Actualidad Política y Cultural - Blog de Rafael Silva

Hemos citado muchas veces el Consenso de Washington en nuestros artículos, situándolo como el primer grano de arena que contribuyó al actual estado de cosas en Europa, y en el presente artículo vamos a abordarlo con un poco más de profundidad. En efecto, el proyecto de construcción europea iniciado en los años 50 del pasado siglo ha fracasado a todos los niveles. La mejor expresión del Consenso de Washington en Europa fue el Tratado de Maastricht de 1992, que ya fue denunciado en aquél entonces por Izquierda Unida. Se inició más tarde el camino hacia una moneda única desmantelando servicios públicos, ajustando a la baja los salarios, restando soberanía a los Estados miembros, y dejando pendientes la convergencia política, económica, fiscal y social de los pueblos de Europa.

¿Es negativo funcionar con una moneda única? Objetivamente no, pero si la implementamos con los mecanismos de que disponemos en la actual UE, está claro que es un proyecto que no funciona, un proyecto injusto y antisocial, que más tarde o temprano acabará con todo el conjunto de las políticas sociales europeas. No tenemos integración política, ni fiscal, ni bancaria, ni nuestro Banco Central Europeo actua como tal, al modo de una Reserva Federal, sino como un lobby de la banca privada europea. Nuestros presupuestos europeos son claramente deficientes, y actuamos al dictado de las más fanáticas directrices neoliberales provenientes sobre todo de Alemania. Con tal escenario, nos preguntamos: ¿merece la pena esta integración europea?

Este modelo, que detallaremos a continuación, ha contado desde entonces con el apoyo y el beneplácito de partidos socialdemócratas, liberales y conservadores del conjunto de la Unión Europea, y sus expresiones más recientes en España fueron el famoso consenso firmado entre PP y PSOE, para defender el llamado Pacto de Estabilidad y Crecimiento, para defender el SI a la ratificación del Tratado Constitucional Europeo en referéndum (acompañados en este caso de los sindicatos mayoritarios) o, en verano de 2012, la ratificación con sus votos en el Parlamento del Pacto Fiscal Europeo. Pero detengámonos en dicho famoso Tratado, llamado el Consenso de Washington. Si tuviéramos que resumir en una sola sentencia el conjunto de principios que inspiran el Consenso de Washington, diríamos que es la siguiente: "DISMINUCIÓN DEL ESTADO Y DEL SECTOR PÚBLICO, AUMENTO DEL SECTOR PRIVADO".

La desaparición histórica del bloque del llamado socialismo real coincide en el tiempo con la puesta en marcha de las políticas que posteriormente fueron conocidas como el "Consenso de Washington". Inicialmente formuladas con la vista puesta en América Latina, pasaron rápidamente a formar parte del pensamiento hegemónico global, y hoy en día, todos los grandes Organismos Internacionales de tipo económico (FMI, BM, OCDE,...) profesan, aplican y difunden sus principios, además de un montón de Asociaciones, Federaciones y Agrupaciones de economistas de todo el mundo (FEDEA, por ejemplo, en el caso español). Las premisas del Consenso de Washington han sido defendidas y aplicadas por PP y PSOE a todos los niveles, con la inestimable ayuda de conservadores nacionalistas catalanes y vascos, desde que fueran formuladas por un economista del Banco Mundial (BM) durante el mismo mes en que cayó el Muro de Berlín, en noviembre de 1989, en forma del siguiente decálogo:

1.- Disciplina Presupuestaria. Déficit Cero. Norma sagrada a cumplir por todos los países, que como sabemos, se está aplicando en Europa con total fanatismo, a sangre y fuego, a base de ejecutar recortes laborales y sociales, y de los derechos de la ciudadanía, desde los Derechos Humanos básicos, pasando por el conjunto de derechos subjetivos, de tipo político, civil y democrático.

2.- Reorientación del gasto público hacia políticas asistencialistas, causando la ruptura del carácter universal de los servicios públicos. En efecto, y derivado de lo anterior, se difunde que el gasto público ha de ser recortado, porque no se cree en lo público (porque se legitima la desigualdad), y los servicios públicos han de romper, según el Consenso de Washington, con sus características de universalidad, gratuidad y calidad, quedando únicamente como servicios residuales para la sociedad.

3.- Contrarreforma Fiscal, para conseguir un mayor peso en la recaudación de impuestos indirectos. Se desecha la idea de una fiscalidad justa, social y progresiva, para abonar la idea de una fiscalidad indirecta, es decir, que hace igual rasero para toda la ciudadanía, sin tener en cuenta las rentas del trabajo y del capital (éstas últimas son gravadas cada vez menos), y sin tener en cuenta quién tiene y gana más sobre quién tiene y gana menos. Se implantan tasas para los servicios públicos, y se aumentan los impuestos sobre el consumo, como el IVA.

