Actualidad Política y Cultural - Blog de Rafael Silva

Como comentábamos en la entrega anterior (a propósito de la obra "La empresa criminal. Por qué las corporaciones deben ser abolidas", de Steve Tombs y David Whyte, reseñada por Pedro López en este artículo para el medio Crónica Popular que estamos siguiendo), la impunidad se disfraza en el caso de las grandes empresas en aspectos como el lenguaje, y una legislación muy favorable hacia sus perversas prácticas. Los autores dan numerosas datos que avalan dicha tesis. A principios del siglo XXI, según Tombs y Whyte, menos del 3% de todos los juicios por delitos contra la salud y la seguridad de los trabajadores acabó en condena individual en crímenes con resultado de muerte o lesiones. Asímismo, el total de multas impuestas a los bancos por la crisis de 2008 no alcanza ni el 1% de los beneficios obtenidos por los mismos. Por su parte, los procesos de liquidación y concurso de acreedores ofrecen a las empresas una mayor cobertura y flexibilidad legales. La conclusión está bien clara: el estatus de personalidad jurídica ofrece enormes beneficios y ventajas con respecto al de personalidad física, a la hora de eludir responsabilidades penales para los altos cargos directivos de estas corporaciones. En palabras de los autores, la corporación delimita un ente de "irresponsabilidad estructurada" basada en la separación de intereses entre sus acciones y los directivos que las ordenan. Es decir, la actividad de la empresa acaba enajenada de las acciones humanas que tienen lugar dentro de ella, dada la compleja estructura burocrática, con múltiples capas de gestión y una compleja división del trabajo. Todo ello además se dispara cuando la gran empresa matriz contrata para sus actividades a empresas intermediarias, las llamadas subcontratas. 

Por cientos podríamos contabilizar los tipos de daños (delitos corporativos, hablando en propiedad) que estas empresas cometen al mundo en general, que han de ser entendidos como crímenes en toda su dimensión. A vuelapluma, podríamos citar los delitos de cuello blanco, los de adulteración alimentaria, los de abuso de monopolio u oligopolio, las muertes laborales, o los producidos por los flagrantes ataques y destrucciones que se realizan al medio ambiente. El Estado, aunque intenta paliar (mediante una muy laxa legislación) los efectos dañinos de esta actividad económica sin escrúpulos, en realidad no incluye este objetivo entre sus principales funciones. Así que más que perseguir, identificar y castigar estos crímenes corporativos, previene con su dejadez que éstos sean identificados, perseguidos o formalmente reconocidos como tales. Si un banco cobra una determinada comisión abusiva a un determinado cliente no pasará nada, mientras que si es el cliente quien roba al banco será inmediatamente perseguido y detenido por la policía. Y eso que atracar al banco se traducirá en descontar de los beneficios, y restituir lo robado mediante las compañías aseguradoras, todo lo cual no afectará en nada a los depósitos de sus clientes. La desigualdad es clara e insultante, manifiesta y perversa. Pedro López concluye de la siguiente forma, a la luz de los datos de los autores: "El único fin de la empresa, soporte del moderno capitalismo, es la mera acumulación y maximización de beneficios, queda claro que la empresa no es una institución benefactora; y queda claro que sus daños y crímenes no son meros efectos marginales, sino centrales de su actividad. Y también que su pretendida eficiencia sea un motor de innovación, progreso y bienestar; por el contrario, la mayoría de los sectores mantienen de hecho un régimen de oligopolio y sus beneficios derivan no tanto de su iniciativa como de su posición de poder; en este sentido, no sólo nunca ha existido un mercado libre, sino que éste es imposible". 

Por tanto, para nosotros está claro que la entidad, la forma corporativa mata, mutila, daña, estafa, roba, delinque y destruye a las personas y al medio ambiente, en su búsqueda insaciable de beneficio. Y todo ello no lo hace de forma colateral, como un efecto secundario, o como un fleco adicional, sino como un producto inevitable de su propia actividad. Y todos estos crímenes corporativos, como debieran ser llamados, gozan de un alto grado de impunidad, debido al Derecho y a los Estados, ya que éstos crean y facilitan un mercado, que es en realidad una construcción política, social, legal e ideológica. La asociación entre los Estados y las más grandes corporaciones es una asociación estratégica para ambos. En caso contrario, no podrían haberse dado, sin ir más lejos, los famosos rescates bancarios, paradigma de la cruel colaboración entre ambos bajo el modelo capitalista. Pero gracias a dicha colaboración son también posibles los fondos buitre, las privatizaciones, los desahucios, las estafas masivas a clientes, los cortes de suministros básicos, y un largo etcétera de aberraciones que venimos padeciendo. Parece que sólo una conclusión racional es posible, si queremos romper esta arquitectura de la desigualdad: la criminalidad y el daño generados sólo pueden ser mitigados aboliendo las corporaciones como tales. Y ello implica atacar y destruir toda la argamasa legal sobre la que descansa el poder y la tremenda irresponsabilidad de las empresas, y sanear y transformar el mercado laboral para acabar con la hegemonía, la precariedad y el terrorismo empresariales. Las grandes corporaciones no pueden ser reformadas, ya que son violentas, depredadoras, criminales y ávidas de beneficio. Son la peor expresión del capitalismo organizado. 

