin cuestionar su orientación sexual y/o su identidad de género, requieren aprobar y desarrollar de forma prioritaria las siguientes medidas contra la LGTBfobia y por el respeto a la diversidad sexo-genérica. Continuaremos en el siguiente artículo de la serie, entrando ya en la concreción de las medidas que se solicitan.

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3 junio 2013 1 03 /06 /junio /2013 23:00

Nos encontramos ahora, dentro de la estrategia neoliberal de acoso y derribo a todas nuestras conquistas sociales, con la que le toca al Sistema Público de Pensiones (en adelante, SPP). No es ni mucho menos el primer ataque que sufre éste, pues en las distintas reformas laborales que se han venido aprobando últimamente, así como en las diferentes reformas que ha sufrido el SPP bajo el "consenso" del llamado Pacto de Toledo, ya podemos decir que ha sufrido varias embestidas graves. Pero como sabemos, el gran ogro neoliberal no se va a quedar tranquilo hasta que aniquile totalmente el SPP, y obligue a la clase trabajadora, si es que quiere "disfrutar" de pensiones en el futuro, a entrar por sus objetivos, que no son otros que desmantelarlo, y que existan únicamente los planes privados de pensiones, esos que ofrecen las entidades financieras y aseguradoras.

 

spp1.jpgPero centrémonos en el Informe que se está preparando en la actualidad, a ver si podemos desde aquí desmontarlo, y ayudar a que el rechazo social a estas medidas que nos quieren llevar al pasado pueda impedir que se ejecuten. En el susodicho Informe que el Gobierno ha encargado a un grupo de "expertos", para su posterior debate parlamentario y en el seno del Pacto de Toledo, se hace insistencia en algunas recomendaciones, viejas conocidas por otra parte, pues el frente neoliberal de Bruselas, con el Comisario Olli Rhen a la cabeza, viene insistiendo desde hace mucho tiempo en que las adoptemos. Se basan, sobre todo, en los siguientes frentes tácticos:

 

1.- Relacionar la edad de jubilación no con un valor fijo, sino atendiendo a la esperanza de vida de las nuevas generaciones. A mayor esperanza de vida, se retrasará más la edad de jubilación.

 

2.- Desligar su actualización al incremento del IPC, para pasar a relacionarlo con el estado de cuentas de la Administración de la Seguridad Social. Ello redundará en una pérdida progresiva del poder adquisitivo de los pensionistas.

 

3.- Promover una política de aceptación y difusión de los Planes de Jubilación privados, aumentando el negocio de banqueros y aseguradoras privadas.

 

spp2.jpgComo se ve, todo un atropello a los derechos y conquistas sociales de la clase trabajadora en lo que se refiere al campo de la jubilación, y una burla a los actuales y futuros pensionistas, a los que se quiere hacer pasar, en expresión literal, "del trabajo al cementerio". De entrada, tenemos que decir que de los 12 "expertos" encargados de elaborar el Informe sobre la Sostenibilidad del Sistema de Pensiones, 8 están al servicio de la banca privada y de las grandes empresas aseguradoras, y por tanto, no es muy difícil adivinar que sus conclusiones irán en la línea de engordar el suculento negocio que para ellos representan los planes privados de pensiones.

 

spp3.jpgHay que recordar que el SPP afecta a más de 9 millones de pensionistas españoles, y al sector de mediana edad de la población, de más de 50 años, que ya ven próxima su pensión, y que temen ver, con razón, cómo caerá en picado su nivel de vida. Un nuevo atentado a las clases más desfavorecidas, para que continúen pagando la crisis aquéllos que no la han provocado. Ya se ha filtrado que el Instituto de Estudios Fiscales, perteneciente al Ministerio de Hacienda, estima que tendremos que bajar hasta un 40% el importe de las pensiones públicas, lo cual supondría acabar con uno de los puntales donde se sostiene la economía de muchas familias actualmente, que cuentan con la pensión de sus mayores para poder subsistir. Por otra parte, no es cierto que España dedique muchos recursos al SPP, bien al contrario, es de los que menos dedica a este capítulo de la UE, y nos remitimos a los datos: según el Informe de la OCDE de 2011, España gastaba en pensiones el 8% del PIB, Alemania el 10,7%, Francia el 12,5%, Italia el 14,1%, Portugal el 10,8%.