4.- Liberalización Financiera. Se potencia el libre flujo de capitales, se da poder al negocio bancario, se liberaliza su funcionamiento y sus normas, y se permite que bancos, cajas y otras variantes, así como todo tipo de empresas de carácter financiero o asegurador, puedan introducirse en aspectos sociales que hasta ahora no representaban un negocio, como la Vivienda.

5.- Tipos de Cambio competitivos. La inflación es controlada mímimamente por los Bancos Centrales, y la política de tipos de cambio y de interés es sólo una excusa, no un fin en sí misma. Igualmente, los Bancos Centrales tienen el poder de ordenar o no una intervención directa sobre la deuda pública de los Estados, permitiendo la especulación.

6.- Liberalización del Comercio Internacional. Así como las finanzas, el comercio internacional es liberalizado, se da potestad a las empresas para buscar mano de obra en diferentes países, donde las normas sociales y laborales puedan ser más "relajadas". La circulación de productos también es libre, y se relajan las normas arancelarias, así como las políticas proteccionistas de cada Estado.

7.- Eliminación de las Barreras a la Inversión Extranjera Directa. Es otra manifestación más de que se apoyan los capitales internacionales, sin ningún límite, con total intromisión de empresas extranjeras multinacionales dentro de la economía y del mercado laboral de los diferentes países. Un buen ejemplo de ello lo tenemos en España con la próxima construcción del megacomplejo EuroVegas.

8.- Privatización de Empresas Públicas y Liberalización de Monopolios Estatales. En efecto, en ese afán neoliberal de disminuir el poder y el tamaño de lo público, se plantea como objetivo fundamental la privatización de las grandes empresas públicas que representan los grandes sectores estratégicos de la economía nacional (telecomunicaciones, agua, correos, energía, etc.), y la reducción o eliminación de todos los posibles monopolios del Estado, es decir, servicios que se presten únicamente desde instancias públicas.

9.- Desregulación de los Mercados. El "Papá Mercado" es el gran tótem a proteger en el Consenso de Washington, el sacrosanto objetivo que no se puede sacrificar, porque los neoliberales creen profundamente en la economía de libre mercado, donde éste se autoregula lo suficiente como para que exista una competitividad que permita un mercado dinámico. La paradoja es que cuando los mercados se hunden, como está pasando durante esta crisis, se acuerdan del otro papá, el "Papá Estado", para que los rescate, pasando desde un proceso de privatización de ganancias, a uno de socialización de pérdidas.

10.- Protección de la Propiedad Privada. La propiedad privada, en todas sus vertientes y manifestaciones, es algo intocable para los neoliberales del Consenso de Washington, y toda su proyección posterior. Es un derecho para ellos que se coloca encima de cualquier otro, lo cual conlleva que poco a poco el concepto de propiedad privada no sólo pierda toda su función social, sino que vaya incluso en contra de la misma. La última prueba de ello la tenemos en el recurso al Tribunal Constitucional que va a presentar el Gobierno ante la aprobación del Decreto-Ley de la Consejería de Vivienda y Fomento de la Junta de Andalucía, porque entienden que el proceso de expropiación de viviendas a los bancos viola dicho derecho a la propiedad privada, además de desestabilizar las garantías financieras.

Y como decimos, desde entonces, Gobiernos, representantes públicos, medios de comunicación afines (la inmensa mayoría), Universidades públicas y sobre todo privadas, poderosas fundaciones de estudios en España (cuánto más las que se alinean con la banca privada, como la Fundación de Estudios del BBVA), asociaciones empresariales (como la CEOE o el Círculo de Empresarios), y un montón de economistas y periodistas a sueldo de los intereses de todas estas organizaciones, han aplicado, difundido, justificado e incluso constitucionalizado el contenido del Consenso de Washington. De ahí que todo ello haya contribuido a extender un pensamiento dominante, que justifica las prácticas políticas que apoyan dichos fines. Nuestra labor desde la izquierda es contribuir a desmentir todos los postulados del Consenso de Washington y todos sus consensos, acuerdos y tratados afines, haciendo el máximo de pedagogía para intentar que pueda difundirse un pensamiento alternativo, que pueda al fin derrocar la hegemonía de todos estos principios.