Las grandes empresas constituyen el lado más visible de este deshumanizado sistema que esclaviza a la humanidad y destruye el planeta, por lo que hemos de evitar que continúen su expansión sin límites y su crecimiento en influencia y poder sobre el resto de las esferas sociales. Pero entiéndase bien: no estamos demonizando a la empresa como tal, estamos demonizando al modelo actual de corporación capitalista, por ser el fiel reflejo de los paradigmas que éste difunde: competitividad, egoísmo, individualidad, falta de solidaridad, afán desmedido de lucro, y actividad depredadora por propia esencia. No estamos en contra de un nuevo modelo empresarial surgido al calor de los valores contrarios. Porque además, dicho modelo contrario descansaría sobre un mercado laboral menos mercantilizado, más humano e igualitario. La arquitectura de la desigualdad debe ser desmontada, en cuanto al modelo corporativo se refiere, atacando la impunidad de las empresas transnacionales, definiendo marcos de actuación desde la fortaleza de un derecho internacional basado en la prevalencia de los derechos humanos, y volviendo a colocar el trabajo humano y la naturaleza como las dos fuentes de riqueza por excelencia, que por consiguiente han de ser profundamente respetadas. El actual poder de las organizaciones transnacionales es el propio escudo del capitalismo, es la armadura fabricada a su medida, para dar preferencia al modelo empresarial tiránico y depredador. La arquitectura de la desigualdad laboral se ha disparado durante las últimas tres décadas, dado el tremendo avance de los procesos de desregulación y globalización económica, y la expansión a escala global de las políticas neoliberales ya implementadas en los gobiernos de Ronald Reagan en Estados Unidos y Margaret Thatcher en Reino Unido, auténticos laboratorios para los economistas de la famosa "Escuela de Chicago" de Milton Friedman, de la que ya dimos profunda cuenta en este otro artículo. 

Todos esos precedentes han servido para construir un sucio entramado político, económico, jurídico y cultural, a nivel global, del cual las empresas y grandes corporaciones han sido las principales beneficiarias. No sólo el propio poder alcanzado, sino hasta un sinfín de conceptos de nuestro imaginario colectivo, que benefician profundamente la visión y la actividad empresariales, marcan nuestro ideario económico de andar por casa. El poder económico es brutal (la petrolera Shell, por ejemplo, obtiene unos ingresos superiores al PIB de Emiratos Árabes Unidos). El poder político se manifiesta y afianza mediante las llamadas "puertas giratorias" y los procesos de privatización de los servicios públicos y derechos fundamentales de las personas, los pueblos y las comunidades. El poder cultural se manifiesta a través de la poderosa publicidad y sus técnicas de márketing asociadas, que consolidan y amplían su gran poder de comunicación y persuasión, imponiendo los cánones de la alienante sociedad de consumo. Y en cuanto al poder jurídico, como estamos comentando, resulta ser la cuarta y última pata, pero no menos importante, que consagra el poder y la hegemonía empresarial: tratados internacionales, acuerdos de libre comercio, organismos internacionales que velan por las relaciones comerciales, jurisprudencia nacional e internacional favorable a las empresas, y un derecho internacional sobre los derechos humanos muy laxo, son los principales puntales donde descansa la inmensa influencia que las grandes corporaciones ejercen sobre países, Estados y gobiernos, y el conjunto de sus poblaciones. Y así, una tupida red de convenios, acuerdos, tratados y convenciones conforman un nuevo "Derecho Corporativo Global", que en esencia proyecta la desigualdad favoreciendo a estos adalides del más salvaje capitalismo. Continuaremos en siguientes entregas.

BLOQUE TEMÁTICO VII: DESARME NUCLEAR.

En este séptimo bloque temático que ahora comenzamos, y como su título indica, vamos a hacer una incursión en el panorama de las armas nucleares, y de su necesaria y paulatina retirada, para poder conseguir un mundo pacífico. Desde su uso en 1945 durante la Segunda Guerra Mundial, las armas nucleares dieron al mundo una feroz visión de su infernal potencia. Hoy día las armas nucleares son cientos de veces más potentes que aquéllas que se usaron contra las poblaciones de Nagasaki e Hiroshima, y por las cuales, por cierto, aún no ha pedido perdón Estados Unidos. Pero como nos recuerda Víctor Arrogante en este artículo, del cual tomaremos datos e informaciones en lo que sigue, era un 9 de julio de 1956 cuando los Estados Unidos comenzaban una nueva era de armamento. Se refiere a la bomba H. Afortunadamente, aunque no se le haga mucho caso, tenemos desde el año pasado en el seno de la ONU el primer tratado legalmente vinculante que prohíbe las armas nucleares. La noticia puede consultarse en castellano desde esta página. Después de aquéllas bombas atómicas que marcaron el fin de la segunda contienda global, la primera bomba termonuclear fue detonada en Enewetak (atolón de las Islas Marshall) en noviembre de 1952. La temperatura alcanzada en la zona cero fue de más de 15 millones de grados, tan caliente como el núcleo del Sol, durante unas fracciones de segundo. 