 

La doctrina neoliberal que inspira a los Organismos nacionales e internacionales que sostienen la tesis de la inviabilidad del SPP se basa en una economía orientada a lo privado, y autoregulada por el propio mercado. Con la experiencia que tenemos, ¿creemos que podemos dejar la seguridad de las pensiones de los mayores cimentada en estos pilares? Por tanto, una y mil veces más, hay que constatar que el SPP es perfectamente sostenible. Que es mentira que tenga que modificarse a la baja, y que son una falacia los motivos que se basan en la demografía, en la esperanza de vida, y en terceros factores externos. El SPP necesita, a nuestro entender, un giro en los siguientes puntos:

 

spp4.jpg1.- Mayor volumen de cotizantes. Es evidente, ya que si aumenta el número de beneficiarios del SPP y no aumenta el número de cotizantes, es decir, el número de nuevos trabajadores/as que se incorporan al sistema, sí que se volvería un sistema insostenible. Es el más frecuente criterio que aducen los que van en contra del SPP, a los cuales hay que decirle que si los Gobiernos crearan empleo público (y privado), además de descender el paro, aumentaría el número de cotizantes que sostendrían nuestros pensionistas de hoy y del futuro.

 

2.- Aumentar la cuantía de la pensión mímina. En efecto, tanto el SMI como la pensión mínima debían tener una cuantía no inferior a los 1.000 euros, lo cual redundaría también en el aumento del consumo familiar, contribuyendo a reactivar la economía.

 

spp5.jpg3.- Adelantar la edad de jubilación. Para que, entre otras cosas, el mercado laboral pueda ir reconfigurándose con la entrada de personas jóvenes al mismo, cuyas cotizaciones ayudan a sostener a la población jubilada. Nuestra propuesta es volver a situar la edad de jubilación a los 65 años, incluso reducirla progresivamente a los 60 de forma voluntaria.

 

En resumidas cuentas, el SPP no presenta ningún problema de sostenibilidad, ni siquiera de envergadura económica, y todo el alboroto actual respecto al mismo sólo responde a situarlo en el siguiente punto de mira, en el nuevo objetivo a batir, en la nueva conquista a derribar, siempre bajo la estrategia general de expoliar todo lo público, para darle primacía a lo privado. El SPP es la garantía de que nuestros mayores, y todos lo seremos algún día, puedan continuar disfrutando de una vida digna, y puedan entrar en la cultura del ocio, que se la tienen bien ganada. No sucumbamos a los facilones argumentos demográficos de la derecha neoliberal, proporcionándoles un nuevo negocio a especuladores y corruptos banqueros, a los cuales les importa bien poco la seguridad y el bienestar de nuestros mayores. A las pruebas me remito. Véase lo que ha pasado con las preferentes.

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2 junio 2013 7 02 /06 /junio /2013 23:00

Desde la Plataforma Hambre de Justiticia, creada con el fin de que el Gobierno de España cree empleo y mantenga los servicios sociales, o bien que dimita, se han organizado durante el presente mes de mayo, y aún continúan, una serie de huelgas de hambre para exigir y reivindicar dichas exigencias. Aunque la iniciativa surgió en la ciudad de Huesca, hay personas en Huelga de Hambre en varios puntos de la provincia, en las ciudades de Zaragoza, Girona, Madrid y Granada, en Venezuela, Irlanda y Turquía. De momento, hay 5 personas en Huelga de Hambre de 29 días, 20 personas que van a hacer Huelga de Hambre de una o dos semanas, y muchas otras que se han comprometido a hacer Huelga de uno o dos días. A fecha de 8 de mayo ya eran 140 personas las que habían estado sin comer ni callar, y los días de ayuno de todas estas personas sumaban 679.