...donde muchas cosas fuesen distintas...me quedo con mi pueblo, con mi clima, con mi sur, con el carácter de mis paisanos, con las buenas y grandes cosas que tenemos, y a las que lejos de renunciar, creo que no me hallaría en otro sitio...pero me gustaría vivir en un país que tuviera prohibido el deshaucio de las personas de sus casas, porque haya unas instituciones públicas que velen por ello, y por tanto los bancos no se puedan encargar de suscribir hipotecas a la gente...un país donde si se propone un ERE en una empresa privada, el empresariado y el accionariado respondan con sus recursos, en vez de hacer pagar a los trabajadores, enviándolos al paro...un país donde no se defendiera a los corruptos por parte de sus jefes de filas, sino que fueran inmediatamente apartados de la vida pública...un país donde no se jugara a la Lotería, ni a ningún juego similar, no porque estuviera prohibido, sino porque la gente no pensara en hacerse rica...

Me gustaría un país donde se cuidara y mimara a la función pública, donde las palabras "funcionario público" fuesen sagradas, porque representaran lo mejor que uno puede hacer por los demás, es decir, dedicarse al servicio público...un país donde no pueda faltar nunca dinero para pensiones de nuestros mayores, escuelas y hospitales, porque se considere la mejor inversión del Estado...un país donde no existan herramientas que contribuyan al fraude fiscal de los más ricos, porque exista una política de imposición progresiva y justa, donde los que más tienen y más ganan contribuyan más a la riqueza colectiva...Un país solidario con toda la Comunidad Internacional, en su política de contribución a la Cooperación y al Desarrollo, un país sin Ejércitos, ni Casa Real, ni perteneciente a ninguna Organización Internacional de tipo belicista...

Me gustaría vivir en un país donde la religión fuera sólo objeto de culto en el ámbito privado, y no tuviera rastro de presencia en ningún ámbito público, en especial en las escuelas...un país donde los servicios públicos fueran realmente públicos, y sólo estuvieran sujetos a la rentabilidad social, que fuesen universales, totalmente gratuitos, pensados para las personas, y no en función de los criterios de mercado...un país donde la Justicia fuese realmente igual para todos, sin privilegios según la casta económica y política a la que se perteneciera, y donde la Hacienda Pública recaudara a las personas físicas y jurídicas según su capacidad...un país donde los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad no actuaran para reprimir al pueblo en el ejercicio de sus legítimos derechos, sino que los amparara en los mismos, donde los mandos policiales no vieran a la gente en las calles como sus enemigos...un país donde las infraestructuras estuviesen pensadas como un gran motor de la economía productiva, y fuesen realmente útiles para los ciudadanos, sin pensar en obras faraónicas para el beneficio de las grandes empresas constructoras...

Me gustaría vivir en un país donde el deporte y la cultura en general fuesen un bien de dominio público, sufragados al 100% por el Estado, y de acceso general y gratuito para toda la ciudadanía, y por tanto, todos tuviéramos libre acceso a conciertos, teatros, museos, libros, Internet...un país sensible con los más desfavorecidos, solidario con los que menos tienen, implacable con los que más tienen, sensible a la desigualdad...un país con pleno empleo, donde la inactividad laboral fuera residual, donde no existieran grandes latifundios al lado de trabajadores en paro, donde las empresas no se pudieran aprovechar de un ERE masivo para poner en la calle a miles de trabajadores, o bien trasladar sus sedes a terceros países en busca de mano de obra más barata...un país donde todo el mundo, toda la ciudadanía adulta, disfrutara de un modo u otro de una prestación básica para poder vivir dignamente, y nuestros jóvenes no tuvieran que emigrar en busca de empleo, ni nuestros niños sufrieran de malnutrición...

Me gustaría vivir en un país donde las grandes empresas no fueran propiedad de un Consejo de Administración privado, que solo pensara en el lucro personal de sus Directivos, sino que fueran propiedad de la clase trabajadora, y estuvieran controladas democráticamente...un país donde los grandes sectores estratégicos de la economía estuvieran al servicio de los ciudadanos, un país con muchos bancos públicos, que respetaran la ética profesional, y no estuvieran al servicio de la avaricia, la ambición y el lucro personal de sus Directivos...un país con soberanía política para tomar sus propias decisiones, pero también con soberanía alimentaria, y también con soberanía energética...un país donde la Sanidad y la Educación fuesen los dos grandes tótems sagrados, intocables, y un país donde la igualdad se respetara a rajatabla, donde mujeres y hombres no estuviésemos sujetos a ningún rol, donde ambos sexos pudieran desarrollar por igual sus capacidades, donde pudieran tener las mismas oportunidades, y donde se respetara a todo el mundo, sin tener en cuenta opciones sexuales, ni de raza, ni de religión, ni de opinión, ni de estatus económico y social...