En Japón murieron 105.000 personas en Hiroshima y 120.000 en Nagasaki, y 130.000 resultaron heridas. Japón en 1967 adoptó los que se conocen como los Tres principios antinucleares; principio de no producción de armas nucleares, principio de no posesión de las mismas, y de no autorización de las mismas sobre su territorio. La bomba atómica o bomba de fisión nuclear se basa en la división de un núcleo atómico en dos o más núcleos pequeños, generando una reacción en cadena y la liberación de enormes cantidades de energía en forma de radiaciones gamma y energía cinética. Por su parte, la Bomba H (o Bomba de Hidrógeno) es una bomba térmica de fisión/fusión/fisión o bomba termonuclear, que se basa en la obtención de la energía desprendida al fusionarse dos núcleos atómicos, en lugar de la fisión de los mismos. Para que se produzca la reacción, es necesario un aporte considerable de energía que sólo puede ser provisto por la detonación inicial de una bomba de fisión que hace las veces de gatillo, lo que convierte a la temible Bomba H en una doble bomba atómica. Las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki delimitaron claramente un antes y un después en el devenir armamentístico, y constituyeron uno de los acontecimientos más trágicos de la reciente historia mundial. Marcaron un peligroso hito que lejos de representar un "Nunca más", representó un nuevo impulso al uso de armas nucleares. Así las cosas, en 1955, Bertrand Rusell, apoyado por Albert Einstein, presentaba el Manifiesto "Una declaración sobre armas nucleares", firmado por 11 científicos e intelectuales de primera fila de aquél entonces. 

Dicho documento alertaba sobre la peligrosidad de proliferación del armamento nuclear, y solicitaban a los líderes mundiales la búsqueda de soluciones pacíficas a los conflictos internacionales. Pero esas recomendaciones cayeron, como siempre, en saco roto. Porque un año después se probaba la bomba H, y después la bomba de uranio, de plutonio, de neutrones, así como la bomba sucia de uranio empobrecido. Una escalada de armamento nuclear y de armas de destrucción masiva que continúa en la actualidad, y que coloca el destino de la humanidad al capricho del dedo pulsador de un destructivo botón nuclear. Como decíamos más arriba, han tenido que transcurrir más de 72 años desde el lanzamiento de la primera bomba atómica, para que la ONU (de la que hablaremos a fondo en su correspondiente bloque temático) adopte un tratado para prohibir por primera vez las armas nucleares. Por supuesto, y como era de esperar, todas las grandes potencias atómicas del planeta han boicoteado el acuerdo, que fue respaldado por 122 países. Pero no tenemos otro camino que seguir insistiendo, la senda del pacifismo ha de imponerse no sólo como el mejor camino, sino como el único posible si queremos continuar habitando nuestro ya deteriorado planeta. Los 9 Estados con capacidad nuclear que no participaron en las negociaciones de este tratado (Estados Unidos, Rusia, Reino Unido, Francia, China, Corea del Norte, India, Pakistán e Israel), consideran que el tratado es una medida poco realista en el tenso contexto internacional de hoy, y que por tanto no cambiará nada. Y es que mientras no se den pasos firmes y conjuntos hacia el convencimiento multilateral de la senda pacifista, ninguna de dichas peligrosas potencias renunciará a su carrera nuclear. Y como ya se ha demostrado, la ciencia puesta al servicio de la destrucción no traerá nada bueno para el desarrollo de la humanidad. 

En el tratado de la ONU que estamos comentando (volveremos a él en posteriores entregas) los países firmantes se comprometen a no desarrollar, adquirir, almacenar, acoger en su territorio, usar o amenazar con dichas armas nucleares u otros dispositivos similares. El preámbulo del acuerdo recoge textualmente que "eliminar por completo esas armas es la única manera de garantizar que no se volverán a utilizar". Estamos convencidos de ello, pero por lo visto, las grandes potencias imperialistas (con Estados Unidos a la cabeza, el más invasor, agresivo e imperialista de todos ellos) no lo están. Y el destino de toda la humanidad depende de ellos. Se han hecho grandes progresos en el campo de las armas químicas, de las armas biológicas, pero no ocurre igual en las armas nucleares, cuya amenaza pesa como una losa sobre nuestras cabezas. Somos víctimas a nivel mundial de la temeridad de un conjunto de gobernantes absolutamente irresponsables, que no aman ni a sus países, ni a sus poblaciones, ni a este planeta. Sólo quieren saber quién es el más agresivo, quién es el más temerario. Y así nos va. Hemos de convencer a todos estos países, cada cual aportando su granito de arena, del imperativo ético del desarme nuclear, y de la urgencia de alcanzar, y después mantener, un mundo libre de este tipo de amenazas. La promoción del desarme nuclear es hoy día ciertamente una labor política y social absolutamente prioritaria. Para lograrlo sólo hay que alcanzar un pleno convencimiento sobre la necesidad de la senda pacifista. Ya lo subrayábamos desde los primeros artículos de esta serie. De hecho, estuvimos insistiendo durante varias entregas, y desde múltiples puntos de vista, en que sólo la plena y absoluta asunción de los postulados pacifistas tenían cabida en sociedades pacifistas. Pero aún nos queda mucho camino para alcanzar dicho estadío. 