 

La Plataforma también publica en su web una serie de cartas que han enviado a Mariano Rajoy, y a otros cargos públicos, sobre muchos asuntos: el agua, los servicios sociales, la dependencia, el derecho a la vivienda, la educación, la juventud y el empleo, etc.   Su escueto pero claro Manifiesto, que se puede firmar desde la propia web, es apoyado completamente desde la izquierda. Su texto es el siguiente:

 

"Ante la barbarie de los mercados financieros, la brutal especulación sobre el suelo y la vivienda, y las políticas liberales o neoconservadoras que han engendrado la crisis del sistema y han tenido como resultado el desmantelamiento de los servicios públicos y el empobrecimiento de la sociedad (ya que en la década 1997-2007, los salarios subieron un 46%, mientras que la vivienda lo hizo en un 280%), l@s ciudadan@s nos sentimos desesperad@s por las soluciones basadas en exclusiva en los recortes que plantea este Gobierno. Amparándose en el imperio de una ley, una democracia y una Europa cada vez más alejadas de las personas, que se escuda en unas elecciones y en unas mayorías que han incumplido la mayor parte de su programa electoral sin sentirse responsables.

 

Cada vez somos más esclav@s, más dependientes, más culpabilizad@s de una crisis que nos han impuesto, tenemos menos derechos y más obligaciones. Se cuestiona el derecho a la sanidad pública, a la enseñanza pública, a la justicia e incluso los derechos más elementales de manifestación, reunión en centros públicos, opinión o libertad de cátedra. Nos quieren exprimir hasta la última moneda y robarnos el alma para que no tengamos valor ni fuerzas para gritar.

 

Y a la par existen menos exigencias de cumplimiento para los políticos “irresponsables”, los grandes empresarios, los evasores, para los paraísos fiscales, los banqueros, los corruptos y defraudadores. Y más facilidades para la privatización y el capital financiero y especulador. En el año 2012 se destinaron a la banca 112.000 millones de € públicos, y a la vez, se nos imponen unos intereses de la deuda pública que nos empobrecen cada vez más. Haciendo que la deuda pública haya aumentado de 360.000 millones de € en 2007 a 900.000 millones de €.

 

Este cúmulo de despropósitos agrava las diferencias entre los más ricos (cada vez menos y más poderosos) y los empobrecidos (cada vez más y más depauperados), produciendo una situación de distancia insalvable de consecuencias imprevisibles. Para que la clase política escuche el grito de nuestra sociedad que ya no sabe cómo decir basta. Por una vuelta al Humanismo, vemos necesaria esta Huelga de Hambre, casi el último recurso para hacer visible esta situación, para ser piedra de toque que mida la pureza de las conciencias de los políticos en el poder, que no pueden ampararse y esconderse en la legalidad que justifica lo injustificable, para mostrar que el hambre de la Huelga y los huelguistas sólo es una pequeña muestra concentrada de muchos ciudadan@s, de su hambre de democracia, de su hambre de justicia, de su hambre espiritual de igualdad y trabajo digno.

 

Frente a las soluciones a la crisis que está adoptando el Gobierno, proponemos otras más equitativas, y con más futuro para el país:

 

1.- Aumentar la fiscalidad del 30% del PIB actual a la media de la UE del 42%, generando 120.000 millones de € (6 millones de empleos a 1.000 € con 14 pagas y cuotas de S.S.)

 

2.- Combatir el fraude fiscal del que el 71%, está en las grandes fortunas y empresas, se estima entre 70.000 y 90.000 millones de € (4 millones de empleos de 1.000 €)

   

3.- Una legislación muy punitiva de la corrupción pública.