Me gustaría, en definitiva, vivir en un país donde la palabra competitividad hubiera sido sustituida por cooperación, ambición por igualdad, corrupción por honestidad, pobreza por dignidad, hecatombe y barbarie por justicia social...¿Podré ver todas estas cosas en mi país algún día? Bueno, ¿quién lo puede decir? Sueño con que ese país es mi país...Aferrémonos a la lucha por conseguir ese anhelado pueblo, y a que la esperanza nunca se pierde...

Después de los mal llamados "rescates" a los mal llamados "PIIGS" (países periféricos de la EuroZona, como Portugal, Italia, Grecia, España...), la situación se ha vuelto insostenible, pues no sólo los rescates no han solucionado nada, sino que además han endeudado sobremanera a los países destinatarios de los mismos (en realidad, los grandes beneficiarios de los rescates han sido los bancos europeos, sobre todo alemanes). En esta situación, nuevos Informes del FMI (en el momento de redactar este artículo hemos conocido el último para España, que insta entre otras cosas a una reforma laboral más dura), y nuevos Memorandos de Entendimiento, están perpetuando los recortes, ahogando el ya ínfimo consumo en estos países, y llevando no ya a una situación puntual de recesión, sino al sufrimiento endémico y crónico de la misma.

Uno de los puntales fundamentales que desde la izquierda defendemos para poder atajar esta gravísima situación es una auditoría de la deuda pública de estos países, para poder resituar el volumen de la misma, renegociar quitas y plazos, y proceder, sobre todo, al repudio de la que podamos considerar ilegítima. En efecto, el impasse en el que se encuentra el modelo neoliberal de construcción europea, con el euro como remate de la misma, nos conduce a una situación extremadamente delicada. Por un lado existe como objetivo común de las burguesías de los países europeos desde el mismo inicio del proceso, la pretensión de acabar con todas las conquistas de la clase obrera fruto de más de 150 años de lucha, mal llamadas "Estado del Bienestar". Europa es el lugar del mundo donde dichas conquistas habían llegado más lejos, gracias a las circunstancias históricas. Este es el núcleo de las políticas de austeridad.

Los planes de austeridad dictados a sangre y fuego a los países europeos, entre ellos al nuestro, decididos desde instancias antidemocráticas, en nombre de la deuda pública y de los déficit públicos, son directamente responsables de la degradación de la ya catastrófica situación económica de nuestro país. Pero lejos de enfrentarse a ellos, nuestros Gobiernos actúan con el más ruín seguidismo. Dicen estar teniendo que tomar decisiones que no les gustan, pero en el fondo son cómplices de las mismas políticas destructivas. Son estos planes responsables del empobrecimiento mayoritario de la población, del sufrimiento causado a millones de personas. Bajo el pretexto de continuar con el pago de la deuda pública, la Troika viola continuamente los derechos económicos, sociales, civiles y políticos de la ciudadanía de estos países europeos, condenándola al paro, a la precariedad, a la pobreza y a la exclusión social. Concretamente, el pago de la deuda pública se cobra diariamente la muerte de personas y es una de las causas de la violencia estructural y de la agresión sistemática contra los Derechos Humanos de la mayor parte de la población europea, y mundial.

Por otra parte, se dan fuertes contradicciones entre esas burguesías, que pretenden resolver hasta ahora manteniendo sus áreas de influencia a través de los respectivos Estados Nacionales. Estas contradicciones se manifiestan en los balances comerciales entre unos países y otros, y sobre todo, en las endiabladas relaciones financieras en las que unos deben a otros, y la caída del eslabón más débil puede arrastrar al conjunto. Esta dualidad se refleja en la deficiente arquitectura europea, como demuestra la ausencia de políticas fiscales comunes o el limitado grado de integración política. Pero este impasse no podrá ser indefinido. Las dificultades de la zona euro demuestran que se está llegando al límite. Tarde o temprano se producirán, o un avance en la integración política (lo cual nos arrastrará a un mayor grado de intervencionismo neoliberal), o la desintegración completa de la Unión Europea. En el caso español, hablamos ya de un volumen de deuda pública que supera el 90% del PIB (Producto Interior Bruto, o conjunto de la riqueza nacional), que ha crecido imparable desde las postrimerías de 2007, año de comienzo de la crisis. Y las predicciones nos llevan al escenario próximo de un volumen de deuda superior al 120% del PIB. Sólo en pago de los intereses de dicha deuda, debemos en 2013 casi 40.000 millones de euros. Insostenible situación que no se podrá mantener por mucho tiempo.