La iniciativa de la ONU, insuficiente como siempre, no hace más que reflejar la tremenda preocupación de la comunidad internacional ante las catastróficas consecuencias humanitarias que traería el empleo de las armas nucleares, y reconoce por tanto la imperiosa necesidad de eliminarlas. Diversas zonas en conflicto a nivel mundial nos amenazan hoy día, donde quizá el conflicto en Siria sea el más representativo. La posibilidad de guerra nuclear no es descabellada, sino absolutamente real. Incluso mayor que durante la Guerra Fría, cuando dos grandes bloques militares se respetaban en silencio. Pero mirado con cierta perspectiva, parece que aquéllos dirigentes eran más responsables que los actuales. O bien que tenían más recientes en sus almas y sus corazones las terribles consecuencias de un conflicto nuclear. En cualquier caso, junto con el cambio climático, la posibilidad de utilización de armas nucleares es, con mucho, el más grave y serio problema que arrastra la humanidad, y que en su desarrollo actual, sería capaz de aniquilar todo ser viviente de la faz de la Tierra. No podemos consentirlo. Hay que desarrollar campañas, movilizarse masivamente, apoyar a los grupos y organizaciones antimilitaristas, y arengar a los foros internacionales para que empujen con todas sus fuerzas para poder llegar a alcanzar acuerdos mundiales vinculantes, que pongan negro sobre blanco el compromiso real de eliminar progresivamente todo el arsenal de armas nucleares. No podemos continuar por la destructiva senda nuclear. Tarde o temprano, si no desandamos este peligroso camino, seremos víctimas de nuestro propio destino. Pero como se afirma en la saga cinematográfica "Terminator", de Arnold Schwarzenegger: "El destino no está escrito. Sólo existe el que nosotros creamos". Continuaremos en siguientes entregas.

Este régimen consagra la desigualdad, porque al mismo tiempo que la precariedad vital alcanza a todas las facetas de la vida y al conjunto de la población, vemos a una ínfima mayoría enriquecerse cada vez más. Los avances y derechos democráticos se debilitan, involucionan, y entramos en una peligrosa espiral de la cual es difícil salir si no llevamos a cabo una ruptura democrática. El poder abstracto e impersonal del mercado lo domina todo, contribuyendo a mercantilizar todos los derechos fundamentales. La sociedad se vuelve cada vez más insolidaria, más egoísta, más individualista, más competitiva, más salvaje, más despiadada. La naturaleza, los recursos naturales y los animales sirven únicamente como objeto de saqueo y de explotación. Y las últimas causas de todo ello es que este régimen se ha dejado llevar por el capitalismo. No es una consecuencia natural, ni una plaga divina, ni los efectos del avance de la civilización. La causa es que este régimen ha abrazado un perverso sistema donde todo se produce como mercancía para ser vendida y comprada, y donde la fuerza impulsora es la obtención de beneficio máximo en el menor tiempo posible, y a costa de lo que sea. Se legitiman de esta forma las guerras, la pérdida de derechos, la precariedad. Se legitima la miseria y la barbarie. El "progreso" social se entiende únicamente en función de que esas minorías puedan enriquecerse a gran escala, mientras esquilman a las personas y al planeta. Es un irracional despropósito. El capitalismo va de crisis en crisis, y en cada una de ellas se cargan más las tintas contra las clases populares, contra los más vulnerables, contra los más indefensos. 

Y así, este régimen del 78, esta "democracia" para ricos, "representativa" de su poder e influencia, y "parlamentaria" aunque monárquica y vasalla, declara una guerra abierta y cruel contra las clases trabajadoras y populares. El régimen nos condena a convertirnos con suerte en trabajadores/as pobres, en jóvenes exiliados o precarios, en jubilados con pensiones míseras, en parados sin prestación, en estudiantes expulsados o hipotecados, en desahuciados sin alternativa habitacional, en dependientes sin ayudas, etc. Los servicios públicos han comenzado desde hace años a "externalizarse" (privatizarse) total o parcialmente, con lo cual van perdiendo su carácter gratuito y universal. Y mientras todo ello ocurre, se han llevado a cabo rescates millonarios a la gran banca privada y a las grandes empresas, que han consagrado las desigualdades, y que se han sufragado mediante procesos de socialización de las pérdidas y privatización de las ganancias. El régimen político construido durante la Transición, vendido durante las últimas tres décadas como "modélico", se encuentra hoy inmerso en una crisis de legitimidad brutal, que se manifiesta en diversas vertientes. Desde la misma Corona como cima y basamento del régimen, pasando por las principales fuerzas políticas que han sustentado el sistema, todos los elementos del mismo se han evidenciado como auténticos brazos armados para imponer los más criminales preceptos, las más indecentes leyes, y la más sangrante desigualdad. De toda esta peligrosa involución social surge la necesidad del Proceso Constituyente. El cuestionamiento de la propia Monarquía, la defensa del derecho de autodeterminación de todos los pueblos que forman el Estado Español (coherente con una visión plurinacional y federal de España), o la extinción de las puertas giratorias son destacados aspectos a considerar. 

Pero existen muchos más. Y sólo el Proceso Constituyente debe definir los límites al mismo. Aspectos como la profundización democrática, la nacionalización de los sectores económicos estratégicos, el blindaje de los derechos sociales, o la garantía de renta básica son también elementos fundamentales del mismo. Porque sólo un Proceso Constituyente realmente inclusivo y popular, radicalmente democrático, podrá consagrar un modelo de sociedad basada en la equidad, en la justicia social y en la garantía de los derechos humanos. Sólo un Proceso Constituyente podrá erradicar todas las lacras sociales que arrastramos desde el franquismo, y conducirnos por la senda de un nuevo proyecto de país. En este sentido, si el Proceso Constituyente que estamos proponiendo desde esta serie de artículos no se lleva a término (o bien es sustituido por cualquier otro sucedáneo), estamos seguros de que dicha situación perseguirá legitimar la actual restauración borbónica por más tiempo, lógicamente sin remover los actuales esquemas y estructuras del poder. Los actuales gobernantes y sus partidos aspiran únicamente a pequeños cambios cosméticos para contentar a las clases más vulnerables, dejando de nuevo en el tintero (como ya ocurriera durante la Transición) las grandes aspiraciones democráticas y sociales que se vienen reclamando en las calles de nuestras ciudades. Pensionistas, jóvenes, precarios, parados, sectores obreros afectados por ERE, personal de la sanidad pública, de la educación pública, afectados por las mafiosas prácticas bancarias, afectados por los desahucios, y una larga lista de damnificados por estas políticas agresivas del gran capital sólo verán satisfechas sus demandas si se canalizan a través de un Proceso Constituyente, democrático y popular. 