   

4.- No pagar los intereses de la deuda, puesto que hemos pagado de más. En 2013, 38.600 millones de € (1.930.000 empleos).

   

5.- Auditar la deuda pública, no pagando aquella adquirida para sostener al entramado financiero-especulador.

   

6.- Permitir la dación en pago de la primera vivienda con efecto retroactivo, ayudando a las personas desahuciadas a recuperarse económicamente.

   

7.- Lo que permitiría la creación de empleo:

- Público, mejorando educación, sanidad, dependencia, cultura, etc. Llegando a la media de la UE, que es del 15% de la población activa, en España el 10% (se crearían 1.200.000 empleos).

- Financiando empleo privado o creación de empresas públicas con energías renovables, agricultura, industrias alimentarias ecológicas, industria no contaminante.

- Disminuir la edad de jubilación para que los jóvenes se incorporen al trabajo".

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30 mayo 2013 4 30 /05 /mayo /2013 23:00

La sociedad española vive tiempos convulsos de cambio en medio de una crisis sistémica de proporciones inimaginables hace apenas unos años. Son especialmente los trabajadores y los sectores populares los más golpeados, con diferencia, por todo tipo de medidas de ajuste, recorte, reestructuración o austeridad, pero también las clases medias observan atónitas como la concentración de la riqueza y de las decisiones se produce en núcleos cada día más reducidos, núcleos oligárquicos donde comparten la información y la gestión de la misma dirigentes políticos y empresariales selectos.

transparencia1.jpgEn los últimos decenios, de forma flagrante e indecente, los intereses económicos de esos pocos se impuso a la política, entendida como la más pura y sublime dedicación de preocuparse por organizar lo que es de todos, pensando en el bien común y en el interés general, encumbrando a una forma de entenderla basada en la “puerta giratoria” donde lo público y privado se entremezclan al servicio del lucro, y sin demasiados escrúpulos a la hora de priorizar ese aspecto sobre el interés colectivo.

La desafección hacia ese modelo de entender la política estaba servido, e incluso hacia la política en general, al confundirla como la única opción posible en una sociedad donde la alternativa era continuamente minorada. Los recortes del Estado del Bienestar, la democracia representativa al servicio de los poderes oligárquicos no democráticos, y la crisis del modelo de Estado han acabado de abonar una situación de “crisis política” sobre la que pivota en buena parte la incapacidad de los gobiernos y de las formas de representación clásica de reconducir la situación.

En ese marco llega la iniciativa del Gobierno del PP de desarrollar una Ley de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. En un principio la medida era presentada como ejemplo reformista e incluso regeneracionista, para dar respuesta anticipada a la demanda ciudadana de transparencia en los asuntos públicos, y en concreto en el funcionamiento de las Administraciones Públicas. Seguía la estela de iniciativas pioneras en el mismo sentido, como la del Gobierno de Navarra y de algunas Directivas europeas. Pero el partido que sustenta al Gobierno y el propio Gobierno carecían de credibilidad, no sólo por los escándalos de corrupción aparecidos en su seno, sino por su negativa a organizar Comisiones de Investigación en el Parlamento, que contribuyeran a arrojar un poco de luz sobre los mismos.

transparencia2.jpgNo hay Ley que haya sido nombrada tantas veces por el Gobierno del PP como talismán contra todo tipo de males que afectan a nuestra democracia y al propio Gobierno, ya sea la desafección, la corrupción e incluso últimamente contra el desapego a la propia Monarquía. Este hecho ha contribuido a levantar aún más las expectativas de la Ley, que en un principio perseguía objetivos sin duda propagandísticos sumados, siendo sinceros, a la propia modernización en su funcionamiento de la Administración Pública, revolucionada por el auge del papel de las redes sociales y de las nuevas tecnologías.