Y esto lo unimos a que el denominador común a la situación española y europea en el terreno político es la desaparición de la democracia incluso formal. El neoliberalismo ha constituido una fase de retroceso de la democracia representativa en general, llevándonos a esta especie de "deudocracia" (o gobierno bajo el poder de la deuda). En estos momentos en Europa, la aplicación de las políticas de austeridad y la reorganización del capital a escala europea requiere una vuelta de tuerca más, como atestiguan todos los acuerdos europeos recientes: el Pacto por el Euro, la reforma de la Constitución, la supervisión centralizada de los Presupuestos nacionales, el Mecanismo Europeo de Estabilidad, y en los casos más flagrantes, la imposición de los Memorandos de la Troika (con supervisión "in situ" incluída) y de Gobiernos de tipo tenocrático. Todo ello bajo las directrices de un Banco Central Europeo con total "independencia" de los poderes públicos (su dependencia es con el capital financiero y la banca privada), y sobre una matriz esencialmente antidemocrática en cuya cúpula está el BCE, cuya "autonomía" está diseñada precisamente pensando en proteger por encima de todo los intereses del capital financiero, aislándolo de la influencia de la lucha de clases.

Surge así la necesidad de recuperar, en primer lugar, la democracia. Democracia entendida como la capacidad de los trabajadores y de todos los sectores sociales subalternos de influir en el poder formalmente instituido. Esta intrusión debe comenzar por revertir la prioridad concedida a los llamados "Mercados" y romper con la trampa de la deuda, obligando (como en su día hizo Islandia) al sector financiero español a cargar con sus propios errores. El modelo democrático-representativo heredado de la Transición se ha revelado insuficiente para esa intrusión, y se requieren luchas y reformas que sitúen al Estado bajo el control directo de la ciudadanía, y permitan iniciativas de democracia participativa, que rescaten lo público (los ciudadanos, el sector público, los servicios públicos) de los mercados. El lastre de la deuda pública y sus intereses es el primero, por tanto, del que hay que liberarse. Pero surge entonces la pregunta: ¿Qué es una deuda pública ilegítima? Pues siguiendo al CADTM (Comité para la Anulación de la Deuda del Tercer Mundo), la mayor organización mundial experta en estos temas, la respuesta a dicha pregunta es la siguiente: se considera una deuda públia ilegítima, odiosa, y por tanto que no hay que pagar, a la que responde a los siguientes tres criterios:

1.- Ausencia de consentimiento por parte de la población. En efecto, la población española no ha participado de las decisiones de banqueros y especuladores, que han gestionado a su antojo las prácticas y los destinos de sus respectivas entidades.

2.- Ausencia de beneficios para la población y falta de respeto al interés general. No sólo no han repercutido en beneficios para la población, sino que ha ocurrido justo al contrario, pues la deriva social a la que nos han conducido sus comportamientos nos lleva al paro y a la pobreza. Todo ello por no citar la obscenidad de echar a la gente de sus casas, viniendo de entidades rescatadas con dinero público.

3.- Conocimiento por parte de los acreedores de los dos criterios anteriores. Evidentemente, los mafiosos gestores de las entidades han realizado todas estas prácticas a sabiendas de sus riesgos y de sus consecuencias, y además conscientes de la gran influencia que poseen sobre el resto de los poderes públicos.

Quizá la Plataforma más completa actualmente en español para estos temas sea la web QuiendebeaQuien.org, definida como la Red por la Abolición de la Deuda Externa y la Restitución de la Deuda Ecológica. Según esta organización, "Una deuda es ilegítima cuando un préstamo se concedió a gobiernos dictatoriales o corruptos, sin consultar a sus poblaciones, cuando los préstamos se destinaron a proyectos nocivos social y ambientalmente, a la compra de armamento o al fortalecimiento de los mecanismos estatales de represión, se desviaron a cuentas personales en países del Norte y paraísos fiscales, o cuando la “deuda” es utilizada como instrumento de saqueo permanente del Sur y como medio de presión para imponer políticas neoliberales que lo mantiene encerrado en un ciclo de dependencia y de más deuda externa". Y la de más reciente constitución ha sido la Plataforma Ciudadana por una Auditoría de la Deuda, que también plantea las mismas premisas, los mismos objetivos y las mismas acciones globales y conjuntas.