Ya estamos hartos de tanta "gestión amable" de la crisis, de tanto "Pacto de Estado" absurdo e inútil, de tanto "consenso necesario" para hacer avanzar ciertas cuestiones. La supuesta vía democrática ha sido cerrada para determinados proyectos, que nunca podrán llevarse a cabo mientras la Tríada PP+PSOE+C's acumule mayoría de representación parlamentaria. Sólo el Proceso Constituyente puede garantizar que las mayoritarias demandas populares son atendidas, y que se celebra de verdad un profundo debate sobre algunas cuestiones que hasta ahora han resultado ser un tabú para una sociedad que se autodeclaraba una "democracia madura y avanzada". Pero no es así. Los fundamentos franquistas de nuestra insuficiente, débil y tutelada democracia no se han marchado. Siguen aquí. Y pretenden seguir durante mucho tiempo. Ellos son los que tienen el poder. Ellos modulan la opinión pública, ellos dictan lo que es información relevante y lo que no lo es, ellos hacen las encuestas electorales, ellos son los que simulan los falsos debates, ellos poseen el poder económico, el poder judicial, el poder represivo, y el poder político. ¿Quiénes son "ellos"? Pues quizá fuese Podemos quien en sus orígenes mejor expresara dicha identidad: son la casta. Una indecente casta de políticos mentirosos y corruptos, puestos al servicio de una clase económica absolutamente parasitaria, nefasta y dictatorial, que no sólo controlan todos los resortes del poder, sino que también nos dictan a los demás lo que es España, lo que debe ser, y lo que va a seguir siendo. Sólo el Proceso Constituyente puede enfrentarse a ellos. Sólo un Proceso Constituyente organizado desde la base puede plantarles cara, y ofrecer a las clases populares verdaderas alternativas desde abajo. 

Sólo un Proceso Constituyente podrá cuestionar la propiedad privada de los que ostentan las riquezas y los medios de producción, y que son también los dueños de los grandes medios de comunicación, que nos intoxican diariamente con sus mentiras. Sólo un Proceso Constituyente podrá interpelar al orden establecido, impedir la involución y la deriva antidemocrática en las que estamos instalados, y poner en entredicho las terribles lógicas del sistema capitalista. El Proceso Constituyente deberá delimitar el programa de ruptura con el régimen actual, que abra el camino hacia una salida anticapitalista, y diseñe un nuevo modelo de sociedad, y un nuevo proyecto de país. Las demandas democráticas deberían basarse, entre otros muchos aspectos, en que ningún cargo público cobre más que el salario medio de un trabajador cualificado, la abolición de todas las dietas, pensiones y privilegios de la casta política, la revocabilidad de todos los cargos electos, la desaparición del Senado, la formación de una sola Cámara legislativa y ejecutiva elegida entre todos los mayores de 16 años con independencia de su sexo u origen en circunscripción única, el fin de la "casta" judicial, o el juicio a través de jurado popular. Un Proceso Constituyente que aborde las grandes carencias democráticas que aún poseemos, y que defienda todos los derechos democráticos que nos han sido mutilados durante estos gobiernos tardofranquistas, que acabe con la Ley Mordaza, que consagre el derecho a decidir sobre el propio cuerpo de las mujeres, que reconozca en pie de absoluta igualdad a los colectivos LGTBI, que plantee la disolución de los tribunales y legislación de excepción (Audiencia Nacional, Pactos Antiterroristas, etc.), que libere a todos los presos políticos y de conciencia, que restaure el verdadero relato del terrorismo de Estado en nuestro país (y no sólo el de ETA), que restaure la memoria histórica y que ofrezca verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición de genocidios anteriores. Continuaremos en siguientes entregas.

Nos quedamos explicando en la última entrega de esta serie la idea y repercusiones que se esconden detrás del concepto de Objeción Fiscal Militar. El primer gran objetivo, hemos afirmado, es dejar de financiar con nuestros impuestos los fondos que se dedican al armamentismo y a nuestra participación en los conflictos bélicos. Pero hay más. Porque además de recortar el presupuesto de guerra se pretende también, con estas acciones de desobediencia, suscitar un debate sobre el grado de militarización social, cultural y económica que padecemos, sus orígenes, sus causas y consecuencias, y rescatar el protagonismo social en todas las decisiones que puedan afectar a estos temas. En última instancia, recuperar la voz del pueblo, su capacidad de decisión, para que no sean otros (que se hacen llamar nuestros representantes pero que no lo son) los que decidan sobre los graves asuntos que tienen que ver con los Ejércitos, el militarismo y el complejo militar-industrial. La OFM es por tanto un gesto de civismo, un gesto comprometido por la paz, un gesto que apuesta decididamente por un mundo sin violencias, sin armas, sin conflictos, sin guerras, sin ejércitos. Lógicamente, se trata de una práctica de desobediencia civil no reconocida legalmente, pero precisamente por ello tenemos que apoyarla y difundirla. ¿Cómo la llevamos a la práctica? Como no existe ninguna casilla oficial en los impresos y formularios previstos para la Declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), hemos de crearla nosotros mismos, y hemos de explicarla y razonarla en el mismo documento. 