El contexto político del país ha superado con creces al Gobierno e incluso a los propios legisladores, y del texto inicial que pretendía exceptuar al escrutinio de la ley una serie de espacios públicos o simplemente ya ni los citaba, se ha pasado a un debate en el Congreso, pero también en la calle, sobre la necesaria ampliación de los ámbitos del texto y sus pretensiones. El golpe de efecto del PP se ha convertido para su grupo parlamentario y para el propio Gobierno en un galimatías de difícil solución, donde temas como los partidos, la corrupción, la Monarquía o la calidad y preeminencia del derecho a saber sobre el derecho a proteger u ocultar, se han convertido en aceradas cuestiones desde la perspectiva conservadora.

transparencia3.jpgEl Gobierno ha intentado desesperadamente que la ley no se le vaya de las manos, y sin duda las iniciativas de incorporar a partidos políticos y a la Monarquía al texto obedecen a esa presión que los casos Bárcenas y Urdangarin ejercen, sumados a la presión popular que pide aumentar la calidad de la democracia y el fin de los recortes. Periodistas, académicos, funcionarios especializados, pero también empresarios y sindicalistas ofrecen estos días una riqueza de argumentos que sorprende por su exuberancia, buena muestra todo ello del interés despertado y por el estado de ánimo del país ante el debate de la calidad democrática, ya que donde hay “luz y taquígrafos” es más difícil que anide la corrupción, y la ciudadanía de hoy y del futuro se niega a ser tratada solo como electores a cuatro años y consumidores, y quiere interactuar con su Administración y con su democracia.

Un flanco que también colea es el de la capacidad sancionadora del Gobierno Central sobre otras Administraciones Autonómicas y Locales, ya que podría vulnerar competencias de autoorganización de esos entes, y finalmente el carácter independiente o no del Gobierno de un ente regulador que velaría por la aplicación de la Ley, ya que en el actual texto dependería directamente del Ministerio de Hacienda. Todo lo cual proporciona un panorama de incompletitud y poca ambición de la nueva norma, que nosotros vamos a ir exponiendo en nuestra enmienda de totalidad, en sucesivos artículos. La Transparencia ha de ser entendida como un eje transversal de la acción de un Gobierno, y reposar en mecanismos de democracia participativa, que revaloricen lo público y eliminen los posibles resquicios de corrupción.

transparencia4.jpgEl nerviosismo, el hartazgo y la tensión de la calle se notan en cada palmo del Congreso, y podemos afirmar que si la Ley de Transparencia finalmente se tramita con un texto que esté muy por debajo de las expectativas despertadas, las fuerzas políticas que se responsabilicen directamente o apoyen ese hecho, sufrirán una censura ciudadana que irá mucho más allá de una votación o un debate parlamentario. Igual resulta que la ciudadanía a golpe de mercado está aprendiendo a valorar la democracia de forma distinta a como algunos pocos tenían programado, y en este país se recupera la política con mayúsculas. Si "A enemigo que huye, puente de plata", que dice el refranero, podemos afirmar que un nuevo fantasma recorre España, se llama democracia,  y las leyes de transparencia deben ser puente de plata a ese nuevo sujeto.

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29 mayo 2013 3 29 /05 /mayo /2013 23:00

La historia muchas veces es contracíclica en los avances y conquistas sociales, de tal manera que, en el campo de la aceptación de la diversidad afectivo-sexual, estamos asistiendo en estos últimos tiempos a una reverberación del rechazo social hacia la misma, como puede comprobarse en las recientes manifestaciones en Francia contra la aprobación de la ley que permite el matrimonio homosexual, o bien en los disturbios ocurridos en las últimas semanas en Rusia, protagonizados por algunos intolerantes contra personas homosexuales. Ante este panorama, hoy más que nunca, se hace necesaria la reivindicación de una continuidad en la lucha por los avances del mundo LGTBI, para lo cual reproducimos a continuación el Manifiesto publicado recientemente por ALEAS, integrada en Izquierda Unida, representando el Área de Libertad de Expresión Afectivo-Sexual:

 

"A pesar de los numerosos e importantes avances conseguidos en los últimos años, tanto en el Estado Español como fuera de él, seguimos necesitando reivindicar y hacer un llamamiento hoy, 17 de Mayo, Día Internacional contra la LGTBIfobia, por la consecución de la igualdad real y efectiva entre todas las personas, independientemente de su orientación sexual o su identidad de género. Decimos basta ya a quienes señalan y culpan a otras y a otros por querer vivir una sexualidad libre y plena, y no toleraremos recortes de derechos y libertades.

La aprobación del matrimonio igualitario supuso un punto de inflexión histórico en la lucha del movimiento LGTBI, sin embargo, debemos ser conscientes de la necesidad de continuar luchando. Precisamente porque somos conscientes del esfuerzo que supone cada paso hacia adelante, no permitiremos retroceder en lo conquistado ni nos detendremos en la consecución de todo lo restante, que todavía es mucho. Porque lo conquistado, aunque muy importante, no es suficiente.

diversidad_sexual61.jpg

 

El acoso escolar LGTBIfóbico, el mantenimiento de la patologización de la transexualidad a través de la disforia de género, los constantes ataques LGTBIfóbicos de Instituciones retrógradas como la Iglesia Católica, o las trabas puestas en la adopción de niños y niñas por parejas del mismo sexo, son sólo algunos ejemplos de la LGTBIfobia existente y, por tanto, del largo camino que nos queda por recorrer. El contexto actual de crisis de régimen y recorte de derechos por parte del Gobierno del Partido Popular no hace sino agudizar la ya compleja situación de lesbianas, gays, transexuales y bisexuales, haciendo aún más difícil la consecución de la ansiada igualdad real.

Así, desde el Área de Libertad de Expresión Afectivo Sexual de Izquierda Unida (ALEAS-IU), hacemos un llamamiento a la reivindicación del 17 de Mayo como herramienta de visibilidad de las problemáticas que afectan al colectivo LGTBI. Sólo a través de la confluencia social y el trabajo colectivo conseguiremos la igualdad real; y en el marco de esta tarea se hace necesario e imprescindible sumar fuerzas, porque juntos y juntas somos más fuertes. De la misma manera, nuestro trabajo será incompleto si no nos enfrentamos al mismo tiempo a otras desigualdades por razón de sexo o raza. Y, aunque no la única, la educación ha de ser nuestro principal instrumento en la erradicación de la discriminación por motivos de orientación sexual y/o identidad de género.

Por todo ello, desde ALEAS-IU reafirmamos en este día nuestro compromiso activo y militante a favor de la igualdad y el respeto de la diversidad sexo-genérica, y condenamos la discriminación y la violencia, física y verbal, que todavía sufren y a la que se enfrentan día a día lesbianas, gays, transexuales y bisexuales. La intolerancia no puede tolerarse y ante los ataques, responderemos colectivamente, cargados de razones. El 17 de Mayo, especialmente, decimos NO a la LGTBIfobia".

Área de Libertad de Expresión Afectivo-Sexual (ALEAS) de Izquierda Unida
www.aleasiu.org // aleas@izquierda-unida.es

 

Hasta aquí el Manifiesto, pero vamos a publicar próximamente, dentro de esta misma serie de artículos, una detallada exposición sobre el proyecto de Ley Integral contra la LGTBIfobia, que desde el Grupo Parlamentario de la Izquierda Plural se ha presentado recientemente en el Congreso de los Diputados, para su debate y aprobación. Ya sabemos que nos encontraremos con el rotundo rechazo de la derecha más atávica, reaccionaria y conservadora de este país, pero hay que seguir luchando para que algún día, el rechazo al mundo LGTBI forme parte del pasado. Continuaremos en siguientes entregas.

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