Por tanto, la deuda pública ha de ser auditada, y todo Programa Electoral que se precie, o serie de hitos a conseguir declarados por cualquier Agrupación, Colectivo, Plataforma o Asociación Ciudadana, ha de hacer campaña para conseguir este gran objetivo, que nos liberará de una de las más grandes losas, quizá la más grande, que pesa sobre los cimientos de nuestra economía. Sin ello, ni la recuperación económica, ni la recuperación de los servicios públicos, ni la dignificación de la vida de las personas, ni la creación de empleo, podrán conseguirse. Volvamos a las manifestaciones bajo el lema: "NO DEBEMOS. NO PAGAMOS".  

Tras años de movilizaciones sociales en el norte y en el sur para exigir la abolición de la deuda externa y todo el mecanismo de dominación que la genera, la deuda externa de los países más débiles del sistema económico mundial sigue creciendo. El modelo que promueven el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM) y el Grupo de los países con mayor peso político en el mundo (G8) sigue fracasando en su despótico intento de gobernar el mundo y en sus falsas promesas incumplidas de reducción de la deuda externa. La deuda externa sigue haciendo que aumente la desigualdad entre Estados y entre clases sociales, sigue haciendo que aumente el sometimiento de los pueblos a la lógica económica capitalista, y sigue quitándonos soberanía para decidir sobre nuestro futuro y nuestro modelo de sociedad.

Continuando desde los cinco primeros puntos generales recogidos en el artículo anterior, vamos a finalizar aquí esta breve exposición de alternativas a los planteamientos de la LOMCE, a saber:

6.- Formación Profesional. Aunque dedicaremos en breve un artículo separado a estudiar la aplicación de la LOMCE a la FP y la Universidad, diremos aquí de forma rápida que la oferta en todas las ramas de la Formación Profesional debe ser ampliada, y estar sometida a un tratamiento equitativo de todas las familias profesionales, pero en función de su rentabilidad social, y no sólo (o en vez de) en función de la rentabilidad de las empresas. Hay que proceder poco a poco a un incremento considerable del número de centros públicos de FP integrados. Hay que llevar a cabo un control público de otras actividades formativas de FP. Y hay que instar a una formación y orientación laboral que impulse una cultura sindical, solidaria y participativa.

7.- Formación y motivación del profesorado. Como ya hemos comentado en otros muchos puntos, la formación, reciclaje, retribución y motivación del profesorado son puntos esenciales para que la formación en cualquier ciclo tenga unas mínimas garantías de éxito. Sólo los profesores motivados, en el más amplio sentido del término, pueden trasladar dicha ilusión en el conocimiento y el aprendizaje a sus alumnos. En ese sentido, proponemos establecer un Estatuto de la Función Pública Educativa que mejore las condiciones laborales, recoja como dedicación lectiva todas las tareas y funciones que demanda el nuevo sistema educativo, no sobrepasando las 15 horas lectivas semanales. Consolidar Claustros estables, y consolidar el cuerpo único de profesorado. Diseñar una formación inicial del profesorado que combine la teoría con la práctica tutorizada por profesorado cualificado en centros educativos a lo largo de todo el proceso educativo, y una formación permanente, dentro del horario laboral, que facilite estrategias y apoye su autoridad moral mediante el diálogo para convencer, y la negociación para resolver conflictos.

8.- Escuela Pública Democrática. Establecer sistemas de funcionamiento y organización en los centros, que fomenten y apliquen la democracia real en la gestión educativa participativa, como un instrumento para impulsar la implicación de todos los sectores de la Comunidad Educativa en la toma de decisiones de forma consensuada. Recuperar el derecho a la elección de los equipos directivos por los Consejos Escolares, y ampliar las funciones y competencias de los mismos. En este sentido, las Asambleas de reflexión, deliberación y acuerdos, deben constituir  la práctica habitual, y se deben aprender a definir prioridades, plantear proyectos y decidir la distribución de los recursos públicos en cada centro educativo, a través de presupuestos participativos. En última instancia, es la Comunidad Educativa, representada por todos los sectores implicados, la que debe tener la capacidad de decisión y control.

9.- Universidad Pública y Gratuita. Aunque este tema también será desarrollado con más calma un artículo próximo, aquí hemos de decir que es prioritario paralizar la aplicación de la "Estrategia Universidad 2015" y debatir con toda la Comunidad Universitaria el tipo de Universidad que queremos, para diseñar una Universidad Pública al servicio de la sociedad y no del mercado, cuya transferencia de conocimiento y de tecnología sea de dominio público y nunca un negocio privado, con una gestión democrática y participativa, sin pruebas selectivas para acceder y con una financiación pública suficiente para las Universidades públicas que garantice un sistema de becas-salario y ayudas al estudio, tanto en los grados, como en los máster.