¿Existen consecuencias de esta acción para el conjunto de la ciudadanía que la practique? Pues hoy por hoy, la peor consecuencia que puede tener es que Hacienda (lo ha hecho en unos pocos casos) nos reclame (o se niegue a devolvernos) el dinero que hemos dejado de pagar, o que hemos desviado. En nuestro país, las primeras campañas sobre Objeción Fiscal al Gasto Militar nacieron en 1983, a raíz de nuestra incorporación en la OTAN un año antes. Al igual que se objeta por conciencia nuestra oposición a cualquier otro asunto, la OFM objeta el negarse a participar y a contribuir a los gastos militares de tu nación. Arcadi Oliveres, uno de los fundadores del Centre Dèlas y veterano activista por la paz, en esta entrevista de Santiago Canales para el medio El Salto Diario, explica la dinámica de la OFM en los siguientes términos: "Si el gasto militar es el 2% de los presupuestos y a mi me toca pagar 100, pagaré 98 porque tampoco quiero dejar de abonar esta cantidad al Estado. De manera que lo que se hace es elegir una ONG o alguna acción social, entregar esos dos euros restantes y decirle a Hacienda: "A mí me tocaría pagar 100 pero como dos se los van a gastar muy mal, ahí tienen los otros 98". Ese recibo de abono a la ONG en cuestión se lleva también a Hacienda, por lo cual se demuestra que no existe ningún tipo de engaño por parte del contribuyente (de cara a una posible multa o sanción por parte de la administración tributaria). Pero en verdad la OFM no es el único medio cívico de oponerse a los gastos armamentistas de un país, desde un punto de vista responsable y ciudadano. Arcadi Oliveres señala en la entrevista de referencia otros mecanismos de objeción que se pueden practicar, tales como la objeción laboral (no prestar nuestro trabajo como profesionales para cuestiones militares), la objeción científica (negarse a que nuestras investigaciones sean utilizadas con fines militares), o la objeción financiera (no ingresar nuestros ahorros en entidades financieras que inviertan en armamento). 

En el tríptico que se puede descargar desde esta página (https://www.ecologistasenaccion.org/IMG/pdf/triptico_of2013.pdf), colgado en la web de Ecologistas en Acción, se dan algunas cifras y datos interesantes, para que el conjunto de la ciudadanía las tome como referencia a la hora de contribuir a la campaña de Objeción Fiscal Militar. Las más interesantes son las siguientes: el gasto militar diario supera los 79 millones de euros, el gasto militar por persona al año es de algo más de 600 euros, 7,61 de cada 10 euros de gasto militar están ocultos, nueve Ministerios de los 13 existentes participan del gasto militar, se conceden préstamos no contemplados en los PGE por valor de casi 1.500 millones de euros (referencia del año 2012), la escalada armamentista ha generado una burbuja de deuda militar impagable de 32.000 millones de euros, y mientras entre los años 2002 y 2011 el gasto final en Defensa real aumentó un 16% respecto al presupuestado, los recortes durante los años de crisis han sido de un 35% en Fomento del Empleo, de un 20% en Cultura, de un 14% en Educación, de un 14% en Servicios Sociales, y de un 12% en Cooperación Internacional y Ayuda al Desarrollo. Absolutamente inaceptable bajo una sociedad democrática, justa, pacífica y avanzada. El debate sobre la OFM es un debate sobre prioridades presupuestarias públicas, es un debate sobre las verdaderas amenazas que nos acechan, es un debate que pone en cuestión cómo es posible que en los tiempos que corren, cuando las principales agresiones que sufre la población son la insuficiencia de cobertura de servicios públicos, el desempleo, la carencia de viviendas de alquiler social, etc., puedan ser desviados miles de millones de las arcas públicas a la compra de armas, al mantenimiento de Ejércitos o a nuestra participación en conflictos bélicos. 

Hay que promover el debate sobre la fuerza civil de la desobediencia, sobre la clara y firme negativa a participar con nuestros impuestos en la industria de la guerra, y sobre todo, hacer una defensa del derecho fundamental a la libertad ideológica, que no sólo ampara el derecho a pensar de otra forma, sino también el derecho a promover acciones en coherencia con tales pensamientos, ideas y actitudes. Mediante la OFM queremos que la iniciativa sea conocida por el conjunto de la población, para así poder alterar las prioridades económicas del Estado, y fomentar un modelo de defensa basado en el pacifismo, en el antimilitarismo y en la no violencia, renunciando a las estructuras, jerarquías, decisiones, actitudes e ideologías militares. La senda del Pacifismo rechaza los bandos, las soluciones violentas, aboga por la negociación, por la diplomacia, por la presión de los acuerdos, y persigue la paulatina desarticulación de los bloques militares y de la contemplación de la guerra como solución a los conflictos. En este sentido, la OFM es una herramienta básica de la mayoría social para hacer cambiar los criterios de nuestros gobernantes, e instalar poco a poco en nuestro imaginario colectivo que existen otros enfoques, otros planteamientos y otras soluciones a los conflictos mundiales que puedan surgir. La Objeción Fiscal al Gasto Militar resulta, por tanto, una buena decisión para encarminarnos en este sentido, ya que es una herramienta humilde, pero eficaz, que permite evitar que parte de nuestra riqueza colectiva se dedique a fines militaristas, a fines criminales, a fines violentos, y a la vez, denunciar la excesiva financiación del militarismo, poner el foco de atención en su sobredimensionamiento, y dedicar de forma activa una pequeña parte de nuestro dinero a fines socialmente útiles y transformadores. 