10.- Ley de Financiación del Sistema Educativo. Por fin, el tema de la financiación es clave para poder alcanzar todos los objetivos propuestos, y de entrada, para anular todos los recortes llevados a cabo en la escuela pública desde que gobierna el PP. En este sentido, es crucial acompañar todas estas medidas con una Ley que garantice, en un plazo temporal limitado, la suficiencia de recursos para afrontar cada una de las medidas planteadas, mediante una financiación suficiente, sostenida y equitativa, asegurando que en un plazo de seis años se alcance el 7% del PIB en gasto educativo público, y que se creará un Fondo Estatal de Compensación Educativa Interterritorial para financiar actuaciones tendentes a eliminar desigualdades en el ejercicio del derecho a la educación. Finalizamos aquí las breves alternativas a todos los aspectos de la LOMCE, pero algunos de ellos los seguiremos tratando en sucesivos artículos.

La pasada semana se volvieron a escenificar en el Parlamento los modos y formas del ya obsoleto y caduco bipartidismo, aunque sus protagonistas, el tándem PP-PSOE, no quieran reconocerlo. Con total indiferencia y ninguneando al resto de grupos políticos, presentaron un Acuerdo con una serie de puntos fundamentales para ser apoyados de forma común en el próximo Consejo Europeo de finales de mes.

Ante tamaño desprecio al resto de alternativas, aquí publicamos la que presentó en ese mismo día el Grupo Parlamentario de  la Izquierda Plural, sobre todo para que se vea que los enfoques son muy distintos. En efecto, frente a la súplica y al ridículo seguidismo de los partidos mayoritarios, que sólo plantean medidas de puro maquillaje, la PNL de la izquierda rompe completamente con los postulados actuales de la Troika, y le insta a dar un giro radical sobre los mismos. A continuación, reproducimos íntegramente el texto de dicha PNL, que puede descargarse desde este enlace:  

"La raíz de los problemas por los que atraviesa la Unión Europea se encuentra en su diseño político y económico, de tal forma que superar la crisis exige más democracia, una verdadera gobernanza económica orientada al crecimiento y al empleo, y políticas redistributivas en defensa del modelo social europeo. El paro, la recesión, el ataque sistemático a los salarios, a los servicios públicos, a las pensiones, ahogan a las personas trabajadoras de la Unión Europea al mismo tiempo que la intervención de la Troika en la supervisión previa de las cuentas de los Estados, antes de que los parlamentos las sometan a consideración, ataca directamente a las soberanías nacionales y por tanto a la propia democracia.

Esta situación, que viven muchos pueblos de Europa entre ellos el nuestro, es la consecuencia de un modelo, un proyecto de construcción europea basado en el pilar de la desregulación económica y financiera, desregulación que ha consentido la mayor estafa financiera junto a una moneda única sin Tesoro Público y un Banco Central incontrolado al que no se permite emitir financiación directa a los Estados miembros.

Frente a esta situación no es posible maquillar la realidad, es necesaria una nueva orientación política y económica de la UE que centre como prioridad la regulación del mercado, del sector financiero, la inversión pública concertada para crear empleo, para sostener y desarrollar los servicios públicos, buenos salarios y pensiones, y las medidas necesarias para la incorporación de la juventud al trabajo sin precarizarlo y el rescate de sectores estratégicos de producción privatizados.

Es por eso que para el Estado Español es necesario iniciar un diálogo para constituir alianzas políticas con los países del sur de Europa y la periferia del euro, es decir aquellos Estados que se enfrentan a dificultades grandes y comunes. Esta alianza amplia es una condición indispensable para la lucha contra la austeridad, para la salida de la recesión y para el impulso de las reformas que reestablecerán la democracia en Europa.

En particular, Europa se encuentra atrapada por el fracaso de las políticas de austeridad. Los recortes presupuestarios agudizan la recesión, ésta alimenta el déficit público y el círculo perverso se cierra con el refuerzo de las políticas de austeridad por parte de los Gobiernos. En esta espiral depresiva se imponen devaluaciones salariales internas y recortes presupuestarios, laborales y sociales. Son políticas injustas, que cuestionan el modelo social europeo, aumentan la desigualdad y asfixian a la actividad económica y al empleo.