Y es que bajo el mantra de la "Política de Estado" y de los "llamamientos a la responsabilidad", las fuerzas políticas que nos han gobernado hasta ahora (el famoso bipartidismo) ha hecho de su capa un sayo en la cuestión militarista, y han cedido a las presiones de la OTAN, del complejo militar-industrial y de los países aliados que han participado en proyectos similares a los nuestros. A ello se une la criminal política de los bancos, que como ya hemos detallado en el bloque temático anterior, financian de forma ingente los proyectos de empresas de armamento por todas partes del mundo. En este sentido, la OFM puede resultar útil como un grito conjunto del pueblo que dice "¡Basta!" a la ocultación de datos, a la opacidad de los gastos militares, y sobre todo, se niega a seguir siendo cómplice pasivo de las incursiones militares a las que nos conducen nuestros serviles gobiernos. No podemos seguir hurtando a la sociedad el debate sobre el militarismo, debemos respetar la soberanía popular especialmente en este grave asunto, y ello se consigue concienciando a las masas de que los gastos en Defensa, además de ser desorbitados, son absolutamente inútiles y peligrosos para contribuir a un mundo mejor. Los conceptos de la defensa y del militarismo han de ser replanteados bajo un nuevo enfoque pacifista, y las nuevas amenazas deben ser analizadas desde puntos de vista más humanos y reales, sin tener el foco permanentemente puesto en los oscuros intereses de las industrias y empresas del ramo. Una profunda auditoría económica de los gastos militares es absolutamente precisa, así como un progresivo recorte real de los gastos en defensa, y un alejamiento de las intervenciones militares y de la escalada militarista. A partir de la siguiente entrega comenzaremos un nuevo bloque temático, esta vez dedicado al desarme nuclear. 

El tiempo del mal llamado "reformismo", por tanto, ha finalizado. Ya hemos visto en numerosas ocasiones dónde nos lleva dicha senda. Necesitamos por tanto una ruptura democrática con el régimen del 78, que se plantee de manera clara y rotunda la oposición a las políticas del IBEX-35, a los dictados de la Comisión Europea, con medidas fundamentales y giros profundos que hagan pagar la crisis-estafa a los capitalistas, tales como el repudio a la deuda pública, la expropiación de las viviendas vacías en manos de las entidades financieras, la prohibición por ley de la precariedad laboral, la implantación de los sistemas de reparto, la nacionalización de los sectores estratégicos de la economía productiva, el blindaje de los derechos sociales, o una banca pública bajo control democrático de sus trabajadores y del resto de la sociedad, entre otras muchas medidas. Igualmente, el Proceso Constituyente debe abordar las transformaciones que profundicen en nuestra democracia, tales como la defensa del derecho de autodeterminación, el fin de la Corona, una nueva Ley Electoral, o la celebración de referendos vinculantes para las decisiones de alto calado que afecten a la ciudadanía. El Proceso Constituyente es una hoja de ruta para acabar definitivamente con todos los coletazos del antidemocrático régimen de la Constitución de 1978. Una hoja de ruptura frontal, de claro rechazo hacia sus instituciones, hacia su dinámica de poderes, que nos permita una verdadera regeneración. En el horizonte, deben situarse todos los valores y principios que permitan consolidar una vida digna para el conjunto de la población. 

Ello sólo puede conseguirse renunciando a determinadas prácticas, valores, principios y actitudes que están en la mente de la clase dominante, y que han sido inculcadas en las mentes de las clases dominadas, para proceder a su expolio, saqueo, represión y explotación. El Proceso Constituyente debe sacarlas a relucir, denunciarlas, y proponer verdaderas alternativas. Solamente así se podrán consolidar garantías para cubrir las necesidades básicas, como el acceso a una vivienda digna, unos servicios públicos de calidad, universales y gratuitos, o una renta básica universal, individual e incondicional. Unas vidas que se sitúen en un horizonte de dignidad para las nuevas generaciones, donde puedan desarrollar trabajos estables, con derechos y protección social, con salarios suficientes, que partan de un mínimo que converja con la renta básica universal, y que aglutine todas las rentas mínimas que cualquier persona debe tener garantizadas. Un Proceso Constituyente que debe abordar los contextos legales para acabar con todas las formas de precariedad, de incertidumbre vital, de realización de las personas, y de cobertura de las necesidades de la comunidad. Para ello debe recuperarse el concepto y el valor del bien público, de la cooperación, de la solidaridad, y acabar con el fomento del individualismo, del egoísmo y de la competencia. Pero el Proceso Constituyente también debe mirar al exterior, y en ese sentido, debe por un lado consolidar nuestra apuesta por la cooperación internacional y la ayuda humanitaria y al desarrollo, y por otra parte, ha de plantear nuestra salida de organizaciones peligrosas y reaccionarias, como la OTAN, la retirada de todas las tropas españolas de lugares en conflicto, y el desarrollo de una cultura pacifista y antimilitarista. 