La tan cacareada gobernanza económica debe lograrse, pero para coordinar las políticas económicas en aras del crecimiento, el empleo y la sostenibilidad, y es importante abordar las asimetrías comerciales que traducen las balanzas exteriores de los Estados miembros como uno de los problemas fundamentales de la economía europea. Al mismo tiempo, se debe situar como prioridad económica un cambio de un modelo productivo basado en el desarrollo de la sostenibilidad ambiental y la protección social, como única respuesta justa y de futuro.

Europa necesita políticas de estímulo para intentar salir a corto plazo de la crisis y el Banco Central Europeo debería ser reestructurado para cambiar de prioridades y objetivos, centrándose en la creación de empleo y no únicamente en satisfacer los intereses de las instituciones financieras de los países que componen el núcleo central de la Unión Europea. La Unión Europea no puede continuar por más tiempo sin garantizar la sostenibilidad de las deudas soberanas de todos sus Estados y sin hacer nada para salir de la recesión.

De cara al próximo Consejo Europeo sería positivo que España, a través del consenso y del diálogo con todas las fuerzas políticas y los interlocutores sociales, plantease propuestas orientadas a la recuperación de la actividad económica y del empleo, y a mejorar la protección social. Pero para ello entendemos que es condición necesaria revisar las políticas que han fracasado a nivel interno. En particular, la reforma del artículo 135 de la Constitución que introduce el pago de los intereses y el capital de la deuda pública como un valor superior a los de la justicia y la igualdad en la definición del Estado español como Estado social y democrático de Derecho, y la reforma laboral, que deprime los salarios y acentúa la destrucción de empleo.

Por todo ello, se presenta la siguiente

PROPOSICIÓN NO DE LEY

El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1.- Reformar el artículo 135 de la Constitución para eliminar la prioridad absoluta del pago de los compromisos derivados de la deuda.

2.- Promover en el próximo Consejo Europeo las siguientes actuaciones prioritarias:

a) Derogar el Pacto de Estabilidad. Revisar los objetivos de déficit y deuda pública, y poner fin a la desregulación económica y financiera como pilar fundamental de la política de la UE, terminando con la política de austeridad y recortes ya que la sostenibilidad de las finanzas públicas está vinculada a la recuperación de la economía y del empleo y a una política fiscal justa y redistributiva.

b) La adopción de un plan de emergencia de aplicación inmediata, que cuente con no menos de 120.000.000 euros, para combatir el desempleo, en particular el juvenil, a través del Banco Europeo de Inversiones, financiando proyectos que tengan como objetivo diversificar la estructura productiva de los Estados miembros garantizando la transformación hacia una economía sostenible y que se aplique en función del número de personas paradas de cada Estado.

c) La mejora de la financiación de la economía reclamando al Banco Central Europeo (BCE) que utilice todas las herramientas a su alcance, incluyendo la modificación de su propia normativa, para preservar la sostenibilidad de las deudas soberanas, impulsar el crecimiento económico y la creación de empleo, y asegurar financiación directa a los propios Estados, así como que la liquidez que facilita a los bancos llegue a financiar a las empresas y hogares.

d) El avance hacia una Unión Bancaria en el ámbito europeo que sea el germen de una Banca Pública Europea cuyo objetivo sea financiar las inversiones a largo plazo y cuya actividad de gestión de depósitos esté nítidamente separada de la actividad de inversión, sobre la base de un tesoro público. Además se debe garantizar que dicha unión sea democrática, donde el BCE tenga que realmente rendir cuentas al Parlamento Europeo.

e) La defensa del diálogo social a nivel europeo para desarrollar una política de coordinación salarial que vincule el crecimiento de los salarios reales al crecimiento de la productividad en los países con déficit comercial, y que establezca un aumento de los salarios reales superior al crecimiento de la productividad en los países con superávit comercial, de manera que los mandatos de la troika dejen de ser argumentos para sustentar las reformas laborales y las políticas de recortes.

f) El compromiso para fijar una estrategia para la armonización fiscal, especialmente en el impuesto sobre sociedades, implantar un impuesto a las transacciones financieras y luchar de forma decidida contra los paraísos fiscales.

g) Renegociación del Memorándum. Añadir una cláusula de inversión social que garantice que el gasto público realizado en políticas contra el desempleo juvenil, educación, sanidad y lucha contra la pobreza sean excluidas de los objetivos de déficit y deuda pública. Especialmente, la aplicación de la Garantía Juvenil Europea y el desarrollo de políticas de I+D requieren la flexibilización de los objetivos de déficit.

h) Incorporación de indicadores sociales, como el desempleo juvenil, entre el cuadro de indicadores del Semestre Europeo, para poder garantizar que la coordinación de políticas europeas se hace bajo un velo social y de reactivación económica".