La política exterior derivada del Proceso Constituyente debe igualmente preocuparse por cambiar el rumbo de nuestras políticas migratorias, denunciando la vulneración de los derechos humanos, y que se enfrente a las indecentes prácticas de la Europa fortaleza y sus políticas racistas de extranjería, promoviendo la acogida de refugiados, la apertura de fronteras, el cierre de los CIE, o la derogación de las leyes de extranjería. Una política exterior centrada en el escrupuloso respeto a los derechos humanos en todas sus dimensiones, que debe alejarse por tanto de los valores imperialistas estadounidenses y de sus aliados occidentales, apostando por el pacifismo, la integración y el respeto a la multiculturalidad. En última instancia, el Proceso Constituyente debe reafirmar los pilares de una sociedad realmente democrática, donde toda la riqueza existente y la que seamos capaces de generar sea justamente redistribuida, y donde el conjunto de la ciudadanía decida sobre todo lo que nos rodea: qué se produce, cómo y para qué. Es el conjunto de la sociedad quien debe controlar los medios de producción, para que estén al servicio de la misma. De esa forma acabaremos con todas las formas de corrupción y de explotación, al existir mecanismos de garantía y de control de toda la actividad sobre la generación de riqueza, quiénes la protagonizan y dónde se destina. Y todo ello bajo un contexto riguroso y plenamente democrático, donde todas las ideas sean difundidas por igual, donde todos los votos valgan lo mismo, y donde no existan grandes conglomerados mediáticos que puedan colonizar la mente de las personas bajo el prisma de su monopolio ideológico. Todos estos medios preconizan el dominio del bipartidismo, de la Monarquía y de la Constitución del 78, a la par que infunden la escrupulosa aceptación de los mandatos de la Troika. 

El Proceso Constituyente debe echar abajo todo ese andamiaje político, social y cultural, para poder elaborar nuevos contextos normativos que garanticen que ponemos fin a la involución que degrada continuamente nuestras condiciones de vida, y que nos coloca impotentes ante modelos y prácticas corruptas de empresarios y políticos a su servicio. Un Proceso Constituyente que diseñe los mecanismos para garantizar puestos de trabajo (Planes de Trabajo Garantizado) frente a la voracidad, la codicia y el salvajismo empresarial, que eviten no sólo la inactividad laboral, sino la caída en la miseria, y la falta de garantías en la consecución de los derechos y suministros básicos y fundamentales. Más concretamente, el Proceso Constituyente debe instalar los mecanismos políticos y las herramientas sociales que impidan el desmantelamiento de derechos y servicios públicos, en forma de ataque a las mayorías sociales y trabajadoras. Mecanismos que han de impedir de facto el desempleo, la precarización, la pérdida de derechos, el empobrecimiento de las masas, las privatizaciones, y en fin, toda la oleada de iniciativas, ataques y campañas del neoliberalismo. Pero para ello, es absolutamente necesario desmontar las falacias de partida donde el pensamiento neoliberal se asienta, y que han sido difundidas como mantras sagrados, como dogmas irrenunciables, y han calado hondo en las mentes de la mayoría. En lo que sigue, vamos a tomar como referencia algunos pasajes del Documento Político-Programático que difundió la Plataforma Estatal "No Hay Tiempo que Perder" en abril de 2016, y que puede consultarse libremente en Internet. 

Nunca antes en la Historia hubo tanta tecnología aplicada a la producción. Tampoco nunca antes el conocimiento humano estuvo tan al alcance de la mayoría de la población. Ni hubo tales masas de personas en el mundo alfabetizadas, con educación primaria e incluso superior. Educación, tecnología y conocimiento deberían estar al servicio de las sociedades, pero sin embargo no es así. El resultado de tal panorama es que, por ejemplo (y frente a las falacias que difunde el pensamiento dominante), se producen alimentos más que suficientes para toda la población mundial, a pesar del aumento de ésta. En estas condiciones, sabemos que la productividad del trabajo permitiría mantener e incluso aumentar el producto total repartiendo el trabajo disponible entre todos y todas, y disminuyendo, quizá incluso a la mitad, la duración de la jornada laboral. Sin embargo, lo que vemos en el mundo (comenzando por nuestro propio país) son sociedades estancadas, la plaga del paro avanzando a marchas forzadas, la precariedad laboral extendiéndose como una tendencia "natural", la miseria inundándolo todo, la falta de alternativas vitales, los exilios laborales forzosos, el discurso xenófobo culpando al diferente y al inmigrante de esta situación, y el empobrecimiento masivo de trabajadores y pensionistas. Vemos cómo la mayoría trabajadora va perdiendo paulatinamente cualquier conquista social arrancada al gran capital durante las últimas décadas. Vemos el mundo azotado por el hambre y las guerras, los países esquilmados, los recursos naturales saqueados, y los conflictos armados en auge, potenciados por políticas belicistas e imperialistas. El Proceso Constituyente debe reflexionar sobre estas realidades, debe tener altura de miras, para diseñar alternativas radicales a esta deriva civilizatoria. Continuaremos en siguientes entregas.